Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03738-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03738-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03738-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
3 de octubre de 2024
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03738-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03738-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA,SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional-
carga argumentativa en el defecto fáctico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la honra, al buen nombre, de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso, los cuales consideró
vulnerados con ocasión del auto del 11 de julio de 2024, mediante el cual se
confirmó la providencia del 5 de febrero de 2024 que admitió la demanda y negó
el amparo de pobreza solicitado por la parte actora dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos, identificado con el radicado
25000-2341-000-2023-01414-00.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03738-00
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C particularmente al Magistrado Ponente: LUIS
NORBERTO CERMEÑO conceder amparo de pobreza.
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C particularmente al Magistrado Ponente: LUIS
NORBERTO CERMEÑO abstenerse de efectuar afirmaciones deshonrosas en
contra del suscrito accionante.
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C particularmente al Magistrado Ponente: LUIS
NORBERTO CERMEÑO explicar cuál era el propósito o finalidad de exponer
públicamente si la siguiente afirmación estaba direccionada a CONSTREÑIR el
Art 229 de la C.P.C “ De manera que, frente a la providencia del 5 de febrero de
2024, se ratifica que los demandantes cuentan con respaldo y medios que les
permite realizar un amplio despliegue para afrontar la intensa labor que implica
emprender la defensa de intereses colectivos en controversias judiciales, con el
rigor mínimo que se le impone a quien accede a la administración de Justicia” y
deberá demostrar que los demandantes cuentan con respaldo y medios que les
permite realizar un amplio despliegue para afrontar la intensa labor que implica
emprender la defensa de intereses colectivos en controversias judiciales.
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C particularmente al Magistrado Ponente: LUIS
NORBERTO CERMEÑO explicar cuál era el propósito o finalidad de exponer
públicamente los siguientes elementos en la presente acción popular y que tiene
que ver con la acción constitucional “ De manera adicional, es necesario precisar
ante apreciaciones de los demandantes, que el ordenamiento jurídico no limita de
alguna forma el número de demandas que puede instaurar una persona y es claro
que esa situación no fue planteada en la providencia del 5 de febrero de 2024,
toda vez que la consideración efectuada fue: “(…) así mismo, en la plataforma
Samai se encuentra que Mena Garzón ha instaurado ante el Consejo de Estado
62 demandas -42 el último año- y ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca 49 -26 el último año-. Estas circunstancias demuestran que los
demandantes (…) y el alto número de procesos que adelantan demuestra que
tienen la capacidad logística y operativa para asumirla sin dificultad de ninguna
clase; (…)”. Y sobre todo explicar si es consciente de que estos elementos ponen
en riesgo la vida del suscrito y compañeros.
F. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C particularmente al Magistrado Ponente: LUIS
NORBERTO CERMEÑO explicar cuál era el propósito o finalidad de exponer
públicamente los siguientes elementos deshonrosos en la presente acción popular
y que tiene que ver con la acción constitucional “ Y se observa también en el
portal Pulso, de publicación abierta- se llamó a Mena Garzón el Rey de las tutelas
que por esa actividad fue perseguido, todo lo cual ocurrió mucho antes de la
providencia de este proceso”.
G. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C particularmente al Magistrado Ponente: LUIS
NORBERTO CERMEÑO demostrar que el suscrito cuenta con recursos
suficientes equiparables a los de las entidades accionadas y que son
proporcionados los ingresos y activos tanto de la parte accionante como de la
parte accionada y demostrar que se perciben recursos INTERNACIONALES de no
demostrar estos elementos deberá admitir amparo de pobreza.
H. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C emitir disculpa publica por las afirmaciones
SUBJETIVAS:
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
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El Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO que expresa los
demandantes disponen del respaldo de un organismo internacional y de otro
nacional para ejercer la intensa labor de demandar que han desplegado, y el alto
número de procesos que adelantan demuestra que tienen la capacidad logística y
operativa para asumirla sin dificultad de ninguna clase, como quiera que el
Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO, deberá pedir disculpas
públicas tanto en la página del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA y todas las plataforma audiovisuales al no tener forma como
demostrar que el suscrito tiene respaldo económico nacional e internacional por
tanto deberá reconocer su error y expresar que este mismo puso en riesgo la vida
de los accionantes de la demanda por las afirmaciones expuestas.
El Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO que expresa “ Como se
demuestra, con su propio escrito de demanda se desvirtúa que haya sido la
providencia cuestionada la que les asignó la representación de los Colectivos
aludidos; Fueron los propios demandantes quienes se presentaron radicando la
demanda si bien en nombre propio, escribieron ellos mismos que lo hacían
“representando” a su respectivo colectivo; y lo hicieron dos veces por separado,
en sus renglones correspondientes. Y se agrega, que el hecho que tales
colectivos no tengan personería jurídica no significa que no les brinden su
respaldo en la presente acción popular, pues de otra manera no se presentarían
Mena Garzón y Llanos Galindo en la forma que lo hicieron, ya que, de lo contrario,
sería una utilización indebida de su nombre y representación, las cuales tampoco
repudian en sus escritos de reposición”. como quiera que el Magistrado Ponente:
LUIS NORBERTO CERMEÑO, deberá pedir disculpas públicas tanto en la página
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y todas las plataformas
audiovisuales al no tener forma de demostrar que los suscrito no lideran las
organizaciones comunitarias “Primera Línea” ambiental Colombia e internacional
por tanto se presume de su buena fe en los elementos expuestos.
El Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO deberá pedir disculpa
pública por perfilar e individualizar las acciones del suscrito en materia de la
defensa de los derechos humanos ambientales, como quiera que estos no son ni
procedentes y mucho menos relevantes en la demanda constitucional que atiende
el señor Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO, por tanto se hace
responsable al mismo del riesgo que puso al suscrito por las afirmaciones mal
intencionadas expuestas en la inadmisión del amparo de pobreza.
Como sustento de las pretensiones, el accionante narró los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora realizó una narración de los supuestos fácticos que dieron
origen a la demanda, la cual se sintetiza de la siguiente manera:
Los señores Ericsson Ernesto Mena Garzón e Irma Llanos Galindo, actuando a
nombre propio como representantes del «Colectivo ambiental Primera línea
ambiental Colombia (PLAC)», presentaron medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos contra la Presidencia de la República, el
Ministerio de Transporte, la Empresa Metro de Bogotá, la Secretaria Distrital de
Ambiente, Financiera de Desarrollo Nacional y el Idiger, con el fin de obtener la
protección de los derechos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y a la moralidad
administrativa, los cuales consideraban que estaban siendo trasgredidos como
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consecuencia del «daño inminente e irreparable que se está efectuando en el
suelo y subsuelo de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Barrios
Unidos, Mártires, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Santafé por donde
está llevando a cabo la construcción del proyecto Primera Línea del Metro de
Bogotá (PLMB)».
En el escrito petitorio elevaron solicitud de amparo de pobreza en los siguientes
términos:
Debido a los aspectos científicos y técnicos de la presente demanda y los
altos costos que acarrean su aprobación, solicitamos muy
respetuosamente nos sea concedido el amparo de pobreza de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 472 de 1998 y el
artículo 151 del Código General del Proceso. Manifestamos bajo la
gravedad del juramento que somos ciudadanos afectados y que no
tenemos los recursos económicos suficientes para solventar los gastos
que acarrea la práctica de las pruebas en el proceso; nuestra motivación
es propender por la protección de los derechos colectivos ambientales , en
tal sentido sírvase el Despacho en lo que considere pertinente, oficiar al
Fondo para la Defensa de los derechos e intereses Colectivos,
administrado por la Defensoría del Pueblo y a los demandados para la
financiación de pruebas y demás gastos que se incurra en el
adelantamiento del proceso, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
472 de 1998.
