Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03806-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03806-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03806-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03806-01
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03806-01
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / SUBSIDIARIEDAD – Exige probar que se agotaron los mecanismos
dispuestos para controvertir la decisión judicial cuestionada / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Requiere que la solicitud de amparo contenga una carga
argumentativa mínima y que no se utilice como tercera instancia o instancia adicional a
las establecidas por el legislador.
La Sala1 decide la impugnación instaurada por la Compañía Mundial de Seguros
S.A. contra el fallo de primera instancia, proferido el 4 de septiembre de 2024, por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual declaró improcedente
la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 23 de julio de la presente anualidad, la aseguradora Compañía Mundial de
Seguros S.A., por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
proferida el 22 de mayo de 2024, en el proceso de controversias contractuales con
radicado 52001-23-31-000-2011-00324-02(60.417), mediante la cual revocó el
1
Se advierte que el 4 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03806-01
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):
PRIMERO. Declarar, de acuerdo con lo expuesto en los acápites de
“Derechos vulnerados” y “configuración de defectos”, que con la sentencia de
segunda instancia proferida el 22 de mayo de 2024, radicado 52001-23-31-
000-2011-00324-02 (exp. 60417), la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en los siguientes defectos:
• Sustantivo, por no aplicación de la norma vigente (artículo 14.3 del Decreto
4828 de 2008).
• Desconocimiento de precedentes judiciales de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
• Procedimental, porque el fallador no decidió los otros problemas jurídicos
planteados en las pretensiones de la demanda.
• Fáctico, por la ausencia de valoración del material probatorio que daba
cuenta de la no configuración del siniestro por la debida inversión del anticipo.
• Orgánico, por no haber sido adoptada la decisión por la mayoría requerida, y
no haberse convocado a un conjuez.
SEGUNDA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y la igualdad que le fueron vulnerados a la
Compañía Mundial de Seguros S.A., con ocasión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 22 de mayo de 2024, radicado 52001-23-31-000-2011-
00324-02 (exp. 60417), por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
TERCERA: en consecuencia, de la declaración anterior, dejar sin efectos el
fallo del 22 de mayo de 2024, radicado 52001-23-31-000-2011-00324-02
(exp. 60417), proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y, ordenando que sea proferida una sentencia de
reemplazo, que corrija los defectos indicados en la pretensión primera, para
que cese la vulneración de los derechos fundamentales conculcados a la
accionante.
CUARTA: Que se declare la vulneración de cualquier otro derecho
fundamental que el Juez Constitucional de Tutela estime violado o
amenazado al accionante.
QUINTA: Que, subsidiariamente, con el propósito de materializar en favor de
la accionante los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y la igualdad, el Juez Constitucional de Tutela
adopte las medidas que con tal propósito considere efectivas y suficientes
para materializar la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El 19 de mayo de 2011, la Compañía Mundial de Seguros S.A. instauró
demanda de controversias contractuales contra el Invías, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 7384 de 22 de diciembre de
2009 y de la Resolución 3511 de 5 de agosto de 2010. También pidió que se
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
declarara que no estaba llamada al pago de las sumas exigidas por el Invías con
cargo al amparo de anticipo de la Garantía Única de Cumplimiento NA-0054437.
4. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de primera instancia el 17
de mayo de 2017, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Declaró la nulidad de las resoluciones demandadas porque no se
garantizó el derecho de defensa a la aseguradora, de manera previa a la
declaratoria del siniestro. Por lo anterior, prescindió del estudio de las demás
causales de nulidad alegadas en la demanda.
5. Inconforme con lo resuelto, el Invías y la Compañía Mundial de Seguros S.A.
interpusieron recursos de apelación. El Invías solicitó que se revocara la decisión
de primera instancia. En su criterio, no desconoció el debido proceso, dado que
antes de declarar el siniestro remitió sendos requerimientos a la compañía
aseguradora y al contratista. Por su parte, la Compañía Mundial de Seguros S.A.
señaló que había pretensiones adicionales que debían ser resueltas en caso de
que se atendieran las razones expuestas en el recurso de alzada del Invías.
6. El 22 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación dictó sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda. La decisión fue adoptada por dos magistrados, toda vez que al tercero
se le aceptó el impedimento que presentó, por haber emitido concepto como parte
del Ministerio Público en ese mismo proceso.
7. La Compañía Mundial de Seguros S.A. afirmó que la decisión cuestionada
incurrió en los siguientes vicios (transcripción literal):
• Sustantivo, por no aplicación de la norma vigente (artículo 14.3 del Decreto
4828 de 2008), que en forma clara establece la aplicación del debido proceso
en los trámites que la entidad estatal realice para declarar ocurrido el siniestro
de la póliza única de cumplimiento.
• Desconocimiento de precedentes judiciales de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que son reiterativos y expresos en indicar que al
asegurador que se le va a hacer efectiva una póliza única de cumplimiento, se
le debe respetar el debido proceso.
• Procedimental, porque, no obstante, el fallador de segunda instancia tener
competencia ilimitada ante la apelación de ambas partes, no decidió los otros
problemas jurídicos planteados en las pretensiones de la demanda, y las
excepciones propuestas en la contestación.
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• Fáctico, por la ausencia de valoración del material probatorio que daba
cuenta de la no configuración del siniestro por la debida inversión del anticipo.
• Orgánico, por no haber sido adoptada la decisión por la mayoría requerida.
