Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03738-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03738-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03738-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
25 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03738-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03738-01
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Tema: Contra providencia dictada en acción de protección de los derechos e
intereses colectivos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 3
de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela Ericsson Ernesto Mena Garzón,
en nombre propio, pidió la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la
igualdad, a la honra, al buen nombre, de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 11 de julio
de 2024, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, que confirmó la decisión de denegar el amparo de pobreza solicitado por
el demandante en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
con radicado No. 25000-23-41-000-2023-01414-00.
2. Pretensiones
El demandante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
A. Se TUTELE los derechos consagrados en los Artículos 11,13,15,29,88,229 de la C.P.C
B. Ordenar la Nulidad de las Decisiones: Solicito que se ordene la nulidad de las decisiones tomadas
por el Magistrado Luis Norberto Cermeño en los procesos mencionados, por considerarlas arbitrarias y
violatorias de mis derechos fundamentales.
C. Ordenar al Juez de Conocimiento que Resuelva la Solicitud de Amparo de Pobreza: Conforme a
derecho y con pleno respeto a los principios de imparcialidad y debido proceso.
D. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca redireccionar las demandas de accion (sic)
popular acá expuestas a otros magistrados.
E. Corra traslado de esta acción de tutela a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Procuraduría
General de la Nación y la fiscalía general de la Nación, para que se investigue la conducta del
Magistrado Luis Norberto Cermeño.
F. Se Decrete MEDIDA PROVISIONAL a las acciones populares acá expuestas por considerar que se
les vulnero el debido proceso al no existir una IMPARCIALIDAD en los procesos judiciales, esta medida
constituirá en congelar los términos y reevaluar las decisiones emitidas por el Magistrado Luis Norberto
Cermeño.
1 Índice 1 de Samai en el radicado No. 11001-03-15-000-2024-03738-00
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03738-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
G. Se solicita a este despacho ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificar los
autos admisorios de la demanda y Resuelve recurso de reposición donde se efectúe señalamientos
indebidos o afirmaciones tendenciosas en contra del suscrito y de igual manera eliminarlos.
H. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCION C Magistrado Ponente: LUIS NORBERTO CERMEÑO en la ciudad de Bogotá, presentar
disculpas públicas por la vulneración de los derechos fundamentales contemplados en los Artículos
11,13,15,29,88,229 de la constitución política de Colombia, estas disculpas serán presentadas en la
página oficial de TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y plataformas digitales igual
manera manifestara sus impedimentos a los accionados y accionantes de las demandas de accion (sic)
popular acá expuestas por las razones acá establecidas.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el proceso, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón y la señora Irma Llanos Galindo, quienes,
respectivamente, representan al Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental
Internacional (PLAI) y al Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental Colombia (PLAC)
promovieron acción popular contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Transporte, la Empresa Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la
Financiera de Desarrollo Nacional y el IDIGER, con el propósito de «obtener la protección
de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes y a la moralidad administrativa», presuntamente trasgredidos por el
daño al suelo y al subsuelo en las localidades donde se lleva a cabo la construcción del
proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).
En la demanda pidieron que se decretara amparo de pobreza a su favor. También
pidieron medida cautelar de urgencia, pero no especificaron el objeto concreto de la
misma ni contra qué autoridad iba dirigida la medida.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, que el 20 de
octubre de 2023 lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ser de su
competencia, pues la parte demandada la integraba una entidad del orden nacional.
El 5 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, avocó conocimiento de la acción popular (a la que se le asignó el número
de radicado 25000-23-41-000-2023-01414-00), la admitió, vinculó al Ministerio de
Transporte, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la
Empresa Metro de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, a la Financiera
de Desarrollo Nacional y al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-
IDIGER; denegó el amparo de pobreza solicitado por el actor, corrió traslado de la
demanda, ordenó las notificaciones respectivas y ordenó informarle a la comunidad del
distrito de Bogotá sobre el respectivo trámite, «a través de la publicación de la presente
providencia al menos una vez por una emisora local o cualquier otro medio de comunicación
masivo».
