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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03752-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03752-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Brayan Stick Rubiano Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03752-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para el reconocimiento de una relación laboral encubierta
/ Ausencia del elemento de la subordinación / Defectos fáctico y
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución Política

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Brayan Stick Rubiano Martínez, en
contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Brayan Stick Rubiano Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo y debido proceso, en
concordancia con el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 22 de
noviembre de 20232 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001-33-35-016-2020-00385-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte3, con el fin de

1 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020240375200. Archivo denominado
«3ED_2DemandaPDF(.pdf) NroActua 2»
2 También cuestionó la providencia del 24 de enero de 2024, por medio de la cual se negó la solicitud

de adición y aclaración
3 En adelante IDRD

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
pago de las acreencias laborales derivadas de una relación legal y reglamentaria, al
considerar que entre él y la entidad existió una relación laboral encubierta con ocasión
de los servicios prestados como docente formador, del 21 de agosto de 2013 al 2 de
diciembre de 2018, a través de la suscripción de contratos de servicios.

ii) El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia
proferida el 18 de mayo de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se acreditó el elemento de la subordinación, pues, los contratos se
suscribieron en el marco de los proyectos «Jornada Escolar 40 Horas» y «Tiempo Escolar
Complementario», en asocio con la Secretaría de Educación Distrital, que demostraba
una relación de coordinación entre las partes para completar el máximo de 40 horas.
En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en
sentencia del 22 de noviembre de 2023 confirmó la decisión del a quo, al considerar
que el elemento de la subordinación no fue acreditado, por cuanto las actividades
desarrolladas por el demandante no eran de carácter permanente, sino que estaban
sujetas a la duración de cada uno de los proyectos. En contra de esta decisión el
demandante interpuso solicitud de adición.

iv) En providencia del 24 de enero de 2024 decidió no acceder a las solicitudes de
aclaración y adición de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2023, por cuanto,
no omitió pronunciamiento alguno, ni existieron conceptos o frases que ofrecieran
duda.

v) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto fáctico por indebida valoración de los contratos de prestación de servicios,
en los que era claro que se trató del mismo objeto contractual durante los 5 años, así
como la prueba testimonial y la declaración de parte, las cuales daban cuenta que,
su servicio no era una actividad temporal, sino permanente y necesaria, lo cual
acreditaba que se encontraba en un estado de subordinación.

En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado4 y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca5 sobre la presunción de subordinación de la
actividad docente y su diferencia con la coordinación administrativa, las cuales daban
cuenta que, en el presente asunto, no había coordinación, sino subordinación.

En defecto sustantivo, pues, ignoró lo contenido en el artículo 31-3 de la Ley 80 de
1993, y en el 2 del Decreto 2400 de 1968, respecto a la naturaleza de los contratos

4 Al respecto citó las sentencias: i) Sección Segunda. C.P: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. 25 de agosto

de 2016. Rad. 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16; ii) Sección Segunda.
C.P: C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, 30 de octubre de 2020, expediente: 20001-23-39-000-2014-
00382-01; iii) 9 de septiembre de 2021 Rad: 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16), CE-SUJ2-
025-21
5 Al respecto citó: i) MP: Néstor Javier Calvo Chaves. Rad: 11001-33-42-050-2019-00519-01

Demandante: Ómar Augusto Franco Moreno Demandado: Instituto Distrital de Recreación y Deporte
• IDRD C

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

por prestación de servicios, que indicaban que estos no podían celebrarse para
cumplir labores inherentes a la entidad, de carácter permanente, como era su caso.

En violación directa de la Constitución Política, ya que los derechos laborales y
pensionales son irrenunciables, según lo establecido en los artículos 13, 48, 53 y 93.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. SE ESTUDIEN TODOS Y CADA UNO DE LOS DEFECTOS ENUNCIADOS EN
LA PRESENTE TUTELA y como consecuencia de lo anterior se tutelen los derechos
fundamentales del accionante como lo son el derecho a la igualdad (Art. 13), al trabajo
(Art.25), al debido proceso (Art. 29), primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53)
entre otros previstos en la Constitución Política de Colombia de 1991.

