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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00419-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00419-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Martha Viviana Gómez Serrano en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00419-00 Ac c i o n a n t e : M a r t h a V i v i a n a G ó m e z S e r r a n o Judicial de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00419-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

2 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00419-00
Accionante: MARTHA VIVIANA GÓMEZ SERRANO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos
fundamentales al debido proceso, salud, igualdad,
mínimo vital y vida / reconocimiento y pago de
incapacidades por accidente laboral / tutela contra
tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Martha Viviana Gómez Serrano, quien actúa en nombre propio,
en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de las providencias de 28 de noviembre de 2022 y 25 de
enero de 2023, respectivamente, dentro del proceso con radicado núm.
73001-33-33-001-2022-00285-01.

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ACCIÓN DE TUTELA
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Ac c i o n a n t e : M a r t h a V i v i a n a G ó m e z S e r r a n o

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, salud, igualdad, mínimo vital y vida se fundamenta en los
siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante interpuso acción de tutela en contra de la sociedad
Quick BPO S.A.S., Seguros de Vida Suramericana S.A., Nueva E.P.S. y
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida,
igualdad, debido proceso y mínimo vital y móvil, presuntamente
trasgredidos por las entidades accionadas por no reconocer y pagar las
incapacidades ordenadas con ocasión del accidente laboral ocurrido el
4 de diciembre de 2020.

El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Ibagué que, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2022, negó
las pretensiones de la acción. Contra dicha decisión la parte accionante
presentó impugnación, recurso que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Tolima que, a través de providencia de 25 de enero
de 2023, confirmó lo fallado en primera instancia.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y mínimo vital, toda vez
que el pago de las incapacidades laborales está contemplado en la ley
como una garantía para la salud del trabajador, quien gracias a ello
puede recuperarse satisfactoriamente como lo exige la dignidad

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humana sin tener que preocuparse de regresar de manera anticipada a
sus actividades habituales con el objeto de ganar por días laborados su
sustento y el de su familia.

Adicionalmente indicó que la Ley 776 de 2002 protegió al trabajador
frente a posibles moratorias en el reconocimiento y pago de las
prestaciones que requieran cuando se produzca el riesgo asegurado,
«al facultar a la ARL que asume las prestaciones a repetir
proporcionalmente, por la cantidad que haya desembolsado, y al erigir
los mecanismos de recobro que efectúan las administradoras, como
independientes a la obligación que les asiste en el reconocimiento del
pago de las prestaciones económicas» (sic).

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«PRIMERO: REVOCAR El Fallo Proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA de fecha 25-01-2023, RAD 2022-00285-01
por los honorables magistrados, Acción de tutela interpuesta por el señor
MARTHA VIVIANA GÓMEZ SERRANO, Identificado con cédula de
ciudadanía No 65.741.357.

SEGUNDO: Se Ordene. El Amparo Constitucional de los Derechos
Fundamentales al Debido Proceso a la Salud, igualdad, Mínimo Vital, a la Vida
Digna, En cabeza de la señora MARTHA VIVIANA GÓMEZ SERRANO, en
Contra de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A, QUICK BPO S.A.S,
Nueva EPS,

TERCERO: Se Ordene A LA ARL SURA el reconocimiento de los diagnósticos
S300- Contusión de la región lumbosacra y de la pelvis, y ratificado en dictamen
médico por la JUNTA REGIONAL de fecha 17-08-2022, y las que se generen por
los médicos tratantesdespués (sic) del fallo.

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CUARTO: Se Ordene A LA ARL SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
S.A, El reconocimiento y pago de las incapacidades que se encuentran relacionadas
así:

FECHA INICIO FECHA FINAL ORIGEN DIAS.
23-08-2022 01-09-2022 Accidente trabajo 10
02-09-2022 08-09-2022 Accidente trabajo 7
09-09-2022 15-09-2022 Accidente trabajo 7
16-09-2022 22-09-2022 Accidente trabajo 7
23-09-2022 29-09-2022 Accidente trabajo 7
30-09-2022 29-10-2022 Accidente trabajo 30
30-10-2022 20-11-2022 Accidente trabajo 22
21-11-2022 29-11-2022 Accidente trabajo 9
30-11-2022 29-12-2022 Accidente trabajo 30
30-12-2022 13-01-2023 Accidente trabajo 15
14-01-2022 20-01-2023 Accidente trabajo 7
21-01-2022 04-02-2023 Accidente trabajo 15

