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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03823-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03823-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por el señor José Largo de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03823-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03823-00
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Largo en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 24 de julio de 20241 el señor José Largo interpuso acción de tutela2 en procura
de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el que consideró
vulnerado con el auto del 19 de julio de 2024, a través del cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió rechazar el medio de control de Protección de
Derechos e Intereses Colectivos ─ Acción popular No. 05001-23-33-000-2024-
00858-00.

2. Hechos

2.1. El 17 de mayo de 20243 José Largo presentó medio de control de derechos e
intereses colectivos4 en contra del Ministerio de Salud y Protección Social y el Banco
Agrario a efectos de que se ordenara a la entidad bancaria, sucursal Medellín que,
en un término no mayor a 60 días, construyera una unidad sanitaria pública apta
para ciudadanos con movilidad reducida y, además, que se hiciera responsable de
la omisión a la referida cartera ministerial.

2.2. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante
auto del 11 de julio de 2024, resolvió inadmitir el medio de control hasta que se

1 Índice 1, expediente de tutela digital.
2 Obra escrito de tutela en el certificado B602568F55ACA274 F3D530516BE0BF2E 1D9A80ED57090C0D
62185D06890443B6, índice 2, expediente de tutela digital.
3 Obra acta de radicación a folio 1, archivo 001Demanda, certificado A25B655BD4347607
6CE18DF722CDC4E7 75A1BF65E5C27FA5 423467BC878E2E3C, índice 38, expediente de tutela digital.
4 Obra a folios 2-4, Ibidem.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03823-00
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

aportara al proceso la petición previa a cada una de las autoridades o entidades
accionadas (requisito de procedibilidad establecido en el inciso 3, art. 144 de la Ley
1437 de 2011).

2.3. Dentro del término otorgado para la corrección de la demanda, el actor presentó
un anexo con múltiples solicitudes dirigidas a múltiples entidades públicas, entre
ellas, diversos establecimientos bancarios5.

2.4. El 19 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la
demanda6 al considerar que dentro de los documentos que fueron allegados al
plenario no se podía determinar la constitución en renuencia al Banco Agrario de
Colombia o al Ministerio de Salud y Protección Social frente a las pretensiones de
la demanda.

3. Fundamentos de la acción de tutela

El actor alegó que en este caso se presentó un exceso ritual manifiesto al exigirle
que se agote “la vía gubernativa” antes de acudir al medio de control popular,
máxime cuando existe un inminente peligro ante la falta de “la unidad sanitaria
pedida (…) pues afecta la salud y afecta fisiológicamente a la ciudadanía que se
desplaza en silla de ruedas”7.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“SE ORDENE ADMITIR MI ACCION
SE ORDENE APLICAR DERECHOS SUSTANCIAL Y SE ADMITA MI ACCION
SE ORDENE A LA TUTELADA NO COMETER UN EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y SE LE
ORDENE ADMITIR MI ACCION DE NEGAR MI ACCIÓN SE ORDENE AL PROCURADOR
DELEGADO EN ACCIONES POPULARES EN EL TRIBUNAL QUE PRESENTE NUEVAMENTE
MI ACCION POPULAR A MI NOMBRE Y ME REPRESENTE, A FIN QUE SE ADMITA MI
ACCION, PUES COMO CIUDADANO LEGO EN DERECHO NO SE COMO MAS OBRAR EN
DERECHO PARA QUE SE DE APLICACIÓN DERECHOS SUSTANCIAL Y SE ADMITA MI
ACCION, PUE SNO SOY ABOGADO PARA PRESENTAR UNA ACCION POPULAR.”8.

5 Obra en el archivo 002ANEX1DEMANDA, certificado A25B655BD4347607 6CE18DF722CDC4E7
75A1BF65E5C27FA5 423467BC878E2E3C, índice 38, expediente de tutela digital.
6 Obra en el archivo 019AutoRechazaPopular, certificado A25B655BD4347607 6CE18DF722CDC4E7

75A1BF65E5C27FA5 423467BC878E2E3C, índice 38, expediente de tutela digital.
7 Folio 1, certificado B602568F55ACA274 F3D530516BE0BF2E 1D9A80ED57090C0D 62185D06890443B6,

índice 2, expediente de tutela digital.
8 Ibidem.

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Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 15 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia en calidad de demandado.

5.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia aportó copia del expediente digital.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

3.1. La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción
de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de
rigurosos requisitos de procedibilidad9 y de procedencia10 con el fin de determinar
si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

9 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
10 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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Accionante: José Largo
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4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”11.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber12: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202213,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de
control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos ─ Acción popular, al

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
12 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01.
13 Sentencia del 16 de junio de 2022.

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interior del proceso identificado con el radicado 05001-23-33-000-2024-00858-00,
como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.