Contra la anterior decisión, los demandantes interpusieron recursos de reposición; el
señor Mena Garzón manifestó que las afirmaciones bajo las que se negó el amparo de
pobreza son subjetivas y carecen de fundamento. Que los colectivos «Primera Línea
Ambiental Internacional (PLAI) y Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental Colombia (PLAC)»
tienen un carácter social y no poseen personería jurídica. Que no reciben apoyo
económico de ninguna clase y que no tiene los ingresos para sufragar los gastos de la
demanda de acción popular. Que por la labor como líder ambiental, el señor Mena Garzón
se encuentra desplazado fuera del país por las amenazas de grupos al margen de la ley.
Por su parte, la señora Llanos Galindo manifestó que la decisión de negar el amparo de
pobreza se sustentó en suposiciones más no en hechos. Que no cuenta con ninguna
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fuente de financiamiento nacional o internacional; que realiza cotizaciones de salud y
pensión por un salario mínimo y que no comparte que se haya señalado el número de
acciones radicadas ante la justicia, por dejar esa información de manera pública.
Mediante auto del 8 de febrero de 2024, el tribunal denegó la medida cautelar solicitada,
al considerar que, a pesar del esfuerzo de interpretación del juez, no se dilucidaba
claramente ni el objeto concreto ni los destinatarios de la medida. Aun así, manifestó que
los cuestionamientos de la demanda involucran aspectos técnicos, que requieren
profundos y detallados estudios que no eran propios de dicha etapa procesal.
Los recursos de reposición interpuestos por los demandantes contra el auto del 5 de
febrero de 2024, fueron resueltos por auto del 11 de julio de 2024 en el sentido de no
reponer la decisión, pues no se cumplían las exigencias del artículo 151 del Código
General del Proceso (CGP) y en la sentencia T-114 de 2007, para concederle a los
demandantes el amparo de pobreza dado que no se acreditó una deficiente situación
socioeconómica.
Indicó que la mención a la representación de los colectivos ambientales provino de lo
señalado por los demandantes en el escrito de la acción popular. Que el señor Mena
Garzón no adujo en la demanda su condición de desplazado ni de residente en el exterior,
por el contrario, los escritos allegados al proceso lo situaban como domiciliado en la
ciudad de Bogotá. Por último, indicó que la información referente a los procesos radicados
es de carácter público.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El accionante afirmó que la decisión de negar el amparo de pobreza «revela una
preocupante parcialidad y un desconocimiento de la realidad social y jurídica del caso. Al
centrarse en aspectos irrelevantes como el número de demandas presentadas o la naturaleza
jurídica del colectivo representado».
Indicó que llamarlo «el rey de las tutelas», es una descalificación y una ofensa hacia su
persona. Que demuestra un prejuzgamiento y genera un ambiente hostil que inhibe el
ejercicio de sus derechos.
Que con la decisión judicial se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la honra, a la dignidad y a la
defensa. Que, dada su labor de activista ambiental, dicha decisión repercute de forma
negativa en la sociedad y constituye una amenaza para la democracia y el estado de
derecho.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, ponente de la providencia cuestionada, solicitó que se denegaran las
pretensiones de la demanda o que se declarara la improcedencia.
Indicó que la acción de amparo no cumple los requisitos de procedibilidad contra proceso
judicial en trámite. Señaló que con la sentencia de unificación del 31 de julio de 20212,
se ratificó que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario y no puede ser
un instrumento de presión al juez de conocimiento o una instancia adicional.
Que el accionante ha presentado varias acciones de tutela por situaciones similares,
dentro de las cuales ya se negó el amparo solicitado y las medidas cautelares. Que por
reparto le han sido asignados diferentes procesos donde el accionante es demandante o
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado No. 11001-03-15-000-2014-03532-00, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
codemandante y ello no es responsabilidad de su despacho.
La coordinadora del grupo de defensa judicial del Departamento Administrativo de la
Presidencia solicitó la desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Indicó que no existe una omisión o acción atribuible
a la Presidencia de la República que pudiese implicar la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante. Indicó que esa entidad no puede intervenir en las
decisiones tomadas por los jueces de la República.
