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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00863-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00863-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio de 2024 proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. 5 Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2018, en la que se consideró «Esta Corporación ha sostenido que por regla general la liquidación y pago de acreencias laborales escapa del ámbito propio de la acción de tutela, y solo de manera excepcional, se ha admitido su procedencia ante la falta de idoneidad del medio de defensa ordinario. No obstante, en cualquier caso resulta indispensable el carácter cierto e indiscutible de las acreencias laborales que se reclaman, pues de ahí surge precisamente la transgresión de los derechos fundamentales cuya protección se solicita: “El juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible, pues aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción competente. En este orden de ideas, la acción de tutela sólo procede para el pago de derechos económicos, cuyo carácter cierto e indiscutible evidencia la trasgresión de derechos fundamentales.” Lo anterior encuentra su fundamento en que en el ámbito de las relaciones laborales, la procedencia excepcional de la acción de tutela surge del desconocimiento de los principios que desde el punto de vista constitucional rodean la actividad laboral, esto es, aquellos consagrados en el artículo 53 Superior, como la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la garantía del derecho la seguridad social, entre otros. Teniendo en cuenta que la acción de tutela se invoca con el objetivo de superar en forma pronta y eficaz la vulneración incoada, para que el juez constitucional pueda impartir órdenes de protección dirigidas a materializar las garantías fundamentales involucradas, resulta primordial la certeza y carácter indiscutible de las acreencias laborales con las que se lograría la realización efectiva de dichos derechos. De manera más concreta, la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00863-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de agosto de 2024

Radicación: 05001-23-33-000-2024-00863-01
Accionante: Diana Carolina Jiménez Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro
(2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00863-01
Accionante: Diana Carolina Jiménez Castro
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la parte accionante y la
Directora Seccional de Administración Judicial de Medellín en contra de la
sentencia de tutela de 23 de julio de 2024 proferida por la Sala Cuarta del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que amparó el derecho fundamental
de petición.

I. LA SOLICITUD

La señora Diana Carolina Jiménez Castro promovió acción de tutela en
contra de la División de Nómina y Prestaciones Sociales del Consejo
Seccional de la Judicatura de Medellín con el fin de que fueran protegidos
sus derechos a la información y al mínimo vital, para ello formuló las
siguientes pretensiones:

«(i) responder de fondo la petición elevada el 29 de mayo del 2024 (ii)
ordenarle a la demandada pagar de manera inmediata mi sueldo
correspondiente a las vacaciones que realicé, evitando afectar mi mínimo
vital y poner en riesgo mi subsistencia mínima».

Afirmó que, el 14 de diciembre de 2023, se posesionó como oficial mayor
en provisionalidad en el Juzgado Noveno Penal Municipal de Medellín,
«posesión que tomó efectos el 18 de diciembre de 2023».

Señaló que, el día que se hicieron los pagos a los empleados de la Rama
Judicial advirtió que no le consignaron el sueldo. Por lo que se «acercó a las
oficinas de asuntos laborales para que me informen el motivo del porque no
me pagaron mi sueldo y me dicen que por unos movimientos que no se
podían hacer en cuanto a la cadena que pertenezco. Y se trata del señor
HECTOR ANDRES HORCASITA, quien es el secretario y pasó a realizar unas

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Accionante: Diana Carolina Jiménez Castro

vacaciones como juez. Por tanto, la persona que yo reemplacé pasó a ser
secretaria, es decir yo reemplacé a la que ocupó el cargo de secretaria».

Indicó que, el 29 de mayo de 2024, presentó petición ante la Unidad de
Asuntos Laborales señalando lo referido, sin que haya obtenido respuesta.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

II.1. Mediante auto de 15 de julio de 2024, el magistrado sustanciador del
Tribunal admitió la acción de tutela, ordenó notificarla a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín y se ordenó vincular a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Superior de la
Judicatura, al Juzgado Noveno Penal Municipal de Medellín y al Juzgado 29
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín para que
rindieran informe. Mediante auto de 18 de julio de 2024, se ordenó vincular
al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

II.2. La Directora Seccional de Administración Judicial de Medellín allegó
informe en el que manifestó que por oficio DESAJMEO24-2806 de 8 de julio
de 2024 dio respuesta clara y de fondo a la petición presentada por la
accionante.

