Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00859-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2023-00859-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2023-00859-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 680012333000-2023-00859-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA YANETH ALDANA QUINTERO
TESIS: SE CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE CASO
NO SE CONFIGURÓ CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, SINO LA CESACIÓN DE LA VULNERACIÓN POR EL
CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA SALUD, AL TRABAJO, AL
MÍNIMO VITAL, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, AL
DEBIDO PROCESO Y DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE BUCARAMANGA1 contra la sentencia de 19 de
enero de 2024, proferida en primera instancia por el TRIBUNAL
1
En adelante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
2
Número único de radicación: 680012333000 2023 00859 01
Actora: MARTHA YANETH ALDANA QUINTERO
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MARTHA YANETH ALDANA QUINTERO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la salud, al trabajo, al mínimo vital, a la
estabilidad laboral reforzada, al debido proceso y de petición, los
cuales estima vulnerados por la NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL2, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
BUCARAMANGA y el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA3, con ocasión al trámite
de reconocimiento de estabilidad laboral como docente provisional.
I.2.- Hechos
Indicó que fue nombrada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2
En adelante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
3
En adelante el JUZGADO.
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Actora: MARTHA YANETH ALDANA QUINTERO
como docente en provisionalidad en la Institución Educativa Rural
Bosconia de Bucaramanga, mediante Resolución 0155 de 23 de abril
de 2007.
Manifestó que el 16 de agosto de 2023, ante la proximidad de los
nombramientos en propiedad de docentes conforme con las
Convocatorias 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022, elevó petición
a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN para que reconociera su fuero
de estabilidad laboral reforzada por su condición de salud
deteriorada.
Expuso que con la solicitud allegó copia de su historia clínica, en la
que consta que padece, entre otros, de artrosis degenerativa de
cadera, coxartrosis primaria bilateral, esclerosis de las superficies
articulares de cóndilos femorales y platillos tibiales, lo que le dificulta
de forma significativa el desempeño de sus labores.
Sostuvo que su solicitud estuvo fundamentada en la Circular 024 de
21 de julio de 2023 expedida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
en la cual fueron establecidas orientaciones a las secretarías de
educación de todo el país para garantizar la protección de los
derechos de los docentes nombrados en provisionalidad con
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estabilidad laboral reforzada.
Agregó que el 23 de agosto de 2023, la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN denegó su petición bajo el argumento de que
posteriormente llevaría a cabo el procedimiento para canalizar las
solicitudes que en tal sentido hicieran los docentes provisionales.
Comentó que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN expidió la Circular
CSDEM297 de 6 septiembre de 2023, en la cual estableció el
procedimiento electrónico para que los docentes en provisionalidad
acreditaran las circunstancias previstas en la ley para ostentar la
condición de sujeto de especial protección y así garantizar la
vinculación laboral, en las vacantes que no fueran provistas con
personal de carrera.
Afirmó que el 8 de septiembre de 2023 llenó el formulario electrónico
dispuesto para tal fin e intentó cargar los documentos respectivos,
no obstante, no pudo finalizar el trámite por un error en la plataforma
virtual.
Apuntó que, en todo caso, el 9 de septiembre de 2023, envió los
anexos al correo electrónico de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
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quien, sin haberle dado respuesta alguna, expidió la Resolución núm.
2633 de 18 de octubre siguiente, en la que dio por terminado su
nombramiento provisional, debido a la provisión en periodo de
prueba del concursante que ganó el cargo.
Explicó que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN expidió la Circular
CSDEM371 de 21 de noviembre de 2023, con los resultados del
análisis de los documentos aportados por quienes solicitaron fuero
de estabilidad laboral reforzada, sin que su nombre fuera
relacionado.
Precisó que debido a lo anterior, el 27 de noviembre de 2023 solicitó
a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN informarle las razones de tal
situación, frente a lo cual el 12 de diciembre siguiente, dicha
autoridad le indicó que no había postulación suya en el aplicativo que
fue dispuesto para tal efecto, además que no podía admitir su
solicitud por no haberla formulado a través de ese sistema.
Narró que el mismo 27 de noviembre de 2023 radicó una petición
ante el JUZGADO y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con la
finalidad de que le informaran las patologías que dan lugar al
mencionado fuero de estabilidad, así como solicitar un seguimiento
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de su caso, sin que se le hubiese dado respuesta al respecto.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que conforme con la jurisprudencia constitucional, si bien
los empleados provisionales no tienen derecho a permanecer en los
cargos de forma indefinida, ante nombramientos por carrera,
aquellos con situaciones de discapacidad deben ser los últimos en ser
desvinculados e incluso, dependiendo la situación, debe
garantizárseles una estabilidad laboral, mediante reubicación en
cargos similares de la misma entidad.
