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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04361-01

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04361-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confirmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04361-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
Demandante: LAUREANO RAFAEL SACRO PORTILLA Y OTRO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
PROFERIDAS EN UN PROCESO DISCIPLINARIO,
DE ACCIÓN POPULAR Y POLICIVO.
INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL
IRREGULAR.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales, en virtud de la providencia
adoptada dentro de un proceso disciplinario, y las decisiones adoptadas en un proceso
policivo que, a su juicio, acreditaban irregularidades registrales y catastrales sobre los
predios en controversia; además, alegó que el trámite policivo se adelantó sin la debida
vinculación y notificación de los comuneros copropietarios. La Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de
la sentencia de 29 de julio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“[S]EGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por los ciudadanos Laureano Rafael Sacro Portilla y
William Cárdenas Giraldo, quienes actúan en nombre propio y,
además, este último en calidad de representante legal de la Fundación
para las Empresas de la Paz – FUNDAEMPAZ, contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de Policía Urbana
Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito Especial
de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito
Especial de Santiago de Cali, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 60, primera instancia-
negrillas y mayúsculas del original).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 5 de junio de 20261, los señores Laureano Rafael Socro Portilla y William
Cárdenas Giraldo, quienes actúan en nombre propio y, además, este último en
calidad de representante legal de la Fundación para las Empresas de la Paz –
FUNDAEMPAZ, promovieron proceso de acción de tutela en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de Policía Urbana
Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito Especial de Santiago
de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago
de Cali, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la
administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al Debido
Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Defensa,
Contradicción e Igualdad de los señores WILLIAM CÁRDENAS
GIRALDO (Representante Legal de FUNDAEMPAZ) y LAUREANO
RAFAEL SOCRO PORTILLA (Comunero afectado).

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia del
veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiséis (2026) proferida por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (M.P. Carlos Arturo
Ramírez Vásquez) dentro del Radicado No.
76001250200020230199901. En consecuencia, ORDENAR a dicha
corporación dictar una nueva providencia de fondo donde efectúe
un examen integral, serio y riguroso de la licitud de los soportes
inmobiliarios y el dolo procesal denunciado.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la decisión del 15 de
diciembre de 2023 proferida por la Inspección de Policía de la
Comuna 18 de Cali dentro del Radicado No. 4161.050.9.6.21.2023,
y en consecuencia ORDENAR a dicha inspección retrotraer y
rehacer la actuación procesal, disponiendo la vinculación formal,
notificación personal y emplazamiento de la totalidad de los
comuneros copropietarios inscritos en la Matrícula Inmobiliaria
No. 370-28005., y sacar las pruebas espurias, como son LA M.I. 370-
254418. CON CEDULA CATASTRAL FALSA: F.053500280001, Y LA
M.I. 370-253074 SIN CEDULA CATASTRAL, Y LA M.I. 370-55130 por
el hecho probado que tienen triplicidad de escrituras iguales como son
la 1770 A LA 1774 DE 1974 DE LA NOTARIA CUARTA DE CALI.
hecho prohibido por la ley 1579 de 2012, en los artículos: 3,4,6,8,48,50,
y55, y la resolución: 1149 de 2021 en el artículo. 47, del CATASTRO
MULTIPROPOSITO.”. (mayúsculas y negrillas fijas del original -
SAMAI, índice 3 de primera instancia).

1 Índice 1, Samai, primera instancia.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

I) Hechos relativos al proceso policivo

1) El 9 de julio de 2021, el señor Ramiro Alberto Montilla Sandoval, en calidad de
apoderado del señor Víctor Murillo Urraca, entonces director nacional y
representante legal de la Asociación Fe y Alegría de Colombia, presentó querella
policiva contra el señor William Cárdenas Giraldo, representante legal de
FUNDAEMPAZ, por la presunta realización de comportamientos contrarios a la
posesión y mera tenencia respecto del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 370-551382 y de la reserva municipal de uso sostenible del río
Meléndez.

2) El asunto correspondió a la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial
Comuna 18 Meléndez de Santiago de Cali, bajo la radicación no.
4161.050.9.6.0021.2023.

3) Durante el trámite de la querella no fueron citados ni notificados el señor
Laureano Rafael Sacro Portilla ni los demás comuneros que, según los
demandantes, figuran como copropietarios en común y proindiviso del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 370-28005, respecto del cual
FUNDAEMPAZ alega su derecho de propiedad.

