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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00059-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00059-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de nulidad formulada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2024-00059-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 660012333000-2024-00059-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LEYDY GIOVANNA DELGADO OSPINA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE CONCEDIÓ EL
AMPARO SOLICITADO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
PARA CUESTIONAR REUBICACIONES LABORALES. ASIGNACIÓN DE
FUNCIONES A SERVIDORA DE LA FISCALÍA NO ACORDES CON SU
PERFIL PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO POR CONCURSO DE
MÉRITOS. AFECTACIÓN A SU SALUD.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA DIGNA, A LA SALUD, AL
TRABAJO Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN1 contra la sentencia de 4 de marzo de

2024, proferida en primera instancia por la SALA SEGUNDA DE

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA2

que concedió el amparo deprecado.

1
En adelante la FISCALÍA.
2
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 660012333000 2024 00059 01
Actora: Leydy Giovanna Delgado Ospina

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora LEYDY GIOVANNA DELGADO OSPINA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al trabajo y al

acceso a cargos públicos, los cuales estima vulnerados por la

FISCALÍA con ocasión de las reubicaciones laborales que le ha

impuesto y a la asignación de funciones distintas a las de su perfil

profesional, en su condición de servidora de la entidad.

I.2.- Hechos

Indicó que participó en la convocatoria efectuada en el año 2021 por

la FISCALÍA para proveer 500 cargos en carrera administrativa de

la planta global de la entidad.

Manifestó que se inscribió como aspirante al empleo denominado

“PROFESIONAL DE GESTION II, área ADMINISTRATIVA y proceso DE

APOYO – GESTION FINANCIERA”, para lo cual se requería título

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profesional en contaduría pública, matrícula o tarjeta profesional, un

año de experiencia profesional.

Agregó que, mediante Resolución núm. 2036 de 31 de marzo de

2023, expedida por la dirección ejecutiva de la FISCALÍA, fue

nombrada en período de prueba en el cargo ofertado de profesional

de Gestión II, identificado con el código OPECE núm. I-110-45(7),

ubicado en el PROCESO GESTIÓN FINANCIERA, asignado a la

Dirección del CTI -Sección de Policía Judicial- en Santander.

Precisó que a través de Resolución núm. 289 de 26 de mayo de 2023,

el director del CTI ordenó su traslado de la seccional Bucaramanga a

la Unidad de Policía Judicial de Vélez, donde pese a haber concursado

para un cargo administrativo de apoyo a la gestión financiera le

fueron asignadas funciones para el levantamiento de cadáveres,

interrogatorios, entrevistas, identificaciones humanas, flagrancias,

reseñas y delitos sexuales.

Comentó que el día 30 de mayo de 2023 elevó una petición ante la

dirección ejecutiva de la FISCALÍA, en la que puso en conocimiento

que no tenía el perfil profesional o experiencia relacionada con la

investigación directa de conductas de violencia, por lo que solicitaba

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su reubicación en el empleo para el cual había concursado.

Explicó que tuvo que participar en inspecciones de escenas de

suicidios, masacres, muertes violentas de adultos y menores, lo cual

afectó su salud al punto de que el 22 de junio de 2023, en cita de

psicología, fue diagnosticada con “trastorno de ansiedad”, mientras

que el 26 de junio siguiente en psiquiatría determinaron que padecía

de “trastorno de estrés agudo”, “trastorno de adaptación” y

“problema de tensión física o mental laboral”, razón por la que le

ordenaron medicamentos para controlar las afecciones.

Anotó que, con ocasión de su solicitud de reubicación, mediante

Resolución núm. 383 de 7 de julio de 2023, fue trasladada al Grupo

Investigativo de Anticorrupción con sede en la ciudad de

Bucaramanga, dependencia que conoce de delitos contra la

administración pública y dentro del cual se requiere contar con

profesionales en auditoría contable, por lo que en ese empleo sí tuvo

funciones acordes con su perfil, lo que llevó a que su estado de salud

mejorara.

Precisó que, una vez evaluada de forma satisfactoria, a través de

Resolución núm. 0046 de 14 de diciembre de 2023, la FISCALÍA la

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inscribió en el Registro Público de Inscripción de Carrera de la entidad

en el cargo de profesional de gestión II.