La demanda fue asignada inicialmente al Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que mediante auto del 20 de octubre de 2023 la
remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C.
Mediante providencia del 5 de febrero de 2024, el despacho del magistrado
sustanciador a quien fue asignado el expediente admitió la demanda y negó el
amparo de pobreza bajo las siguientes consideraciones:
Sobre el particular, se encuentra que la demanda se presentó por Ericsson
Ernesto Mena Garzón e Irma Llanos Galindo, “representando” al (i) Colectivo
Ambiental Primera Línea Ambiental Internacional (PLAI) y al Colectivo Ambiental
Primera Línea Ambiental Colombia (PLAC); así mismo, en la plataforma Samai
se encuentra que Mena Garzón ha instaurado ante el Consejo de Estado 62
demandas -42 el último año- y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
49 -26 el último año-. Estas circunstancias demuestran que los demandantes
disponen del respaldo de un organismo internacional y de otro nacional para
ejercer la intensa labor de demandar que han desplegado, y el alto número de
procesos que adelantan demuestra que tienen la capacidad logística y operativa
para asumirla sin dificultad de ninguna clase; además, no demostraron la
exigencia del artículo 151, CGP, de ser “persona que no se halle en capacidad de
atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia
subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos (…)” , o de
estar en condición de debilidad manifiesta, o en absoluta imposibilidad de costear
los gastos de los procesos que promueven, o que con el actual proceso pone en
riesgo su propia subsistencia; todo lo cual permite establecer que su caso no se
enmarca dentro de la figura jurídica de amparo de pobreza; por lo que se negará
su solicitud, y no se impondrá la multa que establece el artículo 153, CGP por
tratarse de una acción popular en defensa de intereses colectivos.
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Los actores populares recurrieron la anterior decisión, con fundamento en que,
en el evento de no concederles el amparo de pobreza, se afectarían sus
finanzas ya que no podrían sufragar los gastos de un proceso judicial, sin
menoscabo de lo necesario para su digna subsistencia y la de las personas que
dependen económicamente de ellos, situación que vulnera su derecho de
acceso a la administración de justicia.
Entre otras cosas expusieron:
Me preocupa y no solo como accionante sino también en mi calidad de defensora
de derechos humanos de la Corporación Mujer Sigue Tus Pasos (donde soy
voluntaria), como feminista y como defensora de derechos humanos en asuntos
ambientales que en este caso se señale el número de acciones radicadas ante la
justicia colombiana por ser una información que queda expuesta en público, ya
que esto en algún momento le costó al señor Mena una estigmatización como
líder ambiental en medios de comunicación cuando se le denominó el Rey de las
Tutelas en el noticiero CM& y a partir de allí, llegaron las amenazas de muerte
que reposan en investigación en la Fiscalía General de la Nación.
Considero que es innecesaria la mención para el asunto aquí tratado frente al
amparo de pobreza, ya que no existe ningún tipo de correlación entre las
acciones interpuestas y una presunta financiación de terceros, que no existe y
puede comprobarse con la cotización que realizó a salud y pensiones sobre el
salario mínimo legal y la cual anexo a este documento, cotizaciones desde 2022.
Indicaron que las afirmaciones efectuadas en la providencia son subjetivas,
toda vez que los colectivos Primera Línea Ambiental Internacional (PLAI) y el
Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental Colombia (PLAC) son colectivos
de carácter social y no poseen personería jurídica alguna, y que, en todo caso,
la demanda de acción popular fue instaurada a nombre propio como ciudadano
colombiano.
Además, refirieron bajo la gravedad de juramento, que no poseen ingresos para
sufragar los gastos que pueda acarrear la acción popular, como quiera que, en
calidad de líderes sociales han sufrido la persecución de grupos armados al
margen de la ley, e incluso, uno de ellos se encuentra fuera del país desplazado
por la violencia, como consta en el RUV CM000120223.