2. Como consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la sentencia proferida por el
Juzgado 16 Administrativo de Bogotá el 18 de mayo de 2023 así como las providencias
de segunda instancia de fecha 22 de noviembre de 2023 notificada el día 23 de noviembre
de 2023 y la providencia que negó la adición proferida el 24 de enero de 2024 notificada
el 29 de enero de 2024, proferida por el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C” MAGISTRADO
PONENTE DRA. AMPARO OVIEDO PINTO, dentro del proceso 11001-33-35-016-2020-
00385-01, por medio de las cuales se negó la existencia de contrato realidad.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C” MAGISTRADO
PONENTE DRA. AMPARO OVIEDO PINTO, dentro del proceso 11001-33-35-016-2020-
00385-01 a que profiera una nueva providencia judicial teniendo en cuenta la sentencia
de unificación del Honorable Consejo de Estado Radicado No.
23001233300020130026001 de fecha 25 de agosto de 2016 M.P. Dr. CARMELO
PERDOMO CUETER, y se valore en debida forma el acervo probatorio del caso […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C6 indicó que de la providencia enjuiciada se puede verificar que no
existió vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por el
demandante, toda vez que la decisión fue tomada bajo el análisis fáctico y jurídico
correspondiente.

1.2.2. El IDRD7 solicitó que se negara la petición de amparo por ser improcedente,
en tanto no se demostró la configuración de los defectos alegados, ni la
materialización de un perjuicio irremediable, así como tampoco se acreditaron los
requisitos generales de procedencia, específicamente, el de la inmediatez, pues, la
última providencia cuestionada fue proferida el 24 de enero de 2024 y la tutela se
radicó el 30 de julio siguiente.

6 Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020240375200. Archivo denominado
«16RECIBE MEMORIAL_20240375200Contestac(.pdf) NroActua 9»
7 Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001031500020240375200. Archivo denominado

«20_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 10»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

Además, carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la entidad que
profirió la decisión que el demandante acusó como vulneradora de sus derechos, ni
adelantó el proceso dentro del cual se adoptó.

1.2.3. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 8, si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

1.2.4. El Distrito Capital de Bogotá9 guardó silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia10

El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 4 de septiembre de 2024
declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no acreditó los
requisitos generales de procedibilidad, específicamente, el de la relevancia
constitucional, pues, la verdadera intención del demandante es continuar con el
debate relacionado con la declaratoria del contrato realidad y convertir el amparo en
una instancia adicional del proceso contencioso.

Asimismo, pese a que el demandante también solicitó que se dejara sin efectos el
auto del 24 de enero de 2024, lo cierto es que lo que hace es insistir en el mismo
debate relacionado con el elemento de la subordinación, lo cual ya fue objeto de
estudio por el juez natural del asunto.

1.4. Escrito de impugnación11

Brayan Stick Rubiano Martínez impugnó la decisión del a quo en atención a la
relevancia constitucional que tiene el asunto, pues, no se limitó simplemente a enlistar
los derechos fundamentales vulnerados, sino que de una manera clara y veraz enlistó
los defectos en los que se incurrió, consecuencia de la indebida valoración de
pruebas, y el desconocimiento del precedente jurisprudencial con relación a la
subordinación y la presunción respecto de los docentes.

En cuanto al auto del 24 de enero de 2024, fue la que resolvió la solicitud de adición
y donde se le puso de presente al juez de instancia que omitió resolver sobre la
presunción de subordinación de la actividad docente, lo cual también la hace
ilegítima. Además, erró al manifestar que las labores no eran iguales a las de
docentes vinculados con el distrito, pese a que en la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201612 no hizo dicha distinción.

8 Ver índice 12 de Samai en el expediente 11001031500020240375200. Archivo denominado
«27RECIBE PRUEBAS_Memorial_11001333501620200038(.zip) NroActua 12»
9 Mediante auto del 30 de julio de 2024, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar como

tercero con interés
10 Ver índice 16 de Samai en el expediente 11001031500020240375200. Archivo denominado

«33Sentencia_4E20240375200BRAYANS(.pdf) NroActua 16»
11 Ver índice 21 de Samai en el expediente 11001031500020240375200. Archivo denominado

«36_MemorialWeb_Otro-IMPUGNACIONTUTELAB(.pdf) NroActua 21»
12 C.P: Carmelo Perdomo Cuéter de 25 de agosto de 2016, rad: 23001-23-33-000-2013-00260-

01(0088-15) actor: Lucinda María Cordero Causil, demandado: Municipio de Ciénaga de Oro