Agregó que, como consecuencia de una solicitud de traslado

recíproco que elevó, a través de Resolución núm. 0973 de 31 de

enero de 2024, la FISCALÍA dispuso su reubicación en el CTI -

Sección de Policía Judicial- en el departamento de Risaralda y,

mediante Resolución núm. 124 de 14 de febrero siguiente, la entidad

dispuso que desarrollaría sus funciones en la Sección de

Investigaciones- Unidad de Reacción Inmediata.

Anotó que el mismo 14 de febrero de 2014 tuvo que volver a

participar en una inspección de levantamiento de cadáver, lo que le

generó un ataque de pánico que la llevó a ser atendida en la clínica

COMFAMILIAR y, luego de ser valorada por psiquiatría, le dieron 4

días de incapacidad y le formularon medicamentos.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta

dado su estado de salud mental, razón por la cual requiere ser

reubicada en el empleo de gestión financiera para el cual concursó,

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acorde con su preparación académica y experiencia laboral.

Señaló que el trato que ha recibido por parte de la FISCALÍA no es

acorde con el mérito de acceso a cargos públicos como principio para

garantizar la igualdad de oportunidades, dado que se le ha

discriminado por la manera en que logró vincularse a la entidad.

Agregó que, si bien el ius variandi de su empleador es discrecional,

en tanto se concreta en la potestad de reubicación de los empleos de

la planta global, lo cierto es que esa facultad no es absoluta, por lo

que se encuentra limitada, entre otros factores, en la salud del

trabajador y el núcleo familiar de este que no se puede ver afectado.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] Primera

Proferir una sentencia de Acción de Tutela con enfoque diferencial
con perspectiva de género, atendiendo la dimensión formal y
material de implementar en el proceso medidas tendientes al logro
de una igualdad real y efectiva, que garantice una especial
protección a la histórica discriminación de la mujer, solicitando
identificar las situaciones de poder y de desigualdad estructural de
las partes en litigio, no para actuar en forma parcializada, ni de

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conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos
vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la
discriminación asociada al género no dificulte o frustre la tutela
judicial efectiva de los derechos.

Segunda

Se me permita ejercer en la ciudad de Pereira, el empleo
denominado PROFESIONAL DE GESTION II, identificado con el
código OPECE No. l-110-45- (6), en el área ADMINISTRATIVA y el
Proceso de Apoyo, Subproceso de GESTIÓN FINANCIERA, según el
perfil profesional (Contador Público), establecido en el Concurso
Público de Méritos 001 de Fiscalía General de la Nación 2021, y de
acuerdo al Manual de Funciones de la Entidad, conforme a los
derechos de carrera administrativa que hoy ostento.

Segunda Subsidiaria

Se me permita ejercer en la ciudad de Bucaramanga, (arraigo
anterior) el empleo denominado PROFESIONAL DE GESTION II,
identificado con el código OPECE No. l-110-45-(6), en el área
ADMINISTRATIVA y el Proceso de Apoyo, Subproceso de GESTIÓN
FINANCIERA, según el perfil profesional (Contador Público),
establecido en el Concurso Público de Méritos 001 de Fiscalía
General de la Nación 2021, y de acuerdo al Manual de Funciones
de la Entidad, conforme a los derechos de carrera administrativa
que hoy ostento.

Tercera

Indicar, prevenir y conminar a la entidad, para que se abstenga de
tomar represalias o sanciones en mi contra por radicar la presente
acción de tutela, ni por mi estado de salud mental y emocional.

Cuarta

Ordenar implementar y desarrollar medidas afirmativas con
enfoque diferencial de género, destinadas a contribuir a la
recuperación de mi salud mental […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La Dirección Ejecutiva de la FISCALÍA señaló que conforme

con el artículo 13 de la Resolución núm. 0-0694 de 14 de abril de

2021, delegó en el director del CTI la facultad de definir dentro de su

circunscripción administrativa la ubicación de los servidores en los

grupos, seccionales y departamentos, conforme con su perfil,

experiencia y necesidades.

