Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00994-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00994-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00994-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00994-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de agosto de 2024
1
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Accionante: Audomelio Fragozo Epiayú
Accionados: Presidencia de la República y otros1
Tesis: No se vulnera el derecho a la consulta previa de una Comunidad Indígena,
si ya se ha recurrido ante la entidad competente para que esta apruebe la
procedencia del mecanismo, sin embargo, esta considera que no es necesario
debido a que no se está generando una afectación a dichas familias.
Es procedente confirmar la sentencia de tutela de primera instancia que amparó el
derecho fundamental, si la actuación de la entidad demandada con la cual cesó la
vulneración surgió como consecuencia del cumplimiento del fallo.
ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que negó la pretensión de la acción de tutela relacionada con la falta de
realización del mecanismo de consulta previa y el derecho de petición respecto de
la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y amparó el mismo, pero frente al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 1 de marzo de 20242, el señor Audomelio Fragozo Epiayú, actuando por
intermedio de apoderado, instauró acción de tutela en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
1
Ministerio de Interior, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
2
Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
(en adelante ANLA), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas y la Sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., por considerar
vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la salud, de acceso al agua, al
medio ambiente sano, a la consulta previa, al debido proceso, de petición, a la
igualdad, a la propiedad colectiva, a la autonomía, al autorreconocimiento,
autodeterminación y a la integridad cultural, social, espiritual y territorial de la
Comunidad Étnica Indígena Wayuu El Espinal del Municipio de Hatonuevo La Guajira.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“1- Tutelar las Derechos Fundamentales a la Vida, Salud, Acceso al Agua, Medio
Ambiente sano, Debido Proceso, Igualdad, Consulta Previa, Derecho de
Propiedad Colectiva, Derecho de Petición, Autonomía y Auto reconocimiento,
integridad social, integridad cultural, integridad espiritual e integridad territorial de
La Comunidad Étnica indígena wayuu El Espinal Municipio de Hatonuevo La
Guajira, Vulnerados por El Presidente de La República de Colombia, Ministerio del
interior, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y La Empresa lnterconexión
Eléctrica S.A. ES.P-SA, ocasionándoles Perjuicios irremediables a la Comunidad
étnica indígena wayuu El Espinal por la obra de la Construcción de tres Torres de
trasmisiones de energías eléctricas en el Territorio colectivo sin realizar Consulta
Previa con la Comunidad indígena wayuu El Espinal, donde esas obras están
generando afectaciones directas contra la comunidad étnica, para la destrucción
del Medio ambiente, Fuentes hídricas, Flora, Faunas, Montañas, Cerros y Sitios
Sagrados ancestrales étnicos.
2- Ordenar al Ministerio del Interior, a realizar Consulta Previa entre la
Comunidad indígena wayuu El Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira y La
Empresa ISA, porque esas obras de la construcción de las Tres torres de
trasmisiones de energías eléctricas están poniendo en riesgo el Tejido Social,
Cultural, Espiritual y Ambiental de La Comunidad indígena El Espinal, por las
diversas afectaciones directas que está generando Perjuicios irremediables
contra la Supervivencia de la Comunidad étnica El Espinal.
3- Suspender de manera Provisional la Licencia Ambiental otorgada por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a la Empresa ISA, Resolución No.
00285 de fecha 31 de enero del año 2022, hasta tanto no se surta el Proceso
de Consulta Previa entre La Comunidad indígena wayuu El Espinal Municipio
de Hatonuevo La Guajira y La Empresa ISA.
4- Ordenar a la Empresa ISA, que debe Elaborar Un Plan Epidemiológico, con
enfoque diferencial donde participe La Comunidad étnica de Cuestecitas, para
Protegerlos y Prevenirlos de las enfermedades que originan el mega proyecto
de la construcción de la Subestación Nueva Cuestecita
5- Ordenar a la Empresa ISA, elaborar un Plan de Manejo Arqueológico, porque
en la comunidad indígena wayuu El Espinal, en su territorio colectivo, de su
suelo y subsuelo existen gra[n]des riquezas cultura precolombinas.
6- Ordenar a la Empresa ISA, Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para
mitigar, la Contaminación Visual, Electromagnéticas, Deslizamientos de tierras
de los Cerros, Montañas, donde van instalar las tres Torres de energías
eléctricas, las cuales serán afectadas directamente más de 5 hectáreas de
tierras de su territorio colectivo, elaborar un Plan para proteger de los Bosques
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
Naturales, Fuentes hídricas y Sitios Sagrados de la Comunidad indígena wayuu
El Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira.
