Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-00627-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO, PUES SE
EXPIDIÓ EL CDP PARA EL REEMPLAZO Y SE CONCEDIERON LAS VACACIONES
DE LA ACTORA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
VACACIONES INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. SE
REITERA POSICIÓN DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO DIGNO, IGUALDAD, DESCANSO
REMUNERADO, SALUD Y FAMILIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN contra la sentencia de 8 de mayo de
2024, mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA1 amparó los derechos fundamentales invocados como
vulnerados por la actora.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-00627-01
Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo digno, a la igualdad, al descanso
remunerado, a la salud y a la “familia”, los cuales considera
vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA -
CHOCÓ2, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
ANTIOQUIA - CHOCÓ3 y el CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN4 al negar la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal 5 para el
nombramiento de su reemplazo durante el período de sus
vacaciones individuales.
I.2.- Hechos
2
En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
3
En adelante el Consejo Seccional de la Judicatura.
4
En adelante Centro de Servicios.
5
En adelante CDP.
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Manifestó que se encuentra vinculada en provisionalidad a la RAMA
JUDICIAL en el cargo de escribiente del Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín.
Indicó que, una vez cumplió un año de servicio en el desempeño
del cargo, le solicitó a la Juez Coordinadora del CENTRO DE
SERVICIOS el reconocimiento de las vacaciones para ser
disfrutadas del 7 al 31 de mayo de 2024.
Afirmó que el CENTRO DE SERVICIOS solicitó a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL el CDP, tanto para el disfrute de sus
vacaciones como para designar el reemplazo del empleado durante
dicho período.
Sostuvo que, a pesar de que la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL expidió el CDP 24024 para el disfrute de sus
vacaciones, mediante el oficio DESAJMEO24-1546 de 19 de abril de
2024 denegó la expedición del CDP para efectuar un nombramiento
de remplazo mientras estuviera disfrutando de su descanso legal.
Destacó que lo anterior, trajo como consecuencia que la Juez
Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS mediante Resolución
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núm. 0132 de 26 de abril de 2024 negara sus vacaciones “hasta
tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo”.
Adujo que, contra la mencionada decisión interpuso recurso de
reposición ante el CENTRO DE SERVICIOS, el cual fue resuelto de
manera desfavorable.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que el descanso remunerado es un derecho
fundamental avalado por la Corte Constitucional, el cual no debe
ser negado por falta de partida presupuestal.
Aseveró que si bien es cierto que existe una necesidad imperiosa de
prestar sus servicios personales en la dependencia a la que
pertenece, el derecho al disfrute de sus vacaciones es un derecho
constitucional irrenunciable y, en todo caso, no se le puede imponer
una carga que no está obligada a soportar, máxime cuando dichos
problemas administrativos son ajenos a su voluntad.
Adujo que en el presente caso se encuentran dos derechos
fundamentales en choque, pues de un lado están los derechos
laborales de todo empleado como lo es el descanso y, por otro lado,
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la Rama Judicial debe garantizar el debido y correcto
funcionamiento de la administración de justicia, situación que no la
puede perjudicar con fundamento en decisiones y partidas
presupuestales.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados como violados, en los siguientes términos:
“[…] SEGUNDO: Se ordene a las entidades accionadas, que
apropien las partidas presupuestales que corresponden para el
nombramiento de mi remplazo como escribiente del centro de
servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, y así poder disfrutar de mis vacaciones.
TERCERO: Disponer u ordenar que se emita la resolución que
me conceda el disfrute de las vacaciones negadas.
TERCERO: (sic) Se proceda a conminar a las autoridades
respectivas para que, en el futuro, esta situación no se vuelva
a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización de
recursos para designar como empleado encargado a otras
personas, para que los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la
eficiencia de la administración de justicia […]”. (Negrilla
pertenece al texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL manifestó que en
ningún momento ha intervenido en las decisiones tomadas por el
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titular de dicho despacho para negar el disfrute de las vacaciones
de la actora, comoquiera que dichas decisiones las emiten los
respectivos nominadores en ejercicio de su función administrativa.