Explicó que, en consecuencia, a través de correo electrónico de 15

de febrero de 2024 dio traslado a la Dirección del CTI para lo de su

competencia.

Indicó que los nombramientos iniciales de los concursantes del

proceso de selección por mérito se hacen en período de prueba por

el término de 6 meses, sin que durante dicho término se les pueda

efectuar movimiento alguno que implique el ejercicio de funciones

distintas a las indicadas en la convocatoria.

Expuso que una vez posesionado el servidor puede solicitar ante su

seccional su traslado, para que esta evalué a partir de la existencia

de vacantes y la necesidad del servicio la petición, sin que en el

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presente caso advierta que la actora haya adelantado trámite alguno

al respecto, “[…] tornando la presente solicitud de protección

improcedente, por causa imputable a la misma servidora […]”.

Adujo que conforme con las normas de la convocatoria, los

nombramientos en período de prueba se realizarían acorde con las

necesidades del servicio en cualquiera de los empleos de la planta

global de la entidad distribuidos por todo el territorio, sin que sea

procedente que el elegible exprese un derecho subjetivo en relación

con una ubicación en específico.

Manifestó que, en relación con los servicios de salud que requiera la

actora, continuará efectuando los aportes a seguridad social

respectivos, por lo que corresponde a su EPS la atención respectiva,

independiente del lugar en donde se encuentre asignado su empleo.

I.5.2.- La Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de

la FISCALÍA señaló que los aspirantes a vinculación a través de

concurso de mérito están sometidos a las reglas de la convocatoria,

además que su planta es global por lo que es debido a la necesidad

del servicio que se hace la distribución de los empleos.

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Agregó que la presente acción de tutela es improcedente por falta

del requisito general de subsidiariedad, comoquiera que la actora

tiene a su disposición el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de la

resolución, a través de la cual se dispuso su reubicación.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de marzo de 2024, luego de

determinar que la presente acción de tutela cumplía con los

requisitos generales de procedibilidad, realizó el estudio del fondo del

asunto para concluir que debía conceder el amparo solicitado.

Indicó que era procedente la presente acción de tutela, dado que este

mecanismo “[…] resulta ser el que garantice la efectividad de los

derechos fundamentales invocados como vulnerados, ya que es

evidente que se está produciendo una afectación laboral, física y

mental a la accionante […]”.

Manifestó que estaba probado que pese a que la actora aprobó el

concurso para proveer la vacante del empleo PROFESIONAL DE

GESTIÓN II, identificado con el código OPECE No. I-110-45-(7),

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ubicada en el proceso de GESTIÓN FINANCIERA, la FISCALÍA la

nombró en el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II en el Cuerpo

Técnico de Investigación CTI -Sección de Policía Judicial en

Santander.

Expuso que en el referido cargo la actora debía atender actos

urgentes con el Grupo de Inspección Técnica a Cadáveres y las

diligencias propias de esa dependencia, las cuales no tenían relación

con su perfil profesional.

Mencionó que estaba probado que la actora ha sido atendida por las

especialidades de psiquiatría y psicología y fue diagnosticada con

trastornos de estrés y ansiedad, como consecuencia de las labores

que ha venido desempeñando en la entidad accionada.

Afirmó que, por solicitud de traslado recíproco elevada por la actora,

en el mes de enero de 2024, fue reubicada en la ciudad de Pereira y

asignada a la URI de esa ciudad, en donde también ha tenido que

ejercer funciones de policía judicial que no son acordes a su perfil

profesional.

Explicó que encontraba acreditado que los derechos deprecados por

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la actora fueron vulnerados, dado que además de tener que “[…]

ejercer sus funciones en Secciones de Policía Judicial ha tenido que

soportar fuertes cargas emocionales, que le han generado impactos

importantes en su estado de salud física y mental que en forma

alguna debe soportar, en razón a que el cargo para el cual concursó

correspondía a aquellos que debían desarrollarse en los procesos de

gestión financiera de la Fiscalía[…]”.

