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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05810-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05810-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05810-01 Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. presentada por la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05810-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

26 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05810-01
Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 26 de febrero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05810-01
Demandante: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de controversias
contractuales. Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la parte actora y el tercero con interés
• Consorcio Castro Tcherassi – Equipo Universal contra la sentencia del 4 de noviembre
de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, la Compañía de Fianzas
Confianza S.A., actuando por conducto de apoderada, pidió la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad.

A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de las sentencias del 27 de octubre de 2022 y el 30 de enero de 2025, dictadas
por el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, respectivamente, que
denegaron las pretensiones dentro del proceso de controversias contractuales con
radicado No. 11001-33-31-031-2008-00048-00/01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05810-01
Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de la COMPAÑÍA
ASEGURADORA DE FIANZAS – CONFIANZA S.A., los cuales fueron vulnerados por el Juzgado 66
Contencioso Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá́ y el Tribunal Contencioso Administrativo
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con la expedición de las
sentencias de primera y segunda instancia del 27 de octubre de 2022 y 30 de enero de 2025,
respectivamente, en el marco del proceso de controversias contractuales identificado con el No.
11001333103120080004800.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia del 30 de enero de
2025, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que confirmó la sentencia del 27 de octubre de 2022 del Juzgado
66 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá́ , en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.

TERCERA. Que, en consecuencia, se le ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo que resuelva esta solicitud de amparo, expedir una
nueva sentencia en la que tenga en cuenta las consideraciones respecto a la aplicación de un debido
proceso administrativo y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Como resultado de un proceso de licitación, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el
Consorcio Castro Tcherassi - Equipo Universal suscribieron el contrato No. 089 de 2000
para la rehabilitación, construcción y reconstrucción de las calzadas de tráfico mixto de
la troncal Caracas entre las calles 6° y la 80 de Bogotá́ .

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 089 de 2000, la
compañía Aseguradora de Fianzas - Confianza S.A. expidió la póliza de seguro de
cumplimiento No. GU-01011094027.

Ante el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por daños en las vías
objeto de contrato, el IDU profirió la Resolución No. 1890 de 4 de mayo de 2007, por
medio de la cual declaró responsable al Consorcio Castro Tcherassi - Equipo Universal
por el incumplimiento del contrato y el uso de <<materiales extraños>> que no se
encontraban previstos en el pliego de condiciones.

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Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

Además, el IDU declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por la póliza de garantía única
de cumplimiento No. GU-01011094027, que hizo efectiva por el monto de
$58.605.914.68.

La Resolución No. 1890 de 4 de mayo de 2007 fue recurrida por el Consorcio y la
Aseguradora y confirmada a través de la Resolución No. 3827 del 31 de julio de 2007.

3.2. Actuación Judicial

La compañía Aseguradora de Fianzas - Confianza S.A. y el Consorcio Castro Tcherassi
• Equipo Universal promovieron demanda de controversias contractuales en contra del
IDU con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nros. 1890 del 4 de
mayo de 2007 y 3827 del 31 de julio de 2007, mediante las cuales el IDU hizo efectivo el
amparo de estabilidad de la obra contenido en la póliza número GU-0101 1094027,
correspondiente a la garantía única de cumplimiento del Contrato nro. 089 del 2000, y
resolvió el recurso de reposición contra esa decisión.

Mediante sentencia dictada el 27 de octubre de 2022, el Juzgado 66 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá́ negó las pretensiones de la demanda, al considerar, entre
otros aspectos, que la declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra
no tiene carácter sancionatorio, por lo que no requiere del agotamiento de un
procedimiento administrativo previo.

Señaló que, si se pretende declarar la ocurrencia del siniestro, no es necesario que la
entidad cite al contratista y su garante antes de adoptar la decisión, pues su derecho al
debido proceso se garantiza al permitirles impugnar el acto y controvertir las razones y
pruebas tenidas en cuenta por la entidad para declarar el siniestro.

