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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03845-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03845-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03845-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-03845-01
Accionante: MARÍA CRISTINA JIMÉNEZ GAMBA
Accionado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Tema: TUTELA POR DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Se
confirma el fallo impugnado. No es posible declarar el hecho superado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones contra la sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Cristina Jiménez Gamba solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la defensa y contradicción,
en conexidad con los principios de buena fe y mínimo vital, cuya vulneración le
atribuyó a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por la
omisión de realizar y notificar el resultado de la valoración de pérdida de la
capacidad laboral.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 18 de junio de 2024 le solicitó a la Administradora Colombiana
de Pensiones - Colpensiones que le realizara el respectivo proceso de valoración
de pérdida de la capacidad laboral, de acuerdo con las patologías que padece y,
que están calificadas de acuerdo con el Código CIE 10 y el Manual Único para la
Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional -Decreto núm. 1507
de 12 de agosto de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03845-01
Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

2.2. Mencionó que la documentación quedó radicada bajo el número
2024_12196619, pero que a la fecha de presentación de la tutela no ha sido
notificada de la respuesta por parte de Colpensiones.

2.3. Sostuvo que Colpensiones le “[…] vulnera gravemente el derecho fundamental
al debido proceso de valoración de pérdida de la capacidad laboral, debido a que
desde el 18 de junio de 2024 […] ha guardado silencio y esta situación también hace
que se me vulnere mi derecho al mínimo vital y a la defensa y contradicción […]”.

2.4. Agregó que: “[…] [d]ebido a la ceguera total que padezco, se me ha imposibilitado
continuar cotizando al sistema de seguridad social, el ultimo [sic] aporte que he
realizado al sistema pensional, lo realice [sic] el día 01 de abril de 2024, desde ese
entonces estoy sin empleo y mis condiciones económicas cambiaron y se me
dificulta el pago de mis obligaciones bancarias, de alimentación, de arriendo, de
transporte, salud, educación de mi hija, entre otros gastos […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido procesos [sic],
seguridad social, defensa y contradicción, buena fe, mínimo vital, vida en
condiciones dignas de: María Cristina Jiménez Gamba, identificada con cédula
de ciudadanía N°:52322262.

2. Ordenar al director del departamento de medicina laboral de colpensiones
que en el término perentorio de 48 horas proceda a emitir el dictamen de pérdida
de la capacidad laboral.

3. SOLICITAR a las entidades de control competentes que investiguen lo que
corresponda frente a la denegación del cumplimiento de los respectivos deberes
entre la entidad accionada en el presente caso y hacer efectiva la protección de
los derechos atrás referidos, vigilando que dicha entidad actúe apropiadamente
hacia el pronto reconocimiento de los derechos de la señora: María Cristina
Jiménez Gamba, identificada con cédula de ciudadanía N°: […].

4. Prevenir para que en ningún caso las accionadas vuelvan a incurrir en las
omisiones y acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hacen
serán sancionadas conforme lo dispone el art. 52 del Decreto 2591/91 (arresto,
multa, sanciones penales) […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1.º de agosto de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, negó la medida provisional solicitada por la parte accionante.

5. Posteriormente,mediante auto de 23 de agosto del presente año, vinculó en
calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la entidad
Unisalud E.P.S.

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Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegó el siguiente informe:

6.1. La
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó, a
través de su directora de acciones constitucionales, que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, “[…] como quiera que no se encuentra
demostrado que Colpensiones haya vulnerado los derechos reclamados por la parte
accionante […]”.

6.2. Agregó que si bien “[…] la razón de ser de la tutela radica en la vulneración de
los derechos fundamentales como consecuencia de una acción u omisión
imputable, no es posible jurídica ni materialmente atribuir a Colpensiones dicha
responsabilidad cuando el interesado pretende acudir a esta instancia judicial sin
haberlo hecho antes a la entidad competente o cuando habiendo acudido a la
autoridad competente, no ha dejado transcurrir el tiempo legalmente establecido
para que Colpensiones dé respuesta a lo reclamado […]”.

6.3. Finalmente,señaló que, de acuerdo con los trámites internos de la entidad,
regulados en la Resolución núm. 343 de 2017, aún está a tiempo para darle
respuesta a la accionante:

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante sentencia de tutela de 3 de octubre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado concluyó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital de la señora María Cristina Jiménez Gamba, por las razones
expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENARÁ a la
Administradora Colombiana de Pensiones que en el término de diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, adelante y realice los trámites
pertinentes que resuelvan sobre la solicitud de la pérdida de capacidad laboral
de la señora María Cristina Jiménez Gamba, conforme a los lineamientos

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Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

legales establecidos en las normas que regulan la materia […]”. [Negrilla del
texto].

