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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02719-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02719-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora María del Carmen Calle Ruiz en contra del Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02719-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: MARÍA DEL CARMEN CALLE RUIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad jurídica y “protección especial como persona en estado de
pobreza extrema” / TUTELA CONTRA TUTELA – No se encuentran acreditadas las
causales para su procedencia excepcional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora María del Carmen Calle Ruiz, de conformidad con lo consagrado en
el Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de mayo de 2025 la señora María del Carmen Calle Ruiz presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y “protección especial como
persona en estado de pobreza extrema”, al igual que el principio de seguridad
jurídica.

Hechos relevantes

2. La señora María del Carmen Barrera Calle, hija de la señora María del Carmen
Calle Ruiz, falleció el 17 de septiembre de 2024 por una afección estomacal. En
vida fue reconocida como víctima por las lesiones personales sufridas en el marco
del conflicto armado interno mediante Resolución No. 2016-21228 del 24 de abril de
2023.

3. La actora presentó una acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las víctimas (UARIV) por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y “a la protección especial
como madre cabeza de familia” ocurrida con ocasión la falta de pago a su favor
sobre la indemnización administrativa por lesiones personales otorgado a su hija. El
proceso se identificó con el radicado 50001-33-33-007-2025-00060-00/01.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 21 de mayo de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: María del Carmen Calle Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. En primera instancia, le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Villavicencio que, por medio de sentencia del 20 de marzo de 2025,
resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las circunstancias de
Temeridad propuestas por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de Petición y Debido
Proceso a la señora MARIA DEL CARMEN CALLE RUIZ, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que en el término
improrrogable de diez (10) días proceda a emitir respuesta íntegra y con la
respectiva notificación a la petición formulada por chat video llamada el 5
de marzo de 2025, en ella se indicaran los fundamentos facticos y jurídicos
que soporten su decisión.

Así mismo, la entidad demandada deberá remitir a este Despacho copia
de la respuesta emitida al accionante, con constancia de su notificación.

CUARTO: EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO estará a cargo del señor
JESÚS LEANDRO TARAZONA MONCADA, Director de Reparaciones de
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
Las Víctimas (UARIV) y la señora LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ
en calidad de Directora General de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a Las Víctimas (UARIV), o quien haga
sus veces y será vigilado por este Despacho de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, para lo cual de
manera inmediata se remitirá por la entidad accionada copia de los
documentos que acrediten dicho cumplimiento conforme se dijo
anteriormente.

En el evento que conforme a la estructura interna de las entidades, no les
corresponda dar cumplimiento a la orden impartida en esta sentencia,
deberán remitir inmediatamente este asunto al funcionario competente, e
informar dentro del término de veinticuatro (24) horas a este Juzgado, su
nombre completo, documento de identificación, dirección personal para
notificaciones, cargo que ocupa dentro de la entidad y quién es su superior
jerárquico, de quien igualmente deberán indicar los mismos datos
personales del subalterno.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones (…).

5. Contra dicha decisión, la parte accionante interpuso impugnación el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta que a través de providencia del 28
de abril de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, pero con base en que,
al no resultar clara la situación en la que se encontraba la señora Calle Ruiz respecto
de la indemnización de su hija Barrera Calle por los hechos “victimizantes” de actos
terroristas y lesiones personales físicas, no era procedente ordenar el pago por
medio de una acción constitucional, debido a que esa función debía ser ejercida

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: María del Carmen Calle Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

propiamente por la UARIV. No obstante, la parte accionada debía emitir una
respuesta de fondo frente a la solicitud de pago de la indemnización administrativa
y de ser posible el mismo, se realizara directamente a la tutora o curadora, es decir
la señora Calle Ruiz o de lo contrario se procediera al desembolso.