Igualmente, sostuvo que la disponibilidad para el disfrute de
vacaciones de la actora fue otorgada a través del CDP núm. 024024
según lo exige la Ley; no obstante, la falta de disponibilidad para
efectos de un reemplazo no constituye argumento válido para negar
el disfrute, ni dicha responsabilidad puede serle trasladada.
Refirió que los servidores de las Direcciones Ejecutivas tampoco
tienen reemplazo de vacaciones, incluso, cuando estos hacen uso
de este derecho debidamente causado, las funciones son asignadas
sin contraprestación alguna a otro servidor que cumpla el perfil del
cargo, sin que tenga derecho a erogación presupuestal alguna por
dicho concepto y sin que ello constituya violación de los derechos
del empleado.
Afirmó que, por ser una entidad que depende del presupuesto
nacional, no cuenta con presupuesto propio y, en ese sentido, se
debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central las apropiaciones correspondientes para sus gastos,
pues es allí donde se consolidan todas las necesidades a nivel
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nacional, de tal forma que hasta que se expida otra circular
diferente a la PSAC11-44 por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, solo podrán autorizarse los reemplazos de los jueces
que pertenecen al régimen de vacaciones individuales y a
empleados que laboren en despachos con vacaciones individuales
cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.
Así las cosas, resaltó que en ningún momento ha vulnerado los
derechos fundamentales de la actora, pues la negativa al descanso
emanó directa y exclusivamente del nominador, por lo que solicitó
que se declare la improcedencia del amparo solicitado.
I.5.2.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA solicitó
desestimar las pretensiones de la acción de tutela al considerar que
de los hechos ni de las pretensiones se deduce una responsabilidad
de su parte, pues las certificaciones fueron expedidas por la
Dirección Ejecutiva Seccional.
Manifestó que el CDP que requiere la actora debe ser tramitado y
expedido directamente por la Dirección Ejecutiva Seccional, que es
la responsable del manejo presupuestal y del personal de la Rama
Judicial en ese Distrito.
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Finalmente, solicitó que se le excluya de la acción constitucional de
la referencia.
I.5.3.- El CENTRO DE SERVICIOS solicitó que se amparen los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a
la Dirección Ejecutiva Seccional que proceda a expedir el CDP para
el reemplazo de las vacaciones de la actora.
I.5.4.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA destacó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó la
desvinculación del presente trámite, toda vez que las acciones y
omisiones que alega la actora como vulneradoras recaen
exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional, ordenadora
del gasto y quien tiene la competencia de expedir el CDP para
designar los reemplazos de los funcionarios judiciales que
pretendan el disfrute de sus vacaciones.
Finalmente, destacó que con fundamento en lo ordenado en la
sentencia SU-296 de 3 de agosto de 2023, esa colegiatura y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se encuentran
adelantando las respectivas gestiones que permitan acatar la orden
referente a la efectividad del derecho a las vacaciones de los
empleados al interior de la Rama Judicial.
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I.5.5.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL afirmó que no actúa como nominador ni tampoco ha
intervenido en los hechos objeto de la presente solicitud de
amparo, toda vez que la competencia para hacer efectivas las
pretensiones están en cabeza de la Dirección Ejecutiva Seccional y
el Centro de Servicios, por lo que solicitó tener en cuenta los
planteamientos y la resolución adoptada en la sentencia SU-296 de
2023 proferida por la Corte Constitucional.
Así las cosas, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la disposición de
recursos que permitan la contratación del reemplazo de la
accionante para la concesión del período de vacaciones.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 8 de mayo de 2024, el TRIBUNAL amparó
el derecho fundamental al descanso invocado como violado en la
presente acción de tutela y, en consecuencia, le ordenó a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
realizar las gestiones administrativas y presupuestales que
garanticen la correcta prestación del servicio de administración de
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justicia por parte del CENTRO DE SERVICIOS y el goce y disfrute
de las vacaciones solicitadas por la actora.
