Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2011-00324-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2011-00324-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-31-000-2011-00324-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
22 de mayo de 2024
Radicado: 52001-23-31-000-2011-00324-02 (60417)
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 52001-23-31-000-2011-00324-02 (60417)
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías
Referencia: Acción de controversias contractuales
Tema 1: Competencia del juez de segunda instancia.
Tema 2: Configuración de la violación del derecho al debido proceso administrativo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes en contra de la
sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño–Sala de Decisión del Sistema Escritural, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO
El INVÍAS y un consorcio celebraron contrato de obra para el diseño, reconstrucción,
pavimentación o repavimentación de una carretera en el departamento de Nariño. La
compañía aseguradora demandante amparó el cumplimiento de las obligaciones del
contrato, así como el buen manejo y la correcta inversión del anticipo. El INVÍAS, mediante
acto administrativo, declaró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo
porque, a su juicio, el consorcio contratista no lo amortizó ni reintegró al ente contratante.
La aseguradora que amparó este siniestro demandó el acto administrativo declarativo, entre
otras razones, porque no fue vinculada al procedimiento administrativo anterior a la
expedición de la resolución con la que fue declarado el siniestro cubierto con el amparo de
buen manejo y correcta inversión del anticipo —acto este que fue confirmado mediante
resolución que desató el recurso interpuesto por la aseguradora actora y por el Consorcio—
, proceder con el que, protesta, violó su derecho al debido proceso.
El Tribunal halló configurada la violación al debido proceso al considerar que, si bien fue
probada la convocatoria del contratista al procedimiento administrativo anterior a la
expedición de la resolución con la que fue declarado el siniestro cubierto con el amparo de
buen manejo y correcta inversión del anticipo, no fue acreditado el requerimiento previo a
la aseguradora.
El INVÍAS apeló el fallo porque, a su juicio, honró el debido procedimiento. Mientras que la
actora apeló porque el Tribunal, al pronunciar sobre la nulidad parcial de los actos, habría
proferido un fallo incongruente.
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), la sociedad Compañía Mundial de
Seguros S.A. (en adelante, CMS) 1 formuló demanda 2 en ejercicio de la acción de
controversias contractuales en contra del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), con la que
deprecó:
«1. Se declare y se deje sin efectos de hecho y en derecho, los [sic] efectos jurídicos
derivados de la Resolución Administrativa No. 07384 del 22 de Diciembre de 2009, como
consecuencia del ejercicio de la Acción Contractual (Art. 87 C.C.A.), (Anexo 2), proferida por
el Asesor de la Dirección General-Coordinador Plan 2500 del INVIAS […]
2. Se declare que es nula la Resolución Administrativa No. 03511 de 5 de Agosto de 2010,
confirmatoria de la Resolución Administrativa No. 07384 del 22 de Diciembre de 2009 (Anexo
3), proferida por el Asesor de la Dirección General Coordinador Plan 2500 […]
3. Que se declare que la Compañía Mundial de Seguros S.A. no esta llamada al pago de las
sumas de dinero exigidas por el INVIAS con cargo al amparo de ANTICIPO, en atención a
que el objeto de la Garantía Única de cumplimiento No. NA-0054437 expedida por MUNDIAL
DE SEGUROS S.A. y de acuerdo a las Condiciones Generales de la misma y según la
definición que se hace del amparo de anticipo, cláusula 1.2 del Clausulado General, el objeto
del amparo es: "Garantizar la CORRECTA INVERSIÓN del Anticipo"; sumas de dinero que
fueron correctamente invertidas por el Consorcio INECON-TE PUCALPA G-93 en la
adquisición de logística para la obra, pago de salarios y prestaciones sociales, compra y
alquiler de equipos, tal y como lo ha certificado la firma interventora CONSORCIO VIAS 2500
VCG-93.
4. Se declare, que en atención a que la Garantía Única de Cumplimiento No. N-A 0054437,
ostenta el carácter de accesoria frente al contrato principal, no está llamada mi representada
MUNDIAL DE SEGUROS S.A., a cancelar a INVIAS suma alguna de dinero con cargo al
Amparo de Anticipo, por estar correctamente invertido el mismo.
5. Que se declare que la Resolución Administrativa No. 07384 del 22 de Diciembre de 2009
y su confirmatoria la No.03511 del 5 de Agosto de 2010, son violatorias del debido proceso,
en atención a que fueron proferidas por fuera del Marco Legal y Constitucional establecido
en los artículos 29 de la Constitución Nacional, Decreto Reglamentario 4828 de 2008, por
no haber citado el INVIAS a Audiencia de Descargos a mi representada MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.
6. Se declare, la No Afectación del Contrato de Seguro contenido en la Garantía Única de
Cumplimiento No. NA -0054437, expedida por Mundial de Seguros S.A. en su amparo de
Anticipo, por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS MONEDA
CORRIENTE ($8.980.399.301), por violación al régimen del CONTRATO DE SEGURO
contemplado en el TITULO V Capítulo 1 del Libro 4, artículos 1060 y siguientes del Código
de Comercio, Y VIOLACIÓN AL Decreto Reglamentario 4828 de 2008 de la Ley 1150 de
2007, y al Art. 29 de la C.N., por no haber citado INVIAS a Audiencia de Descargos a mi
representada.
1 Certificado de existencia y representación expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia del 8 de abril de
2011: f. 40, c. 2.
2 F. 1-37, c. 2.
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
7. Se declare que mi representada Mundial de Seguros S.A., por haberse iniciado el riesgo
antes de iniciar su vigencia la Garantía Única No. NA0054437, el asegurador NO está
llamada a responder por suma alguna de dinero. (Art.1073 C.Co.)
8. Que se declare que ha operado la Prescripción del Contrato de Seguro contenido en la
Garantía Única de Cumplimiento No. NA-054437, en atención a haberse hecho parte el
Instituto Nacional de Vías —INVIAS-, en el Proceso de Reestructuración de la firma
INECONTE S.A., sin tener en cuenta que el Contrato de Obra No. 1827 de 2005, fue
adjudicado al CONSORCIO INECON-TE PUCALPA G-93, pasando por alto INVIAS, que el
consorcio era un ente jurídico integrado por varias firmas, no pudiendo olvidar cual era la
responsabilidad que competía al otro consorciado PUCALPA G-93, permitiendo la
PRESCRIPCION DEL CONTRATO DE SEGURO. (Art. 1081 C.CO.).
9. Se declare por parte del Despacho, que al ser hoy el Instituto Nacional de Vías —INVIAS-
parte del Proceso de Liquidación Judicial Obligatoria que cursa en la Superintendencia de
Sociedades, radicado bajo el Número 28173 de la Sociedad INGENIEROS
CONSTRUCTORES TECNOLOGIAS Y EQUIPOS S.A. INECONTE S.A. (Hoy en
Liquidación Judicial), y debidamente reconocido INVIAS como acreedor en 50. Grado-, en la
suma de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.980.399.301), como
consecuencia, carece de sustento legal, la exigencia que hace a mi representada MUNDIAL
DE SEGUROS S.A., del reintegro de las mismas sumas de dinero. […]
10. Se declare que las Resoluciones Administrativas No.03511 del 05 de Agosto de 2010
confirmatoria de la No. 07384 del 22 de Diciembre de 2009, son nulas al tenor del Art. 84 del
Código Contencioso Administrativo por haber violado el Derecho de defensa de mi
representada, por no haber liquidado el Contrato de Obra No.1827 de 2005, pretender la
exigibilidad de obligaciones no amparadas por el asegurador, y por haber liberado a uno de
los consorciados de la responsabilidad que le competía como contratista.
11. Se declare y ordene por el Despacho, la actualización de la condena en los términos del
Art. 178 del C.C.A., dando aplicación a la siguiente forma:
R = RH ÍNDICE FINAL (último para cuando se dicte sentencia en firme)
ÍNDICE INICIAL (fecha del primer acto acusado: 22 de Diciembre de 2009)
12. Se ordene por el Despacho, en caso de que INVIAS llegue a recaudar _ forzadamente
las sumas objeto de esta demanda, su devolución más los intereses moratorios
correspondientes a la tasa más alta permitida por ley, a favor de mi representada».
(Subrayas, mayúsculas y negrillas originales de la demanda).
2.1.2. La parte demandante refirió, como fundamento de sus pretensiones los siguientes
hechos:
2.1.2.1. Que el cuatro (4) de octubre de dos mil cinco (2005), el Consorcio INECONTE–
PUCALPA G-93 (en adelante, el Consorcio) y el INVÍAS celebraron el contrato de obra núm.
1827, con el objeto de adelantar el “DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN,
Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GRUPO 93, EN EL TRAMO 1 BARBACOAS-JUNÍN
CON UNA LONGITUD DE 25.00 KILMETROS [sic] EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”;
con: un precio de veintitrés mil trescientos diecinueve millones ciento ochenta y tres mil
ciento noventa y tres pesos ($23.319.189.193,00), y un plazo inicialmente pactado de
veintitrés (23) meses contados desde la orden de su iniciación, pero que durante su
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
ejecución se extendió hasta completar cuatrocientos noventa y dos (492) días; y un anticipo
de once mil trescientos treinta millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y
cinco pesos ($11.330.364.195,00).