26. El más grave error cometido por la Subsección C, es que indicó que no
existía norma que obligara al INVIAS a convocar al asegurador al trámite
administrativo, cuando para la fecha en que el INVIAS profirió los actos
administrativos que declaraban el siniestro de anticipo, estaba vigente el
Decreto 4828 de 2008 que en su artículo 14.3 establece: (…)
27.Si para el momento de expedición de los actos administrativos respecto de
los cuales se predicó nulidad, existía la norma antes transcrita que exige que
la entidad estatal que pretende hacer efectivo un amparo de la póliza única
estatal surta un trámite administrativo que garantice el debido proceso del
asegurador, el fallador de instancia debía aplicar esa norma, no podía omitir
su aplicación porque el artículo 170 del CCA y el artículo 280 del CGP indican
que la sentencia debe motivarse exponiendo las razones legales.
28. El fallador tutelado dejó de aplicar la norma vigente que exige cumplir el
debido proceso y fundamentó su errado fallo, haciendo aplicación analógica
de normas, cuando es claro que las aplicaciones analógicas son procedentes
cuando no existe norma aplicable al caso, norma que sí aplicó el fallador de
primera instancia.
29. En conclusión, la sentencia de segunda instancia definió que no debía
citarse al asegurador al trámite administrativo y que no se violó el debido
proceso, porque no aplicó la norma vigente (Decreto 4828 de 2008) y aunque
su competencia era ilimitada, no decidió los otros extremos de la litis.
8. La aseguradora demandante precisó que el fallador de segunda instancia no
definió aspectos esenciales del litigio, relativos a (i) la inexistencia del siniestro
porque el anticipo fue bien invertido; (ii) la no vigencia del seguro para el momento
en el que se realizó el desembolso del primer anticipo y (iii) la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro.
9. Además, indicó que la aclaración de voto que presentó el consejero William
Barrera Muñoz, en realidad, constituyó un salvamento de voto, pues
expresamente señaló que se debió vincular a la aseguradora al procedimiento
administrativo como garantía del debido proceso, con el fin de que pudiera
intervenir y justificar por qué no ocurrió el siniestro o por qué el riesgo no estaba
amparado en la póliza que expidió y, como ello no ocurrió, podía colegirse la
vulneración del debido proceso.
10. Manifestó que la inaplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 del Decreto
4828 de 2008 reflejaba el desconocimiento de los artículos 187 del CPACA y 280
del CGP, referidos a la motivación de la sentencia mediante razones legales; así
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mismo, en su concepto, la aplicación analógica de otras normas sólo era
procedente ante la inexistencia de norma aplicable al asunto, lo que no ocurría en
el caso concreto.
11. En lo que respecta al desconocimiento del precedente, adujo que existe una
larga y pacífica postura jurisprudencial del Consejo de Estado en torno al respeto
al debido proceso en los procedimientos administrativos contractuales, en
especial, con anterioridad a la expedición del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011,
que reguló expresamente el procedimiento para la imposición de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento. Citó 29 providencias judiciales 2
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que contienen el
precedente que se considera desconocido, y adujo que la sentencia no expuso
razones para apartarse de dicha jurisprudencia.
12. Mencionó que en los procesos con radicado 73001-23-31-000-2011-00216-01
y 73001-23-31-000-2011-00356-01, en los que las partes eran las mismas que en
el litigio que se revisa, se discutieron hechos y pretensiones similares, esto es, la
nulidad de ciertos actos administrativos sancionatorios proferidos en el año 2010,
que declararon ocurrido el siniestro cubierto bajo el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo, frente a los cuales la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró la nulidad de los actos demandados por vulneración del debido
proceso. Por lo anterior, consideró que «la parte accionante en esta tutela tiene
derecho a recibir decisiones similares frente a problemáticas jurídicas iguales, sólo
así se garantiza el derecho a la igualdad».
13. Adujo, también, que no se valoraron los informes de interventoría expedidos el
27 de enero de 2006, en enero de 2007 y en diciembre de 2008, ni el dictamen
pericial elaborado por el ingeniero Mario Francisco Cortés Vega, que daban
2
Sentencias de 29 de mayo de 2003, rad. interno 13919, de 21 de mayo de 2004, rad. interno
12.852; de 14 de abril de 2005, rad. interno 13.599; de 20 de octubre de 2005, rad. interno 14.579;
de 10 de noviembre de 2005, rad. interno 14.157; de 13 de noviembre de 2008, rad. interno 17.009;
de 22 de abril de 2009, rad. interno 14.667; de 17 de marzo de 2010, rad. interno 18.394; de 23 de
junio de 2010, rad. interno 16.367; de 23 de junio de 2010, rad. interno 16.494; de 30 de marzo de
2011, rad. interno 20.917; de 8 de junio de 2011, rad. interno 17.858; de 19 de septiembre de 2011,
rad. interno 18.726; de 11 de abril de 2012, rad. interno 17.434; de 7 de junio de 2012, rad. interno
22.277; de 7 de junio de 2012, rad. interno 22.899; de 29 de agosto de 2012, rad. interno 21.430;
de 29 de julio de 2015, rad. interno 37.884; de 7 de septiembre de 2015, rad. interno 45.907; de 23
de septiembre de 2015, rad. interno 44.386; de 30 de noviembre de 2017, rad. interno 37.002; de 5
de julio de 2018, rad. interno 36.718; de 5 de julio de 2018, rad. interno 54.688; de 28 de noviembre
de 2019, rad. interno 36.600; de 26 de enero de 2022, rad. interno 51.839; y de 18 de febrero de
2022, rad. interno 53.318.
