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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2025-00086-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2025-00086-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en su lugar NEGAR la acción de tutela de la referencia frente a los Juzgado 2º, 20 y 66 Administrativos de Bogotá, por las razones antes expuestas. 95 Visible en el índice 43 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01 Demandante: Hendrika García Albarracín SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora García Albarracín y en consecuencia se ordena al Juzgado 25 Administrativo de Bogotá que, en caso de que aún no lo hubiere hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, de una respuesta de fondo respecto a las peticiones 3, 4 y 7 efectuadas por la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. CUARTO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-15-000-2025-00086-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

24 de abril de 2025

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Accionante: Hendrika García Albarracín
Accionados: Juzgados 2°, 4°, 6°, 9°, 10°, 11, 16, 20, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 39, 41,
43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65 y 66 Administrativos del Circuito Judicial de
Bogotá
Tesis: No vulneran el derecho fundamental de petición, unas autoridades judiciales
si emitieron una respuesta de fondo frente a los requerimientos formulados por la
actora.
Es procedente una acción de tutela para reclamar el amparo del derecho de petición
si ya fue resuelto el recurso de insistencia que la actora presentó en contra de las
respuestas que le negaron la entrega de la información.
No existe carencia actual de objeto por hecho superado, si se dio respuesta al
derecho de petición pero en acatamiento del fallo emitido en primera instancia.
No es cierto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no emitió un
pronunciamiento respecto de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la carrera administrativa, al mérito, a la igualdad, al acceso a
cargos públicos y a la administración de justicia de la demandante.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de tutela proferida el 5 de marzo de 2025, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B, que concedió el amparo del
derecho fundamental de petición y en consecuencia ordenó al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dar una respuesta a cada punto de la
solicitud presentada por la actora.

De otro lado, declaró improcedente la acción de tutela frente a los Juzgados 2°, 20,
25 y 66 Administrativos de Bogotá. Negó el amparo del derecho fundamental de

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

petición en lo concerniente a los Juzgados 4°, 6°, 10°, 11, 16, 23, 28, 34, 36, 37, 39,
41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64 y 65 Administrativos de Bogotá. Declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado frente a los Juzgados 4°, 6°, 11, 23,
28, 34, 36, 37, 39, 41, 54, 56, 60, 61, 64 y 65 Administrativos de Bogotá. Y declaró
improcedente la acción de tutela respecto de la solicitud de ordenar a los Juzgados
accionados a realizar los nombramientos en provisionalidad con los candidatos
incluidos en la lista de elegibles vigente para el cargo de Profesional Universitario
Grado 16.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 19 de febrero de 2025, la señora Hendrika García Albarracín, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela contra los Juzgados 2°, 4°, 6°, 9°, 10°, 11,
16, 20, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65 y 66
Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, alegando la vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, vida digna, igualdad, trabajo, mínimo vital y
móvil, debido proceso, acceso a la administración de justicia, acceso a cargos
públicos, mérito y oportunidad. Lo anterior, con ocasión a la falta de respuesta de
fondo, clara y precisa de la solicitud que radicó el 13 de enero de 2025 ante los
Juzgados antes mencionados.

Para el efecto formuló las siguientes peticiones:

“PRETENSIONES

1. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 23,
25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, la protección
real y efectiva del derecho fundamental de petición, vida digna, igualdad, trabajo,
mínimo vital y móvil, debido proceso, acceso a la administración de justicia, acceso
a cargos públicos, mérito, oportunidad y proscripción de la feminización de la
pobreza.

2. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 23,
25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, dar respuesta
completa y de fondo dentro de las 48 horas siguientes al fallo de la presente tutela,
al derecho de petición de información radicado el 13 de enero de 2024.

3. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 23,
25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, dar estricta
aplicación de la ley 2430 de 9 de octubre de 2024 y realizar los nombramientos en
provisionalidad con los integrantes de la lista de registro de elegibles vigente para
proveer los cargos de profesional universitario grado 16, y en el mismo sentido
hacer extensiva la salvaguarda para todos los Juzgados Administrativos de
Bogotá.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

4. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 23,
25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, dar estricta
aplicación del Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 y realizar los nombramientos en
provisionalidad con los integrantes de la lista de registro de elegibles vigente para
proveer los cargos de profesional universitario grado 16, y en el mismo sentido
hacer extensiva la salvaguarda para todos los Juzgados Administrativos de
Bogotá.

5. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 23,
25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, dar estricta
aplicación a la Constitución, la ley y el reglamento, en el sentido de garantizar el
debido proceso, acceso a cargos públicos, mérito y oportunidad, sin mayores
dilaciones, teniendo en cuenta que la lista de registro de elegibles para proveer los
cargos de profesional universitario grado 16, en propiedad y en provisionalidad,
esta ad portas de su vencimiento, y en el mismo sentido hacer extensiva la
salvaguarda para todos los Juzgados Administrativos de Bogotá.

6. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 23,
25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, las demás
protecciones que de oficio disponga el juez constitucional para garantizar los
derechos fundamentales de petición en conexidad con los derechos
fundamentales a la vida digna, igualdad, trabajo, mínimo vital y móvil, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, acceso a cargos públicos, mérito,
oportunidad y proscripción de la feminización de la pobreza.”1

1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que mediante
el Acuerdo PCSJA17-10643 de 2017, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó la
Convocatoria No. 4 para proveer cargos de carrera en Tribunales, Juzgados y Centros
de Servicios. Adujo que se inscribió en ese trámite para optar por un cargo de
Profesional Universitario Grado 16 en los Juzgados Administrativos de Bogotá.

Afirmó que, a través del Acuerdo CSJBTA22-50, se publicó la lista de registro de
elegibles para el cargo de Profesional Universitario Grado 16 en los Juzgados
Administrativos de Bogotá, en la cual asegura estar incluida.

Señaló que la lista de elegibles, fue reclasificada mediante el Acuerdo No. CSJBTA24-
3118 del 6 de agosto de 2024, cuenta con una vigencia de cuatro (4) años y se
encuentra próxima a vencer. Indicó, además, que dicha lista no ha presentado un
movimiento significativo, a pesar de la existencia de sesenta y ocho (68) Juzgados
Administrativos, así como de los Juzgados de Descongestión creados anualmente.
Debido a ello, desde enero de 2024, inició una serie de solicitudes de información
dirigidas a los distintos nominadores, con el fin de conocer el estado y la utilización de
la referida lista. Expresó que obtener esta información ha resultado especialmente

1 Ibidem.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

difícil, debido a la falta de respuestas oportunas, la entrega parcial o insuficiente de
datos y la invocación de reservas legales que, en su concepto, no tienen sustento, lo
cual ha obstaculizado su derecho a conocer el destino de la lista antes de su inminente
expiración.

Sostuvo que, el 13 de enero de 2025, presentó derecho de petición ante los Juzgados
Administrativos de Bogotá 2°, 4°, 6°, 9°, 10, 11, 16, 20, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 39, 41,
43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65 y 66, mediante el cual solicitó la actualización de
la información relacionada con el uso de la lista de elegibles correspondiente a la
Convocatoria 4. En particular, requirió se precisara qué cargos de Profesional
Universitario Grado 16 se encuentran provistos en provisionalidad con personas
ajenas a dicha lista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2430 del 9 de octubre
de 2024. Asimismo, solicitó información detallada sobre los titulares de estos cargos,
incluyendo nombre completo, fecha de posesión y de retiro (en caso de haber
ocurrido), modalidad de vinculación (ya sea en propiedad, provisionalidad o encargo),
así como el uso de licencias no remuneradas y su duración. De igual forma, pidió que
se informara sobre eventuales provisiones en vacantes definitivas, el estado de la lista
de elegibles y si los respectivos despachos judiciales la han recibido de parte del
Consejo Seccional de la Judicatura.

Señaló que, el 27 de enero de 2025, venció el término de diez (10) días hábiles con
que contaban las autoridades judiciales nominadoras para dar respuesta al derecho
de petición presentado, conforme con lo establecido en el numeral 1° del artículo 14
de la Ley 1755 de 2015. Adujo que, pese a ello, en algunos casos no obtuvo respuesta
alguna y en otros, la información suministrada fue incompleta o no abordó de manera
clara, expresa y de fondo los aspectos solicitados en su requerimiento.

Expresó que la actuación de las entidades accionadas vulneró derechos
fundamentales como la vida digna y el trabajo, afectando de manera directa a los
integrantes de la lista de elegibles para el cargo de Profesional Universitario Grado 16,
y en particular a su caso, al encontrarse en condición de mujer y madre cabeza de
familia. Indicó además que se transgredió el derecho al mínimo vital y móvil, en tanto
la ausencia de respuestas oportunas o la entrega de respuestas parciales ha impedido
el acceso efectivo a los cargos, comprometiendo la estabilidad económica de los
elegibles.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, admitió la tutela a través de auto de 20 de febrero de 20252.
Particularmente ordenó notificar a los accionados los Juzgados 2°, 4°, 6°, 9°, 10°,
11, 16, 20, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65 y 66
Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá y se vinculó al Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá.

2.2. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá- Sección
Segunda, en escrito de fecha de 21 de febrero de 20253, señaló que respondió al
derecho de petición de la tutelante en cuanto tuvo conocimiento de su existencia,
explicando que la solicitud presentada el 13 de enero de 2025, permaneció en la
bandeja de correo no deseado por un error informático y solo fue advertida el 21 de
febrero del mismo año, fecha en la que se notificó la respuesta a la accionante
mediante el Oficio Nro. 066-J057. En consecuencia, solicitó declarar la acción de
tutela como hecho superado, al haberse emitido la respuesta correspondiente.

2.3. El Juzgado Once Administrativo Circuito de Bogotá, mediante memorial
de 21 de febrero de 20254, manifestó que contestó a la petición de información
presentada el 13 de enero de 2025, el día 29 de enero del mismo año, al correo
electrónico de la accionante. Argumentó que no se ha vulnerado ningún derecho
fundamental, ya que se brindó respuesta sobre los cargos de Profesional Grado 16
disponibles y anexó la trazabilidad de los correos enviados.

En similar sentido se pronunciaron los Juzgados: Veintiocho Administrativo del
Circuito de Bogotá5, Cuarenta y Uno administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá6, Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá7,
Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá8, Dieciséis
Administrativo Oral de Bogotá9, Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito

2 Visible índice 4 ibídem.
3 Visible índice 8 ibídem
4 Visible índice 9 ibídem
5 Visible índice 11 ibídem.
6 Visible índice 12 ibídem.
7 Visible índice 13 ibídem.
8 Visible índice 14 ibídem.
9 Visible a índice 16 ibídem.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

Judicial de Bogotá10, Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá, Cuarenta y
Tres Administrativo del Circuito de Bogotá11, Treinta y Cuatro Administrativo
de Bogotá12, Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá13, Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 14,
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá15, Cincuenta y Seis
Administrativo de Bogotá16, Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá17, Sesenta y Cuatro Administrativo de Bogotá18, Sesenta y Seis
Administrativo de Bogotá19, Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá20, Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá21, Veinte
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá22, Veintitrés Administrativo
del Circuito de Bogotá23 y Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá24.

2.4. El Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá25, indicó que el 20 de enero de 2025 dio respuesta al requerimiento
presentado el 13 de enero del mismo año. Expuso que la información solicitada ya
había sido requerida con anterioridad y su entrega fue negada, decisión que fue
avalada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 27
de febrero de 2024, al declarar improcedente el recurso de insistencia interpuesto en
ese entonces. Adicionalmente, informó que actualmente se encuentra en trámite un
nuevo recurso de insistencia bajo el radicado 25000 2341 000 2025 00190 00 ante
dicho Tribunal.

