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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA ANTIOQUIA - CHOCÓ, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-00627-01 Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00627-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-00627-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO, PUES SE
EXPIDIÓ EL CDP PARA EL REEMPLAZO Y SE CONCEDIERON LAS VACACIONES
DE LA ACTORA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
VACACIONES INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. SE
REITERA POSICIÓN DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO DIGNO, IGUALDAD, DESCANSO
REMUNERADO, SALUD Y FAMILIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE MEDELLÍN contra la sentencia de 8 de mayo de

2024, mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA1 amparó los derechos fundamentales invocados como

vulnerados por la actora.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-00627-01
Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al trabajo digno, a la igualdad, al descanso

remunerado, a la salud y a la “familia”, los cuales considera

vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA -

CHOCÓ2, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

ANTIOQUIA - CHOCÓ3 y el CENTRO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN4 al negar la

expedición del certificado de disponibilidad presupuestal 5 para el

nombramiento de su reemplazo durante el período de sus

vacaciones individuales.

I.2.- Hechos

2
En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
3
En adelante el Consejo Seccional de la Judicatura.
4
En adelante Centro de Servicios.
5
En adelante CDP.

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Manifestó que se encuentra vinculada en provisionalidad a la RAMA

JUDICIAL en el cargo de escribiente del Centro de Servicios de los

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Medellín.

Indicó que, una vez cumplió un año de servicio en el desempeño

del cargo, le solicitó a la Juez Coordinadora del CENTRO DE

SERVICIOS el reconocimiento de las vacaciones para ser

disfrutadas del 7 al 31 de mayo de 2024.

Afirmó que el CENTRO DE SERVICIOS solicitó a la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL el CDP, tanto para el disfrute de sus

vacaciones como para designar el reemplazo del empleado durante

dicho período.

Sostuvo que, a pesar de que la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL expidió el CDP 24024 para el disfrute de sus

vacaciones, mediante el oficio DESAJMEO24-1546 de 19 de abril de

2024 denegó la expedición del CDP para efectuar un nombramiento

de remplazo mientras estuviera disfrutando de su descanso legal.

Destacó que lo anterior, trajo como consecuencia que la Juez

Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS mediante Resolución

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núm. 0132 de 26 de abril de 2024 negara sus vacaciones “hasta

tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo”.

Adujo que, contra la mencionada decisión interpuso recurso de

reposición ante el CENTRO DE SERVICIOS, el cual fue resuelto de

manera desfavorable.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que el descanso remunerado es un derecho

fundamental avalado por la Corte Constitucional, el cual no debe

ser negado por falta de partida presupuestal.

Aseveró que si bien es cierto que existe una necesidad imperiosa de

prestar sus servicios personales en la dependencia a la que

pertenece, el derecho al disfrute de sus vacaciones es un derecho

constitucional irrenunciable y, en todo caso, no se le puede imponer

una carga que no está obligada a soportar, máxime cuando dichos

problemas administrativos son ajenos a su voluntad.

Adujo que en el presente caso se encuentran dos derechos

fundamentales en choque, pues de un lado están los derechos

laborales de todo empleado como lo es el descanso y, por otro lado,

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la Rama Judicial debe garantizar el debido y correcto

funcionamiento de la administración de justicia, situación que no la

puede perjudicar con fundamento en decisiones y partidas

presupuestales.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales

invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] SEGUNDO: Se ordene a las entidades accionadas, que
apropien las partidas presupuestales que corresponden para el
nombramiento de mi remplazo como escribiente del centro de
servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, y así poder disfrutar de mis vacaciones.

TERCERO: Disponer u ordenar que se emita la resolución que
me conceda el disfrute de las vacaciones negadas.

TERCERO: (sic) Se proceda a conminar a las autoridades
respectivas para que, en el futuro, esta situación no se vuelva
a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización de
recursos para designar como empleado encargado a otras
personas, para que los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la
eficiencia de la administración de justicia […]”. (Negrilla
pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL manifestó que en

ningún momento ha intervenido en las decisiones tomadas por el

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titular de dicho despacho para negar el disfrute de las vacaciones

de la actora, comoquiera que dichas decisiones las emiten los

respectivos nominadores en ejercicio de su función administrativa.

