Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08132-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08132-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08132-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de mayo de 2026
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-01
Demandante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma la improcedencia
de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 13 de marzo de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela presentada por la
parte actora.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Cuarenta y Tres Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
expedición de las siguientes providencias: (i) sentencia de 24 de agosto de 2022 del
Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
dentro del radicado 11001-31-09-043-2022-00236-00; (ii) sentencia de 14 de abril de
2023 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
1 Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2025, a través del aplicativo web de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de
Estado.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-01
proceso 11001-03-15-000-2023-01319-00; y (iii) auto de 28 de noviembre de 2025 de
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 11001-
03-15-000-2025-07031-002.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad Carlos Camargo Asis y sus
homólogos dada el 29 de octubre de 2025 y notificada el 3 de diciembre del año 2025 y
todos los precedentes jurisprudenciales citados en la parte motiva del escrito y al libre
desarrollo.
2. ORDENAR a la CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO y sus
homólogos de CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, dada en Bogotá D.C.,
veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), con Radicación: 11001-03-
15-000-2025-07031-00, revocar su sentencia como lo ordenó al Magistrado Ramón
Alfredo del Tribunal Superiror de Manzales, el 19 de Enero de 2023
3. ORDENAR a la CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO y sus
homólogos, obedecer la Sentencia de la Corte Constitucional de Carlos Camargo Asis
y sus homólogos.
4. ORDENAR AL JUEZ DEL JUZGADO JUZGADO 43 PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C., REVOCAR su sentencia, como lo
indica el Magistrado Ramón Alfredo del Tribunal Superior de Manizales
5. Ordenar al JUZGADO 43 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C., acatar la Sentencia de la Corte Constitucional de
Carlos Camargo y sus homólgos
6) Ordenar a CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCiÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B, dada en Bogotá DC,
catorce (1a) de abril de dos mil veintitrés (2023). Del Magistrado Ponente: FREDY
IBARRA MARTíNEZ y sus homólogos del Expediente: 1 1 001 -03-1 5-000-2023-01 31
9-00, revocar su sentencia por falta de motivación la sentencia y por lo ordenado por el
MP Ramón Alfredo del Tribunal superior de Manizales
7) Ordenar a CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCiÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B, dada en Bogotá DC,
catorce (1a) de abril de dos mil veintitrés (2023). Del Magistrado Ponente: FREDY
IBARRA MARTíNEZ y sus homólogos, obedecer la Sentencia del Mp Carlos Camargo
Asis y sus Homólogos.
2 En la sentencia de primera instancia, el a quo constitucional determinó, mediante auto del 13 de enero
de 2026, que el despacho sustanciador requirió a la parte accionante para que aclarara y precisara el
objeto de sus solicitudes, con el propósito de delimitar el marco del debate. Sin embargo, ante el silencio
del tutelante, limitó el objeto del asunto exclusivamente al cuestionamiento de las providencias judiciales
previamente mencionadas.
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8) ORDENAR a la CIDH, dar trámite en un término inferior a 48 horas, a las medidas
cautelares exigidas, a aplicar la figura del efecto de modulación de los fallos, inter
comunis a la igualdad con extensión de la Constitución de Gustavo Francisco Petro
Urrego vs Estado y aplicarlas a mi caso, y ordenar la destitución de Francisco Petro
Urrego, Francia Márquez y el Ministro de Educación, como lo ordenó el Mp Ramón
Alfredo de Manizales y revocar la sentencia de Gustavo Petro Urrego, para que se falle
en su contra de los delitos cometidos en la Alcaldía de Bogotá y de los delitos cometidos
de doble militancia como Presidente de la República y como Guerrillero Activo del M-
19, se declare traidor a la patria y se reconozca como Guerrillero activado de las Milicias
del M-19, camufladas con los guerrilleros de Primera línea. Al igual que la destitución de
Francia Márquez y el Ministro de Educación3.
1.3. Hechos
Del confuso escrito de tutela, se advierten los siguientes supuestos4 que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
(i) Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01319-00
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela contra el presidente
de la República, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y el registrador Nacional del Estado Civil, por el presunto fraude en las
elecciones presidenciales en las que resultó electo como presidente el señor Gustavo
Petro Urrego.