El coordinador del grupo de defensa judicial del Ministerio de Transporte solicitó la
desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Subsidiariamente, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela por no
cumplir los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia.
Que los hechos y pretensiones de la acción de amparo no tienen relación directa o
indirecta con la entidad. Por último, señaló que el Ministerio de Transporte no tiene la
facultad de emitir juicios de validez de las providencias judiciales.
El apoderado de la dirección legal ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de
Bogotá solicitó la desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela.
Indicó que no se acredita la vulneración de ningún derecho fundamental del accionante
con la decisión judicial cuestionada. Que no se han configurado las características de un
perjuicio irremediable.
El apoderado de la subgerencia de defensa judicial y solución de controversias
contractuales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. solicitó la desvinculación del trámite
de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente,
pidió que se declarara improcedente la acción de tutela. Indicó que el accionante tenía
otros mecanismos judiciales dentro del proceso ordinario para hacer valer sus derechos
fundamentales. Que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno del
accionado y que el demandante ha interpuesto 11 acciones constitucionales contra la
entidad que generan un desgaste del aparato judicial.
Solicitó que «se inste a la parte actora a tener más respeto por las autoridades judiciales pues
desde el año 2021 al presente año el acá accionante ha instaurado un total de 11 acciones de
tutela, incluyendo la que ocupa nuestra atención, todas ellas con fines similares y pretensiones
análogas a las que son objeto de análisis en la presente acción, desgastando el aparato judicial
sin fundamento alguno para ello».
La apoderada judicial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
• IDIGER solicitó la desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva o que se declarara improcedente la acción de tutela.
Indicó que los hechos y pretensiones de la acción de tutela no van dirigidos contra la
entidad ni son objeto de las funciones de la misma. Señaló que no se cumple el requisito
de subsidiariedad y que no se evidencia vulneración de derechos fundamentales.
La señora Irma Llanos Galindo dijo coadyuvar la acción de tutela del señor Mena
Garzón. Señaló que las afirmaciones por las cuales se negó el amparo de pobreza son
subjetivas, corresponden a juicios de valor, son estigmatizantes y revictimizantes. Que
ponen en riesgo la imparcialidad de los fallos de las demás acciones populares que se
manejan en dicho despacho.
Solicitó al Consejo de Estado que explique (i) si existe alguna restricción para instaurar
acciones jurídicas, como acciones populares, acciones de tutela, acciones de nulidad,
acciones de cumplimiento, entre otras; y que, si el hecho de interponer dichas acciones
es causal de negar el amparo de pobreza, y (ii) desde qué topes de ingresos se considera
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que una persona debe asumir los gastos de un proceso.
La Financiera de Desarrollo Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue
debidamente notificada.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 3 de octubre de 2024, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
Indicó que «no se cumplió con la carga argumentativa requerida para superar el requisito de
relevancia constitucional, dado que no se individualizaron los medios probatorios que fueron, en
teoría, allegados por el tutelante como soporte de la carencia de recursos económicos y, por
ende, que eventualmente hubieran permitido advertir al juez natural sobre la procedencia del
amparo de pobreza».
Manifestó que acorde al inciso 2º del artículo 13 del Decreto 2591 de 19913, se aceptaba la
solicitud de coadyuvancia de la señora Irma Llanos Galindo, por cuanto también tiene la
calidad de demandante del proceso ordinario y, por tanto, le asiste interés en la resolución
de la acción de tutela.
Señaló que si bien el accionante manifestó estar en condición de desplazamiento y ser de
bajos recursos, no individualizó ni señaló las pruebas con las que pretendía demostrar tal
situación. Que no es suficiente con enunciar un inconformismo con una decisión judicial, sino
que debe sustentar la argumentación, para que el juez pueda inferir que la providencia
padece del defecto invocado; por lo tanto, no cumplió el requisito de relevancia constitucional
porque el debate planteado no cumplió con la carga argumentativa necesaria.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó, dijo, que el magistrado ponente de la decisión
cuestionada realizó una acusación gravísima y no probada sobre la presunta existencia
de recursos provenientes de organismos internacionales. Que dicha afirmación, además
de falsa, puede poner en riesgo al accionante.