Indicó que, desde el 15 de mayo de 2024 la accionante desempeñaba el
cargo de oficial mayor en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Medellín, habiéndose liquidado y pagado todos sus
haberes laborales a través de la nómina del mes de junio de 2024, por lo
que indicó que no es de recibo que sugiera una vulneración de su mínimo
vital.

Finalmente, precisó que el derecho de petición no necesariamente trae
consigo una respuesta favorable al peticionario y, al respecto, trajo a
colación lo señalado por la Corte Constitucional a través de sentencia T-146
de 2012. De conformidad con lo anterior, solicitó declarar improcedente la
presente acción constitucional.

II.3. La Jueza Novena Penal Municipal de Medellín informó que no contaba
con la competencia para responder frente al pago de los emolumentos
solicitados por la accionante y que los actos de nombramiento eran actos
administrativos, asimismo que la provisión de la vacante se realizó de
manera adecuada y se informó a la oficina de asuntos laborales al respecto,
razón por la cual solicitaba ser desvinculada.

II.4. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia indicó
que, la autoridad competente para definir la controversia en relación con el
pago del salario y prestaciones sociales, así como la corrección de nómina
era la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, por cuanto, en

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virtud del artículo 1º del acuerdo PSAA09-6203 de 2009, las Direcciones
Seccionales se estructurarán operativamente en áreas y oficinas adscritas,
dentro de las cuales se encuentra el área de talento humano, que tiene
taxativamente asignada esta tarea.

En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y que se desvinculara del trámite de la acción constitucional.

II.5. La Jueza Veintinueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Medellín informó las novedades generadas a partir del 17 de diciembre
de 2023 en ese despacho, entre esas la aludida por la accionante.

II.6. El presidente (e) del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín
presentó informe en el que señaló que ni directa ni por remisión le había
sido allegada la petición que refiere la accionante, razón por la cual solicitaba
ser desvinculado.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal, mediante sentencia de 23 de julio de 2024, resolvió declarar la
ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, del Consejo Superior de la Judicatura, del Juzgado
Noveno Penal Municipal de Medellín, del Juzgado 29 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Medellín y del Tribunal Superior de Medellín;
asimismo, dispuso lo siguiente:

«SEGUNDO: TUTÉLASE el derecho fundamental de petición de DIANA
CAROLINA JIMÉNEZ CASTRO, que está siendo vulnerado por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

TERCERO: ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia, a través de su director
seccional o quien haga sus veces que, en el término de cinco (5) días,
brinde una respuesta de fondo, clara y congruente a la petición de 29 de
mayo de 2024, en el sentido de informarle a DIANA CAROLINA
JIMÉNEZ CASTRO la fecha en que solucionará las novedades y
defina si es o no procedente el pago reclamado por la
accionante». (Negrillas de la Sala).

Señaló que, el objeto de la solicitud no era otra que el reclamo sobre el pago
del salario a partir del 18 de diciembre de 2023, lo que implicaba que la
accionante requería información clara acerca de si la entidad pagaría dicho
salario y, si era así, cuándo o si, por el contrario, la entidad se abstendría
de pagar definitivamente lo reclamado.

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Consideró que, si bien era cierto la entidad accionada argumentó en su
informe de tutela y a través de respuesta de 8 de julio de 2024 una situación
administrativa presuntamente irregular que le imposibilitaba pagarle a la
accionante el período de nómina que reclamaba, no era menos que dicha
situación no podía conllevar a la accionante a estar sometida en una
situación de incertidumbre continua hasta que la Dirección resolviera tal
situación, sin tener certeza de cuándo iba a ocurrir, por lo que amparó el
derecho fundamental de petición.

Afirmó, respecto al reconocimiento de acreencias laborales que en este caso
no se cumplía con el presupuesto de inmediatez, puesto que el período por
el cual reclama su salario es el comprendido entre el 18 de diciembre de
2023 y el 8 de enero de 2024, y el 10 de julio del mismo año se interpuso
el mecanismo de protección constitucional, es decir, más de transcurrido 6
meses del hecho que la accionante consideró vulnerador de sus derechos
fundamentales, tiempo que, a la luz de la jurisprudencia constitucional
excede el lapso de razonabilidad para deprecar la protección de los derechos
constitucionales fundamentales. Asimismo, anotó que no se advertía
ninguna causa que justificara la demora en interponer la acción de tutela.