El proceso correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que mediante sentencia de 14 de abril de 2023 resolvió declarar la
improcedencia del mecanismo de amparo, al considerar que el actor contaba la
posibilidad de presentar el medio de control de nulidad electoral para cuestionar la
legalidad del acto de elección del presidente de la República, pero no lo hizo, por lo
que no encontró acreditado el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Esta decisión no fue impugnada, razón por la cual fue remitida a la Corte
Constitucional, corporación que decidió no selección para revisión el fallo de 14 de
abril de 2023.
(ii) Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07031-00
El 10 de noviembre de 2025, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción
de tutela que correspondió por reparto a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, magistrada ponente Adriana Polidura Castillo, autoridad judicial
que mediante auto de la misma fecha le ordenó a la parte accionante que, dentro del
término de los tres (3) días siguientes a la notificación de esa providencia, corrigiera
3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
4 La Sala solo se referirá a los hechos que, a su juicio, se encuentran relacionados con las pretensiones
elevadas por el actor, comoquiera que en el escrito de tutela el señor Óscar Fernando Quintero Mesa
relacionó diversos supuestos fácticos que no se relacionan con lo pedido en el acápite de peticiones.
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«la solicitud de amparo en el sentido de precisar, de forma clara y sucinta, cuál es la
acción u omisión que motivó la interposición de la presente solicitud de amparo; cuál
es la jurisdicción o circuito al que pertenecen los jueces mencionados y señalar con
claridad los reparos concretos por los que se pide el amparo respecto de cada una de
las autoridades señaladas».
Ante el silencio del actor, la consejera sustanciadora del caso dictó el auto de 28 de
noviembre de 2025, a través del cual rechazó la solicitud de tutela interpuesta, en
aplicación al artículo 175 del Decreto 2591 de 19916.
El 18 de diciembre de 2025, el accionante radicó un memorial a través del cual solicitó
la nulidad de la decisión adoptada mediante el proveído de 28 de noviembre de 2025,
la cual fue negada a través del auto de 30 de enero de 2026.
Posteriormente, el señor Quintero Mesa presentó escrito a través del cual impugnó la
decisión de 28 de noviembre de 2025. Por esta razón, el 7 de abril de 2026 la
magistrada Adriana Polidura Castillo concedió el recurso presentado.
El proceso fue asignado en segunda instancia al magistrado Germán Eduardo Osorio
Cifuentes, de la Sección Primera del Consejo de Estado.
(iii) Acción de tutela 11001-31-09-043-2022-00236-00
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó otra acción de tutela que
correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, autoridad judicial que mediante auto de 18 de agosto de
2022 admitió la demanda y ordenó notificar como autoridades accionadas al Ministerio
del Trabajo, la Fiduprevisora, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali y la Corte Interamericana de Derechos Humanos7.
5 «ARTÍCULO 17. CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón
que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días,
los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigere, la
solicitud podrá ser rechazada de plano».
6«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7 Además, vinculó como terceros a «CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
COSMITET, MEDICINA LABORAL REGIONAL, Y MEDICINA LABORAL NACIONAL,
MINCIENCIASCONVOCATORIAS-DOCTORADOS Y POSDOCTORADOS, UNIVERSIDAD EIA,
GOBERNACION DEL VALLE, JUZGADO 4 DE PEREIRA, COLMENA, COLPENSIONES, NUEVA EPS
MEDICINA LABORAL, POSITIVA, PORVENIR, FIRMA HERNANDO MORALES, GERMAN VARELA
COLLAZOS, SINDICATOS, MINISTERIO DE EDUCACION, COMISION DE ACUSACIONES,
COMISION DE DISCIPLINA NACIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CORTE CONSTITUCIONAL
CASACION, GUSTAVO PETRO URREGO, IVAN DUQUE, MARTHA LUCIA RAMIRES». Luego,
mediante auto de 19 de agosto de 2022 ordenó vincular a «UNITOLIMA –USPU, EDUCAL, CENTRAL
UNITARIA DE TRABAJADORES UNIDOS DE COLOMBIA –CUT- Carlos Enrique Rivas, SINDICATOS
NORTE DE SANTANDER – Marisol Gambo, SINDIPON POLICIA NACIONAL – CESAR PUENTES,
SUTEV, a la firma HERNANDO MORALES PLAZA, y SECRETARIA DE EDUCACION DE MANIZALEZ,
JUZGADO 4 PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVO DE PEREIRA».
