RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03823-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03823-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03823-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que profirió la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 21 de febrero de 2025, que declaró improcedente este amparo, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03823-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: auto que rechazó demanda de
protección de derechos e intereses colectivos. Subtema 2: defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el señor José Largo contra la sentencia del 21 de febrero
de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente el amparo.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Largo radicó acción de tutela el 24 de julio de 2024 para obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por
el Tribunal Administrativo de Antioquia al rechazar la demanda que en ejercicio de la
acción popular interpuso contra el Ministerio de Salud y Protección Social y el Banco
Agrario, radicada con el número 05001-23-33-000-2024-00858-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor José Largo radicó demanda de protección de los derechos e intereses
colectivos, de conformidad con Ley 472 de 1998, contra el Banco Agrario y el Ministerio

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 2, B602568F55ACA274 F3D530516BE0BF2E
1D9A80ED57090C0D 62185D06890443B6.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

de Salud y Protección Social. Alegó el incumplimiento de la Resolución 14861 de 1985
expedida por este último, al contrariar las disposiciones de la Ley ibidem relativas a la
realización de construcciones en respeto de las disposiciones jurídicas y de la calidad
de vida, porque en las instalaciones bancarias no existía baño apto para las personas
con movilidad reducida.
3. Pidió, como pretensiones, ordenarle al representante de la entidad bancaria que
en un término no mayor a sesenta (60) días construyera una unidad pública sanitaria
que pudieran utilizar quienes tienen dificultades de movilidad, así como quienes se
desplazan en sillas de ruedas, para evitar la continua discriminación y la tipificación de
lo previsto en la Ley 1752 de 2015.
4. Además, responsabilizar al Ministerio de Salud y Protección Social por omitir el
cumplimiento de sus deberes, lo cual ha permitido la vulneración de los derechos de
toda la población disminuida.
5. Asimismo, solicitó condenar en costas y agencias en derecho, utilizar el fuero de
atracción para vincular a quien fuere necesario, aplicar el artículo 34 de la Ley 472 de
1998 que versa sobre el incentivo económico, dar aplicación a los artículos 86 y 96 del
Código General del Proceso (CGP), 199 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y
145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
6. Por último, pidió informarle a la comunidad de la forma dispuesta en el artículo 21
de la Ley 472 de 1998, así como aplicar el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016 y el fallo
C-329 de 2019 de la Corte Constitucional.
7. Como parte de su demanda, hizo referencia a que agotó la «VÍA GUBERNATIVA»
contra los ministerios, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Departamento
Nacional de Planeación y los bancos. Puntualmente, «el banco de Colombia quien dice
estar por encima de la Ley y no tener obligación alguna para construir baños públicos
pedidos en mi acción constitucional».
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó auto el 11 de julio de 2024 en el que
inadmitió la demanda con el fin de que se precisara: (i) los hechos, actos, acciones u
omisiones frente a cada una de las accionadas en aplicación de los literales b) y d) del
artículo 18 de la Ley 472 de 1998; y (ii) se aportara al proceso constancia de
cumplimiento del requisito de procedibilidad atinente a la petición previa ante cada una
de las demandadas, con el fin de que adoptaran las medidas necesarias para proteger
los derechos e intereses amenazados de acuerdo con el inciso 3 del artículo 144 del
CPACA.

9. El señor José Largo radicó memorial en el que solicitó admitir la acción dado que
cumplió con el artículo 18 de la Ley 472 de 1998. Así, consideró que no debían
extremarse los requisitos formales en contravía del derecho sustancial, porque si esto
se hacía se incurría en exceso ritual manifiesto. Pidió que en caso de incumplir se le
otorgara amparo de pobreza con el fin de que un abogado lo representara y pudiera
acceder a la justicia.
10. Al efecto, aportó correos enviados, entre otras entidades, al Ministerio de Salud y
Protección Social en los que pidió que se le informara si en todos los municipios de

