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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08132-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08132-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DESVINCULAR al Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá del presente asunto, por falta de legitimación en la causa por pasiva. SEGUNDO: NEGAR las demás solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de la presente acción. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08132-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C1 Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad / INCUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – Tutela contra tutela / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD – No procede la acción de tutela cuando aún se encuentran pendientes
de resolver recursos dentro del proceso en el cual se dictó la decisión enjuiciada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela2 instaurada
por el ciudadano Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y
37 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 18 de diciembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela en
contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Cuarenta
y Tres (43) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad.

1 Se reitera que, si bien en la carátula del expediente de la referencia figura como parte accionada
la Sección Quinta de esta Corporación, este despacho considera necesario precisar que dicha
autoridad judicial es mencionada por el accionante únicamente por la expedición de la providencia
del 8 de octubre de 2014. Dicha decisión judicial, a juicio del actor, fue desconocida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al momento de conocer el asunto radicado núm.
2025-07031-00 y, por ello, sustenta la acción de tutela bajo los siguientes argumentos: “Como
primero se deja constancia, que la Magistrada ADRIANA POLIDURA CASTILLO, cometió el delito
de Prevaricato por acción al desconocer, la sentencia de CONSEJO DE ESTADO, de la SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, del Consejero ponente:
ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00101-00”. En ese orden de ideas, no se entenderá a
la Sección Quinta del Consejo de Estado como parte demandada en el presente asunto, debido a
que la presunta vulneración de derechos fundamentales que sustenta el debate bajo estudio, no se
dirige contra dicha autoridad.
2 Que ingresó a despacho para fallo el 25 de febrero de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

Hechos relevantes

2. En el escrito contentivo de la acción de tutela, el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa afirmó que solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la
aplicación de la figura jurídica “Efecto inter comunis la igualdad con extensión de la
Constitución de la Sentencia de Gustavo Francisco Petro Urrego vs Estado, dada
en julio de 2020”3. Asimismo, señaló que el 8 de enero de 2021 “Andrés Petro”4
concedió una entrevista en el programa Semana desde Canadá, en la cual se
habrían realizado afirmaciones relacionadas con compra de votos y manipulación
electoral. Con fundamento en ello, sostuvo que presentó demandas contra varios
expresidentes de Colombia, así como contra el programa Semana y su
presentadora, en la que solicitó una reparación económica “por un valor equivalente
a 1.800.000.000 (mil ochocientos millones de dólares e intereses indexados a la
actualidad)”5 por presuntos daños y omisiones.

3. Adicionalmente, alegó que demandó el reconocimiento de una curul de paz en
calidad de víctima del conflicto armado, la cual no le fue otorgada, circunstancia
que, a su juicio, vulneró su derecho a la igualdad al asignarse las dieciséis curules
de paz (CITREP) sin incluirlo. En ese sentido, instó la ampliación de la conformación
parlamentaria a diecisiete escaños y el reconocimiento del salario y del estatus de
congresista. Por otro lado, manifestó que pidió su nombramiento como presidente
de la República, por lo que solicitó el retiro del presidente en ejercicio y su reemplazo
por él, con la correspondiente asignación de salario, vivienda y esquema de
seguridad6.

4. Finalmente, cuestionó (i) la expedición de la sentencia del 24 de agosto de 2022,
a través de la cual el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá resolvió la acción de tutela radicada núm. 11001-31-09-
043-2022-00236-00; (ii) la expedición de la sentencia del 14 de abril de 2023,
dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01319-00; y (iii) la expedición del
auto del 28 de noviembre de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado núm. 11001-03-15-
000-2025-07031-00.

5. Ahora bien, debido a que la demanda presentada contenía una extensa relación
de hechos y múltiples pretensiones relativas a asuntos diversos y sin conexión clara
entre sí, mediante auto del 13 de enero de 2026, el despacho sustanciador requirió
a la parte accionante para que aclarara y precisara el objeto de sus solicitudes, con
el propósito de delimitar el marco del debate. Pese a haber sido notificado
correctamente, ese requerimiento no fue atendido en los términos señalados. En
consecuencia, el objeto del presente asunto quedó circunscrito exclusivamente al
cuestionamiento de las providencias judiciales previamente mencionadas, que
constituyen el ámbito del análisis que sigue:

3 Folio 35 del escrito de tutela.
4 Folio 8 ibid.
5 Ibid.
6 Ver folios 13, 29 y 49 del escrito de tutela.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

i). Hechos relativos al proceso radicado núm. 11001-31-09-043-2022-00236-00,
surtido ante el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá

6. El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela contra la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la República saliente y
entrante, el vicepresidente de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil,
la Secretaría de Educación Municipal Santiago de Cali, la Procuraduría General de
la Nación, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, la Nueva E.P.S., la Fiscalía General de la Nación,
la Jurisdicción Especial para la Paz y la Defensoría del Pueblo.

7. El accionante solicitó, entre otras órdenes, la nulidad de los nombramientos
realizados en el cargo que como docente desempeñó en la I.E. Mariela Quintero,
que se declarara que no renunció voluntariamente al concurso de méritos y que se
ordenara su reintegro laboral, el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir.
Además, pidió la calificación de pérdida de capacidad laboral para acceder a
pensión por invalidez, el reconocimiento como víctima del conflicto armado y su
correcto escalafón. Finalmente, pretendió que se revocaran los más de 41 fallos de
tutela que anteriormente había presentado y que le fueron desfavorables.

8. El asunto correspondió al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá que, por medio de sentencia del 24 de agosto
de 2022, negó el amparo solicitado por considerar que lo pretendido excedía lo que
podía resolverse por vía de tutela. Adicionalmente, señaló que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, a través de providencia del 19 de agosto de 2022, ya
había decidido negativamente una acción similar.