7- Ordenar a la Empresa ISA, Elaborar un Plan para Reforestar y Cuidar los
Bosques que se encuentran en los Cerros y Montañas en el territorio colectivo
de la Comunidad indígena wayuu el Espinal y en su área de influencias donde
se están instalando las Tres torres de energías eléctricas.”.3
1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, expuso los argumentos que
pasan a sintetizarse:
Indicó que la Comunidad Indígena Wayuu El Espinal, ubicada en el Municipio de
Hatonuevo La Guajira, cuenta con una población de más de ochenta (80) familias y se
conforma por los Clanes Epiayu, Gouriyu, Ipuana y Pushaina.
Afirmó que, el 8 de marzo de 2021, la Unidad de Restitución de Tierras determinó que
se llevaría a cabo una visita al territorio donde se encontraba asentada la mencionada
comunidad, con la finalidad de resolver el proceso de restitución de más de setecientas
(700) hectáreas, en contra de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.
Informó que, el Ministerio del Interior, a través del grupo de verificación de la Dirección
de Consulta Previa, los días 16 y 17 de marzo de 2023, visitaron a la comunidad,
donde realizaron un recorrido por la zona, recolectaron pruebas, planos, mapas y
evidencias que les permitió identificarlos culturalmente como indígenas Wayuu.
Adujo que, el 31 de enero de 2022, la ANLA expidió la Resolución nro. 00285, por
medio de la cual le concedió una licencia ambiental a la empresa Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. (en adelante ISA), para construir la estación Nueva Cuestecitas
y realizar las obras de las torres de las líneas de transmisión Copey-Cuestecitas
500kw, Copey-Fundación 220kw, que estarían localizadas en diferentes municipios,
entre ellos Hatonuevo. Resaltó que, el permiso había sido otorgado sin haber realizado
el proceso de consulta previa con la Comunidad Étnica Indígena Wayuu El Espinal.
Señaló que, el 23 de noviembre de 2023, se reunieron con la empresa ISA, para dar
inicio a un proceso de negociación, relacionado con la instalación de tres (3) torres
eléctricas dentro del territorio de la Comunidad El Espinal. A pesar de que esta última
se encontraba de acuerdo con la obra, solicitó que se llevara a cabo la consulta previa.
3
Visible en el folio 12 del escrito de demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
Afirmó que, el 28 de diciembre de la misma anualidad, la Dirección Nacional de
Consulta Previa del Ministerio del Interior, informó que no procedía el mecanismo de
consulta previa entre la empresa y la comunidad. Lo que ha causado la vulneración
de los derechos fundamentales de la población indígena que habita en la zona de
influencia del proyecto.
Por otro lado, mencionó que el 5 de febrero de 2024, radicó un derecho de petición
ante el Presidente de la República, el Ministerio del Interior, la ANLA e ISA, en el que
solicitó la suspensión de la construcción de las tres (3) torres de transmisión de energía
y de la licencia ambiental que le fue otorgada a la citada sociedad. Sin embargo, las
entidades no habían dado respuesta a la fecha de interposición de la acción de tutela.
Por último, resaltó que con la ejecución de la obra se generaría una serie de perjuicios
y afectaciones en la salud de los habitantes de la Comunidad Indígena Wayuu.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la tutela a través de auto
de 5 de marzo de 20244 y ordenó notificar los accionados, así como a la Autoridad
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. Mediante auto del 15 de mayo del mismo año5, el Despacho ordenó la
vinculación de Carbones del Cerrejón Limited, como tercero con interés.
2.3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 6, solicitó que se
denegaran las pretensiones por cuanto cumplió con sus funciones; además,
considera que no existe ninguna acción u omisión vulneradora de derechos
fundamentales que le sea imputable y, por último, no es competente para atender
las pretensiones formuladas por la actora.
Asimismo, en el escrito de contestación transcribió los Certificados nro. 1276 de 17 de
diciembre de 2018 y 0779 del 21 de noviembre de 2019, expedidos por la Dirección
4
Visible índice 4 ibídem.
5
Visible a índice 21 ibídem.