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200013 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201914, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Cuestión previa

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son
similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a que la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida en
primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C desató el recurso a través de la sentencia del 22 de
noviembre de 2023, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto
a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado15 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.16 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de

13 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo17, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional18 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,19 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 20

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

2.4. Problema jurídico

De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales de Brayan Stick Rubiano Martínez con ocasión de la
sentencia del 22 de noviembre de 2023, que confirmó la decisión de negar las
pretensiones de reconocimiento de una relación laboral encubierta al no encontrar
acreditado el elemento de la subordinación, con la que incurrió, presuntamente, en
defectos fáctico y sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica

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Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.3. Defecto fáctico

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que los demandantes le atribuye a
la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional19 tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,20 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».21 La segunda, se
acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas». 22

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Violación directa de la Constitución Política

Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 200521 de la Corte Constitucional.

Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,

21 Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento

del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del
defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos primeros
defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación de una norma,
situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo, defecto orgánico
y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de 2004].

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señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar
la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que
antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis22:

La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio,
lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a) se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c)
en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución.

La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.5.5. Defecto sustantivo

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto23. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta24, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe
ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales

22 Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.
23 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
24 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

de los sujetos procesales25.

2.5.6. Sobre el caso concreto

Brayan Stick Rubiano Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 22 de noviembre de 202326 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por cuanto confirmó la decisión de
negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta, al
considerar que no se acreditó el elemento de la subordinación.

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, en razón a que la referida
decisión judicial incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de los contratos
de prestación de servicios en los que se evidenciaba que se trató de idéntico objeto
contractual durante los 5 años, así como de la prueba testimonial y la declaración de
parte, las cuales acreditaban que su servicio no era una actividad temporal, sino una
permanente y necesaria, todo lo cual demostraba que se encontraba en un estado
de subordinación.

En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado27 y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca28 sobre la presunción de subordinación de la
actividad docente y su diferencia con la coordinación administrativa, las cuales
precisaban que en el presente asunto no había coordinación, sino subordinación.

En defecto sustantivo, pues, ignoró lo contenido del artículo 32-3 de la Ley 80 de
1993, y el 2 del Decreto 2400 de 1968, respecto a la naturaleza de los contratos por
prestación de servicios, que indicaban que estos no podían celebrarse para cumplir
labores inherentes a la entidad, de carácter permanente, como era su caso. Así como
en violación directa de la Constitución Política, ya que los derechos laborales y
pensionales son irrenunciables, según lo establecido en los artículos 13, 48, 53 y 93.

Al respecto, la Sala aclara que los mencionados defectos van a ser estudiados en
conjunto, por cuanto todos están dirigidos a cuestionar la decisión de la autoridad
judicial demandada de no dar por acreditada la relación laboral encubierta, en razón
a que no encontró configurado el elemento de la subordinación.

25 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
26 También cuestionó la providencia del 24 de enero de 2024, por medio de la cual se negó la solicitud

de adición y aclaración
27 Al respecto citó las sentencias: i) Sección Segunda. C.P: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. 25 de agosto

de 2016. Rad. 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16; ii) Sección Segunda.
C.P: C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, 30 de octubre de 2020, expediente: 20001-23-39-000-2014-
00382-01; iii) 9 de septiembre de 2021 Rad: 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16), CE-SUJ2-
025-21
28 Al respecto citó: i) MP: Néstor Javier Calvo Chaves. Rad: 11001-33-42-050-2019-00519-01

Demandante: Ómar Augusto Franco Moreno Demandado: Instituto Distrital de Recreación y Deporte
• IDRD C

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Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

En este punto, se recuerda que el Consejo de Estado, Sección Segunda en la
sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201629 estableció que, para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta, se deben comprobar tres elementos:

«[…] Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles,
que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y
objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio
con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo
para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

[…]

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de
las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado "contrató realidad” aplica· cuando· se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales30.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda31 recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es
decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro
de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos
por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P.

Carmelo Perdomo Cuéter
30 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en

sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente:
5001-23-31-000-1998-03542-01 (0202-10).
31 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,

sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (03162014), actora:
Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue
vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una
verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado
que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección
y su correspondiente posesión […]» [Resaltado por la Sala].