Asimismo, le ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL comunicar a la Coordinadora del
CENTRO DE SERVICIOS para que esta se pronuncie sobre la
concesión y el disfrute de las vacaciones solicitadas por la
accionante.
Para sustentar la decisión referida, adujo que el fundamento de la
derogación de las circulares 44 y 89 de 2005, las cuales restringían
la asignación de presupuesto para reemplazos en solo dos
ocasiones, fue que las vacaciones constituyen una garantía del
derecho fundamental al descanso y, por ende, no debe existir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de funcionarios que pertenezcan al régimen de
vacaciones individuales.
Asimismo, resaltó que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre
de 2011, dispuso que los funcionarios judiciales deben reportar
hasta marzo de cada anualidad la programación de vacaciones
correspondientes al siguiente año ante el Consejo Seccional de la
Judicatura del respectivo Distrito Judicial, por lo que el único
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condicionamiento para la solicitud de vacaciones es la obligación del
funcionario de reportar antes de marzo la programación de estas.
Así las cosas, en la parte resolutiva dispuso:
“[…] SEGUNDO. – En consecuencia, ORDENÁSE a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– DEAJ, que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, realice las gestiones
necesarias para aprovisionar los recursos tendientes a viabilizar la
disponibilidad presupuestal para la vinculación de un funcionario
de reemplazo durante el período de vacaciones que se le otorgue
a Gloria María Ortiz Gómez.
Una vez se otorguen los recursos solicitados por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– DEAJ, esta última entidad le deberá comunicar a la
coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, para que se pronuncie sobre la concesión o el disfrute
de las vacaciones […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL cuestionó la providencia
de primera instancia, al indicar que no debe ser la señalada como
responsable de la decisión tomada por el nominador de no autorizar
el disfrute vacacional de la accionante, pues ello ocasiona
traumatismos en la gestión del recurso financiero que les es
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asignado para el desarrollo de la función de administrar.
Adujo que proceder a la expedición del CDP para cubrir los gastos
por reemplazo de la empleada, reviste una complejidad tal que no
está en manos de esa ordenadora del gasto superarla de manera
autónoma, toda vez que los bienes y recursos que tiene por función
administrar, dependen de los fondos que se sitúen desde la
Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Reiteró que no fue la vulneradora de los derechos fundamentales
invocados, ni tampoco ha sido su intención socavarlos, lo que
quedó demostrado con la expedición célere y oportuna del CDP
para pagar las vacaciones y prima de vacaciones de la actora.
Añadió que, pese a lo anterior, en cumplimiento del fallo de tutela,
una vez situados los recursos por parte de la DEAJ, expidió el Oficio
DESAJMEO24-1880 de 10 de mayo de 2024, en el cual se certifica
la disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de las
vacaciones de la accionante.
Por lo anterior, solicitó que sea revocada la decisión de primera
instancia.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión,
como el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
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solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
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violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de
tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la
Sala).
En el presente caso, como quiera que a través de la acción de
tutela de la referencia la actora pretende, entre otros aspectos, que
se ordene la expedición del correspondiente CDP para el
nombramiento de su reemplazo, es claro que el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA, el CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL tienen una relación sustancial con
lo que se discute en el proceso, pues se trata de un asunto
administrativo de su competencia, por lo que era necesaria su
vinculación en la presente acción constitucional, razón por la cual se
denegarán sus solicitudes de desvinculación, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Caso concreto
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La Sala observa que en el presente caso la señora GLORIA MARÍA
ORTIZ GÓMEZ interpuso acción de tutela con la finalidad de
obtener el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo digno,
a la igualdad, al descanso remunerado, a la salud y a la familia.
La actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de que a través de la Resolución núm. 0132 de 26 de abril de
2024, la Juez Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS le negó el
disfrute de sus vacaciones con fundamento en la negativa de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho período.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 8 de mayo de 2024,
amparó el derecho fundamental al descanso de la actora, al
considerar que no debe existir condicionamientos para el
nombramiento de reemplazos en provisionalidad de funcionarios
que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales.