Adicionalmente, sostuvo que existía un conflicto de estricto orden legal que
ha impedido pagar el salario y dicha controversia no podía ser resuelta a
través de la acción de tutela, sino que debe ser dirimida, en caso tal de que
la entidad se abstenga de forma definitiva de realizar el pago por el juez
natural de las relaciones laborales entre servidores públicos y el Estado, es
decir, el juez de lo contencioso administrativo.

IV. LA IMPUGNACIÓN

IV.1. La accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para el
efecto mediante correo electrónico señaló que, «Impugno, ya que esa
situación la debe solucionar el señor Héctor Orcasitas, el cual me deben
desvincular de sus asuntos administrativos y pagar mi salario sin ningún
reparo».

IV.2. La Directora Seccional de Administración Judicial de Medellín presentó
impugnación indicando que no era de recibo para la entidad la orden
impartida consistente en que brindara respuesta de fondo, en tanto se podía
constatar que la respuesta de 8 de julio de 2024 (oficio DESAJMEO24-2806)
era clara y de fondo, en esta se informaba que «no era posible incluir en la
nómina la novedad generada por la accionante, puesto que ésta es
antecedida por un nombramiento del empleado que ocupa el cargo en
propiedad que desborda los límites de la legalidad de las situaciones
administrativas que rigen para la Rama Judicial, y que actualmente se
encuentra en controversia que aún no ha sido resuelta por quienes la
originaron pese haber sido requeridos por el Consejo Seccional de la
Judicatura para hacerlo, por lo que para efectos de la liquidación y pago de

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la nómina no se liberó la vacante necesaria para incluir a la accionante, y el
pago de la nómina en ese cargo y por ese mismo periodo de tiempo se
realizó a quien ocupa el cargo en propiedad, imposibilitando pagar doble
asignación a 2 personas en el mismo cargo».

Sostuvo que, el día 25 de julio de 2024, la Dirección dando cumplimiento al
fallo de primera instancia, procedió nuevamente a emitir respuesta de fondo
a la solicitud elevada por la señora Jiménez Castro mediante oficio
DESAJMEO24- 3075, en el sentido de reiterar que para la época reclamada
por la accionante, esto es, del 18 de diciembre 2023 al 9 de enero 2024,
está registrada en la nómina de la entidad otro servidor judicial en propiedad
devengando el salario correspondiente al cargo, siendo imposible incluir en
nómina su novedad en el mismo cargo y mucho menos liquidar y pagar un
salario que fue liquidado a otro servidor judicial; la decisión fue notificada
electrónicamente a la peticionaria1.

Por lo anterior, concluyó que la situación que hiciera que la accionante
adelantara la acción de tutela fue atendida, encontrándose frente a un hecho
superado. En suma, solicitó que se revoque la decisión impugnada.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

V.2. Hechos relevantes

En el caso concreto, examinado el expediente, se encuentran acreditados
los siguientes:

V.2.1. El 29 de mayo de 2024, la señora Diana Carolina Jiménez Castro
presentó petición ante la Unidad de Asuntos Laborales de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín2 en la que solicitó se le
«informe para cuando o que fecha es el pago de mi salario causado desde
el 18 de diciembre del año anterior». La misma fue reenviada a la autoridad
el 21 de junio de 2024.

1
Dirección de correo electrónico: diana_jica@hotmail.com y su correo institucional.
2
Indicando a la autoridad que recibiría las notificaciones al correo electrónico desde el que presentó la petición,
esto es, diana_jica@hotmail.com.

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V.2.2. El coordinador de la Unidad de Asuntos Laborales de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, mediante oficio
DESAJMEO24-2806 de 8 de julio de 2024, enviado en la misma fecha a la
dirección de correo electrónico diana_jica@hotmail.com, contestó a la
señora Jiménez Castro señalando que:

«el día 15 de diciembre de 2023 fue reportada a este Grupo de Asuntos
Laborales novedad del Juzgado 29 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Medellín, en la que se allegó Resolución mediante la
cual se aceptó al señor Héctor Andrés Vélez Orcasitas renuncia a la
licencia no remunerada y a su vez se le concedía nuevamente una
licencia para ocupar el cargo de Juez Sexto Penal Municipal con Función
de Control de Garantías durante el periodo comprendido entre el 18 de
diciembre de 2023 al 08 de enero de 2024, ambas fechas inclusive.