2.1.2.2. Que el cumplimiento de las obligaciones del contrato fue garantizado con la póliza
núm. N-A0054437, expedida por CMS. Amparó con esta póliza el buen manejo y correcta
inversión del anticipo por una suma igual a la del anticipo pactado.
2.1.2.3. Que, en la ejecución del contrato, se modificó varias veces la forma de entrega del
anticipo, y en todas ellas tanto la interventoría como la supervisión del contrato validaron
que el Consorcio efectuó una correcta inversión y buen manejo del anticipo.
2.1.2.4. Que, no obstante, el INVÍAS profirió la Resolución 07384 del veintidós (22) de
diciembre de dos mil nueve (2009), en la que declaró la ocurrencia del siniestro de buen
manejo y correcta inversión del anticipo, sin considerar el criterio de la interventoría. En
razón a ello, ordenó a la aseguradora devolver la suma de ocho mil novecientos ochenta y
nueve millones trescientos noventa y nueve mil trescientos un peso ($8.989.399.301); acto
que, a juicio de la actora, desconoció que el contratista hizo un buen manejo y correcta
inversión de los dineros que le fueron entregados como anticipo.
2.1.2.5. Que, de todos modos, la cuantía del perjuicio es menor a la liquidada por la entidad
demandada, tomando en cuenta el valor girado y consignado efectivamente por el
contratista.
2.1.2.6. Que, si en gracia de discusión, se hubiera realizado un manejo e inversión
inadecuados de los recursos del anticipo, la facultad administrativa para actuar contra la
aseguradora sólo podría ejercerse:
“[…] una vez agotado el debido proceso y garantizado el Derecho de Defensa y
Contradicción, como requisitos previos a proferir la declaratoria de siniestro de Anticipo a
través de Audiencia de Descargos, requisito que no fue cumplido por el [INVÍAS]. Pudiendo
concluir que para la declaración y efectividad del siniestro de anticipo deberá darse pleno
cumplimiento a las formas previas establecidas para cada procedimiento garantizando el
debido proceso frente al tercero garante de buena fe; y previa liquidación del contrato que
en últimas es la que determinará si hay lugar o no a la afectación del amparo de anticipo,
pues es en este momento donde se establecen las sumas que cada una de las partes, que
participan en el negocio jurídico, sale a deber a la otra”.
2.1.3. Así las cosas, la aseguradora demandante acusa los actos administrativos de haber
incurrido en violación de normas superiores, desconocimiento del principio de congruencia,
falsa motivación y vulneración del debido proceso.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011), el Tribunal admitió la demanda y
ordenó notificar la decisión a la entidad demandada y al agente del Ministerio Público 3.
3 F. 517-520, c. 2.
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2.2.2. INVÍAS contestó la demanda 4 , oponiéndose a la prosperidad de todas las
pretensiones formuladas por CMS.
2.2.3. Las partes presentaron alegatos de conclusión en primera instancia 5. Así mismo, la
Procuraduría 156 Judicial Administrativa II ante el Tribunal Administrativo de Nariño rindió
concepto en el que sugirió acceder a las pretensiones de la demanda6.
2.3. Sentencia de primera instancia y aclaración de fallo
El Tribunal, a través de sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017) 7,
resolvió:
“PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 07384 de 22 de diciembre de
2009 por la cual, el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro en el Amparo del Buen Manejo
y Correcta Inversión del Anticipo del contrato de obra No. 1827 el 4 de octubre de 2005,
celebrado entre el consorcio INECONTE - PUCALPA G-93 integrado por la constructora
INECONTE S.A. Y PUCALPA CONSTRUCCIONES LTDA y de la Resolución No. 03511
de 5 de agosto de 2010, por la cual, el INVIAS resolvió el recurso de reposición interpuesto
por la Compañía Mundial de Seguros S.A. contra la declaratoria de ocurrencia del siniestro,
confirmándola en su integridad, en lo que respecta a hacer efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantía única expedida por la Compañía de Seguros Mundial de
Seguros, como respaldo del Contrato de obra No. 1827 del 4 de octubre de 2005 por las
razones que quedaron expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, se dispone que la Compañía Mundial de Seguros S.A. no
debe pagar suma alguna al INVIAS por concepto de ocurrencia del riesgo en el amparo del
buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 1827 el 4 de octubre
de 2005, derivado de la declaratoria del siniestro que en esta providencia se anula.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”
2.3.1. Consideró el Tribunal, que la entidad demandada violó el debido proceso de la
sociedad aseguradora, toda vez que no acató las reglas encaminadas a su correcta
vinculación al procedimiento administrativo, y en su lugar:
“[…] se limitó a adelantar dos trámites, el primero relacionado con el incumplimiento del
contratista que culminó con la imposición de una multa, decisión que luego fue revocada y
por otro lado, aquel cuyo objeto especifico fue la declaratoria de ocurrencia del siniestro
relacionado con el anticipo, para el cual, simplemente dice haber comunicado a la
aseguradora el monto no amortizado, pero en ningún momento la convocó a hacerse parte
del trámite, le precisó los cargos o la forma en que se determinó la cantidad por la cual
finalmente fue llamada a responder como garante del riesgo y para efectos de la decisión
tuvo como soporte principal, el acta de recibo definitivo de la obra en la que señaló
cantidades y determinó responsabilidades, documento que fue elaborado en una reunión a
la que la aseguradora no fue citada y tampoco existe prueba según la cual, se le haya dado
a conocer”.
4 F. 562-576, c. 3
5 CMS: f. 1137-1183, c. 1; INVÍAS: F. 1183-1189, c. 1.
6 F. 1191-1229, c. 1.
7 F. 1278-1295, c. ppal.
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En ese sentido, consideró que la entidad demandada pareció confundir las
“comunicaciones, oficios, citaciones y demás dirigidos al contratista de aquellos que se
dirigen a la aseguradora”, sin tener claro que ambos sujetos eran distintos “en lo que
respecta al contrato, las obligaciones adquiridas y las responsabilidades que les son
adjudicables”. Por lo tanto, “no puede suplirse lo omitido con la aseguradora con las
actuaciones que se adelantaron frente al suscriptor del contrato”.
Por otra parte, el a quo precisó que los actos administrativos demandados también son
diferentes, aunque tengan una causa común (el contrato y la conducta del contratista) ya
que uno está relacionado con el incumplimiento del contrato, mientras que en otro se
declaró el siniestro del manejo del anticipo, de suerte que:
“[…] no es posible justificar la declaratoria de siniestro en los requerimientos que se hubiesen
hecho al contratista y a la aseguradora exclusivamente dirigidos a la expedición de la
Resolución Administrativa No. 2431, por la cual, el INVIAS declarar [sic] el incumplimiento
parcial del contrato, menos aún cuando la póliza establece diferentes rubros o riesgos a
cubrir y entre ellos, distingue el del anticipo de otros más generales relativos al
incumplimiento del contratista”.
2.3.2. La parte actora solicitó la aclaración del fallo de primera instancia8 porque, en su
parecer, por un error mecanográfico el Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos
demandados. En auto del dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017)[9], el Tribunal
negó la aclaración, al considerar que «[…] la nulidad tuvo el carácter de “parcial” y no de
total por la simple razón de que las resoluciones acusadas involucran responsabilidades o
adoptan decisiones respecto del contratista quien no es parte dentro de este asunto».
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. El diez (10) de junio de dos mil diecisiete (2017), el INVÍAS apeló la sentencia de
primera instancia, la cual censuró porque, a juicio suyo:
2.4.1.1. Están demostradas “la existencia y la cuantía del siniestro” con la relación de pagos
emitida por tesorería, y el acta de entrega y recibo definitivo de obra, que brindan los
elementos de juicio necesarios para determinar:
“[…] la existencia y magnitud del daño causado por el contratista que ha incumplido con el
manejo y buena inversión del anticipo, dado que uno de los caracteres especiales del
anticipo es la amortización que debe registrarse del mismo, a medida que el
contratista vaya desarrollando el objeto contractual y generando créditos a su favor”.
(Negrillas originales del recurso).
En ese orden de ideas, critica el fallo, porque no “dio el valor probatorio conducente a las
pruebas documentales aportadas por el INVIAS ni a las testimoniales recaudadas dentro
del proceso, que dan fe del incumplimiento” del contratista.
8 F. 1298-1299, c. ppal.
9 F. 1323-1325, c. ppal.
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2.4.1.2. Invías no violó el debido proceso ya que, antes de declarar el siniestro, efectuó
“varios requerimientos, al Contratista y a su garante”, contenidos en varias
comunicaciones10; y siguió los procedimientos legales y reglamentarios aplicables a ese
tipo de actuaciones.
2.4.1.3. Además, su actuación se fundó en la “prerrogativa especial con la que cuenta el
estado para actuar por sí misma [sic] en forma directa”, en “aspectos de orden técnico que
tienen que ver con la función del objeto contratado, por parte de la interventoría” del
contrato. Agregó que la pretensión de la demandante no tiene sustento, porque el siniestro
fue declarado con base en hechos que tuvieron lugar durante la vigencia de la póliza.
