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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04514-00

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04514-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa en contra de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: DECLARAR FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Tercero: EXHORTAR al señor Óscar Quintero Mesa para que se abstenga de presentar escritos con fundamento en hechos y pretensiones confusos, reiterativos e injuriosos contra los funcionarios judiciales. Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04514-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04514-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro.

Temas: Derechos libre desarrollo de la personalidad e igualdad. Tutela
contra fallo de la misma naturaleza. DECLARAR
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y la Sección Quinta de la misma corporación.

ANTECEDENTES

El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad, presuntamente vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que al consejero Fredy Ibarra Martínez de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado le correspondieron los casos de «Thomas Greg and Sons,
Transportadora de Valores, Newsoft, Supertiendas Olímpica (SAO)».

Que el consejero citado conoció de la acción de tutela que interpuso el actor en
contra del presidente de la República y otros con radicado 11001-03-15-000-2023-
01319-00, acción que fue inadmitida.

Que la inadmisión de la tutela en su criterio desconoce el precedente horizontal de
del consejero Alberto Yepes Barreiro providencia del 8 de octubre de 2014 con
radicado 11001-03-28-000-2014-00101-00 y se omitieron las pruebas que según el
actor:

«(…) desvirtúa su falsa inadmisión, de la nulidad de los actos,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04514-00

resoluciones y credenciales con que fue nombrado, el presidente
Saliente (sic) y el entrante, la vicepresidente saliente y la entrante y el
Ministro (sic) de Educación o Cultura saliente y entrante, como la que se
le envió del proceso que se radicó en la rama judicial JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS, al
juez JORGE POLIDORO BERNAL TORRES, con radicado No 2O21-
O1O8, en la ciudad de Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil
veintiuno (2021)

No tuvo en cuenta el video de la denuncia de Andrés Petro de la compra
de la Presidencia de la República de Colombia de todos los Presidentes
(sic)y vicepresidentes desde el Presidente (sic) Ernesto Samper Pizano
al actual Gustavo Francisco Petro Urrego (…) no solicita copia de los
expedientes a los demandados»

Sostiene que las actuaciones de negar las tutelas, inadmitirlas o declararlas
improcedentes es una constante que denota «una actitud personal en mi contra, por
mi aspiración a la Presidencia de la República, de mi esposa a la Vicepresidencia y
de mi hijo al Ministerio de Educación o cultura, a la cual tenemos derecho».

Que en su criterio está demostrada la «falsa inadmisión», ya que se cumplió con el
requisito de subsidiariedad al radicar la tutela en contra del «expresidente saliente
Iván Duque, antes de terminar el periodo presidencial y antes de que se dieran la
primera y segunda vueltas (sic), donde fueron seleccionados en esas vueltas (sic)
a Gustavo Petro».

PRETENSIONES

Solicita dejar sin efectos la sentencia del 14 de abril de 2023 que profirió la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y ordenar al consejero Fredy Ibarra
Martínez que envíe copia de todos los procesos en los cuales «me ha negado mis
derechos, en especial los que ha negado, rechazado o ha (sic) inadmitido».

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 23 de julio de 2025 se admitió y se ordenó la notificación a las autoridades
judiciales accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El consejero Fredy Ibarra Martínez, de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado manifestó que el trámite adelantado en la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2023-01319-00 no viola los derechos invocados, ya que
a partir de la revisión de los documentos allegados advirtió que la acción no
satisface los requisitos de viabilidad excepcional de este mecanismo constitucional
cuando se propone la tutela contra fallos de la misma naturaleza.

Además, señaló que en la presente no concurren los elementos para que proceda
de manera excepcional la acción en contra del fallo del 14 de abril de 2023, pues no
se menciona ni se demuestra que dicha decisión fue producto de fraude; razón por
la cual, pidió que se declare improcedente la tutela.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04514-00

Adujo que el contenido de la demanda incluye expresiones manifiestamente
desobligantes, irrespetuosas, temerarias e injuriosas en contra de ese despacho y
la Sección Quinta de la corporación, sin que tales afirmaciones estén sustentadas
en pruebas.