Inconforme, el Consorcio Castro Tcherassi - Equipo Universal apeló bajo el argumento
de que el IDU responsabilizó al contratista sobre el deterioro progresivo de la calzada y
de los daños que aparecieron en las obras ejecutadas, pero pasó por alto la
responsabilidad que le asistía en lo relacionado con el mantenimiento de las obras
ejecutadas; con ello, confundió la obligación de mantenimiento que le asiste con la
afectación al amparo de estabilidad.

La compañía Aseguradora de Fianzas - Confianza S.A. también presentó recurso de
apelación bajo el argumento de una indebida valoración probatoria y la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, comoquiera que no se le
permitió participar durante el procedimiento administrativo que culminó con los actos
administrativos cuestionados.

En sentencia dictada el 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de San Andrés,

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Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

Providencia y Santa Catalina confirmó la decisión apelada1, al considerar que no se
acreditó que las Resoluciones nos. 1890 del 4 de mayo de 2007 y 3827 del 31 de julio de
2007, revistieran algún vicio; además, señaló que conforme con la jurisprudencia vertical,
la declaración de ocurrencia del siniestro de estabilidad de obra no tiene carácter
sancionatorio, razón por la cual no requiere del agotamiento de un proceso administrativo
previo para hacer efectiva la garantía.

Por consiguiente, si el objeto era determinar el deterioro de la calzada mixta, no era
necesario convocar al contratista y su garante a la inspección de obra, aun cuando se
encuentra probado que el Consorcio Castro Tcherassi - Equipo Universal, sí fue
convocado, pero no asistió.

Por último, destacó la falta de pruebas en punto a determinar la violación de las normas
en que debían fundarse los actos administrativos demandados, en la medida en que la
garantía se hizo efectiva antes de su prescripción, dentro del monto amparado y
encontrándose probado el siniestro.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:

Violación directa de la Constitución Política porque las decisiones cuestionadas se
fundamentaron en una interpretación restringida del alcance del artículo 29 de la
Constitución al considerar que, en el caso analizado, no se debía vincular a la Compañía
Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. a la actuación administrativa que derivó en la
expedición del acto administrativo que declaró el siniestro.

Lo anterior, al estimar que al no ser la declaratoria de ocurrencia de un siniestro de
estabilidad de obra un acto que surja de una actuación de carácter sancionatorio, no
requiere de un procedimiento Administrativo previo a que se profiera la decisión y en esa
medida, la autoridad administrativa solo tiene la obligación de motivar en debida forma el
acto administrativo que declara el siniestro y notificarlo a la aseguradora, para que a
través de los recursos en sede administrativa, ejerza su derecho de defensa y
contradicción.

Desconocimiento del precedente desarrollado por el Consejo de Estado sobre la
garantía de derecho a un debido proceso de las compañías de seguros, tratándose de

1 Comunicada por correo electrónico el 2 de abril de 2025.

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actos administrativos por medio de los cuales la autoridad administrativa declara la
existencia de un siniestro.

Al respecto, adujo que se desconocieron las sentencias de 23 de septiembre de 2015
con radicación no. 73001-23-31-000-2011- 00216-01 (44386), 23 de junio de 2010 con
radicación no. 25000-23-26-000-1994- 00225-01 (16367), 30 de noviembre de 2016 con
radicación no. 25000-23-26-000- 1993-08717-01 (29368) y 30 de noviembre de 2017 con
radicación no. 15001-23-31- 000-2006-01404-01 (37002), las cuales establecieron la
necesidad de vincular a la aseguradora en el trámite administrativo.

5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se
denegaran las pretensiones de la demanda.

Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de controversias
contractuales con radicado 11001-33-31-031-2008-000048-00/01 y de los argumentos
que fundamentaron la decisión de segunda instancia para señalar que su decisión fue
debidamente motivada, argumentada y se fundamentó en una interpretación jurídica de
las pruebas y normas aplicables al caso con independencia de que el demandante no la
comparta.

Resaltó que la acción de tutela resulta improcedente ante el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, dado que a través de la solicitud de amparo la parte actora
pretende reabrir un debate jurídico que ya fue resuelto por la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.