Anotó que, si bien la vinculación laboral de la accionante con la

FISCALÍA obedeció a un concurso abierto de méritos, lo que le

exigía acogerse a las reglas de la convocatoria respectiva, por lo que

una vez nombrada en período de prueba podía ubicarse en cualquier

distrito por razones del servicio, lo cierto es que su nombramiento

nunca se hizo de acuerdo con su perfil, competencias, habilidades y

experiencia.

Apuntó que, en ese orden de ideas, dentro de las 48 horas siguientes

a la notificación de esa decisión, la FISCALÍA debía nombrar a la

actora en un cargo que tuviera relación con el de PROFESIONAL DE

GESTION II, identificado con el código OPECE No. l-110-45-(6), área

ADMINISTRATIVA y el Proceso / Subproceso PROCESO DE APOYO –

GESTION FINANCIERA para el cual concursó.

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Para lo anterior dispuso:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, la salud y la vida digna de la señora Leydy
Giovanna Delgado Ospina, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la accionada
Fiscalía General de la Nación que teniendo en cuenta la
preparación, capacitación, conocimiento y experiencia en
contaduría pública, proceda en el término improrrogable de 48
horas a nombrar a la señora Leydy Giovanna Delgado Ospina,
en un cargo que tenga relación con el de PROFESIONAL
DE GESTION II, identificado con el código OPECE No. l-
110-45-(6), área ADMINISTRATIVA y el Proceso /
Subproceso PROCESO DE APOYO – GESTION FINANCIERA
para el cual concursó, aprobó y que además fue ofertado en
convocatoria pública adelantada por la Entidad y que se ajuste
al Manual de Funciones de la Entidad, debiendo, en lo sucesivo,
abstenerse de efectuarle nombramientos que no tengan relación
con el cargo para el cual concurso y que deban desarrollarse en
un grupo distinto al de Gestión y Apoyo Administrativo […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La FISCALÍA impugnó la sentencia proferida en primera instancia

indicando de forma previa que debe declararse la nulidad de todo lo

actuado por el TRIBUNAL, comoquiera que, en su sentir, carecía de

competencia para tramitar en primera instancia la acción de tutela

de la referencia, porque conforme con el Decreto 333 de 6 de abril

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de 20213, debía haber sido repartida a los juzgados del circuito.

Expuso que, en todo caso, en cumplimiento de la orden de amparo,

expidió la Resolución núm. 2104 de 4 de marzo de 2024, a través de

la cual dispuso la reubicación de la actora en la subdirección regional

de apoyo al eje cafetero, para que pueda ejercer sus funciones de

acuerdo con su preparación, capacitación y experiencia en contaduría

pública.

Adujo que debía modularse el fallo de primera instancia, dado que

para dar cabal cumplimiento a este debería efectuar un nuevo

nombramiento en período de prueba, lo que “[…] conllevaría, más

que una protección constitucional a los derechos de la accionante, en

consideración de este despacho, afectaría los derechos adquiridos

como servidora en propiedad de la entidad […]”.

Anotó que la actora fue nombrada en período de prueba, evaluada e

inscrita en el registro de carrera, lo que significaba que se trata de

una servidora nombrada en propiedad, por lo que lo adecuado para

3
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".

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el cumplimiento de la orden de amparo es su reubicación a una

dependencia en donde pueda ejercer funciones acordes con su perfil.

Afirmó que, en ese orden de ideas, debía modularse la orden de

amparo o, en su lugar, decretarse el cumplimiento con las

actuaciones que adelantó para tal efecto.

Arguyó que cada elegible debe remplazar la ubicación y despacho del

servidor en provisionalidad saliente conforme con las necesidades del

servicio, con el fin de no afectar el funcionamiento de la entidad, sin

que en la convocatoria se hayan ofertado ubicaciones específicas.

Explicó que los cargos de profesional de gestión II sí pueden

desempeñar sus funciones en el CTI, área que cuenta con personal

profesional en contaduría pública, de tal forma que en el año 2023 a

solicitud de la actora y, en atención a sus condiciones de salud, fue

reubicada en el grupo investigativo de anticorrupción, para que

ejerciera sus funciones conforme con su perfil.