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cuenta de la correcta inversión del anticipo y que, si se hubieran tenido en cuenta,
la decisión habría sido distinta.
Trámite impartido e intervenciones
14. Mediante auto de 26 de julio de 2024 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, se vincularon como
terceros interesados los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño y el
director del Instituto Nacional de Vías – Invías; también se tuvieron como prueba
los documentos allegados con la demanda y se requirió al Tribunal Administrativo
de Nariño para que enviara el expediente contentivo del proceso de controversias
contractuales, en forma digital.
15. El Invías consideró que los asuntos de índole probatoria y de interpretación
del derecho fueron discutidos en el proceso ordinario, por lo que solicitó negar el
amparo deprecado, dado que no se presentó ninguna vulneración de derechos
fundamentales. En su criterio, la decisión no es contraria a la Constitución ni a la
ley, ni desconoció las pruebas o el procedimiento establecido. Agregó que las
razones del escrito de tutela son las mismas de la demanda de controversias
contractuales, de modo que se busca debatir la valoración e interpretación
realizada por el juez natural.
16. El magistrado ponente de la sentencia contractual de primera instancia estimó
improcedente la acción de tutela, respecto del trámite surtido en el Tribunal
Administrativo de Nariño, bajo el argumento de que se respetaron el debido
proceso y los preceptos legales.
17. El magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera, ponente de la
sentencia cuestionada, pidió declarar improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, negar el amparo solicitado.
18. Señaló que, aunque se hizo referencia a 29 sentencias proferidas por el
Consejo de Estado, no se identificaron las reglas jurisprudenciales concretas que
debieron ser tenidas en cuenta para la resolución del asunto, en atención a sus
circunstancias particulares; por el contrario, en la acción de tutela no se dijo nada
sobre la regla jurisprudencial según la cual, cuando se alega la vulneración del
debido proceso, es menester verificar la trascendencia del yerro invocado en la
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decisión. Agregó que la decisión adoptada se encuentra en un punto medio entre
las dos posiciones jurisprudenciales existentes en la Corporación, pues también se
ha considerado que el debido proceso se garantiza con la debida motivación del
acto y la posibilidad de recurrirlo.
19. En lo que respecta al defecto fáctico alegado, mencionó que consiste en una
diferencia de interpretación del contrato de seguros, específicamente sobre el
cubrimiento del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, con
respaldo en normativa que no se encontraba vigente para la fecha de celebración
del contrato.
20. En cuanto al defecto procedimental absoluto, señaló que «en la solicitud de
amparo se propone una interpretación de la competencia funcional del ad quem
centrada en la lectura insular del artículo 328 del Código General del Proceso, sin
consideración por los fines del recurso de apelación y por las cargas que este
supone para las partes».
21. Agregó que el cargo relacionado con un defecto orgánico por no haber sido
adoptada la sentencia con la mayoría requerida carece de relevancia
constitucional, porque, si bien el magistrado que aclaró el voto consideró que la
Administración se apartó de la normativa rectora de la actuación que culminó con
la declaratoria del siniestro, esa inobservancia no incidía en la decisión adoptada.
22. El Tribunal Administrativo de Nariño envió el enlace del expediente solicitado,
el 5 de agosto de 2024.
Sentencia impugnada
23. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 4 de septiembre de 2024, a través de la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela, por falta de relevancia constitucional. Adujo que el debate no
involucra una cuestión de orden constitucional y, por el contrario, se suscribe a la
aplicación de una norma legal que tiene connotaciones particulares de orden
económico.
24. Consideró que el defecto procedimental invocado no cumplía el requisito de
subsidiariedad, pues si el interesado consideraba que la sentencia dejó de
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resolver los demás cargos formulados en la demanda de controversias
contractuales, debió solicitar la adición de la sentencia.
25. En cuanto a los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y desconocimiento del
precedente, indicó que no tenían relevancia constitucional. Sobre la supuesta
inaplicación del artículo 14.3 del Decreto 4828 de 2008, señaló que la discusión no
giraba en torno a un asunto constitucional o a la defensa de un derecho
fundamental, sino a la aplicación de una norma legal, en una discusión de carácter
económico con connotaciones particulares. En similar sentido, adujo que el debate
sobre la verdadera naturaleza de la aclaración de voto presentada por uno de los
magistrados que adoptó la decisión reflejaba una discusión frente a la
interpretación que, según el accionante, debe dársele al artículo 54 de la Ley 270
de 1996.
26. La sentencia se notificó, por medios electrónicos, el 11 de septiembre de 2024.
Impugnación
27. La Compañía Mundial de Seguros S.A. precisó que la sentencia de primera
instancia no analizó los cargos de desconocimiento del precedente ni el de
configuración del defecto fáctico sobre la falta de valoración de las pruebas que
demostraban el buen manejo y correcta inversión del anticipo. Aclaró que no
puede existir un cambio de precedente sin suficiencia de argumentación ni de
manera velada o tácita, máxime cuando el precedente configura doctrina probable,
como en este caso.