9. Sin embargo, frente al estudio de la temeridad, concluyó que el accionante se
encontraba en una situación personal, “en la que relata una serie de eventos
traumáticos, relacionados con abusos sexuales, amenazas contra su vida,
desplazamiento forzado y demás”7, por lo que no impuso sanción alguna, pero le
advirtió que no debía seguir presentando tutelas con los mismos hechos ya
resueltos.

10. El 1.° de diciembre de 2022, el expediente fue enviado a la Sala de Selección
de la Corte Constitucional que, a través de auto del 19 de diciembre de 2022,
resolvió no seleccionar para revisión el asunto.

ii). Hechos relativos al proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01319-00,
surtido ante Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

11. El 14 de marzo de 2023, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó
acción de tutela contra el presidente de la República, el director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el registrador Nacional del Estado
Civil, con el fin obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido

7 Folios 41 y 42 del archivo “51. SENTENCIA DE TUTELA 2022-0236 CIDH Y OTROS”.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, al
buen nombre y a la honra.

12. El proceso correspondió inicialmente al Juzgado Treinta y Tres (33) Civil
Municipal de Cali que, por medio de auto del 8 de marzo de 2023, ordenó al
demandante que señalara con claridad y en forma precisa cuáles eran los hechos
que daban lugar a la vulneración endilgada, cuáles eran las pretensiones de la
acción y cuál era la autoridad y/o funcionario concreto que presuntamente afectó
sus derechos.

13. El 9 de marzo de 2023, el actor “presentó un escrito sumamente confuso con el
que aseguró corregir la demanda y con base en el cual, a juicio del aludido juzgado,
era posible advertir que el objeto de la demanda consistía en que se declarara la
ilegalidad de la elección del presidente de la República, Gustavo Petro, por presunto
fraude e irregularidades en la misma”8.

14. Por considerar que la acción de tutela se dirigía contra la Presidencia de la
República, el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil Municipal de Cali remitió el proceso
a esta Corporación, con el objeto de que avocara conocimiento del asunto.

15. El expediente fue asignado a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01319-00 que, por medio
de auto del 23 de marzo de 2023, admitió la acción de amparo, pero únicamente en
lo relacionado con el presunto fraude en las elecciones presidenciales en las que
resultó electo como presidente de la República el señor Gustavo Francisco Petro
Urrego.

16. Surtido el trámite correspondiente, a través de sentencia del 14 de abril de 2023,
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la tutela en mención por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

17. A juicio de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, el acto de elección del
presidente de la República era susceptible de ser demandado a través del medio de
control de nulidad electoral. Por consiguiente, a partir de los documentos allegados
al expediente, resultaba claro que el demandante no hizo uso del medio de control
de nulidad electoral que le permitía cuestionar la legalidad del acto de elección del
señor Gustavo Francisco Petro Urrego.

iii). Hechos relativos al proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2025-07031-
00, surtido ante Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

18. El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela contra la
Presidencia de la República, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Treinta (30) Laboral sin
especificar su jurisdicción y el señor Juan Manuel Merchán, en calidad de “juez

8 Folio 2 del archivo “44_110010315000202301319001SENTENCIA20230419114100”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

colombiano de Manhattan”, por la presunta omisión de dichas autoridades en el
cumplimiento de sus funciones.

19. El asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que, por medio de providencia del 10 de noviembre de 2025, ordenó al
accionante corregir su solicitud de amparo y precisar lo siguiente:

i. Cuál era la acción u omisión concreta que motivó la interposición del
mecanismo de amparo.
ii. Aclarar cuál era la jurisdicción y el circuito al que pertenecían los jueces
mencionados.
iii. Señalar los reparos concretos por los que se pedía el amparo respecto de
cada una de las autoridades accionadas.

20. La autoridad judicial en mención dio al actor un plazo de tres días para que
corrigiera la demanda, sin embargo, cumplido el término otorgado, este no rindió
informe alguno.

21. Como consecuencia de lo anterior, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, a través de providencia del 28 de noviembre de 2025, resolvió:

“PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de tutela interpuesta por Óscar
Fernando Quintero Mesa, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a la parte accionante, por el medio
más expedito posible.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión, una vez cobre ejecutoria esta providencia”9.

22. La decisión precitada se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 17 del
Decreto 2591 de 1991, según el cual, el juez puede prevenir al accionante para la
corrección de la solicitud en el evento en que no se pueda determinar con claridad
el hecho o la razón que la motivó, so pena de rechazo de plano.

23. A través de memorial del 18 de diciembre de 2025, el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa presentó solicitud “de la nulidad electoral del Gustavo Francisco
Petro Urrego, como Presidentede (sic) la República de Colombia y de la
Vicepresidente FRancia Márquea (sic) y del Ministro de Educación y en los
documentos donde es nombrado Presidente, Vicepresidente (sic) y Ministro de
Educación, sean sustituidos por el nombre de OSCAR FERNANDO QUINTERO
MESA, COMO PRESIDENTE LEGAL DE COLOMBIA, LUZ DIVIA BECERRA
RESTREPO, COMO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y
LUIS FERNANDO QUINTERO BECERRA COMO MINISTRO DE EDUCACIÓN, en
un término inferior a 48 horas”10.

9 Folio 5 del archivo “11_Autoquerechaz_AUTORECHAZA202507031_0_20251211173228404 (1)”.
10 Folio 11 del archivo “15_RECIBEMEMORIAL_Memorial_MEMORIALESNUEVOS
SECG_0_20251218163902077”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

24. El asunto ingresó al despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 15 de enero de 2026 para resolver y el 20 de
enero de 2026 se registró proyecto de auto, sin que a la fecha de la presentación
de la acción de tutela de la referencia se hubiese resuelto.

Pretensiones

25. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“De manera respetuosa solicito a usted:

1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad Carlos
Camargo Asis y sus homólogos dada el 29 de octubre de 2025 y notificada
el 3 de diciembre del año 2025 y todos los precedentes jurisprudenciales
citados en la parte motiva del escrito y al libre desarrollo.