De otra parte, señaló que las providencias que se invocan para fundamentar el aludido
desconocimiento del precedente judicial no corresponden a situaciones que se asemejen
a los supuestos fácticos del presente asunto.

El Juez Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó que no se
configuró el defecto alegado referente a la violación directa de la constitución toda vez
que las autoridades judiciales enjuiciadas profirieron decisiones en el marco de la
autonomía funcional con un previo análisis jurídico debidamente sustentado y respaldado
en el material probatorio que fue aportado al proceso y los argumentos expuestos por la
actora más que demostrar la existencia de una vía de hecho develan su inconformidad
con las decisiones adoptadas en sede ordinaria.

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se opuso a las pretensiones de la tutela y
solicitó su exclusión de la acción, toda vez que misma no está dirigida en su contra.

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Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

El Consorcio Castro Tcherassi – Equipo Universal afirmó que coadyuvaba las
pretensiones de la acción de tutela.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia dictada el 4 de
noviembre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que no se
superaba el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los aspectos que
fundamentaron en concreto la acción de tutela son una reiteración de los fundamentos
que la actora utilizó en la demanda y en el recurso de apelación, los cuales estuvieron
dirigidos a demostrar su falta de vinculación en el trámite administrativo.

Destacó que en la providencia cuestionada el análisis del tribunal se centró en precisar
que no era obligatoria la vinculación de la aseguradora a un procedimiento administrativo
sancionatorio al estimar que el amparo de estabilidad de la obra no tiene carácter
sancionatorio, de modo que los derechos de defensa y debido proceso de la aseguradora
se garantizan mediante la interposición de recursos administrativos, en los cuales tuvo la
oportunidad de presentar sus puntos de vista y allegar los elementos probatorios que
estime necesarios.

Además, afirmó que, pese a que la aseguradora alegó que el tribunal incurrió en un
desconocimiento de precedente judicial al no aplicar unas sentencias del Consejo de
Estado según las cuales se debe vincular a la aseguradora al procedimiento
administrativo, lo que en realidad advierte es un interés en reabrir un debate sobre la
supuesta violación de su debido proceso porque no se agotó dicho procedimiento, es
decir, que lo que busca es controvertir la decisión del tribunal porque le fue desfavorable.

7. Impugnaciones

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Afirmó que, la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que las decisiones cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad por violación directa de la constitución y desconocimiento del
precedente judicial.

Adujó que las sentencias cuestionadas desconocieron el alcance del derecho
fundamental al debido proceso administrativo al estimar que la aseguradora no debía ser
vinculada al trámite administrativo porque no se trataba de una actuación sancionatoria,
como si el debido proceso se limitara a esa clase de actuaciones.

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Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

Destacó que el presente asunto no se trata de una indebida aplicación o interpretación
de una norma de carácter legal, sino de una evidente vulneración del derecho al debido
proceso, además del desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado
sobre la vinculación de la aseguradora desde el inicio de la actuación administrativa en
la que se declara la ocurrencia del siniestro.

Por último, afirmó que en el escrito de tutela explicó adecuadamente la vulneración en la
que incurrieron las autoridades judiciales accionadas, sin que la solicitud de amparo
tenga como propósito reabrir un debate meramente legal y, por el contrario, pretende que
se discuta un asunto de relevancia constitucional relativo a la vulneración de las garantías
fundamentales al debido proceso administrativo y la igualdad.

El Consorcio Castro Tcherassi – Equipo Universal impugnó y pidió que se revocara
la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Adujo que la relevancia constitucional no se refiere a <<reabrir un debate jurídico
procesal>> sino a la falta de aplicación de los mandatos constitucionales y al
desconocimiento del precedente judicial sin que la sentencia de primera instancia hubiera
estudiado tales aspectos.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de las impugnaciones presentadas
por la parte actora y Consorcio Castro Tcherassi – Equipo Universal se debe confirmar,
revocar o modificar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues, en efecto, los argumentos
formulados por la demandante en la solicitud de amparo coinciden con los que se
desestimaron en las providencias cuestionadas, de ahí que se evidencie que emplea este
mecanismo judicial como una tercera instancia.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

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requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en las
impugnaciones, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de

2
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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controversias contractuales con radicado 11001-33-31-031-2008-000048-00/01, tal como
se concluyó en la sentencia impugnada.