Pretensiones

6. Solicita la parte accionante lo siguiente [transcripción textual]:

“Solicito, anular la sentencia Proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta. Radicación: 50 001 33 33 007 2025 00060 01, en su defecto ordenar
el pago a mi favor de la respectiva indemnización administrativa como madre
de la fallecida”.

Fundamentos de la demanda de tutela

7. La parte accionante sostiene que, después de múltiples reclamaciones, la parte
“demandada” no tuvo interés en realizarle su pago, pese a que su hija se encontraba
en cuidados intensivos y antes de que falleciera, ya se había emitido un acto
administrativo en el cual se le había reconocido su derecho a ser indemnizada como
víctima por lesiones personales en un acto terrorista.

8. A su vez expresó que, dicho pago constituye un derecho adquirido, el cual no se
pierde con el fallecimiento de la parte beneficiada debido a que ya había sido
reconocido y autorizado por la UARIV para cobrar, por tanto, con el incumplimiento
de esto, se vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
jurídica y “a la protección especial como persona en estado de pobreza extrema”,
pues con su situación actual, se le debe brindar un trato especial.

Trámite en primera instancia

9. A través de auto del 12 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Meta como
accionado; a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como
tercero interesado en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Villavicencio para que allegara copia digital del
expediente con radicado 50001-33-33-007-2025-00060-01.

Intervenciones

10. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio
remitió el enlace del expediente digitalizado2.

11. El Tribunal Administrativo del Meta indicó que en aras de brevedad se remite
íntegramente a las consideraciones de la providencia cuestionada, dado que
contiene la fundamentación jurídica, normativa, jurisprudencial y fáctica al momento
de tomar la decisión del 28 de abril de 2025 dentro de la acción de tutela con
radicado 2025-00060-01.

2 Es el siguiente: 50001-33-33-007-2025-00060-00 - OneDrive.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: María del Carmen Calle Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

De otro lado, expuso que la parte accionante lo que busca es acudir al mecanismo
constitucional como una tercera instancia, evidenciándose la inconformidad durante
las dos instancias. Además, incurre en una causal de improcedencia porque se trata
de una tutela contra tutela que incluso se encuentra en la Corte Constitucional para
que decida sobre su eventual revisión.

12. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva puesto que
no vulneró ningún derecho a la parte accionante. Expresó que, una vez verificada
la base de gestión documental, no se encontró ningún derecho de petición. Sumado
a que, la señora María del Carmen Calle Ruiz no aportó escrito que contara con el
sello de recibido y número de radicado de “entrada”.

De otra parte, indicó que en relación con el proceso de tutela cuyo radicado es 2025-
00136-00 (sic) emitió pronunciamiento de manera clara, completa y de fondo.
Además, puso de presente que, carece de competencia en virtud del numeral 1° de
las peticiones3, pues la finalidad de la accionante es que se decrete la nulidad de la
sentencia de segunda instancia, lo que resulta ser una actuación ajena a dicha
entidad.

A su vez, adujo que resulta importante verificar los requisitos generales para la
procedencia de tutela contra providencias judiciales, más aún cuando no existe
prueba que configure la excepción a la regla de procedibilidad de la acción, es decir,
la causación de un perjuicio irremediable que ha sido categorizado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional4.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

13. La Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo
en el presente asunto, por cuanto se trata de una acción de tutela interpuesta contra
una providencia de la misma naturaleza, de ahí que deba declararse su
improcedencia.

14. En el presente asunto se decide la acción instaurada por la señora María del
Carmen Calle Ruiz en contra del Tribunal Administrativo del Meta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y
“protección especial como persona en estado de pobreza extrema”, ocurrida con
ocasión de la expedición de la sentencia del 28 de abril de 2025, la cual tiene
relación con la falta de pago de una indemnización que la UARIV le otorgó a María
del Carmen Barrera Calle por las lesiones personales sufridas en un acto terrorista.