6
Visible índice 12 de Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en los que se informaba sobre la
existencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto
“Interconexión Cuestecitas-Copey-Fundación 500/220 mil voltios”. De igual forma, se
enunciaron los pueblos indígenas con los que se había protocolizado la consulta
previa.
Indicó que dio repuesta al derecho de petición presentado por el accionante, mediante
oficios 20242200101361 y 20242200134961 del 15 y 18 de febrero de 2024,
respectivamente.
Por otro lado, expuso que la acción de tutela no cumplía con el requisito de
subsidiariedad debido a que el accionante contaba con los mecanismos de defensa
previstos en la Ley 1437 de 2011, para controvertir de fondo lo relacionado con el
trámite de consulta previa.
2.4. La empresa ISA7, a través de escrito de fecha 8 de marzo de 2024, manifestó
que no existía vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que
no existía prueba o argumento que así lo evidenciara.
Indicó que, en el año 2018, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior
expidió la certificación nro. 1276, en la cual se enlistaron las comunidades indígenas
afectadas con el proyecto energético, sin embargo, allí no se encontraba el pueblo
indígena de El Espinal, puesto que el impacto en ese sector no era tan alto. A su
vez, dicha autoridad mediante Resolución nro. 0779 de 2019, decidió que no era
necesario proceder con el mecanismo de consulta previa con esa población, debido
a que el proyecto no afectaría ese sector.
Por otro lado, la empresa informó que desde el año 2023 ha venido realizando una
serie de reuniones con las familias de la Comunidad Indígena Wayuu El Espinal,
para llegar a un acuerdo voluntario que permita compensar las posibles
afectaciones del proyecto y para que les sea permitido el ingreso al predio que es
de propiedad de la sociedad Carbones del Cerrejón Limited. Sin embargo, no se ha
llegado a ningún arreglo, pues lo que buscan los habitantes de la zona es que este
se realice en ejercicio de la consulta previa.
7
Visible índice 10 de Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
Finalmente, solicitó que se vinculara en el presente trámite a la empresa Carbones
del Cerrejón Limited, debido a que es la propietaria del predio donde se encuentran
ubicadas las familias Wayuu de El Espinal.
2.5. La Unidad de Restitución de Tierras Despojadas8, requirió que se
declarase la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, ya que las
pretensiones de la demanda no eran de su competencia.
2.6. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República9, comentó que dio respuesta al derecho de petición presentado por el
accionante el 9 de febrero de 2024, a través del oficio nro. OFI24-00024196/GPFU
12000000, mediante el cual se informó que dicha entidad no era la competente para
resolver la solicitud, por lo que procedió a enviarla a la ANLA.
2.7. El Ministerio del Interior en escrito fechado el 11 de marzo de 202410, pidió
que se declarase como probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que no es responsable de la presunta vulneración, pues las
pretensiones no caben en el ámbito de su competencia.
2.8. La empresa Carbones del Cerrejón Limited 11 solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda, debido a que no se le está causando un daño
irremediable a la comunidad de El Espinal.
Informó que el inmueble denominado Las Delicias no es un bien de la comunidad,
ya que es un predio de naturaleza privada que fue entregado en calidad de
comodato a la madre de la parte actora, señora Francisca Epiayú; contra la cual se
inició un proceso de restitución en la jurisdicción ordinaria, pues los accionantes se
han negado a devolverlo, dicha demanda cursa en el Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de San Juan de Cesar y tiene como radicado el No. 44-650- 31-89-001-
2021-00015-00.
8
Visible índice 11 de Samai
9
Visible índice 13 de Samai
10
Visible índice 19 de Samai
11
Visible índice 32 de Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en providencia del 26 de junio de
202412, resolvió como cuestión previa desvincular del presente proceso a la Unidad
de Restitución de Tierras y negar la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por el Ministerio del Interior. Asimismo, negó la pretensión de
la demanda relacionada con la vulneración de los derechos invocados por la falta
de realización de la consulta previa respecto de la empresa Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. y amparó el derecho de petición en cuanto al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y la ANLA. Lo anterior, bajo los
siguientes argumentos:
Señaló que al estudiar las pruebas aportadas por la empresa Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P., observó que en el marco del desarrollo del proyecto, dicha sociedad
solicitó en dos (2) ocasiones a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta
Previa del Ministerio del Interior que, se efectuara un análisis con el fin de determinar
la procedencia y oportunidad de la consulta previa con las familias indígenas
Wayuu, que se encontraban ubicadas en el área de influencia del proyecto. A lo que
dicha entidad dio respuesta, mediante las Resoluciones nro. 1276 del 17 de
diciembre de 2018 y 0779 de 1 de noviembre de 2019, donde certificó la existencia
de una (1) comunidad de la Etnia Wayuu y cinco (5) Consejos Comunitarios, pero
entre estos no se encontraba la que representa el demandante.