Como consecuencia de lo anterior, se realizaron varios nombramientos,
entre los cuales se encuentra el suyo como Oficial Mayor, no obstante,
la situación administrativa presentada por el señor Vélez Orcasitas es
considerada como improcedente, pues al ocupar el cargo para el cual se
le otorgó licencia no remunerada entre el 18 de diciembre de 2023 al 08
de enero de 2024, ambas fechas inclusive, se encontraba en
VACACIONES COLECTIVAS de acuerdo con la naturaleza de su cargo en
propiedad, por lo que NO podía posesionarse en otro cargo, pues se
insiste, se encontraba en plena vacancia y al no encontrarse en servicio
activo su situación administrativa no le permitía posesionarse en otro
cargo.

[…]

En este sentido, si la situación administrativa presentada por el señor
Vélez Orcasitas ni siquiera se encuentra parametrizada en el aplicativo
de Efinomina para proceder con una liquidación de ese tipo, tampoco es
posible que las demás novedades derivadas de dicho movimiento pueden
trabajarse y liquidarse, no por capricho de este Grupo de Asuntos
Laborales, pues hemos sido enfáticos en indicar que nos encontramos
frente a una novedad que desborda los límites de la legalidad de las
situaciones administrativas que rigen para la Rama Judicial.

Como Grupo de Asuntos Laborales encargados de la liquidación de la
nómina de los servidores judiciales adscritos a la Seccional Medellín, y
en cumplimiento del principio de legalidad, nos encontramos a la espera
de que se realicen las aclaraciones respectivas por parte del respectivo
nominador, situación que es de su conocimiento por las múltiples
comunicaciones que por este motivo se han suscitado, e incluso acciones
de tutela interpuestas por el señor Vélez Orcasitas que no han
prosperado a sus pretensiones, por lo que esperamos su comprensión
frente al tema en el sentido de que mientras no se presente una solución
al movimiento inicial de la cadena de la cual usted hace parte, no es
posible liquidar el periodo de nómina que reclama, situación que se nos
escapa de nuestra órbita de decisión, teniendo en cuenta que no fuimos

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quienes generamos la situación que se encuentra pendiente por
solucionar, ni podemos pagarle a 2 personas en el mismo cargo.

Por lo anterior, y hasta tanto no se realice la corrección de los actos
administrativos del señor Héctor Andrés Vélez Orcasitas, no es posible
trabajar y liquidar la novedad por usted reportada».

V.2.3. La Directora Seccional de Administración Judicial de Medellín,
mediante oficio DESAJMEO24-3075 de 25 de julio de 2024, en cumplimiento
del fallo de primera instancia de 23 de julio de 2024, informó a la señora
Jiménez Castro lo siguiente:

«no es posible definir ni solucionar para nosotros como empleador, pues
para la época por usted reclamada esto es, del 18 de diciembre 2023 al
09 de enero 2024, está registrada en la nómina de la Entidad otro
servidor judicial en propiedad devengando el salario correspondiente al
cargo, siendo imposible incluir en nómina su novedad en el mismo cargo
y mucho menos liquidar y pagar un salario que fue liquidado a otro
servidor judicial.

De acuerdo con lo anterior, se itera que hasta tanto se solucione la
situación administrativa que antecedió su nombramiento, y de la cual se
ha requerido en múltiples ocasiones al servidor judicial involucrado y al
nominador del Juzgado 29 Penal del Circuito Función de Conocimiento
de Medellín, no es posible trabajar y liquidar la novedad por usted
reportada, advirtiéndose que, ni siquiera el sistema EFINOMINA se
encuentra parametrizado para trabajar la novedad inicial que generó los
demás nombramientos, pues se estaría en contravía de las prohibiciones
que la misma Ley Estatutaria de la Administración de Justicia impone.

Es así que, en atención a lo ordenado por el Despacho, y en consideración
a las aclaraciones y explicaciones que previamente se han dado al
respecto, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín le informa a la señora DIANA CAROLINA
JIMÉNEZ CASTRO, que dadas las condiciones actuales de la
situación administrativa presentada con antelación a quien
ocupaba el cargo para el cual fue nombrada, esto es Oficial Mayor
del Juzgado 09 Penal Municipal de Medellín, no es procedente el
pago reclamado por la accionante, esto es sobre la novedad de
nómina reportada entre el 18 de diciembre 2023 al 09 de enero
2024». (Negrillas y subrayas de la Sala).

El anterior oficio fue enviado por correo electrónico el 25 de julio de 2024 a
las direcciones «diana_jica@hotmail.com» y
«djimeneca@cendoj.ramajudicial.gov.co».