Igualmente, sostuvo que la disponibilidad para el disfrute de

vacaciones de la actora fue otorgada a través del CDP núm. 024024

según lo exige la Ley; no obstante, la falta de disponibilidad para

efectos de un reemplazo no constituye argumento válido para negar

el disfrute, ni dicha responsabilidad puede serle trasladada.

Refirió que los servidores de las Direcciones Ejecutivas tampoco

tienen reemplazo de vacaciones, incluso, cuando estos hacen uso

de este derecho debidamente causado, las funciones son asignadas

sin contraprestación alguna a otro servidor que cumpla el perfil del

cargo, sin que tenga derecho a erogación presupuestal alguna por

dicho concepto y sin que ello constituya violación de los derechos

del empleado.

Afirmó que, por ser una entidad que depende del presupuesto

nacional, no cuenta con presupuesto propio y, en ese sentido, se

debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del

Nivel Central las apropiaciones correspondientes para sus gastos,

pues es allí donde se consolidan todas las necesidades a nivel

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nacional, de tal forma que hasta que se expida otra circular

diferente a la PSAC11-44 por parte del Consejo Superior de la

Judicatura, solo podrán autorizarse los reemplazos de los jueces

que pertenecen al régimen de vacaciones individuales y a

empleados que laboren en despachos con vacaciones individuales

cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.

Así las cosas, resaltó que en ningún momento ha vulnerado los

derechos fundamentales de la actora, pues la negativa al descanso

emanó directa y exclusivamente del nominador, por lo que solicitó

que se declare la improcedencia del amparo solicitado.

I.5.2.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA solicitó

desestimar las pretensiones de la acción de tutela al considerar que

de los hechos ni de las pretensiones se deduce una responsabilidad

de su parte, pues las certificaciones fueron expedidas por la

Dirección Ejecutiva Seccional.

Manifestó que el CDP que requiere la actora debe ser tramitado y

expedido directamente por la Dirección Ejecutiva Seccional, que es

la responsable del manejo presupuestal y del personal de la Rama

Judicial en ese Distrito.

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Finalmente, solicitó que se le excluya de la acción constitucional de

la referencia.

I.5.3.- El CENTRO DE SERVICIOS solicitó que se amparen los

derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a

la Dirección Ejecutiva Seccional que proceda a expedir el CDP para

el reemplazo de las vacaciones de la actora.

I.5.4.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA destacó que

carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó la

desvinculación del presente trámite, toda vez que las acciones y

omisiones que alega la actora como vulneradoras recaen

exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional, ordenadora

del gasto y quien tiene la competencia de expedir el CDP para

designar los reemplazos de los funcionarios judiciales que

pretendan el disfrute de sus vacaciones.

Finalmente, destacó que con fundamento en lo ordenado en la

sentencia SU-296 de 3 de agosto de 2023, esa colegiatura y la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se encuentran

adelantando las respectivas gestiones que permitan acatar la orden

referente a la efectividad del derecho a las vacaciones de los

empleados al interior de la Rama Judicial.

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I.5.5.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL afirmó que no actúa como nominador ni tampoco ha

intervenido en los hechos objeto de la presente solicitud de

amparo, toda vez que la competencia para hacer efectivas las

pretensiones están en cabeza de la Dirección Ejecutiva Seccional y

el Centro de Servicios, por lo que solicitó tener en cuenta los

planteamientos y la resolución adoptada en la sentencia SU-296 de

2023 proferida por la Corte Constitucional.

Así las cosas, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa

por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la disposición de

recursos que permitan la contratación del reemplazo de la

accionante para la concesión del período de vacaciones.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 8 de mayo de 2024, el TRIBUNAL amparó

el derecho fundamental al descanso invocado como violado en la

presente acción de tutela y, en consecuencia, le ordenó a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

realizar las gestiones administrativas y presupuestales que

garanticen la correcta prestación del servicio de administración de

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justicia por parte del CENTRO DE SERVICIOS y el goce y disfrute

de las vacaciones solicitadas por la actora.