Así las cosas, es el elemento «subordinación o dependencia» el que define si se está
frente a una relación laboral encubierta o, a un contrato de prestación de servicios,
no la ejecución de las funciones, requisito que no fue acreditado en el asunto bajo
estudio, según lo explicó el tribunal demandado en su providencia:

«[…] Frente al elemento de subordinación, luego de analizar la totalidad del material
probatorio recaudado en el proceso, el Tribunal debe señalar que el mismo resulta
insuficiente para demostrar este elemento esencial de la relación laboral, sin el cual no es
posible probar la desnaturalización del contrato de prestación de servicios y reconocer la
existencia de un verdadero vínculo laboral.

Como hemos dicho, las labores del actor estaban sujetas a la duración de cada uno de
los Proyectos, por lo que las actividades contratadas son de aquellas que la ley permite
contratar por medio del contrato de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993,
pues no son de aquellas asignadas al personal de planta, tal y como lo certificó el IDRD,
y si bien el demandante, en su recurso de apelación alega que ejercía las mismas
funciones que un Técnico Operativo Código 314 Grado 07, es importante señalar que el
propósito principal de este cargo es “Apoyar las actividades de carácter técnico y operativo
que deban realizarse para el cumplimiento de los planes y programas propuestos por el
área, de acuerdo con los procedimientos, políticas institucionales y normatividad vigente”
pero no se establece que este cargo deba apoyar los distintos Proyectos de Inversión, los
cuales son adicionales a la misión propia y permanente de la entidad, además de ser
temporales y depender de las políticas y planes del gobierno distrital de turno.

En cuanto a la autonomía del demandante, es importante señalar que una de las
obligaciones específicas del contrato, era precisamente que el actor elaborara él mismo
la propuesta del plan formador para cada grupo de estudiantes, de acuerdo con el plan
pedagógico, las guías sociales del centro de interés correspondiente y la malla curricular
entregada por el proyecto, la cual debía presentar al Supervisor del contrato.

De otra parte, en relación con el cumplimiento de un horario, debe señalarse que si bien
el interrogatorio de parte apunta a que la labor ejecutada por el demandante fue
subordinada y bajo el cumplimiento de un horario asignado, no obra dentro del expediente
ninguna prueba que soporte las afirmaciones del actor sobre horario y horas semanales.
Tampoco se demostró la asignación de turnos, llamados de atención o la solicitud de
permisos para ausentarse durante ese horario laboral.

De los informes de actividades y conceptos del supervisor de contrato del IDRD, consta
que el actor realizaba una cantidad de horas mensuales, en atención a la preparación y
planeación que él mismo elaboraba en el plan formador, de acuerdo con los parámetros
metodológicos, pedagógicos, técnicos y administrativos de la institución, además del
cumplimiento en las asistencias de las reuniones.

Sin embargo, de este sólo hecho, no se puede extraer que el actor debía cumplir un horario
de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, pues se logra concluir que realizaba diariamente
sesiones de 4 horas de formación deportiva en las diferentes Instituciones Educativas del
Distrito, las cuales, más que ser una imposición, dependían de los horarios y jornadas de
los colegios distritales donde se debían realizar las actividades.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

Ahora bien, frente a las reuniones, se tiene que una de las obligaciones contractualmente
pactadas entre las partes era “Asistir a reuniones técnicas y pedagógicas convocadas por
el Supervisor”. En una sana lógica, es natural entender que, si se fijan unas reuniones de
trabajo, el contratista deberá asistir a la hora en que se fijen, y no a la hora que a bien
disponga, sin que la asistencia a las mismas implique cumplimiento de horario de trabajo.

De otra parte, el actor cumplió los objetos contractuales en diferentes Instituciones
Educativas con absoluta independencia para el ejercicio del objeto contractual así:
Institución Educativa Distrital Rafael Uribe Uribe, Institución Educativa Distrital Arabia,
Institución Educativa Distrital Cultura Popular sede B y C, Institución Educativa Distrital
Nuevo San Andrés de los Altos e Institución Educativa Distrital Israel Bolaños.

De otra parte, la exigencia para el cumplimiento de las metas, así como que se le hayan
impartido algunas instrucciones sobre el particular, tampoco es indicativo de
subordinación, pues ello hace parte del mínimo control que debe llevar la entidad
contratante, más aún en los proyectos de inversión adelantados por el IDRD, donde se
tenían que cumplir con cronogramas de actividades.