Destacó que la falta de inclusión en el listado de docentes
provisionales cobijados con estabilidad laboral reforzada pone en
grave peligro su derecho al mínimo vital, dado que no contará con
ingresos.
Señaló que el hecho de que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN no
haya dado trámite a su petición de 9 de septiembre de 2023, por no
haberla hecho a través del aplicativo que dispuso para tal fin,
desconoce la verdad jurídica y configura un exceso ritual manifiesto,
máxime si ya conocía su situación desde el 16 de agosto de 2023,
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cuando le elevó la primera solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales a la salud,
al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al
debido proceso administrativo, y al derecho de petición, los cuales
fueron vulnerados por las entidades accionadas.
SEGUNDA. ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que, con base en los hechos
narrados en esta acción de tutela, incluya a la suscrita dentro del
estudio definitivo de documentos tendientes a conformar el listado
de docentes beneficiarios de estabilidad laboral reforzada, toda vez
que tales soportes fueron allegados desde el día 16 de agosto de
2023 y posteriormente reenviados el día 9 de septiembre de 2023
para acreditar una eventual condición de estabilidad laboral
reforzada.
TERCERA. ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que incluya a la suscrita en la lista
del retén social de docentes provisionales de Bucaramanga y/o
listado de docentes beneficiarios de estabilidad laboral reforzada
que fue negada en la Circular No. CSDEM371 del 21 de noviembre
de 2023, toda vez que acredité los diagnósticos médicos y
patologías que padezco y que permiten comprobar que en mi caso
opera la garantía de estabilidad laboral reforzada, en relación con
los pronunciamientos de las diferentes Salas de Revisión de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado sobre la materia.
CUARTA. ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que en caso de existir vacantes
temporales o definitivas en el área de HUMANIDADES LENGUA
CASTELLANA en las Instituciones Educativas adscritas a la
Secretaría, trasladen a dicho cargo a la infrascrita docente
provisional, toda vez que en mi caso opera la garantía de
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estabilidad laboral reforzada.
QUINTA. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL que me entregue de manera completa,
clara y de fondo, una respuesta a las solicitudes realizadas en el
derecho de petición remitido el 27 de noviembre de 2023. La
respuesta debe resolver los siguientes pedimentos […]
SEXTA. Adoptar las demás medidas de protección constitucional
que se consideren necesarias […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN señaló que, en efecto, la
actora fue desvinculada el 18 de octubre de 2023, en virtud del
nombramiento de la persona que superó el concurso de méritos.
Explicó que el 23 de agosto de 2023, ante la petición elevada el 16
de agosto anterior por la accionante, le informó a esta que debido a
la cantidad de docentes que podrían estar amparados por el fuero de
estabilidad laboral, diseñaría un procedimiento administrativo para la
recepción masiva de las solicitudes y documentos necesarios para el
estudio de cada caso.
Aseveró que expidió las circulares CSDEM297-2023 y CSDEM371-
2023 de 6 de septiembre de 2023, en las cuales estableció las
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directrices para que los docentes provisionales con condiciones
especiales diligenciaran un formulario de Google y anexaran los
documentos correspondientes, para lo cual tenían hasta el 8 de
septiembre siguiente, término durante el cual aquella no diligenció el
documento digital, razón por la cual no se le incluyó en el estudio
que fue adelantado para crear la lista de maestros amparados con
estabilidad laboral reforzada.
Agregó que el 9 de septiembre de 2023, cuando ya había finalizado
el término concedido para cargar la información, la accionante le
envió un correo electrónico informando que había diligenciado los
datos en el formato Google, pero que por errores en el formulario
electrónico no se habían enviado los documentos, esto último que no
le consta.
Destacó que no es válido que la actora pregone la configuración de
un exceso ritual manifiesto, cuando no tuvo la diligencia de efectuar
su postulación en las fechas determinadas para el efecto, como si lo
hicieron los demás docentes que alegaron la misma situación.
I.5.2.- El JUZGADO adujo que, verificados sus correos
institucionales, no encontró la petición que la demandante asegura
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haberle elevado, sin que exista constancia de la radicación o envío
respectivo.