2.4.2. Por su parte, CMS presentó recurso de apelación 11 , posteriormente
complementado12, contra el fallo de primera instancia, el cuatro (4) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017), porque —aduce— al declarar la nulidad parcial de los actos
demandados, el fallo incurrió en dos errores: (i) expedir un fallo “extra petita” porque el “a
quo” carecía de facultades “para hacer exigible a la Aseguradora […] el Amparo de
Cumplimiento de la Garantía Única NA-0054437”, cuando en el asunto lo que estaba en
discusión era el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y; (ii) confundir
dicho amparo con el de cumplimiento.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
2.5.1. El siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el Despacho sustanciador admitió
los recursos de apelación 13. Empero, en la decisión que corrió traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia, del trece (13) de abril de dos mil dieciocho (2018), el
magistrado sustanciador consideró oportuno aclarar que la impugnación de la actora estaba
dirigida contra la sentencia de primera instancia, no contra el auto denegatorio de la solicitud
de aclaración del fallo14.
2.5.3. En la etapa para alegar de conclusión en segunda instancia, la parte demandada
guardó silencio. Mientras que la actora15 se opuso a las aserciones de la apelación de su
contraparte, insistió en los argumentos de su recurso para cuestionar la declaración de
nulidad parcial, inserta en el numeral primero de la parte motiva de la sentencia; y defendió
lo decidido en el numeral segundo, que declaró que CMS no tenía la obligación de pagar
suma alguna en virtud del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
2.5.4. En su concepto16, el Procurador Primero Delegado ante esta Corporación solicitó la
confirmación de la sentencia de primera instancia, con respaldo a sus consideraciones.
10 Invoca las “comunicaciones SGT-a 31813 del 24 de julio de 2009, SGT-a 32931 del 31 de julio de 2009 y SGT-A 38519
del 4 de septiembre de 2009”.
11 F. 1330-1331, c. ppal.
12 F. 1332-1333, c. ppal.
13 F. 1342, c. ppal.
14 F. 1344-1345, c. ppal.
15 F. 1346-1354, c. ppal.
16 F. 1368-1379, c. ppal.
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III. PROBLEMAS JURÍDICOS Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
3.1. De acuerdo con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), “el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia
de primer grado y la revoque o la reforme”. Este recurso puede ser interpuesto por la parte
a quien le haya sido desfavorable la providencia (ejusdem), a quien le asiste la carga de
sustentarlo (parágrafo 1°, artículo 325, CPC), con argumentos que rebatan las
consideraciones del juzgador a quo, los cuales definen la competencia del de segundo
grado (artículo 357, CPC), como lo ha determinado la jurisprudencia unificada de esta
Sección17.
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones de la sentencia recurrida y los cargos
de las apelaciones interpuesta, deberán solucionarse en esta instancia estos problemas
jurídicos:
3.1.1. ¿Al declarar el siniestro de manejo del anticipo, en ejercicio de la prerrogativa
que le asiste, el INVÍAS violó el debido proceso porque, pese a que le hizo saber a
la aseguradora la existencia de incumplimientos de la contratista, no le comunicó que
se adelantaba el trámite de declaración del siniestro por el amparo de buen manejo
y correcta inversión del anticipo, e intentó vincularla a un trámite de declaración de
un siniestro distinto?
3.1.2. ¿Al anular parcialmente el acto que declaró la efectividad de la garantía única
de cumplimiento, el Tribunal profirió un fallo incongruente, porque, en este proceso,
fue demandada la decisión de declarar unilateralmente el siniestro de buen manejo
y correcta inversión del anticipo?
3.2. Los interrogantes planteados serán resueltos a partir del régimen jurídico sustancial
desarrollado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, vigente
para la fecha de celebración del contrato, del cuatro (4) de octubre de dos mil cinco (2005),
esto es, la Ley 80 de 1993 y las normas que para esa fecha la hubieran modificado o
reglamentado, debido a que la entidad pública contratante es un establecimiento público
del orden nacional18 cuya actividad contractual está regida por dicha normatividad19.
IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
17 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, exp. 46005.
18 DECRETO 2171 DE 1992: “Artículo 52. Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías,
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito
al Ministerio de Transporte.”
19 Ley 80 de 1993 – Artículos 1 y 2 numeral 1, literal a): “ARTÍCULO 1o. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto
disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. // ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN
DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan
entidades estatales: // a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las
que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.”
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PROBLEMAS ENUNCIADOS20
4.1. El pliego de condiciones21 de la licitación pública núm. DG-194-2004 de enero de 2005,
denominada “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL – PLAN 2500”, tuvo por objeto la celebración de contratos en
los que se pactaría el “DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O
REPAVIMENTACIÓN DE 2596 KM. DE VÍA, AGRUPADOS EN 100 GRUPOS DE TRAMOS
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO”. Entre los grupos de los tramos en los que serían
ejecutadas las obras que tenía por objeto la licitación, el núm. 93 correspondía a la vía entre
los municipios de Barbacoas y Junín, en el departamento de Nariño, con una longitud de
25,00 km.
De este documento, resulta pertinente para el análisis de la problemática jurídica de esta
instancia citar las disposiciones referentes a la garantía única de cumplimiento (5.5) y al
anticipo en los contratos (5.21), ambas incluidas en el capítulo V del pliego, sobre las
condiciones del contrato:
“5.5. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 007001 del 18 de noviembre de
1997, emanada de la Dirección General del Instituto, el contratista se obliga a constituir, a
favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en una
garantía bancaria o en una póliza de seguro, que ampare:
a) El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le
impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con
una vigencia igual al plazo del mismo y cinco (5) meses más.
b) Calidad de los estudios y diseños, por una cuantía equivalente al uno por ciento (1%) del
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y cinco meses más.
c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el
contratista haya de utilizar para la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y
tres (3) años más.
d) La estabilidad de la obra ejecutada, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor final de la obra y con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
recibo definitivo de cada uno de los tramos de vía.
[…] 5.22 ANTICIPO
El Instituto Nacional de Vías concederá al Contratista un anticipo equivalente a un porcentaje
del Valor Total de la Propuesta, de acuerdo a los siguientes parámetros:
20 Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo señalado por la jurisprudencia unificada de la
Corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Sala Plena. Sentencia
del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
21 F. 71-142, c. 2.
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Quince por ciento (15%) para los Grupos de Tramos con presupuesto oficial inferior a diez
mil (10,000) millones de pesos.
Doce punto cinco por ciento (12.5%) para los Grupos de Tramos con presupuestos que
oscilen entre diez mil uno (10,001) y veinticinco mil (25,000) millones de pesos.
Diez por ciento (10%) para los Grupos de tramos con presupuesto oficial superior a
veinticinco mil un (25,001) millones de pesos.
El valor de dicho anticipo se comenzará a amortizar en el doble del porcentaje del anticipo
en cada Acta de Obra por Hito, una vez se hayan entregado al menos la mitad de los Hitos
proyectados a ejecutarse”.
4.2. El cuatro (4) de octubre de dos mil cinco (2005), el INVÍAS y el Consorcio suscribieron
el contrato 22 núm. 1827, con el objeto de realizar el “DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN,
PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GRUPO 93 EN EL TRAMO 1
BARBACOAS – JUNIN CON UNA LONGITUD DE 25 KILOMETROS EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, con un precio de veintitrés mil trescientos diecinueve
millones ciento ochenta y tres mil ciento noventa y tres pesos ($23.319’183.193,00).
Inicialmente fue estipulado un plazo de ejecución de veintitrés (23) meses, contados a partir
de la fecha de la orden de iniciación.
4.2.1. En la cláusula octava pactaron el pago del anticipo, así:
«CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO concederá al CONTRATISTA
previa solicitud, un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, sujeto
a la disponibilidad del Plan Anual de Caja — PAC, para lo cual, el Secretario General Técnico
del INSTITUTO debe autorizar el pago en el formato ”Ordenación del Pago" establecido para
tales efectos, que se radicará para el trámite con sus respectivos anexos. Los dineros del
anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del contrato y para los gastos
propios del respectivo contrato. Se establece como fecha de entrega del anticipo, la de la
consignación en la cuenta conjunta respectiva. La constitución y aprobación de la garantía
son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo. Si durante la ejecución
del contrato el INSTITUTO, considera procedente otorgar un porcentaje de anticipo mayor
al establecido en la presente cláusula, podrá autorizarlo previa solicitud del CONTRATISTA
y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Entidad, incluida la modificación de la
garantía correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DE LA CUENTA
BANCARIA. Los recursos entregados al CONTRATISTA se manejarán en cuenta corriente
conjunta separada a nombre del CONTRATISTA y de la Entidad de conformidad con lo
establecido en el en el Artículo 7°, del Decreto 2170 de 2002. PARAGRAFO SEGUNDO:
AMORTIZACION. El valor de dicho anticipo se comenzará a amortizar en el doble del
porcentaje del anticipo en cada de Obra por hito, una vez hayan entregado al menos la mitad
de los hitos proyectados a ejecutarse. PARÁGRAFO TERCERO: La iniciación de las obras
o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas,
en ningún caso, al recibo del anticipo».