Asimismo, le ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL comunicar a la Coordinadora del

CENTRO DE SERVICIOS para que esta se pronuncie sobre la

concesión y el disfrute de las vacaciones solicitadas por la

accionante.

Para sustentar la decisión referida, adujo que el fundamento de la

derogación de las circulares 44 y 89 de 2005, las cuales restringían

la asignación de presupuesto para reemplazos en solo dos

ocasiones, fue que las vacaciones constituyen una garantía del

derecho fundamental al descanso y, por ende, no debe existir

condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en

provisionalidad de funcionarios que pertenezcan al régimen de

vacaciones individuales.

Asimismo, resaltó que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre

de 2011, dispuso que los funcionarios judiciales deben reportar

hasta marzo de cada anualidad la programación de vacaciones

correspondientes al siguiente año ante el Consejo Seccional de la

Judicatura del respectivo Distrito Judicial, por lo que el único

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condicionamiento para la solicitud de vacaciones es la obligación del

funcionario de reportar antes de marzo la programación de estas.

Así las cosas, en la parte resolutiva dispuso:

“[…] SEGUNDO. – En consecuencia, ORDENÁSE a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– DEAJ, que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, realice las gestiones
necesarias para aprovisionar los recursos tendientes a viabilizar la
disponibilidad presupuestal para la vinculación de un funcionario
de reemplazo durante el período de vacaciones que se le otorgue
a Gloria María Ortiz Gómez.

Una vez se otorguen los recursos solicitados por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– DEAJ, esta última entidad le deberá comunicar a la
coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, para que se pronuncie sobre la concesión o el disfrute
de las vacaciones […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL cuestionó la providencia

de primera instancia, al indicar que no debe ser la señalada como

responsable de la decisión tomada por el nominador de no autorizar

el disfrute vacacional de la accionante, pues ello ocasiona

traumatismos en la gestión del recurso financiero que les es

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asignado para el desarrollo de la función de administrar.

Adujo que proceder a la expedición del CDP para cubrir los gastos

por reemplazo de la empleada, reviste una complejidad tal que no

está en manos de esa ordenadora del gasto superarla de manera

autónoma, toda vez que los bienes y recursos que tiene por función

administrar, dependen de los fondos que se sitúen desde la

Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público.

Reiteró que no fue la vulneradora de los derechos fundamentales

invocados, ni tampoco ha sido su intención socavarlos, lo que

quedó demostrado con la expedición célere y oportuna del CDP

para pagar las vacaciones y prima de vacaciones de la actora.

Añadió que, pese a lo anterior, en cumplimiento del fallo de tutela,

una vez situados los recursos por parte de la DEAJ, expidió el Oficio

DESAJMEO24-1880 de 10 de mayo de 2024, en el cual se certifica

la disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de las

vacaciones de la accionante.

Por lo anterior, solicitó que sea revocada la decisión de primera

instancia.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión,

como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

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solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela por

falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la

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violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de
tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la
Sala).

En el presente caso, como quiera que a través de la acción de

tutela de la referencia la actora pretende, entre otros aspectos, que

se ordene la expedición del correspondiente CDP para el

nombramiento de su reemplazo, es claro que el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA, el CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL tienen una relación sustancial con

lo que se discute en el proceso, pues se trata de un asunto

administrativo de su competencia, por lo que era necesaria su

vinculación en la presente acción constitucional, razón por la cual se

denegarán sus solicitudes de desvinculación, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

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La Sala observa que en el presente caso la señora GLORIA MARÍA

ORTIZ GÓMEZ interpuso acción de tutela con la finalidad de

obtener el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo digno,

a la igualdad, al descanso remunerado, a la salud y a la familia.

La actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al

hecho de que a través de la Resolución núm. 0132 de 26 de abril de

2024, la Juez Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS le negó el

disfrute de sus vacaciones con fundamento en la negativa de la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad

presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho período.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, a través de sentencia de 8 de mayo de 2024,

amparó el derecho fundamental al descanso de la actora, al

considerar que no debe existir condicionamientos para el

nombramiento de reemplazos en provisionalidad de funcionarios

que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales.

