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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03807-01

Fecha
5 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03807-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: Modificase la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará así: 1º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de incidente de desacato. 2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al presunto delito de fraude procesal y al cargo de nulidad de la resolución, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a la indebida notificación del auto admisorio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03807-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

5 de noviembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03807-01
Demandante: FUNDACIÓN PARA LA EMPRESA DE LA PAZ -
FUNDAEMPAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ACCIÓN POPULAR. INCIDENTE DE DESACATO. DELITO
DE FRAUDE PROCESAL. SOLICITUD NULIDAD DE ACTO
ADMINISTRATIVO. INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales, por cuanto no se resolvió el incidente
de desacato, se expidió un acto respaldado en documentos falsos, en el trámite de proceso se
incurrió fraude procesal y no se notificó el auto admisorio a todos los interesados. La Sala
modificará el fallo de primera para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado y la improcedencia del amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
pero, solo respecto del presunto delito de fraude procesal y el cargo de nulidad de la resolución,
al propio tiempo que declarará la improcedencia pero, por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, frente a la indebida notificación del auto admisorio.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 20 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“1. Negar la solicitud de desvinculación de la Superintendencia de Notariado y
Registro y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado, en lo atinente al
incidente de desacato presentado por FUNDAEMPAZ el 22 de febrero de 2024.

3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la actora contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Diecinueve
Administrativo de Cali, en relación con la nulidad de la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 proferida por INVICALI, el presunto fraude
procesal y la indebida notificación del auto admisorio.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original).

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03807-01
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz
• FUNDAEMPAZ
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 22 de julio de 2024, la Fundación para la Empresa de la Paz – FUNDAEMPAZ, a través
de su representante legal, presentó proceso de acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Cali con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por tanto,
se accediera a las siguientes súplicas:

“QUE SE TUTELE EL ACCESO RECTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LA
JUSTICIA Y EL ACCESO RECTO DE EL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIONPUBLICA, CON PROVIDAD.Y RECTITUD.
QUE EN CONSECUENCIA, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SE TUTELE EL
DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO Y SE ODENE , QUE SE
RESUELVA EL INCIDENTE DE DESACTO FRENTE A LA SENTENCIA DE
FECHA: 20 DE ABRIL DE 2015 DEL H. TRIBNUNAL CONTENCIOSO
ADMINSTRATIVO DEL VALLE DEL CUACA, HECHO PROBADO POR QUE
EN CUMPLIMIENTO DE DICHA SENTENCIA INVICALI, EMITIO LA
RESOLUCION: SVSH4147.0.21.1.107.17 DE 2017, QUE APROBO EL
PLANO DE 2016, ELABORADO POR LA INGENIERA EMILSE
LARRAHONDO,Y QUE BORRO EL MOJON 44 DEL PLANO DE 1897, Y
ESTABLECE FALSAMENTE EL PLANO DEL FOLIO: 370-254418, QUE DEL
POLIONO 42 AL POLIGNO 29, EXISTEN MAS DE 2000.000 DOS MILLONES
DE METROSLINELAES, Y QUE DEL MOJON: 29 AL MOJON 47 DICE QUE
EXITEN TAMBIEN UNA DISTANCIA DE MAS DE 2.000.000 DOS MILLONES
DEMETROS LIENAES , EN LA COMUNA 18 DE CALI, Y EL PLANO DE 2016.
BORRO EL RIO CALÑAVERALEJO LO DEJO COMO UN CUADRADO, DE90
GRADOS, Y INVICALI PRESENTO EN LA QUERELLA: RAD:
4161.050.9.6.21.20203 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA INSPECION
DE POLICIA DE LA COMUNA 18 DE CALI, PRESENTO EL FOLIO DE LA M.I.
370-254418, DICIENDO FALSAMENTE QUE LE CORRESPONDE LA
CEDULA CATASTRAL : F-053500280001, HECHO QUE NO ES CIERTO,
POR QUE DICHA MANZANA CATASRTRAL NO EXISTE PARA ESE FOLIO:
370-254418, Y CON ESTAS PRUEBAS ESPURIAS, LAS ESTA USANDO
INVICALI PARA USURPAR NUESTAS TIERRAS,DEL FOLIO: 370-28005. Y
INVIALI, USA DE FORMA FRAUDULENTA DICHOS DOCUMENTOS EN LAS
QUERELLA.RAD: 4161.050.9.6.21.2023, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE
LA INSPECCION DE POLICIA DE LA COMUNA 18 DE CALI, Y ME
SANCIONO CON MULTA DE $20.000.000 VENTEMILLONES DE PESOS,
POR UN DELITO QUE NO COMETI.Y CON DOCUMENTOS ESPURIOS ME
USURPAN LAS TIERRAS DE LA FUNDACION FUNDAEMPAZ.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