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Mediante sentencia de 24 de agosto de 2022 el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó las pretensiones del accionante
al destacar que lo pretendido por el actor desbordaba el ámbito de competencia del
juez de tutela y a que esas mismas solicitudes se expusieron ante el Tribunal Superior
de Cali, Sala Penal, que las resolvió mediante sentencia de 19 de agosto de 2022.
No obstante, el juzgado se abstuvo de declarar la temeridad «al encontrar que en el
presente el accionante obra motivado por la situación de indefensión, en que asegura
se encuentra dada su condición de seguridad, salud y económica» y le hizo un llamado
de atención al actor para que en lo sucesivo se abstuviera de presentar acciones de
tutela por los mismos hechos.
Comoquiera que el tutelante no impugnó la decisión, el expediente fue enviado a la
Corte Constitucional, corporación que a través de auto del 19 de diciembre de 2022
resolvió no seleccionar para revisión el asunto.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al proferir las decisiones reprochadas, bajo los siguientes
argumentos:
(i) Proceso 11001-03-15-000-2025-07031-00
Indicó que la magistrada ponente inadmitió su acción de tutela y que con ello
desconoció (i) «la sentencia de CONSEJO DE ESTADO, de la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, del Consejero ponente:
ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil catorce
(2014) Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00101-00»8; (ii) la «sentencia del
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, CALDAS SALA
CIVIL FAMILIA, del señor Ramon Alfredo Correa Ospina, […] N. ° DE RADICACIÓN
17653318400120230000301», y (iii) el auto 1709 de 29 de octubre de 2025 de la Corte
Constitucional, magistrado ponente Carlos Camargo Assis.
(ii) Proceso 11001-03-15-000-2023-01319-00
Señaló que la sentencia proferida en ese expediente fue dictada con falsa motivación
y por un presunto «fraude judicial», puesto que allí sí quedó demostrado que se
cumplían con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. En consecuencia, pidió
que se declarara la nulidad del fallo.
8 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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(iii) Proceso 11001-31-09-043-2022-00236-00
Alegó que el magistrado que dictó la sentencia declaró una falsa temeridad, lo cual
desconoce sus derechos fundamentales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 13 de enero de 2026, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A requirió al actor lo siguiente:
(i) Aclarara si los ciudadanos Luz Divia Becerra, Luis Fernando Quintero Becerra,
Diana Esther Guzmán Rodríguez, Maryluz Barragán González, Rodrigo Uprimny
Yepes, Sergio Pulido Jiménez, Liz Bermúdez Carrillo, Paola Molano Ayala, Viviana
Bohórquez Monsalve, Yessika Hoyos Morales, Juan David Romero Preciado, Ana
Victoria Vásquez Cárdenas, Gloria Patricia Lopera Mesa, Adriana María Sanín Vélez,
Ana María Londoño Agudelo, Diana Carolina Sánchez Zapata, Diana Patricia Arias
Holguín, Hernán Darío Vergara Mesa, Juan Camilo Bolívar Rivera, Freddy Ordoñez
Gómez, Andrea Parra Fonseca, Dora Lucy Arias Giraldo y «los 1.678.036 testigos»
eran, efectivamente, parte demandante en el asunto de la referencia.
(ii) En caso afirmativo, para que allegara el escrito de tutela debidamente firmado por
los mencionados sujetos y, en su defecto, que indicara las razones por las cuales se
encontraban imposibilitados para hacerlo. O, que en caso de que no fuere posible lo
anterior, aclarara si actuaba en calidad de agente oficioso y expusiera los fundamentos
por los cuales los presuntos agenciados se encontraban imposibilitados para ejercer
directamente la defensa de sus derechos.