15. De los antecedentes descritos se advierte que la tutela de la referencia se
presenta contra una sentencia proferida dentro de una acción con idéntica
naturaleza, sin cumplir con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para su
procedencia contra providencias judiciales, máxime, porque se encamina a

3 No especificó a qué normatividad se refería.
4 Menciona la sentencia T-424 de 1996.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: María del Carmen Calle Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

controvertir las decisiones de fondo y no expone situaciones de fraude o cosa
juzgada fraudulenta que pudieran haber afectado sus derechos fundamentales.

16. Dicho fenómeno de improcedencia de la acción, deviene del criterio
jurisprudencial5 que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la acción
constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de tutela anterior; pues
de aceptarse una situación contraria, implicaría que la resolución del conflicto se
prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del
goce efectivo de los derechos fundamentales, principios que radican en la
necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos
derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados.

17. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido unos requisitos de
procedencia excepcional en relación con la acción de amparo contra una sentencia
de tutela, a saber:

“a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia
del fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso, que la
decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude o una que atente contra el ideal de justicia presente en
el derecho, de conformidad con el principio de fraus omnia corrumpit.

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tenga un carácter residual”.

18. En el presente asunto, no fueron esgrimidas las razones claras, serias y
coherentes que le permitan colegir a la Sala que el juez constitucional incurrió en un
actuar doloso o extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos
que orientan la labor de administrar justicia. Por el contrario, nuevamente se
presentaron varias de las razones para controvertir la actuación presuntamente
irregular de la UARIV, lo que refuerza la improcedencia del amparo constitucional
deprecado.

19. Ahora bien, es importante traer a colación los argumentos que fueron analizados
y resueltos de manera razonada en la providencia del 28 de abril de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Meta, bajo los siguientes fundamentos (transcripción
literal):

“(…) Finalmente, en virtud de la orden de tutela emitida en el presente trámite
constitucional, la Unidad de Víctimas emitió el oficio No. 2025-0236417-1 del 25
de marzo de 2025, a través del cual le informó a la accionante que la
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado fue cobrada el 27 de julio de 2022 por MARÍA DEL CARMEN BARRERA
CALLE; y, en relación con la medida de reparación por los hechos victimizantes
de lesiones que produzcan incapacidad permanente y acto terrorista, sostuvo