2.5. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá-
Sección Tercera, mediante memorial de 24 de febrero de 202526, solicitó declarar

10 Visible índice 17 ibídem
11Visible índice 21 ibídem
12Visible índice 22 ibídem.
13 Visible índice 24 ibídem
14 Visible índice 26 ibídem
15 Visible índice 28 ibídem
16 Visible índice 29 ibídem.
17 Visible índice 30 ibídem.
18 Visible índice 31 ibídem.
19 Visible índice 33 ibídem.
20 Visible índice 34 ibídem.
21 Visible índice 35 ibídem
22 Visible índice 36 ibídem
23 Visible índice 37 ibídem
24 Visible índice 38 ibídem
25 Visible índice 10 ibídem
26 Visible índice 20 ibídem

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

la carencia actual de objeto, por haberse superado la situación que dio origen a la
acción de tutela, en la medida en que el 21 de febrero de 2025 se informó a la
accionante, mediante comunicación electrónica, que los cargos de Profesional
Universitario Grado 16 se encontraban provistos en propiedad, sin que existieran
vacantes ni fueran ocupados en condición de provisionalidad, encargo o pre-
pensionado.

2.6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá27, a través de escrito de
fecha de 24 de febrero de 2025, manifestó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no tiene competencia ni responsabilidad en relación con las
pretensiones de la accionante.

2.7. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá-
Sección Tercera, allegó memorial el día 25 de febrero de 202528, en el que indicó
que la accionante ya conoce los datos solicitados y considera su conducta como
repetitiva y temeraria, al usar la tutela para requerir información previamente
entregada. En consecuencia, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado y adoptar medidas para evitar el uso insistente de la tutela con el mismo
propósito.

2.8. El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, guardo silencio frente a la
acción de tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 5 de marzo de 2025, resolvió:

“PRIMERO: CONCÉDESE el amparo del derecho fundamental de petición a
favor de la señora HENDRIKA GARCÍA ALBARRACÍN, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDÉNASE al JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ que, dentro del
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, proceda a otorgar respuesta a cada punto de la solicitud de información
elevada vía electrónica el 13 de enero de 2025, y comunicarla en debida forma.

27 Visible índice 23 ibídem.
28 Visible índice 39 ibídem.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

TERCERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la presente acción de tutela
instaurada en lo que al derecho fundamental de petición respecta frente a los
Juzgados 2°, 20, 25 y 66 Administrativos de Bogotá, por lo aquí expuesto.

CUARTO: NIÉGASE el amparo del derecho fundamental de petición en lo que
atañe a los Juzgados 10°, 16, 43, 49, 53 y 57 Administrativos de Bogotá, y en
lo que refiere a los Juzgados 4°, 6°, 11, 23, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 54, 56, 60,
61, 64 y 65 Administrativos de Bogotá, en virtud de lo esbozado en la parte
considerativa.

QUINTO: DECLÁRASE la carencia actual de objeto por presentarse un
hecho superado en lo que a los Juzgados 4°, 6°, 11, 23, 28, 34, 36, 37, 39, 41,
54, 56, 60, 61, 64 y 65 Administrativos de Bogotá concernía en torno al derecho
fundamental de petición.

SEXTO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela frente a las
pretensiones tendientes a ordenar a los Juzgados accionados efectuar los
nombramientos en provisionalidad con los integrantes de la lista de registro de
elegibles vigente para proveer el cargo de Profesional Universitario Grado 16”29

Como fundamento de lo anterior efectuó las siguientes consideraciones:

3.1. Indicó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá está legitimado
por pasiva, al ser responsable de conformar el Registro Seccional de Elegibles para
dicho cargo, según el Acuerdo CSJBTA17-556 del 6 de octubre de 2017.

3.2. Sostuvo que, la petición presentada el 13 de enero de 2025, fue dirigida a
múltiples Juzgados Administrativos de Bogotá, los cuales tenían hasta el 27 de
enero del 2025, para responder conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Ahora bien, con base en la documentación aportada al expediente y las respuestas
emitidas por los juzgados demandados, evidenció que el Juzgado 9º Administrativo
de Bogotá no presentó informe dentro del trámite, pese a haber sido debidamente
notificado. Por tal razón y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, presumió la veracidad de los hechos alegados por la parte actora y
en consecuencia, concedió el amparo del derecho de petición respecto de dicho
despacho judicial.

3.3. En cuanto a los Juzgados 2°, 20, 25 y 66 Administrativos de Bogotá, indicó
que la accionante interpuso recursos de insistencia, algunos ya resueltos y otros
aún en trámite contra las decisiones que negaron la entrega de información

29 Visible en el índice 43 del Sistema de Gestión Judicial del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

relacionada con los ocupantes del cargo de Profesional Universitario Grado 16. En
ese sentido, consideró que la actora ha acudido a un mecanismo judicial idóneo y
eficaz para controvertir dicha negativa, razón por la cual la acción de tutela resulta
improcedente frente a esas autoridades.

3.4. En relación con los demás Juzgados accionados, estableció que las
respuestas emitidas cumplieron con los requisitos de claridad, precisión y
congruencia, abordando la solicitud en su totalidad y que algunas contestaciones
detallaron el uso de la lista de elegibles, los nombramientos y la inexistencia de
vacantes, mientras que otras se limitaron a informar que los cargos estaban
provistos en propiedad, sin identificar a los ocupantes, invocando reserva legal.

Expresó que las respuestas de los Juzgados 10°, 16, 43, 49, 53 y 57 Administrativos
de Bogotá fueron emitidas dentro del plazo legal de diez (10) días, por lo que negó
la protección del derecho fundamental con respecto a ellos.

Aseveró que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de los Juzgados 4°, 6°, 11, 23, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 54, 56, 60, 61, 64 y 65
Administrativos de Bogotá, pues emitieron respuesta durante el proceso de tutela,
como consta en el material probatorio.

3.5. Concluyó que, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar
a los Juzgados accionados a realizar nombramientos en provisionalidad, ya que
esta función corresponde al nominador de cada despacho, quien debe emplear la
lista de elegibles vigente en garantía del mérito, lo cual ha sido cumplido según el
informe del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Finalmente, señaló que no se presentaron pruebas suficientes sobre la vulneración
de otros derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio inminente e
irremediable, y precisó que la accionante ocupa el puesto diecisiete (17) en la lista
de elegibles según la Resolución CSJBTR24-318 de 6 de agosto de 2024. Además,
resaltó que, si la señora García Albarracín considera que hay dilaciones
injustificadas en la provisión de los empleos, puede presentar una queja ante la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

IV. IMPUGNACIÓN

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Demandante: Hendrika García Albarracín

La parte actora impugnó la decisión anterior, argumentando que los Juzgados 4, 6,
9, 10, 11, 16, 25, 28, 34, 37, 41, 43, 54, 57, 60 y 61 Administrativos de Bogotá, no
han emitido una respuesta completa, sustancial y conforme con lo solicitado en el
derecho de petición relacionado con la entrega y actualización de información sobre
los ocupantes de los cargos de Profesional Universitario Grado 16. Señaló que dicha
omisión vulnera lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así
como el deber de informar hechos relevantes ocurridos durante el año, tales como
renuncias, traslados y licencias no remuneradas en los respectivos despachos.

4.1. En ese sentido, cuestionó la conclusión del a quo según la cual la petición
fue debidamente atendida, al destacar que algunas de las respuestas remitidas por
los juzgados solo dieron respuesta a uno de los nueve (9) puntos solicitados, lo cual
impide afirmar razonablemente que la petición fue resuelta de forma integral y
acorde con los parámetros constitucionales y legales.

En el siguiente cuadro, se indica el estado actual de sus peticiones y precisa cuales
solicitudes concretas no le han sido respondidas por cada juzgado:

4.2. De otro lado, sostuvo que la presentación de un recurso de insistencia no
implica que no pueda acudir a la tutela frente a los Juzgados 2, 20, 25 y 66. Afirmó
que el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en esa sede, ya accedió a

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Demandante: Hendrika García Albarracín

lo solicitado, ordenando a dichos juzgados entregar la información correspondiente
a ese punto. En ese orden, allegó cuatro (4) sentencias que resolvieron los recursos
de insistencia contra los Juzgados mencionados.

4.3. Afirmó que el a quo omitió pronunciarse sobre la presunta vulneración de los
derechos a la carrera administrativa, al mérito, a la igualdad, al acceso a cargos
públicos y a la administración de justicia, limitándose a señalar que no se allegaron
pruebas, a pesar de que estas fueron aportadas en su totalidad y descritas de forma
detallada en los hechos de la demanda. Entre las pruebas allegadas se encuentran:
los derechos de petición radicados en los Juzgados accionados, tres (3) acciones
de tutela interpuestas por situaciones relacionadas con la provisión de cargos de
Profesional Universitario Grado 16 en los Juzgados Administrativos de Bogotá, y
dieciocho (18) recursos de insistencia, todos resueltos por el Tribunal.

Por lo tanto, consideró que dichos elementos probatorios eran suficientes para exigir
un pronunciamiento de fondo que garantizara la protección de los derechos
fundamentales invocados.

V. ACTUACIÓN POSTERIOR AL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA
INSTANCIA

El Juzgado Noveno Administrativo de Oralidad Circuito Judicial de Bogotá-
Sección Segunda, el día 11 de marzo de 202530, informó que dio respuesta a la
solicitud elevada por la demandante por lo que solicitó que se declare que ya dio
cumplimiento al fallo proferido el 5 de marzo de 2025.

VI. CONSIDERACIONES
6.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202131, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, de la

30 Visible índice 47 ibídem.
31 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la

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Demandante: Hendrika García Albarracín

Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

6.2. Hechos

6.2.1. La señora Hendrika García Albarracín, se inscribió a la Convocatoria No. 4 y
a través del Acuerdo CSJBTA22-50, se publicó la lista de registro de elegibles para el
cargo de Profesional Universitario Grado 16 en los Juzgados Administrativos de
Bogotá, en la cual se encuentra incluida.

6.2.2. En el Acuerdo CSJBTA24-318 del 6 de agosto de 2024, se publicó la
reclasificación de la lista de registro de elegibles para el cargo de Profesional
Universitario Grado 16 en los Juzgados Administrativos de Bogotá, en el cual la actora
se encuentra en el puesto diecisiete (17).

6.2.3. El 13 de enero de 2025, la accionante presentó derecho de petición a los
Juzgados Administrativos de Bogotá 2°, 4°, 6°, 9°, 10, 11, 16, 20, 23, 25, 28, 34, 36,
37, 39, 41, 43, 49, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65 y 66, solicitando información de la
actualización sobre el uso de la lista de elegibles de la Convocatoria 4, y que se precise
qué cargos de Profesional Universitario Grado 16 están provistos en provisionalidad
con personas ajenas a la lista de elegibles vigente.

6.2.4. El 27 de enero de 2025, venció el plazo de diez (10) días que tenían las
autoridades judiciales nominadoras para responder al derecho de petición de
información, de conformidad con el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

6.2.5. La señora García Albarracín, interpuso acción de tutela contra de los
Juzgados 2°, 4°, 6°, 9°, 10°, 11, 16, 20, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 53,
54, 56, 57, 60, 61, 64, 65 y 66 Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá,
alegando la vulneración de los derechos fundamentales de petición, vida digna,
igualdad, trabajo, mínimo vital y móvil, debido proceso, acceso a la administración
de justicia, acceso a cargos públicos, mérito y oportunidad.

Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”

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Demandante: Hendrika García Albarracín

6.2.6. La Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conoció del
asunto dentro del expediente con número de radicado 25000 2315 000 2025 00086
00 y mediante providencia del 5 de marzo de 2025, concedió el amparo del derecho
fundamental de petición, ordenó al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá a dar una respuesta a cada punto de la solicitud. Declaró
improcedente la acción de tutela frente a los Juzgados 2°, 20, 25 y 66
Administrativos de Bogotá. Negó el amparo del derecho fundamental de petición en
lo concerniente a los Juzgados 4°, 6°, 10°, 11, 16, 23, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49,
53, 54, 56, 57, 60, 61, 64 y 65 Administrativos de Bogotá. Declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado frente a los Juzgados 4°, 6°, 11, 23, 28, 34, 36, 37,
39, 41, 54, 56, 60, 61, 64 y 65 Administrativos de Bogotá. Y declaró improcedente
la acción de tutela respecto de la solicitud de ordenar a los Juzgados accionados a
realizar los nombramientos en provisionalidad con los candidatos incluidos en la
lista de elegibles vigente para el cargo de Profesional Universitario Grado 16.

6.2.7. Inconforme con lo anterior, la accionante presentó impugnación, en contra de
la citada providencia.

6.3. De las respuestas emitidas por los Juzgados 4, 6, 9, 10, 11, 16, 28, 34,
37, 41, 43, 54, 57, 60 Y 61 Administrativos de Bogotá

Así las cosas, corresponde determinar si vulneraron el derecho fundamental de
petición, unas autoridades judiciales si se alega que no emitieron una respuesta de
fondo frente a los requerimientos formulados por la actora.

Con el propósito de resolver dicho interrogante, la Sala procederá a analizar de
manera individual cada uno de los puntos formulados en el derecho de petición
presentado por la parte actora y contrastará las respuestas emitidas por los
Juzgados demandados.

6.3.1. De la primera solicitud efectuada por la actora. Informe detallado del
uso de lista de elegibles

En este punto, se observa que según el cuadro sobre el estado de las solicitudes
aportado por la parte demandante en el escrito de impugnación, esta afirma que los

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Juzgados 28, 34, 37, 43, 60 y 61 Administrativos de Bogotá no habrían emitido
respuesta frente a la petición que se transcribe a continuación:

“Remitir informe detallado del estado del uso de la/s lista/s de elegibles que se
han publicado para este juzgado con ocasión de la Convocatoria 4.”32

Las siguientes fueron las respuestas de las anotadas autoridades judiciales:

Autoridad judicial Respuesta
Juzgado Veintiocho Administrativo “Del cargo que se encontraba vacante, fue
del Circuito de Bogotá provisto en provisionalidad a inicios del año
2022 con ocasión al registro de elegibles y la
escogencia de sede por parte de los
postulantes de la convocatoria No. 4 de
acuerdo con la lista remitida por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.”33
Juzgado Treinta y Cuatro “El día 31 de diciembre de 2021 el Consejo
Administrativo de Bogotá Seccional de la Judicatura de Bogotá emitió las
instrucciones referentes a la lista de elegibles
para el cargo de Profesional Universitario
Grado 16
conforme a la Convocatoria 4 tal y como se
evidencia en los documentos anexos a esta
respuesta. Dicha lista fue aprobada en sala el
día 23 de diciembre de 2021, y notificada el 12
de enero de 2022
de la siguiente manera:

De conformidad con lo anterior, el día 26 de
enero del año 2022 se procedió a emitir la
Resolución No. 002 de 2022 mediante la cual
se nombró a Bernardo Andrés Ramon
González.

La citada resolución fue puesta en
comunicación el día 7 de febrero de 2022, y
aceptada por parte del
destinatario el día 17 de febrero de ese mismo
año. De esta forma mediante Acta de 001 del 3
de marzo de 2022 el señor Bernardo Andrés
Ramón González tomó posesión de su cargo
en propiedad.

Respecto del otro cargo de Profesional
Universitario Grado 16, este estuvo ocupado en
propiedad desde el año 2017 por la abogada
Mary Shirley Guarín Bernal quien solicitó
traslado para la ciudad
de Yopal. El cual fue ocupado por el señor Juan
Camilo Briceño Arias el día 12 de agosto de
2024 al
ser nombrado en propiedad en virtud del

32 Visible a índice 2 ibidem
33 Visible a índice 11 ibidem

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concepto favorable de traslado emitido por el
Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá.”34
Juzgado Treinta y Siete “Por tratarse de una petición reiterativa, el
Administrativo del Circuito Judicial de Despacho se abstiene de dar respuesta de
Bogotá fondo y se le solicita se remita a las respuestas
que ha dado este despacho a sus derechos de
petición radicados los días: 11 de enero de
2024, 18 de enero de 2024, 19 de enero de
2024, 1° de febrero de 2024, 15 de agosto de
2024, 2 solicitudes radicadas el 26 de abril de
2024, 15 de agosto de 2024, 28 de agosto de
2024, 16 de septiembre de 2024, 19 de
septiembre de 2024 y 17 de noviembre de
2024.

Sin perjuicio de lo anterior se le reitera que, los
2 cargos de Profesional Universitario grado 16
de este Despacho están provistos en
propiedad”35.

Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Oralidad del Circuito “En su momento, utilizando las listas de
de Bogotá elegibles, se remite copia digital de los
siguientes actos administrativos por medio de
los cuales se nombró a las personas en el cargo
de Profesional Universitario Grado 16, de este
Despacho, así:

a.Edward Giovanni Melo Zambrano C.C. N°
80.006.436. Se nombró EN PROPIEDAD,
conforme a la lista de elegibles remitida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
mediante Oficio CSJTO-5404 de 27 de
septiembre de 2022.

b. Giovanni Andrés Prieto Rincón CC N°
1.018.408.722. Se nombró EN PROPIEDAD,
conforme a la lista de elegibles remitida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
mediante Oficio CSJBTO17-1816 de 14 de
mayo de 2017.

Los nombres de las personas nombradas en
provisionalidad en los cargos antes
mencionados, dadas las concesiones de
licencias, son: JENNY MARCELA ROJAS
ZAPATA, C.C. N° 1.013.587.721, y LINA

34 Visible a índice 11 ibidem
35 Visible a índice 26 ibidem

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ANDREA BARRIOS CORTES, C.C. N°
53.051.551.”36

Juzgado Sesenta Administrativo del El Juzgado al responder a la actora se remitió a
Circuito Judicial de Bogotá contestaciones que le entregó de fecha 12 de
diciembre de 2024, 15 de octubre de 2024, 4 de
octubre de 2024, 1 de octubre de 2024, 19 de
septiembre de 2024 y febrero de 2024. Lo
anterior, al considerar que las peticiones de la
demandante eran reiterativas37 .

Ahora de la revisión de dicha respuesta, se
advierte que el anotado Juzgado en esas
ocasiones suministró información de los
nombramientos y posesiones de los servidores
que conforman ese Juzgado.
Juzgado Sesenta y uno Administrativo “Por medio de la presente me permito informar
del Circuito Judicial de Bogotá que los cargos de profesional universitario ya
fueron nombrados en carrera, y lo mismo fue
contestado a la peticionaria el 18 de enero de
2024 y posterior a su radicación de tutela 2024-
00379 se le dio la respuesta y se adjuntó los
pronunciamientos de los Profesionales
Universitarios de carrera y nombrados en
propiedad”38

En ese orden de ideas, no le asiste razón a la parte demandante, toda vez que, en
lo concerniente a este tópico, las autoridades judiciales accionadas dieron respuesta
indicando que efectivamente habían utilizado la lista de elegibles para proveer los
cargos de carrera que se encontraban vacantes, lo cual desvirtúa la supuesta
omisión alegada.

6.3.2. De la segunda petición efectuada por la actora. Remisión de lista de
elegibles

Al respecto, se evidencia que la actora manifiesta que los Juzgados 10, 28, 34, 37,
43, 60 y 61 Administrativos de Bogotá no le han dado respuesta a la siguiente
solicitud:

36 Visible a índice 21 ibidem
37 Visible a índice 39 ibidem
38 Visible a índice 32 ibidem.

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“En caso de que en su Juzgado no se haya realizado provisión de cargos con
aspirantes de la Convocatoria 4, remitir la lista de elegibles correspondiente a
la Convocatoria con la que se haya provisto el cargo (Convocatoria 3,
Convocatoria 2 o Convocatoria 1)”39

Las siguientes fueron las contestaciones entregadas:

Autoridad judicial Respuesta
Juzgado Diez Administrativo del “Actualmente los cargos de Profesional
Circuito Universitario grado 16 adscritos a este
despacho, se encuentran provistos y ocupados
en propiedad producto de la convocatoria No.
04 para empleados.”40
Juzgado Veintiocho Administrativo del “Uno de los cargos fue ocupado en propiedad
Circuito de Bogotá con ocasión a la Convocatoria No. 3 en el año
2017.”41
Juzgado Treinta y Cuatro “No aplica.”42 . Lo anterior, como quiera que en
Administrativo de Bogotá la respuesta número 1, señaló que usó
Convocatoria 4 para la provisión de los cargos
de ese Despacho.
Juzgado Treinta y Siete Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá

Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá Reiteraron la respuesta señalada en el anterior
punto, en el sentido que los anotados cargos
estaban ocupados en propiedad, para lo cual,
se remitieron a respuestas anteriores a la
Juzgado Sesenta Administrativo del actora en las que se informó que se entregó
Circuito Judicial de Bogotá copias de los mencionados nombramientos.

Juzgado Sesenta y uno Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá

En consecuencia, es evidente que sí existió un pronunciamiento de fondo respecto
de la petición formulada, en tanto que los Juzgados aludidos informaron que los
cargos en cuestión fueron provistos mediante la lista de elegibles correspondiente
a la Convocatoria No. 4. Asimismo, en aquellos casos en los que se efectuó el
nombramiento en propiedad con otra Convocatoria se indicó expresamente cuál era.

39 Visible a índice 2 ibidem.
40 Ibidem
41 Ibidem
42 Ibidem

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6.3.3. De la tercera y cuarta peticiones efectuadas por la actora. Ocupación de
cargo de Profesional Universitario Grado 16

Sobre el particular, la actora refiere que los Juzgados 4, 6, 9, 11, 16, 28, 34, 37, 43,
54, 57, 60 y 61 no dieron respuesta de fondo a las siguientes solicitudes:

“Remitir informe detallado y actualizado, que contenga: nombres completos,
fecha de posesión, fecha de retiro si aplica, número de Convocatoria a la que
pertenece, personas que ocupan y han ocupado el cargo de profesional
universitario grado 16 en su Juzgado, en situación de encargo, provisionalidad
y propiedad.

Informar de manera detallada y actualizada, si alguno de los empleados que
ocupan el cargo de profesional universitario grado 16 en propiedad de su
despacho, están haciendo uso de licencia no remunerada, en caso afirmativo,
informar la fecha de inicio y terminación de la mentada licencia, así como el
empleado que ocupa el cargo en situación de provisionalidad o encargo, y si
hace parte éste último de la lista de registro de elegibles vigente para ocupar
el cargo de profesional universitario grado 16, Convocatoria 4.”43

Por su parte, las referidas autoridades judiciales señalaron:

Autoridad judicial Respuesta
Juzgado Cuarto Administrativo del “En lo que concierne a los cuestionamientos 3
Circuito Judicial de Bogotá y 4, el cargo en el que esta
nombrado en propiedad IVÁN SANCHEZ
actualmente está siendo ocupado por OSCAR
GIOVANY PULIDO CAÑON quien tomó
posesión del mismo el 5
de marzo de 2024, como se le había indicado
en respuesta a petición
anterior.

