Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00107-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de marzo de 2025
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00107-01
Accionante: Diego Armando Garzón Velásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00107-01
Accionante: Diego Armando Garzón Velásquez
Accionado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional -
Estación de Policía C1 Popular y C2 Santa Cruz
Vinculados: Distrito de Medellín e Inspección de Policía – Centro
de Resolución de Comparendos de Medellín.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en contra
de la sentencia de tutela de 12 de febrero de 2025 proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia1, que amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data del accionante.
I. LA SOLICITUD
El señor Diego Armando Garzón Velásquez presentó acción de tutela contra
la Policía Nacional - Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
• Estación de Policía C-1 Popular y C-2 Santa Cruz2, por considerar que dicha
autoridad ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al
habeas data, debido al incumplimiento de lo dispuesto en la Orden de Policía
N.º 478 del 14 de octubre de 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA
EL DECAIMIENTO DE UNAS MEDIDAS CORRECTIVAS, SE INAPLICAN UNAS
ÓRDENES DE COMPARECENCIA Y NO SE IMPONE MULTA”.
Señaló que, de conformidad con la Orden de Policía nro. 478 de 14 de
octubre de 2022, tiene derecho al descargue y eliminación de los
comparendos que le fueron impuestos con ocasión a la pandemia generada
por el COVID -19 y que aún le registran en estado abierto en el Sistema de
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.
Manifestó que la Policía Nacional, se ha negado a aplicar la Orden nro. 478
de 14 de octubre de 2022.
1 En adelante el Tribunal.
2 En adelante la Policía Nacional
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Accionante: Diego Armando Garzón Velásquez
Indicó que, luego de resolver la situación en el Centro de Resolución de
Comparendos, donde se decidió “NO IMPONER MEDIDAS”, se dirigió a las
instalaciones de la Policía Nacional, donde le informaron que no era posible
"bajar" los comparendos anotados, ya que debía aportar los certificados de
participación en un curso pedagógico de convivencia, el cual se dicta para
dar aplicación a la medida correctiva impuesta.
Sostuvo que el 10 de enero de 2025 presentó una petición ante la Policía
Nacional, y que en respuesta le informaron nuevamente que no era posible
descargar los comparendos.
Resaltó que en repetidas ocasiones ha intentado inscribirse a través de la
página web al curso pedagógico de convivencia, situación que no ha sido
posible, toda vez que no cuenta con la opción de hacer clic en “Inscribirse”,
lo que, a su juicio, le impone una carga que no tiene el deber de soportar.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 3 de febrero de 2025, el magistrado sustanciador del
Tribunal: i) impartió el trámite de acción de tutela a la solicitud elevada por
el accionante3; ii) admitió la acción de tutela en contra del Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional - Estación de Policía C1 Popular y C2
Santa Cruz y; iii) vinculó al Distrito de Medellín y a la Inspección de Policía-
Centro de Resolución de Comparendos de Medellín con el fin de que rindieran
informe sobre los hechos expuestos por el accionante.
2.2. La Inspectora de Policía Urbana del Centro de Resolución de
Comparendos presentó informe en el que expuso lo siguiente:
Respecto al comparendo N° 05-001-6-2021-4882, no se indica con
exactitud la norma que se aplica al ciudadano, sino que, por el contrario, se
limita a hacer referencia al decreto emitido por la Gobernación de Antioquia;
por lo que, al tratarse de un trámite sancionatorio, no puede omitirse la
especificación de la norma en virtud de la cual se impone el comparendo al
ciudadano.
En cuanto al comparendo N° 05-001-6-2021-19260, aunque se menciona
una norma, no se especifica claramente la fecha de su expedición, lo que
genera confusión al momento de sancionar al ciudadano, ya que las normas
para los trámites deben ser claras y no dejar vacío alguno.
Frente al comparendo N° 05-001-6-2021-18492, señala que, si bien se
indica la norma, esta ha perdido vigencia.
3 Inicialmente, el accionante había presentado una Acción de Cumplimiento.
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Manifestó que, la Alcaldía de Medellín reconoce que las normas vigentes
relacionadas con el COVID-19 han sido derogadas por el Gobierno Nacional,
y que, con el tiempo, conforme a lo indicado por la misma Corte
Constitucional, estas normas van perdiendo sus efectos. Por lo tanto,
considera que no existe fundamento alguno para que la Policía Nacional exija
al ciudadano el cumplimiento de la medida de curso o actividad pedagógica,
ya que, con la expedición de la Orden de Policía 487 de 2022, muchas de
las disposiciones emitidas durante la pandemia han sido derogadas. En
consecuencia, afirma que mantener estas medidas vulnera los derechos de
los ciudadanos, pues, de no cerrar tales registros, según la Ley 2197 de
2022, se generarán consecuencias que impedirán al ciudadano acceder a
situaciones que normalmente podría desarrollar.
