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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05810-00

Fecha
4 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05810-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niéguense la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de Desarrollo Humano. 3 Sentencias con radicación nos. 73001-23-31-000-2011-00216-01 (44386), 25000-23-26-000-1994- 00225-01 (16367), 25000-23-26-000-1993-08717-01 (29368) y 15001-23-31-000-2006-01404-01 (37002) 11 Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00 Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA Acción de tutela 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05810-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de noviembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA
SA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE MECANISMO
COMO UNA INSTANCIA ADICIONAL EL ASUNTO
CARECE DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la compañía aseguradora demandante cuestionó las providencias que
negaron sus súplicas en un proceso de controversias contractuales. La Sala encontró que la
acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional porque se pretendió emplear
como una instancia adicional a las del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la Compañía Aseguradora de
Finanzas Confianza SA en contra del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y el Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso e igualdad
consagrados en los artículo 29 y 13 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de las sentencias de 27 de octubre de 2022 y 30 de enero de
2025.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 17 de septiembre de 2025 (índice 00002 del

aplicativo SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela

1) El instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU) y el Consorcio Castro Tcherassi
• Equipo Universal (en adelante el Consorcio) con la Compañía Aseguradora de
Fianzas - CONFIANZA SA (en adelante la Aseguradora) suscribieron el Contrato no.
089 del 2000 para el desarrollo del proyecto de rehabilitación, construcción y
reconstrucción de las calzadas de tráfico mixto de la troncal Caracas entre las calles 6°
y la 80 de Bogotá.

2) El IDU recomendó el uso de relleno fluido, lo que generó daños en las vías objeto
del contrato.

3) Al persistir y aumentar los daños en las vías, en Resolución no. 1890 de 4 de mayo
de 2007, el IDU declaró responsable al consorcio por el incumplimiento del contrato y
el uso de “materiales extraños”, que no se encontraban previstos en el pliego de
condiciones.

4) Contra la anterior resolución el Consorcio y la Aseguradora presentaron recurso de
reposición, pero este fue negado mediante la Resolución no. 3827 del 31 de julio de
2007.

2) El 31 de enero de 2008, la Aseguradora y el Consorcio presentaron una demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del IDU, con
el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nos. 1890 del 4 de mayo y
3827 del 31 de julio de 2007, mediante las cuales el IDU hizo efectivo el amparo de
estabilidad de la obra contenido en la póliza número GU-0101 1094027,
correspondiente a la garantía única de cumplimiento del Contrato no. 089 del 2000, y
resolvió el recurso de reposición contra esa decisión, respectivamente.

4) Mediante sentencia de 27 de octubre de 2022, el Juzgado 66 Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la
declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra no tiene carácter
sancionatorio, por lo que no requiere del agotamiento de un procedimiento
administrativo previo.

6) El Consorcio presentó recurso de apelación en el que precisó que el IDU
responsabilizó al contratista sobre el deterioro progresivo de la calzada y de los daños
que aparecieron en las obras ejecutadas por este último, con lo cual pasó por alto la
responsabilidad que le asistía en lo relacionado con el mantenimiento de las obras

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
ejecutadas; con ello, además, pretendió confundir la obligación de mantenimiento que
le asiste con la afectación al amparo de estabilidad.

7) La Aseguradora también presentó recurso de apelación en el que precisó que se
incurrió en una indebida valoración probatoria y se vulneró su derecho del debido
proceso y de defensa, en la medida en que no se le permitió participar a lo largo del
procedimiento que culminó con los actos administrativos impugnados.

8) En sentencia de 30 de enero de 2025,2 el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones tras considerar que no se probó que las Resoluciones nos. 1890 del 4 de
mayo de 2007 y 3827 del 31 de julio de 2007, expedidas por el IDU, revistieran algún
vicio; asimismo, estableció que conforme con la jurisprudencia vertical, la declaración
de ocurrencia del siniestro de estabilidad de obra no tiene carácter sancionatorio, razón
por la cual no requiere del agotamiento de un proceso administrativo previo para hacer
efectiva la garantía.

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor alegó que las sentencias del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y el Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de
la Constitución.

Frente al desconocimiento del precedente judicial adujo que se desconocieron las
sentencias de 23 de septiembre de 2015 con radicación no. 73001-23-31-000-2011-
00216-01 (44386), 23 de junio de 2010 con radicación no. 25000-23-26-000-1994-
00225-01 (16367), 30 de noviembre de 2016 con radicación no. 25000-23-26-000-
1993-08717-01 (29368) y 30 de noviembre de 2017 con radicación no. 15001-23-31-
000-2006-01404-01 (37002), las cuales establecieron la necesidad de vincular a la
aseguradora en el tramite administrativo.