Destacó que la reubicación ordenada mediante Resolución núm. 0973

de 31 de enero de 2024, acaeció como consecuencia de una solicitud

de traslado reciprocó elevada por la actora que no tuvo en cuenta

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que la designación sería en el cargo del servidor objeto de

intercambio, el cual tenía funciones de policía judicial.

Insistió que los servicios de salud que requiera la actora deberán ser

prestados por su EPS, dado que los aportes al sistema de seguridad

social se seguirán efectuando sin importar el lugar geográfico donde

se preste el servicio.

Argumentó que comoquiera que la presente acción de tutela está

dirigida a cuestionar una serie de actos administrativos, la misma se

torna improcedente, dado que para tal efecto la actora cuenta con

los mecanismos ordinarios, sin que se advierta la configuración de

un perjuicio irremediable.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se referirá a la

solicitud de nulidad elevada por la entidad accionada.

La FISCALÍA fundamentó su solicitud bajo el argumento de que, en

su sentir, la acción de tutela debió ser tramitada en primera instancia

por los jueces del circuito, en atención a las reglas de reparto

previstas en el Decreto 333 de 2021.

Al respecto la Sala destaca que la solicitud de la entidad mencionada

no tiene vocación de prosperar, dado que en primer lugar la presunta

irregularidad debió ser alegada en el momento en que aquella fue

notificada de la admisión de la solicitud de amparo, por lo cual su

silencio en dicha oportunidad implicaría el saneamiento, en los

términos del numeral 1 del artículo 136 del Código General del

Proceso5.

En segundo lugar, la Sala destaca que conforme con el Decreto 2591

de 19 de noviembre de 19916, son factores de competencia el

territorial (lugar de vulneración del derecho fundamental o donde se

5
“[…] ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los
siguientes casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla […]”.
6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”

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producen sus efectos); el subjetivo (en acciones de tutela dirigidas

contra medios de comunicación y ahora contra la Jurisdicción

Especial para la Paz); y el funcional (determinado para el superior

del juez que profirió decisión en primera instancia para conocer de la

impugnación).

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha precisado que sólo

en dichos casos es dable declarar la falta de competencia en acciones

de tutela, dado que las reglas previstas en el Decreto 333 de 2021

son normas de reparto que no pueden ser utilizadas por las

autoridades judiciales para tal efecto.

Así lo ha señalado dicha Corporación7:

“[…] 2. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de
conformidad con las normas constitucionales y legales
estatutarias respectivas, existen tres factores de asignación de
competencia en materia de tutela: (i) el factor territorial; (ii) el
factor subjetivo; y (iii) el factor funcional.

3. Igualmente, la Corte ha aclarado que las disposiciones
contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de
competencia de los despachos judiciales, sino únicamente
pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el
mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las
autoridades judiciales para declarar su falta de competencia.
Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al
acceso a la administración de justicia, dado que no existe

7
Corte Constitucional, auto Auto 087/22, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

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fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como
un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto
en sede de instancia. En consecuencia, a partir de la
jurisprudencia constitucional consolidada en esta materia, está
prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de
competencia en las acciones de tutela, con base en la
inobservancia de las reglas de reparto […]”

Por lo anterior, la Sala denegará la solicitud de nulidad elevada por

la FISCALÍA, como en efecto se dispondrá en la parte motiva de

esta providencia.

Caso concreto

En el presente caso, la actora solicitó que, como consecuencia del

amparo a los derechos deprecados, se ordenara a la FISCALÍA

permitirle ejercer el cargo que ganó por concurso de méritos,

conforme con su perfil profesional como contadora pública y manual

de funciones de la entidad.

El disenso de la actora radicó en el hecho de que, pese a haber sido

nombrada por concurso de mérito en el cargo de Profesional de

Gestión II, ha sido asignada a través de reubicaciones a subprocesos

de la entidad relacionados con funciones de policía judicial de

levantamiento de cadáveres, no obstante, de haber concursado por

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un empleo del área administrativa y financiera.

La actora afirmó que no está capacitada para el desarrollo de las

funciones de policía judicial que le han sido asignadas, lo cual le ha

generado problemas de salud mental, dado las patologías

psiquiátricas generadas por las escenas que ha visto durante su

ejecución.