(iii) Precisara de «manera clara, concreta y circunstanciada los hechos, acciones u
omisiones que atribuye a “Vicky Dávila”, a “Andrés Petro”, a “JP Hernández”, a los
señores expresidentes Andrés Pastrana Arango y Ernesto Samper Pizano, a “Claudia
Carrasquilla”, a la senadora María Fernanda Cabal Molina, a la Embajada de Canadá
en Colombia, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación,
a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad Nacional de Protección, a
la Corte Suprema de Justicia, a la Sección Quinta del Consejo de Estado, a la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al magistrado Carlos Ernesto
Camargo Assis, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara
de Representantes, y que, en su criterio, dieron lugar al desconocimiento de las
garantías constitucionales alegadas, so pena de no tenerlos como parte demandada
ni como vinculados dentro del presente trámite constitucional».
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(iv) Explicara cuál es la acción u omisión que atribuye al medio de comunicación
«Programa Semana», con el fin de determinar la competencia para resolver la tutela
de la referencia.
Pese a ser debidamente notificado, el actor guardó silencio ante los requerimientos
realizados mediante el proveído de 13 de enero de 2026.
En consecuencia, a través de auto de 26 de enero de 2026 el magistrado ponente del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A admitió la acción de tutela y
dispuso tener como autoridades judiciales accionadas únicamente a la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá.
Además, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991,
vinculó a todos los sujetos intervinientes dentro de los procesos identificados con los
radicados 11001-03-15-000-2025-07031-00, 11001-03-15-000-2023-01319-00 y
2022-00236-01. Para efectos de su notificación comisionó a las autoridades judiciales
accionadas, a quienes también les solicitó los citados expedientes.
Posteriormente, con auto de 29 de enero de 2026 el a quo constitucional aclaró
parcialmente el inciso segundo del ordinal tercero del auto del 26 de enero de 2026,
en el sentido de que las notificaciones a los sujetos procesales y demás intervinientes
de los procesos que cursaron en las Subsecciones B y C de la Sección Tercera de
esta Corporación se surtieran directamente por la Secretaría General del Consejo de
Estado sin que mediara comisión a dichas autoridades.
A continuación, a través de proveído de 13 de febrero de 2026 el magistrado ponente
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vinculó al Juzgado Cuarenta y
Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá9 y le ordenó que
notificara a todos los sujetos intervinientes dentro del proceso identificado con el
radicado 2022-00236-01, así como para que remitiera dicho expediente.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
9 Ello, comoquiera que «6. Revisado el escrito contentivo de la acción de tutela, se advierte que, en
efecto, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa mencionó al Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá dentro de las autoridades judiciales accionadas entre
el asunto de la referencia y solicitó que se le ordene “revocar su sentencia, como lo indica el Magistrado
Ramón Alfredo del Tribunal Superior de Manizales” y “acatar la Sentencia de la Corte Constitucional de
Carlos Camargo y sus homólgos (sic)”. De manera que en el trámite inicial se incurrió en una imprecisión
de digitación que dio lugar a que se dispusiera la vinculación del Juzgado Veintitrés Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá».
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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado ponente de la decisión reprochada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o que, en caso de proferirse una decisión de
fondo, se desestimen las súplicas de la demanda.
En primer lugar, informó que en el proceso que se identificó con el radicado 11001-03-
15-000-2023-01319-00 se imponía el rechazo de la acción de tutela ante la
configuración del fenómeno de la temeridad, puesto que el demandante ya había
formulado una acción constitucional por los mismos hechos, con idéntico objeto y
dirigida contra las mismas autoridades, el cual se identificó con el radicado 11001-03-
15-000-2025-04514-00/01 y que conoció el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Puso de presente que en este caso se evidencia un uso abusivo de la acción de tutela
y que, además, esta no cumple con los requisitos de viabilidad excepcional del
mecanismo constitucional, puesto que se está dirigiendo contra una providencia
proferida en un trámite de la misma naturaleza.