Finalmente, precisó que se vulneró su derecho fundamental del debido proceso al no
permitirle intervenir en las actuaciones realizadas a lo largo del trámite administrativo.

3. Pretensiones.

2 Notificada el 2 de abril de 2025

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERA. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y a la
igualdad de la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS – CONFIANZA
S.A., los cuales fueron vulnerados por el Juzgado 66 Contencioso
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Contencioso
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, con la expedición de las sentencias de primera y segunda
instancia del 27 de octubre de 2022 y 30 de enero de 2025, respectivamente,
en el marco del proceso de controversias contractuales identificado con el No.
11001333103120080004800.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la
sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que confirmó la sentencia del 27 de octubre de 2022 del
Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.

TERCERA. Que, en consecuencia, se le ordene al Tribunal Contencioso
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo que resuelva esta solicitud de amparo, expedir una nueva
sentencia en la que tenga en cuenta las consideraciones respecto a la
aplicación de un debido proceso administrativo y el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.”. (mayúsculas del
original - archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del
aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 18 de septiembre de 2025 (índice 0005 del aplicativo Samai) se
admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al titular del
Juzgado 66 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y se vinculó director del
IDU, entregándole copia de la demanda y los anexos.

En auto de 9 de octubre de 2025 el despacho ponente también dispuso vincular al
representante del Consorcio Castro Tcherassi - Equipo Universal toda vez que, a partir
de la contestación allegada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, se evidenció que este actuó como demandante y, por consiguiente,
también le asiste interés en esta actuación.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá (índice 9 del aplicativo
SAMAI) precisó que las sentencias fueron proferidas en el marco de su autonomía

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
funcional, con un previo análisis jurídico debidamente sustentado y respaldado en el
material probatorio arribado al proceso ordinario de controversias contractuales, por lo
que, a su juicio, lo que la parte actora pretende es utilizar la acción de tutela con el fin
de revivir el debate judicial culminado en el proceso ordinario, sin cumplir para ello con
la respectiva carga argumentativa.

El IDU (índices 11 y 12 del aplicativo SAMAI) precisó que no ha vulnerado de ninguna
manera los derechos fundamentales del demandante, por lo que solicitó su
desvinculación del proceso.

El Tribunal Administrativo del Departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina (índice 16 del aplicativo SAMAI) indicó que, si bien en la
tutela se alega una violación directa de la Constitución y un desconocimiento del
precedente judicial, lo cierto es que se trata de un asunto de pleno derecho, que fue
surtido, debatido y resuelto en el curso del proceso, dando como resultado una decisión
judicial que se encuentra debidamente ejecutoriada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de
desvinculación y 3) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. La solicitud de desvinculación

Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva que formuló el IDU, la
Sala aclara que esa autoridad fue la entidad demandada en el proceso de controversias
contractuales por haber expedido las Resoluciones nos. 1890 del 4 de mayo y 3827 del
31 de julio de 2007 que declararon responsables al consorcio por el incumplimiento del
contrato, razón por la que su participación dentro del presente trámite resulta
procedente para que haga valer sus derechos.

Por esa razón, en la parte resolutiva de este fallo se negará la referida solicitud de
desvinculación, en aras de garantizar sus derechos de defensa y debido proceso.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Juzgado 66
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de las providencias de 30 de enero de 2025 y 27 de octubre de 2022, mediante
las cuales se negaron las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que, si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos por violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que a partir de la lectura integral del
escrito de amparo se advierte que todos esos reparos, en realidad, tienen íntima
relación directa con la presunta vulneración al derecho fundamental del debido proceso
por no permitirle a la aseguradora participar en el trámite administrativo de declaratoria
del siniestro; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis de los defectos de
manera conjunta.

De igual forma, se advierte que la parte actora cuestionó, por separado, i) las
sentencias de 30 de enero de 2025 y, ii) la sentencia de 27 de octubre de 2022, sin

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Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
embargo, se delimitará el asunto a la sentencia de 30 de enero de 2025 que fue la que
resolvió el proceso en segunda instancia.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la declara improcedente la
acción de tutela, por las razones que pasan a explicarse:

1) Se recuerda que la aseguradora que conforma la parte actora consideró vulnerados
sus derechos constitucionales fundamentales porque no se permitió ni garantizó su
participación en las actuaciones realizadas a lo largo del trámite administrativo que
llevaron a la expedición de las Resoluciones nos. 1890 del 4 de mayo y 3827 del 31 de
julio de 2007, a través de las cuales se declaró el siniestro de estabilidad de la obra
para afectar la garantía y se resolvió una reposición en contra de esa determinación.