4) En el curso de esa actuación se planteó una controversia respecto de la
identificación registral y catastral de los inmuebles, pues los demandantes
cuestionaron la correspondencia entre el folio de matrícula inmobiliaria 370-
254418 y la cédula catastral F-053500280001, para lo cual, invocaron, entre otros
elementos, el Oficio TOP-103 del 28 de mayo de 2009 expedido por el
Departamento de Topografía de la Secretaría de Vivienda de Cali, del cual, según

2 El 370-55138 aparece vinculado al inmueble respecto del cual se promovió la querella; el 370-

28005 corresponde al predio sobre el cual FUNDAEMPAZ y Sacro Portilla alegan sus derechos;
y los 370-254418, 370-253074 y 370-55138 aparecen, además, dentro de la controversia registral
que los demandantes plantean por la supuesta multiplicidad de títulos.

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

afirman, se desprende que la manzana F-0535 no corresponde a ese folio y que
este se refiere a un lote de 77,16 m² ubicado en el barrio Los Chorros.

5) Asimismo, los demandantes cuestionaron los folios de matrícula inmobiliaria
370-254418, 370-253074 y 370-55138, por cuanto presentaban una supuesta
multiplicidad de títulos derivada de las escrituras públicas 1770, 1771, 1772, 1773
y 1774 del 22 de abril de 1974 de la Notaría Cuarta de Cali, y señalaron que el
folio de matrícula inmobiliaria 370-23207 correspondía al título matriz de los
terrenos ejidales a los que hacen referencia en la solicitud de amparo.

6) El 15 de diciembre de 2023, la Inspección de Policía Urbana Categoría
Especial Comuna 18 Meléndez declaró al señor William Cárdenas Giraldo
infractor de la Ley 1801 de 2016 y ordenó, entre otras medidas, la suspensión
definitiva de las obras de cerramiento, deforestación, tala y construcción, la
realización de las actuaciones necesarias para el levantamiento de los cercos y
la restitución del predio y, una vez cumplidas esas medidas, la devolución de la
posesión y custodia del inmueble a la Secretaría de Vivienda y Hábitat Social;
además, impuso una multa de 10 SMLMV al abogado Antonio Arboleda Montaño
y, solidariamente, al señor William Cárdenas Giraldo.

7) Inconformes con la anterior decisión, las partes del proceso policivo
interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la
Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali.

8) Mediante Resolución 4161.010.21.1-1047 del 5 de septiembre de 20243, la
Secretaría de Seguridad y Justicia precisó que las medidas impuestas al señor
William Cárdenas Giraldo comprendían la restitución y protección del inmueble y
la demolición del cerramiento o cerca y de cualquier otra construcción ubicada en
el predio ocupado irregularmente, revocó el artículo relacionado con la multa
impuesta con ocasión de la recusación y confirmó en lo demás la decisión del 15
de diciembre de 2023, por considerar que se habían realizado intervenciones
sobre un inmueble de propiedad del Distrito de Santiago de Cali sin acreditar un
título que legitimara la posesión ni las obras ejecutadas.

3 Decisión notificada a las partes el 4 de octubre de 2024.

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
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ii) Hechos relativos al proceso disciplinario

9) El 23 de agosto de 2023, el señor William Cárdenas Giraldo formuló queja
disciplinaria por la actuación de los abogados José Alfredo Terán Salazar, Ramiro
Alberto Montilla Sandoval y Olga Jisseth Rentería Mena dentro de la querella
policiva, por la utilización de documentos y elementos probatorios que, según el
quejoso, contenían información irregular o falsa acerca de la identificación y
situación jurídica de los inmuebles ubicados en Lomas Altas de Meléndez o
Pampas de La Pedregosa.

10) El proceso correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca4, quien, mediante providencia del 10 de septiembre de 2025,
decretó la terminación anticipada del procedimiento respecto de los señores José
Alfredo Terán Salazar y Ramiro Alberto Montilla Sandoval y remitió a la
Procuraduría Provincial de Cali, por competencia, lo relacionado con la señora
Olga Jisseth Rentería Mena.

11) Consideró que no se acreditó una conducta con relevancia disciplinaria y que
las inconformidades formuladas por el señor William Cárdenas Giraldo debían
debatirse dentro del proceso policivo, sin que correspondiera a la jurisdicción
disciplinaria efectuar control de legalidad sobre las actuaciones de otras
autoridades.

12) El señor William Cárdenas Giraldo interpuso recurso de apelación, en el cual
indicó que la Comisión Seccional omitió valorar elementos probatorios que, en su
criterio, demostraban que los señores José Alfredo Terán Salazar y Ramiro
Alberto Montilla Sandoval utilizaron pruebas ilícitas y documentos falsos para
obtener decisiones contrarias a los intereses de FUNDAEMPAZ, tanto en
actuaciones ante la Fiscalía como en el proceso policivo adelantado por la
Inspección de Policía de la Comuna 18 de Cali.

