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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03815-01

Fecha
13 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03815-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024, por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03815-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional /REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE TUTELA CONTRA TUTELA – la parte
interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros la situación de fraude alegada,
la incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y
que la afectación sea significativa y trascendental.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta1 por la parte accionante
contra la sentencia del 19 de septiembre de 2024, mediante la cual la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia2.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 24 de julio de 20243, la Superintendencia del Subsidio Familiar por medio
de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Norte de Santander con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que le
atribuyó a la sentencia de tutela de segunda instancia del 10 de julio de 2024, cuyo
radicado correspondió a 54001 33 33 008 2024 00145 01.

1
“Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2
Sentencia de tutela de primera instancia. Ver Índice SAMAI 024. Documento 001. PP 1 a 16.
3
Fue admitida a través de auto interlocutorio el 30 de julio de 2024. Se notificó a las partes y se
vinculó como terceros a COMFANORTE Y a Oscar Guillermo Gerardino. Además, se requirió al
Juzgado 8° Administrativo del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), remitir, copia digital del
expediente de la acción de tutela que se adelantó con el radicado 5400133330082024001450001.
Ver índice SAMAI 005. Documento 001. PP. 1 a 2.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

Hechos relevantes

2. El 14 de mayo de 2024, el director Administrativo de la Caja de
Compensación Familiar de Norte de Santander4, Óscar Guillermo Gerardino Astier,
interpuso acción de tutela contra la SSF, pues consideró vulnerados diferentes
derechos fundamentales a raíz de la expedición de la resolución No. 266 del 30 de
abril de 2024, en virtud de la cual se ordenó i) el levantamiento de la medida de
vigilancia especial; ii) la intervención Administrativa total de la Caja de
Compensación Familiar de Norte de Santander – COMFANORTE; iii) la separación
del cargo a los miembros del consejo directivo, y, en su lugar, se designó un agente
especial de intervención, iv) se apartó del cargo de Director al señor Óscar
Guillermo Gerardino Astier y, en su lugar, designó director administrativo; v)
concedió los recursos de ley.

3. La discusión de dicha tutela, se desarrolló en el entendido que, mediante un
comunicado de prensa del 2 de mayo de 2024, la SSF anunció la intervención
administrativa total de la Caja COMFANORTE por 15 meses y la consecuente
separación de sus directivos, sin que dicha decisión le fuera notificada. Así mismo
diferentes funcionarios irrumpieron en las instalaciones de Comfanorte, ejecutando
medidas contenidas en una resolución que aún no estaba ejecutoriada, ya que fue
emitida durante una suspensión de términos administrativos. Y a juicio del actor de
dicha tutela – Gerardino Astier- dicha resolución incurrió en defectos
procedimentales, adjetivos, fácticos y sustantivos, violando el debido proceso y los
derechos de defensa.

4. El 15 de mayo de 2024, se admitió la tutela y el juzgado 8 administrativo del
circuito de Cúcuta concedió la suspensión provisional de los efectos de la
Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024. Por lo anterior, el 17 de mayo de 2024,
la Superintendencia de subsidio familiar, profirió la resolución No. 302, acatando lo
ordenado por el despacho judicial.

5. El 28 de mayo de 2024, se amparó el derecho fundamental al debido proceso
del accionante, se suspendieron los efectos jurídicos de la Resolución No. 0266 del
30 de abril de 2024, se reintegró al accionante al cargo de Director Administrativo
que ocupaba antes de la separación del cargo efectuada en la Resolución No. 0266
del 30 de abril de 2024 y se requirió a la Superintendencia el Subsidio Familiar para
que procediera a encauzar las actuaciones administrativas que se adelantaban en
COMFANORTE en el marco del Proceso de Vigilancia Especial que se estaba
adelantando en su interior.