2) No obstante, para la Sala resulta claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela se dirigen exclusivamente a discutir argumentos que
ya fueron expuestos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de controversias
contractuales, con miras a que se anularan las Resoluciones nos. 1890 del 4 de mayo
y 3827 del 31 de julio de 2007 y como consecuencia de ello se declarara que el Instituto
de Desarrollo Urbano no tenía derecho a hacer efectivo el amparo de estabilidad
contenido en la póliza número GU-0101 1094027, sin previamente agotar el respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio y sin permitir ni garantizar la participación
de la aseguradora en dicho trámite.

3) En efecto, los aspectos en concreto que fundamentaron la acción de tutela son una
reiteración de los fundamentos que la actora utilizó en la demanda ante el Juzgado 66
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y en el recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales estuvieron
dirigidos a demostrar su falta de vinculación en el trámite administrativo.

4) Esos planteamientos fueron objeto de estudio por parte del Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en sentencia de 30 de enero de 2025 con
las consideraciones que a continuación se transcriben:

“En segundo lugar, se acusa los actos administrativos demandados por ser
violatorios del artículo 29 Constitucional y 56 del Código Contencioso

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
Administrativo – CCA, debido a que para la contradicción del concepto
rendido a solicitud del IDU, por la Universidad Nacional, debió habilitarse al
contratista, para que en su derecho de contradicción ejerciera, así como de
la cláusula 50 del Contrato 089 de 2000, considerando que el IDU, no le era
permitido expedir las resoluciones aquí demandadas, por cuanto las partes
habían acordado en el citado negocio jurídico contractual, que cualquier
controversia debía ser resuelta por un tercero, para el caso, la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, conforme se indicó en los numerales 1, 2 y 3 del
acta del 19 de diciembre de 2002.

En este punto, es importante resaltar que la declaratoria de ocurrencia
del siniestro de estabilidad de la obra no tiene carácter sancionatorio,
por lo que no requiere del agotamiento de un procedimiento
administrativo previo. Por lo anterior, si se pretende declarar la ocurrencia
de este siniestro, no es necesario que la entidad cite al contratista y su
garante antes de adoptar la decisión y, por consiguiente, no se requiere
la presencia de estos en la consecución de los medios de convicción
que le permitirán a la entidad determinar si declara o no la ocurrencia
del siniestro.

Al respecto, se considera que el derecho al debido proceso se garantiza
al permitir al contratista y a la compañía de seguros impugnar el acto a
través del recurso de reposición, con el fin de que, mediante el mismo,
puedan controvertir las razones y pruebas tenidas en cuenta por la
entidad para declarar el siniestro.

Mediante la sentencia 52001-23-31-000-2011-00324-02 del 22 de mayo de
2024, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado (en adelante, el “CE”) resolvió una controversia entre
una entidad estatal beneficiaria y asegurada de una garantía única de
cumplimiento y la aseguradora que emitió el seguro. Este seguro
contenía en las coberturas un amparo de buen manejo y correcta inversión
del anticipo.

En esta sentencia el CE se pronunció sobre la presunta violación del
derecho al debido proceso de la aseguradora, debido a que no fue
vinculada al procedimiento administrativo en el que fue declarado el
siniestro y se reclamó la indemnización de perjuicios bajo el amparo del
buen manejo y correcta inversión del anticipo.

En este orden, destaca la Sala, que las compañías aseguradoras,
mediante la expedición de la póliza de cumplimiento, garantizan la
observancia de las obligaciones a cargo de su afianzado y,
eventualmente, son las llamadas a responder patrimonialmente si se
configura el siniestro contenido en los diversos amparos que cubren la
garantía única, y que en el sub lite está demostrado que, mediante las
Resoluciones 1890 del 4 de mayo y 3827 del 31 de Julio de 2007, el IDU,
entidad contratante, declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de
obra en relación con el Contrato 089 de 2000.