13) El recurso correspondió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien
mediante sentencia del 27 de mayo de 2026 confirmó la terminación anticipada
del procedimiento, en la medida que la Comisión Seccional había valorado el

4 Con radicación no. 76001-25-02-000-2023-01999-00/01.

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Acción de tutela – Impugnación fallo

material relevante y que este no demostraba una conducta disciplinaria concreta,
sino una controversia relacionada con la tradición inmobiliaria, la identificación
predial, la validez registral, la competencia policiva y los efectos de las
actuaciones administrativas, asuntos cuya definición no correspondía a la
jurisdicción disciplinaria.

iii) Hechos relativos a la acción popular

14) El señor Claudio Borrero Quijano promovió acción popular contra el municipio
de Santiago de Cali, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la señora Carmen Tulia
Tascón Mera, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos
a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, a la utilización y
defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público 5.

15) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Cali6, que mediante sentencia del 13
de enero de 2014 negó las pretensiones, debido a que consideró que la sola
existencia de un proceso penal en el que se cuestionaba la legalidad de la
adquisición de los predios ejidales no permitía establecer la vulneración de los
derechos colectivos invocados, particularmente porque para ese momento no
existía una decisión de fondo en aquella actuación.

16) El señor Claudio Borrero Quijano interpuso recurso de apelación contra la
sentencia, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante providencia del 20 de abril de 2015, en la cual se revocó la decisión de
primera instancia y se amparó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público, en atención a que la escritura pública mediante la cual se habría avalado
el dominio particular sobre los terrenos ejidales no nació a la vida jurídica, debido
al incumplimiento de los requisitos para su desafectación y enajenación y a la
falta de competencia del funcionario que habría intervenido en esa actuación.

5 La controversia se basó en la legalidad de la adquisición y disposición de los terrenos ejidales

denominados Lomas Altas de Meléndez o Pampas de La Pedregosa y Cañaveralejo o La
Curtiembre.
6 Proceso con radicación no. 76001-33-31-016-2009-00360-00/01.

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

17) Como consecuencia, el tribunal ordenó al municipio de Santiago de Cali,
entre otras medidas, actualizar el aspecto físico de los ejidos Lomas Altas de
Meléndez o Pampas de La Pedregosa y Cañaveralejo o La Curtiembre, delimitar
su extensión y linderos, recuperar integralmente la ficha catastral F-
053500280001, solicitar la inscripción de la limitación de dominio sobre la
matrícula inmobiliaria 370-254418 y adelantar las actuaciones administrativas y
judiciales necesarias para recuperar el goce de esos bienes; asimismo, ordenó a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali efectuar actuaciones
respecto de la matrícula inmobiliaria 370-254418, incluida la cancelación de la
anotación 74 y la inscripción de la sentencia.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales puesto que la providencia del 27 de mayo de 2026, proferida por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario, y las
decisiones adoptadas en el proceso policivo por la Inspección de Policía de la
Comuna 18 de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia omitieron valorar
pruebas que, a su juicio, acreditaban irregularidades registrales y catastrales
sobre los predios en controversia; además, alegó que el trámite policivo se
adelantó sin la debida vinculación y notificación de los comuneros copropietarios.

Frente al proceso disciplinario, alegó un defecto fáctico por omisión en la
valoración probatoria, en la medida que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en la providencia del 27 de mayo de 2026, omitió valorar las pruebas
que, en su criterio, demostraban que los abogados investigados utilizaron
documentos inmobiliarios y catastrales falsos o irregulares para inducir en error
a las autoridades.

Cuestionó que la Comisión hubiera considerado que se trataba simplemente de
una controversia sobre linderos, títulos, tradición e identificación predial que
debía discutirse ante otras autoridades.

En cuanto al proceso policivo, invocó una violación directa del debido proceso
y de los derechos de defensa y contradicción, porque la Inspección de Policía de
la Comuna 18 habría omitido vincular, citar y notificar al señor Laureano Rafael

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

Sacro Portilla y a los demás comuneros que la parte demandante considera
copropietarios del inmueble con matrícula inmobiliaria 370-28005.

También cuestionó que las Resoluciones nos. 4161.050.9.6.0021.2023 del 15 de
diciembre de 2023 y 4161.010.21.1-1047 del 5 de septiembre de 2024, proferidas
por la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Meléndez del
Distrito de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía
de Santiago de Cali, respectivamente, se hubieran sustentado en información
registral y catastral que considera falsa o irregular, especialmente la relacionada
con la matrícula 370-254418 y la cédula catastral F-053500280001.