Precisó que no es claro si lo que se cuestiona es el fallo de 14 de abril de 2023, toda
vez que el accionante ni siquiera endilga algún defecto específico contra dicha
providencia y tampoco demuestra ni menciona cómo la sentencia fue producto de una
situación de fraude, por lo que no concurren los elementos para que, de manera
excepcional, proceda la acción de la referencia contra un fallo de la misma naturaleza.
Advirtió que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, puesto que la «decisión
fue notificada al actor desde el 25 de abril de 2023, mientras que la acción de la
referencia fue presentada por el demandante el 19 de diciembre de 2025; es decir,
transcurrieron más de dos (2) años y siete (3) meses». Además, expuso que al haber
sido excluida de revisión por parte de la Corte Constitucional es forzoso concluir que
hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
Afirmó que el escrito de tutela presentado por el actor incluye expresiones
desobligantes, irrespetuosas, temerarias e injuriosas en contra de él, la Sección
Tercera y el Consejo de Estado, sin que tales afirmaciones estén sustentadas en
alguna prueba.
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
[…] que se considere la posibilidad de ordenar a la Secretaría General que oficie a todos
los despachos judiciales de la Corporación con el fin de que, en futuras acciones de
tutela que promueva el señor Quintero Mesa con expresiones similares, se valore de
forma inmediata la posibilidad de rechazar de plano sus demandas y devolver los
memoriales, según lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, tal como fue
ordenado recientemente en un proceso similar por parte del Magistrado José Roberto
Sáchica Méndez de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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1.6.2. Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá
La titular de ese despacho solicitó la desvinculación del trámite, puesto que al revisar
los archivos digitales del juzgado se evidenció que allí no reposa alguna acción
constitucional interpuesta por el señor Oscar Fernando Quintero Mesa.
Así mismo, precisó que la acción de tutela identificada con el radicado 2022-00236 fue
asignada al Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá.
1.6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
El jefe de la Oficina Jurídica de la entidad solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene competencia para atender
lo pretendido por el actor.
1.6.4. Presidencia de la República
La apoderada de la entidad pidió que se declare improcedente la acción de tutela, que
se nieguen las pretensiones del accionante y que, en consecuencia, se desvincule a
la Presidencia de la República del presente trámite, puesto que carece de legitimación
en la causa por pasiva.
Así mismo, puso de presente que «el único acercamiento realizado por la accionante
a esta entidad fue mediante derecho de petición bajo el radicado EXT25-00108088 el
cual fue trasladado y comunicado en tiempo a la peticionaria mediante oficio OFI25-
00144200 del 28 de julio de 2025».
1.6.5. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
La magistrada ponente de la decisión reprochada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela.
Al respecto, hizo un recuento de los hechos y las actuaciones procesales adelantadas
en el trámite de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-07031-00 y
precisó que debido a que el escrito de tutela no era claro y concreto sobre la presunta
acción u omisión que consideraba vulneradora de sus derechos, mediante auto de 10
de noviembre de 2025 se requirió al accionante para que subsanara su escrito.
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Indicó que el 28 de noviembre de 2025 se rechazó la solicitud de tutela al no haberse
corregido por la inactividad del señor Quintero Mesa, en virtud a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, y que el 18 de diciembre de ese mismo año el
tutelante presentó una solicitud de nulidad, que a la fecha de presentación del escrito
de contestación se encontraba pendiente de resolver.
Por esta razón, concluyó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad exigido
para la procedibilidad de este mecanismo de amparo.
Alegó que los argumentos expuestos por la parte actora carecen de sustento, pues se
limitan a expresar su inconformidad con el rechazo de su solicitud de amparo, pero no
acreditan la supuesta vulneración de sus garantías constitucionales.
Por último, resaltó que «en el escrito de tutela se emplean expresiones que podrían
interpretarse como inapropiadas o irrespetuosas respecto de la suscrita consejera y
de la Corporación en general. Tales manifestaciones carecen de sustento probatorio y
resultan desafortunadas e innecesarias dentro del ámbito del debate jurídico propio de
esta acción».
1.6.6. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
La corporación remitió por competencia un memorial suscrito por el accionante con
una denuncia10.