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1) El señor Claudio Borrero Quijano promovió una acción popular en contra del municipio
de Santiago de Cali, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Nación – Rama
Judicial - Consejo Superior de la Judicatura y la señora Carmen Tulia Tascón Mera, con
el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el
goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la defensa
del patrimonio público, pues, consideró que el ente territorial vendió los predios conocidos
como Lomas Altas de Meléndez o Pampas de la Pedregosa y Cañaveralejo o La
Curtiembre, al señor Uldiano Tascón Escobar, sin cumplir con los requisitos legales para
el efecto.

2) Mediante providencia del 13 de enero de 2014, el Juzgado Primero Administrativo en
Descongestión de Cali1 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, pese a que se
demostraron unas irregularidades por parte del municipio de Santiago de Cali respecto
del manejo de los predios que tenía en su custodia, esos hechos no acreditaban la
vulneración de los derechos colectivos invocados.

3) El señor Borrero Quijano presentó recurso de apelación, en el cual afirmó que no se
valoraron en debida forma las pruebas aportadas al expediente que demostraban que el
municipio demandado incurrió en desconocimiento de las normas y la jurisprudencia que
reglamentan el tema pues, no tuvo en cuenta que los predios ejidales materia de
controversia no fueron incluidos en el POT, que no se había adelantado el proceso de
desafectación por parte del Concejo Municipal y que, al ser bienes de uso público, eran
inajenables.

4) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia
del 20 de abril de 2015, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia, y, en su
lugar, amparó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Esa decisión se
basó en que la entrega de los bienes ejidos Lomas Altas de Meléndez o Pampas de la
Pedregosa y Cañaveralejo o La Curtimbre, realizada por el municipio de Santiago de Cali,
no fue jurídicamente válida.

5) En consecuencia, ordenó al municipio de Santiago de Cali que i) delimitara el área
disponible del predio y elaborara una nueva carta topográfica que expresara su tamaño,

1 Proceso con radicación no. 76001-33-31-016-2009-00360-00/01.

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linderos y zonas aledañas; ii) a través de la Oficina de Catastro, realizara las acciones
pertinentes para la recuperación integral de la ficha catastral en favor del ente territorial,
subsanara las irregularidades que se suscitaron con ocasión de la llamada "Escritura
Pública No. 1255 del 06 de abril de 2000" y actualizara los derechos reales constituidos
por los ocupantes del inmueble, su situación y afectaciones; iii) por medio de la Secretaría
de Vivienda Social, solicitara la inscripción inmediata de la limitación de dominio al folio
de matrícula inmobiliaria no. 370-254418, en la cual debía señalar que se trataba de un
bien ejido y, iv) realizara todas las gestiones administrativas y jurisdiccionales tendientes
a la recuperación del goce del predio ejido en favor de la ciudadanía del municipio de
Santiago de Cali.

6) Mediante la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 la alcaldía del municipio de Santiago
de Cali dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y, en consecuencia, procedió a
actualizar el área y linderos del predio ejido Lomas Altas de Meléndez o Pampas de la
Pedregosa y Cañaveralejo o La Curtimbre.

7) El 8 de marzo de 2017, el actor popular presentó incidente de desacato debido al
incumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo del 20 de abril de 2015.

8) El 23 de octubre de 2018, el juzgado resolvió que la Oficina de Instrumentos Públicos
de Cali cumplió todos y cada uno de los puntos objeto de su competencia; sin embargo,
abrió incidente de desacato en contra de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la
Subdirección de Catastro de municipio de Santiago de Cali, por cuanto no había
presentado avances en cuanto a algunos puntos que les correspondían.

9) El 9 de julio de 2019, el juzgado impuso sanción a los funcionarios Jesús Alberto Reyes
Mosquera, en su condición de secretario de Vivienda Social y Hábitat de Cali, y Angela
María Jiménez Avilés, quien se desempeñaba como subdirectora de Catastro de Cali.