2. ORDENAR a la CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA
CASTILLO y sus homólogos de CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, dada en Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre
de dos mil veinticinco (2025), con Radicación: 11001-03-15-000-2025-
07031-00, revocar su sentencia como lo ordenó al Magistrado Ramón
Alfredo del Tribunal Superiror de Manzales, el 19 de Enero de 2023

3. ORDENAR a la CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA
CASTILLO y sus homólogos, obedecer la Sentencia de la Corte
Constitucional de Carlos Camargo Asis y sus homólogos

4. ORDENAR AL JUEZ DEL JUZGADO JUZGADO 43 PENAL DEL
CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.,
REVOCAR su sentencia, como lo indica el Magistrado Ramón Alfredo
del Tribunal Superior de Manizales

5. Ordenar al JUZGADO 43 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C., acatar la Sentencia de la Corte
Constitucional de Carlos Camargo y sus homólgos

6) Ordenar a CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCiÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B, dada en
Bogotá DC, catorce (1a) de abril de dos mil veintitrés (2023). Del
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTíNEZ y sus homólogos del
Expediente: 1 1 001 -03-1 5-000-2023-01 31 9-00, revocar su sentencia
por falta de motivación la sentencia y por lo ordenado por el MP Ramón
Alfredo del Tribunal superior de Manizales

7) Ordenar a CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCiÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B, dada en
Bogotá DC, catorce (1a) de abril de dos mil veintitrés (2023). Del
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTíNEZ y sus homólogos,
obedecer la Sentencia del Mp Carlos Camargo Asis y sus Homólogos.

8) ORDENAR a la CIDH, dar trámite en un término inferior a 48 horas, a
las medidas cautelares exigidas, a aplicar la figura del efecto de
modulación de los fallos, inter comunis a la igualdad con extensión de la
Constitución de Gustavo Francisco Petro Urrego vs Estado y aplicarlas a
mi caso, y ordenar la destitución de Francisco Petro Urrego, Francia
Márquez y el Ministro de Educación, como lo ordenó el Mp Ramón Alfredo

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

de Manizales y revocar la sentencia de Gustavo Petro Urrego, para que se
falle en su contra de los delitos cometidos en la Alcaldía de Bogotá y de
los delitos cometidos de doble militancia como Presidente de la República
y como Guerrillero Activo del M-19, se declare traidor a la patria y se
reconozca como Guerrillero activado de las Milicias del M-19, camufladas
con los guerrilleros de Primera línea. Al igual que la destitución de Francia
Márquez y el Ministro de Educación”11.

Fundamentos de la demanda de tutela

26. La parte demandante, frente a la sentencia del 14 de abril de 2023, dictada por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso
radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01319-00, sostiene que la decisión incurrió
en una falsa motivación y en un supuesto “fraude judicial”12. Afirma que esta
Corporación declaró improcedente la tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, pero que en realidad sí cumplió los requisitos de procedibilidad,
pues previamente presentó derechos de petición, solicitudes de revocatoria, nulidad
y otras acciones judiciales13.

27. En cuanto a la sentencia del 24 de agosto de 2022, dictada por el Juzgado
Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el
actor argumenta que se trató de una decisión basada en una supuesta “falsa
temeridad”14 y que el despacho desconoció sus derechos fundamentales. Alega que
el juez debía revocar su decisión y acatar lo que, según él, ordenaban otros
precedentes judiciales.

28. Finalmente, sobre el auto del 28 de noviembre de 2025, proferido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-07031-00, el demandante afirma que esta
providencia constituye un nuevo acto de inadmisión o rechazo injustificado de sus
acciones judiciales, dentro de lo que califica como una práctica sistemática de
negación de sus tutelas y demandas. Señala que la decisión incurre en una violación
de sus derechos fundamentales, especialmente la igualdad y el libre desarrollo de
la personalidad, y solicita que se ordene la revocatoria de lo decidido.

Trámite procesal

29. El 19 de diciembre de 2025, por conducto de la Secretaría General de esta
Corporación, el expediente de la referencia fue repartido a este despacho para
tramitar la primera instancia del proceso de tutela15.

30. Durante el lapso comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 al 12 de enero
de 2026 no corrieron términos, de conformidad con el período de vacancia judicial
establecido en el artículo 20 del Decreto 546 de 1971 y en el artículo 146 de la Ley
270 de 1996.

11 Folios 73 a 75 del escrito de tutela.
12 Folio 57 del escrito de tutela.
13 Folios 57 y 58 ibid.
14 Folio 60 ibid.
15 Véase índice 3 de Samai.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

31. Terminado el período de vacancia judicial, por medio de auto de 13 de enero de
2026, este despacho resolvió:

“PRIMERO: REQUERIR al señor Oscar Fernando Quintero Mesa para que,
una vez recibida la comunicación de la presente providencia, ACLARE, en
el término de tres (3) días, si los ciudadanos Luz Divia Becerra, Luis
Fernando Quintero Becerra, Diana Esther Guzmán Rodríguez, Maryluz
Barragán González, Rodrigo Uprimny Yepes, Sergio Pulido Jiménez, Liz
Bermúdez Carrillo, Paola Molano Ayala, Viviana Bohórquez Monsalve,
Yessika Hoyos Morales, Juan David Romero Preciado, Ana Victoria
Vásquez Cárdenas, Gloria Patricia Lopera Mesa, Adriana María Sanín
Vélez, Ana María Londoño Agudelo, Diana Carolina Sánchez Zapata, Diana
Patricia Arias Holguín, Hernán Darío Vergara Mesa, Juan Camilo Bolívar
Rivera, Freddy Ordoñez Gómez, Andrea Parra Fonseca, Dora Lucy Arias
Giraldo y “los 1.678.036 testigos” son, efectivamente, parte demandante en
el asunto de la referencia.