En el curso de la primera instancia, el TRIBUNAL concedió el amparo

a los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la

salud y a la vida digna de la actora y, en consecuencia, ordenó a la

FISCALÍA que la nombrara un cargo que tenga relación con el de

PROFESIONAL DE GESTION II, identificado con el código OPECE núm.

l-110-45-(6), área ADMINISTRATIVA y el Proceso / Subproceso

PROCESO DE APOYO – GESTION FINANCIERA, teniendo en cuenta la

preparación, capacitación, conocimiento y experiencia en contaduría

pública de aquella.

La FISCALÍA impugnó la decisión proferida en primera instancia

ilustrando sobre i) la improcedencia de la acción de tutela por

subsidiariedad; ii) la reubicación que hizo de la actora en

cumplimiento de la orden de amparo; iii) la necesidad de modulación

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de esta ante la inconveniencia de un nuevo nombramiento o la

declaratoria de acatamiento con las gestiones que ha adelantado y;

iv) la explicación de las razones por las cuales la actora estaba

desempeñando las funciones cuestionadas, dado el traslado

recíproco que aquella misma había solicitado.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si hay lugar a confirmar,

modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual, en primer lugar, debe establecer si la solicitud de amparo

cumple con el requisito de subsidiariedad y, de ser así, en segundo

lugar, determinar si la FISCALÍA ha vulnerado los derechos

fundamentales de la actora al asignarle funciones que no

corresponden a su perfil profesional y que han afectado su salud

mental.

Además, teniendo en cuenta que la accionada informó sobre las

actuaciones que ha adelantado para la garantía de los derechos

deprecados en cumplimiento de la orden de tutela, la Sala analizará

dicho aspecto para determinar si hay lugar a declarar la carencia de

objeto por hecho superado.

Del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En materia de procedencia de la acción de tutela contra actos

administrativos de reubicación o traslado laboral, la Corte

Constitucional ha señalado que para tal efecto se requiere que la

decisión cuestionada sea ostensiblemente arbitraria, esto es, que

«carezca de fundamento alguno en su expedición».

Además de lo anterior se requiere que se configure al menos uno de

estos supuestos: i) que el traslado afecte la salud del servidor público

o de alguno de los familiares, ii) que la decisión de reubicación sea

intempestiva y ocasione la ruptura del núcleo familiar que no tenga

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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carácter de transitoria, o iii) que el traslado ponga en peligro la vida

o integridad del servidor o de alguno de los miembros del núcleo

familiar.

Así lo ha indicado la referida Corporación9:

“[…] Del anterior recuento jurisprudencial, se concluye que siempre
que sea posible constatar que el traslado o la ausencia de
autorizarlo: (i) implica la ruptura material del núcleo familiar, (ii) le
impone cargas desproporcionadas e irrazonables al trabajador o a su
familia, (iii) puede poner en peligro sus vidas o integridad personal,
o (iv) afecta de manera significativa las condiciones que posibilitan
que los familiares reciban las atenciones que requieren para asegurar
su salud y su vida digna, la acción de tutela procede como
mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
[…]”.

En el presente caso está acreditado que los días 22, 26 de junio de

2023 y 14 de febrero de 2024, la actora acudió a consultas por

psicología y psiquiatría, con ocasión de episodios de ataques de

pánico que ha sufrido como consecuencia de las labores que ha

tenido que ejecutar en la FISCALÍA relacionadas con levantamientos

de cadáveres.

Además, la entidad accionada no desmintió que en efecto pese a que

la actora es contadora pública le ha asignado funciones relacionadas

9
Corte Constitucional, sentencia T 136 de 2023, MP Natalia Ángel Cabo.

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con levantamientos de cadáveres, funciones frente a las cuales

aquella le ha manifestado su falta de capacitación y experiencia.

Lo anterior pone en evidencia que la reubicación objeto de

controversia y en general las funciones que le han sido asignadas a

la accionante pueden llegar a causar un perjuicio irremediable en su

salud, lo cual ameritaba un estudio del fondo del asunto como bien

lo determinó el a quo.