En consecuencia, el TRIBUNAL le ordenó a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del fallo, realice las
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gestiones administrativas y presupuestales necesarias para
provisionar los recursos tendientes a viabilizar la disponibilidad
presupuestal para la vinculación de un funcionario de reemplazo
durante el período de vacaciones que se le otorgue a la actora.
Igualmente, le ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
en coordinación con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, comunicar de lo anterior a la
coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS, con el fin de que se
emitiera pronunciamiento respecto de la concesión de las
vacaciones.
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión del
a quo argumentando que: i) no es la competente para dar
cumplimiento a las pretensiones solicitadas por la actora; ii) no ha
vulnerado los derechos fundamentales deprecados, tan es así que
expidió de forma célere el CDP para pagar las vacaciones y prima
de vacaciones de la actora; y iii) pese a todo ello, emitió el Oficio
DESAJMEO24-1880 de 10 de mayo de 2024, en el cual se certificó
la disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de las
vacaciones de la accionante.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
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acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL denegara la expedición del
CDP que garantice la vinculación de una persona para reemplazar a
la actora durante sus vacaciones, vulnera los derechos
fundamentales invocados por ésta al impedirle disfrutar plenamente
de dicha prestación social.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
originó con ocasión a la expedición: i) del oficio DESAJMEO24-1546
de 19 de abril de 2024, a través del cual la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL denegó la expedición del certificado
presupuestal objeto de controversia; y, ii) de la Resolución núm.
0132 de 26 de abril de 2024, a través de la cual la coordinadora del
CENTRO DE SERVICIOS negó la solicitud de concesión de
vacaciones de la actora, mientras que la acción de tutela fue
radicada el 29 de abril de 2024.
Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la
Sala también encuentra acreditado dicho requisito, toda vez que
por una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la
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protección inmediata del derecho a las vacaciones como garantía
mínima de los trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual
medio de control y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz,
respecto a la necesidad de que se efectué un nombramiento de
remplazo durante el tiempo que esté en vacaciones6.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la
Rama Judicial
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
6
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de
tutela en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado,
derecho que tiene como propósito que el empleado recupere las
energías ante el desgaste normal de las mismas, originado por la
actividad laboral.
Al efecto, en sentencia C-019 de 20047 la Corte Constitucional
señaló:
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más
en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso
legalmente causado y con el pago previo de ese derecho,
pues no sería justo ni razonable el que un trabajador saliera a
“disfrutar” sus vacaciones desprovisto del correspondiente
ingreso económico. Claro es que unas vacaciones carentes de
recursos se tornarían en un hecho contraproducente a los
intereses y derechos del titular y su familia, ante la
permanencia del gasto que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones
resulta pertinente destacar la regla según la cual los
empleados deben disfrutar efectivamente su período
vacacional, con arreglo a los términos y plazos
establecidos en la ley. Aceptándose sólo por excepción el
7
Mp Jaime Araújo Rentería.
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
pago de las mismas sin el concomitante disfrute; esto es,
únicamente en los casos taxativamente señalados se admite
la compensación en dinero de las vacaciones […]”. (Negrillas
fuera del texto).
De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano
mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19628, dispone:
“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y
funcionarios de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el
artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo 19969, en los siguientes
términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio […]”.
8
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
9
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante, lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la
RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus
vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por
tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.
Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de
juicio obrantes en el plenario10, se encuentra probado de forma
relevante lo siguiente:
• La actora, en calidad de escribiente en provisionalidad del
CENTRO DE SERVICIOS, solicitó a su nominador que le fueran
10
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de segunda instancia.
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concedidas las vacaciones a que tenía derecho por haber laborado
durante el período comprendido entre el 3 de febrero de 2023 al 2
de febrero de 2024.
• La coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS solicitó a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal en aras de garantizar el
nombramiento de un reemplazo, que sustituyera a la actora
mientras disfrutaba de sus vacaciones.