Adicionalmente, REQUERIR al actor para que, (ii) de resultar afirmativo el
anterior interrogante, ALLEGUE el escrito de tutela debidamente firmado
por los sujetos mencionados que no suscribieron la acción de tutela de la
referencia o, en su defecto, indique las razones por las cuales se encuentran
imposibilitados para hacerlo. De igual modo, si lo anterior no fuere posible,
(iii) ACLARE si actúa en la presente acción en calidad de agente oficioso y
EXPONGA los fundamentos por los cuales los presuntos agenciados se
encuentran imposibilitados para ejercer directamente la defensa de sus
derechos.

SEGUNDO: REQUERIR al señor Oscar Fernando Quintero Mesa para que,
una vez recibida la comunicación de la presente providencia, PRECISE, en
el plazo de tres (3) días, de manera clara, concreta y circunstanciada los
hechos, acciones u omisiones que atribuye a “Vicky Dávila”, a “Andrés
Petro”, a “JP Hernández”, a los señores expresidentes Andrés Pastrana
Arango y Ernesto Samper Pizano, a “Claudia Carrasquilla”, a la senadora
María Fernanda Cabal Molina, a la Embajada de Canadá en Colombia, a la
Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad
Nacional de Protección, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección Quinta
del Consejo de Estado, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, al magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis, a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes,
y que, en su criterio, dieron lugar al desconocimiento de las garantías
constitucionales alegadas, so pena de no tenerlos como parte demandada
ni como vinculados dentro del presente trámite constitucional.

TERCERO: REQUERIR al señor Oscar Fernando Quintero Mesa para que
EXPLIQUE, dentro del término de tres (3) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, cuál es la acción u omisión que atribuye al
medio de comunicación “Programa Semana”, a fin de determinar la
competencia para resolver la tutela de la referencia”16.

32. Lo anterior, por cuanto el despacho sustanciador consideró que existían dudas
respecto (i) de la legitimidad en la causa por activa de la parte actora; (ii) de las
vinculaciones de la parte accionada y los terceros con interés; y (iii) de la vinculación
al “Programa Semana” y a la Embajada de Canadá en Colombia.

16 Véase índice 4 de Samai.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

33. El 15 de enero de 2026, la Secretaría General de esta Corporación notificó a las
partes la decisión precitada17. Sin embargo, pese a haber sido notificado
debidamente, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa no rindió informe alguno.

34. El expediente ingresó nuevamente a despacho el 23 de enero de 2026, para lo
de su cargo18.

35. Comoquiera que la parte actora no atendió el requerimiento formulado por el
despacho sustanciador, orientado a que precisara y delimitara adecuadamente los
hechos, las pretensiones y las autoridades accionadas, se procedió a admitir la
acción de tutela únicamente en lo que respecta al señor Óscar Fernando Quintero
Mesa, actuando en nombre propio. En consecuencia, el trámite se circunscribió
exclusivamente a las actuaciones atribuidas a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, por ser estas las únicas autoridades frente a las cuales
se logró identificar con un mínimo de claridad los reproches planteados. Lo anterior,
en atención a que respecto de los demás hechos y entidades mencionadas en el
escrito no existía precisión suficiente que permitiera estructurar debidamente el
contradictorio y garantizar el debido proceso.

36. De este modo, a través de auto del 26 de enero de 2026, se admitió la acción
de tutela de la referencia y se ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y al Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, como accionados, y a todos los sujetos intervinientes
dentro de los procesos radicados núms. 11001-03-15-000-2025-07031-00, 11001-
03-15-000-2023-01319-00 y 2022-00236-00 como terceros con interés en las
resultas del proceso.

37. Para efectos de la notificación, se comisionó (i) a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, respecto del proceso radicado núm. 11001-03-15-
000-2025-07031-00; (ii) a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, respecto del proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01319-00; y (iii)
al Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, respecto del proceso radicado núm. 2022-00236-00, para que, por su
conducto, procedieran a la notificación de dichos sujetos procesales por el medio
que resultara más expedito. A través de la Secretaría General del Consejo de
Estado, se ordenó librar el oficio correspondiente dirigido a las autoridades judiciales
citadas quienes deberían allegar, en un plazo máximo de dos días contados a partir
de la notificación de esta providencia, prueba documental que acreditara el
cumplimiento de lo ordenado.

38. Luego de ello, por medio de auto del 29 de enero de 2026, se aclaró el inciso
segundo del ordinal tercero del auto del 26 de enero de 2026, en el sentido de que
las notificaciones a los sujetos procesales y demás intervinientes de los procesos

17 Índice 7 ibid.
18 Índice 8 ibid.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

que cursaron en las Subsecciones B y C de la Sección Tercera de esta Corporación
se surtieran directamente por la Secretaría General del Consejo de Estado, sin
mediar comisión a dichas autoridades.

39. El 6 de febrero de 2026, el expediente ingresó nuevamente a despacho para
continuar el trámite correspondiente19.

40. Mediante auto del 13 de febrero de 2026, se vinculó al Juzgado Cuarenta y Tres
(43) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Ello, en razón a
que en la diligencia inicial se incurrió en una imprecisión de digitación que dio lugar
a que se dispusiera la vinculación del Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá.

41. En la misma providencia, se ordenó al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (i) notificar a todos los sujetos
intervinientes dentro del proceso radicado núm. 2022-00236-00; y (ii) remitir, en
calidad de préstamo y por medio digital, el expediente de dicho proceso.

42. El 25 de febrero de 2026, el expediente de la referencia ingresó a despacho
para proferir sentencia de primera instancia.

Intervenciones

43. La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la
coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales, señaló
que la cartera ministerial no ha sido vinculada como accionada en la acción de tutela
original, ni designada como autoridad responsable de la ejecución, seguimiento o
verificación de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado. Por ello, solicitó
que se declare que no es sujeto ni destinatario de órdenes dentro del proceso en
curso.

44. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
intermedio del magistrado Fredy Ibarra Martínez, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia o que, en el evento de
proferirse una decisión de fondo, necesariamente esta sea desestimatoria de las
súplicas de la demanda.