Del cumplimiento de la orden de amparo y la solicitud de

modulación

En cumplimiento del fallo proferido en primera instancia, a través de

Resolución núm. 2104 de 4 de marzo de 2024, la FISCALÍA ordenó

la reubicación de la actora, conforme con su preparación,

capacitación y experiencia en contaduría pública, así:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- REUBICAR el empleo que se
relaciona a continuación, con el fin de que ejerza funciones
conforme su preparación, capacitación, conocimiento y
experiencia en contaduría pública, en cumplimiento del fallo
de tutela de primera instancia proferido por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Risaralda – sala segunda de
decisión, mediante providencia del 4 de marzo de 2024,
dentro del expediente radicado
No.66001233300020240005900, sin perjuicio que la segunda
instancia del proceso de tutela en mención revoque el fallo de
tutela de primera instancia, de conformidad con las

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consideraciones expuestas en el presente acto administrativo,
así:

[…]”.

De lo anterior se infiere que la actuación adelantada por la FISCALÍA

acaeció en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia

de primera instancia, por lo que no se encuadra dentro de la

definición de hecho superado contenida en el artículo 26 del

Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:

“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.

Empero, para establecer si se configuró o no la carencia actual de

objeto de la presente tutela, por hecho superado, es menester

precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha sostenido sobre

este concepto.

Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte

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Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:

“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la
acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva
protección de los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que
se ve materializada con la emisión de una orden por parte del
juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue
en el tiempo[33].

Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al
juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada
orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los
derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho
superado’”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de
2009:

“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección
se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela.”

Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes

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de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación[35].En este último
evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la
acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un
objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].

En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se
presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo
de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y
determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:

‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces
de tutela de instancia o en el transcurso de este y así
lo declaran en las respectivas providencias, la Sala
de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto
y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de
su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.

ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a
tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el
amparo de los derechos fundamentales invocados y así
no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que
no se proceda a impartir orden alguna […]”.

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Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte

precisó:

“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que
se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza
de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera
el Juez caería en el vacío[10].

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…)
la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad
sin la intervención de la autoridad del Estado […]”
(Negrilla y subrayas por fuera del texto original).

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes

elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho

superado:

1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un

[10] SU - 540 de 2007

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derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por

la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.

2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como

medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda

instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o

amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,

porque se satisface lo pedido en la tutela.

La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que

eventualmente decretaría el juez, carecería de objeto y, por ende,

se torna inoficiosa.

Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe

diferenciar la labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación

en sede de revisión, por cuanto “(…) no es perentorio para los Jueces

de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis

sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la

demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran

que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del

caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de

conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o

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para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su

repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo

prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es

potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio

para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad

suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de

determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección

se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos,

tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es

que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad

se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción

de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que

autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia

actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia

de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la

inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a

las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor

del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que

la jurisprudencia constitucional ha denominado hecho superado,

pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la

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orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como

estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e

incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de

dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de

un juez para garantizar los derechos fundamentales deprecados.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden

de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que

debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por

cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho

reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, el TRIBUNAL no hubiese concedido el

amparo y aun así la FISCALÍA hubiese reubicado a la actora, ya que

en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por

cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es

inane decretar orden alguna, en atención a que la situación de

vulneración ya fue superada.

Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está

previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en

cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador

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desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna

encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la

intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y

estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.

Aunado a lo anterior, cabe anotar que la Sala encuentra que fue

acertada la decisión del a quo, teniendo en cuenta que pese a que a

través de Resolución núm. 2036 de 31 de marzo de 2023, la actora

fue nombrada en período de prueba “[…] en el cargo ofertado por el

Concurso de Méritos FGN 2021, para la provisión en carrera especial

de una (1) vacante definitiva del empleo denominado profesional de

gestión II identificado con el código OPEC No. I-110-45- (7), ubicada

en el proceso de GESTIÓN FINANCIERA […]”, lo cierto es que durante

las diferentes asignaciones a dependencias de la entidad a la actora

le han sido asignadas funciones que no corresponden con su perfil

profesional, experiencia y empleo al que aspiró en la convocatoria

aludida, como es las diligencias de levantamiento de cadáveres, esto

último que evidentemente es arbitrario, infundado e irrazonable.