Igualmente, se le concedió licencia no
remunerada al doctor
GERMAN CAMARGO desde el 1° de
noviembre de 2024, cargo que
actualmente está siendo ocupado en
provisionalidad por LAURA VICTORIA
GUERRA INSIGNARES quien también hace
parte de dicha lista de elegibles.”44
Juzgado Sexto Administrativo del En lo que concierne a las anteriores solicitudes
Circuito de Bogotá de información, el Despacho considera que
dicha petición se considera reiterativa al tenor
de lo previsto en el inciso final del artículo 19
del C.P.A.C.A., sustituido por el artículo 1º de la
Ley 1755 de 2015, toda vez que las mismas ya
fueron resueltas a través de respuesta proferida
el 22 de enero de 2024, en el que se resolvió
una petición por usted interpuesta el 11 de

43 Ibidem
44 Ibidem

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enero de 2024, y se le indicó que los dos cargos
de Profesional Universitario, Grado 16 con que
cuenta el Despacho no se encuentran
vacantes, pues los mismos están provistos en
propiedad desde los años 2017 y 2020,
respectivamente, Convocatoria No. 3.,
circunstancias que a la fecha aún no han
variado.

Por tal razón, no hay lugar a informar al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, como se
reclama en el ordinal 5º de la petición.”
“considera reiterativa, por cuanto en respuesta
emitida por el Despacho el 9 de febrero de
2024, en respuesta a derecho de petición por
usted interpuesto el 18 de enero de 2024, se le
indicó claramente en aquella oportunidad que:

Los cargos de Profesional Universitario Grado
16, se encuentran provistos en propiedad
desde los años 2017 y 2020, respectivamente.
Respeto del cargo en propiedad de Profesional
Universitario Grado 16, que ostenta el Doctor
Oderlei Nuñez, se le confirió licencia no
remunerada por el término de 2 años, lo que
significa que operó una situación administrativa
que debe ser suplida a través de un
nombramiento en provisionalidad, sin que para
ello tenga que acudirse a la lista o registro de
elegibles como quiera que el cargo esta
provisto en propiedad.

Además, en mi condición de nominador es
indudable que debó examinarlas calidades,
requisitos y experticia de quien va a ser
designado en reemplazo de dicha situación
administrativa, ello con el fin de evitar
traumatismos en la prestación del servicio de
administración de justicia y garantizar la buena
y debida prestación del mismo. La anterior
situación administrativa aún se mantiene
vigente hasta abril del presente
año.”45

Juzgado Noveno Administrativo de En virtud de la convocatoria 4 no se recibieron
Bogotá comunicaciones de listas por cuanto se tiene
que en razón a la convocatoria anterior a este
despacho llegó la lista de aspirantes con
derecho a carrera judicial con oficio CSJBTO
18-1251 del 19 de febrero de 2018, se realizó el
trámite correspondiente, es decir llamado en el
orden de puntajes, quedando nombradas y
posesionadas las doctoras Adriana Roció
Martinez Ávila y Ana Patricia Rodríguez
Martínez. Adriana Roció Martinez Ávila, fue
nombrada y posesionada en el cargo de

45 Ibidem

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Profesional grado 16, el 07 de diciembre de
2020 y solicitó licencia no remunerada el 09 de
febrero de 2024, para desempeñar un cargo en
el Despacho 13 del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. En el cargo de Profesional
grado 16, el 09 de febrero de 2024 fue
nombrado y posesionado en provisionalidad el
doctor Jaime Alfonso Aguilar, quien
actualmente se encuentra ejerciendo su cargo
en este despacho Ana Patricia Rodríguez
Martínez, solicitó traslado a partir del 03 de
febrero de 2020 y actualmente labora en
propiedad en el cargo de Profesional grado 16
del Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín.

Con ocasión a la vacante se nombró a Nataly
Bonel Moreno con previo concepto favorable de
traslado el 22 de enero de 2021 y se posesiono
el 15 de marzo de 2021, quien actualmente se
encuentra ejerciendo su cargo en este
despacho”46
Juzgado Once Administrativo de Se tiene que a este despacho llegó la lista de
Bogotá aspirantes con derecho a carrera judicial
aprobada mediante acuerdo CSJBTA de fecha
21 de diciembre de 2021,
en esta lista se postularon 2 aspirantes, este
despacho realizó el trámite
correspondiente, es decir llamado en el orden
de puntajes, quedando nombrada y
posesionada la doctora Sandra Milena Núñez
Vargas, quien actualmente se
encuentra ejerciendo su cargo en este
despacho.”47

De conformidad con la respuesta anterior, este
despacho nombró al empleado
para cubrir un cargo vacante de la convocatoria
4, el otro cargo ya estaba ocupado por
profesional de carrera, proveniente de otra
convocatoria.48

En este despacho concedió licencia de
maternidad a la Dra. Sandra Milena
Núñez Vargas el 19 de noviembre de 2024 la
cual va hasta el 25 de marzo de
2025, fecha que se reintegra al despacho para
continuar ejerciendo su cargo de
Profesional Universitario Grado 16 en
Carrera.”49

Juzgado Dieciséis Administrativo de “Encontrándonos en los términos de ley, se
Bogotá informa que los dos cargos de profesional
universitario grado 16 de este despacho, se

46 Ibidem.
47 Visible a índice 9 ibidem
48 Ibidem
49 Ibidem

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21

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encuentran en propiedad y son desempeñados
por las profesionales;

-SHIRLEY TATIANA LOZANO DÍAZ
-ERIKA MARCELA CORAL TELLEZ

Razón por la cual no hay vacantes en
provisionalidad o licencia para el mencionado
cargo al ser desempeñado actualmente por las
profesionales de propiedad ya señaladas, con
ello brindando respuesta a su solicitud.”50

Juzgado Veintiocho Administrativo de “Se remite copia de los actos administrativos de
Bogotá las dos personas que actualmente ocupan las
vacantes de profesional universitario grado 16
del despacho.”51

A la fecha el cargo de Profesional Universitario
Grado 16, no se encuentra vacante de forma
temporal o definitiva, es decir viene siendo
ejercido por los titulares del mismo, quienes se
encuentran registrado en carrera
administrativa.” 52

Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Bogotá. “El cargo de Profesional 1 fue ocupado
inicialmente en propiedad por Mary Shirley
Guarín Bernal, quien tomó posesión el 5 de
mayo de 2017 y se retiró el 8 de septiembre de
2021, en el marco de la Convocatoria 3.
Posteriormente, el cargo fue ocupado en
provisionalidad por Saira Liseth Duarte Ruiz
desde el 8 de septiembre de 2021 hasta el 12
de agosto de 2024. A partir de esta última
fecha, el cargo fue provisto en propiedad por
Juan Camilo Briceño Arias, nombrado mediante
la Convocatoria 4.

En cuanto al cargo de Profesional 2, fue
provisto en propiedad por Bernardo Andrés
Ramón González el 3 de marzo de 2022 en el
marco de la Convocatoria 4, quien salió en
licencia el 12 de agosto de 2024. Desde esa
fecha, el cargo fue ocupado en provisionalidad
por Saira Liseth Duarte Ruiz.

El señor Bernardo Andrés Ramón González
está actualmente haciendo uso de licencia no
remunerada desde el 27 de octubre de 2023
hasta el 27 de octubre de 2025

Así las cosas, quien ocupa el cargo de manera
provisional en cuestión es Saira Liseth Duarte

50 Ibidem
51 Ibidem
52 Ibidem

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Demandante: Hendrika García Albarracín

Ruiz, quien no hace parte de la lista de elegibles
de la convocatoria No. 4. y acaba de regresar
de licencia de maternidad por lo que cuenta con
estabilidad laboral reforzada al estar aún en
periodo de lactancia.”53

Juzgado Treinta y Siete “Óscar Mateo Jiménez, tomó posesión del
Administrativo del Circuito de Bogotá cargo de profesional universitario grado 16.

Óscar Mateo Jiménez no solicito licencia no
remunerada.”54

Juzgado Cuarenta y Tres “Los nombres de las personas nombradas en
Administrativo del Circuito de Bogotá. propiedad en el cargo aludido son: Edward
Giovanni Melo Zambrano, C.C. N° 80.006.436,
nombrado en propiedad conforme a la lista de
elegibles remitida por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá, mediante Oficio
CSJTO-5404 de 27 de septiembre de 2022; y
Giovanny Andrés Prieto Rincón, C.C. N°
1.018.408.722, nombrado en propiedad
conforme a la lista de elegibles remitida por el
mismo Consejo, mediante Oficio CSJBTO17-
1816 de 14 de mayo de 2017.

Asimismo, los nombres de las personas
nombradas en provisionalidad en los cargos
antes mencionados, dadas las concesiones de
licencias, son: Jenny Marcela Rojas Zapata,
C.C. N° 1.013.587.721, y Lina Andrea Barrios
Cortes, C.C. N° 53.051.551.”55
Jugado Cincuenta y Cuatro “Dando alcance a la respuesta al derecho de
Administrativo del Circuito de Bogotá. petición brindada el 12 de febrero de 2025, le
informo que los servidores que ocupan los
cargos de profesional universitario en
PROPIEDAD, de este juzgado, son:- MARCO
ANTONIO ALFONSO TORRES identificado
con CC No. 4.282.327, nombrado mediante
Resolución No. 001 de 13 de enero de 2020.-
MONICA PATRICIA JARAMILLO GALVIS,
identificada con CC No. 1.085.248.116,
nombrada mediante Resolución No. 07 de 29
de octubre de 2021, en razón del concepto
favorable de traslado del Juzgado 48
Administrativo de Bogotá, proferido por la
Presidencia del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.”

Por lo anterior, a la fecha, para el cargo de
Profesional Universitario Grado 16, no hay
vacantes, ni nombramientos en provisionalidad

53 Ibidem
54 Ibidem
55 Ibidem

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o encargo, así como tampoco empleados en
categoría de prepensionados.”56

Juzgado Cincuenta y Siete “Los empleados que actualmente ocupan los
Administrativo del Circuito de Bogotá. cargos son David Agudelo Farías, nombrado
mediante la Resolución 012 del 21 de abril de
2022, con fecha de posesión el 2 de mayo de
2022, y Fabio Herrán Rodríguez, nombrado
mediante la Resolución 005 del 15 de febrero
de 2024, con fecha de posesión el 15 de abril
de 2022.”57

Los mismos desde
su posesión no ha solicitado ni licencias ni
ningún tipo de situación
administrativa que genere vacancias
temporales o definitivas del
cargo.”58

Juzgado Sesenta Administrativo del “Diana Piedad Casas Garzón ocupa el cargo en
Circuito de Bogotá. situación de provisionalidad y Sandra Carolina
Suárez Díaz en propiedad; los actos
administrativos correspondientes ya fueron
enviados en respuestas anteriores.”59

no existe vacante para reportar al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.”60

Juzgado Sesenta y Uno “Por medio de la presente me permito informar
Administrativo del Circuito de Bogotá. que los cargos de profesional universitario ya
fueron nombrados en carrera, y lo mismo fue
contestado a la peticionaria el 18 de enero de
2024 y posterior a su radicación de tutela 2024-
00379 se le dio la respuesta y se adjuntó los
pronunciamientos de los Profesionales
Universitarios de carrera y nombrados en
propiedad”61

Se deriva de lo expuesto que las autoridades judiciales accionadas sí emitieron una
respuesta de fondo a la petición elevada por la parte demandante, toda vez que
informaron de manera detallada quiénes ocupan actualmente el cargo de
Profesional Universitario Grado 16 en sus respectivos Despachos. Asimismo,
indicaron cuáles cargos se encuentran cubiertos por funcionarios en licencia, así
como el estado actual de dichas situaciones administrativas.