6. El juez constitucional de primera instancia consideró que

“las actuaciones administrativas que se adelantan por parte de la Superintendencia
del Subsidio Familiar respecto de la Caja de Compensación familiar de Norte de
Santander y, en específico las de intervención administrativa total de COMFANORTE,

4
En adelante COMFANORTE.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

tienen incidencia en la decisión final que se adopte respecto de la Entidad, es decir,
su efecto es sustancial al sustentarse en situaciones que se alegan constituyen el
fundamento de la propia intervención. En el mismo sentido, se reitera lo señalado por
la Corte Constitucional en tanto que la finalidad del amparo contra un acto de trámite
es impedir que se culmine una actuación administrativa en desconocimiento del orden
constitucional y, en tal sentido, la separación del cargo de Director Administrativo que
ocupaba el señor Oscar Guillermo Gerardino y el nombramiento de un nuevo
funcionario en su lugar cumple con esta exigencia”

7. Dentro del término legalmente establecido, la Superintendencia del Subsidio
Familiar impugnó lo decidido en primera instancia. El 10 de julio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de segunda instancia en la
que modificó parcialmente la decisión de primer nivel, en el sentido de fijar un plazo
de 4 meses siguientes a la notificación de esa decisión, para que el señor Gerardino
Astier formulara demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y prorrogó la
suspensión del acto administrativo cuestionado hasta tanto se dictara la
correspondiente sentencia dentro del medio de control citado.

8. Lo anterior, con fundamento en que el Despacho judicial de segunda
instancia consideró que se constituyó un perjuicio irremediable, pues dada las
consecuencias de la decisión adoptada en la Resolución No. 0266 del 30 de abril
de 2024, que trajo consigo la separación del actor del cargo como Director
Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, se tuvo
como probado en el expediente que el accionante dejó de percibir sueldo,
afectándose a su vez su buen nombre, demostrándose así que el perjuicio causado
con la expedición del acto administrativo señalado como vulnerador de sus
derechos fundamentales, cumplió con los requisitos de grave, urgente.
impostergable e irremediable, pues, es inminente como quiera que sus efectos
fueron de aplicación inmediata a su expedición.

Pretensiones

9. Fueron formuladas las siguientes:

“1. Que se declare que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico de carácter funcional, al
proferir el fallo del 10 de julio de 2024 por medio del cual amparó como
mecanismo transitorio el derecho al debido proceso del señor OSCAR
GUILLERMO GERARDINO ASTIER y suspendió los efectos jurídicos de la
Resolución No.0266 del 30 de abril de 2024.

2. Que, en consecuencia, se ampare el derecho fundamental al debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de la
Superintendencia del Subsidio Familiar.

3. Que, en consecuencia, se deje sin efecto el fallo del 10 de julio de 2024
proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del
proceso con rad. No. 54 001 33 33 008 2024 00145 01.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

4. Que, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander a proferir una nueva sentencia en la que disponga la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor OSCAR
GUILLERMO GERARDINO ASTIER en contra de la Superintendencia del
Subsidio Familiar y la Caja de Compensación Familiar de Norte de
Santander COMFANORTE”.5

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte actora argumentó la existencia de (i) un indicio de fraude; (ii) una
irregularidad procesal y (iii) una vía de hecho por defecto orgánico de carácter
funcional, por parte del despacho judicial a la hora de proferir el fallo de tutela del
10 de julio de 2024.

11. En lo referido al indicio de fraude, hizo alusión a diferentes sentencias de la
Corte Constitucional6 y adujo que la acción de tutela presentada por el señor
Gerardino Astier, resultaba ser manifiestamente improcedente, pues la sentencia de
segunda instancia reconoció que la Resolución 0266 de 2024 comportaba un acto
administrativo definitivo respecto al cual procedía el control jurisdiccional ante lo
contencioso administrativo. Asimismo, precisó que el amparo no debió ser
procedente como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable,
pues ello desconoció el fin para el que fueron instituidas las funciones de inspección,
vigilancia y control otorgadas a la Superintendencia en defensa del sistema del
subsidio familiar.