28. Expuso que, en su entender, la solicitud de adición de la sentencia no es un
recurso ordinario ni un medio de defensa, por lo que sí se cumplió con el requisito
de subsidiariedad frente al reparo relacionado con la falta de resolución de todos
los puntos expuestos en la demanda de controversias contractuales. Añadió que la
adición de la sentencia requiere una ausencia total de motivación, lo que no
aconteció en el caso analizado, dado que existió pronunciamiento frente a las
pretensiones, pero fue insuficiente, pues se indicó que, al no prosperar el primer
cargo, los demás estaban llamados a fracasar.
29. Aseguró que el asunto sí cumple el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que la aplicación o no del artículo 14.3 del Decreto 4828 de 2008, en el caso
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analizado, no es un asunto de simple legalidad, sino que atañe a la concreción del
derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo; igualmente, frente
al defecto orgánico, mencionó que la Sección Cuarta, en su condición de juez de
tutela, se anticipó a señalar que era una discusión de interpretación del artículo 54
de la Ley 270 de 1996, pese a que uno de los componentes esenciales del
derecho al debido proceso es que la decisión sea emitida por la autoridad
competente.
30. Por lo demás, reprochó que no se hubiera dicho nada sobre el defecto fáctico
alegado, consistente en la ausencia de valoración de las pruebas que
demostraban que el anticipo se invirtió bien.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 4 de septiembre de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela.
32. Para el efecto, primero se establecerá si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De acreditarse, se
abordará el estudio de fondo, con el fin de establecer si la sentencia dictada el 22
de mayo de 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró los derechos
fundamentales de la demandante.
Requisitos generales de procedibilidad
33. Subsidiariedad3. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
3
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º
de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii)
sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto (e).
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amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
34. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
35. En el caso que se analiza, la Sala constata que el cargo relacionado con el
supuesto defecto procedimental, por no haber resuelto la sentencia todos los
puntos expuestos en la demanda de controversias contractuales, no reúne el
requisito de subsidiariedad, toda vez que dicha omisión pudo ponerse de presente
a través de una solicitud de adición de la sentencia, tal como consideró el a-quo,
con el fin de que el juez natural adoptara la decisión respectiva.
36. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 del CGP, la adición de la
sentencia procede cuando se omite resolver sobre cualquier punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, escenario que se
acompasa con lo expuesto por la accionante, en tanto afirmó que no se emitió
pronunciamiento alguno frente a otros problemas jurídicos expuestos en la
demanda, así como respecto de las excepciones propuestas en la contestación.
37. Las consideraciones que presenta la parte actora en la impugnación, acerca
de que (i) la solicitud de adición de la sentencia no constituye un medio de defensa
ni un recurso ordinario y (ii) no procedía porque el juzgador sí hizo mención a los
puntos en cuestión cuando adujo que al no prosperar el primer cargo los demás
estaban llamados a fracasar, no son acogidas por la Sala.
37.1. En primer lugar, la figura de la adición de la sentencia era la vía idónea para
exponer la falencia que ahora se le enrostra a la autoridad judicial demandada, en
el curso del proceso ordinario, con el fin de lograr el agotamiento de todos los
aspectos materia de debate. Además, según las afirmaciones de la demanda, el
juzgador omitió, por completo, no parcialmente, pronunciarse sobre los cargos
relativos a la correcta inversión del anticipo, la no vigencia del seguro para el
momento en el que se realizó el desembolso del primer anticipo y la prescripción
de la acción derivada del contrato de seguro, lo cual precisamente incluyó en la
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solicitud de amparo a manera de defecto procedimental.
38. Cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, supuesto que no se acomoda a la
situación expuesta por el impugnante, en tanto la adición de la sentencia es un
medio judicial de defensa y, además, era procedente para cuestionar la supuesta
omisión del a-quo.
39. Tampoco reúne el requisito de subsidiariedad el defecto orgánico alegado en
la demanda, consistente en no haber sido adoptada la decisión cuestionada por la
mayoría requerida. Dicho alegato, en los términos en los que fue expuesto, según
el criterio de esta Sala, era susceptible de ser ventilado a través del recurso
extraordinario de revisión, a la luz de la causal quinta de revisión. Lo anterior, dado
que uno de los supuestos que genera la nulidad de la sentencia, según ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación, es la sentencia que aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número
de votos diverso al previsto en la ley. Ello, sin perjuicio del razonamiento que
eventualmente llegare a realizar el juez del recurso extraordinario de revisión,
acerca de la procedencia o no de dicho mecanismo judicial, por las razones que
invoca el accionante.
40. En gracia de discusión, aún en el evento de que se examinara el cargo por
defecto orgánico, considera esta Sala que no tendría vocación de prosperidad,
pues es evidente que el magistrado William Barrera Muñoz tomó la determinación
de aclarar su voto, no de salvarlo, y la simple lectura de la aclaración que efectuó
permite colegir que su intención fue dejar expuesta su postura en torno a la
vinculación de la aseguradora en el procedimiento administrativo, previo a emitir
una decisión, conforme a lo dispuesto en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011;
sin embargo, fue claro en precisar que acompañaba la decisión adoptada. El
entendimiento que realiza la aseguradora impugnante hace parte de su
interpretación particular y deja de lado los demás aspectos que se refirieron en la
sentencia para revocar el fallo apelado y negar las pretensiones de la demanda.
41. Por lo demás, se observa que los cargos de defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y defecto fáctico cumplen el requisito de
subsidiariedad, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso
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ordinario y los hechos que se discuten no son pasibles de ser abordados
mediante ningún otro medio judicial, ordinario o extraordinario.
42. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento de este requisito no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
43. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
44. Visto lo anterior a la luz del caso concreto, encuentra la Sala que los cargos
elevados por defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y defecto fáctico
no reúnen el requisito de relevancia constitucional, conforme se pasa a explicar.
45. La Compañía Mundial de Seguros S.A., en la demanda de controversias
contractuales que instauró contra el Invías, manifestó, entre otros, que en la
expedición de los actos que declararon la ocurrencia del siniestro de buen manejo
y correcta inversión del anticipo y le impusieron la obligación de reintegrar la suma
de $8.989.399.301 se violó su derecho al debido proceso, porque no fue vinculada
al procedimiento administrativo que antecedió a la decisión; además, desconoció
que el contratista hizo un buen manejo y correcta inversión del anticipo.
46. La tesis planteada por la aseguradora demandante fue atendida, parcialmente,
por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la sentencia de primera instancia,
4
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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mediante la cual declaró la nulidad parcial de los actos demandados, únicamente
en lo que a aquella concernía, por la alegada violación del debido proceso.
47. Contra esa decisión las partes interpusieron sendos recursos de apelación. El
Invías solicitó revocar la decisión y la demandante alegó que el fallo fue extra
petita porque el a-quo no tenía facultades para hacer exigible el cumplimiento de
la Garantía Única NA-0054437, pues la demanda sólo versaba sobre el amparo de
buen manejo y correcta inversión del anticipo, aseguramientos que, en su
concepto, fueron confundidos.
48. La sentencia cuestionada se ocupó de resolver los aspectos discutidos por las
partes. Para el efecto, estableció los siguientes problemas jurídicos:
3.1.1. ¿Al declarar el siniestro de manejo del anticipo, en ejercicio de la
prerrogativa que le asiste, el INVÍAS violó el debido proceso porque, pese a
que le hizo saber a la aseguradora la existencia de incumplimientos de la
contratista, no le comunicó que se adelantaba el trámite de declaración del
siniestro por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, e
intentó vincularla a un trámite de declaración de un siniestro distinto?
3.1.2. ¿Al anular parcialmente el acto que declaró la efectividad de la garantía
única de cumplimiento, el Tribunal profirió un fallo incongruente, porque, en
este proceso, fue demandada la decisión de declarar unilateralmente el
siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo?
49. Precisó que los interrogantes planteados serían resueltos a partir del régimen
jurídico contenido en la Ley 80 de 1993, con las modificaciones y
reglamentaciones vigentes al momento de la celebración del contrato -4 de
octubre de 2005-, debido a que la entidad pública contratante era un
establecimiento público del orden nacional, cuya actividad contractual estaba
regida por dicha normatividad.
50. Hizo alusión a las cláusulas del contrato, así como a la póliza única de seguro
de cumplimiento N-A00054437, adquirida por la contratista con la Compañía
Mundial de Seguros S.A., a través de la cual la aseguradora amparó el
cumplimiento del contrato, el buen manejo del anticipo, el pago de salarios,
indemnizaciones y prestaciones sociales, así como la calidad y estabilidad de la
obra.
51. También relató los argumentos del acto administrativo que declaró ocurrido el
siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo
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del contrato, así como del acto que resolvió los recursos que contra esa decisión
interpusieron la contratista y la Compañía Mundial de Seguros S.A., esta última,
quien alegó la correcta inversión del anticipo y la violación del debido proceso. En
ese último acto se consignó que el Invías había comunicado a la contratista y a la
aseguradora el objeto e inicio de la actuación administrativa que culminó con la
declaratoria del siniestro.
52. Aclaró que el Invías adelantó otro procedimiento administrativo a través del
cual declaró el siniestro de incumplimiento parcial del contrato e imposición de
multas, decisión que se plasmó en la Resolución 2431 de 20 de abril de 2009. En
esa ocasión se ordenó a la contratista pagar una sanción y, si no fuere posible,
descontar de los saldos adeudados a su favor o haciendo efectiva la garantía
única de seguro de cumplimiento expedida por la Compañía Mundial de Seguros
S.A. Detalló que en esa actuación fue convocada la aseguradora a asistir a una
audiencia pública obligatoria para discutir los hechos del incumplimiento (no acatar
las órdenes de la interventoría y desatender el programa de inversión);
adicionalmente, se practicaron los testimonios del director territorial del Invías del
Departamento de Nariño, el coordinador del «Plan 2500» y el director de la
interventoría del contrato, quienes afirmaron que el contratista no había
amortizado el anticipo que le fue entregado.