56 Ibidem
57 Ibidem
58 Ibidem
59 Ibidem
60 Ibidem
61 Visible a índice 32 ibidem.

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En otras palabras, las autoridades judiciales accionadas comunicaron de forma
detallada que los cargos de Profesional Universitario Grado 16 han sido provistos
mediante la utilización de la lista de elegibles correspondiente (en su mayoría a
través de la Convocatoria No. 4), especificando si los nombramientos se realizaron
en propiedad o en provisionalidad e incluso detallando la situación de los
funcionarios que han ocupado esos cargos (por ejemplo, quiénes han solicitado
licencias no remuneradas o han sido nombrados y posesionados en propiedad) .

Ahora, si bien en la petición presentada por la actora también se solicitó información
relativa a las fechas de retiro, el número de la convocatoria de ciertos
nombramientos y datos históricos de ocupación, la Sala considera que la
información entregada es suficiente, en la medida en que se suministraron detalles
esenciales sobre la forma en que han sido provistos los cargos, lo cual, sin duda,
satisface la petición que no es otra que conocer el estado de ocupación de los
anotados cargos.

6.3.4. De otro lado, en relación con las solicitudes quinta y sexta, se advierte que la
actora no manifestó inconformidad frente a las respuestas brindadas por las
autoridades judiciales demandadas, conforme se desprende del cuadro allegado
con el escrito de impugnación. En consecuencia, no se efectuará pronunciamiento
alguno respecto de estos puntos.

6.3.5. De la séptima petición. Uso de licencias no remuneradas y
nombramientos

Aquí se evidencia que la actora refiere que los Juzgados 10, 16, 28, 34, 37, 43, 54
y 61 no han dado respuesta a lo que se indica a continuación:

“En caso de que en su despacho esté por vencer la licencia no remunerada de
uno o de los dos profesionales universitarios grado 16, solicito, informar de
manera detallada nombre completo del empleado y fecha en que vence la
licencia, así como, hacer uso de la lista de registro de elegibles vigente para
proveer en provisionalidad el mentado cargo, en caso de que la licencia no
remunerada sea prorrogada o en caso de que haya renuncia del cargo,
conforme lo dispone la ley 2430 de 2024.”62

Los mencionados Juzgados le informaron:

62 Ibidem

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Autoridad judicial Respuesta
Juzgado Décimo Administrativo de “Las listas de elegibles para este despacho, se
Bogotá. encuentran finalizadas, toda vez que
actualmente los cargos de Profesional
Universitario grado 16 adscritos a este
despacho, se encuentran provistos y ocupados
en propiedad producto de la convocatoria No.
04 para empleados.”63
Juzgado Dieciséis Administrativo de “Encontrándonos en los términos de ley, se
Bogotá. informa que los dos cargos de profesional
universitario grado 16 de este despacho, se
encuentran en propiedad y son desempeñados
por las profesionales;

-SHIRLEY TATIANA LOZANO DÍAZ
-ERIKA MARCELA CORAL TELLEZ

Razón por la cual no hay vacantes en
provisionalidad o licencia para el mencionado
cargo al ser desempeñado actualmente por las
profesionales de propiedad ya señaladas, con
ello brindando respuesta a su solicitud.”64

Juzgado Veintiocho Administrativo de “Los titulares de dichos cargos no cuentan a la
Bogotá. fecha con calidad de prepensionado y como se
ha indicado ningún se encuentra en
provisionalidad.”65
Juzgado Treinta y Cuatro “El señor Bernardo Andrés Ramón González
Administrativo de Bogotá está actualmente haciendo uso de licencia no
remunerada desde el 27 de octubre de 2023
hasta el 27 de octubre de 2025.

Así las cosas, quien ocupa el cargo de manera
provisional en cuestión es Saira Liseth Duarte
Ruiz, quien no hace parte de la lista de
elegibles de la convocatoria No. 4. y acaba de
regresar de licencia
de maternidad por lo que cuenta con estabilidad
laboral reforzada al estar aún en periodo de
lactancia.”

Como se señaló en respuesta anterior, la
licencia no remunerada que se encuentra
vigente vence hasta
el 27 de octubre de 2025 y la persona que
ocupa el cargo de manera provisional cuenta
con estabilidad
laboral reforzada.”66

Juzgado Treinta y Siete Indicó que los cargos se encuentran provistos
Administrativo de Bogotá por personas en carrera administrativa quienes
no han solicitado licencia.

63 Visible a índice 13 ibidem
64 Ibidem
65 Ibidem
66 Ibidem

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Juzgado Cuarenta y Tres “Mientras se surte el proceso de proveer el
Administrativo de Bogotá cargo y existiendo la necesidad de contar con
el Profesional Universitario Grado 16, el
nominador realizó el nombramiento del Oficial
Mayor en el cargo de Profesional Universitario
conforme lo reza la Ley 2430 de 2024, articulo
138. “(…) PROVISIÓN DE LA VACANTE
TEMPORAL. (…) el nominador hará la
correspondiente designación en encargo, para
lo cual optará por un funcionario o empleado de
carrera del despacho respectivo (…).

· El Oficial Mayor Dr. DANIEL GIOVANNY DÍAZ
GONZÁLEZ, se encuentra en propiedad desde
el 18 de febrero de 2022 en este despacho
judicial.”67
Juzgado Cincuenta y Cuatro “Dando alcance a la respuesta al derecho de
Administrativo de Bogotá. petición brindada el 12 de febrero de 2025, le
informo que los servidores que ocupan los
cargos de profesional universitario en
PROPIEDAD, de este juzgado, son:- MARCO
ANTONIO ALFONSO TORRES identificado
con CC No. 4.282.327, nombrado mediante
Resolución No. 001 de 13 de enero de 2020.-
MONICA PATRICIA JARAMILLO GALVIS,
identificada con CC No. 1.085.248.116,
nombrada mediante Resolución No. 07 de 29
de octubre de 2021, en razón del concepto
favorable de traslado del Juzgado 48
Administrativo de Bogotá, proferido por la
Presidencia del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.

Por lo anterior, a la fecha, para el cargo de
Profesional Universitario Grado 16, no hay
vacantes, ni nombramientos en provisionalidad
o encargo, así como tampoco empleados en
categoría de prepensionados.”68

Juzgado Sesenta y Uno En su respuesta se remitió a contestaciones
Administrativo de Bogotá. anteriores en las que se adjuntaron los
nombramientos en propiedad de los
profesionales de ese Despacho.

De este modo, en criterio de la Sala, sí existió una respuesta de fondo frente a la
petición objeto de controversia, toda vez que, por una parte, algunos Juzgados
informaron que no existen vacantes, en tanto los cargos se encuentran provistos
por funcionarios en propiedad; y por otra, se indicó expresamente qué cargos están
cubiertos por situaciones de licencia, quiénes los ocupan y en qué condiciones se
efectuó dicha provisión.

67 Ibidem
68 Ibidem

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Asimismo, se considera que también se dio respuesta a la solicitud relacionada con
la realización de nombramientos mediante la utilización de la respectiva lista de
elegibles vigente, en la medida en que se informó a la peticionaria que los cargos
en cuestión ya se encuentran debidamente provistos. Ello implica, en definitiva, que
no existe disponibilidad de vacantes que habilite la realización de nuevas
designaciones.

6.3.6. De las peticiones octava y novena. Información sobre nombramientos
en propiedad, uso de la lista de elegibles y traslados

Se observa que la señora García Albarracín mencionó que los Juzgados 28, 34, 37,
41, 43, 60 y 61 no respondieron las siguientes solicitudes:

“En caso de que en su despacho se esté realizando la provisión en propiedad
del cargo de profesional universitario grado 16, informar si ya le fue remitida la
respectiva lista de elegibles.

En caso de que en su despacho se esté realizando la provisión en propiedad
del cargo de profesional universitario grado 16 con lista de elegibles vigente o
por solicitud de traslado, solicito informar de manera detallada el estado en que
se encuentra el uso de la lista de elegibles y/o traslado, señalando: nombre
completo del concursante o empleado que solicitó traslado, seccional de donde
proviene, fecha de nombramiento, fecha de comunicación del nombramiento,
fecha de aceptación, fecha de rechazo si aplica, fecha probable de posesión,
y/o trámite que se esté surtiendo con ocasión del traslado y/o uso de la lista de
elegibles”69

A continuación, se transcriben las respuestas otorgadas por las anotadas
autoridades:

Autoridad judicial Respuesta
Juzgado Veintiocho Administrativo de “A la fecha el cargo de Profesional Universitario
Bogotá. Grado 16, no se encuentra vacante de forma
temporal o definitiva, es decir viene siendo
ejercido por los titulares del mismo, quienes se
encuentran registrado en carrera
administrativa.”70
Juzgado Treinta y Cuatro “Actualmente no se está realizando ningún
Administrativo de Bogotá. nombramiento en propiedad.”71

69 Ibidem.
70 Ibidem
71 Ibidem

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Juzgado Treinta y Siete “ Se le reitera que, los 2 cargos de Profesional
Administrativo de Bogotá. Universitario grado 16 de este Despacho están
provistos en propiedad.”72
Juzgado Cuarenta y Uno Indicaron que los cargos ya se encuentran
Administrativo de Bogotá. provistos por funcionarios en carrera en
Juzgado Cuarenta y Tres propiedad.
Administrativo de Bogotá
Juzgado Sesenta Administrativo de
Bogotá
Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo de Bogotá

Así es claro que sí existió respuesta de fondo, pues se le indicó a la actora que en
la actualidad dichos Juzgados no tenían ninguna vacante.

6.3.7. En suma, es evidente que los mencionados Juzgados sí emitieron una
respuesta de fondo a las peticiones de la demandante, de modo que el cargo no
prospera.

6.4. De la controversia sobre el recurso de insistencia

Tendrá que absolverse si es procedente una acción de tutela para reclamar el
amparo del derecho de petición si el recurso de insistencia que la actora presentó
en contra de las respuestas que le negaron la entrega de la información ya fue
resuelto.

6.4.1. Al respecto, debe indicarse que el artículo 6 del Decreto 2591 de 199173
norma que reglamenta el artículo 86 de la Constitución Política, prevé que la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial disponibles,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Este principio consagra el carácter subsidiario y excepcional de la

72 Ibidem
73 “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”

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tutela, que solo puede ser ejercida cuando los mecanismos judiciales no sean
idóneos o eficaces, o cuando, a pesar de existir, no eviten un daño inminente, grave
y de difícil reparación.

En ese orden, es menester señalar que en los artículos 24 y siguientes de la Ley
1437 de 201174, se regulan las reglas especiales respecto al derecho de petición de
información y documentos reservados. Esta norma prevé que, en los casos en que
se presenta un derecho de petición a una autoridad y ésta invoca reserva legal,
corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en lugar donde se
encuentren los documentos -si se trata de autoridades nacionales, departamentales
o Distrito Capital-, o al juez, -cuando se trate de autoridades distritales y
municipales-, resolver si la negativa en la entrega de la respectiva información
estuvo ajustada a derecho

A su vez, la Corte Constitucional en sentencia C – 951 de 2014, al estudiar la
constitucionalidad de esas normas, refirió que la insistencia era procedimiento
judicial sumario previsto para la entrega la información sujeta a reserva75.