4.2.2. En la cláusula décima novena, convinieron la obligación de establecer garantía única
de cumplimiento, en estos términos:
22 F. 144-155, c. 2.
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“CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIA UNICA. Para cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento a El CONTRATISTA se compromete a constituir, a favor del
INSTITUTO, una póliza expedida por Compañía de Seguros autorizada para funcionar en
Colombia o garantía bancaria que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del
contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por el equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y
cinco (5) meses más. b) Amparo del buen manejo correcta inversión del anticipo
otorgado al CONTRATISTA) por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL
CONTRATISTA reciba por este concepto y con una vigencia igual al plazo del contrato y
cinco (5) meses más. c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de las obras, por el
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo del mismo y tres (3) años más. d) Calidad de los Estudios y Diseños, por una cuantía
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del
contrato y cinco (5) meses más. e) La estabilidad de las obras ejecutadas, por el
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia de cinco (5)
años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo las obras a satisfacción
del INSTITUTO. La garantía única deberá constituirse dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de suscripción del presente contrato y requerirá la aprobación de la Oficina
Asesora Jurídica del INSTITUTO”.
4.2.3. Según la cláusula vigésima cuarta, el contrato debía liquidarse “de acuerdo con lo
establecido en la Ley 80 de 1993”. El término para adelantar la liquidación de mutuo acuerdo
se computaría a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al vencimiento de la ejecución contractual.
Si luego de ese lapso no se llegaba a ningún acuerdo, el INVÍAS procedería a realizar la
liquidación de forma unilateral, mediante “resolución motivada”.
4.3. Durante la ejecución del contrato, a partir de la orden de inicio impartida por el INVÍAS
el veintidós (22) de noviembre de dos mil cinco (2005) 23 , las partes suscribieron las
siguientes modificaciones y adiciones:
F. Núm. Objeto
203-204, c. 2 Modificación del contrato Adición del anticipo del contrato “en
del 9 de diciembre de 2005 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS
PESOS M/CTE, resultando un anticipo total
sobre el valor básico del contrato de
($5.073.688.290,00) CINCO MIL SETENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
PESOS”.
169-170, c. 2. Modificación del contrato Modificación del último inciso de la cláusula
del 21 de enero de 2006 cuarta del contrato, referida a la duración de
las etapas de estudios y diseños, y de
construcción, que quedó estipulada así:
“TRES (3) meses para la ETAPA DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS y hasta VEINTE (20)
meses para la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”.
206-207, c. 2. Modificación núm. 3 del Aumento del monto del anticipo “en
contrato del 19 de mayo de ($3.006.675.905) TRES MIL SEIS MILLONES
2006. SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
23 Oficio 043411 del 22 de noviembre de 2005: f. 297, c. 2.
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NOVECIENTOS CINCO PESOS MONEDA
CORRIENTE […] resultando un anticipo total
sobre el valor básico del contrato de
($8.080.364.195,oo) OCHO MIL OCHENTA
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
PESOS MONEDA CORRIENTE”.
171-173, c. 2 Modificación núm. 4 del 31 Cambio del literal b) de la cláusula séptima del
de agosto de 2007 contrato, referida a la forma de pago de la obra
ejecutada.
160-162, c. 2. Adicional núm. 1 al contrato Prórroga por setenta (70) días. Fecha
del 22 de octubre de 2007 estimada de vencimiento del plazo: 31 de
diciembre de 2007.
156-159, c. 2. Adicional núm. 2 al contrato Prórroga por ciento veinte (120) días. Fecha
del 28 de diciembre de 2007 estimada de vencimiento del plazo: 29 de abril
de 2008.
163-165, c. 2. Adicional núm. 3 al contrato Prórroga del plazo por tres (3) meses
del 29 de abril de 2008 calendario. Fecha estimada del vencimiento
del plazo: 29 de julio de 2008.
166-168, c. 2. Adicional núm. 4 al contrato Prórroga del plazo por ciento veintidós (122)
del 31 de julio de 2008 días. Fecha estimada del vencimiento del
plazo: 1 de diciembre de 2008.
209-211, c. 2. Modificación núm. 5 al Aumento del anticipo en “TRES MIL
contrato DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
($3.250’000.000.oo) M/CTE resultando un
anticipo total sobre el valor básico del Contrato
de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
PESOS ($11.330.364.195,oo) monto que no
supera la prohibición legal de no conceder
anticipos en cuantía superior al 50% del valor
básico del contrato.”
4.4. De otra parte, el plazo contractual fue suspendido en cuatro ocasiones:
F. Núm. Tiempo de suspensión
353-355, c. 2 1 del 28 de julio de 2008 Dos (2) días
350-352, c. 2 2 del 28 de noviembre de 2008 Un (1) mes y diecisiete (17)
días
347-349, c. 2 3 del 20 de diciembre de 2008 Veintiocho (28) días
344-346, c. 2 4 del 18 de enero de 2009 Ocho (8) días
4.5. De acuerdo con la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de entidades
estatales núm. N-A00054437, CMS se obligó a asegurar los siguientes amparos del
contrato núm. 1827 de 2005: (i) cumplimiento del contrato; (ii) buen manejo del anticipo;
(iii) pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales; (iv) calidad y (v) estabilidad
de la obra. Esta póliza fue modificada en varias ocasiones, de acuerdo con las
estipulaciones que variaron las cláusulas contractuales24:
4.5.1. En particular, el diecinueve (19) de mayo de dos mil seis (2006), CMS expidió el
certificado N-A0113814 en la que consta25 el aumento de la suma asegurada con el amparo
de buen manejo del anticipo, en virtud de la modificación núm. 3 del contrato, por el monto
24 F. 175-185, c. 2.
25 F. 175, c 2.
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del anticipo en esta pactada: ocho mil ochenta millones trescientos sesenta y cuatro mil
ciento noventa y cinco pesos ($8.080.364.195,00).
4.5.2. Así mismo, el veintiséis (26) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante anexos
núm. Veintiuno (21) y veintidós (22) de la póliza26, la suma asegurada con el amparo del
buen manejo del anticipo se incrementó a once mil trescientos treinta millones trescientos
sesenta y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos ($11.330’364.195,00), correspondiente
al monto del anticipo pactado en la modificación núm. Cinco (5) del contrato.
4.5.3. En las condiciones generales de la póliza expedida por CMS27, se especifica que el
amparo de “BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO” cubría “A LAS
ENTIDADES ESTATALES CONTRATANTES CONTRA EL USO O APROPIACIÓN
INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE
HAYAN ANTICIPADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”.
4.5.4. Mientras que, de acuerdo con las condiciones generales de la póliza, el amparo de
“CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” cubría a la entidad de “LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO. ESTE AMPARO
COMPRENDE LAS MULTAS Y EL VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL QUE SE HAGA
EFECTIVA”.
4.6. El catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009), las partes y la interventoría del
contrato suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de la obra28 objeto del contrato
núm. 1827 del 2005, en la que consignaron que el contratista “no presentó documentos
necesarios para el cierre de anticipo, informes, soportes de facturas de pago, extractos
Bancarios, etc.”.
4.6.1. Así mismo, fue plasmada la observación de la interventoría en el sentido de que no
“se cumplió con la inversión de los recursos del contrato para ejecutar la meta física del
proyecto”, y que del monto total entregado por anticipo, once mil trescientos treinta millones
trescientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos ($11.330.364.195), fueron
amortizados cero pesos ($0):
4.6.2. En el acta fue plasmada la solicitud al contratista de efectuar “el reintegro inmediato
de los recursos del anticipo que se encuentran en la cuenta de manejo conjunto con la
26 F. 184-185, c. 2.
27 F. 286-289, c. 2.
28 F. 930-935, c. 1.
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interventoría”, y de los recursos del anticipo que “aún no han sido amortizado(s) por parte
del contratista, descontando el valor de las obras ejecutadas sin facturar”.
4.7. Mediante oficio 31813 del veinticuatro (24) de julio de dos mil nueve (2009)[29], el
INVÍAS le comunicó al Consorcio contratista lo siguiente:
“De acuerdo con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra suscrita el día 14 de Mayo
de 2009, se menciona que durante la ejecución del contrato de la referencia, le fue otorgado
un anticipo por valor de Once Mil Trescientos Treinta Millones Trescientos Sesenta y Cuatro
Mil Ciento Noventa y Cinco ($11.330.364.195), el cual a la fecha no ha sido amortizado.
Como dicho contrato venció el pasado 27 de Abril de 2009, solicito a usted que en plazo de
tres (3) días contados a partir del recibo de la presente comunicación, se sirva devolver al
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS el valor del saldo del anticipo otorgado no amortizado por
valor de Once Mil Trescientos Treinta Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento
Noventa y Cinco ($11.330.364.195), por otra parte le solicito el reembolso del saldo del
anticipo no ejecutado que tiene en la cuenta de manejo conjunto con la Interventoría a la
Cuenta Corriente […] a nombre del Instituto Nacional de Vías […]” (mayúsculas propias del
oficio).
4.8. El Consorcio Vías 2.500 VCG-93, que fungía como interventor del contrato, solicitó30
al INVÍAS exigir a la aseguradora CMS el pago del siniestro por la suma de “ocho mil ciento
setenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos
($8.173’846.235), teniendo en cuenta que solo le corresponde al contratista el impuesto del
5% sobre el valor ejecutado y no sobre el total del anticipo concedido, y que hay obras por
facturar por parte del contratista, por valor de $682.034.753, para amortizar el anticipo”.