Básicamente, tanto en la acción de tutela de referencia, como en el proceso de
controversias contractuales antes referido, la parte actora, coadyuvada por el Consorcio
Castro Tcherassi – Equipo Universal, alegó que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al no vincularla dentro del trámite
administrativo de declaratoria de ocurrencia del siniestro y desconocieron el precedente
judicial del Consejo de Estado aplicable en estos casos.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la providencia
dictada el 27 de octubre de 2022, por el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo de
Bogotá, se lee lo siguiente:
«Desconocimiento del derecho al debido proceso y del derecho de defensa de Confianza S.A.
(artículos 29 de la Constitución y 35 del Código Contencioso Administrativo), así́ como del
procedimiento establecido contractualmente para la resolución de controversias (artículos 1602
del Código Civil, 209 de la Constitución, 3 del Código Contencioso Administrativo, 70 de la Ley
80 de 1993 y cláusula 50 de las condiciones generales y especiales del contrato.

Como quedó dicho en la demanda, el contrato 089 de 2000 estableció́ una serie de reglas para la
solución de las controversias que pudieran surgir con ocasión de los trabajos encargados al consorcio
Castro Tcherassi y Equipo Universal.

A pesar de ellas, el IDU procedió́ a dictar los actos acusadsos pretendiendo solucionar, de hecho y
asignándole la responsabilidad al contratista, una controversia originada en los daños que se
presentaron en algunas de las losas de las calzadas mixtas de la avenida Caracas.
Al hacerlo, además de dejar de lado los procedimientos contractualmente establecidos para la
resolución de estas controversias, actuando sin competencia, el IDU vulneró los derechos al debido
proceso y a la defensa de mi representada, en la medida en la que no le permitió́ participar del
procedimiento administrativo que culminó con los actos administrativos hoy impugnados.

Como puede observarse de la simple lectura de la Resolución 1890 de 2007, y de la 3827 del mismo
año que la confirmó, la decisión del IDU de hacer efectivo el amparo de estabilidad de obra se fundó́
principalmente (por no decir exclusivamente) en el estudio que el propio IDU le contrató a la Universidad
Nacional y en las visitas que, en conjunto con esta, realizaron funcionarios del IDU.

Y resulta que CONFIANZA jamás tuvo la oportunidad de participar en esta fase de la actuación
administrativa, que, como se ve, resultó ser el centro de gravedad de las decisiones hoy impugnadas.
Porque incluso aunque, ignorando las disposiciones contractuales sobre resolución de controversias,
se considerara que el IDU tenía competencia para declarar el incumplimiento del contrato por parte del
contratista, lo cierto es que esa competencia se debe ejercer en el marco del derecho al debido proceso.

Y a su vez, el derecho al debido proceso comprende una serie de garantías muy superiores a las
provistas por el IDU en el desarrollo de la actuación administrativa que culminó con los actos
demandados. En efecto, el derecho al debido proceso conlleva el derecho a ser notificado de las
actuaciones que se surtan durante el procedimiento, a pedir pruebas y a contradecir las que aduzca la
administración, con anterioridad a la toma de la decisión sobre la ocurrencia del siniestro de
incumplimiento de un contrato estatal y la cuantía de los perjuicios.

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Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

En efecto, como lo ha sostenido el Consejo de Estado:

“La Sala debe advertir que siendo el derecho de defensa parte sustancial del debido proceso, y el
derecho a la audiencia previa, inherente a la esencia de tales derechos fundamentales, todas las veces
que el reglamento no sea explícito en reconocer esas garantías, la administración está en el deber de
acudir al C.C.A., para llenar el vacío y, en todo caso, otorgarle al interesado la oportunidad de expresar
su opinión, antes, naturalmente, de decidir. Los recursos por vía gubernativa no suplen esa exigencia,
porque se trata de otra fase de la actuación, en la que se discute la decisión con quien haya participado
en el procedimiento de formación de la misma”

Como ninguna de las garantías propias de este derecho fueron provistas a mi representada, es claro
que las resoluciones demandadas deben ser anuladas, pues ellas vulneraron el artículo 29 de la
Constitución. >> [ Subrayas y negrillas del texto original].