Indicó que, como consecuencia de los abordajes a los trabajadores en la zona del
proyecto, por parte de los miembros de la comunidad de El Espinal, la empresa ISA
solicitó nuevamente a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior la realización de un análisis de procedencia del mecanismo,
por lo cual, la entidad mediante respuesta del 26 de diciembre de 2023, expresó
que se abstendría de emitir pronunciamiento sobre la viabilidad de la consulta
previa, ya que existía una situación jurídica de tipo civil que debía ser dirimida por
el juez competente. Recalcó que, el predio en el que se encuentra ubicado el pueblo
indígena anteriormente mencionado, es de propiedad de la empresa Cerrejón
Limited y que se encuentra en trámite un proceso de restitución respecto de este. Y
hasta tanto, no sea fallado no se podrá analizar la viabilidad de la consulta previa.
12
Visible índice 37 de Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
De acuerdo con lo anterior, el a quo manifestó que no evidenciaba la vulneración de
los derechos alegados por la comunidad étnica indígena Wayuu de El Espinal, con
ocasión de la falta de realización del mencionado mecanismo, debido a que la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, ya
había expidió una respuesta en la que se expuso, que no era posible emitir un
concepto sobre la procedibilidad de la consulta previa, dadas las situaciones
judiciales y administrativas que rodeaban la definición de titularidad del predio, del
que se solicita el estudio. Por lo tanto, no se accedería a la pretensión.
En cuanto al derecho fundamental de petición, mencionó que el día 5 de febrero de
2024, el actor le solicitó a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a
la ANLA y a la empresa ISA, que se definiera si era necesario garantizársele a la
comunidad que él representa, el procedimiento de la consulta previa y que, a su
vez, se dispusiera suspender la licencia ambiental que se le había otorgado a la
citada sociedad.
Resaltó que, ISA dio respuesta el 23 de febrero de 2024, por lo que se entendía que
la misma no había causado la vulneración del derecho. Ahora, respecto de la
Presidencia y la ANLA, adujo que había incumplido el requisito previsto en el artículo
21 de la Ley 1437 de 2011, puesto que en el expediente no reposa prueba alguna
del envío por correo electrónico a la parte, ni al Ministerio del Interior, sobre la
remisión del derecho de petición, por ser la entidad competente para desatarlo.
En virtud de lo anterior, la Sección Cuarta encontró como vulnerado el derecho de
petición del actor y ordenó que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, tanto la
Presidencia de la República como la citada autoridad ambiental, efectuaran el
trámite estipulado en la ley y trasladaran a la mencionada cartera ministerial la
petición, por ser la competente.
Por último, advirtió que no se pronunciaría sobre la vulneración que le fue endilgada
al Ministerio del Interior, debido a que el amparo concedido tenía como fin que se
remitiera en debida forma a esa entidad la solicitud presentada por el accionante el
5 de febrero de 2024, para que se brinde una respuesta de fondo, clara y
congruente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
IV. LA IMPUGNACIÓN
4.1. La parte actora requirió que se revocara la decisión proferida en primera
instancia y, en su defecto se tutelaran los derechos fundamentales invocados, con
ocasión de la falta de convocatoria para llevar a cabo la consulta previa con la
empresa ISA, debido a que se le están generando afectaciones a la comunidad
Indígena El Espinal con el desarrollo del proyecto eléctrico. Asimismo, aseguró que,
debía dársele trámite al citado mecanismo, puesto que el derecho de propiedad no
debía ser un impedimento para ello, ya que la consulta previa es un derecho que
recae sobre los grupos étnicos, más no sobre el predio.
Advirtió que, la sociedad ejecutora de la obra había aceptado que se estaba
causando una afectación a las familias Indígenas Wayuu, por lo que ello, era motivo
suficiente para que el Ministerio de Interior, mediante acto administrativo ordenara
llevar a cabo la consulta previa. Asimismo, resaltó que la cartera ministerial, se
encontraba en la obligación de verificar el territorio con un equipo interdisciplinario.