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Colombia existía una unidad sanitaria en parques y en sitios públicos, que fuera apta
para personas con movilidad reducida.
11. Además, en estos mensajes, le pidió a esta autoridad requerir a los gerentes de
varias instituciones financieras para que previo a la debida identificación del municipio,
especificaran si las agencias bancarias del país cuentan con baño accesible para los
ciudadanos discapacitados, en los términos que exige la ley y la jurisprudencia. Y
realizaran una visita técnica a sus instalaciones.
12. Asimismo, les pidió a los secretarios de planeación, a los personeros y a los jueces
que consignaran cuál era el tipo de baño que existía en cada establecimiento financiero
del país; y, en general, solicitó que se indagara si todos los establecimientos públicos
tenían que contar con baño habilitado para estas personas como lo prevé la normativa;
si está previsto que debe ordenarse su construcción; y si están establecidas sanciones
urbanísticas por la ausencia de baños públicos en establecimientos comerciales.
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto el 19 de julio de 2024 en el que
puso de presente que, aunque el accionante allegó constancias de envío dirigidas a
varias entidades, estas no acreditaban el cumplimiento del requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 144 del CPACA para acudir al medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos. De suerte que de sus escritos no podía extraerse
la constitución en renuencia del Banco Agrario de Colombia ni del Ministerio de Salud
y Protección Social frente a las pretensiones planteadas en la demanda.
14. Lo anterior, toda vez que estos escritos no contenían los requisitos mínimos que
exige la ley y la jurisprudencia para tener por agotado el presupuesto referido, ya que
su contenido era distinto respecto de las pretensiones de la demanda, sumado a que
ninguno de estos fue recibido por el Banco Agrario.
15. Por último, expresó que no se encontraba en la excepción prevista en el inciso final
del artículo 144 del CPACA relativa a la configuración de un perjuicio irremediable, por
cuanto esta situación no quedó debidamente acreditada en la demanda.
16. En estos términos, rechazó la acción constitucional que presentó el señor José
Largo en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
17. El señor José Largo solicitó admitir su demanda ordinaria, aplicar los derechos
sustanciales y ordenarle a la autoridad accionada abstenerse de cometer un exceso
ritual manifiesto. Subsidiariamente en caso de que se negara lo pedido, reclamó que
se le ordenara al procurador delegado en acciones populares ante el Tribunal que
radicara nuevamente la demanda en representación suya, ya que desconoce cómo
debe actuar porque no es abogado.
18. Indicó que se le vulneró el derecho previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política porque incurrió en exceso ritual manifiesto al rechazar su demanda ordinaria.
19. De suerte que, la accionada pasó por alto la protección de sus derechos
sustanciales avalada en las sentencias T-201 de 2015 y SU-238 de 2019, comoquiera

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

que inadvirtió que no es abogado, que acató lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
472 de 1998, que agotó la «vía gubernativa» y que se encuentra en una situación de
peligro inminente, porque la ausencia de la unidad sanitaria solicitada atenta contra la
salud y representa un riesgo fisiológico para la ciudadanía que utiliza sillas de ruedas,
entre otros peligros.

2.3. Trámite procesal
20. El conocimiento del asunto le correspondió a uno de los magistrados que
integran la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado quien, en auto
del 25 de julio de 20242, inadmitió la solicitud con el fin de que el actor aclarara los
hechos y las razones que motivaron la interposición de la demanda de tutela y
especificara la providencia o la actuación adelantada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que lesionó sus derechos fundamentales.
21. José Largo radicó memorial3 el 1 de agosto de este año en el que expresó que
su tutela era clara y precisó que no era abogado. Pidió que se admitiera esta acción
constitucional y advirtió que, en caso de que su solicitud fuera rechazada, interponía
apelación, con fundamento en la sentencia C-483 de 2008 y en el Auto 001 de 1993
proferido por la Corte Constitucional.
22. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió auto el
23 de agosto de 20244 en el que rechazó la acción de tutela, ante la imposibilidad de
determinar cuáles eran las circunstancias que motivaron la interposición de la acción
de tutela, porque, aunque se le requirió al tutelante para tal fin, incumplió el cometido.
23. El señor José Largo 5 radicó memorial el 13 de septiembre de 2024 en el que
apeló esta decisión.
24. El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió auto el 24 de septiembre de 20246 en el que concedió la
impugnación, amparado en la postura de la Corte Constitucional que habilitó la
procedencia de este recurso contra las decisiones de rechazo7. En este orden, le
correspondió a esta Sala conocer, en segunda instancia, el expediente.
25. Esta autoridad profirió auto el 13 de noviembre de 20248 en el que le dio trámite
de impugnación, revocó el auto del 23 de agosto de 2024 y le ordenó a la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que de manera inmediata admitiera la
acción constitucional y le impartiera el trámite correspondiente en primera instancia.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 4, certificado DAA502CA3D2FF69D 5BEBDB1B42D332B8