1.6.7. Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá
El titular del despacho indicó que el 18 de agosto del 2022 avocó el conocimiento de
una acción de tutela presentada en contra de Ministerio de Trabajo, la Fiduprevisora,
la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, la cual se identificó con
el radicado 11001-31-09-043-2022-00236-00 y en cuyo fallo de negaron las
pretensiones del accionante. Así mismo, remitió el enlace de consulta del mencionado
expediente.
1.6.8. Corte Constitucional
La profesional especializada, grado 33, encargada del área de acciones de tutela de
la Presidencia de esa corporación señaló que mediante el auto admisorio de la acción
de tutela no se advierte alguna orden o señalamiento contra la Corte Constitucional,
motivo por el que no puede entenderse oficialmente notificada y, mucho menos,
vinculada al proceso de tutela.
10 El actor también remitió tal escrito a esta Corporación. No obstante, en la sentencia de 13 de marzo
de 2026, el a quo constitucional determinó lo siguiente respecto de dicho memorial: «84. En ese orden
de ideas, el objeto del presente asunto seguirá circunscrito exclusivamente al cuestionamiento de las
providencias judiciales previamente mencionadas y no se incluirá lo señalado en el memorial en
comento en el ámbito del análisis del caso concreto».
10
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-01
Sobre la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01319-00 informó que esta fue
excluida de selección y que no fue objeto de insistencia.
1.6.9. Procuraduría General de la Nación
El apoderado de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
puesto que no ha vulnerado los derechos del actor. Así mismo, solicitó que se le
desvincule del trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en
cuenta que en el marco de sus competencias no está llamada a atender las peticiones
del accionante.
Por otro lado, afirmó que «el extremo activo no ha radicado solicitud o queja
disciplinaria alguna ante esta entidad relacionada con los hechos de esta acción de
tutela, no es posible que se impartan ordenes encaminadas a la protección de garantía
iusfundamental».
1.6.10. Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca
El representante legal de la entidad pidió la desvinculación del proceso, puesto que no
ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.
Así mismo, informó que mediante dictamen 10288361 - 1673 de 17 de junio de 2022
se le dictaminó una perdida de la capacidad laboral al accionante en un 53,18%,
decisión que fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 14 de
agosto de 2022. En consecuencia, consideró que no hay un trámite administrativo
pendiente.
1.6.11. Ministerio de Relaciones Exteriores
La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales solicitó
que se declare que el ministerio no es sujeto accionado ni destinatario de alguna orden
dentro del proceso.
1.6.12. Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.
El apoderado de la aseguradora consideró que carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que «no tiene relación alguna con los hechos objeto de la presente
controversia, ni ostenta competencia funcional o material frente a las decisiones
judiciales cuya revocatoria o cumplimiento se pretende». Por consiguiente, pidió que
se declare la improcedencia de la acción de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-01
1.6.13. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
El abogado de la Dirección de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó que se
declare la improcedencia del mecanismo de amparo o que se nieguen las pretensiones
de la demanda, al destacar que no ha vulnerado las garantías constitucionales del
tutelante.
Igualmente, expuso que los hechos objetos de censura son exclusivos de un tercero,
como lo es, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por lo que no tienen
vocación de prosperidad las pretensiones en contra de esa aseguradora.
1.6.14. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
La directora de Acciones Constitucionales de la aseguradora pidió que se le desvincule
del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es la
entidad que presuntamente vulneró el derecho fundamental alegado por el señor
Quintero Mesa.
1.6.15. Comisión Nacional del Servicio Civil
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la comisión solicitó la desvinculación del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la inconformidad
del actor está encaminada a que se revoquen unas providencias judiciales, sobre lo
cual la entidad no está llamada a resolver.
1.6.16. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ministerio pretendió la desvinculación del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se abstenga de proferirse
una decisión en contra de la cartera, teniendo en cuenta que no se ha incurrido en la
presunta vulneración invocada por el actor; máxime cuando no existen cargos
concretos contra esa dependencia.
1.6.17. Corporación de Servicios Médicos Internacional THEM & Cía. Ltda. –
Cosmitet LTDA.