Que por su condición de víctima del conflicto armado y de su situación de desplazamiento
está en una situación de disparidad de recursos con las entidades demandadas para
cumplir con los costos de dicho proceso.
Señaló que la afirmación sobre el número de demandas presentadas, para sustentar que
se cuenta con los recursos para afrontar ese tipo de procesos, es una afirmación mal
intencionada y que la misma no estuvo sustentada con pruebas objetivas. Que este tipo
de afirmaciones presuntamente podrían configurar tipos penales como los delitos de
calumnia y falsedad ideológica en documento público. Así mismo, indicó que a su juicio,
las acciones y afirmaciones del magistrado sustanciador podrían ser investigadas por la
Procuraduría General de la Nación y por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Indicó que según el Código General del Proceso y la Constitución Política de Colombia
se establece que los jueces y magistrados deben actuar con imparcialidad, objetividad, y
bajo el principio de legalidad; que además tienen la obligación de denunciar cualquier
acto que vaya contra la ley y del cual tengan conocimiento, como lo es, a su juicio, las
afirmaciones y actuaciones del magistrado sustanciador.
Por último, reiteró la solicitud de amparo de pobreza y las pretensiones de la acción de
tutela, entre ellas, la compulsa de copias a diferentes entes disciplinarios y de control.
3 Inciso 2: «quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá́ intervenir en el cómo coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud»
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón,
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que no cumple el requisito
de subsidiariedad porque cuestiona asuntos relacionados con un proceso judicial que se
encuentra en trámite y, en todo caso, el demandante reitera argumentos que ya fueron
resueltos por el juez natural y usa la acción de tutela como una instancia adicional al
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad, (iii) la improcedencia
general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en curso (iv) la
relevancia constitucional, y (v) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. El requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “ solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso se
encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como
se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar
necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable
la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino
cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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4. La Improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que “no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo”.
Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
5. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
6. Análisis del caso concreto
De los antecedentes expuestos, la Sala constata que la acción popular dentro de la cual
fue dictada la providencia cuestionada se encuentra en trámite, pues aún no ha sido
dictada sentencia, situación de la que se infiere que no se cumple el requisito general de
subsidiariedad.
Es decir, se trata de un proceso judicial en curso, en el cual no se ha proferido una
decisión definitiva, por lo que, no le es dable al juez constitucional entrometerse en la
órbita propia del juez ordinario.
Además, de la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala
advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de protección de derechos e
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
intereses colectivos. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el
demandante insiste en que la argumentación para negar el amparo de pobreza es
subjetiva y le pone en riesgo por ser líder social en condición de desplazamiento.
En efecto, en el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra el auto del 5
de febrero de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, se lee lo siguiente:
(…) SEGUNDO: Efectuando un análisis de las motivaciones que detonaron la negación del amparo de
pobreza requerido para la presente demanda de acción popular, me permito manifestar de la manera
más respetuosa a su señoría que las afirmaciones efectuadas son subjetivas, toda vez que los colectivos
Primera Línea Ambiental Internacional (PLAI) y al Colectivo Ambiental Primera Línea Ambiental
Colombia (PLAC) son colectivos de carácter social y no poseen personería jurídica alguna, con el ánimo
de dirimir este mal entendido y con el propósito de prevenir futuras nulidades, se advierte a este
despacho que la presente demanda de acción popular es instaurada a nombre propio como ciudadano
Colombiano, por otro lado también me permito reiterar a este honorable tribunal que el suscrito bajo la
gravedad de juramento expone que no posee ingresos para sufragar los gastos que pueda acarrear la
presente demanda de acción popular, como quiera que el suscrito actualmente se encuentra fuera del
país desplazado por la violencia que impera en el territorio Colombiano (…).