74 “Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición

de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si
se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá
en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicitecopia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia
de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.”
75 “Análisis de constitucionalidad del artículo 26

Varios intervinientes se pronunciaron en torno a la constitucionalidad del artículo en estudio. La
Defensoría del Pueblo solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad del numeral 2 del inciso
segundo del artículo 26, por considerar que confiere una competencia constitucional que le atañe
exclusivamente al legislador, dado que es la propia Constitución en el inciso tercero del artículo 236,
la que ha deferido en el Congreso de la República la atribución de señalar las competencias de cada
sala o sección del Consejo de Estado. En tal sentido, dice la Defensoría que no le corresponde al
legislador delegar lo que por expresa norma constitucional es de su resorte.
Por su parte, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y la Fundación para la Libertad
de Prensa solicitan que al tenor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada con el
alcance de los artículos 8.1. y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se declare la
inconstitucionalidad del artículo 26, con base en que la insistencia no constituye un recurso judicial
eficaz para proteger el derecho de acceso a la información.
El Ministerio Público solicita a la Corte exhortar al Congreso de la República con el fin de que fije un
término expreso para que el peticionario interponga la insistencia.

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Para la Corte, no es de recibo la solicitud elevada por la Defensoría del Pueblo, puesto que es el
legislador quien ha regulado esta materia, conforme lo ordena el artículo 236 Superior. Tampoco, le
asiste la razón a la Procuraduría, en tanto el Parágrafo del artículo objeto de revisión, establece que
la insistencia se debe presentar y sustentar en la misma diligencia de notificación ante la autoridad
que ha invocado la reserva o dentro del término expreso de diez (10) días. Finalmente, no es
comprensible la objeción del Centro de Estudios Dejusticia, como quiera que este recurso lo
resuelve, según el caso, el respectivo Tribunal Administrativo, el juez administrativo o el Consejo de
Estado, es decir, autoridades judiciales. En cuanto a la idoneidad de este mecanismo, la Corte advierte que en la Sentencia T-466 de 2010,
se pronunció en los siguientes términos:
“La jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de desconocimiento del derecho
fundamental de acceso a los documentos públicos que cuentan con dos mecanismos de defensa
judicial diferentes. En efecto, la primera consiste en que la administración emita una respuesta
negativa a la solicitud, aduciendo su carácter reservado e invocando las disposiciones
constitucionales o legales pertinentes. En este evento, la Corte no ha dudado en afirmar que el
recurso de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un
instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos
fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis consiste en la vulneración por falta de respuesta
material o respuesta diversa al carácter reservado de la información. En este supuesto, la
jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la acción de tutela el mecanismo idóneo para
obtener la protección de tal derecho fundamental.”
En el mismo sentido, se pronunció esta Corporación en la Sentencia C-274 de 2013, con ocasión de
la revisión del artículo 28 la Ley Estatutaria 1712 de 2014, que establece dos mecanismos judiciales
para el evento en que se niegue el acceso a documentos públicos amparados por la existencia una
reserva legal, que se consideran idóneos y efectivos para la protección del derecho a acceder a la
información pública: el procedimiento especial –similar al estipulado en el artículo 26 que se examina-
para reservas que protegen la seguridad y defensa nacionales y las relaciones internacionales y la
acción de tutela en los demás casos en que se niegue el acceso a un documento público amparado
en una reserva legal. Estos mecanismos reemplazaron el previsto en la Ley 57 de 1985 “Por la cual
se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales”, que hasta ahora había sido considerado
como un instrumento judicial idóneo para el evento de denegación de acceso a un documento público
por la existencia de una reserva legal.

Al respecto, la Corte consideró que:
“Ambos mecanismos judiciales satisfacen los estándares de constitucionalidad señalados para
asegurar la efectividad del derecho a acceder a documentos públicos, en tanto: (a) constituyen un
recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, ya que sólo exigen el cumplimiento de
requisitos básicos para su ejercicio; (b) son gratuitos; (c) establecen plazos cortos y razonables para
que las autoridades suministren la información requerida; (d) admiten solicitudes informales que se
hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito; y (f) se activan frente a una
respuesta negativa y motivada del sujeto obligado que puede cuestionada en la vía judicial.”
En tal virtud, la Corte encuentra que el establecimiento de un procedimiento sumario para hacer
efectivo el derecho de acceso a la información, cuando los administrados consideren que este no ha
sido satisfecho por parte de la administración, es idóneo en la medida en que se trata de un proceso
judicial de única instancia a través del cual se decide de manera definitiva sobre la validez de la
restricción al acceso de los documentos públicos, cuyas características procedimentales en nada
riñen con el Estatuto Superior y, por el contrario, su estipulación legal es desarrollo de los artículos
15, 23, 74 y 209 de la Constitución Política, pero, además, se ajusta a los cánones del debido proceso
previsto en el artículo 29 Constitucional. No obstante lo anterior, a efectos de clarificar el alcance de los términos previstos para la
interposición y tramitación de este procedimiento, la Corte considera necesario pronunciarse en torno
al término dentro del cual el funcionario debe remitir la respectiva documentación al juez o tribunal
contencioso administrativo. A la luz de una interpretación sistemática, los principios de la función
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución en consonancia con el principio de
celeridad previsto en el numeral 13 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, norma a la cual se integra
el proyecto de ley estatutaria objeto de revisión, considera que la remisión que debe efectuar el
funcionario al operador judicial debe ser inmediata. Esto, con el fin de salvaguardar de manera
efectiva, los derechos fundamentales del peticionario. De otra parte, habida cuenta que no en todos los 1.104 municipios del país existen juzgados
administrativos, para una gran cantidad de personas, el recurso de insistencia sería nugatorio y con
él la posibilidad de oponerse a la negativa de acceso a la información y documentos por razón de la
reserva invocada por la autoridad. Por tal razón, la Corte considera que en el evento que en el
municipio no exista juez administrativo, la competencia para resolver acerca del recurso de
insistencia previsto en el artículo 26 en estudio, debe corresponder a cualquier juez del municipio
sede de la autoridad que aplicó la reserva para negar la petición de información o documentos

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Asimismo, resulta ilustrativo lo desarrollado por la Corte Constitucional en el fallo de
tutela T-119-17:

“Ley Estatutaria del Derecho Fundamental de Petición y el principio de
subsidiariedad.

3. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece que “Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”, con lo cual quedó instituido el denominado derecho
fundamental de petición y de acceso a la información. En desarrollo de esta
garantía, el legislador procedió a ejercer su facultad regulatoria a través de la
Ley Estatutaria 1755 de 2015, en la cual se establecieron los principios y
mecanismos para el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos y las
obligaciones de las autoridades a la hora de dar respuesta a dichos
requerimientos.

4. Una de las innovaciones más importantes contenidas en la Ley Estatutaria
se refiere a la regulación de aquellos casos en los cuales las personas solicitan
información que las autoridades consideran que está bajo reserva pero a la que
los ciudadanos insisten en acceder. Estos supuestos aparecen regulados en los
artículos 25 y 36 de la Ley, que establecen lo siguiente:

(…)

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo
expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.

(…)

5. Estas disposiciones fueron estudiadas en sede de constitucionalidad por esta
Corporación y declaradas exequibles mediante Sentencia C-951 de 2014, en
ejercicio del estudio automático de normas estatutarias contemplado en los
artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución. Dijo la Corte:

(…)

6. De este modo, es cierto que antes del 2015 la jurisprudencia constitucional
había sostenido que la acción de tutela era el mecanismo judicial idóneo para
solicitar la protección del derecho fundamental de petición, ante la inexistencia
de otro procedimiento ordinario. Sin embargo, hoy en día, es claro que con la
expedición de la mencionada Ley Estatutaria los ciudadanos cuentan con un
proceso destinado exclusivamente a que un funcionario judicial decida, de

cobijados por la misma. Esto, con el fin de garantizar que todas las personas tengan la oportunidad
de interponer el recurso de insistencia contra la negativa a su petición por razones de reserva y de
que sea resuelto por una autoridad judicial independiente, acorde con los parámetros
constitucionales y los estándares internacionales que buscan la garantía efectiva del derecho de
petición y el acceso a la información y documentos públicos. En esa dirección, estima que la
exequibilidad de la norma debe ser declarada de manera condicionada, para asegurar la resolución
efectiva y oportuna de este recurso en todos los casos.
Conclusión
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, la Corte procederá en la parte resolutiva
a declarar la exequibilidad del artículo 26 del proyecto de ley estatutaria objeto de control, en el
entendido de que en los municipios en los que no exista juez administrativo, se podrá instaurar este
recurso ante cualquier juez del lugar”75 (Subrayas de la Sala).

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Demandante: Hendrika García Albarracín

manera imparcial, si los documentos que una determinada autoridad pública ha
clasificado como “reservados” deben o no ser entregados al solicitante, con lo
cual la acción de amparo recobra su carácter subsidiario para efectos de
proteger el derecho fundamental antedicho.”76 (Subrayas de la Sala)

6.4.2. En ese orden, se advierte que, en principio, asistía razón al Tribunal al
considerar improcedente la acción de tutela respecto de las peticiones presentadas
ante los Juzgados 2°, 20, 25 y 66 Administrativos de Bogotá, toda vez que dichas
autoridades manifestaron que la información solicitada se encontraba amparada por
reserva legal, decisión frente a la cual la actora interpuso los correspondientes
recursos de insistencia.

No obstante, con ocasión del recurso de impugnación, la actora allegó las
providencias emitidas dentro de dicho trámite, en las cuales se ordenó la entrega
de la información requerida. En consecuencia, se evidencia que el mecanismo
judicial previamente invocado fue efectivamente agotado, lo que habilita a esta Sala
para realizar un análisis de fondo respecto de la petición de amparo frente a dichas
autoridades. Por lo anterior, se revocará el numeral tercero de la decisión recurrida,
dado que allí se declaró la improcedente de la pretensión frente a los citados
Juzgados.

6.4.3. Así las cosas, en lo que respecta a los Juzgados 2°, 20° y 66° Administrativos
del Circuito de Bogotá, se advierte que, conforme con el cuadro aportado por la
actora sobre el estado actual de sus solicitudes, esta reconoce expresamente que
dichas autoridades ya le dieron respuesta de fondo a sus peticiones. Lo anterior,
puede evidenciarse con más claridad enseguida:

76 Corte Constitucional. Sentencia T-119 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas.

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“

”77 (Resaltado en rojo de la Sala)

Por ende, la Sala negará la súplica de protección de los derechos fundamentales
invocados frente a esas autoridades, ya que la actora en la impugnación reconoció
haber obtenido respuesta de fondo.