El apoderado de la sociedad solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, «en virtud de que no ha existido violación a derecho fundamental
alguno por parte de mi representada, conforme a lo señalado en el presente escrito,
pues la entidad no es responsable de la prestación de los servicios médico-
asistenciales a los afiliados el Régimen Especial del Magisterio».
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1.6.18. Positiva Compañía de Seguros S.A.
La apoderada de la aseguradora pidió declarar improcedente la presente acción de
tutela y que, por consiguiente, se desvincule a la entidad ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales del accionante y por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Así mismo, informó que al revisar los sistemas de
información de esa ARL el estado de afiliación del accionante es inactivo.
1.6.19. Ministerio de Educación Nacional
La profesional especializada de la Oficina Asesora jurídica del ministerio pidió la
desvinculación de la cartera que representa y que se tomen las acciones pertinentes,
comoquiera que «el aquí accionante ha hecho uso desmedido y abusivo de la acción
de tutela por hechos que son absolutamente difusos e incomprensibles». Para tal
efecto, citó algunos de los procesos que ha instaurado el actor que han sido conocidos
por diferentes despachos judiciales del país.
De otro lado, consideró que la acción de tutela de la referencia se torna improcedente,
puesto que no cumple con los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial exigidos por la jurisprudencia. De igual modo, alegó que carece de
legitimación para responder por las pretensiones elevadas por la parte actora.
1.6.20. Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca
La subdirectora Técnica Jurídica de la secretaría solicitó la desvinculación del proceso
por no tener legitimación en la causa por pasiva, puesto que no existe relación entre
el accionante y el ente territorial.
1.7. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 13 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A resolvió: (i) desvincular al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá; (ii) negó las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, y (iii) declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la parte accionante, por no cumplir con los requisitos generales de
procedibilidad.
En cuanto a los procesos identificados con los radicados 11001-03-15-000-2023-
01319-00 y 11001-31-09-043-2022-00236-00 indicó que la acción de tutela no cumplía
con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para su procedencia contra
providencias judiciales, toda vez que se estaba reprochando proveídos que fueron
dictados dentro de acciones de idéntica naturaleza.
13
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08132-01
En relación con el proceso 11001-03-15-000-2025-07031-00 advirtió que el actor aún
disponía de otro medio idóneo de defensa judicial, toda vez que el trámite de esa
acción de tutela actualmente se encuentra pendiente de resolución y cuyo proyecto
fue registrado el 20 de enero de 2026 para consideración de la Sala de Decisión.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 25 de marzo de 202611, el actor solicitó:
SE ACUSA A LOS MAGISTRADOS, Y FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ
ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, POR DAR FALSAS SENTENCIAS, COMO LA QUE
ACABAN DE NOTIFICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SE IMPUGNA LA FALSA
SENTENCIA Y SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE ACUSACION ES QUE SE HAGA
CARGO DE LA DENUNCIA POR PREVARICATO POR ACCIÓN QUE HAN COMETIDO
LOS MAGISTRADOS DENUNCIADOS Y QUE SE LES ORDENE EL PAGO DE LA
INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A 2500.000.000(DOS MIL QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS, POR DESCONOCER EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH, EN
CONTRA DEL ESTADO DE COLOMBIA Y A FAVOR DE GUSTAVO PETRO URREGO,
HAN VIOLADO EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DERECHO A LA
IGUALDAD DE MANERA FLAGRANTE Y HAN HECHO UN DOCUMENTO CON
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, CON FALSA MOTIVACIÓN Y COMO DELITO
GRAVE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, HAN COMETIDO FALSEDAD
IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO – Se configura: al consignar información falsa
en LA SENTENCIA Y EN SU ESCRITO12.
1.9. Trámite del impedimento
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, los días 5
y 6 de mayo de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en las causales 1.°
y 5. ° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, mediante auto de 7 de mayo de 2026 se declararon infundadas las
mencionadas manifestaciones.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 13 de marzo de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
11 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 25 de marzo de 2026 y el recurso
se interpuso en la misma fecha.
12 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
14
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 13 de marzo de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la parte accionante.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia, y de encontrarse superados, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
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2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en el
presente caso la solicitud de amparo no cumple con uno de los requisitos de
procedibilidad adjetiva, esto es, el consistente en «que no se trate de tutela contra
decisión de tutela».