(…) TERCERO: Como bien se acaba de exponer el suscrito en calidad de líder social y defensor de
derechos ambientales en Colombia, de la mano de la señora Irma llanos, hemos sufrido la persecución
de grupos armados al margen de la ley como lo es las AGUILAS NEGRAS, motivo por el cual decidí
salir del territorio colombiano, al efectuar un nuevo análisis de las motivaciones que detonaron la
negación del amparo de pobreza requerido para la presente demanda de acción popular, me permito
manifestar de la manera más respetuosa a su señoría que los señalamientos efectuados al realizar un
inventario de proceso donde enuncia su señoría (…).
(…) Considero que esta (sic) fuera de todo contexto los cuestionamientos que desde este despacho se
efectúen cuestionamientos de las acciones constitucionales efectuadas por el suscrito, como quiera que
estas no son sinónimo de poder económico sino de trabajo en equipo por la defensa de los derechos
humanos y constitucionales los cuales se hacen de manera gratuita y desinteresada, actuaciones que
provocaron la salida del país del suscrito, por tal manera es que acudo al REURSO (sic) DE
REPOSICION parcial del auto proferido por este despacho el cual niega el amparo de pobreza como
quiera que los argumentos expuestos son subjetivos y no muy bien intencionados, sobre todo constriñen
los derechos constitucionales dispuestos en los Art 13, 29,88,229 y 270 de la constitución política de
Colombia (…).
Por su parte, tanto en la acción de tutela como en la subsanación, el demandante insiste
en que la argumentación para negar el amparo de pobreza es subjetiva y le pone en
riesgo por ser líder social en condición de desplazamiento. En lo pertinente, el escrito de
tutela dice:
(…) La decisión del magistrado revela una preocupante parcialidad y un desconocimiento de la realidad
social y jurídica del caso. Al centrarse en aspectos irrelevantes como el número de demandas
presentadas o la naturaleza jurídica del colectivo representado, el magistrado ha eludido el fondo de la
cuestión: la vulnerabilidad del demandante y su derecho a continuar defendiendo los intereses
colectivos.
La descalificación del demandante como "el rey de las tutelas" no solo es una ofensa a su persona, sino
una muestra clara de prejuzgamiento y desdén hacia la labor de quienes defienden los derechos de los
más vulnerables. Además, al relacionar la actividad del demandante con situaciones que amenazaron
su vida, el magistrado ha creado un ambiente de hostilidad y miedo que inhibe el ejercicio de sus
derechos (…).
(…) Se debe contemplar que el Magistrado Luis Norberto Cermeño puso en riesgo mi vida y la de mis
compañeros accionantes.
Para concluir, se debe tener en cuenta que desde este tribunal y particularmente el magistrado en
mención al consignar información SUBJETIVA en un proceso de dominio público, esta (sic) colocando
en grave riesgo la vida del suscrito y la de su familia, lo cual constituye graves vulneraciones a los
derechos fundamentales y derechos humanos, por tanto, se solicita se adopten los siguientes elementos
(…).
(…) La situación descrita revela una grave crisis en la administración de justicia y una amenaza a los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Es imperativo que las autoridades competentes actúen de
manera pronta y efectiva para garantizar la protección de los derechos del demandante y restablecer el
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
imperio de la ley. La acción de tutela se presenta como una herramienta fundamental para hacer valer
los derechos vulnerados y para garantizar que se realice una investigación exhaustiva sobre la
actuación del magistrado.
Como quiera que he hecho un uso dinámico de los mecanismos de solicitud de información y de las
herramientas legales importantes dentro del sistema jurídico para la defensa de los derechos e intereses
colectivos y la nulidad simple de acto administrativos, herramientas contempladas para su uso en la
constitución política de Colombia, me han causado GRAVES repercusiones a mi vida, como quiera que
por causa de mis acciones se detonaron graves amenazas, que me han llevado a salir de mi país para
salvaguardar mi vida, en la actualidad soy víctima reconocida del conflicto armado en Colombia bajo el
RUV No 3882393 por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y amenazas, adjunto registro
(…).