Agregaron lo siguiente:
Considero que esta fuera de todo contexto los cuestionamientos que desde este
despacho se efectúen cuestionamientos de las acciones constitucionales
efectuadas por el suscrito, como quiera que estas no son sinónimo de poder
económico sino de trabajo en equipo por la defensa de los derechos humanos y
constitucionales los cuales se hacen de manera gratuita y desinteresada,
actuaciones que provocaron la salida del país del suscrito (…).
A través de auto del 11 de julio del año en curso, el despacho del magistrado
sustanciador del proceso confirmó la decisión impugnada, en consideración a
que, las situaciones que se expusieron en el recurso instaurado por los actores,
como la calidad de víctimas del desplazamiento forzado que tienen, no habían
sido referidas en el escrito de demanda. Adujo que no demostraron estar en
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una circunstancia que ponga en riesgo su subsistencia. Además, hizo alusión a
la calidad en que los actores interpusieron la demanda, esto es, en
representación de los colectivos ambientales. Finalmente señaló que, el
principio de la gratuidad no es absoluto, pues es el legislador quien le ha
impuesto limitaciones y excepciones.
Frente a las afirmaciones realizadas en relación con la imagen de los actores
como lideres sociales, agregó:
Pero, además, se les reitera que la información al respecto es pública, disponible
en internet y en las sedes judiciales para cualquier persona y sin restricciones,
con lo que sus demandas son de conocimiento general público. De manera que
si los dos demandantes se consideran expuestos al público por su actividad
demandatoria judicial, no fue en virtud de la providencia del 5 de febrero de 2024,
sino por su libre y autónoma decisión y en ejercicio de su derecho a demandar,
que además saben de antemano por su amplísima actividad, que todo proceso
judicial es público con algunas limitaciones en asuntos penales y de familia. Y
ellos mismos desvirtúan su insinuación en contra de la providencia, cuando
indican que ya en la emisora de alcance y difusión nacional e internacional, la W -
Y se observa también en el portal Pulso, de publicación abierta- se llamó a Mena
Garzón el Rey de las tutelas y que por esa actividad fue perseguido, todo lo cual
ocurrió mucho antes de la providencia de este proceso.
1.4. Sustento de la petición
El tutelante argumentó que la decisión cuestionada revela un «desconocimiento
de la realidad social y jurídica del caso, al centrarse en aspectos irrelevantes
como el número de demandas presentadas o la naturaleza jurídica del colectivo
representado».
Señaló que no se realizó un estudio de fondo de la vulnerabilidad de la parte
demandante y su derecho a continuar defendiendo los intereses colectivos.
Además, encontró descalificativos los términos usados al referirse al actor como
«el rey de las tutelas», porque lo considera una ofensa y una muestra clara de
prejuzgamiento y desdén hacia la labor de quienes defienden los derechos de
los más vulnerables.
Agregó que, al relacionar la actividad del demandante con situaciones que
amenazaron su vida, el magistrado ha creado un ambiente de hostilidad y
miedo que inhibe el ejercicio de sus derechos y pone en riesgo su vida.
Indicó que con la decisión cuestionada se vulneraron los siguientes derechos
fundamentales:
Derecho al acceso a la justicia: Al negar el amparo de pobreza, se restringe el
acceso del demandante a los tribunales y se le impide ejercer su derecho a
buscar una tutela efectiva.
Derecho a la igualdad: La decisión discrimina al demandante al juzgarlo con un
estándar más riguroso que a otros litigantes, basándose en prejuicios y
estereotipos.
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Derecho a la honra y a la dignidad: Los ataques a la reputación del demandante
constituyen una violación a su derecho a la honra y a la dignidad.
Derecho a la defensa: Al negar el amparo de pobreza, se dificulta al demandante
el ejercicio de su derecho a la defensa, al no poder contar con los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso judicial.