6.4.4. De otro lado, se advierte que la demandante sostiene que no ha recibido
respuesta a los puntos tercero, cuarto y séptimo. En consecuencia, se procederá a
verificar si efectivamente dichas solicitudes fueron desatendidas por parte del
mencionado Despacho judicial:

Parte Solicitud/ respuesta
“Remitir informe detallado y actualizado,
Demandante: pregunta 3 que contenga: nombres completos, fecha
de posesión, fecha de retiro si aplica,
número de Convocatoria a la que
pertenece, de las personas que ocupan y
han ocupado el cargo de profesional
universitario grado 16 en su Juzgado, en
situación de encargo, provisionalidad y
propiedad.”78
Demandado: Juzgado Veinticinco “En cuanto a la información personal de los
Administrativo de Oralidad del Circuito nombres completos y demás datos
Judicial de Bogotá personales de quienes se encuentran
ocupando dichos cargos en propiedad y/o
provisionalidad, se informa que, de acuerdo

77 Visible en el índice 49 del Sistema de Gestión SAMAI.
78 Ibidem

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con el artículo 24.3 del Cpaca, la misma se
encuentra sometida a reserva.”79

Parte Solicitud/ respuesta
Demandante: pregunta 4 “Informar de manera detallada y
actualizada, si alguno de los empleados
que ocupan el cargo de profesional
universitario grado 16 en propiedad de su
despacho, están haciendo uso de licencia
no remunerada, en caso afirmativo,
informar la fecha de inicio y terminación de
la mentada licencia, así como el empleado
que ocupa el cargo en situación de
provisionalidad o encargo, y si hace parte
éste último de la lista de registro de
elegibles vigente para ocupar el cargo de
profesional universitario grado 16,
Convocatoria 4”80
Demandado: Juzgado Veinticinco “Asimismo, se informa que en uno de
Administrativo de Oralidad del Circuito aquellos fue concedida licencia no
Judicial de Bogotá remunerada al titular hasta por 2 años
(contados a partir del 9 de septiembre de
2024) y la vacancia temporal respectiva fue
cubierta con una de las personas titulares
en carrera de uno de los empleos de
Sustanciador Nominado de este
Despacho.”81

Parte Solicitud/ respuesta
Demandante: pregunta 7 “En caso de que en su despacho esté por
vencer la licencia no remunerada de uno o
de los dos profesionales universitarios
grado 16, solicito, informar de manera
detallada nombre completo del empleado y
fecha en que vence la licencia, así como,
hacer uso de la lista de registro de elegibles
vigente para proveer en provisionalidad el
mentado cargo, en caso de que la licencia
no remunerada sea prorrogada o en caso
de que haya renuncia del cargo, conforme
lo dispone la ley 2430 de 2024”82
Demandado: Juzgado Veinticinco “Asimismo, se informa que en uno de
Administrativo de Oralidad del Circuito aquellos fue concedida licencia no
Judicial de Bogotá remunerada al titular hasta por 2 años
(contados a partir del 9 de septiembre de
2024) y la vacancia temporal respectiva fue
cubierta con una de las personas titulares
en carrera de uno de los empleos de
Sustanciador Nominado de este
Despacho.”83

79 Ibidem
80 Ibidem
81 Ibidem
82 Ibidem
83 Ibidem

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En ese orden, es evidente que el anotado Juzgado no entregó la información pedida
señalando que estaba sujeta a reserva.

Ahora, como se indicó previamente, mediante proveído del 26 de febrero de 2025,
la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió el recurso de insistencia presentado por la actora frente a dicha negativa,
ordenando la entrega completa de la información requerida por la señora García
Albarracín. A continuación, se transcribe la parte resolutiva de esa decisión:

“R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR improcedente el recurso de insistencia de la
peticionaria ante las solicitudes de los numerales 1, 2, parte del 3 y 4 a 9.

SEGUNDO: DECLARAR mal negada en forma parcial por el Juzgado 25
Administrativo del Circuito de Bogotá, la petición que le radicó Hendrika García
Albarracín en el numeral 3.

En consecuencia, ORDENAR al Juzgado 25 Administrativo del Circuito de
Bogotá, en cabeza del Juez titular del Despacho en quien se radica la obligación
de cumplir, que le entregue de manera completa a Hendrika García Albarracín
en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, la información parcial que estrictamente solicitó en el
numeral 3 de la petición que radicó el 13 de enero de 2025, así: Remitir informe
detallado y actualizado, que contenga: nombres completos, fecha de posesión,
fecha de retiro si aplica, de las personas que ocupan y han ocupado el cargo de
profesional universitario grado 16 en el Juzgado, en situación de encargo,
provisionalidad y propiedad. El Juzgado no debe entregar ningún otro dato
adicional, ni documento alguno.

TERCERO: ORDENAR que en firme la presente providencia, se archive el
expediente, previas las anotaciones de rigor”84

Lo anterior, con fundamento de la siguiente argumentación:

“4.5. Para decidir, se establece que el recurso resulta improcedente ante lo
solicitado en los numerales 1, 2, parte del 3, 4 a 9, toda vez que los asuntos en
ellos pedidos, no se negaron y menos bajo la protección de reserva. El Juzgado
solo remitió a otra autoridad la competencia para responder.

De ahí que al no aducir el Juzgado argumento alguno de reserva legal, el
recurso planteado deriva en improcedente, toda vez que el trámite de insistencia
solo procede o se habilita cuando se aduce la restricción legal de protección de
reserva.

Y de manera consecuencial, cuando una entidad pública no entrega ni responde
la solicitud de información o documentación, o lo hace en forma parcial, o no
contesta de fondo ni en su totalidad la solicitud, o existe inconformidad con la
respuesta, o niega la entrega de información o documentación con argumentos

84 Visible a índice 49 del Cuaderno del Tribunal.

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diferentes a la reserva, o contesta por fuera del plazo legal, dicha decisión podrá
ser cuestionada por la persona interesada si lo estima pertinente y si es
procedente, pero a través de otros instrumentos jurídicos diferentes al trámite o
recurso de insistencia, como podría ser mediante la acción de tutela en
protección del derecho de petición o por las acciones contencioso
administrativas, pues la decisión podría conformar un acto administrativo, o
dentro de otros mecanismos jurídicos.

Así, el recurso de insistencia de la peticionaria en este caso específico y ante
sus peticiones de los numerales 1, 2, parte del 3, 4 a 9 y la respuesta del
Juzgado, no es procedente.

4.6. En cuando a la información pedida en el numeral 3, que fue negada
parcialmente con el argumento de reserva, encuentra la Sala que la misma no
se enmarca dentro de la categoría de reserva legal que invoca el Juzgado, el
numeral 3 del artículo 24, CPACA.

En efecto, dicha disposición jurídica dispone: “ARTÍCULO 24.
INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. Solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva
por la Constitución Política o la ley, y en especial: (…) 3. Los que involucren
derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de
vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de
personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así
como la historia clínica.”

De la petición, se establece que la información solicitada se refiere a nombres
completos, fecha de posesión, fecha de retiro si aplica, de las personas que
ocupan y han ocupado el cargo de profesional universitario grado 16 en el
Juzgado en situación de encargo, provisionalidad y propiedad.

Toda esta información se trata de datos sobre servidores públicos y su situación
administrativa, lo cual es información pública que puede ser conocida por todos,
pues no está protegido por reserva alguna, no se refiere a la privacidad e
intimidad personal o familiar, no son datos sensibles referidos de manera
estricta a la intimidad o a los datos íntimos protegidos por las Leyes 1712 de
2014 y 1581 de 2012, que por el contrario, en su artículo 10 se autoriza su
entrega sin autorización del titular de la información por tratarse de uno de
naturaleza pública, sobre el que recae control público y político que establece
nuestro ordenamiento jurídico (Artículo 40, C.Po); y es jurídico determinar que
no todo dato ni documento que aparece en las hojas de vida es reservado
(Artículo 24.3, CPACA). El dato de sus nombres completos, fecha de posesión,
fecha de retiro si aplica, no es información secreta, pues es un evento cuya
revelación no puede generar perjuicio al involucrado, ni constituye un factor que
afecte el núcleo esencial de privacidad (Artículo 15, C.Po). Así, es una
información pública y está regida por el principio de transparencia y de máxima
publicidad. Además, todo nombramiento de servidores públicos se produce por
acto administrativo, de cuya naturaleza es la publicidad, porque entre otras
razones, sus salarios se sufragan con dineros del erario; y es obligación de todo
servidor público, dar a conocer no solo su hoja de vida que se publica en los
dominios de internet de la entidad en este caso de la Rama Judicial, todo dirigido
a la transparencia en la vinculación y permanencia de personas al servicio
oficial.

Se agrega que no se observa que se presente en este asunto un choque entre
los derechos a la información o el control público, con el de la intimidad, pues
además, la información pedida no contiene asuntos específicos relacionados
con la salvaguarda de la seguridad de las personas, por lo que no se requiere

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para su entrega orden de autoridad judicial, toda vez que al no gozar de reserva
y tratarse de una información pública, escapa al carácter privado de su
conocimiento y apropiación, pues además, tiene relación con un aspecto de
mero corte administrativo, informativo y de conocimiento público. Y se descarta
en ente caso, porque no hay daño a los empleados en su intimidad, vida, salud,
seguridad, con los datos pedidos no se amenazan el derecho a la intimidad
personal y familiar, honra y buen nombre y los datos pedidos no se relacionan
con su preferencia sexual, su orientación o credo ideológico o político, su
información genética, sus hábitos, su salud, origen racial o étnico, convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como
los biométricos.

En consecuencia, no tiene respaldo el Juzgado al negar parcialmente la
información que se le pidió en el numeral 3, ya que no tiene la protección de
restricción legal a la que aludió, y por ello, el público tiene el derecho de conocer
los datos solicitados.

Se agrega que la restricción invocada por el Juzgado no es constitucionalmente
admisible, toda vez que se persigue una finalidad normativa superior e idónea
(Información pública, control social) respecto del bien que se pretende
resguardar (Mantener anónimos datos de servidores públicos)”85.

Así las cosas, se advierte que en la actualidad no existe razón válida para que el
Juzgado 25 Administrativo de Bogotá se abstenga de suministrar la información
solicitada por la actora en los numerales 3, 4 y 7 de su petición. En consecuencia,
y al no encontrarse acreditado en el expediente que dicha autoridad judicial haya
dado respuesta de fondo a esos requerimientos, se accederá a las pretensiones
que en ese sentido invocó la demandante. Para el efecto, se le concederá a la
mencionada autoridad un plazo de cuarenta y ocho (48) contados a partir de la
notificación de esta providencia.

6.5. De la respuesta dada por el Juzgado 9 Administrativo de Bogotá

Corresponde determinar si existe carencia actual de objeto por hecho superado, si
el mencionado Juzgado sostiene haber dado respuesta a la solicitud en acatamiento
del fallo emitido en primera instancia.

Con miras a resolver ese problema, es pertinente señalar que el 5 de marzo de
2025, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
amparó el derecho fundamental de petición a la señora García Albarracín. En
particular, en la parte resolutiva de dicha decisión se destaca que se ordenó al

85 Ibidem.

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Juzgado 9, que diera trámite a cada punto de la solicitud elevada el 13 de enero de
2025.

Ahora bien, en su escrito de impugnación, la actora sostuvo que el Juzgado 25
Administrativo de Bogotá dio una respuesta incompleta a sus peticiones tercera y
cuarta. En ese sentido, corresponde a la Sala verificar si las contestaciones emitidas
por dicha autoridad judicial constituyen verdaderamente un pronunciamiento de
fondo, sustancial y acorde con lo solicitado.

Sujeto Solicitud/ respuesta
Demandante: pregunta 3 “Remitir informe detallado y actualizado,
que contenga: nombres completos, fecha
de
posesión, fecha de retiro si aplica, número
de Convocatoria a la que pertenece, de las
personas que ocupan y han ocupado el
cargo de profesional universitario grado 16
en su
Juzgado, en situación de encargo,
provisionalidad y propiedad.”86

Demandado: Juzgado Noveno
Administrativo de Oralidad Circuito Judicial -De conformidad con la respuesta dada a la
de Bogotá pregunta número uno, se considera
resuelta la pregunta anterior. No obstante,
se reitera en la página web de la rama se
encuentran publicadas las convocatorias
allí podrá saber en cual participaron las
personas nombradas en propiedad en este
despacho.