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en providencia del 11 de julio de 2024,
que, en lo que interesa, consideró:
(…) Como se demuestra, con su propio escrito de demanda se desvirtúa que haya sido la providencia
cuestionada la que les asignó la representación de los Colectivos aludidos; Fueron los propios
demandantes quienes se presentaron radicando la demanda si bien en nombre propio, escribieron ellos
mismos que lo hacían “representando” a su respectivo colectivo; y lo hicieron dos veces por separado,
en sus renglones correspondientes. Y se agrega, que el hecho que tales colectivos no tengan personería
jurídica no significa que no les brinden su respaldo en la presente acción popular, pues de otra manera
no se presentarían Mena Garzón y Llanos Galindo en la forma que lo hicieron, ya que de lo contrario,
sería una utilización indebida de su nombre y representación, las cuales tampoco repudian en sus
escritos de reposición (…).
(…) Con lo anterior, se determina que con los recursos radicados, no se desvirtuaron los elementos
fácticos ni jurídicos con los cuales se adoptó la decisión de negar el amparo de pobreza que pidieron
los demandantes. Por lo tanto, se confirmará (…).
(…) Pero además, se les reitera que la información al respecto es pública, disponible en internet y en
las sedes judiciales para cualquier persona y sin restricciones, con lo que sus demandas son de
conocimiento general público. De manera que si los dos demandantes se consideran expuestos al
público por su actividad demandatoria judicial, no fue en virtud de la providencia del 5 de febrero de
2024, sino por su libre y autónoma decisión y en ejercicio de su derecho a demandar, que además
saben de antemano por su amplísima actividad, que todo proceso judicial es público con algunas
limitaciones en asuntos penales y de familia. Y ellos mismos desvirtúan su insinuación en contra de la
providencia, cuando indican que ya en la emisora de alcance y difusión nacional e internacional, la W -
Y se observa también en el portal Pulso, de publicación abierta- se llamó a Mena Garzón el Rey de las
tutelas y que por esa actividad fue perseguido, todo lo cual ocurrió mucho antes de la providencia de
este proceso.
También se pone de presente, que son los demandantes en sus recursos, quienes se presentan y
exponen como líderes sociales, defensores de derechos humanos, perseguidos, desplazado Mena
Garzón, cotizante a seguridad social en un SMMLV Llanos Galindo, situaciones que en nada se
aludieron en la providencia del 5 de febrero de 2024. De manera que dicha decisión se respaldó solo
en la información y contenido suministrado por los propios demandantes en sus escritos y en la
información pública de la Rama Judicial (…).
(…) Y se corrobora que al no desvirtuar ninguno de los fundamentos de respaldo de la decisión
cuestionada, que al contrario son confirmados con sus recursos, no acreditaron encontrarse en ninguna
de las exigencias de procedencia de la figura jurídica de amparo de pobreza, tales como demostrar que
al atender los gastos del proceso -Que hasta ahora no se le ha impuesto alguno- se afectaría su propia
subsistencia, o encontrarse en situación de debilidad manifiesta (…).
Como se ve, se trata de argumentos con los que la parte actora pretende continuar el
debate que planteó en la acción popular sobre la negativa a concederle el amparo de
pobreza.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.
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Las anteriores razones son suficientes para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo sobre los argumentos expuestos por la parte actora.
Sobre la pretensión relativa a compulsar copias con el fin de investigar al magistrado
sustanciador, se advierte que no está llamada a prosperar, porque la acción de tutela es
un mecanismo judicial instituido con la finalidad de obtener la protección de derechos
fundamentales y no para iniciar actuaciones punitivas o sancionatorias contra servidores
públicos, pues para ello el sistema normativo prevé otros instrumentos, como la denuncia
y la queja disciplinaria, los cuales puede ejercer el demandante si lo considera pertinente.
En virtud de lo expuesto en precedencia, la Sala encuentra que debe declararse
improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que (i) la acción popular dentro
de la que fue dictada la providencia cuestionada se encuentra en trámite, (ii) se reiteran
los argumentos expuestos y resueltos en la acción popular y (iii) la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para iniciar actuaciones punitivas o sancionatorias.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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