12. Ahora, en lo referido a la alegada irregularidad procesal indicó que tuvo un
efecto decisivo y/o determinante en la sentencia impugnada, lo que a su juicio afectó
derechos fundamentales, pues a pesar de la evidente improcedencia de la acción
de tutela por cuestionar la legalidad de un acto administrativo y de la ausencia de
elementos probatorios que demostraran la configuración de un perjuicio
irremediable, el juez de conocimiento analizó de fondo la acción usurpando las
competencias del juez natural, vulnerando el derecho de defensa y contradicción y
acceso a la administración de justicia de la accionante.

13. De igual manera, frente a la vía de hecho por defecto orgánico, argumentó
que la Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024 constituye un acto administrativo
de carácter particular y definitivo susceptible de ser demandado por el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander carecía de competencia para conocer de
fondo la solicitud de tutela, y al hacerlo, extralimitó de forma manifiesta el ámbito de
las competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley.

14. Añadió a lo anterior que, contrario a lo expresado en el fallo cuestionado, la
competencia de la SSF para proferir la Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024

5
Escrito de tutela primera instancia. Ver Índice SAMAI N 002. Documento 007. Página 29.
6
Corte Constitucional, sentencias T-218 de 2012, T-399 de 2013, T-272 de 2014 y T-073 de 2019.
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

deviene de la Constitución – arts. 6 y 122- y de la ley7, por lo cual la
Superintendencia expidió la resolución en ejercicio de las facultades y competencias
legales que le fueron conferidas de manera permanente y sin que pudieran ser
suspendidas, limitadas o condicionadas por virtud de un acto que dispone una
suspensión de términos administrativos.

15. Por último, concluyó que, al señor Gerardino Astier se le garantizó su derecho
a interponer el recurso de reposición que procedía contra la Resolución 266. Dicho
recurso no fue resuelto porque el juez de la primera instancia suspendió sus efectos
de manera retroactiva, pues ordenó retrotraer la actuación administrativa a la
situación administrativa de vigilancia especial que estaba vigente con anterioridad
a la expedición de tal Resolución. Esa orden la revocó el ad quem y, por lo tanto, la
caja de compensación familiar no ha tenido ninguna medida de intervención.

Trámite en primera instancia

16. Mediante auto emitido el 30 de julio de 20248, el despacho del consejero
sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela. En este auto se
dispuso la notificación los magistrados del Tribunal Administrativo del Norte de
Santander, quienes conocieron de la acción de tutela que se adelantó con el
radicado 2024- 00145- 0001; se vinculó y notificó a COMFANORTE y al señor Óscar
Guillermo Gerardino Astier; se requirió al juzgado 8° Administrativo del Circuito de
Cúcuta remitir, copia digital del expediente la acción de tutela que se adelantó. 9

Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander10 indicó que no resulta
admisible la procedencia de tutela contra tutela al no cumplir con los requisitos de
procedibilidad generales y específicos señalados por la corte constitucional en la