Además, advirtió que no existía la “voluntad del contratista” de devolver el anticipo, “como
lo ha expresado en las reuniones previas y sostenidas ante la superintendencia de
sociedades”.
4.9. El treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009), mediante oficio C-A-028-117-2009[31],
el interventor del contrato allegó al INVÍAS el “original de la consignación […] del saldo del
anticipo no ejecutado, del contrato [1827 de 2005] […] por valor de DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.349.964.894)”.
4.10. Mediante la resolución núm. 7384 del veintidós (22) de diciembre de dos mil
nueve (2009), el INVÍAS declaró el “siniestro del anticipo del Contrato de Obra No. 1827 de
2005”32.
4.10.1. Además del recuento de las modificaciones relacionadas con el monto del anticipo,
y con el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo contenido en la póliza
expedida por CMS, en el acto, el INVÍAS plasmó como motivos fácticos de la decisión:
29 Archivo en formato .pdf: “PDF INV No cuenta, consigna, sol siniestro”, en CD: F. 708, c. 3, carpeta “audiencia”.
30 Documento sin fecha en archivo “PDF INV No cuenta, consigna, sol siniestro”, en CD: F. 708, c. 3, carpeta “audiencia”.
31 Ibid.
32 F. 42-48, c. 2.
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“Que el valor del anticipo no fue amortizado como lo establece el Contrato de Obra No. 1827
de 2005 en el parágrafo segundo de la cláusula Octava, por lo cual a través de los
comunicados radicado INVÍAS No. 23972 del 22 de Abril de 2009, y 247-93-INV-0063
radicado INVIAS No. 24939 del 24 de Abril de 2009, la firma interventora y la Consultoría de
Apoyo a la Gestión Zona 5 respectivamente, solicitaron al INSTITUTO se adelantaran las
acciones pertinentes para el cobro del anticipo dejado de amortizar por parte del Contratista.
Que estando vigente la garantía única en el amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, el Instituto Nacional de Vías mediante el oficio SGT-a 31813 del 24 de Julio de
2009, solicitó al Contratista efectuar la devolución del anticipo sin amortizar, correspondiente
a la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($11.330.364.195,00) MONEDA
CORRIENTE.
Que mediante el oficio SGT-a 32921 del 31 de Julio de 2009, el INSTITUTO informó a la
Compañía Garante del Contrato de Obra sobre el saldo dejado de amortizar por parte del
Consorcio adjuntando copia de la comunicación SGT-a 31813 del 24 de Julio de 2009
dirigida a éste último. Así mismo, mediante el oficio SGT-a 38519 del 4 de Septiembre de
2009 se reiteró la información a la Compañía de seguros sobre la situación respecto al saldo
dejado de amortizar por parte del Contratista.
Que ni el CONSORCIO INECONTE – PUCALPA G-93, ni la Compañía Aseguradora Mundial
de Seguros garante del contrato de obra, se pronunciaron al respecto.
Que mediante Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra del 14 de Mayo de 2009 suscrita
por el Representante del CONSORCIO […] el Representante de la Interventoría
CONSORCIO VÍAS 2500 VCG-93, la Representante de la Consultoría de Apoyo a la Gestión
Zona COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A., el Supervisor del Proyecto y el
Asesor […] Coordinador Plan 2500, se deja constancia que el contratista dejó de amortizar
el anticipo por un valor de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($11.330.364.195,00)
MONEDA CORRIENTE.
Que mediante relación de pagos expedida por el Área de Tesorería del [INVIAS] se
determinó el anticipo no amortizado del Contrato […] por la suma de ONCE MIL
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO PESOS ($11.330.364.195,00) MONEDA CORRIENTE, así mismo
señala que se efectuó un reintegro por el valor de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES NOVENCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.349.964.894,00) MONEDA CORRIENTE.
Que mediante comprobante genérico de ingresos No. 10525 del 4 de agosto de 2009 se
estableció como reintegro del valor del anticipo no amortizado del Contrato […] la suma de
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.349.964.894,00)
MONEDA CORRIENTE.
[…] Por lo anterior, el saldo del valor total del anticipo dejado de amortizar debe ser
cancelado por el contratista o reconocido con cargo al amparo de buen manejo del anticipó
de la Garantía Única de Cumplimiento No. N-A 0054437 otorgada por [CMS], toda vez que
con las presentes declaraciones se constituye el siniestro por hechos acaecidos durante la
vigencia de la póliza”.
4.10.2. En consecuencia, el acto resolvió declarar la ocurrencia del “siniestro cubierto por
el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato”, y estableció que
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el contratista debía cancelar la suma de “OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
MILLONES TRECIENTOS [sic] NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS [sic] UN PESOS
($8.980.399.301) MONEDA CORRIENTE”, en la cuenta que ordenara el INVÍAS, dentro del
plazo de 10 días siguientes a la ejecutoria del acto, y agregó que
“[…] si no fuere posible la descontará de los saldos pendientes que el INSTITUTO le adeude
al contratista o haciendo efectiva la Garantía Única de Cumplimiento a favor de entidades
estatales No. N-A 0054437 y sus anexos modificatorios a través del amparo del anticipo y
como consecuencia de lo anterior y en caso de permanecer saldos insolutos, ordenar hacer
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantías Única antes mencionada por [CMS],
como respaldo del cumplimiento del contrato estatal en cuestión”.
4.11. Por medio de la resolución núm. 3511 del cinco (5) de agosto de dos mil diez
(2010)[33 ], el INVÍAS resolvió los recursos de reposición interpuestos por el Consorcio
contratista y CMS en contra de la decisión declarativa del siniestro de buen manejo y
correcta inversión del anticipo, confirmándola en todas sus partes.
4.11.1. En relación con el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, el INVÍAS
respondió del siguiente modo al recurso presentado por el contratista:
“Al ser la falta de amortización del anticipo por parte del contratista una negación indefinida,
se revierte la carga de la prueba y es al contratista, no a la administración, a quien le
corresponde probar que el anticipo ha sido manejado y gastado debidamente de acuerdo a
su objeto y al plan de inversión, esto en la medida en que la información que reposa en el
expediente es otra absolutamente diferente. La negligencia del contratista durante el proceso
para acreditar la amortización del anticipo se prueba a lo largo del expediente y no es
pertinente que este alegue que se requiera la liquidación contractual para cumplir con sus
obligaciones. Si el contratista no cobra a la entidad, bajo que procedimiento legal establecido
para ello, mal haría la administración con tener en cuenta los valores no soportados para la
amortización del anticipo.
El contratista debió efectuar la amortización del anticipo a medida que fuera ejecutando la
obra, sin embargo, en el momento en el que se suscribió el acta de entrega y recibo definitivo
de obra, se verificó que no había amortizado la totalidad del anticipo entregado y
posteriormente, de acuerdo a la relación de pagos expedida por el Área de Tesorería del
Instituto, el 28 de Agosto de 2009, se verifica el reintegro por parte del contratista por
concepto de anticipo no amortizado, lo cual arroja un valor total de anticipo sin amortizar de
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($8.980.399.301,00) MONEDA CORRIENTE. El
contratista, se encontraba en la obligación de efectuar la amortización con los extractos,
Actas de obra, facturas y conciliaciones bancarias, comprobantes de egreso contable y
tributariamente soportados, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. De igual manera, para
proceder a la liquidación del anticipo por haber sido invertido totalmente en la ejecución de
la obra, se debe agotar por parte del contratista trámites administrativos y contables que
soporten la actuación, le extraña al despacho que el contratista no hubiese a la fecha
cumplido con estas exigencias fundamentales para el soporte de la cuenta y ahora las alegue
sin sustento alguno […]”.
33 F. 50-69, c. 2.
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4.11.2. En cuanto al recurso interpuesto por CMS, el acto dio cuenta de los argumentos que
expuso la aseguradora, a saber, que: (i) hubo múltiples vicisitudes durante la ejecución del
contrato, que agravaron la situación patrimonial del Consorcio contratista; (ii) la entidad
incumplió sus obligaciones contractuales; (iii) el anticipo fue correctamente manejado e
invertido; (iv) no podía declararse el siniestro sin liquidar el contrato; (v) se violó el debido
proceso; (vi) fue cuantificado incorrectamente el siniestro; (vii) se produjo la prescripción
del contrato de seguro.
4.11.3. El INVÍAS respondió a la alegación de violación del debido proceso afirmando que:
“[…] es claro que al contratista y a la compañía aseguradora garante del contrato, se les
comunicó oportunamente lo que la administración consideró como ocurrencia del siniestro
con ocasión del mal manejo e indebida utilización del anticipo. Del estudio de la
documentación en la carpeta de la presente actuación, se observa que al representante del
Consorcio contratista se le informó el objeto de la convocatoria, se le dio la oportunidad para
expresar sus opiniones y ejercer el derecho de defensa, incluso se le recibió la suma de
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.349.964.894,00)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de devolución del anticipo; luego no se entiende la
razón de alegar la violación del debido proceso.
De igual manera, mediante la presente providencia se está resolviendo un recurso de
reposición, con fundamento en el art. 29 de la Constitución Política de Colombia, lo cual
demuestra que la Administración ha sido excesiva en las garantías brindadas al contratista
y, por lo tanto, no es de recibo esta acusación.