45. Indicó que en este caso es evidente que se impone el rechazo de la acción de
tutela ante la configuración del fenómeno de la temeridad, en los términos del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en tanto el demandante ya había formulado
con anterioridad una acción constitucional por los mismos hechos, con idéntico
objeto y dirigida contra las mismas autoridades, la cual fue tramitada con el número
de radicación 11001-03-15-000-2025-04514-00/01, proceso del que conoció la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación y en el cual, mediate
sentencia del 14 de agosto de 2025, se declaró improcedente la tutela. Ello, por
considerar que se pretendió cuestionar un fallo proferido en otro proceso de la

19 Véase índice 33 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

misma naturaleza, no se probó una situación de fraude y se incumplió el requisito
de inmediatez.

46. Afirmó que esta reiteración injustificada del mecanismo constitucional, sin la
exposición de hechos nuevos ni de circunstancias sobrevinientes que permitan
justificar un nuevo pronunciamiento judicial, evidencia un uso abusivo de la acción
de tutela, desconoce el principio de buena fe procesal y compromete de manera
irrazonable el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, razón
suficiente para que el escrito sea rechazado por temeridad.

47. Señaló que no es claro si el actor cuestiona de manera directa la sentencia de
tutela proferida el 14 de abril de 2023, pues, en su escrito de demanda no le endilga
ningún defecto específico a dicha providencia, en tanto que se limita, únicamente,
a hacer una mención general de la decisión y a realizar acusaciones infundadas en
contra de la persona del magistrado Fredy Ibarra Martínez y de los demás miembros
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

48. Finalmente, en orden a evitar un desgaste injustificado del aparato judicial frente
a la constante presentación de acciones de tutela temerarias, reiterativas e
irrespetuosas por parte del aquí actor con el mismo fin, respetuosamente solicitó
que se considere la posibilidad de ordenar a la Secretaría General que oficie a todos
los despachos judiciales de la Corporación con el fin de que, en futuras acciones de
tutela que promueva el señor Óscar Fernando Quintero Mesa con expresiones
similares, se valore de forma inmediata la posibilidad de rechazar de plano sus
demandas y devolver los memoriales, según lo previsto en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, tal como fue ordenado recientemente en un proceso similar por parte
del magistrado José Roberto Sáchica Méndez de la Sección Tercera del Consejo
de Estado20.

49. La Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva o que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que la
entidad no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales de la
parte accionante.

50. Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A., por intermedio de apoderado,
pidió que se declare improcedente el proceso bajo estudio, por no existir afectación
de los derechos fundamentales de la parte actora. En ese mismo sentido, sostuvo
que no hay legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo con los criterios fijados
por la Corte Constitucional en la sentencia T-770 de 2011.

51. La Corte Constitucional, por medio de la profesional especializada grado 33
encargada del área de acciones de tutela de la presidencia de dicha Corporación,
señaló que, una vez revisado el contenido del auto admisorio, no se advertía orden
o señalamiento alguno que la vinculara en calidad de parte, ni como tercero con
interés. En esa línea, precisó que no puede entenderse oficialmente notificada.

20 Proceso de acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2024-06920-01, sentencia del
19 de mayo de 2025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

52. Sin embargo, encontró pertinente informar que, consultadas las bases de datos
de la Corte, halló registro del proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01319-
00. Este, correspondió a un asunto de tutela adelantado por el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa contra la Presidencia de la República y otros, y fue
remitido a ese Tribunal por parte de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 24 de mayo de 2024 para su eventual revisión.

53. Afirmó que, en el marco del comentado trámite, se le asignó el radicado interno
T-9430512 y la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de 2023 excluyó el
asunto de la selección.

54. La Corporación de Servicios Médicos Internacional THEM & Cía. Ltda. –
Cosmitet LTDA., por medio de apoderado, pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Ello, en atención a que, según precisó, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y la Fiduprevisora S.A.,
son quienes coordinan la red de prestadores y generan las autorizaciones para la
prestación de servicios de salud a los afiliados del régimen especial en salud del
Magisterio, de acuerdo con los artículos 2.° y 5.° de la Ley 91 de 1989.

55. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, por
conducto de su representante legal, aportó el dictamen de pérdida de capacidad
laboral que se emitió respecto del señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en el cual
se estableció un porcentaje del 53.18%. Manifestó que dicha determinación fue
confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 14 de agosto de
2022 y, a la fecha de la presentación de la tutela de la referencia, la entidad no tiene
trámite administrativo alguno pendiente en nombre del demandante.

56. Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la causa por no haber incurrido en
vulneración alguna de derechos fundamentales.

57. El Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá informó que con el fin de atender el requerimiento efectuado por este
despacho, la autoridad judicial solicitó a la Oficina de Apoyo Judicial de Complejo
Judicial de Paloquemao que “remitiera sabana (sic) de reparto de las acciones
constitucionales instauradas por parte de Oscar Fernando Quintero Mesa
identificado con cedula de ciudadanía No. 10.288.361, en la cual se relacionen los
despachos judiciales que conocieron de dichas acciones en primera y segunda
instancia”21.

58. Así, precisó que, conforme con el informe recibido el 28 de enero de 2026, la
Oficina de Apoyo Judicial le indicó que no le había sido asignada ninguna acción de
tutela en primera ni en segunda instancia respecto del accionante. Además, señaló
que el proceso radicado núm. 2022-00236-00, según lo indicado por el actor en su
demanda, cursó ante el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá.

21 Folio 2 del informe de tutela. Índice 22 de Samai.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

59. De conformidad con lo expuesto, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

60. El Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá indicó que, en efecto, el 18 de agosto de 2022 avocó
conocimiento de una acción de tutela interpuesta por el actor contra la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y otros, proceso en el cual se negaron las
pretensiones de la acción.

61. A su vez, aportó en enlace de acceso al expediente contentivo de la acción de
tutela radicada núm. 11001-31-09-043-2022-00236-00.