58F4EF1D9248DD50 91DD04543C7C0F04.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 9, certificado 076A4656F309C866 AC965DB582D58BA7

23CA161CDB76A927 C5E9436EC2691FB3.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 15, certificado C43D907CA086FBBA E04B2C54DD765B49

B0742C9FE6236BB1 8506442C048BB126.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 21, certificado 1CF2D07D7F84BF03 02030081D2531BE0

517A62F91BB81E81 63AC2791DF2AB049.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 26, certificado E2BABE45FCE35B64 1D783A65B1499C33

3BB473D69C6486B3 1C75A7C5AAFDDA4A.
7 Para el efecto citó lo siguiente: «Corte Constitucional. Sentencia C-483 del 15 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo

Escobar Gil. Esta postura fue acogida mediante las sentencias T-518 de 2009 y T-313 de 2018».
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-01, índice 5.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

26. Esta decisión se soportó en que, al margen de la brevedad del escrito de tutela,
y la ausencia de identificación de la fecha en que fue proferida la providencia tutelada,
era posible deducir los hechos y circunstancias que motivaron la interposición del
amparo, motivos que resultaban suficientes para admitirlo.
27. En consecuencia, el magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela en auto del 15 de enero de 20259, en el
que ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.4. Intervenciones
28. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió enlace de acceso al expediente
digital del proceso objeto de tutela10, pero no rindió informe de contestación.

2.5. Sentencia de primera instancia
29. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
el 21 de febrero de 2025 en la que declaró improcedente la amparo por no satisfacer
el requisito general de relevancia constitucional.
30. En particular, indicó que el actor interponía el amparo como un medio dirigido a
revivir el análisis que efectuó el Tribunal Administrativo de Antioquia en el medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, como si se tratara de una
tercera instancia judicial en la que es posible plantear inconformidades con lo decidido
por el juez natural.
31. Así pues, expresó que el accionante buscaba que en sede de acción de tutela se
examinara nuevamente la admisión de su demanda ordinaria sin perjuicio del requisito
de procedibilidad previsto en el inciso 3 del artículo 144 del CPACA, ya que el Tribunal
Administrativo de Antioquia rechazó la demanda, luego de evaluar que: (i) no se probó
que se acudió ante las autoridades accionadas y con relación a las pretensiones de la
demanda; (ii) las peticiones formuladas por el actor no tienen relación con las
pretensiones de la demanda; (iii) el Banco Agrario no recibió alguna solicitud; y (iv) no
se demostró un perjuicio irremediable.
32. Por tanto, el asunto reposaba en la esfera legal de una controversia debidamente
concluida, que no trascendía el plano constitucional, aunado a que el actor no invocó
argumentos que permitieran efectuar un estudio de fondo del asunto 11.

2.6. Impugnación
33. El señor José Largo radicó memorial en el que manifestó que apelaba la decisión12.

9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 33.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 38, EC86AA8C1A29A78E 355E0F6F38417A07
BAF09EBF84F6C869 0457754C66D714AD.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 42.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-03823-00, índice 48.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 21 de febrero de
2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
35. La legitimación en la causa por activa del señor José Largo se encuentra
acreditada, por cuanto presentó demanda en ejercicio del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, radicada al núm. 05001-23-33-000-
2024-00858-00.
36. En igual sentido, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque fue la autoridad que profirió el auto del 19 de julio
de 2024 en el que rechazó la demanda.

3.3. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que profirió la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 21 de febrero de 2025, en la cual declaró improcedente la
solicitud de amparo presentada por el señor José Largo.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional14. En relación con los requisitos generales de procedibilidad,
la parte accionante debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos
afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
39. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 15
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia. Así pues, la alta corte constitucional16
ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son:

(i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»18;
(ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre; por ejemplo, cuando se discute la forma de interpretar o
aplicar una norma, o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto
monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general, y,
(iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa, mínima, que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
40. En el caso puntual, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, porque está involucrado el derecho fundamental al debido proceso del
señor José Largo y su acceso a la administración de justicia, al tratarse de un asunto
en el cual se rechazó la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos.
41. De manera que de encontrarse configurado el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto propuesto por el actor contra la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 19 de julio de 2024, prosperaría la pretensión de amparo,
dirigida a que se admita la demanda de protección de los derechos e intereses
colectivos, lo cual posibilitaría un estudio de fondo de esta en sede judicial.
42. Respecto de los cargos propuestos, el actor no cuenta con otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios idóneos y eficaces para la protección de los derechos
invocados.
43. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque el
auto enjuiciado lo profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia el 19 de julio de 2024
y el señor José Largo presentó acción de tutela el 24 de julio de 2024. De modo que,
contado desde la expedición de la providencia, se cumple el plazo de seis (6) meses

15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

establecido por la jurisprudencia constitucional,19 y del Consejo de Estado,20 como
período razonable.
44. En relación con el requisito de identificación razonable de los hechos y de los
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela tiene un carácter informal; no obstante, la Corte Constitucional
ha establecido que «es necesario que quien reclama la protección constitucional
mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué
consiste la violación alegada, y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito
del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al orden jurídico, debiendo
haber planteado el punto de manera previa en el proceso respectivo, siempre que este
fuere posible»21.
45. Este requisito está satisfecho en el presente asunto, en la medida en que el
actor mencionó con claridad los hechos y fundamentos de la afectación alegada, tan
así que se ordenó que la acción constitucional fuera admitida y se le impartiera el
trámite procesal correspondiente. Aunado a que, el señor José Largo radicó memorial
dirigido al Tribunal luego de que este profiriera auto inadmisorio, en el que indicó que
no debían extremarse los requisitos formales en contravía del derecho sustancial,
porque se incurría en exceso ritual manifiesto.
46. Superado lo anterior, la Sala resolverá este asunto de fondo. En primer lugar,
establecerá las generalidades del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
y, en segundo lugar, abordará el caso concreto.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
47. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.
48. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal especifica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
49. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales22».
50. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela,
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó

19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno de sus a la defensa y a la contradicción.
51. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i)
que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v)
que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.»23

3.6. Caso concreto
52. Al descender al caso en concreto, el señor José Largo manifestó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia violó su derecho fundamental al debido proceso, porque
incurrió en exceso ritual manifiesto al rechazar la demanda que presentó en ejercicio
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
53. En sustento de lo anterior, afirmó que inadvirtió que no es abogado, que acató
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, que agotó la «vía gubernativa» y
que se encuentra en una situación de peligro inminente, porque la ausencia de la
unidad sanitaria solicitada atenta contra la salud y representa un riesgo fisiológico para
la ciudadanía que utiliza sillas de ruedas, entre otros peligros.
54. Ahora bien, de una revisión del auto del 19 de julio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia rechazó la demanda interpuesta por el tutelante, ya que,
aunque este allegó constancias de envío ante distintas entidades, ninguna de estas
permitía acatar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA.
Aunado a que, el contenido de las peticiones difería de las pretensiones de la demanda
y no probó que su solicitud la hubiera recibido el Banco Agrario de Colombia.
55. Al respecto, inciso 3 del artículo 144 del CPACA prevé que:

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses
colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en
ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias
de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la
autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes
a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.
Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos
e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

23 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

56. De este modo, revisados los documentos aportados por el tutelante como
anexos de su demanda, la Sala encuentra que le asiste razón al Tribunal
Administrativo de Antioquia en su razonamiento, dado que, aunque el señor José
Largo acreditó haber enviado correos dirigidos ante diversas entidades, entre estas el
Ministerio de Salud y Protección Social, lo cierto es que pidió información relacionada
con la existencia de unidades sanitarias para personas con movilidad así como la
necesidad de contar con baños habilitados para estas personas, en aplicación de la
normativa.
57. En este orden, no probó que les hubiera solicitado a las accionadas,
concretamente, que adoptaran las medidas de protección del derecho amenazado o
violado, lo cual implicaría contar con la certeza de que en las instalaciones bancarias
no existía baño apto para las personas con movilidad reducida. Por el contrario, solicitó
que certificaran la existencia de medidas de sanidad y la obligatoriedad de contar con
baños accesibles a todos los ciudadanos, como una garantía del cumplimento de la
ley y de la jurisprudencia.
58. Por tanto, las peticiones están formuladas a modo de indagación sin que de
estas se desprenda la exigencia de adoptar medidas de corrección para los derechos
que se están viendo amenazados. Así se extrae de las solicitudes presentadas por el
actor:

Solicitamos a nuestras excelentes ministros-ministras de Salud y de la
Protección Social Social, […] A fin que todos y cada uno de ellos conceptúan en
derecho si es obligación en derecho que todos los establecimientos abiertos al
publico cuenten con un BAÑO PÚBLICO APTO PARA CIUDADANOS QUE SE
DESPLAZAN EN SILLA DE RUEDAS, INCLUIDOS LOS INMUEBLES
BANCARIOS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES, TAL COMO SE LE
ORDENO DICHA CONSTRUCCION DE BAÑO PÚBLICO APTO PARA
CIUDADANOS QUE SE DESPLAZAN EN SILLA DE RUEDAS AL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA EN TODAS SUS OFICINAS O AGENCIAS A NIVEL
PAIS, TRAS ORDEN DADA EN ACCION POPULAR. CONFIRMADA POR EL
TRIBUNAL ADTIVO DE MANIZALES CALDAS RADICADA 17001 33 31 002
2009 01834 02, MP JIRO ANGEL GOMEZ PEÑA, FECHADA 22 DE SEPT DE
2011, CUYO FALLO PIDO SER APORTADO DIGITALMENTE A SUS
RESPUESTAS Y LES PIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO24.

59. De lo anterior se extrae que, aunque para el señor José Largo sus peticiones
sí constituyeron el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el inciso 3
del artículo 144 del CPACA, sus argumentos no controvierten lo decidido por el Tribunal,
que parte de una interpretación literal del requisito definido en la norma ibidem.
60. En estos términos ya se pronunció esta Sala al decidir, en sede de acción de
tutela, una demanda interpuesta por el señor José Largo, en la que cuestionó las
decisiones que rechazaron unas demandas que presentó en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, y resolvieron los recursos de apelación
interpuestos en otros radicados distintos al que es objeto de esta tutela.

24 Se transcribe aún con errores de texto.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

61. En esta oportunidad, esta Subsección expresó25:

No obstante, y revisadas las actuaciones surtidas en los procesos con radicados
66001-23-33-000-2024-00223-00 y 66001-23-33-000-2024-00229-00 se
advierte que, el Tribunal Administrativo de Risaralda al haber rechazado las
demandas mediante los autos del 25 de julio de 2024 y los recursos de apelación
con las providencias del 27 de agosto de 2024, no incurrió en un exceso ritual
manifiesto, por el contrario aplicó lo establecido por el Legislador en relación con
el agotamiento del requisito de procedibilidad frente a las entidades
demandadas, requisito sine qua non para el ejercicio de la acción popular
establecido en el inciso 3 del artículo 144 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). […]

Así las cosas, se observa que en la decisión objeto de censura el tribunal
accionado empleó integralmente el marco normativo vigente, aunque aquella fue
adversa a los intereses del tutelante, ello no involucra trasgresión de la garantía
superior al debido proceso del actor.

62. Así las cosas, el Tribunal aplicó en debida forma la normativa procesal sin que
con ello haya sacrificado los derechos fundamentales del accionante, ya que el
acatamiento del requisito exigido para demandar, en los términos del artículo 144 del
CPACA, es una carga que le corresponde cumplir al demandante.

63. Adicionalmente, el análisis del Tribunal no se agotó con lo expuesto, porque
consideró que el señor José Largo no se encontraba en una situación de peligro
inminente toda vez que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable,
aspecto que el accionante debió haber sustentado en su demanda y que está acorde
con lo previsto en el artículo 144 del CPACA, según el cual:

Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos
e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

64. De esta manera la Sala entiende que el auto del 19 de julio de 2024 partió de
una debida aplicación normativa que no extremó el rigor de las normas procesales,
sino que las empleó en su interpretación exegética.
65. Finalmente, en cuanto al reiterado argumento del actor relativo a que no es
abogado, es preciso ponerle de presente que puede acudir a la Defensoría del Pueblo
o a consultorios jurídicos de las facultades de derecho debidamente certificadas para
recibir asesoría legal, si lo considera necesario.

IV. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala modificará la sentencia que profirió la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 21 de febrero de 2025, mediante la
cual declaró improcedente este amparo, para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29

de noviembre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-04633-01.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03823-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que profirió la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 21 de febrero de 2025, que declaró improcedente
este amparo, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

VMP/SEJV

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.