No obstante lo anterior, obra de manera clara en el expediente que de todas maneras se le
comunicó al Consorcio contratista y a la aseguradora, el objeto e inicio de la actuación
administrativa que nos ocupa, lo cual desvirtúa la posible negación o vulneración del debido
proceso en los términos planteados por el recurrente. Ver comunicaciones SGT-a 31813 del
24 de Julio de 2009, SGT-a 32931 del 31 de Julio de 2009 y SGT-a 38519 del 4 de
Septiembre de 2009”.
4.11.3. De acuerdo con la constancia de ejecutoria34, la resolución 03511 del cinco (5) de
agosto de dos mil diez (2010) fue “notificada mediante edicto fijado en cartelera el día treinta
(30) de agosto de 2010, y desfijado el diez (10) de septiembre de la misma anualidad”. Por
ende, esta decisión “se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada a partir del trece
(13) de septiembre de 2010”.
4.12. Por otra parte, el INVÍAS adelantó procedimiento administrativo para declarar el
siniestro de incumplimiento parcial e imposición de multas en el marco del contrato
núm. 1827 de 2005, procedimiento que, de acuerdo con lo consignado en el expediente,
tuvo como resultado la resolución núm. 02431 del veinte (20) de abril de dos mil nueve
(2009)[35], en la que la entidad: (i) declaró el “incumplimiento parcial de las obligaciones del
contrato que condujeron al no cumplimiento de las ordenes impartidas por la interventoría,
y al incumplimiento del programa de inversión”; (ii) impuso multas al Consorcio contratista
por “incumplimiento en el programa de inversiones”, y por “no acatar las órdenes de la
34 F. 306, c. 2.
35 F. 219-278, c. 2.
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interventoría”; (iii) para hacer efectivas las sanciones, ordenó al contratista pagar las
respectivas sumas dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del acto, y “si no
fuere posible”, se descontaría de los saldos pendientes a favor del contratista o “haciendo
efectiva la garantía única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. N-
A0054437 y sus certificados modificatorios” expedida por CMS.
Obran en el expediente estas comunicaciones del INVÍAS dirigidas a CMS en el marco de
esta actuación:
4.12.1. Oficio núm. 43558 del veintiuno (21) de octubre de dos mil ocho (2008)[36], en el que
la entidad informó a la aseguradora del incumplimiento del Consorcio contratista, por no
acatar las órdenes de la interventoría en relación con “la no ejecución del sello de juntas y
reparaciones de los daños presentados en las losas para el pavimento rígido”, y con el bajo
rendimiento en los frentes de obra; razón por la que consideraba procedente la aplicación
de dos multas, por un monto total que ascendía a mil doscientos treinta y cinco millones
noventa y un mil doscientos cuarenta y seis pesos ($1.235.091.246): (i) por “incumplimiento
del programa de inversiones” seiscientos cincuenta y dos millones ciento once mil
seiscientos sesenta y siete pesos ($652.111.667) y (ii) por no acatar las órdenes de la
interventoría quinientos ochenta y dos millones novecientos setenta y nueve mil quinientos
setenta y nueve pesos ($582.979.579).
4.12.2. Oficio núm. 7268 del veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009)[37], en el que
la entidad convocó a CMS a asistir a una “audiencia pública obligatoria”, para discutir los
hechos que, a juicio de INVÍAS, constituían incumplimiento contractual del Consorcio
contratista: no acatar las órdenes de interventoría y desatender el programa de inversión.
4.12.3. Oficio núm. 8414 del cinco (5) de marzo de dos mil nueve (2009)38 en el que se
reprogramó la audiencia convocada para discutir el incumplimiento del contratista.
4.13. Durante este proceso se practicaron los siguientes testimonios, que serán valorados
al dar respuesta a los problemas jurídicos sometidos al estudio de la Sala, en cuanto sean
pertinentes:
4.13.1. José Fernando Viteri Muñoz 39 , quien dijo haberse desempeñado como Director
Territorial del INVÍAS en el Departamento de Nariño, encargado de la supervisión del
contrato núm. 1827 de 2005. En la diligencia sostuvo que, a la fecha de recibo definitivo, el
contratista no había reintegrado las sumas de anticipo no amortizado ni facilitado los
documentos necesarios para el cierre del anticipo, circunstancia que afirmó haber
corroborado a través de los informes mensuales elaborados por la interventoría.
36 F. 72, anexo 2.
37 F. 203-206, anexo 2.
38 F. 209, anexo 2.
39 F. 912-914, c. 1.
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4.13.2. Orlando Ortiz Gómez40, quien afirmó haberse desempeñado como coordinador del
“Plan 2500”, indicó que el contratista no había amortizado el anticipo que le fue entregado
al Consorcio contratista, no facilitó los documentos que informaran de su buen manejo y
correcta inversión, y que dicha conclusión contó con el apoyo del interventor del contrato.
4.13.3. Óscar Javier Garzón Díaz41, quien dijo ser el director de la interventoría del contrato,
aseguró que requirió en aproximadamente cinco ocasiones al Consorcio contratista, para
que allegara los documentos que soportaran los giros realizados (facturas de materiales,
mano de obra, equipos, pago de salarios, entre otros), requerimientos que quedaron
consignados en el acta de recibo final, en la que consta:
“[…] primero que el contratista no cumplió con la entrega de la totalidad de los soportes
requeridos por la interventoría para la legalización del anticipo, lo que dificultó hacer el cierre
financiero del anticipo. Segundo se establece cuáles fueron los giros realizados por el
INVIAS a la cuenta del anticipo. Tercero se deja claro que no hubo amortización del anticipo
en el desarrollo del contrato, los giros obedecen alrededor de dos mil cuatrocientos millones
del anticipo se le solicita la contratista que haga su inmediata devolución y se le da un
número de cuenta del INVIAS para que consigne la plata, adicionalmente se le dice que los
dineros restantes del anticipo, es decir, ocho mil novecientos millones los reintegre teniendo
en cuenta que el plazo del contrato se había terminado y que él debería hacer su devolución
porque no los amortizó”.
4.14. Según la constancia de no acuerdo42 expedida el veintitrés (23) de febrero de dos mil
once (2011), CMS presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría 35 en lo Judicial
para Asuntos Administrativos de Pasto el treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010),
y se programó audiencia de conciliación extrajudicial el nueve (9) de febrero de dos mil
once (2011), sin que haya podido llegarse a arreglo alguno.
V. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
5.1. Competencia
Esta Sala se considera competente para conocer del asunto, en virtud del artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo (“CCA”) vigente para la fecha de presentación de la
demanda 43 , porque la entidad demandada en el marco de la acción de controversias
contractuales es un establecimiento público del orden nacional 44 . Además, según el
mencionado Código, esta Corporación conoce de los recursos de apelación contra las
40 F. 1020-1026, c. 1.
41 F. 1027-1033, c. 1.
42 F. 414-415, c. 2.
43 CCA. Artículo 82, modificado por la Ley 1107 de 2006: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se
ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley”.
44 DECRETO 2171 DE 1992: “Artículo 52. Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías,
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito
al Ministerio de Transporte”.
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sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos45, en aquellos procesos que por el
factor cuantía tienen doble instancia, como ocurre en el presente caso46.
5.2. Oportunidad
De acuerdo con el encabezado del artículo 136, numeral 10, del CCA, el término para
demandar en ejercicio de la acción de controversias contractuales “será de dos (2) años
que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento”. En asuntos que son iniciados por las aseguradoras
garantes del cumplimiento de los contratos estatales y fueron demandan los actos
administrativos contractuales declarativos del siniestro, la jurisprudencia ha sentado que el
término mencionado debe computarse a partir de la ejecutoria del acto47.
Tomando en cuenta que la Resolución 3511 de 2010 quedó ejecutoriada el trece (13) de
septiembre de ese año48, al haber sido presentada el dieciocho (18) de mayo de dos mil
once (2011) 49 , la acción fue formulada oportunamente. Esta conclusión se refuerza
considerando la suspensión del término que tuvo lugar entre el treinta (30) de noviembre
de dos mil diez (2010) y el nueve (9) de febrero de dos mil once (2011), con ocasión del
trámite de conciliación extrajudicial50.
5.3. Legitimación en la causa
CMS está legitimada en la causa por activa para demandar las Resoluciones 7384 de 2009
y 3511 de 2010 porque, al verse afectada por estos actos como garante de las obligaciones
del contrato núm. 1827 de 2005 a través de la póliza de seguros N-A00054437, es
considerada como un tercero con interés directo51 para impugnar los actos que declararon
el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo contenido en la mencionada
póliza.
VI. ANALISIS DEL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO
45 CCA. Artículo 129 (subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998): “El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.
46 Según el artículo 132-5 del CCA, la competencia de los Tribunales en primera instancia para conocer de controversias
relativas a contratos era de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el año 2011, ese valor equivalía a
$267.800.000, suma sobrepasada por la cuantía fijada por el demandante en este asunto, de $8.980’399.301.
47 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 18 de julio de 2007.
Rad. 19001-23-31-000-2006-01050-01(33476).
