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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01319-00

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01319-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1°) Declárase improcedente la acción de tutela formulada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01319-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

14 de abril de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-01319-00
Demandante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA. SE IMPROCEDENTE EL AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el actor indicó que se debía declarar la ilegalidad de la elección del presidente
de la República, Gustavo Petro, por presunto fraude e irregularidades en la misma.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa
en contra del presidente de la República, el director del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y el registrador Nacional del Estado Civil, para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, mínimo vital, buen nombre y honra consagrados en
los artículos 29, 229, 7 y 15 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda y el fundamento de la vulneración

En un confuso y farragoso escrito de la tutela presentado el 14 de marzo de 2023, el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa promovió proceso de acción de tutela en el que
solicitó la protección de sus derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por unas medidas cautelares que solicitó ante dicho tribunal internacional y el
supuesto fraude en las elecciones presidenciales en las que resultó electo como

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01319-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Acción de tutela

presidente el señor Gustavo Petro Urrego, quien, a su juicio, ganó debido a la compra de
votos y a la corrupción existente en la Registraduría del Estado Civil, situación que
denunció ante la Fiscalía General de la Nación y que generó que fuera objeto de
persecución y amenazas, por lo cual transcribió una serie de notas de prensa y recortes
periodísticos sobre denuncias “contra los Char” y otros casos de supuesta “corrupción”.

2. Actuación procesal

El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó demanda de acción de tutela, cuyo
conocimiento correspondió inicialmente al Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Cali,
sin embargo, en consideración a que solo se había aportado un formulario para solicitar
medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, una solicitud de
reubicación laboral y unos recortes de prensa, mediante auto del 8 de marzo de 2023,
dicha autoridad judicial ordenó al demandante que señalara con claridad y en forma
precisa cuáles eran los hechos que daban lugar a la vulneración endilgada, qué era lo
que se pretendía con la acción y cuál era la autoridad y/o funcionario concreto que se
encontraba afectando sus derechos.

El 9 de marzo de 2023, el demandante nuevamente presentó un escrito sumamente
confuso con el que aseguró corregir la demanda y con base en el cual, a juicio del aludido
juzgado, era posible advertir que el objeto de la demanda consistía en que se declarara
la ilegalidad de la elección del presidente de la República, Gustavo Petro, por presunto
fraude e irregularidades en la misma.

En consecuencia, consideró que la acción de tutela se dirigía en contra del presidente de
la República, por lo que remitió el proceso de acción de tutela a esta Corporación, con el
fin de que avocara el conocimiento del asunto.

Por consiguiente, en aras de darle celeridad al asunto y en aplicación de los principios de
economía procesal y acceso a la administración de justicia que irradian el trámite de esta
acción constitucional, mediante auto de 23 de marzo de 2023, se avocó el conocimiento
del asunto, se admitió la acción de tutela únicamente en lo relacionado con el presunto
fraude en las elecciones presidenciales en las que resultó electo como presidente el señor
Gustavo Petro Urrego, como lo señaló el actor en su escrito de subsanación, y se tuvo
como demandado al presidente de la República, al director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y al registrador Nacional del Estado Civil,

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Acción de tutela

a quienes se les notificó de la demanda, al tiempo que se vinculó al fiscal General de la
Nación y al director del movimiento Pacto Histórico, para que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

3. Intervenciones de las autoridades demandadas

La Coordinadora de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación indicó que no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, pues para controvertir la presunta elección irregular del
presidente de la República debió agotarse el medio de control de nulidad electoral.

Además, señaló que dicha institución cuenta con varios canales de atención dispuestos
para recibir las denuncias acerca de la comisión de un posible fraude electoral y, en
general, cualquier petición ciudadana relacionada con la comisión de hechos que puedan
constituirse en conductas punibles.

La Coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República afirmó que el demandante no usó los mecanismos ordinarios
para solicitar la anulación de la elección, a saber, la acción de nulidad electoral.

Puso de presente que el demandante se limitó a señalar que el riesgo se podía
materializar en el pasado del actual Presidente de la República cuando perteneció al
Movimiento M-19, pero olvidó que ese grupo hizo la paz con el Estado y hace más de 30
años se encuentra desmovilizado.

El registrador Nacional del Estado Civil sostuvo que el tutelante en su escrito no
determinó con claridad cuál era la vulneración por parte de dicha autoridad que atentara
contra sus garantías constitucionales, pues solo dio a entender que se presentaron
irregularidades en la jornada electoral del año 2022, sin explicar en qué consistían.

El movimiento político Pacto Histórico guardó silencio en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
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Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al presidente de la
República, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y al registrador Nacional del Estado Civil con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión del supuesto fraude en las elecciones presidenciales en las que resultó electo
como presidente el señor Gustavo Petro Urrego.

La Fiscalía General de la Nación y la presidencia de la República solicitaron que se
declarara improcedente el mecanismo porque el actor contó con la posibilidad de acudir
al medio de control de nulidad electoral para cuestionar la legalidad del acto de elección
del presidente de la República y, además, puede hacer uso de los canales de atención
dispuestos para recibir las denuncias acerca de la comisión de un posible fraude electoral.

Análisis de los requisitos de procedibilidad

En el caso bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple con uno de los requisitos generales de procedibilidad, concretamente, el
requisito de subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01319-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Acción de tutela

1) La parte demandante pretende que, por vía de tutela, se declarare la ilegalidad de la
elección del presidente de la República, Gustavo Petro, por presunto fraude e
irregularidades en la misma, debido a la compra de votos y a la corrupción existente en
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, revisada la solicitud de tutela objeto de
examen, la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, mínimo vital, buen nombre y honra, el demandante no agotó todos los medios
de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional
intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su
inminente materialización o mitigarlo.

3) En efecto, de conformidad con el artículo 139 de la Ley 1437 de 20111, el acto de
elección del presidente de la República es susceptible de ser demandado a través del
medio de control de nulidad electoral.

4) Por consiguiente, a partir de los documentos allegados al expediente, resulta claro que
el demandante no hizo uso del medio de control de nulidad electoral que le permitía
cuestionar la legalidad del acto de elección del presidente de la República, Gustavo Petro.
5) Así pues, como el demandante no presentó el medio de control de nulidad electoral
que constituía el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir la presunta
irregularidad en las elecciones presidenciales resulta acertado declarar la improcedencia
de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

6) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas

1 “Artículo 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto

popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para
proveer vacantes en las corporaciones públicas (…) En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral
no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los
derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.”.

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Acción de tutela

urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

7) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1°) Declárase improcedente la acción de tutela formulada por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Ausente con excusa

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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