10) El 29 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sede de
grado jurisdiccional de consulta, revocó la sanción porque los funcionarios requeridos
inicialmente no eran los mismos sancionados.

11) El 5 de octubre de 2019, el juzgado requirió a los funcionarios actuales de esas
dependencias para que presentaran un cronograma claro de las actividades a realizar,
en vista de la complejidad de las órdenes que debían acatarse.

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12) Una vez presentados los respectivos cronogramas y avances, mediante auto de 9 de
diciembre de 2019, el juzgado concluyó que por la magnitud de la tarea debían hacerse
informes de avance parcial.

13) El 22 de febrero de 2024, la sociedad aquí actora -FUNDAEMPAZ- presentó incidente
de desacato, debido a que mediante la Resolución no. 4147.0.21.107-17 de 2017 dictada
por INVICALI se “rotó en 90 grados el plano original”, lo cual afectó los mojones y
colindancias de más de 90 propiedades, incluso las de esa fundación, modificación que
era contraria a lo dispuesto en la sentencia en la que se ordenó proteger los límites
originales del terreno.

14) El 15 de marzo de 2024, el juzgado requirió a las demandadas para que rindieran
informe respecto del cumplimiento de la sentencia.

15) El 2 de abril de 2024, el representante de FUNDAEMPAZ solicitó la nulidad de todo
lo actuado en la acción popular, por no haber notificado el auto admisorio de la demanda
a las personas interesadas en los resultados del proceso.

16) El 21 de mayo de 20242, el juzgado negó la solicitud de nulidad, en atención a que
se encontraba acreditado que en el auto admisorio se ordenó fijar un aviso para informar
a la comunidad sobre la existencia de la acción popular, con lo cual se cumplió el principio
de publicidad y debido proceso y, además, señaló que el incidente de nulidad no era el
medio para solicitar la nulidad de actos administrativos, dado que estos gozaban de
presunción de legalidad.

17) El 2 de septiembre de 2024, el despacho judicial se abstuvo de abrir incidente de
desacato, por cuanto se acreditó que las autoridades estaban realizando la actualización
de los derechos reales dentro de los predios ejidos, cuya tarea era muy compleja debido
a la cantidad de terrenos sobre los cuales se debía cumplir.

2 Decisión notificada por correo electrónico el 22 de mayo de 2024.

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3. El fundamento de la vulneración

La demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales, por cuanto i) no se ha resuelto el incidente de
desacato presentado el 22 de febrero de 2024, ii) se incurrió en el delito de fraude
procesal en el trámite de la acción popular, iii) no se advirtió que la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 se encontraba viciada de nulidad, pues se sustentó en
documentos falsos y, iv) no se notificó el auto admisorio a todos los terceros interesados.

En cuanto al presunto fraude procesal, sostuvo que INVICALI, con la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017, estableció de manera falsa que las distancias dentro
del terreno eran mucho mayores, lo cual permitió que usurpara las tierras de los
propietarios en la Comuna 18 de Cali.

La Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 proferida por INVICALI, para demostrar
el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia proferida en la acción popular, se respaldó
por documentos falsos, lo cual condujo a la desaparición de más de 80 cédulas
catastrales y matrículas inmobiliarias.

Cuando “se volteó el plano de 1897 en 90 grados” se borraron límites importantes del
terreno, lo cual permitió que INVICALI reclamara ilegalmente propiedades que no le
correspondían.

INVICALI usó dicha documentación fraudulenta en la querella con número de radicación
4161.050.9.6.21.2023 de 15 de diciembre de 2023, procedimiento en el cual la inspección
de Policía de la Comuna 18 de Cali lo sancionó con multa por incurrir en ocupación y
perturbación de la propiedad del municipio.

4. Actuación de primer grado

El 26 de julio de 2024 se inadmitió la acción de tutela, con el fin de que el señor William
Cárdenas Giraldo aportara los documentos que lo acreditaran como representante legal
de la fundación FUNDAEMPAZ; además, para que precisara de manera concreta e
individual, frente a cada autoridad judicial, los hechos, las pretensiones y argumentos por
los cuales consideraba que se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

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A su vez, el 12 de agosto de 2024, se requirió al demandante para que aportara el
certificado de existencia y representación legal de la fundación con una vigencia no mayor
a 30 días.