7
En este punto, adujo que la ley 25 de 1981 creó la Superintendencia del Subsidio Familiar como
una autoridad adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto principal de ejercer
la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las
asignaciones del subsidio familiar, A su turno, el artículo 3 del Decreto Ley 2150 de 1992, en
concordancia con el artículo 1 del Decreto 2595 de 2012 y el artículo 2.2.7.7.1. del Decreto 1072 de
2015, confirió a la Superintendencia del Subsidio Familiar la supervisión de las Cajas de
Compensación Familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar.
Para el cumplimiento de dicho propósito, el artículo 15 de la Ley 25 de 1981 establece que el
Superintendente del Subsidio Familiar está facultado, entre otras cosas, para ordenar la intervención
administrativa, en los casos de grave o reiterada violación de las normas legales o estatutarias sobre
subsidio familiar. Frente a la intervención administrativa, indicó que el artículo 2.2.7.7.18. del Decreto
1072 de 2015, tiene por objeto la adopción de las medidas administrativas que fueren necesarias
para subsanar los hechos que la originen. Además, cuando se requiera, el artículo 2.2.7.7.18. del
Decreto 1072 de 2015 faculta al Superintendente para que puede encargar temporalmente la
dirección de la entidad intervenida a un particular y emplear los expertos auxiliares y consejeros que
considere necesarios, con cargo a la caja intervenida y en el artículo 3 del Decreto 2595 de 2012 se
dispuso que la dirección de la Superintendencia del Subsidio Familiar estaría a cargo del
Superintendente del Subsidio Familiar.
8
Se notificó el auto admisorio de la Tutela, el 06 de agosto de 2024. Ver SAMAI. Índice 009.
Documento 002. PP 1 a 2.
9
El despacho judicial remitió el link del expediente de tutela 11001031500020240381501. Ver
SAMAI. Índice 013. Documento 001, 002, 003.
10
Ver SAMAI. índice 014. Documento 002. PP 1 a 4
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

SU-128 de 2021. Adujo el despacho no haber desconocido las funciones de la
Superintendencia de Subsidio Familiar, así como tampoco haber imposibilitado a la
accionante ejercer sus funciones de inspección, vigilancia, y control.

18. Contrario a lo indicado por el actor, la Sala en aplicación al artículo 86 de la
constitución, accedió al amparo constitucional como mecanismo transitorio,
condicionando los efectos del fallo hasta que el actor instaurara dentro de un plazo
máximo de 4 meses, la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo anterior, en virtud del perjuicio irremediable que acreditó sufrir el
tutelante; circunstancias que justificaron la intervención del Juez de tutela.

19. El señor Óscar Guillermo Gerardino Astier11 consideró que en el fallo de
tutela12 se determinó de manera clara, la falta de competencia temporal de la
Superintendencia para la expedición de acto administrativo de intervención, al estar
vigente al momento de la expedición la Resolución No. 0263 del 30 de abril de 2024,
que suspendió todas las actuaciones administrativas al interior de dicha entidad. Lo
anterior se tuvo como probado en el expediente, el accionante dejó de percibir
sueldo, afectándose a su vez su buen nombre, demostrándose así que el perjuicio
causado con la expedición del acto administrativo señalado como vulnerador de sus
derechos fundamentales, cumple con los requisitos de grave, urgente,
impostergable e irremediable, situación que ameritaba la intervención del juez
constitucional.

20. En línea con lo anterior, reprochó la alegada “situación fraudulenta” que
pretendió fundamentar en la interpretación que la accionante considera se debió dar
y que el Juez de Tutela debió “ponderar” el fin para el que fueron instituidas las
funciones de inspección, vigilancia y control otorgadas a la Superintendencia del
Subsidio Familiar en defensa del sistema del subsidio familiar. “es decir, que a pesar
de la arbitrariedad, a pesar de no tener competencia para expedir un acto
administrativo, a pesar de que con dicho acto administrativo se vulneren derechos
ius fundamentales como el debido proceso, derecho a la defensa, derecho al buen
nombre y al trabajo, la ponderación debe primar en favor de la actividad de vigilancia
de la entidad accionante, aspecto que desborda toda razonabilidad y lógica”.

La sentencia de primera instancia

21. El 19 de septiembre de 2024, la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional invocado13,
porque no cumplió con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia
del 10 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
dentro de la acción de tutela 54001 33 33 008 2024 00145 01.