4.2. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a través de escrito del
4 de julio de 202413, allegó informe de cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 26
de junio de 2024, aportando las constancias de envío y entrega de los Oficios nro.
20242200101361 y 20242200134961 del 15 y 28 de febrero de 2024,
respectivamente, mediante los cuales dieron respuesta y traslado de la petición a la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior.
4.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en
memorial de fecha 8 de julio de 202414, solicitó que se declarase que se dio un cabal
cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 26 de junio de 2024, ya que se le otorgó
respuesta al accionante y se envió, nuevamente, los documentos requeridos al
Ministerio del Interior y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
13
Visible índice 43 de Samai
14
Visible índice 47 de Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
De conformidad con lo previsto por el numeral tercero del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202115, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. Hechos
5.2.1. El 31 de enero de 2022, la ANLA expidió la Resolución nro. 00285, concediendo
una licencia ambiental a la empresa ISA, para construir la estación Nueva Cuestecitas
y realizar las obras de las torres de las líneas de transmisión Copey-Cuestecitas
500kw, Copey-Fundación 220kw, que estarían localizadas en diferentes Municipios,
entre ellos Hatonuevo.
5.2.2. El 23 de noviembre de 2023, el accionante y la empresa ISA, se reunieron para
llegar a un acuerdo respecto de la instalación de tres (3) torres eléctricas que se
encontrarían ubicadas en el predio de propiedad del Carbones de Cerrejon Limited.
5.2.3. La Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el 28 de
diciembre de 2023, informó que no se emitiría pronunciamiento sobre la procedencia
de la consulta previa, debido a que existen situaciones legales que afectan el predio
donde se encuentra ubicada la comunidad indígena.
5.2.4. El accionante, el 5 de febrero de 2024, radicó derecho de petición ante el
Presidente de la República, el Ministerio del Interior, la ANLA e ISA, en el que
solicitaba la suspensión de la construcción de las tres (3) torres de transmisión de
energía y de la licencia ambiental que le fue otorgada a la citada empresa.
15
“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
5.2.5. Mediante Oficio del 23 de febrero de 2024, la sociedad ISA dio respuesta a
la solicitud.
5.2.6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió la acción de tutela
mediante fallo del 26 de junio de 2024, en el que negó la pretensión relacionada con
la falta de realización del mecanismo de consulta previa y el derecho de petición
respecto de ISA y amparó el mismo, pero frente al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y la ANLA.
5.2.7. Los días 3 y 4 de julio de 2024, la Presidencia de la República y la ANLA,
respectivamente, dieron cumplimiento a lo ordenado en el citado fallo, remitiendo
por competencia el derecho de petición presentado por el actor al Ministerio del
Interior. Los oficios con los que se acató la decisión, le fueron notificados al señor
Fragozo Epiayú.
5.3. Planteamiento
Para resolver la impugnación presentada por la parte actora, la Sala observa que la
discrepancia recae sobre la necesidad de llevar a cabo el mecanismo de consulta
previa entre la Comunidad Indígena Wayuu El Espinal y la empresa ISA, por las
obras relacionadas con torres de transmisión de energía, las cuales están causando
una afectación a dicho pueblo indígena.
Por otro lado, esta Corporación también tendrá que analizar, si persiste la
vulneración del derecho de petición, si la Presidencia de la República y la ANLA
afirman que acataron la orden impartida en el fallo de tutela del 26 de junio de 2024.
5.4. Análisis de la Sala
5.4.1. Del derecho fundamental a la consulta previa
La consulta previa es el derecho fundamental de los grupos étnicos a ser informados
y consultados sobre la adopción de las medidas administrativas o legislativas que
puedan afectarlos directamente. Sobre la finalidad de dicha figura, en sentido más
amplio, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
“la consulta previa tiene la finalidad de (i) dotar a las comunidades de
conocimiento pleno sobre los proyectos y decisiones que les conciernen
directamente -como los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos
naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, así como los
mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en
ejecución; (ii) ilustrar a las comunidades sobre la manera como la ejecución de
os referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los
elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y
política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con
características singulares; (iii) brindar la oportunidad a las comunidades para
que libremente y sin interferencias extrañas, mediante la convocatoria de sus
integrantes o representantes, valoren conscientemente las ventajas y
desventajas del proyecto; sean oídas en relación con las inquietudes y
pretensiones que tengan en lo que concierne a la defensa de sus intereses y
puedan pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto.”16
Es así, como la consulta previa es entendida como el mecanismo que materializa el
derecho de participación de las comunidades étnicas para proteger su identidad
cultural, social y económica. Asimismo, la Corte Constitucional ha sido consistente
en señalar que debe consultarse aquella medida legislativa o administrativa que
pueda impactar directamente a los pueblos indígenas, es decir, aquellas acciones
que alteran positivamente o negativamente a dicha población.