Refirió que ha hecho un uso dinámico de los mecanismos de solicitud de
información y de las herramientas legales importantes dentro del sistema
jurídico para la defensa de los derechos e intereses colectivos, lo que llevó a
ser amenazado de muerte, dado que el activismo ambiental es «literalmente
una pena de muerte debido a la corrupción que tiene INVADIDAS las tres
ramas del poder público».
1.5. Actuación procesal
Por auto de 6 de agosto de 2024, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada. Además, se dispuso comunicar el
inicio de la acción a la señora Irma Llanos Galindo, a la Nación, Ministerio de
Transporte, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a
la Empresa Metro de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Ambiente, a la
Financiera de Desarrollo Nacional e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático-IDIGER, a González Morphy, a María Teodora Gómez
Chaparro y a Khaterine Morphy Hoslley, en calidad de terceros interesados en
las resultas del proceso.
1.6. Informes presentados
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
El magistrado sustanciador de la decisión manifestó que la demanda no cumple
con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra proceso judicial.
Afirmó que, a partir de la sentencia de unificación del 31 de julio de 2021, la
acción de tutela es ante todo un mecanismo residual y subsidiarlo y no como
pretende el actor, un instrumento de presión al juez de conocimiento o una
instancia adicional.
Expuso que el tutelante ha presentado varias acciones de tutela por situaciones
similares, dentro de las cuales ya se negó el amparo deprecado y la medida
cautelar, como en la actual.
Sostuvo que la demanda se trata de la inconformidad natural ante una decisión
judicial adversa y es claro que las partes no tienen garantizado un resultado
favorable a sus deseos; y ello no significa que el juez sea parcializado, o
inexperto.
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1.6.2. Empresa Metro de Bogotá
Señaló que las pretensiones elevadas por el accionante no vinculan en forma
alguna a la EMB, porque pretenden que el juez constitucional dicte unas
órdenes a una autoridad judicial, mientras que la EMB, es una sociedad
anónima del orden distrital con la participación exclusiva de entidades públicas.
Solicitó que se inste al actor a tener más respeto por las autoridades judiciales
pues desde el año 2021 ha instaurado 11 acciones de tutela, con fines similares
y pretensiones análogas a las que son objeto de análisis en la presente acción,
desgastando el aparato judicial sin fundamento alguno para ello.
1.6.3. Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.
Afirmó que se opone a la prosperidad de cada una las pretensiones, por cuanto
no se acreditan los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pues,
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las características del
perjuicio irremediable son que, el perjuicio sea inminente, que las medidas a
adoptar sean urgentes y que se trate de un peligro grave; todo lo cual determine
que la acción de tutela sea impostergable, pero ninguno de estos presupuestos
ha sido demostrado por la parte accionante. Además, solicitó que se le
desvincule de la presente acción.
1.6.4. Nación, Ministerio de Transporte
Consideró que no debe estar vinculado a este proceso, porque de la lectura de
los hechos planteados en el escrito de tutela y las respectivas pretensiones, no
tienen relación directa o indirecta con el Ministerio de Transporte, puesto que no
ha participado o contribuido a que se den las situaciones planteadas por la parte
accionante, ya que su competencia se limita a establecer políticas en materia de
transporte nacional e internacional, conforme a lo dispuesto en el Decreto 087
de 2011. Solicitó la desvinculación del proceso.
1.6.5. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER
Sostuvo que la acción no señala cuál fue el deber presuntamente omitido por
parte del Instituto ya que la actividad del IDIGER, ha sido desplegada de forma
eficaz y oportuna en el ejercicio de sus competencias y no existe prueba alguna
que demuestre cargos en su contra. Solicitó que se le desvincule de la presente
acción.
1.6.6. Presidencia de la República
Indicó que era clara la inexistencia de una omisión o una acción de su parte, de
acuerdo con lo reclamado por el accionante, como tampoco algo que pudiese
implicar la vulneración de alguno de sus derechos fundamentales, lo que implica
la falta de un requisito esencial para que se pueda hablar de una posible
trasgresión a los derechos invocados. Solicitó la desvinculación del proceso.