11
Ver SAMAI Índice 015. Documento 01-02. Pp 1 a 16.
12
Destacó las Sentencia del 2 de abril de 2009, expediente 66001 23 31 000 2003 00039 01 (9258-
05), M.P., Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia del 12 de febrero de 2015, expediente 25000
23 25 000 2010 00725 01 (1046-13), M.P., Gerardo Arenas Monsalve:
13
Sentencia de tutela de primera instancia. Ver índice 024 Documento 01. PP 1 a 16. Notificada el
09 de octubre de 2024. Ver SAMAI. índice 028. Documento 001 y 002. PP 1 a 5.
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

22. Enfatizó el juez ad quo que la Sala advirtió que la solicitud de amparo se
dirigió contra una providencia judicial emitida en otro trámite de la misma naturaleza,
es decir, una acción de tutela en la que se amparó el derecho fundamental al debido
proceso del accionante y se suspendieron los efectos de la Resolución 266 del 30
de abril de 2024. Por lo que resultaba necesario exigir no solo la satisfacción de las
formalidades generales de procedencia de acciones de tutela contra providencia
judicial, sino que resultaba necesario acreditar que (i) exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

23. El Tribunal enfatizó que al revisar las características del amparo advirtió no
encontrar prueba cierta que concluyera que la decisión objeto de revisión fuera
producto de una situación anormal constitutiva de fraude. Es decir que, la
procedencia de esta particular clase de solicitudes de amparo exige, tanto de la
argumentación de la parte accionante como del análisis del juez, la acreditación y
certeza de la existencia de una situación espuria y contraria a derecho que exija, en
defensa del orden social justo, la intervención impostergable del juez constitucional.

24. En ese entendido, concluyó que no bastaba la simple afirmación de la
existencia de un desconocimiento de un derecho fundamental o un principio
superior, pues ello podría derivar en una discusión extendida sobre la titularidad de
un derecho o la vulneración de intereses de origen constitucional. La exigencia en
el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de acciones de tutela contra
tutela requiere la demostrada existencia de una irregularidad materializada en una
sentencia judicial, lo cual no se observa configurado en el caso bajo estudio.

La impugnación

25. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación14
solicitando su revocatoria, al considerar que cumplió con los requisitos generales y
específicos de procedibilidad establecidos por la Corte Constitucional15. De igual
manera, indicó que estaba demostrado que el fallo cuestionado incurrió en vía de
hecho por defecto orgánico, al estar plenamente demostrada la improcedencia de
la tutela que dio lugar a la decisión de segunda instancia, por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

14
Se presentó impugnación el día 15 de octubre de 2024. Ver índice SAMAI 029. Documento 01.
PP. 1 a 10.
15
Citó la sentencia SU- 627 de 2015.
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

26. El recurrente reiteró la existencia de indicios de fraude al tener en cuenta que
en la sentencia de segunda instancia se reconoció expresamente que la Resolución
No. 0266 de 2024 es un acto administrativo definitivo, por lo tanto, procedía el
control jurisdiccional ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. “En la
sentencia de segunda instancia se argumentó que el amparo procedía como
mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, perjuicio que tradujo
en la pérdida del empleo del accionante. Al arribar a esta simple conclusión, el ad
quem no ponderó el fin para el que fueron instituidas las funciones de inspección,
vigilancia y control otorgadas a la Superintendencia del Subsidio Familiar en
defensa del sistema del subsidio familiar”.

27. Insistió en los argumentos inicialmente esbozados en el amparo
constitucional e insistió en el salvamento de voto proferido por el Magistrado
Hernando Ayala Peñaranda, que a su juicio robustece lo alegado en el proceso.
Ahora bien, recalcó la competencia de la SSF para proferir la Resolución No. 0266
del 30 de abril de 2024 es de carácter permanente y proviene de la Constitución y
de la Ley, no de una resolución que establece una suspensión de términos
administrativos.

28. Por medio de auto el 07 de noviembre de 202416 se concedió impugnación y
se remitió el expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado y
se comunicó a las partes.17

II. C O N S I D E R A C I O N E S

29. La Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, por lo que se confirmará
la improcedencia del presente trámite constitucional, toda vez que no se satisfacen
los requisitos de procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales
de la misma naturaleza. Pese a que el accionante arguyó que la decisión adoptada
en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude, sus argumentos
están encaminados a obtener una decisión judicial diferente a la adoptada por el
juez de conocimiento, lo que contraría la naturaleza excepcional de la tutela.

30. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que, cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial
rigor. Esto es necesario para no menoscabar los principios de autonomía e
independencia judicial, así como los de legalidad, cosa juzgada y juez natural, que
son elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por esta razón, la
procedencia de la acción contra providencias judiciales requiere un mayor rigor en
la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia objeto de tutela, y el

16
Auto que concede el recurso de impugnación. Se le reconoció personería jurídica a la abogada
Blanca Stella Encizo Morales. Ver índice SAMAI No. 038. Documento 01. PP 1.
17
Se notificó el 31 de octubre de 2024. Ver índice SAMAI No. 24.
8

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe limitarse exclusivamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso18.

31. Por otro lado, deviene del criterio jurisprudencial la imposibilidad de atacar,
mediante la acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de
tutela anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría que la
resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, principios
que radican en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a
las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados.19

32. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido unos requisitos de
procedencia excepcional en relación con la acción de amparo contra una sentencia
de tutela, a saber:

“a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia del
fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso, que la
decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación
de fraude o una que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho, de
conformidad con el principio de fraus omnia corrumpit.

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tenga
un carácter residual”.

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Con base en esta premisa, se debe determinar si una
solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:(i) Que el asunto objeto de estudio
realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción
de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela. (ii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido
de la propia decisión cuestionada. (iii) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron
expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural (iv) Que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.”
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Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 2 de marzo de 2023.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00419-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

33. En línea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional
expuso:

“A juicio de la Sala Octava de Revisión, la jurisprudencia de este Tribunal
permite identificar una línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se
anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser
admitida debido a que resulta evidentemente incorrecta, implicando además -
en principio- una afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las diferentes
providencias que, de una u otra forma, se han ocupado de la materia. En adición
a ello, es posible identificar un grupo de eventos que, en principio, pueden ser
considerados indicios de que se ha configurado una situación fraudulenta”

34. En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en
fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la
incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental
y que la afectación sea significativa y trascendental. De igual forma, no serán de
recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el
principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional (Énfasis de la Sala).

35. En el caso sub judice no fueron esgrimidas razones claras que le permitan
colegir a la Sala que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso,
extremadamente negligente o fraudulento, que se opone a los principios básicos
que orientan la labor de administrar justicia, sino que por el contrario se reiteraron
algunas razones para controvertir la actuación presuntamente irregular en la
sentencia de tutela del 10 de julio de 2024 proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Para la Sala, resulta evidente, al
realizar el análisis del fallo en cuestión que el juez de conocimiento, arribó a la
decisión, al tener en cuenta que:

“El requisito de subsidiariedad se cumple en el presente caso, en la medida en
que a pesar de que la parte actora cuenta con otro mecanismo ante la
jurisdicción contencioso administrativa para controvertir el acto administrativo
atacado, como se explicará más adelante, se constituyó un perjuicio
irremediable pues dadas las consecuencias de la decisión adoptada en la
Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024, que trajo consigo la separación
del actor del cargo como Director Administrativo de la Caja de Compensación
Familiar de Norte de Santander, se tiene probado en el expediente que el
accionante dejó de percibir sueldo, afectándose a su vez su buen nombre,
demostrándose así que el perjuicio causado con la expedición del acto
administrativo señalado como vulnerador de sus derechos fundamentales,
cumple con los requisitos de grave, urgente, impostergable e irremediable,
pues, es inminente como quiera que sus efectos fueron de aplicación inmediata
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

a su expedición, en consonancia con lo establecido en el artículo 97 del Decreto
341 de 1988. Es urgente, pues ya se materializó su separación del cargo,
quedando desempleado, sin que señale contar con otro ingreso, requiriéndose
por ello la intervención del Juez Constitucional para que los efectos del acto
administrativo en controversia no se prorroguen en el tiempo, es grave, pues
además de que los efectos del acto son de cumplimiento inmediato, el
accionante quedó desempleado y con señalamientos de malos manejos de los
dineros de la Caja de Compensación (…)