2.3. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
presentó informe en el que solicita ser desvinculado, argumentando que
carece de legitimación en la causa por pasiva respecto de las pretensiones
de la demanda.
Refirió el artículo 207 de la Ley 1801 de 2016 y la Circular 201960000199
de 2019, relacionadas con la estructura interna del Distrito de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín en materia de autoridades
administrativas especiales de Policía. Mencionó el Decreto 113 de 2022
sobre la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, concluyendo que la
Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, mientras que la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia
tienen un carácter meramente colaborativo.
Resaltó que dicha entidad no ha realizado ninguna conducta cuya omisión o
falta de verificación haya generado la violación a un derecho fundamental,
ya que no conoció de la petición del accionante y no dispone de los recursos
ni las herramientas necesarias para cumplir con lo solicitado.
2.4. El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional presentó
escrito en el que cita pronunciamientos de la Corte Constitucional
relacionados con el derecho de petición, para concluir que la respuesta
otorgada no necesariamente implica acceder a lo solicitado por el
interesado.
Indicó que la respuesta a la petición presentada por el accionante fue
atendida el 21 de enero de 2025 mediante comunicado oficial con radicado
GS-2025-017837-MEVAL, el cual fue debidamente notificado a través de la
cuenta corporativa de la institución:
giovanny.piamonte@correo.policia.gov.co, y enviado a la dirección de
correo electrónico: dgarzonv68@gmail.com, adjuntando una captura de
pantalla como prueba.
Señaló que, en relación con la medida correctiva impuesta por funcionarios
adscritos a la Estación de Policía Santa Cruz y conforme a los preceptos
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normativos aplicables, aunque la Policía Nacional es la encargada de
imponer dichas medidas, es la administración municipal, representada por
sus Secretarías, la que tiene la facultad de hacerlas efectivas mediante
programas pedagógicos. Esto se debe a que las Administraciones
Municipales deben disponer de programas que permitan a los ciudadanos
infractores cumplir con dichas actividades y certificar lo realizado. Una vez
completado este proceso, los infractores pueden ser presentados ante la
Policía Nacional, quien tiene la responsabilidad de actualizar la información
en la plataforma digital del Registro Nacional de Medidas Correctivas.
Indicó que, el accionante debe cumplir con la medida de participación en el
programa pedagógico y, una vez realizada la actividad, deberá presentar el
paz y salvo y/o la certificación emitida por la administración municipal a la
institución policial, en este caso, la Estación de Policía Santa Cruz. Este
documento debe certificar que el ciudadano ha participado en los programas
comunitarios o en la actividad pedagógica. Con esta certificación, la unidad
policial y el responsable de la oficina RNMC procederán a efectuar el cierre
correspondiente de la medida impuesta.
Solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, al no
encontrarse configurada la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante. Afirmó que la Policía Nacional actuó dentro del marco de su
competencia, dado que es la administración municipal la encargada de
certificar la participación en los programas comunitarios.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal, mediante sentencia de 12 de febrero de 2025, resolvió amparar
los derechos fundamentales del accionante, disponiendo lo siguiente:
“(…) PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso y al habeas data del señor DIEGO ARMANDO GARZÓN
VELÁSQUEZ, vulnerado por la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA,
el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN y la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y
CONVIVENCIA, CENTRO DE RESOLUCIÓN DE COMPARENDOS.
SEGUNDO. - Se ORDENA al DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN y a la SUBSECRETARÍA DE
GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA, CENTRO DE RESOLUCIÓN DE
COMPARENDOS, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, dentro del rango
de sus competencias y de manera mancomunada, expidan en favor del
señor DIEGO ARMANDO GARZÓN VELÁSQUEZ la certificación de las
actividades pedagógicas que corresponda para que le sean desmontadas
las medidas correctivas y/o comparendos No. 05-001-6-2021-4882, 05-
001-6-2021-18492 y 05-001-6-2021-19260, teniendo en cuenta lo
dispuesto mediante la Orden de Policía No. 478 de 2022; certificación
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que deberá ser entregada y notificada al ciudadano en mención así
mismo a la POLICÍA NACIONAL.
TERCERO. - Se CONMINA al señor DIEGO ARMANDO GARZÓN
VELÁSQUEZ para que luego de recibir la certificación expedida por el
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN o quien esta crea competente para expedirlo, allegue el
documento en el término de la distancia a la ESTACIÓN DE POLICÍA
SANTA CRUZ, tal como fue indicado por la POLICÍA NACIONAL en la
contestación de la tutela.