Por lo anterior, señaló que en aras de evitar el desgaste injustificado del aparato
judicial frente a la constante presentación de tutelas temerarias, reiterativas e
irrespetuosas, solicitó considerar la posibilidad de ordenar a la Secretaría General
que oficie a todos los despachos judiciales de la corporación a fin de que, en futuras
acciones que promueva el actor con expresiones similares se valore de forma
inmediata la posibilidad de rechazar de planos sus demandas, tal y como fue
ordenado recientemente por el consejero José Roberto Sáchica Méndez de la
Sección Tercera del Consejo de Estado1.

La Sección Quinta del Consejo de Estado fue debidamente notificada de la acción
de tutela; sin embargo, guardó silencio.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
1 Acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2024-06920-01, sentencia del 19 de mayo de 2025.
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)». (negrilla fuera de texto
original)

Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela4, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales5.

Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra fallos de tutela, veamos:

«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Análisis del caso concreto

En síntesis, alega el accionante que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado le transgrede sus derechos fundamentales a la igualdad y a la libre
personalidad, con ocasión del fallo del 14 de abril de 2023 proferido dentro de la

4 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y

T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
5 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de

1999.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04514-00

acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-01319-00.

Al respecto, encuentra la Sala que la providencia que se está discutiendo es del año
2023 y la acción se presentó el 21 de julio de 2025, es decir, fuera del término
prudencial que estableció esta corporación6, esto es, dentro de los 6 meses
contados desde la notificación o la ejecutoria de la sentencia o el auto y, el actor no
manifestó el motivo de la tardanza; de ahí que, la acción no satisface el requisito de
inmediatez.

Ahora, en gracia de discusión, en caso de revisar la procedencia de la tutela contra
fallo de la misma naturaleza, evidencia la Sala lo siguiente:

La tutela anterior fue interpuesta en contra del presidente de la República, el director
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el registrador
Nacional del Estado Civil, y la presente acción en contra de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado y la Sección Quinta de la misma corporación.

El objeto de la acción es diferente, pues en la tutela anterior pretendía el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al mínimo vital, al buen nombre y a la honra, mientras que en
la presente busca que se protejan los derechos a la igualdad y a la libre personalidad
y que se deje sin efectos la sentencia del 14 de abril de 2023.

Finalmente, se tiene que la causa petendi tampoco es igual, porque el argumento
para solicitar el amparo en la acción anterior consistió en que se declarara la
ilegalidad de la elección del presidente de la República, Gustavo Petro, por presunto
fraude e irregularidades en la misma, debido a las supuestas, compra de votos y
corrupción existente en la Registraduría Nacional del Estado Civil y, el fundamento
ahora expuesto es que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
desconoció la aplicación de la sentencia del 8 de octubre de 2014 proferida por el
consejero Alberto Yepes Barreiro en el proceso con radicado 11001-03-28-000-
2014-00101-00.

Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el requisito que la decisión adoptada sea producto de
fraude, este no se encuentra superado ya que, se reitera, el accionante no planteó
argumento alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta, pues los
reparos que expuso sólo se limitan a insistir sobre su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez constitucional, como si se tratara de una nueva instancia de la
acción anterior, sin que en ningún momento justifique la existencia de dicho
fenómeno.

Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial. En consecuencia,
se declarará improcedente la acción de tutela, en relación con la Sección Tercera,

6 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de

Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04514-00

Subsección B del Consejo de Estado.

Aunado a lo anterior, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Sección Quinta del Consejo de Estado por no ser la llamada a satisfacer las
pretensiones del actor, teniendo en cuenta que la providencia que se discute no fue
proferida por dicha autoridad judicial.

En conclusión, se declarará 1) improcedente la acción de tutela en contra de la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y 2) la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Sección Quinta de la misma corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa en contra de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: DECLARAR FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Tercero: EXHORTAR al señor Óscar Quintero Mesa para que se abstenga de
presentar escritos con fundamento en hechos y pretensiones confusos, reiterativos
e injuriosos contra los funcionarios judiciales.

Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

6

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