Además, sobre información detallada de
las personas que ocupan el cargo de
profesional universitario grado 16 en el
Juzgado, en garantía de protección de su
Habeas Data, como se le enunció tanto la
Unidad de Carrera como los Consejos
Seccionales de la Judicatura o el Consejo
Superior, cuentan con la misma en tanto
periódicamente actualizan la información a
través del Escalafón de Carrera Judicial
según los artículos: 101 (numeral 1) y 174
de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la
Administración de Justicia - modificados
por el artículo 88 de la ley 2430 de 2024, y
en desarrollo de lo dispuesto en el Acuerdo
No. 724 de febrero 15 del 2000 emanado
de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, por lo que les
puede ser requerida.”87

86 Ibidem
87 Ibidem

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Ahora en la respuesta 1 se le expuso:

En virtud de la convocatoria 4 no se
recibieron comunicaciones de listas por
cuanto se tiene que en razón a la
convocatoria anterior a este despacho llegó
la lista de aspirantes con derecho a carrera
judicial con oficio CSJBTO 18-1251 del 19
de febrero de 2018, se realizó el trámite
correspondiente, es decir llamado en el
orden de puntajes, quedando nombradas y
posesionadas las doctoras Adriana Roció
Martinez Ávila y Ana Patricia Rodríguez
Martínez.

Adriana Roció Martinez Ávila, fue
nombrada y posesionada en el cargo de
Profesional grado 16, el 07 de diciembre de
2020 y solicitó licencia no remunerada el 09
de febrero de 2024, para desempeñar un
cargo en el Despacho 13 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En el
cargo de Profesional grado 16, el 09 de
febrero de 2024 fue nombrado y
posesionado en provisionalidad el doctor
Jaime Alfonso Aguilar, quien actualmente
se encuentra ejerciendo su cargo en este
despacho.

Ana Patricia Rodríguez Martínez, solicitó
traslado a partir del 03 de febrero de 2020
y actualmente labora en propiedad en el
cargo de Profesional grado 16 del Juzgado
21 Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín. Con ocasión a la vacante se
nombró a Nataly Bonel Moreno con previo
concepto favorable de traslado el 22 de
enero de 2021 y se posesiono el 15 de
marzo de 2021, quien actualmente se
encuentra ejerciendo su cargo en este
despacho..”88

Sujeto Solicitud/ respuesta
Demandante: pregunta 4 “Informar de manera detallada y
actualizada, si alguno de los empleados
que ocupan el
cargo de profesional universitario grado 16
en propiedad de su despacho, están
haciendo
uso de licencia no remunerada, en caso
afirmativo, informar la fecha de inicio y
terminación de la mentada licencia, así
como el empleado que ocupa el cargo en
situación

88 Visible a índice 34 ibidem

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de provisionalidad o encargo, y si hace
parte éste último de la lista de registro de
elegibles
vigente para ocupar el cargo de profesional
universitario grado 16, Convocatoria 4.”89
Demandado: Juzgado Noveno “Esta pregunta se responde con la
Administrativo de Oralidad Circuito Judicial respuesta dada a los cuestionamientos
de Bogotá anteriores.

Ahora bien, en cuanto a la persona que
ocupa el cargo en provisionalidad se
encuentra
en la lista de elegible me permito
manifestarle que como es de su
conocimiento, con la ley vigente al
momento del nombramiento del señor
Jaime Alfonso Aguilar Castro, no se le
requirió información sobre su participación
en los concursos de la rama judicial, o
pertenencia en lista de elegibles alguna, ya
que era permitido nombrar en
provisionalidad a quien reuniera los
requisitos del cargo sin tener en cuenta si
se encontraba o no en la lista de elegibles,
requisitos que el Dr. Jaime Aguilar cumple
a cabalidad.”90

En ese orden de ideas, en criterio de la Sala, el Juzgado Noveno Administrativo de
Bogotá sí dio una respuesta satisfactoria a las peticiones formuladas, en la medida
en que informó quiénes se encontraban nombrados en el cargo de Profesional
Grado 16, las convocatorias de las que provenían, la naturaleza del nombramiento,
esto es, si se trataba de una designación en propiedad o en provisionalidad, así
como la situación de las licencias vigentes en ese Despacho.

6.5.1. Ahora, se advierte que la actuación adelantada por el Juzgado 9
Administrativo de Bogotá obedeció al cumplimiento de una decisión judicial,
circunstancia que, además, fue expresamente reconocida por esa autoridad en su
intervención. No obstante, para determinar si dicha actuación puede dar lugar a la
configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado, resulta
pertinente precisar lo señalado por la Corte Constitucional al respecto:

“En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta cuando
antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado. En efecto,
‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de
hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece

89 Ibidem
90 Ibidem

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la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela,
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la
posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío.

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección
ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando durante
el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El Juez
queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer
el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la
intervención de la autoridad del Estado.”91

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para
declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado: (i) que se reclame ante
el Juez de tutela la protección de un derecho fundamental, cuando es amenazado
o vulnerando por la acción o la omisión de la autoridad o de un particular y (ii) que
antes de que se profiera la decisión del Juez, desaparezca la vulneración o
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales, porque se satisface lo
pedido en la tutela.

Por su parte, esta Sección ha considerado que no existe hecho superado cuando la
cesación de los derechos fundamentales ocurre en cumplimiento de orden judicial.
Al respecto en sentencia del 29 de agosto de 202492se señaló:

“En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la posición fijada por esta Sala en
providencia de 18 de abril de 2024 , se tiene que, en el presente caso no hay
lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado como lo
reclama la autoridad accionada en el escrito de impugnación, pues si bien ya
cesó la vulneración al derecho fundamental invocado por la parte, esta cesó
como consecuencia del cumplimiento de la orden dictada en el fallo impugnado,
es decir, por la intervención del juez, no fue un acto voluntario de la entidad,
previo a la mencionada orden, como lo ha indicado también la Corte
Constitucional23.

Por lo anterior, no resulta procedente señalar que la orden de amparo dictada
por el Tribunal cayó al vacío ni se tornó en innecesaria al momento de impartirla,
por el contrario, estuvo ajustada a derecho, por lo que lo procedente es
confirmarla, como se dispondrá en la parte resolutiva” (Subrayas de la Sala).

Mientras que, en providencia de 30 de mayo de 202493, manifestó lo siguiente:

“Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previsto para
aquellos casos en los que el juez constitucional, en cualquiera de las instancias,
advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario
impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue

91 Corte Constitucional, Sentencia T 612 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
92 Expediente nro. 05001-23-33-000-2024-00863-01, M.P Oswaldo Giraldo López
93 Expediente nro. 05001 23 33 000 2024 00627 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón

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finiquitada, pero si la intervención del juez sirvió para la cesación de la
vulneración y estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla” (Subrayas
de la Sala)

En consecuencia, no puede afirmarse que en el presente caso se configure una
carencia actual de objeto por hecho superado, pues si bien la afectación cesó, ello
obedeció al cumplimiento de la orden de tutela impartida por el juez competente, y
no a una acción voluntaria o anticipada de la entidad accionada. En ese sentido, la
orden de amparo mantiene su vigencia, toda vez que fue proferida conforme a
derecho y su ejecución ha permitido salvaguardar de manera efectiva los derechos
fundamentales de la señora García Albarracín, razón por la cual se impone
confirmar la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia, respecto al
amparo en contra del citado Juzgado.

6.6. De la controversia sobre los derechos fundamentales a la carrera
administrativa, mérito, igualdad, acceso a cargos públicos y acceso a la
administración de justicia

Finamente, corresponde a esta Sala determinar si es cierto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no emitió un pronunciamiento respecto de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la carrera administrativa, al
mérito, a la igualdad, al acceso a cargos públicos y a la administración de justicia
de la demandante.

Sobre el particular, es relevante señalar que en la impugnación la actora indicó:

“Ahora bien, el a quo constitucional no realiza ningún pronunciamiento respecto
a la vulneración a los derechos de carrera administrativa, mérito, igualdad,
acceso a cargos públicos, acceso a la administración de justicia, se limita a
señalar que no allegué ninguna prueba, cuando las pruebas fueron allegadas
en su totalidad, así como señaladas en los hechos entre ellas: los derechos de
petición radicados en los juzgados accionadas, las 3 tutelas interpuestas por
hechos relacionados con la provisión de los cargos de profesional universitario
grado 16 en los juzgados administrativos de Bogotá, conocidas dos (2) de ellas
por el a quo constitucional, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y los
dieciocho (18) recursos de insistencia desatados TODOS por el a quo
constitucional, pruebas suficientes para que exista un pronunciamiento de fondo
y una protección y salvaguarda de los derechos fundamentales a la carrera
administrativa, mérito, igualdad, acceso a cargos públicos, acceso a la
administración de justicia y proscripción de la feminización de la pobreza”94
(Subrayas de la Sala).

94 Visible en el índice 48 del Sistema de Gestión SAMAI.

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43

Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

Ahora se evidencia que en la sentencia apelada el a quo manifestó respecto de los
anotados derechos:

“A ese respecto, la Sala de decisión precisa que la acción de tutela no es el
mecanismo judicial para tal efecto, dado que esa función recae en el nominador
de cada despacho judicial, quien tiene el deber constitucional y legal de hacer
uso de la lista de elegibles vigente en garantía del derecho fundamental al
mérito, lo cual prima facie se ha cumplido a cabalidad por cada uno de ellos
como así se desprende del informe rendido en ese sentido por parte del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Aunado a lo anterior, la Sala no encuentra prueba, siquiera sumaria, que
demostrara la trasgresión de los demás derechos fundamentales invocados por
la accionante, ni mucho menos prueba de la existencia de un perjuicio inminente
e irremediable que sustente excepcionalmente el amparo constitucional,
además, no encabeza la lista de elegibles contenida en la Resolución nro.
CSJBTR24- 318 de 6 de agosto de 2024 —ocupa el puesto 17—. De tal suerte
que, la informalidad de la acción de tutela no la exonera de probar debidamente
los hechos en los que basa sus pretensiones.

En gracia de discusión la parte actora llegara a considerar que se están
presentando incumplimientos o dilaciones injustificadas en el proceso de
provisión de los empleos de carrera con ocasión de la lista del registro de
elegibles, y que algún juez está incurriendo en ese tipo de conductas, puede
presentar la queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad
que es la competente para analizar faltas disciplinarias, establecer la
responsabilidad y las sanciones a que haya lugar”95.

En ese orden, resulta evidente que sí hubo un pronunciamiento por parte del
Tribunal en relación con las razones que lo llevaron a considerar improcedente la
presente acción de tutela; cuestión distinta es que la actora no comparta lo allí
expuesto. Este aspecto es relevante, pues permite advertir que no es cierto que el
a quo haya guardado silencio frente a los mencionados cuestionamientos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VII. FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, en su lugar NEGAR la acción de tutela de la referencia frente a los Juzgado
2º, 20 y 66 Administrativos de Bogotá, por las razones antes expuestas.

95 Visible en el índice 43 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 15 000 2025 00086 01
Demandante: Hendrika García Albarracín

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora García
Albarracín y en consecuencia se ordena al Juzgado 25 Administrativo de Bogotá
que, en caso de que aún no lo hubiere hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, de una respuesta de fondo
respecto a las peticiones 3, 4 y 7 efectuadas por la demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 24 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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