62. La Nación – Ministerio de Educación Nacional informó que el aquí accionante
ha hecho uso desmedido y abusivo de la acción de tutela por hechos que son
absolutamente difusos e incomprensibles. Al respecto, indicó que no entiende cuál
es la vulneración que se endilga a ese ministerio y tampoco queda claro si esta ya
fue anteriormente conocida por algún otro despacho en sede de tutela, pues, según
plantea, el demandante hace uso de manera inmoderada de este mecanismo
judicial, situación que genera un tráfico injustificado en las gestiones a cargo de los
juzgados y de las entidades que resultan vinculadas.

63. En ese orden de ideas, solicitó que se dispongan las medidas correctivas
necesarias para evitar que a futuro el actor continúe ejecutando estas acciones,
pues afirmó que, entre 2025 y 2026, ha interpuesto un sinnúmero de tutelas, entre
las que se destacan las radicadas núms. 11001-31-18-008-2024-00082, 05001-33-
33-034-2024-00137-00, 05001-31-05-019-2024-10092-00, 11001-40-88-074-2024-
00457-00, 76001-40-71-004-2024-00012-00, 76001-43-03-005-2024-00233-00,
76001-22-03-000-2025-00094-00, 73001-40-09-009-2025-00210-00, 76001-40-71-
002-2025-00105-00, 76001-40-88-032-2025-00118-00, 76001-31-07-001-2025-
00047-00, 76001-31-03-018-2025-00046-00, 76001-33-33-019-2025-00105-00,
76001-31-10-014-2025-00197-00, 11001-02-03-000-2025-01955-00, 2025-00230-
00, 11001-03-15-000-2025-04381-00, 76001-31-090-11-2025-00095, 11001-02-04-
000-2025-01763-00, 11001-02-04-000-2025-01825-00, 68001-22-05-000-2025-
00669-00, 17001-22-13-000-2025-00209-00 y 76001-22-03-000-2025-00245-00.

64. Por otro lado, señaló que la competencia del Ministerio de Educación Nacional,
en materia de inspección y vigilancia, se circunscribe a la verificación del
cumplimiento efectivo de las normas de educación superior por parte de las
instituciones de este nivel formativo y de sus directivos, así como el cumplimiento
de sus disposiciones estatutarias y reglamentarias internas, conforme a lo dispuesto
en el Decreto 5012 de 2009, la Ley 1740 de 2014 y la Ley 715 de 2001.

65. De esta manera, precisó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto, como cabeza del sector educativo, con ninguna de sus acciones y
decisiones ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante.

66. La Nación – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por medio del
jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicó que la pretensión del actor de ser
nombrado en cargos públicos o ser indemnizado con sumas que ascienden a los

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

1.800 millones de dólares desborda completamente la misión institucional de la
entidad y el objeto de la acción de tutela, por lo que solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

67. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de
la magistrada Adriana Polidura Castillo, pidió que se declare improcedente la acción
de tutela de la referencia, pues considera que se pretende utilizar como un
mecanismo alternativo para reabrir un debate procesal ya resuelto conforme a
derecho, sin cumplir las exigencias constitucionales que habilitan su procedencia
excepcional.

68. A su vez, realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el curso del
proceso de tutela radicado núm. 11001-03-15-000-2025-07031-00 y señaló que el
asunto aún se encuentra en trámite de resolver la solicitud de nulidad presentada
por el propio accionante desde el 18 de diciembre de 2025. Sostiene que dicha
circunstancia refuerza la improcedencia de la acción, en tanto no se cumple con el
requisito de subsidiariedad.

69. Asimismo, señala que el actor plantea sus reparos, sin aportar argumentos que
permitan demostrar, siquiera sumariamente, la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, limitándose a manifestar su desacuerdo con la decisión
cuestionada, por lo que no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
fundamentar su acción.

70. En igual sentido, resaltó que en el escrito de tutela se emplean expresiones que
podrían interpretarse como inapropiadas o irrespetuosas respecto de la consejera
Adriana Polidura Castillo y de la Corporación en general, manifestaciones que
carecen de sustento probatorio y resultan desafortunadas e innecesarias dentro del
ámbito del debate jurídico propio de esta acción constitucional.

71. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. manifestó que se ciñe en el desarrollo de su objeto social a los
postulados y normas contenidos en la ley, especialmente en el Régimen General de
Seguridad Social Integral, contenido en la Ley 100 de 1993 y normas
complementarias, razón por la cual señaló que ha cumplido los mandatos
normativos y las directrices establecidas por los organismos de control y vigilancia.

72. De esta manera, afirma que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental en
cabeza de la accionante, por lo que solicita que se niegue o se declare improcedente
la acción.

73. Positiva Compañía de Seguros S.A. indicó que, revisados los sistemas de
información de esa ARL, el estado de afiliación del accionante era inactivo y no
contaba con reporte de siniestros de origen laboral. En razón de lo anterior, pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

74. La Presidencia de la República, a través de apoderada, sostuvo que el único
acercamiento realizado por el accionante a esa entidad fue mediante la petición
radicada bajo el núm. EXT25-00108088, solicitud que fue trasladada y comunicada

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

en tiempo al peticionario mediante Oficio núm. OFI25-00144200 del 28 de julio de
2025.

75. En ese sentido, señaló que la acción de tutela de la referencia es improcedente,
por lo que deben negarse las pretensiones respecto del DAPRE y, por consiguiente,
desvincularle del presente trámite.

76. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela de la referencia, toda vez que la entidad no ha vulnerado ningún
derecho del extremo procesal impulsor de esta actuación.

77. Expuso que el Ministerio Público, a la luz del cumplimiento de sus funciones
misionales, no puede emitir pronunciamientos frente a asuntos particulares y
concretos, así como tampoco puede coadyuvar pretensiones de la parte accionante,
por cuanto el órgano de control no actúa dentro de los procesos o trámites
administrativos como abogado defensor de los sujetos o intervinientes. En ese
sentido, solicitó su desvinculación de la acción constitucional de la referencia.