Se encuentra probado que en el contrato de obra 089 suscrito el 23 de febrero
de 2000 entre el Instituto de DESARROLLO URBANO -IDU- y el
CONSORCIO CASTRO TCHERASSI & CIA LTDA – EQUIPO UNIVERSAL Y
CIA LTDA, cuyo objeto era la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto
en concreto asfáltico y la adecuación para la operación del Proyecto
Transmilenio de las calzadas centrales en concreto rígido de la Troncal
Caracas desde la calle 6 hasta la calle 80 (los héroes), en Santa Fe de
Bogotá, se acordó acudir a un Tribunal de Arbitramento para dirimir los
conflictos que se llegaren a presentar entre el consorcio contratista y la
entidad contratante, y el de constituir una Garantía de Estabilidad de la obra,
y en este último aspecto, la cuantía de dicha póliza debía ser del 50% del

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Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la
fecha de recepción definitiva de la obra.

Así mismo, se encuentra acreditado que en el acta No. 43, por medio de la
cual se liquidó parcialmente el contrato, se advirtió que el IDU tiene suscrito
con la Universidad Nacional el Convenio 037 de 2002 para hacer el
seguimiento de las obras recibidas por esta entidad y rendir conceptos
técnicos; que en virtud de esa realidad contractual el Instituto de Desarrollo
Urbano solicitaría un informe técnico de las posibles causas de los daños en
las calzadas mixtas y añadió que el IDU se reservaba el derecho de hacer
efectiva la póliza de estabilidad de obra.

En secuencia de lo descrito, la Sala tiene que no se estipuló
contractualmente como requisito previo para hacer efectiva la póliza de
estabilidad de la obra, determinar si eran imputables al contratista las
causas de las reparaciones en la zona de paraderos. Contrario a ello, la
entidad pública estaba facultada para hacer efectiva la póliza de
estabilidad de la obra desde que adquirió conocimiento sobre el
deterioro de la obra.

Así pues, conforme lo establece la póliza de garantía, para obtener el
pago del siniestro por la aseguradora, solo se requería por esta, recibir
el primer requerimiento por escrito, contenido en acto administrativo
que así lo haya declarado, en tal secuencia, el único requisito exigido
para el pago de la garantía de estabilidad de la obra no era otro que la
declaratoria de siniestro por parte de la entidad. Por lo anterior, los
cargos de nulidad por violación de la cláusula 50 del contrato 089 de
2000 y el debido proceso no están llamados a prosperar.

Lo anterior, máxime cuando se encuentra probado que conforme lo
dispuesto por el Consejo de Estado, se ejercieron los recursos legales
para controvertir la ocurrencia del siniestro, sin embargo, ni en ese
momento ni en esta oportunidad la contradicción de los actos no se
acompañó de las pruebas necesarias para desvirtuar los informes
periciales aportados. Tal como lo señala el IDU Si el Contratista considera
que los daños que se presentan en la obra son producto de la falta de
mantenimiento, como se adujo en los alegatos de conclusión de primera
instancia, era al extremo activo quien le incumbía probar tal situación teniendo
en cuenta que la obligación del Consorcio era de resultado.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 00009 del aplicativo SAMAI)

5) Como viene de leerse, la providencia resolvió las materias que sirvieron de
fundamento a la presente acción de tutela, en la medida en que el análisis del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se centró en precisarle que
no era obligatoria la vinculación de la aseguradora a un procedimiento administrativo
sancionatorio, pues, en criterio del tribunal accionado, el amparo de estabilidad de la
obra no tiene carácter sancionatorio, de modo que los derechos de defensa y debido
proceso de la aseguradora se garantizan mediante la interposición de recursos
administrativos, en los cuales esta tiene la oportunidad de presentar sus puntos de vista
y allegar los elementos probatorios que estime necesarios.

6) Asimismo, aunque la aseguradora alegó que el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió en un desconocimiento del precedente

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
judicial, pues no aplicó unas sentencias del Consejo de Estado3 según las cuales se
debe vincular a la aseguradora al procedimiento administrativo, lo que en realidad se
advierte es su interés de reabrir el debate sobre la supuesta violación de su debido
proceso porque no se agotó dicho procedimiento, esto es, lo que se busca es
controvertir la decisión del tribunal simplemente porque le fue desfavorable.

8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados y
discutidos en el proceso ordinario con miras a insistir en la vulneración a su debido
proceso.

9) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

10) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la Compañía
Aseguradora de Finanzas Confianza SA por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2º) Niéguense la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de Desarrollo
Humano.

3 Sentencias con radicación nos. 73001-23-31-000-2011-00216-01 (44386), 25000-23-26-000-1994-
00225-01 (16367), 25000-23-26-000-1993-08717-01 (29368) y 15001-23-31-000-2006-01404-01
(37002)

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05810-00
Demandante: Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza SA
Acción de tutela
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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