CUARTO. - Se ORDENA al MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA
NACIONAL DE COLOMBIA, ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ,
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la
recepción del certificado en mención, por parte del ciudadano DIEGO
ARMANDO GARZÓN VELÁSQUEZ, la unidad policial y el responsable
de la oficina del REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
RNMC desmonte las medidas correctivas y/o comparendos, 05-001-6-
2021-4882, 05-001-6-2021-18492 y 05-001-6-2021-19260 que se
encuentran a nombre del señor DIEGO ARMANDO GARZÓN
VELÁSQUEZ, tal y como se ordenó en la Orden de Policía No. 478 de
2022. (…)”
Indicó después de analizar el marco normativo y jurisprudencial de los
derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data que, aunque en
principio la acción de tutela no sea el medio idóneo para impugnar el
descargue de las órdenes de comparendo, no se pueden obviar las
particularidades del caso, es decir, que existe una vulneración de varios
derechos fundamentales que afectan al actor y que siguen prolongándose
en el tiempo.
Señaló que, la negativa de las entidades a proceder con el desmonte de los
comparendos, los cuales carecen actualmente de un fundamento jurídico y
constitucional para mantenerse vigentes, genera en el actor diversos
inconvenientes y una clara vulneración de sus derechos fundamentales.
Agregó que ello resulta aún más grave considerando que la misma Ley 1801
de 2016, modificada por el Decreto 207 de 2022, establece en los artículos
182, 183 y 184 las consecuencias por el no pago de las multas.
Indicó que la Policía Nacional le sigue exigiendo al accionante la obligación
de realizar la actividad pedagógica que dispone el Distrito de Medellín, lo
cual vulnera su derecho fundamental al debido proceso.
IV. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín presentó impugnación contra la
sentencia de primera instancia, solicitando que se declare la carencia actual
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de objeto por hecho superado, argumentando que la situación fáctica que
originó la acción ya no es vigente, dado que la Secretaría de Seguridad y
Convivencia ya cumplió con las órdenes impartidas por el Tribunal en el fallo
de tutela.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
5.2. Cuestión previa
El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Policía
Nacional solicitaron su desvinculación del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, solicitudes que no fueron objeto de
pronunciamiento en primera instancia, por lo que previo a resolver la
impugnación, es preciso indicar que dichas solicitudes no proceden, dado
que, por un lado, el Distrito de Medellín fue vinculado al presente trámite
por tener interés en los hechos expuestos en la solicitud de amparo y,
eventualmente, resultar afectado con las resultas del proceso y; por otro
lado, la Policía Nacional fue demandada directamente por el accionante por
ser la autoridad que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales,
por lo que en esa calidad fue vinculada al presente trámite.
5.3. Hechos relevantes
5.3.1. La Policía Nacional, a través del Comando de la Policía Metropolitana
del Valle de Aburrá, Estación de Policía C-1 Popular, C-2 Santa Cruz, se negó
a aplicar la Orden N° 478 del 14 de octubre de 2022, en virtud de la cual se
debía proceder con el descargue y desanotación de los comparendos
impuestos al accionante debido a la pandemia del COVID-19, los cuales aún
figuran como pendientes en el Sistema de Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC).
5.3.2. El 10 de enero de 2025, el actor radicó un derecho de petición ante
la Policía Nacional con el fin de ser exonerado de cualquier multa correctiva
y/o actividad pedagógica conforme a la Orden de Policía N° 478 del 13 de
octubre de 2022, para lo cual solicitó el descargue de los comparendos N°
05-001-6-2021-4882, N° 05-001-6-2021-19260 y N° 05-001-6-2021-
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Accionante: Diego Armando Garzón Velásquez
18492, petición que fue negada mediante Oficio N° GE-2025-017837-
MEVAL.
5.3.3. Como consecuencia de lo anterior, el 31 de enero de 2025, el
accionante presentó acción de tutela con el objetivo de que se le ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data, solicitando
que se le cerraran en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)
las órdenes de comparendos previamente señaladas.
5.3.4. El Tribunal, mediante sentencia de 12 de febrero de 2025, amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data del
accionante y, en consecuencia, ordenó:
i) Al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, Centro de Resolución
de Comparendos, expedir en favor del accionante la certificación de las
actividades pedagógicas, para que sean desmontadas las medidas
correctivas y/o comparendos No. 05-001-6-2021-4882, 05-001-6-
2021-18492 y 05-001-6-2021-19260, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden de Policía No. 478 de 2022, certificación que debía ser
entregada y notificada tanto al ciudadano como a la Policía Nacional.
ii) Al Ministerio de Defensa - Policía Nacional de Colombia, Estación de
Policía Santa Cruz, para que dentro de las 48 horas siguientes a que
reciba la anterior certificación desmonte las medidas correctivas y/o
comparendos No. 05-001-6-2021-4882, 05-001-6-2021-18492 y 05-
001-6-2021-19260 que se encuentran a nombre del accionante, tal
como se ordenó en la Orden de Policía No. 478 de 2022.