48 Aptdo. 4.11.3.
49 Aptdo. 2.1.1.
50 Aptdo. 4.14.
51 Así, la jurisprudencia sentó este criterio:”[…] la aseguradora, […] es titular de la acción de controversias contractuales,
aun cuando no sea parte del contrato estatal, como quiera que tiene un interés directo en el acto administrativo proferido
con ocasión de la actividad contractual o postcontractual, el cual como ya se dijo, sólo es susceptible de ser enjuiciado a
través de dicha acción toda vez que el artículo 77 de la ley 80 de 1993 establece la vía procedente para controvertirlo sin
cualificar el sujeto activo de la misma”: Auto 18-jul-07, ya citado.
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6.1. La sentencia de primera instancia anuló el acto demandado, porque el INVÍAS no
vinculó a CMS —aseguradora garante del contrato núm. 1827 de 2005— de manera previa
a la decisión de declarar el siniestro de buen amparo y correcta inversión del anticipo. El
Tribunal consideró que la accionada confundió: (i) las citaciones hechas al contratista con
las que se debían hacer al asegurador, y (ii) el amparo de la garantía de cumplimiento con
el de buen manejo y correcta inversión del anticipo52.
En su recurso de apelación, el INVÍAS insistió en que el anticipo no fue amortizado, y acusó
la sentencia de no haber valorado otros medios de prueba que, a su juicio, demuestran ese
“incumplimiento”53. Empero, en lo que refiere al núcleo de la decisión, que es la violación
del debido proceso por omitir la citación a la aseguradora antes de adoptar la decisión
administrativa unilateral, la entidad limitó su defensa a afirmar la legalidad de su actuación
y a invocar las comunicaciones con las que se habría vinculado a la aseguradora en la
etapa de formación de los actos demandados54.
6.2. Cabe recordar que la limitación legal55 de la competencia del superior se contrae a los
argumentos concretamente formulados por el recurrente para impugnar la decisión56; límite
competencial que supone la exigencia de que haya congruencia entre los motivos de la
providencia impugnada y las inconformidades expresadas en el recurso de alzada, toda vez
que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo”57.
De esta forma, el apelante soporta la carga primordial de atacar los argumentos centrales
de la sentencia de primera instancia, sin que, en principio, resulten pertinentes otras
consideraciones que no estén relacionadas con las razones empleadas por el fallo para
decidir en sentido desfavorable a la parte demandada. Ello se deriva de la competencia del
ad quem, que únicamente se circunscribe a los argumentos que propone el apelante, de
acuerdo con lo ordenado en el artículo 320 del Código General del Proceso, sin perjuicio
de la competencia que, en materia contencioso-administrativa, tiene el juez de segunda
instancia para que —pese al silencio del inferior— pueda, en caso de que sea pertinente,
52 Aptados. 2.3.1.1. a 2.3.1.3.
53 Aptados. 2.4.1.1. y 2.4.1.3.
54 Aptdo. 2.4.1.2.
55 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Artículo 357, inciso primero: “La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.”
56 En criterio unificado de la Sección Tercera, se sostuvo que: “[…] por regla general el marco fundamental de competencia
del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en
contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos
a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el
principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012. Rad. 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060).
57 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencias SU-327 del 27 de julio de 1995, y C-583 del 13 de noviembre de
1997.
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analizar las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “no reformatio in
pejus”, en los términos del inciso final del artículo 164 del CCA58-59.
En consecuencia, la decisión de segunda instancia, en este asunto, debe concentrarse
básicamente en establecer si hubo una vulneración del debido proceso por las razones
referidas por el Tribunal, o si este órgano erró en su decisión por causa de una equivocada
apreciación fáctica y/o jurídica de los argumentos expuestos por las partes impugnantes.
6.3. Dicho esto, la Sala debe señalar que, el demandante negó que en sede administrativa
se le hubiese permitido el ejercicio de su derecho a la defensa, y configuró con esta protesta
una negación indefinida, esto es, una circunstancia imposible de ubicar en el espacio y en
el tiempo60, circunstancia que trasladaba al INVÍAS la carga de probar el hecho positivo
contrario61-62, a saber, que sí cumplió con ese deber a su cargo y comunicó a la actora del
procedimiento adelantado antes de adoptar la decisión unilateral.
6.4. Ahora, en esta segunda instancia, la demandada se limitó a la enunciación de los
supuestos oficios en los que dijo haber convocado a la aseguradora al trámite administrativo
(SGT-a 32921 del treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009) y SGT-a 38519) sin
arrimar prueba de los mismos para dar cuenta de su contenido, y sin traer prueba alguna
del enteramiento de tales oficios por su contraparte. Es decir, reprodujo sin más las
motivaciones contenidas en la Resolución 7384 de 2009[63], demandada dentro del asunto.
6.5. Sin embargo, este déficit de la defensa de la legalidad del procedimiento en sede
administrativa no basta para fundamentar la pretensión de nulidad del acto acusado. Como
lo ha precisado esta Subsección64, en línea con la jurisprudencia administrativa65, el artículo
58 CCA. Artículo 164: “EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo
en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.
// En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. // Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. // El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la ´reformatio
in pejus’" (se subraya).
59 Regla contenida actualmente en el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “CPACA”) en estos términos: “En la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.”
60 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 7 de octubre de
1992. Rad. 4442; y Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2020. Rad. 68001-23-31-000-2002-
01065-01(52869).
61 CPC. “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen. || Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
62 Es decir, se invierte la carga de la prueba. En criterio de la Corte Constitucional: “Las excepciones al principio general
de "quien alega, prueba", obedecen corrientemente a circunstancias prácticas que hacen más fácil para una de las partes
demostrar la verdad o falsedad de ciertos hechos. En estos casos, el traslado o la inversión de la carga de prueba hace
que el adversario de la parte favorecida con la presunción o que funda su pretensión en hechos indefinidos es quien debe
desvirtuarlos. En uno y otro evento el reparto de las cargas probatorias obedece a factores razonables, bien por tratarse
de una necesidad lógica o por expresa voluntad del legislador, para agilizar o hacer más efectivo el trámite de los procesos
o la protección de los derechos subjetivos de la persona”: CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-070 del
25 de febrero de 1993. Reiterada por la misma Corporación en: Sala Quinta de Revisión de Tutelas. Sentencia T-680 del
30 de agosto de 2007.
63 Aptdo. 4.10.1.
64 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10 de marzo de 2023, exp. 57101.
65 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1997, exp. 9286.
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68, numerales 4 y 5, del Código Contencioso Administrativo (“CCA”)66 —cuyo equivalente
actual es el artículo 297.3 del CPACA67— facultaba a la Administración para declarar el
siniestro a través de acto administrativo impugnable en vía gubernativa o contencioso-
administrativa; y, una vez el acto declaratorio cobrara ejecutoria, prestaba mérito ejecutivo
contra la aseguradora, junto con la póliza correspondiente.
Por otra parte, en el régimen común, la póliza presta mérito ejecutivo, transcurridos treinta
(30) días contados a partir de aquel en que el asegurado o beneficiario haya entregado al
asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que sean indispensables para
acreditar los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio, sin que dicha reclamación
sea objetada por la aseguradora (artículo 1053, Código de Comercio). En consonancia con
la regla general establecida en el artículo 1757 del Código Civil68, en dicha reclamación, al
asegurado le corresponde demostrar la ocurrencia del siniestro, mientras la aseguradora
soporta la carga de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su
responsabilidad (artículo 1077, Código de Comercio).
Así, por la contraposición de estos dos extremos69, se determina la configuración de la
condición suspensiva que el siniestro envuelve en el contrato de seguros70, a partir del
evento en sí mismo que, en sentido amplio, constituye el siniestro, y las circunstancias
excluyentes de responsabilidad de la aseguradora, que confluyen para la configuración de
la condición suspensiva, con la que surge la obligación del asegurador 71. En caso de que
el asegurador objete la reclamación, dentro del plazo legal de sesenta (60) días, la
configuración de la condición suspensiva se ventilará en vía jurisdiccional.
De esta forma, por la singularidad que ostenta frente al régimen común, la prerrogativa de
la Administración en la declaración del siniestro radica, concretamente, en la constitución
unilateral de un título ejecutivo para exigir el pago de la obligación condicional de la
aseguradora, sin depender, para ello, de que esta última no objete la configuración de la
condición suspensiva. En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa72, con
66 CCA. “Artículo 68. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara,
expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos: […] 5. Las demás garantías que a favor de las entidades
públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare
la obligación”.
67 CPACA. “Artículo 297. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: […] 3. Sin perjuicio de la
prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los
contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su
incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en
los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”.
68 CÓDIGO CIVIL. “Articulo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
69 OSSA, Efren, Teoría General del Seguro: Contrato, Temis, Bogotá, 1984, p. 376.
70 CÓDIGO DE COMERCIO. “Artículo 1045. Son elementos esenciales del contrato de seguro: || 1) El interés
asegurable; || 2) El riesgo asegurable; || 3) La prima o precio del seguro, y || 4) La obligación condicional del asegurador. ||
En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno” (subrayado fuera del texto
original).
71 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1536. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición
de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”.