Lo anterior, en atención a que el señor Óscar Fernando Quintero Mesa busca a través
de la presente acción constitucional que se examine el contenido y las decisiones
adoptadas por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, como jueces de tutela, en las sentencias de 24 de agosto de 2022 y 14 de abril
de 2023, respectivamente, a través de las cuales pretendía el amparo de sus derechos
constitucionales.
Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por cuanto los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas»17.
En este orden de ideas, la Sala recuerda que es inaceptable que las decisiones del
juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma naturaleza, pues
con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia del ordenamiento
jurídico.
Máxime cuando los argumentos planteados por el actor en su libelo no coinciden con
alguno de los supuestos previstos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627
de 201518, según la cual, la solicitud de amparo constitucional es procedente de
manera excepcionalísima cuando se ataca una sentencia de tutela solo en los
siguientes casos:
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación. (Destacado de la Sala).
17 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
16
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Sin embargo, la Sala concluye que no se cumplen los supuestos que permiten avalar
la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza, toda vez
que no se evidencia una situación fraudulenta en la adopción de las decisiones
cuestionadas.
Al respecto, se observa que en los fallos atacados las autoridades accionadas
adoptaron sus respectivas decisiones con fundamento en las pruebas que obraban en
el plenario, lo cual, lejos de constituir fraude, fundamentan el análisis realizado por los
jueces constitucionales, por lo que la simple inconformidad con lo decidido en los fallos
de 24 de agosto de 2022 y 14 de abril de 2023, no es suficiente para que la Sala realice
un estudio de fondo sobre las pretensiones del accionante.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de 13 de marzo de 2026, por medio de la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la
acción de tutela al no encontrarse configurado el mencionado requisito.
2.4.2. En lo que se refiere al agotamiento de todos los mecanismos de defensa
judicial, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra este requisito
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591
de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Al respecto, resulta pertinente destacar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional
cuando la parte accionante no espera la resolución de la controversia por parte del
juez natural de la causa19:
(i) La acción de tutela contra una providencia judicial exige que, con anterioridad a
su interposición, se acredite el debido agotamiento de los mecanismos judiciales
de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, salvo
que la misma se active como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, cuando existe riesgo certero de configuración de un perjuicio
irremediable.
[…]
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos judiciales,
deben buscar la defensa de aquellos.
19 Ver al respecto T-140 de 2023.
17
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Al respecto, esta Colegiatura considera que la presente acción de tutela es
improcedente frente a este presupuesto, por cuanto el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa tuvo la posibilidad de impugnar las decisiones de 24 de agosto de 2022 y 14 de
abril de 2023, empero, no lo hizo.
Se recuerda que las providencias controvertidas por el actor corresponden a dos
sentencias de tutela contra las cuales procedía la impugnación, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, que reza así:
ARTÍCULO 31. IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la
autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato.
Ahora bien, en relación con el auto de 28 de noviembre de 2025 de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dictado en el trámite de la acción de
tutela 11001-03-15-000-2025-07031-00/01, se advierte que contra esta providencia el
actor presentó escrito de impugnación el 24 de marzo de 2026, el cual fue concedido
por la magistrada Adriana Polidura Castillo a través de proveído de 7 de abril de 2026,
y en la actualidad se encuentra en trámite de segunda instancia en el despacho del
consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de la Sección Primera del Consejo de
Estado.
En ese sentido, comoquiera que el actor tenía la alternativa de impugnar las decisiones
de 24 de agosto de 2022 y 14 de abril de 2023, en el caso de los procesos 11001-31-
09-043-2022-00236-00 y 11001-03-15-000-2023-01319-00, y aún cuenta con la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción en la acción de tutela
11001-03-15-000-2025-07031-00, la Sala considera que se debe confirmar la
sentencia de 13 de marzo de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa al no encontrarse configurado el requisito de
agotamiento de todos los mecanismos de defensa judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de marzo de 2026, por medio de la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción
de tutela presentada por Óscar Fernando Quintero Mesa.
18
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
19
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