Agregó que, en todo caso, tampoco le correspondería absolver
consultas legales de los usuarios, además que carece de legitimación
en la causa por pasiva, en consideración al objeto de las pretensiones
de la solicitud de amparo.
I.5.3- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL indicó que
expidió la Circular 24 de 21 de julio de 2023, en la que se
establecieron los órdenes de priorización para la protección de
docentes provisionales que tuvieran condiciones especiales, cuando
fuere posible su traslado en aquellas vacantes que no alcanzaran a
ser suplidas con las listas de elegibles derivadas del último concurso
para nombramiento de docentes en carrera administrativa.
Explicó que es competencia de las SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN
la administración de las plantas docentes, sin que tenga competencia
para servir de instancia jurídica consultiva, por lo que carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de
la actora.
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Indicó que independientemente de que “[…] existan personas
vinculadas en provisionalidad con situaciones de especial
vulnerabilidad, el ente nominador está en la obligación de nombrar y
posesionar a quien en mérito obtuvo su derecho prevalente […]”.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 19 de enero de 2024, amparó
los derechos de petición e igualdad de la actora en relación con la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y, en consecuencia, ordenó a esta
autoridad que emitiera una respuesta frente a la petición que aquella
radicó el 16 agosto de 2023, reiterada los días 9 de septiembre y 27
de noviembre siguientes.
Además, le indicó a la referida autoridad administrativa que en el
evento en el que la actora presentara algún tipo de discapacidad,
adoptara las acciones afirmativas a que hubiere lugar.
Por otro lado, denegó el amparo al derecho de petición en relación
con el JUZGADO y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, así:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de
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petición e igualdad de la señora MARTHA YANETH ALDANA
QUINTERO, vulnerados por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de este proveído, estudie las
condiciones de salud de la señora MARTHA YANETH ALDANA
QUINTERO y emita un pronunciamiento claro, preciso y de fondo
frente a la petición presentada el 23 de agosto de 2023 (SIC), y
reiterada los días 9 de septiembre y 27 de noviembre de 2023.
En caso de advertir que la accionante presenta algún tipo de
discapacidad, deberá adoptar las acciones afirmativas a que
haya lugar.
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho de petición en
relación con el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga y el Ministerio de Educación Nacional
[…]”.
Para tal efecto, explicó que la accionante informó sobre su situación
de salud y su expectativa de reubicación mediante una petición
formal presentada el 16 de agosto de 2023, un mes antes de que la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN implementara un formulario en línea
para canalizar las peticiones masivas de otros docentes
provisionales.
Anotó que, por tal razón, la entidad no podía exigirle a la actora que
presentara nuevamente su solicitud, alegando la futura creación de
un canal especial para su recepción, por lo que al rechazar de manera
arbitraria su solicitud de medidas afirmativas e ignorar una realidad
que le fue comunicada a través de uno de los diversos medios
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autorizados, constituía una vulneración a los derechos
fundamentales de petición e igualdad.
Argumentó que “[…] si la entidad nominadora se entera de la
situación de salud de un empleado provisional mediante cualquier
medio, no puede omitir el estudio de posibles acciones afirmativas
en favor de este, argumentando la omisión de una formalidad
específica, como podría ser el diligenciamiento de un formulario en
línea […]”.
Anotó que, estaba probado que la accionante estuvo vinculada a la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN durante 14 años y sus problemas de
salud iniciaron en el año 2014, además que estaba “[…] demostrado
que en el año 2018 le comunicó a la entidad las recomendaciones
médicas impartidas por su médico tratante para continuar
desarrollando sus funciones sin desmejorar sus condiciones de salud.
Sumado a lo anterior, el 16 de agosto de 2023 la actora le informó a
la Secretaría de Educación que padecía múltiples enfermedades
físicas y mentales y le aportó la historia clínica […]”.
Apuntó que lo anterior significaba que la autoridad administrativa
aludida “[…] tenía la obligación de evaluar la viabilidad de adoptar
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las acciones afirmativas establecidas en el parágrafo segundo del
artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y en la Circular No. 024 de 2023
del Ministerio de Educación, entre ellas, la reubicación laboral, el
nombramiento en vacantes temporales futuras o la inclusión en el
Sistema Maestro para proveer en forma preferente las vacantes
definitivas que surjan a futuro […]”.