En consecuencia, el TRIBUNAL le ordenó a la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que, dentro de los

cinco (5) días siguientes a la notificación del fallo, realice las

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gestiones administrativas y presupuestales necesarias para

provisionar los recursos tendientes a viabilizar la disponibilidad

presupuestal para la vinculación de un funcionario de reemplazo

durante el período de vacaciones que se le otorgue a la actora.

Igualmente, le ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

en coordinación con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, comunicar de lo anterior a la

coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS, con el fin de que se

emitiera pronunciamiento respecto de la concesión de las

vacaciones.

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión del

a quo argumentando que: i) no es la competente para dar

cumplimiento a las pretensiones solicitadas por la actora; ii) no ha

vulnerado los derechos fundamentales deprecados, tan es así que

expidió de forma célere el CDP para pagar las vacaciones y prima

de vacaciones de la actora; y iii) pese a todo ello, emitió el Oficio

DESAJMEO24-1880 de 10 de mayo de 2024, en el cual se certificó

la disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de las

vacaciones de la accionante.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

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acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL denegara la expedición del

CDP que garantice la vinculación de una persona para reemplazar a

la actora durante sus vacaciones, vulnera los derechos

fundamentales invocados por ésta al impedirle disfrutar plenamente

de dicha prestación social.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión a la expedición: i) del oficio DESAJMEO24-1546

de 19 de abril de 2024, a través del cual la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL denegó la expedición del certificado

presupuestal objeto de controversia; y, ii) de la Resolución núm.

0132 de 26 de abril de 2024, a través de la cual la coordinadora del

CENTRO DE SERVICIOS negó la solicitud de concesión de

vacaciones de la actora, mientras que la acción de tutela fue

radicada el 29 de abril de 2024.

Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la

Sala también encuentra acreditado dicho requisito, toda vez que

por una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la

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Actora: GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ

protección inmediata del derecho a las vacaciones como garantía

mínima de los trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual

medio de control y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz,

respecto a la necesidad de que se efectué un nombramiento de

remplazo durante el tiempo que esté en vacaciones6.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la

Rama Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

6
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de
tutela en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.

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de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado,

derecho que tiene como propósito que el empleado recupere las

energías ante el desgaste normal de las mismas, originado por la

actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 20047 la Corte Constitucional

señaló:

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más
en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.

En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso
legalmente causado y con el pago previo de ese derecho,
pues no sería justo ni razonable el que un trabajador saliera a
“disfrutar” sus vacaciones desprovisto del correspondiente
ingreso económico. Claro es que unas vacaciones carentes de
recursos se tornarían en un hecho contraproducente a los
intereses y derechos del titular y su familia, ante la
permanencia del gasto que implica su existencia y desarrollo.

Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones
resulta pertinente destacar la regla según la cual los
empleados deben disfrutar efectivamente su período
vacacional, con arreglo a los términos y plazos
establecidos en la ley. Aceptándose sólo por excepción el

7
Mp Jaime Araújo Rentería.

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pago de las mismas sin el concomitante disfrute; esto es,
únicamente en los casos taxativamente señalados se admite
la compensación en dinero de las vacaciones […]”. (Negrillas
fuera del texto).

De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano

mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19628, dispone:

“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].

Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y

funcionarios de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el

artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo 19969, en los siguientes

términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio […]”.

8
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
9
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

No obstante, lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la

RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus

vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por

tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.

Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de

juicio obrantes en el plenario10, se encuentra probado de forma

relevante lo siguiente:

• La actora, en calidad de escribiente en provisionalidad del

CENTRO DE SERVICIOS, solicitó a su nominador que le fueran

10
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de segunda instancia.

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concedidas las vacaciones a que tenía derecho por haber laborado

durante el período comprendido entre el 3 de febrero de 2023 al 2

de febrero de 2024.

• La coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS solicitó a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL la expedición del certificado

de disponibilidad presupuestal en aras de garantizar el

nombramiento de un reemplazo, que sustituyera a la actora

mientras disfrutaba de sus vacaciones.