Cumplido lo anterior, mediante providencia de 28 de agosto de 2024, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al titular del Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a los señores Claudio Borrero
Quijano y Carmen Tulia Tascón, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
municipio de Santiago de Cali y a la Superintendencia de Notariado, como terceros
interesados, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de 20 de septiembre de 2024,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de incidente de
desacato; asimismo, declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, en relación con la nulidad de la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 proferida por INVICALI, el presunto delito de fraude
procesal y la indebida notificación del auto admisorio.

Respecto de los reparos presentados en contra de la Resolución SVSH4147.0.21.107-
17 de 2017 proferida por INVICALI, afirmó que a través de la acción de tutela no era
posible discutir la legalidad de ese acto administrativo, en tanto que para ello cuenta con
los mecanismos judiciales pertinentes (sin indicar cuáles).

En cuanto al presunto fraude procesal, indicó que el demandante se encontraba facultado
para presentar una denuncia ante las entidades correspondientes para que se adelantara
la investigación penal por la supuesta configuración de dicho ilícito.

Por último, en cuanto a la presunta indebida notificación del auto admisorio, sostuvo que
ese argumento ya había sido resuelto en el trámite de la solicitud de nulidad que se
presentó en el proceso de acción popular.

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6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 8 de octubre de 2024.

El demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y añadió
que se incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no se valoraron las pruebas que daban
cuenta que se incurrió en desacato de la sentencia del 20 de abril de 2015.

Para sustentar su alegación adicionó los medios probatorios que presuntamente se
omitieron3.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

3 Entre ellos, los planos primigenios del ejido, el título de la asociación fe y alegría del folio de M.I. 370-

55138, las cuatro matriculas inmobiliarias, el mismo ejido: LOMAS ALTAS DE MELENDEZ, LA M.I. :370-
254418. DE AREA DE: 133,626,59M2; LA M.I. 370-253074, de más DE 2.000.000 M2; las escrituras 466
DE 1912, en la M.I. 370-74212, de más DE 85.000 .M2, y las escrituras, 466 DE 1912, en la M.I. 370-
141213.DE 143, pruebas de la doble titulación de 42 ejidos dentro de los dos folios gemelos: 370-254418.
que tiene la cédula catastral falsa f-053500280001, escritura 1770., de 22 de abril de 1974 de la Notaria
Cuarta de Cali, que establece un área de:15.827M2, del ejido: LOMAS ALTAS DE MELENDEZ

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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Cali con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto i)
no se ha resuelto el incidente de desacato, ii) se incurrió en fraude procesal, iii) no se
advirtió que la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 se encuentra viciada de
nulidad y, iv) no se notificó el auto admisorio a todos los terceros interesados.

En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de incidente de desacato y la
improcedencia del por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en relación con
la nulidad de la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 proferida por INVICALI, el
presunto fraude procesal y la indebida notificación del auto admisorio.

En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró los argumentos presentados
en la demanda y agregó que se incurrió en un defecto fáctico, ya que no se valoraron las
pruebas que daban cuenta que se incurrió en desacato de la sentencia del 20 de abril de
2015.

Ahora bien, como cuestión previa, la Sala advierte que, frente al argumento de la
impugnación referente al defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas que
daban cuenta que se incurrió en desacato de la sentencia popular, se abstendrá de
pronunciarse al respecto, puesto que constituyen argumentos nuevos que no fueron
formulados en la demanda de tutela y respecto de los cuales las accionadas no tuvieron
la oportunidad de pronunciarse ni defenderse, por lo que cualquier consideración al
respecto significaría vulnerar el derecho de defensa y debido proceso de la contraparte.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará el fallo de
primera para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y la

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improcedencia del amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero,
solo respecto del presunto delito de fraude procesal y el cargo de nulidad de la resolución,
al propio tiempo que declarará la improcedencia pero, por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, frente a la indebida notificación del auto admisorio, por las
razones que procederán a exponerse:

2.1 El fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado

La figura de la carencia actual de objeto se presenta cuando la causa que motivaba la
solicitud de amparo se extingue o “ha cesado4” y se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia carezca de efectos o se torne inocua,
pues en tales casos resulta intrascendente que este se pronuncie de fondo frente a la
amenaza de derechos fundamentales cuando esta situación ha desaparecido en el
transcurso de la acción de tutela.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto se presenta cuando la acción de tutela ha perdido su razón de ser para la
protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, debido a tres
circunstancias puntuales: i) hecho superado, ii) daño consumado y, iii) acaecimiento de
una situación sobreviniente. Al respecto, dicha Corporación indicó:

“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que
podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y daño
consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho
superado responde al sentido obvio de las palabras que componen la expresión,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como
producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el
mismo diera orden alguna. Es importante precisar que en estos casos le
corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir,
voluntariamente.