8. Como fundamento del fallo se indicó:

“[…] Se destaca que aunque la autoridad accionada, en su escrito de
contestación, señaló que el trámite reclamado debe ser adelantado por la EPS
a la que se encuentra afiliada la accionante, el artículo 41 de la ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 establece que no solo
dichas entidades tienen a su cargo esa calificación sino que también
corresponderá a Colpensiones, a las ARL, a las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte determinar en una primera oportunidad
la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y su origen.

De acuerdo con lo consignado en la Historia Clínica arrimada al plenario, la
señora María Cristina Jiménez presenta una patología ocular congénita, y
actualmente padece de enfermedades visuales, catalogadas como de origen
común1, por lo que radicó ante Colpensiones el «FORMULARIO
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL/OCUPACIONAL
Y REVISIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LOS PENSIONADOS»

En este sentido, para la Sala, Colpensiones está obligada a realizar dentro del
marco de sus competencias las diligencias necesarias y pertinentes para
resolver la solicitud de la señora Jiménez Gamba, conforme con lo establecido
por el Máximo Tribunal Constitucional en sentencia T-250 del 5 de julio de
20222:
[…]

De otra parte, aunque Colpensiones en aplicación de su Resolución No. 343 de
2017 establece un término de 4 meses para la calificación de la pérdida de
capacidad laboral resulta necesario destacar que dadas las especiales
circunstancias de indefensión en que se encuentra la señora Jiménez Gamba
se hace necesaria la intervención de este juez constitucional, esto por cuanto,
desde el 18 de junio de 2024, la accionante no ha sido contactada o informada
del inicio de algún procedimiento, al punto que la misma entidad refirió que aún
se encuentra en término para dar inicio a la actuación.

De manera que el plazo con el que cuenta la entidad debe flexibilizarse en favor
de la accionada y sus circunstancias de salud, pues padece de ceguera de
ambos ojos y no ha podido continuar cotizando al sistema de seguridad social
desde abril de 2024, como consta en el reporte de semanas cotizadas en
pensiones aportado como anexo al escrito de tutela3, situación que para esta
Sala la ubica en el margen de población vulnerable e implica que se minimicen
las barreras administrativas que puedan agravar su situación particular.
[…]

Siendo así, la calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho que le
asiste a las personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social, y que cobra gran
importancia para acceder a la garantía de los derechos fundamentales al
mínimo vital, toda vez que no puede dar inicio a otros trámites para el
reconocimiento pensional derivado de la eventual condición de invalidez o
discapacidad que se le dictamine.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora María Cristina

1
Conforme a lo establecido en el Decreto 1832 de 1994, la calificación de la enfermedad será de origen común cuando no
exista relación de causa efecto entre los factores de riesgo presentes en el sitio de trabajo, actual o anteriores, con la
enfermedad diagnosticada
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Magistrado sustanciador: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
3
Índice 02 del aplicativo Samai

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Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

Jiménez Gamba, en consideración a su situación de vulnerabilidad dadas sus
condiciones de salud e imposibilidad de seguir cotizando al régimen de
seguridad social […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones impugnó la decisión
de primera instancia, poniendo de presente que “[…] [l]a situación alegada por el
accionante ha sido atendida de manera integral antes de la emisión del fallo de
tutela. A través del DICTAMEN NO: 6002432 NOTIFICADO EL DIA 04 DE
OCTUBRE DE 2024, Colpensiones resolvió las pretensiones del accionante en su
totalidad, cumpliendo con los lineamientos legales y reglamentarios aplicables al
caso. Este documento fue debidamente notificado, y se acredita que lo solicitado
por el accionante fue materializado conforme a lo requerido […]”. [Negrilla del texto]

10. Por lo anterior, solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si existe una vulneración de los derechos fundamentales, por la omisión de
la entidad demandada de realizar el proceso de valoración de pérdida de la
capacidad laboral solicitada por la accionante.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

VIII.3. Caso concreto

13. La señora María Cristina Jiménez Gamba solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la defensa y contradicción,
en conexidad con los principios de buena fe y mínimo vital, cuya vulneración le
atribuyó a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por la
omisión de realizar y notificar el resultado de la valoración de pérdida de la
capacidad laboral.

14. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3 de octubre
de 2024, amparó la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital de la señora Jiménez Gamba y le ordenó “[…] a la Administradora
Colombiana de Pensiones que en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, adelante y realice los trámites pertinentes que
resuelvan sobre la solicitud de la pérdida de capacidad laboral de la señora María
Cristina Jiménez Gamba, conforme a los lineamientos legales establecidos en las
normas que regulan la materia […]”.

15. En el escrito de impugnación se solicita declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.

16. La Sala se limitará a estudiar si resulta procedente declarar el hecho superado
en el asunto sub examine.

VIII.3.1. Análisis de la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado en el sub examine

17. Seobserva que el 4 de octubre de 2024 la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones notificó el Dictamen núm. 6002432 de 20 de junio de
2024, a través del cual se calificó la pérdida de capacidad laboral estableciendo el
porcentaje, el origen y fecha de estructuración de la misma, con posterioridad a la
sentencia de tutela de 3 de octubre de 2024:

18. Se encuentra acreditado que el Dictamen núm. 6002432 de 20 de junio de 2024
le fue notificado a la accionante:

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Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

19. Delo anterior se infiere que la actuación adelantada por Colpensiones es
consecuencia de la orden impartida en primera instancia por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

20. Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional,
en la sentencia T-016 de 20239, expresó:

“[…] 34. En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado
la Corte ha indicado que responde al sentido obvio de las palabras, es decir,
que se explica dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido siempre que
se realice antes de un fallo favorable a las pretensiones, como producto del
obrar de la entidad accionada. Es decir que su actuación se realice de forma
voluntaria.

35. En otras palabras, lo que se pretendía lograr mediante la orden del juez de
tutela ha ocurrido antes de que diera orden alguna. Es importante precisar que
en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente
se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción; y que, (ii)
la entidad demandada haya actuado o dejado de actuar, por su propia decisión,
es decir, voluntariamente. En este punto, es importante precisar, como lo ha
advertido claramente la jurisprudencia constitucional, que la actuación
voluntaria de la entidad demandada puede darse en cualquier momento del
trámite de tutela, incluso en sede de revisión […]”. [Negrilla del texto y
subrayado fuera del texto].

21. Esta Sección ha señalado respecto de la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado lo siguiente:

“[…] Empero, para establecer si se configuró o no la carencia actual de objeto
de la presente tutela, por hecho superado, es menester precisar lo que la
Jurisprudencia Constitucional ha sostenido sobre este concepto.

[…]

Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte precisó:

“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta
cuando antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo
solicitado. En efecto, ‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela,
sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo

9
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-016 de 2023. M.P.: Diana Fajardo Rivera.

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pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse
el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío10.

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección
ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando durante
el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El Juez
queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer
el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la
intervención de la autoridad del Estado […]” (Negrilla y subrayas por fuera del
texto original).

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para
declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado:

1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un derecho
fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por la acción o la omisión de
la autoridad o de un particular.

2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como medida
cautelar, en la primera instancia, en la segunda instancia o en sede de revisión,
desaparezca la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos
fundamentales, porque se satisface lo pedido en la tutela.

[…]

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la
jurisprudencia constitucional ha denominado hecho superado, pues aun cuando
ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo carezca
de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que
corresponde es confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en
adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie
una orden de un juez para garantizar los derechos fundamentales deprecados.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden de amparo
-que es el efecto práctico del hecho superado- sino que debe confirmarse en
todas sus partes la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la
protección cabal del derecho reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, el TRIBUNAL no hubiese concedido el amparo y
aun así la FISCALÍA hubiese reubicado a la actora, ya que en esta instancia sí
habría lugar a declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente se
constató que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en
atención a que la situación de vulneración ya fue superada. Se insiste entonces
en que el evento del hecho superado está previsto para aquellos casos en los
que el juez constitucional, en cualquiera de las instancias, advierte que el hecho
vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna
encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la
intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo ajustada
a derecho, corresponde confirmarla […]”11. [Negrilla y subrayado del texto].

22. Con base en lo expuesto, la Sección considera que no es posible declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado porque no se encuentran satisfechos
los presupuestos para ello, debido a que el Dictamen núm. 6002432 de 20 de junio
de 2024 se notificó con posterioridad a la expedición de la sentencia de 3 de octubre
de 2024.

10
SU - 540 de 2007.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de abril de 2024, Exp. núm.
660012333000-2024-00059-01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

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Accionante: María Cristina Jiménez Gamba

23. Conbase en las consideraciones anteriores, la Sala confirmará el fallo
impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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