Esta situación que desde el inicio se puso en conocimiento del contratista, determinó la
particularidad de la prestación, teniendo en cuenta que en las obligaciones específicas se
pactó el cumplimiento de las obligaciones en función de los diferentes Proyectos de
Inversión del IDRD, para cumplir esa misión […]» [sic].

Ahora bien, respecto a la providencia del 24 de febrero de 2024, mediante la cual se
resolvió no acceder a la solicitud de aclaración y adición de la sentencia elevada por
el demandante, con el argumento de que no se resolvió lo correspondiente a la
presunción de subordinación de los docentes, se concluyó:

«[…] Por lo anterior, es oportuno mencionar que este Tribunal no omitió analizar el
elemento de la subordinación para determinar si se configuró una verdadera relación
laboral, teniendo en cuenta que esta fue correctamente analizada en el numeral 4 acápite
solución del caso en concreto, visto a folios 28 a 32 del fallo.

[…]

Por lo anterior, es evidente que este Tribunal no omitió pronunciamiento alguno, ni existen
conceptos o frases que ofrezcan duda, sino que el apoderado del demandante no está de
acuerdo con la decisión tomada tanto por el a quo como por esta segunda instancia, sin
que los mecanismos de aclaración o adición de la sentencia hayan sido establecidos para
controvertir pronunciamientos de la sentencia.

Dice el recurrente que no se efectuó análisis alguno sobre la presunción de subordinación
del personal docente, atendiendo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, aplicable a
los docentes vinculados mediante contrato de prestación de servicios. Como quedó visto
en el expediente, el contratista demandante no demostró haber ejercido labores docentes
ordinarias en idéntica forma que los docentes vinculados en los colegios distritales, bajo
la exigencia curricular del establecimiento educativo, y el ejercicio docente claramente
reglado para los servidores que prestan este servicio. Su vinculación fue para actividades
de formación distinta a la docencia ordinaria tal como se analizó en extenso y por
consecuencia, tal disertación era innecesaria para el caso concreto de cara a la prestación
ocurrida en la práctica y los supuestos fácticos demostrados.

Se analizó el elemento de subordinación como queda visto en el contexto específico de la
contratación y cumplimiento del objeto contractual […]» [sic].

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

Como se observa, el demandante presentó solicitud de aclaración y/o adición de la
sentencia de segunda instancia con la finalidad de que el elemento de la
subordinación se volviera a decidir, pero, de manera favorable a sus intereses,
cuando ya había sido analizado in extenso en la sentencia acusada, además, se le
explicó detalladamente en la última providencia, las razones por las cuales no era
aplicable «la presunción de subordinación del personal docente» en su caso.

De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra que las actuaciones de la autoridad judicial demandada, lejos de configurar
una irregularidad por defectos fáctico y sustantivo, violación directa de la Constitución
Política o desconocimiento del precedente judicial, fueron realizadas conforme a la
jurisprudencia y normas aplicables al caso, con apoyó en el material probatorio
obrante en el proceso, de lo cual efectuó la interpretación que consideró más ajustada
al caso concreto, en consecuencia, las diferencias en el estudio de las pruebas
aportadas no constituyen una indebida valoración.

Por su parte, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente contenido en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, en la
que se hizo mención a indicios que pudieran dieran cuenta de la subordinación, tales
como: i) el lugar de trabajo; ii) el horario de labores; iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta; siempre y cuando
se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral, se advierte que estos
fueron analizados al momento de definir el caso en concreto, no como una regla
decisional unificada, la cual se centró en el término de interrupción de los contratos
estatales de prestación de servicios y la solución de continuidad, más no en la
subordinación como elemento necesario para comprobar la existencia de una
relación laboral encubierta, razón por la cual no es posible concluir que se configurara
la referida causal de procedibilidad.

Dicho ello, la Sala no observa incongruencia ni irregularidad alguna por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, se insiste, su decisión se
fundamentó en la necesidad de encontrar plenamente probados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral encubierta entre Brayan Stick Rubiano Martínez
y la entidad demandada, lo cual no ocurrió.

En esas condiciones, y en razón a que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se
impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03752-01
Demandante: Brayan Stick Rubiano Martínez

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Brayan
Stick Rubiano Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Brayan Stick Rubiano Martínez, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
y el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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