Respecto de la acción popular, la parte demandante invocó expresamente un
defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria y violación directa de la
Constitución contra la actuación del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
particularmente respecto de la sentencia del 20 de abril de 2015 y su trámite de
cumplimiento, pues, dicha decisión habría sido producto de un “fraude inducido”,
porque se habría sustentado en documentos que considera espurios, entre ellos
la matrícula inmobiliaria 370-254418 y la cédula catastral F-053500280001.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 9 de junio de 20267, la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación inadmitió la demanda porque no era posible delimitar con
claridad su objeto, existían inconsistencias entre las autoridades demandadas,
los hechos, las decisiones cuestionadas, las pretensiones y la medida
provisional; tampoco se precisaba si el amparo se dirigía contra el proceso
disciplinario, el proceso policivo u otros actos administrativos; además, se
mencionaron tutelas anteriores sobre hechos similares sin identificarlas y el señor
William Cárdenas Giraldo no acreditó su calidad de representante legal de
FUNDAEMPAZ.

Una vez subsanada, por auto del 26 de junio de 20268 se admitió el proceso de
acción de tutela y se notificó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la

7 Índice 4, Samai, primera instancia.

8 Índice 14, Samai, primera instancia

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez
del Distrito Especial de Santiago de Cali, a la Secretaría de Seguridad y Justicia
del Distrito Especial de Santiago de Cali, a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca, a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, a la
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, a la Subdirección de Catastro
Municipal de Cali, a la Asociación Fe y Alegría, al Ministerio Público y a los
ciudadanos Roblin Vallejo Tafur, María Eufemia Montoya Montoya, Mónica Juliet
Mesa, José Alfredo Terán Salazar, Ramiro Alberto Montilla Sandoval, Olga
Jisseth Rentería Mena, Roberto Pérez Murillo y a los demás intervinientes dentro
del proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-01999-00/01, con
el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de
la acción; asimismo, se negó la medida provisional solicitada.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia
de 29 de julio de 20269, declaró improcedente el amparo invocado por el
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

Respecto de la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, consideró
incumplido el requisito de relevancia constitucional, pues, la parte demandante
pretendía reabrir el debate probatorio y jurídico surtido en el proceso disciplinario,
sin acreditar un problema constitucional autónomo.

Frente a las decisiones del proceso policivo, estimó incumplido el requisito de
inmediatez, debido al tiempo transcurrido desde su expedición sin justificación
suficiente.

Finalmente, respecto de la acción popular, advirtió insuficiencia en la
argumentación de los defectos alegados y, además, cuestionó la legitimación por
activa y el cumplimiento de la inmediatez, dado el tiempo transcurrido desde la
sentencia del 20 de abril de 2015.

9 Índice 60 Samai, primera instancia.

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 24 de agosto de 202610.

La sentencia de primera instancia incurrió en defecto fáctico por omisión
probatoria y desvió el objeto constitucional de la controversia por tratar el asunto
como una discusión sobre linderos o tradición de inmuebles, cuando el problema
se relacionaba con la protección de terrenos ejidales de carácter imprescriptible
e inalienable.

No se valoraron dos pruebas determinantes: i) el Oficio TOP-103 del 28 de mayo
de 2009, que, según afirmó, demostraría que la cédula catastral F-053500280001
no corresponde a la matrícula inmobiliaria 370-254418; y ii) la Escritura Pública
2122 de 1992 y la matrícula inmobiliaria 370-23207, que, a su juicio, acreditarían
la verdadera cadena de tradición de los ejidos y las irregularidades derivadas de
la denominada “triplicidad” de adjudicaciones.

Reiteró que las decisiones policivas desconocieron el debido proceso de los
comuneros y se sustentaron en información registral y catastral presuntamente
irregular, y que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial omitió valorar
adecuadamente las pruebas sobre el supuesto uso de documentos falsos por los
abogados investigados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

10 Índice 67 Samai, primera instancia.

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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción
cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios
derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de
Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito
Especial de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito
Especial de Santiago de Cali, con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, defensa y acceso
a la administración de justicia, puesto que i) la providencia del 27 de mayo de
2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso
disciplinario, y ii) las decisiones adoptadas en el proceso policivo por la
Inspección de Policía de la Comuna 18 de Cali y la Secretaría de Seguridad y
Justicia, en criterio de la parte actora, omitieron valorar pruebas que acreditaban
irregularidades registrales y catastrales sobre los predios en controversia;
además, porque el trámite policivo se adelantó sin la debida vinculación y
notificación de los comuneros copropietarios.

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

En la sentencia de primera instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo invocado respecto del
proceso disciplinario, por falta de relevancia constitucional y frente al proceso
policivo y la acción popular, por incumplimiento del requisito de inmediatez.