[…]». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto de 30 de enero de 2023 el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y al
Tribunal Administrativo del Tolima como accionados y a Seguros de
Vida Suramericana S.A., Quick BPO S.A.S., a la Nueva E.P.S. S.A. y la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones como terceros
interesados en las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. Colpensiones, mediante la directora de acciones
constitucionales, solicitó que se rechace por improcedente la acción de

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tutela de la referencia por no cumplir con los requisitos de
procedibilidad del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

Sostuvo que el asunto a resolver se trata de una tutela contra tutela,
por lo que el trámite reclamado no puede ser revivido por medio de
otra acción de la misma naturaleza, puesto que sólo la Corte
Constitucional puede entrar a cuestionar estas controversias a través
de la selección y la revisión.

4.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué,
por conducto de su titular, señaló que debe rechazarse por
improcedente la acción de la referencia por no haberse agotado todos
los mecanismos que el legislador ha dispuesto para conjurar la situación
que amenaza o lesiona los derechos de la accionante, y que, según
considera, con certeza conoce a cabalidad, pues lo ha realizado en casi
dos años de incapacidad laboral.

Estableció que la señora Martha Viviana Gómez Serrano contaba con
otro mecanismo para hacer efectivo su derecho, como lo era la
presentación de la solicitud de pago de las incapacidades ante la
empresa a la que labora o directamente ante la aseguradora de riesgos
laborales a la que se encuentra afiliada, adjuntando los soportes que
acreditan la concesión de las incapacidades médicas y demás
documentos que son exigidos por parte de estas accionadas para la
correcta gestión del pago de dichas acreencias y que sorpresivamente
pretende desconocer, porque no era la primera vez que adelantaba este
trámite.

4.3. La Nueva E.P.S., por medio de apoderado, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

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4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, expuso que, en lo referente al
derecho al debido proceso, se han brindado todas las garantías
formales y materiales contempladas en el artículo 29 de la Constitución
Política.

Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso
de tutela con radicado núm. 73001-33-33-001-2022-00285-01,
resumiendo lo fallado en la primera y segunda instancia, así como los
requisitos de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias
judiciales, de los cuales concluye que no es posible cuestionar la
decisión acusada a través de dicho mecanismo «por la potísima razón
que no se cumple con la ruptura abierta y grosera del ordenamiento
jurídico».

4.5. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

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Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
y el Tribunal Administrativo del Tolima, con la expedición de las
providencias de 28 de noviembre de 2022 y 25 de enero de 2023,
respectivamente, proferidas dentro de la acción de tutela con el
radicado núm. 73001-33-33-001-2022-00285-01, vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, salud, igualdad,
mínimo vital y vida de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales y ii) el caso
concreto.

3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

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En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción instaurada por la señora
Martha Viviana Gómez Serrano en contra del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, salud, igualdad, mínimo vital y vida,
ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias de 28 de
noviembre de 2022 y 25 de enero de 2023, respectivamente, dentro

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del proceso de tutela con el radicado núm. 73001-33-33-001-2022-
00285-01.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. De los antecedentes descritos se colige que la presente tutela, al
intentarse contra una sentencia proferida dentro de una acción de
idéntica naturaleza, no cumple con los requisitos de procedencia de la
misma, máxime, porque se encamina a controvertir las decisiones de
fondo y no expone situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta,
que pudiera haber afectado sus derechos fundamentales, por lo cual
resulta imperativo para la Sala de Subsección rechazarla por ser
abiertamente improcedente.

Dicho fenómeno de improcedencia de la acción, deviene del criterio
jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la
acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de
tutela anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría
que la resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en
desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los
derechos fundamentales, principios que radican en la necesidad de
brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos
derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados.

Asimismo, no se advierte que en el asunto bajo estudio se cumpla con
los requisitos de procedencia excepcional fijados por la jurisprudencia
constitucional en relación con la acción de amparo contra una sentencia
de tutela, a saber:

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a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no
se esté en presencia del fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso,
que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue
producto de una situación de fraude o una que atente contra el
ideal de justicia presente en el derecho, de conformidad con el
principio de fraus omnia corrumpit.

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto
es, que tenga un carácter residual.

En este orden de ideas, al no encontrarse acreditado el cumplimiento
de alguno de los requisitos precitados, esta Sala de Subsección
rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Martha Viviana Gómez Serrano en contra del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por la señora Martha Viviana Gómez Serrano
en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito

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Judicial de Ibagué y del Tribunal Administrativo del
Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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