5 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 2 de marzo de 2023.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00419-00.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: María del Carmen Calle Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que el documento de identidad de la señora BARRERA CALLE se encuentra
“cancelada por muerte o muerte del titular” en el Sistema de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por lo que no era posible su entrega en la medida que
la persona falleció antes de que se le reconociera la indemnización a su favor,
“por lo tanto, no cuenta con Resolución de reconocimiento de
indemnización administrativa, solo tiene la Resolución No. 2016-21228_2
del 24 de abril de 2023, que la reconoce en el Registro Único de Víctimas
RUV. Marco normativo 1448 de 2011” (negrilla fuera del texto). De lo anterior, considera la Sala que efectivamente se vulneran los derechos
fundamentales de petición y debido proceso de la señora MARÍA DEL CARMEN
CALLE RUÍZ, pues, pese a que mediante oficio No. 2024-1420963-1 del 02 de
septiembre de 2024 la Unidad de Víctimas le informó que la indemnización
administrativa por el hecho victimizante de acto terrorista/lesiones personales
físicas reconocida a la señora MARÍA DEL CARMEN BARRERA CALLE, le
sería cancelada a ella en diciembre de 2024 por ser su tutora o curadora
designada; luego, el 05 de marzo de 2025, según lo afirmado por la actora en
su escrito de tutela y que no fue controvertido por la entidad en su contestación,
pero, en el oficio No. 2025-0236417-1 del 25 de marzo de 2025, la entidad
accionada le indicó que no era posible la entrega por cuanto la interesada
falleció sin contar con el acto administrativo de reconocimiento de la medida a
su favor. Es decir, se observa una contradicción en las respuestas ofrecidas por la
Unidad de Víctimas a la señora CALLE RUÍZ respecto de la indemnización de
su hija BARRERA CALLE por los hechos victimizantes de actos terroristas y
lesiones personales físicas, toda vez que, en una primera oportunidad le indicó
que procedía su pago y que ella podía realizar el cobro en su calidad de tutora
o curadora, esto es, como si ya se hubiese efectuado el reconocimiento de la
medida a su favor y solo hiciera falta el pago de la indemnización; empero,
posteriormente, con ocasión del fallo impugnado señaló que no había lugar al
desembolso de la indemnización porque no existía tal acto administrativo. En consecuencia, no existe claridad sobre el reconocimiento de la
indemnización a favor de la hija fallecida, por lo que la Sala no puede adentrarse
en el análisis sobre la procedencia o no del pago a favor de la aquí accionante
en su condición de madre, por tanto, se confirmará la sentencia de tutela
proferida el 20 de marzo de 2025 por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Villavicencio, pero a efectos de que la Unidad de Víctimas emita una
respuesta de fondo frente a la solicitud de pago de la indemnización
administrativa por los hechos victimizantes de actos terroristas y lesiones
personales físicas, aclarando la situación contradictoria aquí evidenciada, esto
es, en primer lugar, indicará si la hija fallecida contó en vida con algún acto
administrativo de reconocimiento de la medida de reparación por el hecho
victimizante objeto de esta tutela, en consecuencia, si ese pago es posible
hacerlo directamente a favor de la aquí accionante luego del fallecimiento de la
beneficiaria por haber sido su tutora o curadora como se indicó en el oficio atrás
transcrito, o si debe cumplir requisitos o trámites adicionales para tal efecto, o,
por el contrario, en caso de no contar con el acto administrativo en mención, la
razón por la cual, pese a la inexistencia del mismo, el 02 de septiembre de 2024
se le informó que procedía el desembolso de la indemnización.

Sin perjuicio de lo anterior, debe dejarse claro en cuanto a la pretensión de que
se le garantice el derecho a la indemnización administrativa de manera
inmediata, comoquiera que a la fecha no resulta clara la situación en la que se
encuentra la señora CALLE RUÍZ respecto de la indemnización de su hija
BARRERA CALLE por los hechos victimizantes de actos terroristas y lesiones
personales físicas, no resulta procedente ordenar el pago por medio de la
acción constitucional, pues, constituye una función que en principio debe ser
ejercida propiamente por la Unidad de Víctimas como atrás se ordenó. (…)”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02719-00
Accionante: María del Carmen Calle Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

20. En efecto, el Tribunal Administrativo del Meta consideró que, al no existir
claridad sobre el reconocimiento de la indemnización a favor de la actora como
madre de la persona fallecida, confirmaba la decisión de la primera instancia para
que se emitiera una respuesta de fondo frente a la solicitud de pago de la
indemnización, y de ser posible se realizara a favor de la señora María del Carmen
Calle Ruiz por haber sido la tutora o curadora.

21. La Sala considera que la tesis del Tribunal, lejos de considerarse producto de
una situación de fraude o una que atente contra el ideal de justicia, propende por
corregir la evidente contradicción en las respuestas brindadas por la UARIV, sobre
si era o no procedente el pago de la indemnización a la tutelante en su condición de
curadora de la persona fallecida de cara a que se le informe de manera asertiva los
fundamentos normativos y jurisprudenciales que permiten o no el reconocimiento
de la indemnización. Bajo ese entendimiento, no era procedente que el Tribunal
ordenara el pago directo de suma alguna de dinero sin que se agote el estudio previo
de la administración en el que estudiara el impacto del hecho jurídico de la muerte
de la beneficiaria directa de la indemnización, de cara a sus sucesores.

22. Por consiguiente, la Subsección estima que es improcedente la petición de
amparo constitucional dirigida contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María del Carmen Calle Ruiz en contra del Tribunal Administrativo del
Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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