En el escrito de impugnación la parte demandada sostuvo que la sentencia de
primera instancia incurrió en defecto fáctico por omisión probatoria y desvió el
objeto de la controversia al reducirla a un asunto de linderos y tradición
inmobiliaria, pese a que, en su criterio, se relacionaba con la protección de
terrenos ejidales imprescriptibles e inalienables; asimismo, reiteró las
irregularidades atribuidas al proceso policivo y al trámite disciplinario.

De manera previa, la Sala advierte que algunos de los cuestionamientos
relacionados con la acción popular con radicación no. 76001-33-31-016-2009-
00360-00/01 guardan relación con los examinados por esta Subsección en la
sentencia del 5 de noviembre de 2024, proferida dentro de la acción de tutela con
radicación no. 11001-03-15-000-2024-03807-01, promovida por FUNDAEMPAZ.

En aquella oportunidad se cuestionaron, entre otros aspectos, la falta de
notificación del auto admisorio de la acción popular a los terceros interesados, la
presunta utilización de documentos falsos y las actuaciones adelantadas para el
cumplimiento de la sentencia del 20 de abril de 2015.

No obstante, dicha circunstancia no permite tener por configurada la cosa
juzgada constitucional respecto de la totalidad del asunto que ahora se examina,
pues no existe identidad integral de partes, objeto y causa entre ambas
solicitudes de amparo.

En efecto, la presente acción comprende, además de los cuestionamientos
relacionados con la acción popular, actuaciones disciplinarias y policivas
distintas, así como reproches formulados por sujetos que actúan también en
nombre propio.

Por la misma razón, tampoco se advierte que la sola existencia del anterior
trámite constitucional permita predicar una actuación temeraria respecto de la
demanda que ahora corresponde resolver.

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Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

Lo anterior no obsta para tener en cuenta que esta Subsección ya había
señalado, en la referida sentencia del 5 de noviembre de 2024, que los
cuestionamientos relacionados con la indebida notificación del auto admisorio
pretendían reabrir un debate legal y probatorio propio de la acción popular, razón
por la cual declaró improcedente el amparo respecto de ese cargo por falta de
relevancia constitucional.

Además, aquella actuación evidencia que, por lo menos desde 2024,
FUNDAEMPAZ conocía la existencia de la acción popular, la sentencia del 20 de
abril de 2015 y varias de las circunstancias que ahora invoca para cuestionarla.

En ese contexto, sin perjuicio de la intervención posterior de FUNDAEMPAZ en
la etapa de cumplimiento de la sentencia, en esta oportunidad corresponde
establecer si los reproches que los demandantes dirigen contra la providencia del
20 de abril de 2015 satisfacen el requisito de inmediatez, pues aquellas
actuaciones posteriores no implican, por sí mismas, que pueda reabrirse
indefinidamente la oportunidad para controvertir mediante acción de tutela una
decisión judicial proferida varios años atrás.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez, pero
por las razones que procederán a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial
su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales
el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que
no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar
la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre
constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005
de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un
modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales
específicas, orientados a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo
residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el
debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia
constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación
señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de
tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de
los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen
la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se
inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii)
impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional
frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente11, la Corte ha
reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del
ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya
concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando
la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como
un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de
las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte
Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar
un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el
contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse
a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a
divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que
“se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como,

11 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo

por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal12”,
carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya
se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no
cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa
sobre un asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o
cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates
meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos
procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional
entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es
suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales,
por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué
la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente
inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con
(…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales13”, enfatizando en que
corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no
se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola
mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora
exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con

12 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez

Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ).

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claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura,
con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de
interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental,
de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.14

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción
de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos
o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la
acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la
corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador
ordinario ni reabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de
corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos
en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este
mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición
del juez natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión
desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera
trascendencia desde la óptica constitucional.

14 Idem.

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El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el
objetivo del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso
ordinario con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de
censura, específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones
probatorias, la consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se
torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate
infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya
resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos
por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que
comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no
son de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a
cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de
una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en
su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse
competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019,
SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que
la acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la
acción de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir
en la interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho
fundamental; ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente
patrimonial o privado carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción
de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta y desproporcionada de
derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable,
y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear
discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso
ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la
acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con
lo establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019,

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esta hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de
las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios15” (negrillas adicionales).

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y
obligatorio que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una
argumentación clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el
margen de interpretación razonable y comporta una afectación grave e
injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción
obliga al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta
que se pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear
discusiones probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente
económicos o privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo
avanzar al examen de los defectos alegados en el caso concreto.