• Mediante Oficio núm. DESAJMEO24-1546 de 19 de abril de 2024,
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las siguientes
razones:
“[…] Con relación al asunto de la referencia, me permito
certificar que por medio de la Ley 2342 del 15 diciembre de
2023 y el Decreto de liquidación 2295 de Diciembre 29 de
2023, se aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital de apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2024,
por lo tanto existen recursos para Servicios Personales de la
Rama Judicial Antioquia, y se certifica que el CDP 024024,
tiene disponibilidad para cancelar un periodo de vacaciones y
primas vacacionales, a partir del 07/05/2024 al 31/05/2024, al
servidor(a) GLORIA MARIA ORTIZ GOMEZ, quien ocupa el
cargo de Escribiente.
Respecto a la certificación de disponibilidad presupuesta
para el reemplazo de las vacaciones, de manera atenta
nos permitimos informar que, de acuerdo con la
apropiación presupuestal, actualmente no es posible
expedir el mismo.
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
La adición presupuestal para este rubro se encuentra sujeto a
lo dispuesto en la Circular PSAC11 44 de Noviembre 23 de
2.011 expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, la cual, como se indicó en la Circular
DESAJME18-5220 expedida por esta Dirección, la apropiación
presupuestal para el rubro “Servicios prestados por vacaciones
personal titular” se encuentra con restricciones presupuestales
para el presente año, sólo la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial situará los recursos para los
funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen de
vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se trate de
empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren
en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos.
Así mismo la circular PSAC11-44 contempla en el numeral 6.
“El personal titular que pertenece al régimen de vacaciones
colectivas no debe solicitar asignación de recursos para atender
reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como los
Directores Ejecutivos Seccionales, se abstendrán igualmente de
darles trámite por esta vía, excepto cuando la solicitud
corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por
enfermedad o por maternidad haya coincidido total o
parcialmente con el periodo vacacional de este régimen, para
lo cual se anexará fotocopia del certificado de incapacidad
correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre
afiliado.”
Igualmente, se debe tener en cuenta la Resolución número
9023 del 31 de diciembre del 2021, expedida por la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante el cual se efectúan unos ajustes en el
Presupuesto de Funcionamientos de la Rama Judicial, y en la
cual señala: “Que los recursos asignados en la presente
resolución tienen como destino la financiación de los gastos de
personal relacionado con los reemplazos por vacaciones de los
funcionarios de la Rama Judicial, conforme a lo establecido en
la Circular 044 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura y
la atención de tutelas relacionadas con este concepto de gasto
[…]”. (Destacado fuera de texto)
• A través de la Resolución núm. 0132 de 26 de abril de 2024, el
nominador de la actora le denegó las vacaciones solicitadas
teniendo en cuenta la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal necesario
para el nombramiento de su remplazo durante el período de
descanso.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el
criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias
administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período
vacacional que legalmente le asiste a la actora, teniendo en cuenta
la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo, en el
que el descanso constituye una garantía fundamental del empleado,
además de una prestación social y un derecho económico
relacionado con la salud y la seguridad social de las personas.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas no es una obligación que deba
soportar la actora, además porque las dificultades de la carga
laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no
pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los
despachos judiciales.
Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del
recurrente, según el cual bastaría con ordenarle al nominador de la
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
actora concederle las vacaciones sin que se dispusiera sobre el
certificado de disponibilidad presupuestal para efectuar un
nombramiento de remplazo.
Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho
al trabajo en condiciones dignas de la actora y el de sus
compañeros del CENTRO DE SERVICIOS, al romper el desarrollo
armónico y eficiente de las tareas asignadas a cada empleado.
Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente, de forma
reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en
dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el
reemplazo del empleado durante sus vacaciones11.
Aclarado lo anterior, es del caso advertir que en el escrito de
impugnación la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL puso en
conocimiento que, en cumplimiento del fallo de tutela de
primera instancia, expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal para cubrir el rubro destinado a designar
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
agosto de 2021, CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez. Número único de radicación
110010315000202102853-01.