V.3. Análisis de la Sala

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala con la presente solicitud de amparo
se pretendía por la parte accionante obtener respuesta a su petición de 29

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de mayo de 2024, a través de esta solicitaba se le informara la fecha en que
se realizaría el pago del salario que afirma se causó desde el 18 de diciembre
de 2023.

El Tribunal, en la sentencia de primera instancia concedió el amparo al
derecho fundamental de petición y, en consecuencia, ordenó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín que le informará si era
procedente o no el pago reclamado por la parte accionante.

La accionante impugnó la decisión insistiendo en reclamar el pago de su
salario; por su parte, la accionada la impugnó señalando que, mediante el
oficio de 8 de julio de 2024 dio respuesta clara y de fondo a la solicitud
elevada por la accionante, por lo que no era de recibo la orden impartida en
la sentencia recurrida consistente en que se brindara una respuesta «en el
sentido de informarle a DIANA CAROLINA JIMÉNEZ CASTRO la fecha en que
solucionará las novedades y defina si es o no procedente el pago reclamado
por la accionante».

Adicionalmente, indicó que, en cumplimiento del fallo de primera instancia,
el 25 de julio de 2024, emitió nueva respuesta en la que le indicó a la señora
Jiménez Castro que no era procedente el pago reclamado por la accionante,
por lo que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia por
encontrarse frente a un hecho superado.

En vista de lo anterior, la Sala debe determinar si hay lugar a confirmar o
revocar la sentencia de 23 de julio de 2024, conforme a los argumentos
planteados y teniendo en cuenta las actuaciones que ha adelantado la
accionada en garantía del derecho de petición de la señora Diana Carolina
Jiménez Castro.

Revisadas las pruebas documentales allegadas, la Sala encuentra que,
mediante oficio de 8 de julio de 2024, la entidad en respuesta a petición de
29 de mayo de 2024, informó a la señora Jiménez Castro que se encontraba
a la espera de que se aclararan los movimientos de personal realizados en
el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Medellín y, que mientras no se presentara una solución al movimiento inicial
de la cadena de nombramientos de la cual hacía parte, no era posible
liquidar el periodo reclamado.

En el trámite de la acción constitucional, contrastadas la petición y la
respuesta, el a quo mediante sentencia de 23 de julio de 2024 encontró que,
la misma no brindaba certeza a la accionante respecto de la solución
pretendida frente a su reclamo de pago, por lo que dispuso amparar el
derecho fundamental de petición y ordenar a la Dirección Seccional que
informara a la señora Jiménez Castro la fecha en que solucionaría las
novedades y definiera si era procedente o no el pago exigido.

En cumplimiento del fallo de primera instancia, a través de oficio de 25 de

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julio de 2024, la Dirección Seccional contestó de manera clara y definitiva
que no era procedente el pago reclamado en atención a que para la fecha
indicada otro servidor judicial ocupaba en propiedad el mismo cargo.

El anterior recuento permite advertir a la Sala que, si bien la autoridad
accionada, mediante oficio de 8 de julio de 2024, dio respuesta a la petición
objeto de la presente acción de amparo, la misma no fue clara ni definió la
situación puesta en su conocimiento por parte de la peticionaria, consistente
en el pago de un salario, como se señaló en la providencia de amparo
impugnada; lo cierto es que fue mediante la comunicación de 25 de julio de
los corrientes y en virtud de la orden de amparo, que la autoridad brindó
respuesta clara y de fondo a la petición elevada por la accionante, en el
sentido de indicar que no era procedente dicho pago exigido.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la posición fijada por esta Sala
en providencia de 18 de abril de 20243, se tiene que, en el presente caso no
hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado como
lo reclama la autoridad accionada en el escrito de impugnación, pues si bien
ya cesó la vulneración al derecho fundamental invocado por la parte, esta
cesó como consecuencia del cumplimiento de la orden dictada en el fallo
impugnado, es decir, por la intervención del juez, no fue un acto voluntario
de la entidad, previo a la mencionada orden, como lo ha indicado también
la Corte Constitucional4.