2.1.1 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) Frente al proceso disciplinario, la parte demandante invocó un defecto fáctico
por omisión en la valoración probatoria, en la medida que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, en la providencia del 27 de mayo de 2026, omitió valorar
las pruebas que, en su criterio, demostraban que los abogados investigados
utilizaron documentos inmobiliarios y catastrales falsos o irregulares para inducir
en error a las autoridades.

2) No obstante, para la Sala es claro, como lo fue para la primera instancia, que
los fundamentos expuestos por la parte demandante frente a la providencia del
27 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,

15 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia

Ángel Cabo.

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se dirigen, en esencia, a controvertir aspectos probatorios que fueron planteados,
analizados y resueltos dentro del proceso disciplinario.

3) En efecto, el reproche consiste en que esa autoridad habría omitido valorar los
elementos materiales probatorios que, a juicio de aquella, demostraban que los
abogados José Alfredo Terán Salazar y Ramiro Alberto Montilla Sandoval
utilizaron documentos falsos o irregulares dentro de la querella policiva
adelantada contra FUNDAEMPAZ, inconformidad que constituyó el fundamento
central del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de terminación
anticipada del 10 de septiembre de 2025.

4) En la apelación el quejoso sostuvo que la Comisión Seccional omitió valorar
los documentos registrales, notariales, catastrales y cartográficos que, en su
criterio, demostraban la utilización de prueba ilícita y documentos falsos por parte
de los abogados investigados y, en particular, cuestionó la situación de los folios
de matrícula inmobiliaria 370-254418, 370-253074 y 370-55138 y la
correspondencia de la cédula catastral F-053500280001 con el primero de
aquellos; asimismo, introdujo argumentos relacionados con el folio 370-23207, la
Escritura 236 de 1956 y el Decreto 2378 de 1955, con el propósito de demostrar
el supuesto origen ilegítimo de los títulos utilizados en las actuaciones policivas.

5) Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial delimitó
expresamente el objeto de controversia y señaló que el reparo central del quejoso
recaía sobre la supuesta falta de valoración de documentos registrales,
notariales, catastrales y cartográficos; no obstante, precisó que su competencia
en segunda instancia estaba sometida al principio de limitación y, por tanto, debía
circunscribirse a los hechos denunciados, ampliados e investigados en primera
instancia, relacionados con la presunta omisión frente al control de legalidad
solicitado en la querella policiva, la promoción de actuaciones ante distintas
autoridades por los mismos hechos y el supuesto fraude atribuido al señor Ramiro
Alberto Montilla Sandoval en la diligencia del 20 de junio de 2023.

6) Bajo esa perspectiva, la Comisión explicó que no podía pronunciarse sobre las
afirmaciones relativas a Ferrocarriles Nacionales, el folio de matrícula inmobiliaria
370-23207, la Escritura 236 de 1956 y el Decreto 2378 de 1955, debido a que
esos aspectos no hicieron parte del contexto fáctico investigado ni fueron

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debatidos en primera instancia, por lo cual no podían incorporarse en la apelación
como nuevos presupuestos de responsabilidad contra los disciplinables.

7) De esta manera, la falta de pronunciamiento sobre tales elementos no
obedeció a una omisión inadvertida de la autoridad disciplinaria, sino a una
determinación expresa acerca de los límites de su competencia funcional en
segunda instancia.

8) Asimismo, la Comisión Nacional examinó los cuestionamientos relacionados
con los folios de matrícula inmobiliaria 370-254418, 370-253074 y 370-55138,
respecto de los cuales el quejoso alegó doble adjudicación, agotamiento de área,
inconsistencias catastrales y falta de saneamiento, por lo cual se entiende que el
desacuerdo de la parte demandante no deriva de la ausencia absoluta de
valoración de la controversia planteada, sino de que la autoridad disciplinaria no
acogió la interpretación que aquella propone sobre el alcance y las
consecuencias de esos documentos.

9) A su vez, la decisión cuestionada explicó que la jurisdicción disciplinaria no
constituía el escenario para definir la titularidad, tradición, extensión,
identificación catastral o validez registral de los inmuebles involucrados en la
querella policiva, ni para ejercer control de legalidad sobre las decisiones
adoptadas por otras autoridades administrativas o judiciales.

10) Desde esa perspectiva, la Comisión concluyó que las controversias acerca de
la correspondencia física y jurídica de los predios y de la validez de los
documentos utilizados dentro del proceso policivo debían ser discutidas ante las
autoridades competentes, sin que tales discrepancias permitieran, por sí solas,
estructurar responsabilidad disciplinaria de los abogados investigados.

11) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el
mecanismo constitucional la parte demandante reiteró esos mismos
planteamientos y afirmó que la Comisión Nacional incurrió en defecto fáctico
porque no habría valorado adecuadamente las pruebas que, en su criterio,
acreditaban que los abogados investigados utilizaron documentos inmobiliarios
espurios para inducir en error a las autoridades; de igual forma, insistió en las

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presuntas irregularidades de los folios de matrícula inmobiliaria y de la
información catastral empleada dentro del proceso policivo.

12) De este modo, aunque la parte demandante calificó su inconformidad como
un defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria, lo cierto es que sus
argumentos no evidencian, prima facie, una cuestión constitucional autónoma
distinta de la controversia ya resuelta por el juez disciplinario; por el contrario,
buscan que el juez de tutela examine nuevamente el material registral, notarial,
catastral y cartográfico y determine si este demostraba las irregularidades
denunciadas y, a partir de ello, establezca si los abogados investigados
incurrieron en una conducta disciplinariamente relevante.

13) En esas condiciones, acceder al estudio propuesto implicaría convertir la
acción de tutela en una instancia adicional del procedimiento disciplinario, pues,
correspondería al juez constitucional sustituir la valoración efectuada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y definir nuevamente el alcance de las
pruebas aportadas, pese a que tales cuestiones fueron objeto del recurso de
apelación.

14) La sola discrepancia de la parte demandante con las conclusiones de la
autoridad disciplinaria no dota al asunto de relevancia constitucional ni permite
trasladar al juez de tutela una controversia propia del juez natural.

15) Así pues, la Sala concluye que, respecto de la providencia del 27 de mayo de
2026 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no se satisface el requisito
de relevancia constitucional, en la medida que los reparos formulados no revelan
una afectación iusfundamental autónoma que trascienda el desacuerdo con la
valoración y las conclusiones adoptadas por el juez disciplinario, sino que
persiguen una nueva revisión de asuntos propios de ese procedimiento.

16) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela frente a este punto, por las razones
hasta aquí expuestas.

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2.2 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación
de una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial
vulnerador de los derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus
reclamos con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar
las situaciones que vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras
de que se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales
derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de
protección “inmediata16” de derechos fundamentales, este amparo constitucional
pueda cumplir su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo,
irrazonable ni desproporcionado que torne ineficaz o inane el control
constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo
contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o
violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo
constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un
excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el
principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales17”.

16 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:

“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas adicionales).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que
se exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan
conocimiento de la vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la
notificación o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser
razonable, so pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio
de seguridad jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se
proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo que desde luego desdibuja la esencia de
este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier
ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también
ha sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de
las acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero
justamente es erigirse en la principal herramienta de protección y defensa ante
acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías
iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término de 6
meses puede resultar en estricto riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo
justifiquen que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable,
sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho

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fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación
sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de
la inmediatez, a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y
la vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición”18.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos19”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del
accionante, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será
procedente.

2.2.1 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto

1) En cuanto al proceso policivo, la parte demandante cuestionó que las
Resoluciones nos. 4161.050.9.6.0021.2023 del 15 de diciembre de 2023 y
4161.010.21.1-1047 del 5 de septiembre de 2024, proferidas por la Inspección de
Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Meléndez del Distrito de Santiago
de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali,
respectivamente, se hubieran sustentado en información registral y catastral que
considera falsa o irregular, especialmente la relacionada con la matrícula 370-
254418 y la cédula catastral F-053500280001.

18 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.

19 Ibidem.

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2) No obstante, la Sala advierte que en este caso no se cumplió con el
presupuesto de inmediatez, puesto que la Resolución no. 4161.010.21.1-1047
del 5 de septiembre de 2024 fue notificada a las partes el 4 de octubre de 2024,
mientras que la acción de tutela se presentó el 5 de junio de 2026, esto es, por
fuera del plazo de los 6 meses que se estableció como razonable para presentar
el amparo, lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente, cuando
había transcurrido 1 año y 8 meses.

3) Asimismo, la Sala observa que en este caso no se explicó ni justificó la
presentación tardía de la acción, pues la parte actora no esgrimió ningún i) motivo
válido o situación personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se
esté ante una vulneración o amenaza permanente; iii) que el fundamento de la
acción haya surgido después de acaecida la actuación violatoria de los derechos;
o iv) ninguna otra circunstancia especial que permita flexibilizar el término de
inmediatez.

4) En ese orden de ideas, como la acción de tutela no se presentó en un plazo
razonable y tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional o justifique la interposición tardía
del proceso de acción de tutela se deberá declarar improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

5) Ahora bien, respecto de la acción popular, la parte demandante invocó
expresamente un defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria y
violación directa de la Constitución contra la actuación del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, particularmente, respecto de la sentencia del 20 de abril de
2015 y su trámite de cumplimiento, pues, dicha decisión habría sido producto de
un “fraude inducido”, porque se habría sustentado en documentos que considera
espurios, entre ellos la matrícula inmobiliaria 370-254418 y la cédula catastral F-
053500280001.