• Mediante Oficio núm. DESAJMEO24-1546 de 19 de abril de 2024,

la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las siguientes

razones:

“[…] Con relación al asunto de la referencia, me permito
certificar que por medio de la Ley 2342 del 15 diciembre de
2023 y el Decreto de liquidación 2295 de Diciembre 29 de
2023, se aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital de apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2024,
por lo tanto existen recursos para Servicios Personales de la
Rama Judicial Antioquia, y se certifica que el CDP 024024,
tiene disponibilidad para cancelar un periodo de vacaciones y
primas vacacionales, a partir del 07/05/2024 al 31/05/2024, al
servidor(a) GLORIA MARIA ORTIZ GOMEZ, quien ocupa el
cargo de Escribiente.

Respecto a la certificación de disponibilidad presupuesta
para el reemplazo de las vacaciones, de manera atenta
nos permitimos informar que, de acuerdo con la
apropiación presupuestal, actualmente no es posible
expedir el mismo.

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La adición presupuestal para este rubro se encuentra sujeto a
lo dispuesto en la Circular PSAC11 44 de Noviembre 23 de
2.011 expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, la cual, como se indicó en la Circular
DESAJME18-5220 expedida por esta Dirección, la apropiación
presupuestal para el rubro “Servicios prestados por vacaciones
personal titular” se encuentra con restricciones presupuestales
para el presente año, sólo la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial situará los recursos para los
funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen de
vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se trate de
empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren
en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos.

Así mismo la circular PSAC11-44 contempla en el numeral 6.
“El personal titular que pertenece al régimen de vacaciones
colectivas no debe solicitar asignación de recursos para atender
reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como los
Directores Ejecutivos Seccionales, se abstendrán igualmente de
darles trámite por esta vía, excepto cuando la solicitud
corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por
enfermedad o por maternidad haya coincidido total o
parcialmente con el periodo vacacional de este régimen, para
lo cual se anexará fotocopia del certificado de incapacidad
correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre
afiliado.”

Igualmente, se debe tener en cuenta la Resolución número
9023 del 31 de diciembre del 2021, expedida por la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante el cual se efectúan unos ajustes en el
Presupuesto de Funcionamientos de la Rama Judicial, y en la
cual señala: “Que los recursos asignados en la presente
resolución tienen como destino la financiación de los gastos de
personal relacionado con los reemplazos por vacaciones de los
funcionarios de la Rama Judicial, conforme a lo establecido en
la Circular 044 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura y
la atención de tutelas relacionadas con este concepto de gasto
[…]”. (Destacado fuera de texto)

• A través de la Resolución núm. 0132 de 26 de abril de 2024, el

nominador de la actora le denegó las vacaciones solicitadas

teniendo en cuenta la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional

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para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal necesario

para el nombramiento de su remplazo durante el período de

descanso.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial

aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el

criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias

administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período

vacacional que legalmente le asiste a la actora, teniendo en cuenta

la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo, en el

que el descanso constituye una garantía fundamental del empleado,

además de una prestación social y un derecho económico

relacionado con la salud y la seguridad social de las personas.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta

de restricciones administrativas no es una obligación que deba

soportar la actora, además porque las dificultades de la carga

laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no

pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los

despachos judiciales.

Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del

recurrente, según el cual bastaría con ordenarle al nominador de la

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actora concederle las vacaciones sin que se dispusiera sobre el

certificado de disponibilidad presupuestal para efectuar un

nombramiento de remplazo.

Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho

al trabajo en condiciones dignas de la actora y el de sus

compañeros del CENTRO DE SERVICIOS, al romper el desarrollo

armónico y eficiente de las tareas asignadas a cada empleado.

Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente, de forma

reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en

dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el

reemplazo del empleado durante sus vacaciones11.

Aclarado lo anterior, es del caso advertir que en el escrito de

impugnación la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL puso en

conocimiento que, en cumplimiento del fallo de tutela de

primera instancia, expidió el certificado de disponibilidad

presupuestal para cubrir el rubro destinado a designar

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
agosto de 2021, CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez. Número único de radicación
110010315000202102853-01.