53. Con base en las pruebas aludidas, razonó que conforme a lo dispuesto en el
artículo 68, numerales 4 y 5, del CCA, cuyo equivalente actual es el artículo 297.3
del CPACA, la Administración se encuentra facultada para declarar, de forma
unilateral, el siniestro a través de acto administrativo impugnable en vía
gubernativa y enjuiciable en sede contencioso administrativa, el cual, además, una
vez en firme, presta mérito ejecutivo contra la aseguradora, junto con la póliza
correspondiente. En esa medida, conforme al artículo 1757 del Código Civil, en la
reclamación previa a la ejecución del acto, le corresponde al asegurado demostrar
la ocurrencia del siniestro, mientras que la aseguradora tiene la carga de acreditar
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Respecto a los
dos puntos en controversia expuso:
El debido proceso en la declaración del siniestro, que se regía por el CCA, se
agotaba cuando “la administración antes de formular su reclamo a la
aseguradora deb[ía] expedir un acto administrativo unilateral, en el cual
declarará ocurrido el siniestro; y frente al mismo, tanto la aseguradora como el
contratista pod[ían] agotar la vía gubernativa e impugnarlo
jurisdiccionalmente. (art 68, ord 5º del c.c.a). Se adelanta[ba] así el debate en
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torno a un acto dictado con base en un poder legal”5. Es por ello que, para
ejercer el derecho de defensa contra la decisión adoptada, el acto declarativo
del siniestro debe motivarse, expresando los fundamentos jurídicos, fácticos,
probatorios y la cuantificación del siniestro 6 . De esta forma, mediante la
interposición de recursos administrativos, la aseguradora tiene la
oportunidad de presentar sus puntos de vista y allegar los elementos
probatorios que estime necesarios (artículo 52, CCA), con lo que ejerce
su derecho de defensa 7 , como en efecto procedió la aseguradora
demandante en este asunto8. En línea con ello, la Ley 1150 de 2007, que
reguló en su artículo 17 el debido proceso en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales, previó en su artículo 7 que “[e]l acaecimiento del
siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al
respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así
lo declare”, sin prescribir un procedimiento previo para constituir el siniestro.
No huelga recordar que, como lo ha precisado la “jurisprudencia
administrativa -de vieja data- […] las garantías contractuales no pueden
confundirse con las potestades sancionatorias de la Administración, ni con las
penas convencionales, en cuanto las garantías no son una estimación
anticipada de perjuicios, ni un medio coercitivo de apremio, sino una facultad
concebida para salvaguardar el interés público implícito en la contratación, y
para proteger el patrimonio de la Administración, frente a eventuales
incumplimientos del contratista 9 10 . No cabe pues aplicar, por analogía, la
5
Cita original: «CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997, exp.
9286».
6
Cita original: «“[…] la entidad pública asegurada, tiene la potestad de declarar unilateralmente la
ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo en el cual, conforme a la norma en cita,
deberá determinarse la cuantía del daño causado, al margen, incluso, de que la compañía de
seguros no comparta su decisión, inconformidad que puede hacer manifiesta mediante los recursos
previstos en la ley y posteriormente, si es del caso, por vía judicial. || “Lo anterior no significa que la
entidad pública pueda, al expedir el acto administrativo correspondiente, sustraerse de las reglas
de conducta que le impone el debido procedimiento, para declarar el siniestro y hacer efectiva la
garantía, dichas reglas imponen, entre otras, el deber de motivar el acto administrativo indicando
en él los supuestos de hecho y probatorios que soportan el acaecimiento del siniestro y por
supuesto, la cuantía de la indemnización, como también, garantizar que tanto el contratista como la
compañía de seguros, en ejercicio de los derechos de contradicción y legítima defensa, puedan
controvertir el acto administrativo. Este es el sentido en que se debe aplicarse el art. 1077 del
Código de Comercio, para aquellos casos en los cuales el asegurado y beneficiario de la póliza es
una entidad estatal. De otra parte, al asegurador le corresponde la carga de probar los hechos o
circunstancias excluyentes de su responsabilidad, tal como lo dispone la norma. || “Con esta lógica
resulta claro que la Administración está investida de facultad para declarar directamente el siniestro
ocurrido en relación con la ejecución del contrato estatal celebrado y hacer efectiva la garantía
constituida a su favor, mediante la expedición de un acto administrativo, el cual deberá contener los
fundamentos fácticos y probatorios del siniestro y el monto o cuantía de la indemnización; acto que
una vez ejecutoriado permitirá exigir a la compañía aseguradora el pago de dicha indemnización,
así lo ha dispuesto la ley, decisión que está sujeta al control de legalidad, tanto por vía gubernativa
como por vía jurisdiccional”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de
2009, exp. 14667, reiterada en sentencias del 23 de junio de 2010, exp. 16494; y del 7 de
septiembre de 2015, exp. 45907».
7
Cita original: «“Ahora bien, la garantía del derecho fundamental al debido proceso frente a la
Compañía aseguradora dentro del procedimiento de expedición de los actos administrativos
mediante los cuales la administración declara la ocurrencia del siniestro se concreta en que
previamente a su declaratoria se le otorgue la oportunidad para que presente sus puntos de vista,
allegue los elementos probatorios que necesarios y ejerza su derecho de defensa y es por ésta
razón que no es suficiente que la referida decisión se encuentre debidamente motivada y se le
haya notificado oportunamente”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp. 45907».
8
Cita original: «Hechos 4.11.2 y 4.11.3».
9
Cita original: «CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 24 de agosto de 2000,
exp. 11318; del 24 de mayo de 2001, exp. 13598, sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 20810;
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normativa garante del debido proceso en materia sancionatoria a la
declaración del siniestro.
6.6. Adicionalmente, nota la Sala que la actora no trajo al proceso
elementos de juicio que permitan inferir que, el hecho de no haber sido
convocada al procedimiento administrativo declarativo del siniestro
desde la etapa previa a la expedición de la Resolución 7384 de 2009
hubiera tenido trascendencia en la decisión adoptada por el INVÍAS, es
decir, que su intervención en esta fase habría variado el sentido de la
decisión, de forma tal que no habría lugar a la declaración del siniestro de
buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Concretamente, no hay prueba de que las argumentaciones del recurso de
reposición que CMS11 interpuso en contra de la Resolución 7384 de 2009, o
las que fueron empleadas en este proceso judicial12, de haber sido formuladas
y probadas antes de que la administración declarara el siniestro, debieran
traducirse en un pronunciamiento con sentido favorable a los intereses de la
aseguradora.