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en sentencia dictada el 30 de enero de 2025, en la que se
consideró:
«En segundo lugar, se acusa los actos administrativos demandados por ser violatorios del artículo 29
Constitucional y 56 del Código Contencioso Administrativo – CCA, debido a que para la contradicción
del concepto rendido a solicitud del IDU, por la Universidad Nacional, debió́ habilitarse al contratista,
para que en su derecho de contradicción ejerciera, así́ como de la cláusula 50 del Contrato 089 de 2000,
considerando que el IDU, no le era permitido expedir las resoluciones aquí́ demandadas, por cuanto las
partes habían acordado en el citado negocio jurídico contractual, que cualquier controversia debía ser
resuelta por un tercero, para el caso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, conforme se indicó́ en los
numerales 1, 2 y 3 del acta del 19 de diciembre de 2002.

En este punto, es importante resaltar que la declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la
obra no tiene carácter sancionatorio, por lo que no requiere del agotamiento de un procedimiento
administrativo previo. Por lo anterior, si se pretende declarar la ocurrencia de este siniestro, no es
necesario que la entidad cite al contratista y su garante antes de adoptar la decisión y, por consiguiente,
no se requiere la presencia de estos en la consecución de los medios de convicción que le permitirán a
la entidad determinar si declara o no la ocurrencia del siniestro.

Al respecto, se considera que el derecho al debido proceso se garantiza al permitir al contratista y a la
compañía de seguros impugnar el acto a través del recurso de reposición, con el fin de que, mediante
el mismo, puedan controvertir las razones y pruebas tenidas en cuenta por la entidad para declarar el
siniestro.

Mediante la sentencia 52001-23-31-000-2011-00324-02 del 22 de mayo de 2024, la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (en adelante, el “CE”) resolvió́ una
controversia entre una entidad estatal beneficiaria y asegurada de una garantía única de cumplimiento
y la aseguradora que emitió́ el seguro. Este seguro contenía en las coberturas un amparo de buen
manejo y correcta inversión del anticipo. (…).

En esta sentencia el CE se pronunció́ sobre la presunta violación del derecho al debido proceso de la
aseguradora, debido a que no fue vinculada al procedimiento administrativo en el que fue declarado el
siniestro y se reclamó́ la indemnización de perjuicios bajo el amparo del buen manejo y correcta
inversión del anticipo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05810-01
Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

En este orden, destaca la Sala, que las compañías aseguradoras, mediante la expedición de la póliza
de cumplimiento, garantizan la observancia de las obligaciones a cargo de su afianzado y,
eventualmente, son las llamadas a responder patrimonialmente si se configura el siniestro contenido en
los diversos amparos que cubren la garantía única, y que en el sub lite está demostrado que, mediante
las Resoluciones 1890 del 4 de mayo y 3827 del 31 de Julio de 2007, el IDU, entidad contratante, declaró
la ocurrencia del siniestro de estabilidad de obra en relación con el Contrato 089 de 2000.

Se encuentra probado que en el contrato de obra 089 suscrito el 23 de febrero de 2000 entre el Instituto
de DESARROLLO URBANO -IDU- y el CONSORCIO CASTRO TCHERASSI & CIA LTDA – EQUIPO
UNIVERSAL Y CIA LTDA, cuyo objeto era la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto en concreto
asfáltico y la adecuación para la operación del Proyecto Transmilenio de las calzadas centrales en
concreto rígido de la Troncal Caracas desde la calle 6 hasta la calle 80 (los héroes), en Santa Fe de
Bogotá́ , se acordó́ acudir a un Tribunal de Arbitramento para dirimir los conflictos que se llegaren a
presentar entre el consorcio contratista y la entidad contratante, y el de constituir una Garantía de
Estabilidad de la obra, y en este último aspecto, la cuantía de dicha póliza debía ser del 50% del valor
del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recepción definitiva
de la obra.