Finalmente, indicó que dentro del expediente no había prueba sobre
la radicación de las solicitudes que la actora decía haber elevado ante
el JUZGADO y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por lo que no
había lugar a amparar derecho alguno en relación con dichas
autoridades.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN impugnó la sentencia proferida
en primera instancia solicitando que se revoque, comoquiera que, en
su sentir, se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado al haber dado respuesta a las peticiones de la actora a
través de Oficio 2-SEB-TH-202401-0002410 de 26 de enero de 2024,
en atención a las disposiciones ordenadas por el a quo.
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Precisó que en el oficio aludido indicó a la actora que, una vez
valoradas las pruebas aportadas, reconoció su condición especial, por
lo que sería tenida en cuenta de forma preferente para suplir las
vacantes temporales que restaran una vez agotadas las listas de
elegibles respectivas, por lo que sería incluida dentro del listado de
educadores amparados por condición de vulnerabilidad.
Agregó que, en ese orden de ideas, las razones que motivaron la
interposición de la acción de tutela cesaron, por lo que era
procedente revocar la sentencia proferida en primera instancia y
declarar la carencia de objeto por hecho superado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el JUZGADO y el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN solicitaron su desvinculación del presente caso, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
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consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, comoquiera que la actora dirigió la acción de
tutela de forma expresa contra el JUZGADO y el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, es claro que debían ser vinculados como accionados
del presente trámite, razón por la cual se denegará sus solicitudes
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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Caso concreto
En el presente caso, la actora solicitó que como consecuencia del
amparo a los derechos deprecados, se ordenara a la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN incluirla dentro del estudio de casos tendiente a
conformar el listado de beneficiarios de estabilidad laboral, con
ocasión de los nombramientos de docentes que se haría en carrera y
la consecuente desvinculación de aquellos que estaban vinculados al
servicio en provisionalidad.
La actora estaba vinculada como docente provisional en
Bucaramanga, no obstante, en el mes de octubre de 2023 fue
desvinculada del servicio porque en su cargo fue nombrado en
propiedad quien superó el concurso de méritos respectivo.
El disenso de la actora radicó en el hecho de que desde el 16 de
agosto de 2023 había solicitado en varias oportunidades a la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN considerar su situación de
vulnerabilidad por estado de salud, dentro de los lineamientos dados
por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN para conformar un listado de
docentes desvinculados que tendrían prelación para ser nombrados
en los cargos que no fueran suplidos con las listas de elegibles.
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Además, la actora afirmó que el JUZGADO y el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN tampoco habían resuelto unas peticiones que elevó en
la misma época, en las que solicitó algunos conceptos sobre el tema
e intervención en el asunto.
En el curso de la primera instancia, en sentencia de 19 de enero de
2024, el TRIBUNAL por una parte, concedió el amparo a los
derechos de petición e igualdad de la actora y, en consecuencia,
ordenó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN resolver las solicitudes
de la actora y adoptar acciones positivas a lugar, en el evento en que
encontrara cumplidos los requisitos para tal efecto y, por otra,
denegó el amparo frente al JUZGADO y el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN comoquiera que no fue acreditado que, en efecto, les
elevó petición alguna.
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN impugnó la decisión proferida en
primera instancia, no obstante, no formuló reparo alguno contra las
razones de esta, sino que se limitó a solicitar la revocatoria de la
decisión y la declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho
superado, con fundamento en que el 26 de enero de 2024 dio
respuesta a la actora, en la que le indicó que cumplía con las
condiciones para ser incluida en el listado de docentes amparados
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por la condición de vulnerabilidad, para la prioridad en la provisión
de las vacantes restantes, luego del agotamiento de las listas de
elegibles.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si hay lugar a revocar la
sentencia proferida en primera instancia, con ocasión de las
actuaciones que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ha ejecutado con
ocasión de esa decisión y con las cuales, afirma haberse configurado
una carencia de objeto por hecho superado.
De la carencia actual de objeto por hecho superado
La entidad impugnante señaló que se debe revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, por cuanto el 26 de enero de 2024 contestó el
derecho de petición origen de la controversia, con base en las
disposiciones ordenadas por el a quo.
Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:
En cumplimiento del fallo proferido en primera instancia, a través de
Oficio 2-SEB-TH-202401-00002410 de 26 de enero de 2024 la
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN dio respuesta a la actora,
manifestando lo siguiente:
“Asunto: ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR 024 DE 2023
EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA
CIRCULAR 297 DE 2023 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE BUCARAMANGA.