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1.6. Coadyuvancia
Presentó escrito la señora Irma Llanos Galindo, en calidad de coadyuvante, al
haberse desempeñado como parte accionante del en el proceso ordinario
cuestionado.
Indicó que la providencia atacada obedece a un juicio proferido por el
magistrado, pero no un hecho comprobado, puesto que no reciben ingresos
para realizar las acciones jurídicas.
Aseguró que no reciben apoyo de ningún organismo internacional y que a las
comunidades que ayudan nunca les han pedido dinero para efectuar su labor.
Las demás partes vinculadas, pese a ser notificadas en debida forma, guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitud de coadyuvancia
El inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que «quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud».
La Corte Constitucional ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene
una relación sustancial con las partes que, indirectamente, se pueden ver
afectadas si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable y que
«aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el
proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las
partes. Se trata de intervenir para afianzar y sostener las razones de un derecho
ajeno»1.
En este caso, la señora Irma Llanos Galindo manifiesta que también se ha visto
afectados por la decisión cuestionada, en ese sentido, le asiste interés en la
resolución de la presente acción de tutela. Por consiguiente, es procedente la
petición de admisión de coadyuvancia formulada.
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Sentencia Su-134 de 2022.
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2.2.2. Solicitudes de desvinculación
La Nación, Ministerio de Transporte, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Financiera
de Desarrollo Nacional e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático-IDIGER, solicitaron su desvinculación del trámite de la presente
acción, por considerar que no les asiste competencia para proteger los
derechos invocados por el accionante.
Revisados los argumentos expuestos, se advierte que no se accederá a la
petición, puesto que su vinculación al proceso se dio en calidad de terceros con
interés.
2.3. Problema jurídico
En orden a decidir la presente acción de tutela se determinará si en este caso
se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte
Constitucional.
En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia cuestionada, mediante la cual se negó el amparo de pobreza al
accionante para tramitar la acción popular que instauró, vulnera los derechos
invocados.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
2
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.3
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
Los requisitos procesales para revisar por vía de tutela las decisiones judiciales
fueron definidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 y
tienen como propósito hacer compatible ese control con los principios de cosa
3
Ibídem.
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juzgada, independencia y autonomía judicial, y, seguridad jurídica. Estos
presupuestos son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; (ii) que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance; (iii) que se
cumpla el principio de inmediatez; (iv) si se trata de una irregularidad procesal,
que la misma sea decisiva en el proceso; (v) que se identifiquen, de manera
razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales y (vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela.
2.6. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial “…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal4 (Énfasis de la Sala).
Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
4
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
12
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iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.7. Análisis del requisito de relevancia constitucional
Como viene de explicarse, la parte actora controvierte el auto del 11 de julio de
2024, el cual confirmó la providencia del 5 de febrero del mismo año, en la que
se admitió el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos y se negó el amparo de pobreza.
Revisado el sustento de la decisión cuestionada, se observa que el tribunal
demandado efectuó las siguientes consideraciones para negar el amparo de
pobreza:
«Sobre el particular, se encuentra que la demanda se presentó por
Ericsson Ernesto Mena Garzón e Irma Llanos Galindo, “representando” al
(i) Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental Internacional (PLAI) y al
Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental Colombia (PLAC); así
mismo, en la plataforma Samai se encuentra que Mena Garzón ha
instaurado ante el Consejo de Estado 62 demandas -42 el último año- y
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 49 -26 el último año-.