78. La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones y la Secretaría de Educación Departamental del
Valle del Cauca solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

79. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Cuestión previa

i). Del memorial remitido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

80. El 9 de febrero de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la
Secretaría General de esta Corporación un correo electrónico enviado por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa, en el cual este señaló la existencia de un
“PREVARICATO POR ACCIÓN -Decisión manifiestamente contraria a la ley: a
través de acto administrativo por el que se nombra a empleado” 22 y además
mencionó que se tenía dictar sentencia anticipada “en un término inferior a 48 horas,
porque un desacato no puede superar los 10 días y ya lleva desde octubre,
noviembre, diciembre, Enero y Febrero”23.

22 Folio 4 del archivo “34_RECIBEMEMORIAL_Correo_JhonatanDavid_0_20260209123825067
(1)”. Véase índice 34 Samai.
23 Folio 2 ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

81. Adicionalmente, señaló que “[s]e demanda (sic) Luis Armando Carpio Caicedo,
para que haga entrega de (sic) copia del libro denuncia de Benhur Navarrete y
Marco Tulio Román y se requiere la vinculación de la fiscal 41 de Cali, que es
cómplice de la prescripción de los delitos de Benhur Navarrete y Marco Tulio
Román, quienes me enviaron a asesinar junto con mi esposa en gestación y
asesinaron los 5 bebes que perdió mi esposa por los intentos de asesinato de los
R-15, los dueños de Thomas Greg and Sons”24.

82. Ahora bien, previo a resolver el caso concreto de la acción de la referencia, esta
Sala precisa que dicho memorial no guarda relación con lo expuesto por el
demandante en su escrito inicial de tutela, ni con el objeto del presente asunto, el
cual se dirige contra el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de las providencias del 24 de agosto de 2022, 14 de abril de 2023 y 28
de noviembre de 2025, respectivamente.

83. Asimismo, frente a lo mencionado por el actor, relativo a que “un desacato no
puede superarlos 10 días y ya lleva desde octubre, noviembre, diciembre, Enero y
Febrero”25, esta Subsección no tiene certeza de que tal afirmación guarde relación
con el asunto bajo estudio, puesto que la presente acción de tutela se radicó el 18
de diciembre de 2025, previo al inicio de la vacancia judicial establecida en la Ley
270 de 1996, y, desde que se reanudaron los términos judiciales, se han adelantado
las etapas procesales conforme con lo previsto en la ley.

84. En ese orden de ideas, el objeto del presente asunto seguirá circunscrito
exclusivamente al cuestionamiento de las providencias judiciales previamente
mencionadas y no se incluirá lo señalado en el memorial en comento en el ámbito
del análisis del caso concreto.

ii). De la legitimación en la causa por pasiva

85. En primer lugar, esta Sala advierte que en el índice 22 del aplicativo Samai obra
informe26 rendido por el Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, en el cual se indicó que, con el fin de atender el
requerimiento efectuado por este despacho, la autoridad judicial solicitó a la Oficina
de Apoyo Judicial de Complejo Judicial de Paloquemao que “remitiera sabana (sic)
de reparto de las acciones constitucionales instauradas por parte de Oscar
Fernando Quintero Mesa identificado con cedula de ciudadanía No. 10.288.361, en
la cual se relacionen los despachos judiciales que conocieron de dichas acciones
en primera y segunda instancia”27.

24 Folio 3 ibid.
25 Folio 2 ibid.
26 Obra en el certificado 814C202B81CFE484 81D973619DB57EEF E8510AC536F6A5A0
D4794E1099C5F11D. índice 22 de Samai.
27 Folio 2 del informe de tutela. Índice 22 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

86. A su vez, se tiene que el Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá precisó que, conforme con el informe recibido el 28 de
enero de 2026, la Oficina de Apoyo Judicial le indicó que no le había sido asignada
ninguna acción de tutela en primera ni en segunda instancia respecto del
accionante. Además, señaló que el proceso radicado núm. 2022-00236-01, según
lo indicado por el actor en su demanda, cursó ante el Juzgado Cuarenta y Tres (43)
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

87. En efecto, de acuerdo con los antecedentes descrito, se encuentra que el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa mencionó al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá dentro de las autoridades
judiciales accionadas entre el asunto de la referencia y solicitó que se le ordene
“revocar su sentencia, como lo indica el Magistrado Ramón Alfredo del Tribunal
Superior de Manizales”28 y “acatar la Sentencia de la Corte Constitucional de Carlos
Camargo y sus homólgos (sic)”29.

88. De esta manera, dado que en el trámite inicial se incurrió en una imprecisión de
digitación que dio lugar a que se dispusiera la vinculación del Juzgado Veintitrés
(23) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, procede su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, se
aclara que, tal como se indicó en el acápite del trámite procesal, el Juzgado
Cuarenta Tres (43) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
también se encuentra efectivamente vinculado al presente asunto y rindió informe,
por lo que se integró debidamente el contradictorio y se garantizó el derecho de
defensa y contradicción de las autoridades mencionadas por el actor.

89. En segundo lugar, de acuerdo con los informes rendidos por las entidades
vinculadas al proceso de la referencia, se encuentra que Colmena Seguros Riesgos
Laborales S.A., la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, la Corporación de Servicios Médicos
Internacional THEM & Cía. Ltda. – COSMITET LTDA., la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, la Nación – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Positiva
Compañía de Seguros S.A., la Presidencia de la República, la Procuraduría General
de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca también solicitaron su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.

90. Sin embargo, tal como se estableció en el auto del 26 de enero de 2026, por
medio del cual se admitió la acción de tutela bajo estudio, la vinculación de dichas
entidades obedece a que fueron parte accionada o terceros con interés dentro de
los procesos radicados núms. 11001-03-15-000-2023-01319-00, 11001-31-09-043-
2022-00236-00 o 11001-03-15-000-2025-07031-00, los cuales son cuestionados
por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa en el presente asunto. En ese orden
de ideas, se negará su desvinculación.