Asimismo, cabe resaltar que no resulta necesario modular la orden

impartida por el a quo, porque si bien este ordenó a la FISCALÍA

nombrar a la actora en un cargo que tuviera relación con el cual

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concursó, teniendo en cuenta su preparación, capacitación,

conocimiento y experiencia en contaduría pública, al interpretar dicha

decisión bajo el contexto del caso, es claro que esto no implica una

nueva nominación en período de prueba como lo entiende la entidad

accionada, sino la reubicación de la servidora en una dependencia en

la que pueda desempeñar labores acordes a su perfil profesional y al

empleo que aplicó en la convocatoria.

Además, lo cierto es que tal situación ya acaeció con la reubicación

ordenada en la Resolución núm. 2104 de 4 de marzo de 2024, frente

a la cual la actora no ha manifestado inconformidad alguna, lo que

torna innecesario emitir orden en sentido diferente.

La Sala no desconoce el argumento de la FISCALÍA según el cual

sostiene que la reubicación de la actora ordenada mediante

Resolución núm. 0973 de 31 de enero de 2024, obedeció a una

solicitud de traslado reciproca elevada por aquella, por lo que debía

ser asignada en el mismo empleo del otro servidor trasladado, no

obstante, tal circunstancia no es justificante para que la entidad

atribuya funciones a una servidora cuyo perfil no es el apropiado para

su ejecución, pues tal situación no solo desconoce los derechos

fundamentales de esta, sino que pone que en riesgo el buen

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funcionamiento de la institución.

Cabe anotar que, tal y como lo determinó el a quo, comoquiera que

la vulneración de los derechos fundamentales deprecados resultaba

evidente, en particular, el derecho a la salud de la actora, era

procedente conceder el amparo de forma definitiva, en concordancia

con decisiones en igual sentido proferidas por la Corte Constitucional,

en asuntos como el presente.

Al respecto en sentencia T-308 de 2015, con ponencia del magistrado

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte Constitucional indicó lo

siguiente:

“[…] Desde esa óptica, no cabe duda para esta Sala de
Revisión que debe concederse el amparo solicitado, como
mecanismo definitivo de protección, para controvertir la
decisión adoptada por la Secretaría de Educación del
Departamento de Córdoba, puesto que la misma comporta,
como se acabó de ver, la violación de los derechos
fundamentales de la docente Beatriz Suárez Castillo, lo que se
proyecta, así mismo, en los derechos, garantías e intereses de
sus hijos, tornándolos nugatorios.

Con ese criterio, habrá de concederse, sin más, la protección
solicitada y, en consecuencia, se ordenaría la reubicación
inmediata de la actora, en su calidad de docente, a un
establecimiento educativo de un municipio cercano a Corozal,
Sucre […]” (Destacado fuera de texto)

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De igual forma, en sentencia T- 159 de 2017, con ponencia de la

magistrada María Victoria Calle Correa, la referida Corporación

indicó:

“[…] Si bien la accionante pudo acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa en procura de perseguir la nulidad de
los actos administrativos a los que les atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales, además del restablecimiento de los
mismos, y solicitar las medidas cautelares pertinentes para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia, conforme a los artículos 229 y 230
de la Ley 1437 de 2011[61], la Corte ha aceptado que se acuda
al mecanismo del amparo constitucional cuando se pretende
dejar sin efectos actos administrativos que presuntamente
lesionan derechos de carrera, como puede ocurrir en el presente
caso con el derecho al traslado de un servidor judicial por
razones de salud. Además, ha estimado que la acción de
tutela proporciona una solución más integral, máxime
cuando está en entredicho el derecho a la salud de quien
acude a ella, por lo que se constituye en el mecanismo
idóneo y eficaz para dar una protección inmediata y
definitiva […]” (Destacado fuera de texto).

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia

impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de nulidad formulada por la

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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39

Número único de radicación: 660012333000 2024 00059 01
Actora: Leydy Giovanna Delgado Ospina

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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