Estas circunstancias demuestran que los demandantes disponen del
respaldo de un organismo internacional y de otro nacional para ejercer la
intensa labor de demandar que han desplegado, y el alto número de
procesos que adelantan demuestra que tienen la capacidad logística y
operativa para asumirla sin dificultad de ninguna clase; además, no
demostraron la exigencia del artículo 151, CGP, de ser “persona que no se
halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por
ley debe alimentos (…)” , o de estar en condición de debilidad manifiesta, o
en absoluta imposibilidad de costear los gastos de los procesos que
promueven, o que con el actual proceso pone en riesgo su propia
subsistencia; todo lo cual permite establecer que su caso no se enmarca
dentro de la figura jurídica de amparo de pobreza; por lo que se negará su
solicitud, y no se impondrá la multa que establece el artículo 153, CGP por
tratarse de una acción popular en defensa de intereses colectivos.»
Como se observa, el magistrado sustanciador consideró que el amparo de
pobreza se concede a quienes se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta y no tienen la capacidad económica para afrontar los gastos
judiciales sin comprometer su subsistencia personal y familiar, a partir de esa
premisa concluyó, que el demandante no cumplía los presupuestos para
acceder a este, porque no probó estar en una situación de vulnerabilidad
económica que afecte su subsistencia.
De los argumentos esgrimidos en la acción de tutela, los cuales no resultan
claros para esta Sala, se puede inferir que el tutelante no está de acuerdo con la
decisión de denegar el amparo de pobreza, pues no tuvo en cuenta que no tiene
recursos, que se presenta en calidad de líder social, que es desplazado y
cotizante en el sistema de seguridad social en el equivalente a un salario
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mínimo mensual legal vigente, situaciones que, en su sentir, no fueron valoradas
por el juez natural, lo que sugiere la configuración de un defecto fáctico por
omisión de las pruebas en las cuales se debió fundar la providencia judicial.
No obstante, no se cumplió con la carga argumentativa requerida para superar
el requisito de relevancia constitucional, dado que no se individualizaron los
medios probatorios que fueron, en teoría, allegados por el tutelante como
soporte de la carencia de recursos económicos y, por ende, que eventualmente
hubieran permitido advertir al juez natural sobre la procedencia del amparo de
pobreza.
En efecto, si bien no se desconoce que el actor manifestó tener una condición
de desplazamiento forzado y de bajos recursos, como se está frente a una
acción de tutela contra providencia judicial, se debieron individualizar las
pruebas con las que se pretendía demostrar tales situaciones y su incidencia en
la decisión, con el fin de determinar si el juez, pese a contar con tales elementos
de prueba, incurrió en el defecto deprecado.
Así las cosas, en materia de tutelas contra providencia judicial le está vedado al
juez asumir el estudio oficioso de los argumentos que de forma genérica formuló
el tutelante, pues se requería que este cumpliera con la carga argumentativa
que se exige en estos casos, ya que, de lo contrario, se comprometerían valores
como la seguridad jurídica, la autonomía e independencia del juez natural.
No está demás aclarar que no basta con enunciar el simple inconformismo con
una decisión judicial adoptada por el juez natural, sino que debe sustentarse en
una argumentación que permita inferir, de forma certera, que la providencia
padece del defecto invocado.
En este caso, para determinar si se incurrió en defecto fáctico por desconocer
las pruebas que demostraban las situaciones por las cuales el actor debía gozar
de amparo de pobreza en los términos de la normativa aplicable al caso, debían
individualizarse y señalarse los medios probatorios que sustentaban tal
afirmación, para verificar si pese a haber sido allegados al expediente ordinario,
el juez de instancia omitió su valoración. No obstante, dicha situación no fue
siquiera precisada.
En conclusión, el asunto bajo análisis no supera el requisito de relevancia
constitucional por cuanto el debate planteado no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para inferir la trascendencia del mismo y la eventual
tensión entre las providencias cuestionadas y los derechos fundamentales
invocados, razones por las cuales se declarará improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
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PRIMERO: Aceptase la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora
Irma Llanos Galindo.
SEGUNDO: Niegáse la desvinculación del presente proceso de la Nación,
Ministerio de Transporte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la Secretaría Distrital de Ambiente, Financiera de Desarrollo Nacional
e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER.
TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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