6.7. Por todo lo anterior, el primer problema jurídico se contesta en sentido
negativo, lo que conduce a la revocación de la sentencia de primera instancia.
Con ello, el cargo por violación del debido proceso, que constituye a su vez el
marco de competencia de esta Corporación como juzgadora en segunda
instancia, no está llamada a prosperar.
6.8. Por último, encuentra la Sala que, para dar respuesta al segundo
problema jurídico13, atinente al recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, basta con referir que, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de
la Ley 80 de 1993, el contratista debía presentar una garantía única del
cumplimiento de sus obligaciones, una de las cuales es la debida inversión
del anticipo, como forma de restituir lo recibido por la entidad14; riesgo este
que, por demás, estaba cubierto con la póliza única de seguro de
cumplimiento en favor de entidades estatales núm. N-A00054437, con la que
CMS se obligó a asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo
del contrato núm. 1827 de 2005, ampliado sucesivamente con las
convenciones mediante las cuales fue modificado dicho negocio jurídico15.
54. Luego de analizar la motivación expuesta en la sentencia cuestionada, la Sala
advierte que el vicio relacionado con un supuesto defecto sustantivo por la
inaplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 16 del Decreto 4828 de 2008 17
Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp. 25742; y Subsección C, sentencia del
31 de agosto de 2015, exp. 48459».
10
Cita original: «CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de
octubre 2021, exp. 50623».
11
Cita original: «Aptdo. 4.11.2.».
12
Cita original: «Aptdo. 2.1.2. a 2.1.3.».
13
Cita original: «Aptdo. 3.1.2.».
14
Cita original: «CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de
noviembre de 2014, exp. 29906; Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623».
15
Cita original: «Aptados. 4.5 a 4.5.3.».
16
Artículo 14. Efectividad de las garantías. «Cuando se presente alguno de los eventos de
incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la entidad contratante
procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma:
(…)
14.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los
derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante proferirá el acto administrativo
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carece de relevancia constitucional, en tanto se relaciona con un aspecto de mera
legalidad y no acredita por sí mismo la afectación de un derecho fundamental.
55. Esto, por cuanto, si bien se expuso en la demanda que el desconocimiento de
esa norma vulneró el derecho que le asistía a la aseguradora de exponer su punto
de vista antes de la expedición de la resolución que declaró probada la ocurrencia
del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, lo cierto es que el
accionante en esta causa no se ocupó de exponer por qué ese hecho tuvo
incidencia en la decisión adoptada, o mejor, cómo su intervención hubiera
propiciado una modificación en la postura adoptada por el Invías, que fue
finalmente la razón por la cual la Subsección C de la Sección Tercera concluyó la
prosperidad del argumento de apelación expuesto por la entidad demandada. En
realidad, la sentencia cuestionada hizo énfasis en la ausencia de elementos de
juicio de los que se pudiera inferir que, si la aseguradora hubiera expuesto con
antelación al acto las razones de defensa que luego mencionó en el recurso de
reposición que interpuso contra esa decisión, la determinación adoptada hubiera
cambiado.
56. Se colige, entonces, que al margen de la aplicabilidad y/o mención expresa al
Decreto 4828 de 2008, de la argumentación de la providencia se puede extraer
que el ad-quem no desconoció la falta de vinculación formal de la aseguradora al
procedimiento administrativo que antecedió a la declaratoria del siniestro ni la
obligatoriedad de garantizar el debido proceso; simplemente concluyó que esa
inobservancia no tuvo incidencia en el sentido de la Resolución demandada;
además, consideró que se garantizó a la accionante el derecho de defensa y
contradicción en sede administrativa, prueba de ello es que recurrió la Resolución
7384 de 22 de diciembre de 2009.
57. El razonamiento así expuesto no se muestra irracional, arbitrario o caprichoso.
Y, compártase o no, evidencia el análisis integral que efectuó la autoridad judicial
demandada, en el que consideró, no sólo el precepto transgredido, sino sus
efectos reales en el acto demandado. No sobra mencionar que la compañía
correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la
pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al
contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación en
las garantías otorgadas mediante póliza de seguro».
17
«Por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública».
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tutelante no explicó en esta acción constitucional las razones por las cuales
considera que el entendimiento realizado en la sentencia no resulta válido y tuvo el
alcance de vulnerar sus derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad, puntualmente, en la postura que se asumió,
según la cual la falta de pronunciamiento de la aseguradora antes de la expedición
del acto no tenía trascendencia en el acto enjuiciado.
58. En síntesis, el cargo por defecto sustantivo no cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues se centra en la discusión de una vulneración al
debido proceso en un procedimiento administrativo que culminó con una
resolución adversa a los intereses de la demandante, pero no presenta un
reproche que revele una determinación judicial arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales, contenida en la sentencia demandada.