72 «De modo que la derogatoria ocurrida, según lo entendió entonces la Sala 72 , se circunscribe a la atribución de
competencias, para los procesos ejecutivos, a la jurisdicción contencioso administrativa, despojando de la misma a la
jurisdicción coactiva, pero no se extiende a la posibilidad de dictar los actos administrativos a que dicha norma se refiere,
ni a la conformación del título ejecutivo; luego el numeral 4 del artículo 68 sigue vigente, en cuanto al hecho de que
indiscutiblemente los actos allí relacionados prestan mérito ejecutivo, pues esto no contraviene la ley 80 de 1993, luego
no se ha operado una derogación tácita en este sentido; lo que si quedó derogado fue el hecho de que dichos actos
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la expedición de la Ley 80 de 1993, se suprimió el privilegio adicional que suponía el cobro
a la aseguradora por vía coactiva, para que tal ejecución sea practicada ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, en proceso ejecutivo. La prerrogativa que la Administración
ejerce mediante acto administrativo —capaz de producir efectos jurídicos heterónomos de
forma unilateral— se limita, pues, a la configuración del título ejecutivo, con independencia
de la posición de la aseguradora, sin que su ejecución por vía coactiva sea procedente.
El debido proceso en la declaración del siniestro, que se regía por el CCA, se agotaba
cuando “la administración antes de formular su reclamo a la aseguradora deb[ía] expedir
un acto administrativo unilateral, en el cual declarará ocurrido el siniestro; y frente al mismo,
tanto la aseguradora como el contratista pod[ían] agotar la vía gubernativa e impugnarlo
jurisdiccionalmente. (art 68, ord 5º del c.c.a). Se adelanta[ba] así el debate en torno a un
acto dictado con base en un poder legal”73. Es por ello que, para ejercer el derecho de
defensa contra la decisión adoptada, el acto declarativo del siniestro debe motivarse,
expresando los fundamentos jurídicos, fácticos, probatorios y la cuantificación del
siniestro 74 . De esta forma, mediante la interposición de recursos administrativos, la
aseguradora tiene la oportunidad de presentar sus puntos de vista y allegar los elementos
probatorios que estime necesarios (artículo 52, CCA), con lo que ejerce su derecho de
defensa75, como en efecto procedió la aseguradora demandante en este asunto76. En línea
con ello, la Ley 1150 de 2007, que reguló en su artículo 17 el debido proceso en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales, previó en su artículo 7 que “[e]l
presten mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, pues el artículo 75 de la Ley 80 ha dispuesto que los procesos de
ejecución, derivados de los contratos estatales, sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. […]
‘Lo anterior permite deducir que, una vez declarado el incumplimiento de las obligaciones del contratista y configurado el
siniestro, se ordenará hacer efectiva la garantía otorgada, mediante acto administrativo, el cual podrá ser objeto de
recursos en la vía gubernativa, pero la ejecución no podrá tramitarse mediante el procedimiento de la jurisdicción coactiva,
sino mediante el proceso ejecutivo ante esta jurisdicción (…)’. (Subrayas fuera de texto.) Sentencia de 24 de agosto de
2000, exp. 11318, C.P. Jesús María Carrillo». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril 2005,
exp. 13599; reiterada en la sentencia proferida por la Sección Tercera el 19 de agosto de 2009, exp. 21432.
73 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997, exp. 9286.
74 “[…] la entidad pública asegurada, tiene la potestad de declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro mediante
acto administrativo en el cual, conforme a la norma en cita, deberá determinarse la cuantía del daño causado, al margen,
incluso, de que la compañía de seguros no comparta su decisión, inconformidad que puede hacer manifiesta mediante
los recursos previstos en la ley y posteriormente, si es del caso, por vía judicial. || “Lo anterior no significa que la entidad
pública pueda, al expedir el acto administrativo correspondiente, sustraerse de las reglas de conducta que le impone el
debido procedimiento, para declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía, dichas reglas imponen, entre otras, el deber
de motivar el acto administrativo indicando en él los supuestos de hecho y probatorios que soportan el acaecimiento del
siniestro y por supuesto, la cuantía de la indemnización, como también, garantizar que tanto el contratista como la
compañía de seguros, en ejercicio de los derechos de contradicción y legítima defensa, puedan controvertir el acto
administrativo. Este es el sentido en que se debe aplicarse el art. 1077 del Código de Comercio, para aquellos casos en
los cuales el asegurado y beneficiario de la póliza es una entidad estatal. De otra parte, al asegurador le corresponde la
carga de probar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, tal como lo dispone la norma. || “Con esta
lógica resulta claro que la Administración está investida de facultad para declarar directamente el siniestro ocurrido en
relación con la ejecución del contrato estatal celebrado y hacer efectiva la garantía constituida a su favor, mediante la
expedición de un acto administrativo, el cual deberá contener los fundamentos fácticos y probatorios del siniestro y el
monto o cuantía de la indemnización; acto que una vez ejecutoriado permitirá exigir a la compañía aseguradora el pago
de dicha indemnización, así lo ha dispuesto la ley, decisión que está sujeta al control de legalidad, tanto por vía gubernativa
como por vía jurisdiccional”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 14667,
reiterada en sentencias del 23 de junio de 2010, exp. 16494; y del 7 de septiembre de 2015, exp. 45907.
75 “Ahora bien, la garantía del derecho fundamental al debido proceso frente a la Compañía aseguradora dentro del
procedimiento de expedición de los actos administrativos mediante los cuales la administración declara la ocurrencia del
siniestro se concreta en que previamente a su declaratoria se le otorgue la oportunidad para que presente sus puntos de
vista, allegue los elementos probatorios que necesarios y ejerza su derecho de defensa y es por ésta razón que no es
suficiente que la referida decisión se encuentre debidamente motivada y se le haya notificado oportunamente”. CONSEJO
DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp. 45907.
76 Hechos 4.11.2 y 4.11.3.
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad
pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo
declare”, sin prescribir un procedimiento previo para la constituir el siniestro.
No huelga recordar que, como lo ha precisado la “jurisprudencia administrativa —de vieja
data— […] las garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades
sancionatorias de la Administración, ni con las penas convencionales, en cuanto las
garantías no son una estimación anticipada de perjuicios, ni un medio coercitivo de apremio,
sino una facultad concebida para salvaguardar el interés público implícito en la contratación,
y para proteger el patrimonio de la Administración, frente a eventuales incumplimientos del
contratista77”78. No cabe pues aplicar, por analogía, la normativa garante del debido proceso
en materia sancionatoria a la declaración del siniestro.
6.6. Adicionalmente, nota la Sala que la actora no trajo al proceso elementos de juicio que
permitan inferir que, el hecho de no haber sido convocada al procedimiento administrativo
declarativo del siniestro desde la etapa previa a la expedición de la Resolución 7384 de
2009 hubiera tenido trascendencia en la decisión adoptada por el INVÍAS, es decir, que su
intervención en esta fase habría variado el sentido de la decisión, de forma tal que no habría
lugar a la declaración del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Concretamente, no hay prueba de que las argumentaciones del recurso de reposición que
CMS79 interpuso en contra de la Resolución 7384 de 2009, o las que fueron empleadas en
este proceso judicial80, de haber sido formuladas y probadas antes de que la administración
declarara el siniestro, debieran traducirse en un pronunciamiento con sentido favorable a
los intereses de la aseguradora.
6.7. Por todo lo anterior, el primer problema jurídico se contesta en sentido negativo, lo que
conduce a la revocación de la sentencia de primera instancia. Con ello, el cargo por
violación del debido proceso, que constituye a su vez el marco de competencia de esta
Corporación como juzgadora en segunda instancia, no está llamada a prosperar.
6.8. Por último, encuentra la Sala que, para dar respuesta al segundo problema jurídico 81,
atinente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, basta con referir que, de
acuerdo con el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el contratista debía
presentar una garantía única del cumplimiento de sus obligaciones, una de las cuales es la
debida inversión del anticipo, como forma de restituir lo recibido por la entidad82; riesgo este
que, por demás, estaba cubierto con la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de
entidades estatales núm. N-A00054437, con la que CMS se obligó a asegurar el buen
manejo y la correcta inversión del anticipo del contrato núm. 1827 de 2005, ampliado
«77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 24 de agosto de 2000, exp. 11318; del 24 de mayo de 2001,
exp. 13598, sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 20810; Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp.
25742; y Subsección C, sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 48459».
78 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de octubre 2021, exp. 50623.
79 Aptdo. 4.11.2.
80 Aptdo. 2.1.2. a 2.1.3.
81 Aptdo. 3.1.2.
82 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, exp. 29906;
Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623.
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A.
sucesivamente con las convenciones mediante las cuales fue modificado dicho negocio
jurídico83.
VII. CONDENA EN COSTAS
En tanto los procesos que dieron inicio bajo el régimen del CCA deberán concluir bajo esta
normatividad84, la condena en costas deberá seguir lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, precepto que dispone la necesidad de que alguna de las partes actúe de
forma temeraria para condenar en costas. En vista de que ese componente subjetivo no se
halla acreditado en el asunto, la Sala no condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Escritural.
SEGUNDO: En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS por no ser procedente.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté
en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
VF
83 Aptados. 4.5 a 4.5.3.
84 LEY 1437 DE 2011. Artículo 308, inciso final: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior.
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