Sumado a lo anterior, analizada la procedencia de la acción de tutela en contra
de actos administrativos, considera esta Corporación que si bien es cierto la
Resolución No. 0266 del 30 de abril de 2024 "Por la cual se levanta la medida
de vigilancia especial y se ordena la intervención Administrativa Total de la Caja
de Compensación Familiar de Norte de Santander - COMFANORTE" es un acto
administrativo de carácter definitivo susceptible de control por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa, también lo es que el mismo fue
expedido sin competencia por parte de la Superintendencia de Subsidio
Familiar, pues en virtud de la Resolución No. 0263 de 202430 "Por la cual se
suspenden términos en todas las actuaciones administrativas", se suspendieron
los términos de las actuaciones y trámites administrativos adelantados por la
entidad accionada desde el 30 de abril de 2024 inclusive al 22 de mayo de 2024,
plazo que cobija la expedición de la Resolución No. 0266 del 30 de abril de
2024, lo cual permite inferir que fue expedida sin competencia, y además
impidió al actor ejercer su derecho de contradicción y de defensa, lo cual a todas
luces vulneró su derecho al debido proceso”

36. Así mismo, se advierte que la solicitud de amparo es improcedente, pues de
conformidad con la jurisprudencia anteriormente mencionada, el cuestionamiento
por vía de tutela contra otro fallo proferido en una acción de tutela no es procedente,
a menos de que se trate de un evento excepcionalísimo en el que se estructure una
cosa juzgada fraudulenta.

37. En este caso, la parte accionante a pesar de haber señalado que en la
providencia cuestionada se presentó una situación constitutiva de fraude, en tanto
que concedió el amparo de tutela como mecanismo transitorio contra un acto
administrativo definitivo, lo cierto es que dicha circunstancia es insuficiente para
considerar al fallo de tutela de segundo grado como constitutivo de una situación
engañosa y grave. Para la Sala, la Superintendencia del Subsidio Familiar tenía la
carga de demostrar de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada por los
jueces de instancia lejos de propender por el ideal de justicia presente en el derecho,
buscaba satisfacer fines abyectos o irregulares bien sea de parte de quien formuló
la acción de tutela o de un tercero. No es procedente, por tanto, que se acuda a una
nueva acción constitucional con miras a reabrir un debate solo porque uno de los
justiciables no comparta el sentido de las decisiones adoptadas por los jueces de
tutela.

38. Por lo demás, para esta Subsección es claro que la autoridad accionante
también cuenta con otro mecanismo legal para resolver la disputa en torno a la
legalidad de los actos de intervención, pues una vez consultada el sistema de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03815-01
Accionante: Superintendencia De Subsidio Familiar.
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte De Santander
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

gestión de procesos Samai, se logró constatar que el señor Óscar Guillermo
Gerardino Astier, en cumplimiento de la decisión adoptada por el Tribunal, formuló
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la cual fue radicada el 29 de
octubre del año en curso y cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Segundo
Administrativo de Cúcuta20. Es en dicho escenario judicial en donde la entidad podrá
defender la legalidad de los actos suspendidos por los jueces constitucionales y no
a través del ejercicio paralelo de una nueva acción de tutela.

39. En resumen, la Sala ratifica que la parte actora no logró acreditar los
requisitos de procedencia de acciones de tutela contra tutela, en razón a que la
argumentación presentada no cumplió con las exigencias necesarias para
cuestionar la decisión adoptada ni para modificar el criterio del Tribunal. Por lo tanto,
la impugnación no está llamada a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024, por
la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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Consultar la radicación 54001333300220240032400.

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