[…]
4. Que, la Secretaría de Educación de Bucaramanga
procedió a examinar de fondo el caso planteado por la
docente en provisionalidad en vacante definitiva Marta
Yaneth Aldana Quintero, observando que mediante
certificación emitida por la UT RED INTEGRADA FOSCAL
CLUB, con fecha del 20 de junio de 2023, se solicitó
cirugía ortopedia y traumatología por los múltiples
cuadros de dolor de cadera derecha, aunado a lo
anterior, presenta un antecedente en la historia de
ortopedia con fecha del 28 de julio de 2023, en donde
consta que la docente en mención se sometió a un
procedimiento quirúrgico consistente en el remplazo de
cadera izquierda.
5. Que, la Secretaría de Educación de Bucaramanga,
procede a RECONOCER el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Circular 024 de 2023
emitida por el MEN y por la Circular 297 de 2023 de la
Secretaría de Bucaramanga; lo anterior, en sujeción con
lo dispuesto en la Sentencia SU-087 de 2022[…]
7. Lo resuelto en la presente comunicación será remitido
al Ministerio de Educación Nacional para que se tenga en
cuenta a la docente vinculada en provisionalidad en
vacancia definitiva MARTHA YANETH ALDANA
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía
número 63.311.415, para que se incluya dentro del
listado de docentes provisionales en vacancia definitiva
a los que se les reconoció alguna condición de
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vulnerabilidad; lo anterior, para que una vez agotadas
las listas de elegibles de prioridad en la provisión de
vacantes temporales y definitivas […]”.
De igual forma, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN allegó copia del
envío de la respuesta en cita al correo electrónico
mayalqui2023@hotmail.com el mismo 26 de enero de 2024,
dirección que concuerda con la suministrada por la actora para
efectos de notificaciones, en las diferentes solicitudes elevadas por
esta.
De lo anterior se infiere que la actuación adelantada por la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN acaeció en virtud de la orden de
amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que
no se encuadra dentro de la definición de hecho superado contenida
en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:
“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.
Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la
carencia actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado,
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es menester precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha
sostenido sobre este concepto.
Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:
“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la
acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva
protección de los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que
se ve materializada con la emisión de una orden por parte del
juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue
en el tiempo[33].
Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al
juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada
orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los
derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho
superado’”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de
2009:
“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección
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se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela.”
Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes
de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación[35].En este último
evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la
acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un
objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].
En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se
presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo
de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y
determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional
precisó lo siguiente:
‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces
de tutela de instancia o en el transcurso de este y así
lo declaran en las respectivas providencias, la Sala
de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto
y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de
su competencia y con el propósito de cumplir con los
fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.
ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a
tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
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ante los jueces de instancia ha debido concederse el
amparo de los derechos fundamentales invocados y así
no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala
respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que
no se proceda a impartir orden alguna […]”.
Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte
precisó:
“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que
se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza
de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera
el Juez caería en el vacío[5].
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…)
la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad
sin la intervención de la autoridad del Estado […]”
(Negrilla y subrayas por fuera del texto original).
[5] SU - 540 de 2007
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De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes
elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho
superado:
1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un
derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por
la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.
2. Que antes de que se profiera la decisión del Juez, esto es, como
medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda
instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,
porque se satisface lo pedido en la tutela.
La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que
eventualmente decretaría el Juez, carecería de objeto y, por ende,
se torna inoficiosa.
Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe
diferenciar la labor de los Jueces de instancia y la de esa Corporación
en sede de revisión, por cuanto “(…) no es perentorio para los Jueces
de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis
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sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la
demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran
que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o
para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo
prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es
potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio
para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad
suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos,
tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es
que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad
se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción
de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que
autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia
de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a
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las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor
del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.
En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que
la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado,
pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la
orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como
estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e
incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de
dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de
un juez para garantizar el derecho fundamental de petición de los
ciudadanos.
En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden
de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que
debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por
cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho
reclamado.
Distinto sería si, por ejemplo, el TRIBUNAL no hubiese concedido el
amparo y aun así la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN hubiese
contestado los derechos de petición elevados por la actora, ya que
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en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por
cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es
inane decretar orden alguna, en atención a que la situación de
vulneración ya fue superada.
Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está
previsto para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en
cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador
desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna
encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la
intervención del Juez sirvió para la cesación de la vulneración y
estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.
Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL y el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
señaladas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de febrero de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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