Así́ mismo, se encuentra acreditado que en el acta No. 43, por medio de la cual se liquidó́ parcialmente
el contrato, se advirtió́ que el IDU tiene suscrito con la Universidad Nacional el Convenio 037 de 2002
para hacer el seguimiento de las obras recibidas por esta entidad y rendir conceptos técnicos; que en
virtud de esa realidad contractual el Instituto de Desarrollo Urbano solicitaría un informe técnico de las
posibles causas de los daños en las calzadas mixtas y añadió́ que el IDU se reservaba el derecho de
hacer efectiva la póliza de estabilidad de obra.

En secuencia de lo descrito, la Sala tiene que no se estipuló contractualmente como requisito previo
para hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra, determinar si eran imputables al contratista las
causas de las reparaciones en la zona de paraderos. Contrario a ello, la entidad pública estaba facultada
para hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra desde que adquirió́ conocimiento sobre el deterioro
de la obra.

Así́ pues, conforme lo establece la póliza de garantía, para obtener el pago del siniestro por la
aseguradora, solo requería por esta, recibir el primer requerimiento por escrito, contenido en acto
administrativo que así́ lo haya declarado, en tal secuencia, el único requisito exigido para el pago de la
garantía de estabilidad de la obra no era otro que la declaratoria de siniestro por parte de la entidad.
Por lo anterior, los cargos de nulidad por violación de la cláusula 50 del contrato 089 de 2000 y el debido
proceso no están llamados a prosperar.

Lo anterior, máxime cuando se encuentra probado que conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado,
se ejercieron los recursos legales para controvertir la ocurrencia del siniestro; sin embargo, ni en ese
momento ni en esta oportunidad la contradicción de los actos no se acompañó́ de las pruebas
necesarias para desvirtuar los informes periciales aportados. Tal como lo señala el IDU Si el Contratista
considera que los daños que se presentan en la obra son producto de la falta de mantenimiento, como
se adujo en los alegatos de conclusión de primera instancia, era al extremo activo a quien le incumbía
probar tal situación teniendo en cuenta que la obligación del Consorcio era de resultado.>>.

Como se ve, la discusión que propone el accionante y que fue coadyuvada por el
Consorcio Castro Tcherassi – Equipo Universal ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo que concluyó que, la declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad
de obra no tiene carácter de sancionatorio, por lo que no es necesario agotar un proceso

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administrativo previo y en ese orden, si la entidad pretende declarar la ocurrencia de un
siniestro no era necesario que citara al contratista y a su garante antes de adoptar la
decisión, pues el derecho al debido proceso se garantiza al permitirles impugnar el acto
a través del recurso de reposición dado que a través de éste pueden controvertir los
fundamentos y las pruebas tenidas en cuenta por la entidad para la declaratoria del
siniestro.

Además, el tribunal de conocimiento destacó que, no se estipuló contractualmente como
requisito previo para hacer efectiva la póliza de estabilidad de obra determinar si eran
imputables al contratista las causas de las reparaciones en la zona de paraderos, por lo
que la entidad pública estaba facultada para hacer efectiva la póliza de estabilidad de la
obra desde que tuvo conocimiento sobre el deterioro de la obra.

Además, la Sala encuentra que, aunque la demandante alegó desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado que, en su criterio, prevé la necesidad de vincular a la
aseguradora en el trámite administrativo, lo cierto es que lo hace con la finalidad de insistir
en la tesis ya planteada dentro del proceso ordinario.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de controversias contractuales con radicado 11001-33-31-031-2008-000048-00/01,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de controversias
contractuales, lo que denota que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito
de relevancia constitucional, de ahí que deba confirmarse la sentencia impugnada, que
la declaró improcedente.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección primera, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela

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Demandante: Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

presentada por la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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