Por lo anterior, no resulta procedente señalar que la orden de amparo
dictada por el Tribunal cayó al vacío ni se tornó en innecesaria al momento
de impartirla, por el contrario, estuvo ajustada a derecho, por lo que lo
procedente es confirmarla, como se dispondrá en la parte resolutiva.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de abril de 2024,
radicación nro. 660012333000-2024-00059-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, providencia en la que se
consideró «En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la jurisprudencia constitucional
ha denominado hecho superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de
amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla
e incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad
de que medie una orden de un juez para garantizar los derechos fundamentales deprecados. En otras palabras,
no es que resulte innecesario decretar orden de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que
debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la protección cabal
del derecho reclamado. Distinto sería si, por ejemplo, el TRIBUNAL no hubiese concedido el amparo y aun así la
FISCALÍA hubiese reubicado a la actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por
cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en atención a
que la situación de vulneración ya fue superada. Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está
previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en cualquiera de las instancias, advierte que el
hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna encaminada a superar una
situación que ya fue finiquitada, pero si la intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo
ajustada a derecho, corresponde confirmarla».
4
Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2012, en la que se consideró «En cuanto al hecho superado, la Corte
ha indicado que se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado. En
efecto, ‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el
fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío. En ese sentido, la sentencia T-027 de
1999, estableció que ‘(…) la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando
durante el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por tanto,
para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su
normalidad sin la intervención de la autoridad del Estado».

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Radicación: 05001-23-33-000-2024-00863-01
Accionante: Diana Carolina Jiménez Castro

Por último, respecto de la insistencia planteada por la accionante consistente
en el pago del salario causado, a su juicio, desde el 18 de diciembre de
2023, encuentra la Sala que no está llamado a prosperar, lo anterior
teniendo en cuenta que esa acreencia laboral fue señalada como en
discusión en el oficio de 8 de julio y, posteriormente, negada mediante el de
25 de julio de 2024, conforme a lo indicado por la entidad accionada, toda
vez que para la fecha en que se reclama se causó, el cargo de oficial mayor
del juzgado nominador estaba siendo ocupado por el señor Héctor Andrés
Vélez Orcasitas, en propiedad, por lo que dicha situación administrativa
impedía otra posesión, como la que acusa la accionante. En ese sentido, ha
indicado la Corte Constitucional que para que el juez constitucional pueda
examinar e impartir órdenes de protección de derechos fundamentales que
dependen del cumplimiento de obligaciones laborales se requiere que estos
resulten ciertos y tengan el carácter de indiscutibles5, lo que no acontece en
el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio de 2024 proferida por
la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

5
Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2018, en la que se consideró «Esta Corporación ha sostenido que por
regla general la liquidación y pago de acreencias laborales escapa del ámbito propio de la acción de tutela, y solo
de manera excepcional, se ha admitido su procedencia ante la falta de idoneidad del medio de defensa ordinario.
No obstante, en cualquier caso resulta indispensable el carácter cierto e indiscutible de las acreencias laborales
que se reclaman, pues de ahí surge precisamente la transgresión de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita:
“El juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible, pues aquello escapa de la órbita
constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción
competente. En este orden de ideas, la acción de tutela sólo procede para el pago de derechos
económicos, cuyo carácter cierto e indiscutible evidencia la trasgresión de derechos fundamentales.”
Lo anterior encuentra su fundamento en que en el ámbito de las relaciones laborales, la procedencia excepcional
de la acción de tutela surge del desconocimiento de los principios que desde el punto de vista constitucional rodean
la actividad laboral, esto es, aquellos consagrados en el artículo 53 Superior, como la remuneración mínima vital
y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales y la garantía del derecho la seguridad social, entre otros.
Teniendo en cuenta que la acción de tutela se invoca con el objetivo de superar en forma pronta y eficaz la
vulneración incoada, para que el juez constitucional pueda impartir órdenes de protección dirigidas a materializar
las garantías fundamentales involucradas, resulta primordial la certeza y carácter indiscutible de las acreencias
laborales con las que se lograría la realización efectiva de dichos derechos. De manera más concreta, la
jurisprudencia ha establecido que la protección de derechos fundamentales que dependen del cumplimiento de
obligaciones laborales, requiere que se trate de derechos indiscutibles reconocidos por el empleador y que sean
ordenados por las normas laborales o declarados por medio de providencias judiciales en firme.
Ahora bien, lo anterior de ninguna manera significa que quien reclame la existencia de acreencias laborales
inciertas y discutibles no pueda acudir a las vías ordinarias para obtener su declaración, pues lo que se busca es
precisamente que todas aquellas controversias carentes de incidencia constitucional, debido a su ausencia de
definición plena, quedan sometidas al escrutinio del juez laboral».

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Radicación: 05001-23-33-000-2024-00863-01
Accionante: Diana Carolina Jiménez Castro

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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