4.3. José Largo alegó, en esencia, que la autoridad judicial accionada incurrió en un
exceso ritual manifiesto al exigirle agotar lo que denominó “la vía gubernativa” para
poder presentar el medio de control de intereses colectivos, cuando en su criterio,
existe un inminente peligro ante la falta de instalación de una unidad sanitaria
pública apta para ciudadanos con movilidad reducida en el Banco Agrario de
Colombia, sucursal Medellín.

4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en el Auto del 19 de julio de
2024, a través del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la aludida
demanda, se dilucidan las siguientes consideraciones:

“Expuesto lo anterior, respecto al material probatorio adosado al sub lite, y la narración de los
hechos efectuada en la parte primera de la presente providencia, es claro para la Sala que, no
obra en el expediente la constancia de la solicitud presentada ante las autoridades
administrativas de la que trata el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 como requisito de
procedibilidad para acudir al medio de control de la referencia, pues si bien, dentro de los anexos
de la demanda, el accionante aportó las múltiples solicitudes dirigidas a diferentes entidades
públicas, entre ellas establecimientos bancarios, lo cierto es que, dentro de los documentos que
efectivamente fueron allegados al plenario, no se encuentra aquel en el que pueda determinarse
la constitución en renuencia del Banco Agrario de Colombia o del Ministerio de Salud frente a las
peticiones esbozadas en la presente demanda.

Lo anterior, al constatar que, de la documentación incorporada por el accionante en la demanda,
se advierte –en aquellas peticiones que cuentan con constancia de envío -, que ninguna contiene
las exigencias contempladas en la disposición normativa previamente señalada, ni las
condiciones o términos que ha expresado la jurisprudencia del Consejo de Estado, para
entenderse el agotamiento de dicho requisito de procedibilidad, toda vez que, claramente el
contenido de las peticiones allí realizadas por el señor José Largo, es distante a aquellas
pretensiones que se hacen de manera concreta en la demanda de la referencia, pues en las
primeras se solicitó información respecto a los baños públicos en condiciones aptas de uso por
parte de personas con discapacidad o limitaciones en su movilidad y una serie de visitas a
diferentes entidades públicas para constatar lo anterior, e incluso, se solicitó allegar constancia
de que todos los alcaldes del país han destinado el 1% de sus ingresos corrientes para la
adquisición de recursos hídricos que surten el agua a acueductos municipales. Adicional a lo
anterior, advierte la Sala que ninguna de las peticiones, fue recibida por el Banco Agrario, entidad
que también hace parte del extremo pasivo del presente litigio.

Así las cosas, evidencia la Sala que tampoco nos encontramos ante la excepción de la
constitución en renuencia prevista en el inciso final del artículo 144 íbidem, esto es, que se puede
prescindir de esta cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra
de los derechos e intereses colectivos, por cuanto, esa circunstancia debe quedar debidamente
sustentada en la demanda, lo cual no sucedió.”14.

4.5. Luego de lo relatado se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valore la admisión del medio de control de intereses
colectivos, al margen del requisito de procedibilidad establecido en el inciso 3 del

14 Folios 7-8, archivo 019AutoRechazaPopular, certificado A25B655BD4347607 6CE18DF722CDC4E7
75A1BF65E5C27FA5 423467BC878E2E3C, índice 38, expediente de tutela digital.

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artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, sin haber acreditado la existencia de un
perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, lo que, a la
postre, configura un debate de orden legal, sin trascendencia en el plano
constitucional.

Se advierte que en el proceso popular la autoridad judicial accionada
específicamente señaló que no procedía la admisión del medio de control referido
en la medida que: (i) no obra en el expediente la constancia de la solicitud
presentada ante las autoridades administrativas demandadas en orden a que
adoptara las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo que
se considera amenazado o violado; (ii) dentro de los documentos que efectivamente
fueron allegados al plenario al momento de corregir la demanda, no se pude
determinar la constitución en renuencia al Banco Agrario de Colombia o al Ministerio
de Salud respecto a las pretensiones relacionadas en la demanda; (iii) el contenido
de las peticiones realizadas por el señor José Largo a diferentes entidades públicas,
entre ellas, diversos establecimientos bancarios, no tiene relación con las
pretensiones que se hacen de manera concreta en la demanda; (iv) ninguna de las
peticiones fue recibida por el Banco Agrario, extremo pasivo del presente litigio; y
(v) no se está ante un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses
colectivos.

Las referidas consideraciones permiten a esta Subsección concluir que se trata de
un debate culminado, respecto del cual la parte actora a través del escrito de tutela
pretende continuar discutiendo un aspecto ya definido por la autoridad judicial
competente, sin presentar argumentos con relevancia constitucional que permitan
entrar al análisis de fondo, más allá de su inconformidad con la decisión adoptada
por el juez natural del asunto.

4.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar con ocasión de la
interposición del medio de control de intereses colectivos, con lo cual el asunto sale
de la competencia del juez constitucional.

4.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada

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Accionante: José Largo
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y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada15, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario16.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por el
señor José Largo de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

15 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
16 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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