5.4. Análisis de la Sala
El Distrito de Medellín impugnó la decisión de primera instancia,
argumentando que existe carencia actual de objeto por hecho superado, ya
que cumplió con la orden del fallo de tutela de expedir y entregar los
certificados de las actividades pedagógicas.
Sobre la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente:
“En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta
cuando antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo
solicitado. En efecto, “si lo pretendido con la acción de tutela era una
orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es
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Accionante: Diego Armando Garzón Velásquez
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando,
se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden
que impartiera el Juez caería en el vacío.
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que “(…) la
protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la amenaza
o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por tanto, para emitir
orden alguna tendiente a restablecer el orden jurídico quebrantado,
porque éste ha recobrado su normalidad sin la intervención de la
autoridad del Estado.”4
De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado:
1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un derecho
fundamental, cuando es amenazado o vulnerado por la acción o la omisión
de la autoridad o de un particular.
2. Que antes de que se profiera la decisión del Juez, esto es, como medida
cautelar, en la primera instancia, en la segunda instancia o en sede de
revisión, desaparezca la vulneración o amenaza de vulneración de los
derechos fundamentales, porque se satisface lo pedido en la tutela.
La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que
eventualmente decretaría el Juez carecía de objeto y, por ende, se torna
inoficiosa.
En el caso concreto, el Distrito de Medellín afirmó haber cumplido con la
orden de tutela, en razón a que expidió y entregó las certificaciones
ordenadas al correo electrónico del accionante DGARZONV68@GMAIL.COM,
por lo que solicita se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se
declare el "hecho superado".
Sobre el particular, es preciso indicar que no le asiste razón a la entidad
impugnante, ya que si bien alega dio cumplimiento a la orden dictada en el
fallo de tutela, lo cierto es que dichas actuaciones se dieron con ocasión
precisamente de la orden proferida en la sentencia de tutela de primera
instancia que amparó los derechos del accionante, por lo que, no se observa
que carezca de objeto la tutela, sino que, por contrario, fue con ocasión del
amparo ordenado por el juez constitucional que se logró el actuar de la
entidad demandada dirigido a proteger los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Adicionalmente, se debe precisar que la orden del Tribunal no se limitaba
únicamente a la entrega de dichas certificaciones, sino que también
ordenaba a la Policía Nacional a realizar el descargue de los comparendos
4 Corte Constitucional, Sentencia T 612 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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una vez remitidas las certificaciones, por lo que, no se puede afirmar que
las órdenes hayan sido cumplidas en su totalidad, ni que la vulneración de
los derechos fundamentales del accionante haya cesado.
Así las cosas, se considera que el presente caso no encuadra en la figura de
"hecho superado" por las siguientes razones: i) aunque el Distrito de
Medellín afirmó haber dado cumplimiento a la orden impartida por el
Tribunal, no se puede concluir que la orden de amparo carezca de objeto;
por el contrario, fue necesario proferir una sentencia judicial para proteger
los derechos fundamentales del accionante y; ii) no hay certeza de que las
órdenes impartidas por el Tribunal hayan sido cumplidas en su totalidad, ya
que involucraban a otras entidades, como la Policía Nacional, para el debido
descargue de las órdenes de comparendo. Esto implica que no se puede
asegurar que la vulneración de los derechos fundamentales del accionante
haya cesado.
En ese sentido, lo que corresponde es confirmar la sentencia de primera
instancia y prevenir a las autoridades demandadas para que, en adelante,
se abstengan de actuar sin que medie una decisión judicial, con el fin de
garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data
de los ciudadanos.
Por último, cabe señalar que el criterio aplicado en el proceso de la
referencia reitera las consideraciones adoptadas por la Sala en las
providencias del 22 de febrero5, 18 de abril6 y 30 de mayo de 20247.
En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data del
señor Diego Armando Garzón Velásquez vulnerado por la Policía Nacional de
Colombia, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la
Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, Centro de Resolución de
Comparendos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el Distrito de Medellín
y la Policía Nacional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
5 Expediente nro. 68001 23 33 000 2023 00859 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón.
6 Expediente nro. 66001 23 33 000 2024 00059 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón.
7 Expediente nro. 05001 23 33 000 2024 00627 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón.
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Accionante: Diego Armando Garzón Velásquez
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2025 proferida
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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