42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se ha perfeccionado la
afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad
de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible
que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación (…).

44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las categorías
originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio, el cual fue
propuesto por primera vez con la Sentencia T-585 de 2010, en un caso originado

4 Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.

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por las trabas administrativas impuestas por una EPS para impedir la interrupción
voluntaria del embarazo. En sede de revisión, la Sala fue avisada que la
accionante “no había continuado con el embarazo”. No se trataba entonces de un
hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro del
sistema de salud en condiciones de calidad fue rechazada, pero tampoco de un
daño consumado en vista de que el nacimiento tampoco se produjo. La Sala
Octava de Revisión explicó entonces que existen “otras circunstancias” en las que
la orden del juez resultaría inocua dado que el accionante perdió “el interés en la
satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo5”.

En particular, esa misma Corporación ha considerado que la figura del hecho superado
se configura cuando entre la fecha de interposición de la acción de tutela y la decisión del
juez constitucional, esto es, en el curso del proceso de acción de tutela, la autoridad
demandada pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de las
garantías fundamentales, en los siguientes términos:

“3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado (…)”6.

En suma, para constatar que en una determinada hipótesis se está en presencia de un
hecho superado es necesario verificar tres requisitos concurrentes, a saber: i) que haya
una variación en los hechos que dieron lugar a la acción de tutela; ii) que esta suponga
la garantía o protección de los derechos fundamentales invocados como amenazados o
vulnerados y, iii) que haya obedecido a una conducta voluntaria de la accionada7.

2.2 La configuración del hecho superado en el caso concreto

1) La parte demandante afirmó que las autoridades judiciales demandadas no han
resuelto el incidente de desacato presentado el 22 de febrero de 2024, con lo cual
vulneraron sus derechos fundamentales.

2) No obstante, de acuerdo con los medios de prueba aportados al expediente y la
información consignada en el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI- se advierte que, el 2

5 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, MP Diana Fajardo Rivera.

6 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.

7 Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023, MP Paola Andrea Meneses.

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de septiembre de la presente anualidad, el Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Cali profirió la providencia en la cual resolvió abstenerse de abrir el
incidente de desacato solicitado por el representante de FUNDAEMPAZ, decisión que
fue notificada por correo electrónico el día siguiente.

3) En consideración a lo antes expuesto, es evidente que durante el trámite de la acción
de tutela la autoridad judicial demandada puso fin a la situación que motivó la
interposición de la demanda, esto es, que se resolviera el incidente de desacato
presentado el 22 de febrero del presente año, motivo por el que se debe declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.

4) Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral y
una alta congestión judicial, situación generalizada en el territorio nacional y que no es
imputable al actuar de la autoridad aquí accionada, sino a las dificultades que debe
afrontar la Rama Judicial debido al exceso de carga laboral.

5) En consecuencia, se confirmará la decisión que declaró la carencia actual de objeto,
por cuanto la situación que presuntamente generaba la vulneración de los derechos
fundamentales fue superada.

2.3 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja

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el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.4 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante señaló que se vulneraron
sus derechos constitucionales fundamentales, por cuanto i) se incurrió en el delito de
fraude procesal en el trámite de la acción popular y ii) no se advirtió que la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 se encontraba viciada de nulidad, en la medida en que
se sustentó en documentos falsos.

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2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, tal como lo consideró el a quo
constitucional, revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la misma es improcedente
en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por las
siguientes razones:

3) En cuanto al presunto delito de fraude procesal, para la Sala resulta claro que, a pesar
de que se invocó la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, este es un aspecto que debe definir la Fiscalía
General de la Nación, en atención a que dicha autoridad es la encargada de investigar y
determinar la veracidad de lo manifestado por la demandante, y de establecer si se
incurrió o no en el ilícito.