59. Por razones similares, tampoco se reúne el requisito de relevancia
constitucional frente al cargo de desconocimiento del precedente, toda vez que los
argumentos en los que se funda no se acompasan con la decisión adoptada. Lo
anterior se explica en el hecho de que la premisa de la accionante, según la cual
la providencia sostuvo que no se le debía garantizar el debido proceso a la
aseguradora garante del amparo exigido, dista de lo que en realidad adujo la
sentencia cuestionada, esto es, que, en el caso concreto, pese a que antes de la
expedición del acto no se convocó a la Compañía Mundial de Seguros S.A., esa
irregularidad no tenía la fuerza de dejar sin efecto el acto demandado porque en
sede administrativa sí pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción y, en
todo caso, su alegato, aún si se hubiera expuesto con anterioridad, no hubiera
cambiado el sentido de la decisión.
60. En realidad, la supuesta desatención del precedente no se avizora porque las
providencias que se consideran desconocidas se refirieron al deber de garantizar
los derechos de contradicción y defensa de la aseguradora en la actuación
administrativa adelantada para hacer efectivo un amparo, pero no fijaron una regla
para la prosperidad de las pretensiones de nulidad en procesos de controversias
contractuales, cuando no se convoca a la aseguradora antes de la expedición del
acto que declaró la prosperidad del siniestro amparado, pese a que con
posterioridad ejerza su derecho de defensa y contradicción mediante los recursos
procedentes, en sede administrativa.
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61. Finalmente, el cargo por defecto fáctico también resulta improcedente, en la
medida en que las razones aducidas dan cuenta de que se está utilizando este
mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional al proceso
ordinario, para provocar una nueva valoración de la prueba y, en general, del caso
sometido a consideración de los jueces naturales.
62. La accionante aseguró que se dejaron de valorar los informes de interventoría
expedidos en 27 de enero de 2006, enero de 2007 y diciembre de 2008, así como
el dictamen pericial elaborado por el ingeniero Mario Francisco Cortés Vega, que,
según su dicho, daban cuenta de la correcta inversión del anticipo y permitían
arribar a una decisión diferente.
63. Al respecto, la Sala constata que la sentencia tuvo en cuenta el acta de
entrega y recibo final de la obra, suscrita el 14 de mayo de 2009, es decir, con
posterioridad a los informes que menciona la accionante, en la que expresamente
se dejó consignada la observación de la interventoría acerca que, del total
entregado por anticipo, «fueron amortizados cero pesos ($0)», así como el
testimonio rendido en el proceso por el supervisor del contrato, quien corroboró
que el contratista no había reintegrado las sumas del anticipo no amortizado ni
había otorgado los documentos necesarios para el cierre del anticipo, lo cual pudo
advertir al revisar los informes mensuales elaborados por la interventoría. También
se mencionó el requerimiento que se le hizo a la contratista en dicha acta para que
realizara el reintegro de los dineros del anticipo que no utilizó, solicitud que fue
reiterada mediante oficio 31813 de 24 de julio de 2009, e incluso se hizo alusión a
la solicitud que le elevó el interventor del contrato al Invías para que exigiera a la
aseguradora el pago del anticipo no amortizado, poniendo de presente que no
existía voluntad del contratista de devolver esos dineros.
64. Pues bien, en evidencia de lo anterior, se queda corta la argumentación
presentada en la demanda para asegurar la supuesta configuración de un defecto
fáctico, pues habiéndose valorado información reportada al culminar la obra
contratada, proveniente de la interventoría y del supervisor de la obra, de acuerdo
con la cual no se amortizó ningún porcentaje del anticipo entregado a la
contratista, le correspondía a la accionante mencionar y acreditar en la solicitud de
amparo de qué manera las pruebas que extraña, es decir, algunos informes de
interventoría elaborados en los años 2006, 2007 y 2008 y un dictamen pericial,
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dejaban sin valor o al menos contradecían la afirmación sostenida sobre la falta de
amortización del anticipo.
65. Debió ocuparse la interesada de explicar si dentro de la amplia
discrecionalidad con la que cuenta el juez al momento de valorar el material
probatorio y la libertad de formarse su propio convencimiento, conforme a la sana
crítica, a las circunstancias particulares del pleito y a la conducta procesal de las
partes, incurrió en una irregularidad en el juicio valorativo ostensible, flagrante y
manifiesta, de tal magnitud que incidió en el sentido de la decisión. Y es que no es
una exigencia para la correcta motivación de las sentencias que se haga mención
expresa a cada uno de los medios de convicción allegados al plenario; basta con
que la decisión se encuentre debidamente fundamentada en el análisis de las
pruebas relevantes al caso, esto es, aquellas necesarias para superar el estado de
incertidumbre que gravita en torno a la controversia planteada.
66. Llama la atención de la Sala la insistencia de la impugnante en asegurar que
se dio un correcto manejo al anticipo, cuando en el proceso se concluyó la falta
total de amortización, es decir, de utilización de esos dineros, conclusión a la que
arribó no sólo la autoridad judicial demandada, sino el Invías, tanto en la
resolución que declaró el siniestro que amparaba el buen manejo y correcta
inversión del anticipo, como en el acto que confirmó esa decisión.
67. La omisión que se pone de presente frente a la carga argumentativa del
defecto alegado revela que la finalidad de la tutelante no es demostrar la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, sino prolongar el debate que fue zanjado en
el proceso ordinario, relacionado con el uso del anticipo, por su inconformidad con
las resultas del proceso, mas no por una verdadera razón que apunte a la
violación de alguna garantía iusfundamental o a un razonamiento contraevidente
de la Subsección C de la Sección Tercera.
68. Lo expuesto resulta suficiente para confirmar la providencia impugnada, toda
vez que no se reúnen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03806-01
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
69. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 4 de septiembre de
2024, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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