Al respecto, la SU- 123 de 2018, sostuvo que existe afectación directa cuando:
i) Se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y
ocupacionales.
ii) Existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio
de la minoría étnica.
iii) Se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento.
iv) Se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su
territorio.
v) Cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los
derechos de los pueblos indígenas o tribales.
16
Sentencia SU-039 de 1997. MP: Antonio Barrera Carbonell.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
vi) Cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT.
vii) Si se impone cargas o atribuye beneficios a una comunidad, de tal manera
que modifiquen su situación o posición jurídica.
viii) Por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del
pueblo concernido.
También se ha precisado que el concepto de afectación directa es diferente al área
de influencia de un proyecto, pues este último se refiere a un requisito meramente
técnico que determina los impactos sobre una zona geográfico en la que se
desarrollará determinado proyecto, mientras que la afectación directa es un
“concepto esencial para determinar cuándo se activa la consulta previa y se
identifican los impactos que se ocasionan a las comunidades étnicas en su territorio
ambiente, salud y estructuras sociales y culturales”.17
5.4.1.1. Teniendo claro lo anterior, al descender al caso en concreto, la Sala
considera que las autoridades demandadas no vulneraron el derecho fundamental
a la consulta previa de la Comunidad Indígena Wayuu El Espinal. En primer lugar,
de las pruebas que reposan en el expediente, no es posible concluir que a dicha
población se le estuviera causando una afectación directa en los términos de la
jurisprudencia constitucional que obligue adelantar y agotar el trámite de consulta
previa, pues no se logró acreditar el impacto positivo o negativo que tiene el proyecto
“Líneas de Transmisión Copey-Cuestecitas 500kV y Copey-Fundación 220 kV”,
sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales del respectivo
pueblo indígena.
Además, en tres (3) ocasiones la empresa ISA efectuó la correspondiente solicitud
ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, en las dos (2) primeras, mediante Resoluciones nro. 1276 del 17 de
diciembre de 2018 y 0779 de 21 de noviembre de 2019, dicha entidad informó que
la comunidad de El Espinal, no se encontraba dentro del área de influencia del
proyecto, por lo que no se vería afectada y no era necesario llevar a cabo la consulta
previa. La tercera, se generó debido a que estaban presentando dificultades con
17
Sentencia SU-217 de 2017. MP. María Victoria Calle Correa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
dichas familias, en cuanto no les estaban permitiendo ingresar a la zona de
ejecución del proyecto, por lo que se vieron en la obligación de pedirle a dicha
entidad que analizara nuevamente la procedencia del citado mecanismo, esta dio
respuesta mediante documento del 28 de diciembre de 2023, en el que indicó lo
siguiente:
“Esta autoridad una vez revisada y analizada la información recopilada,
evidenció que el territorio ocupado por la comunidad del Espinal presenta una
serie de situaciones jurídicas las cuales se remontan al año 1992 en el cual la
Corte Constitucional mediante Sentencia No. T-528/92 ordenó el
reasentamiento de las “veredas de caracolí y el Espinal del Municipio de
Barrancas en el Departamento de la Guajira”
Pasando posteriormente por la adquisición realizada por Carbones del Cerrejón
Limited del predio las Delicias en el año 2002, el contrato de comodato suscrito
entre la señora FRANCISCA EPIAYU y Carbones del Cerrejón Limited, la
acción de tutela instaurada por el señor AUDOMELIO FRAGOZO y a la solicitud
de restitución ante ANT.