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provisionalmente a quien reemplazará en su ausencia a la señora

GLORIA MARÍA ORTIZ GÓMEZ, mediante el oficio DESAJMEO24-

1880 de 10 de mayo de 202412, en el cual se dispuso:

“[…] Para los fines pertinentes, y relación al asunto de la
referencia, me permito certificar que por medio de la Ley
2342 del 15 diciembre de 2023 y el Decreto de liquidación
2295 de Diciembre 29 de 2023, se aprueba el presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital de apropiaciones para la
vigencia fiscal del año 2024, por lo tanto existen recursos
para Servicios Personales de la Rama Judicial Antioquia, y se
certifica que la disponibilidad presupuestal número 0310224,
tiene disponibilidad para cancelar un periodo de vacaciones y
primas vacacionales, a partir del 07/05/2024 al 31/05/2024,
al servidor(a) GLORIA MARIA ORTIZ GOMEZ, quien ocupa el
cargo de Escribiente. Haciendo CLARIDAD que el presente
puede utilizarse para el periodo de vacaciones que requiera
programar, con vigencia de un mes a partir de su
expedición.

Respecto a la certificación de disponibilidad
presupuesta para el reemplazo de las vacaciones, me
permito certificar que el CDP 124, tiene disponibilidad
presupuestal para cubrir un periodo de reemplazo de
vacaciones.

[…]

Adicionalmente, se informa que el CDP para cubrir el
reemplazo de vacaciones, tiene vigencia de un mes, el cual
comienza a contar a partir de la fecha inicial en la que
pretende disfrutar de las vacaciones.
[…]”. (Destacado fuera de texto)

Sumado a lo anterior, de las pruebas allegadas al expediente se

advierte que el CENTRO DE SERVICIOS expidió la Resolución

núm. 145 de 14 de mayo de 2024, mediante la cual le concedió 25

12
“Respuesta solicitud disponibilidad presupuestal para reemplazo y disfrute de vacaciones”.

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días de vacaciones a la actora comprendidos entre el 14 de mayo

hasta el 7 de junio de 2024.

En ese entendido, para la Sala es evidente que el CENTRO DE

SERVICIOS y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL ya

realizaron las gestiones administrativas tendientes a que se

expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal destinado a

cubrir el nombramiento de la persona que reemplazó a la tutelante

en el período de vacaciones, así como también la Resolución núm.

145 de 14 de mayo de 2024 por medio de la cual le fueron

concedidas las vacaciones a la actora.

Analizado lo anterior, la Sala encuentra que como ya se respondió a

la cuestión fundamental planteada por la accionante, se encuentran

satisfechas las pretensiones que inicialmente dieron lugar a la

interposición de la acción de tutela, pero se advierte que ello se

llevó a cabo en virtud de la orden de amparo decretada en la

sentencia de primera instancia, por lo que el asunto no se encuadra

dentro de la definición de hecho superado contenida en el artículo

26 del Decreto 2591 de 1991, sino que cesó la vulneración en

cumplimiento de una orden judicial.

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los

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cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,

ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si
durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que
generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide
el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión perseguida
deja de ser exigible o pierde su efecto necesario, al punto de
no existir el motivo u objeto que justifica la intervención
preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho, que la
carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero
acaece cuando se supera la afectación de tal manera que el
pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional por
cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva
constitucionalmente previsto, o en el evento en que ya no hay
lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se va a
lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se
da cuando entre el momento de la interposición de la acción de
tutela y el momento del fallo se satisface por completo la
pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la
cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria,
En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes
de que el mismo diera orden alguna […]”13 (Destacado
fuera de texto).

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo

que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho

superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede

señalar que la orden de amparo carezca de objeto, todo lo

contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en

adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad

de que medie una orden de un juez para garantizar los derechos

fundamentales.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden

de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que

debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por

cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho

reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, el a quo no hubiese concedido el

amparo y aun así las accionadas hubiesen concedido las vacaciones

solicitadas por la actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a

declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente, se constató

que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en

atención a que la situación de vulneración ya fue superada.

Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está

previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en

cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador

desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna

encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si

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la intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y

estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.

Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA ANTIOQUIA - CHOCÓ, el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de mayo de

2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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