28 Folio 74 del escrito de tutela.
29 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

91. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con la expedición de las providencias del 24 de agosto de 2022, 14 de abril
de 2023 y 28 de noviembre de 2025, respectivamente, vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de la parte
accionante?

92. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

93. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200530,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

94. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar31; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela32, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional33 o del Consejo de Estado34,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP35; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar

30 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
31 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
32 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024
34 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

la consumación de un perjuicio irremediable36 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Caso concreto

95. La Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo
en el presente asunto, por cuanto no se cumplen con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como pasará a
explicarse:

i). De los procesos radicados núms. 11001-03-15-000-2023-01319-00 y 11001-
31-09-043-2022-00236-00

96. De conformidad con los antecedentes citados, se tiene que el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa enjuicia las decisiones del 24 de agosto de 2022, proferida
por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, y del 14 de abril de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estados. Ambas providencias fueron proferidas dentro de
los procesos de tutela radicados núms. 11001-31-09-043-2022-00236-00 y 11001-
03-15-000-2023-01319-00, respectivamente.

97. Señalado lo anterior, se tiene que la acción de la referencia, al intentarse contra
unas sentencias proferidas dentro de unas acciones de idéntica naturaleza, no
cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para su procedencia
contra providencias judiciales, máxime, porque se encamina a controvertir las
decisiones de fondo y no expone situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta
que pudieran haber afectado sus derechos fundamentales.

98. Dicha improcedencia de la acción deviene del criterio jurisprudencial37 que ha
reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la acción de tutela, una sentencia
proferida dentro de otro proceso de amparo de derechos fundamentales. Aceptar
una situación contraria, implicaría que la resolución del conflicto se prolongue
indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo
de los derechos fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar
una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos
fundamentales han sido vulnerados o amenazados.

99. Al respecto, la jurisprudencia constitucional estableció unos requisitos de
procedencia excepcional en relación con la acción de amparo contra una sentencia
de tutela, a saber:

36 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
37 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 2 de marzo de 2023.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00419-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

“a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia
del fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso, que la
decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude o una que atente contra el ideal de justicia presente en
el derecho, de conformidad con el principio de fraus omnia corrumpit.

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tenga un carácter residual”38.

100. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que por regla
general no resulta procedente ejercer la acción de tutela contra la sentencia que
pone fin al proceso de tutela, esto debido a que resulta necesario poner fin a las
discusiones constitucionales respecto de la garantía de derechos fundamentales. Al
punto que una causal de improcedencia de una petición de amparo es aquella que
se promueve contra la sentencia que pone final a una instancia de tutela proferida
por un juez de instancia o al trámite de revisión que ejerce la Corte Constitucional.
No obstante, de manera excepcional esta resulta procedente cuando, el actor
comprueba que se está ante el evento de fraus omnia corrumpit, supuesto que no
se acredita en el caso concreto.

101. En esa medida, el tutelante debe ofrecer evidencia de la ocurrencia del fraude
que afecta la cosa juzgada, y adicional a ello debe ser claro que no se presenta
identidad procesal entre la sentencia cuestionada y la nueva acción de tutela, es
decir, que no se presentan dos veces la misma acción de tutela, sino que se trata
de un ataque constitucional contra un fallo de tutela, y finalmente, el medio
constitucional debe ser el único instrumento procesal para cuestionar la decisión.

102. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad. Adicional a ello, esta Sala desea llamar la atención al
actor para que no acuda a la acción de tutela con el fin de cuestionar otras
decisiones de igual naturaleza, sin seguir ni cumplir las causales excepcionales que
la jurisprudencia constitucional ha configurado para impugnar una providencia
expedida en el procedimiento de amparo de derechos fundamentales 39.

ii). Del proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2025-07031-00

103. Por otro lado, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa cuestiona la providencia
del 28 de noviembre de 2025, mediante la cual la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado rechazó la acción de tutela presentada contra la
Presidencia de la República y otros, por no haber aportado una argumentación
mínima que permitiera dar claridad a lo solicitado por el despacho en el auto del 10
de noviembre de 2025. En dicha providencia se requirió a la parte actora para que
informara: (i) cuál era la acción u omisión concreta que motivó la interposición del

38 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
39 Corte Constitucional, Sentencias T-322 de 2019, T-286 de 2018 y SU-627 de 2015.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

mecanismo de amparo; (ii) cuál era la jurisdicción y el circuito a los que pertenecían
los jueces mencionados; y (iii) cuáles eran los reparos concretos por los que se
solicitaba el amparo respecto de cada una de las autoridades accionadas.

104. No obstante, de las pruebas allegadas al expediente se advierte que el 18 de
diciembre de 2025 el demandante presentó solicitud de nulidad contra la decisión
proferida el 28 de noviembre de 2025, trámite que actualmente se encuentra
pendiente de resolución y cuyo proyecto fue registrado el 20 de enero de 2026 para
consideración de la Sala de Decisión. En ese contexto, la acción de tutela resulta
improcedente, en tanto el accionante aún dispone de medios idóneos de defensa
judicial, pues la inconformidad planteada en el presente asunto puede ser resuelta
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

105. Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto
2591 de 1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista
un medio de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a
consideración del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con
una herramienta idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable
en los términos de la jurisprudencia constitucional.

106. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

107. Por último, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite la
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:

“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-08132-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela

transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.40

108. En este orden de ideas, esta Subsección declarará improcedente la acción de
tutela presentada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio,
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Cuarenta y Tres (43)
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por no cumplir con los
requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DESVINCULAR al Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá del presente asunto, por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

SEGUNDO: NEGAR las demás solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo con lo señalado en la parte
considerativa de la presente acción.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

40 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.

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