4) En esa medida, la fundación demandante puede instaurar una denuncia por la
presunta comisión del delito de fraude procesal e iniciar una investigación penal,
escenario en el cual podrá presentar las pruebas pertinentes que sustenten sus
afirmaciones.

5) En cuanto a los cargos de nulidad presentados en contra de la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017, la Sala encuentra que la acción de tutela tampoco es
el mecanismo procedente para atacar la legalidad de ese acto administrativo de contenido
particular y concreto, mediante el cual se estableció el área y los linderos del predio ejido.

6) En efecto, como la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, para
cuestionar la legalidad de esa resolución y ventilar la inconformidad que ahora expone,
resulta acertado declarar la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

7) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues, una interpretación contraria
conllevaría a que esta sea empleada como un instrumento para desplazar las
competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es
eminentemente protectora de derechos fundamentales.

8) Así las cosas, la Sala estima, tal como lo hizo la Sección Cuarta de esta Corporación,
que la presente acción de tutela es improcedente, puesto que la parte demandante cuenta

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con otros mecanismos de defensa eficaces para el amparo de sus derechos
fundamentales y no ha demostrado, siquiera, haber intentado acudir a ellos, de modo que
no es dable pretender ejercer la acción de tutela como un medio alternativo de protección
ius fundamental que, lejos de proteger un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que fueron encomendadas a los jueces
constitucionales por mandato de la Constitución.

9) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

10) En consecuencia, en cuanto a dichos cargos la Sala ratificará el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

2.3 Análisis de la relevancia constitucional

1) En lo demás, la demandante indicó que no se notificó el auto admisorio de la demanda
de acción popular a los terceros interesados en las resultas del proceso.

2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite de la solicitud de nulidad que
se presentó en el trámite de la acción popular, con miras a que se declarara la nulidad
del asunto por cuanto no se notificó del auto admisorio de la demanda a los terceros
interesados.

3) Por su parte, en la providencia del 21 de mayo de 2024 el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó la solicitud de nulidad presentada por el
señor William Cárdenas Giraldo, en su condición de representante de la Fundación para
las Empresas de la Paz FUNDAEMPAZ, en consideración a que se había fijado
previamente un aviso para informar a la comunidad sobre la existencia de la acción
popular. De manera expresa, señaló:

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“En el auto que admite la demanda de fecha 11 de diciembre de 2009, en su
artículo séptimo, señaló:

“Séptimo: FÍJESE AVISO INFORMANDO a la comunidad sobre la existencia
de la presente acción popular, en la forma ordenada en el artículo 21
incisos 1 y 2 de la Ley 472 de 1998, para tal fin, se deberá publicar el
mismo en un medio masivo de comunicación”

Dicha orden fue cumplida por el actor popular publicando el respectivo
aviso en el diario el Tiempo el viernes 05 de marzo de 2010. Por tanto, de
acuerdo con la normatividad de este tipo de acción se cumplió con los principios
de publicidad y debido proceso. De esa manera, se observa que dentro del
proceso no se presentaron personas a coadyuvar esta acción dentro del
término estipulado para ello, razón por lo que no hay lugar a acceder a la
solicitud del reclamante.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
escrito apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica relacionada
con la presunta falta de notificación del auto admisorio de la demanda de acción popular
a los terceros interesados.

5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la solicitud de
nulidad, los cuales fueron resueltos en la providencia del 21 de mayo de 2024 y se
dirigieron de manera exclusiva a que se declarara la nulidad de todo lo actuado en la
acción popular por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda a los
terceros con interés en las resultas del proceso.

1) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso de acción popular y
al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

6) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, frente a este argumento.

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7) En conclusión, la Sala modificará el fallo de primera instancia para, en su lugar, ratificar
la carencia actual de objeto por hecho superado y la improcedencia del amparo por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero solo respecto del presunto delito de
fraude procesal, el cargo de nulidad de la resolución y el defecto fáctico que se invocó en
la impugnación, y agregará que frente a la indebida notificación del auto admisorio el
amparo también es improcedente pero, por falta de relevancia constitucional, por las
razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Modificase la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, la cual quedará así:

1º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de incidente de
desacato.

2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente al presunto delito de fraude procesal y al cargo de nulidad de la
resolución, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional frente a la indebida notificación del auto admisorio, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

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6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto parcial

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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