Es por lo anterior, que esta Autoridad concluye que la situación presentada en
el predio las Delicias, es una situación de orden civil tal como la manifestó el
Tribunal Superior de Riohacha, Sala Civil-Familia-Laboral en fallo del 3 de
noviembre de 2020 y la misma debe ser dirimida por el juez competente, en
especial cuando existen situaciones de orden constitucional tal como el
reasentamiento ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-528/92
y administrativo como es la solicitud de Revocatoria Directa por la Adjudicación
de Baldíos por Afectación del Derecho de Dominio ante la ANT.
Por lo cual, no se emitirá un pronunciamiento sobre la determinación de la
procedencia y oportunidad de la consulta previa, en el marco de la debida
diligencia solicitada por ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P con la comunidad El
Espinal para el proyecto Líneas de Transmisión Copey-Cuestecitas 500kV y
Copey-Fundación 220 kV”18
Lo anterior, logra demostrar que, no se le ha desconocido en ningún momento a la
Comunidad Indígena Wayuu El Espinal, el mecanismo de consulta previa, puesto
que este ha sido solicitado en diferentes ocasiones y es la entidad encargada, la
que afirma que el mismo no es procedente debido a que no se advierte afectación
directa que pueda generar la procedencia del mismo o por las situaciones
administrativas y judiciales que suceden alrededor de la titularidad del predio sobre
el que se solicita la ejecución del mecanismo.
5.4.2. Del derecho de petición
18
Visible a índice 2 ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
5.4.2.1. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Presidencia de la República y
la ANLA dieron cumplimiento al fallo de primera instancia, los días 3 y 4 de julio de
la presente anualidad, al remitir la copia de los Oficios nro. Ofi24-00024196 del 9 de
febrero de 2024, 20242200101361 y 20242200134961 del 15 y 28 de febrero de
2024, respectivamente, al correo electrónico del actor
pablosegundoojeda43@gmail.com, dirección suministrada para efectos de la
notificación.
De lo anterior se infiere que las actuaciones adelantadas por las entidades
acusadas, acaecieron en virtud de la orden de amparo impartida por la Sección
Cuarta de esta Corporación en la sentencia de tutela de primera instancia del 26 de
junio de 2024, por lo que no puede ser enmarcada dentro de la definición de hecho
superado contenida en el artículo 26 del Decreto 2591 de 199119.
Sin embargo, con el fin de verificar si se encuentra ajustada a derecho la decisión
de amparo del derecho de petición, advirtiendo la circunstancia de que las
demandadas acataron la orden impuesta, es necesario traer a colación lo que la
Corte Constitucional ha establecido para la figura de carencia actual de objeto por
hecho superado; veamos:
“En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta cuando
antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado. En efecto,
‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de
hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece
la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela,
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la
posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío.
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección
ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando durante
el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El Juez
queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer
19
“Artículo 26.- Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos
reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra
que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.” (Subrayas de la Sala)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la
intervención de la autoridad del Estado.”20
De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para
declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado:
1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un derecho
fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por la acción o la omisión de la
autoridad o de un particular.
2. Que antes de que se profiera la decisión del Juez, esto es, como medida
cautelar, en la primera instancia, en la segunda instancia o en sede de revisión,
desaparezca la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos
fundamentales, porque se satisface lo pedido en la tutela.
La consecuencia inmediata de estos dos (2) eventos es que la orden que
eventualmente decretaría el Juez, carecía de objeto, y, por ende, se torna inoficiosa.
Así las cosas, dado que el presente caso no se enmarca en la figura denominada
hecho superado, pues aún cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que
la orden de amparo carezca de objeto, sino todo lo contrario, como estuvo ajustada
a derecho, lo que corresponde es confirmarla y prevenir a las autoridades para que
en adelante se abstengan de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que
medie una decisión judicial para garantizar el derecho fundamental de petición de
los ciudadanos.
Por último, cabe señalar que el criterio aplicado en el proceso de la referencia,
reitera las consideraciones adoptadas por la Sala en las providencias del 22 de
febrero21, 18 de abril22 y 30 de mayo de 202423.
En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó el
amparo de los derechos fundamentales del accionante y amparó el derecho
20
Corte Constitucional, Sentencia T 612 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21
Expediente nro. 68001 23 33 000 2023 00859 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón.
22
Expediente nro. 66001 23 33 000 2024 00059 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón.
23
Expediente nro. 05001 23 33 000 2024 00627 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001 03 15 000 2024 00994 01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayú
fundamental de petición por la vulneración a cargo del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y la ANLA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
VI. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 29 de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.