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provisionalmente a quien reemplazará en su ausencia a la señora
GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ, mediante el oficio DESAJMEO24-
1880 de 10 de mayo de 202412, en el cual se dispuso:
“[…] Para los fines pertinentes, y relación al asunto de la
referencia, me permito certificar que por medio de la Ley
2342 del 15 diciembre de 2023 y el Decreto de liquidación
2295 de Diciembre 29 de 2023, se aprueba el presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital de apropiaciones para la
vigencia fiscal del año 2024, por lo tanto existen recursos
para Servicios Personales de la Rama Judicial Antioquia, y se
certifica que la disponibilidad presupuestal número 0310224,
tiene disponibilidad para cancelar un periodo de vacaciones y
primas vacacionales, a partir del 07/05/2024 al 31/05/2024,
al servidor(a) GLORIA MARIA ORTIZ GOMEZ, quien ocupa el
cargo de Escribiente. Haciendo CLARIDAD que el presente
puede utilizarse para el periodo de vacaciones que requiera
programar, con vigencia de un mes a partir de su
expedición.
Respecto a la certificación de disponibilidad
presupuesta para el reemplazo de las vacaciones, me
permito certificar que el CDP 124, tiene disponibilidad
presupuestal para cubrir un periodo de reemplazo de
vacaciones.
[…]
Adicionalmente, se informa que el CDP para cubrir el
reemplazo de vacaciones, tiene vigencia de un mes, el cual
comienza a contar a partir de la fecha inicial en la que
pretende disfrutar de las vacaciones.
[…]”. (Destacado fuera de texto)
Sumado a lo anterior, de las pruebas allegadas al expediente se
advierte que el CENTRO DE SERVICIOS expidió la Resolución
núm. 145 de 14 de mayo de 2024, mediante la cual le concedió 25
12
“Respuesta solicitud disponibilidad presupuestal para reemplazo y disfrute de vacaciones”.
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
días de vacaciones a la actora comprendidos entre el 14 de mayo
hasta el 7 de junio de 2024.
En ese entendido, para la Sala es evidente que el CENTRO DE
SERVICIOS y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL ya
realizaron las gestiones administrativas tendientes a que se
expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal destinado a
cubrir el nombramiento de la persona que reemplazó a la tutelante
en el período de vacaciones, así como también la Resolución núm.
145 de 14 de mayo de 2024 por medio de la cual le fueron
concedidas las vacaciones a la actora.
Analizado lo anterior, la Sala encuentra que como ya se respondió a
la cuestión fundamental planteada por la accionante, se encuentran
satisfechas las pretensiones que inicialmente dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela, pero se advierte que ello se
llevó a cabo en virtud de la orden de amparo decretada en la
sentencia de primera instancia, por lo que el asunto no se encuadra
dentro de la definición de hecho superado contenida en el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991, sino que cesó la vulneración en
cumplimiento de una orden judicial.
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,
ha indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si
durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que
generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide
el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión perseguida
deja de ser exigible o pierde su efecto necesario, al punto de
no existir el motivo u objeto que justifica la intervención
preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho, que la
carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero
acaece cuando se supera la afectación de tal manera que el
pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional por
cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva
constitucionalmente previsto, o en el evento en que ya no hay
lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se va a
lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se
da cuando entre el momento de la interposición de la acción de
tutela y el momento del fallo se satisface por completo la
pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la
cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria,
En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes
de que el mismo diera orden alguna […]”13 (Destacado
fuera de texto).
En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo
que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho
superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede
señalar que la orden de amparo carezca de objeto, todo lo
contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en
adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad
de que medie una orden de un juez para garantizar los derechos
fundamentales.
En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden
de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que
debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por
cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho
reclamado.
Distinto sería si, por ejemplo, el a quo no hubiese concedido el
amparo y aun así las accionadas hubiesen concedido las vacaciones
solicitadas por la actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a
declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente, se constató
que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en
atención a que la situación de vulneración ya fue superada.
Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está
previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en
cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador
desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna
encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si
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la intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y
estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.
Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA ANTIOQUIA - CHOCÓ, el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de
2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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