6) No obstante, la Sala advierte que la solicitud de amparo no satisface el
requisito de inmediatez, por cuanto, la providencia cuestionada fue proferida el
20 de abril de 2015, mientras que la presente acción de tutela se promovió en
2026, esto es, cuando había transcurrido casi 9 años después de notificada la

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última providencia cuestionada20, lapso que excede ampliamente el plazo
razonable para acudir al mecanismo constitucional contra una providencia
judicial.

7) La Sala no desconoce que FUNDAEMPAZ intervino con posterioridad en la
etapa de cumplimiento de la sentencia de la acción popular, en particular, el 22
de febrero de 2024 promovió incidente de desacato y, el 2 de abril siguiente,
formuló solicitud de nulidad de lo actuado, esta última sustentada en la falta de
notificación del auto admisorio a quienes consideraba interesados en el resultado
del proceso, solicitud que fue negada el 21 de mayo de 2024 y, posteriormente,
el juzgado se abstuvo de abrir el incidente de desacato.

8) Sin embargo, tales actuaciones posteriores no modifican el momento a partir
del cual debe examinarse la oportunidad del amparo respecto de la sentencia del
20 de abril de 2015, pues los demandantes dirigen su censura contra esa
providencia y pretenden controvertir las circunstancias en las que fue adoptada,
entre ellas, las relacionadas con la vinculación de los interesados y los elementos
registrales y catastrales considerados dentro de aquella actuación.

9) En consecuencia, las gestiones promovidas durante la etapa de cumplimiento
no constituyen, por sí mismas, una nueva decisión judicial que permita reabrir
indefinidamente la oportunidad para cuestionar mediante tutela la sentencia que
puso fin a la acción popular.

10) Incluso, la intervención posterior de FUNDAEMPAZ evidencia que, por lo
menos desde 2024, esa organización conocía la existencia de la acción popular,
la sentencia proferida en su interior y las circunstancias que ahora invoca para
cuestionarla.

11) En efecto, para ese momento ya había alegado irregularidades
relacionadas con la modificación de los planos, la documentación que sustentó
las actuaciones administrativas posteriores y la falta de notificación de los
interesados, asuntos que dieron lugar tanto al incidente de desacato como a la
solicitud de nulidad presentada dentro del proceso.

20 Índice 39 de SAMAI, expediente con radicación no. 76001-33-31-016-2009-00360-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

12) Esta circunstancia adquiere especial relevancia para el análisis de la
inmediatez, pues, aun si en gracia de discusión no se tomara como punto de
partida la sentencia del 20 de abril de 2015 y se atendiera al momento en que
FUNDAEMPAZ exteriorizó inequívocamente el conocimiento de las
circunstancias que consideraba lesivas de sus derechos, lo cierto es que tales
cuestionamientos ya habían sido planteados durante el año 2024.

13) Por tanto, las actuaciones posteriores relacionadas con el cumplimiento de
la sentencia no justifican que en el año 2026 se pretenda reabrir, mediante una
nueva acción constitucional, la controversia respecto de la providencia de 2015.

14) De hecho, algunos de esos cuestionamientos fueron llevados
previamente ante el juez constitucional por FUNDAEMPAZ mediante la acción de
tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2024-03807-01, decidida por esta
Subsección el 5 de noviembre de 2024, oportunidad en la cual se examinaron,
entre otros asuntos, la presunta falta de notificación de los interesados en la
acción popular, las irregularidades que la fundación atribuía a la documentación
empleada durante su cumplimiento y las actuaciones relacionadas con el
incidente de desacato.

15) Por consiguiente, no se encuentra acreditada una circunstancia
excepcional que justifique el prolongado lapso transcurrido para cuestionar la
sentencia del 20 de abril de 2015, pues la existencia de actuaciones posteriores
encaminadas a obtener su cumplimiento tampoco transforma en actual o
continuada la presunta vulneración atribuida a la providencia judicial, ni renueva
el término para controvertirla mediante el mecanismo constitucional.

16) En esas condiciones, la Sala declarará improcedente el amparo respecto
de los reproches dirigidos contra la sentencia proferida dentro de la acción
popular con radicación no. 76001-33-31-016-2009-00360-00/01, por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

17) En consecuencia, Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-04361-01
Demandante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Acción de tutela – Impugnación fallo

de relevancia constitucional e inmediatez, pero por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1º) Confirmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones
secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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