Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03862-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03862-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03862-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03862-01
Accionante: Jorge Isaac Gómez Franco
Accionado: Presidencia de la República y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 13 de
septiembre de 2024 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 25 de julio de 20241 el señor Jorge Isaac Gómez Franco, en nombre propio,
interpuso acción de tutela2 en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio
del Interior, Prosperidad Social y la alcaldía de Galapa por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al derecho propio, a la autonomía y estructuras
ancestrales, a la ley de origen, al derecho mayor, a las decisiones ancestrales, al
derecho de legitimidad del resguardo indígena Mokaná, a la cosmovisión y al
derecho a la participación diferencial, debido a que la alcaldía Municipal de Galapa
se ha negado a reconocer el enlace del resguardo para acceder a los beneficios del
programa de Renta Ciudadana.
1.1. Hechos
1.1.1. A través de la Resolución No. 00079 del 15 de enero de 2024, Prosperidad
Social reglamentó el programa Renta Ciudadana, el que tiene por finalidad contribuir
a la superación de la pobreza, promover la movilidad social y fortalecer la economía
popular y comunitaria por medio de trasferencias monetarias condicionadas y no
condicionadas3.
1
Obra soporte de radicación en el índice 1, expediente de tutela digital de primera instancia.
2
Obra en el certificado A67BF88654CAF715 528D3B763C0C4F73 548CEAD5CADC8951 65ECDEB7A7AFEB91, índice 2,
expediente de tutela digital de primera instancia.
3
Ver artículo art. 1.1.2. Resolución 079 del 15 de enero de 2024 “Por medio de la cual se reglamenta el programa de Renta
Ciudadana a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se dictan otras disposiciones”. Enlace
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/resoluciones/
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03862-01
Accionante: Jorge Isaac Gómez Franco
Accionado: Presidencia de la República y otros
1.1.2. El actor expresó que la referida resolución hace parte de las políticas públicas
del Gobierno Nacional y reconoce expresamente la autonomía indígena y,
específicamente, se determinó que se utilizaron las bases de datos y fuentes
disponibles, entre las cuales se incluye la del Ministerio del Interior, autoridad en la
que el actor está reconocido como gobernador legítimo del resguardo indígena
Mokaná de Galapa, Atlántico4.
1.1.3. El señor Gómez Franco manifestó que a pesar de haber presentado la
documentación para articular con la alcaldía de Galapa la firma del enlace indígena
para acceder a los beneficios de la Renta Ciudadana, la autoridad municipal se negó
a continuar con el trámite al advertir que existen “conflictos interétnicos”.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
1.2.1. La parte actora refirió que no se puede afectar todo un colectivo indígena por
afirmaciones equivocadas de una institución pública que desconoce su Ley de
Origen.
Explicó que no le compete al programa Renta Ciudadana, ni a la alcaldía municipal
de Galapa involucrarse en sus decisiones colectivas, prácticas ancestrales,
principios de vida, derecho propio, autonomía, autodeterminación, estructuras
ancestrales, ley de origen, usos y costumbres.
En esencia el accionante afirmó que no depende de estas instituciones determinar
si tienen o no conflictos internos, por lo contrario, están obligados a garantizar el
cumplimiento de sus derechos fundamentales.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1- De Autoridad a Autoridad no es menester de la Alcaldía Municipal de Galapa y Renta
Ciudadana involucrarse en nuestros Asuntos Propios, así que solicito se abstengan de
involucrarse y/o afirmar que existen conflictos internos entre nuestro Resguardo y respeten
nuestra Autonomía, prácticas de vida, decisiones ancestrales y decisiones colectivas.
2- Que la Alcaldía de Galapa cumpla con sus deberes articule y coordine de forma armónica
con Renta ciudadana la firma con nuestro enlace Indígena, con el fin de que no se siga
vulnerando nuestros Derechos Fundamentales y se garantice el marco de las buenas
prácticas de acuerdo con nuestra estructura propia y así avanzar con el programa de
Políticas Públicas del Gobierno Nacional.
4
Obra certificación del Ministerio del Interior en el certificado 79555E13A140AB45 FDAFC37F5B6B83AD
CD7FC43FFC00DAEC 2850F0C2DA14F407, índice 14, expediente de tutela digital de primera instancia.
3
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Accionante: Jorge Isaac Gómez Franco
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3- Que ante cualquier solicitud y/o proyecto que nuestro Resguardo Indígena Mokana
radique ante la Alcaldía Municipal de Galapa, la gestión pública cumpla con sus deberes y
no caiga en acciones repetitivas que vulneran nuestros Derechos y se garantice el
cumplimiento de acuerdo con nuestra carta magna y las reflexiones ancestrales.
4- En la última actualización realizada por nuestro Resguardo Indígena Mokana ante el
Ministerio del Interior se censaron 15.000 Miembros Activos aproximadamente, es por ello
por lo que es necesario la importancia de articular, coordinar e integrar acciones en beneficio
de esta población.”5.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
Mediante auto del 21 de agosto de 20246 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a Prosperidad
Social y a la alcaldía municipal de Galapa, en calidad de accionadas.
2.1. Contestaciones
2.1.1. La Presidencia de la República7 refirió que no tiene responsabilidad en el
asunto, dado que se trata de una solicitud dirigida a buscar el reconocimiento del
enlace de la comunidad para acceder al programa de Rentas Ciudadanas, en el que
está involucrada la alcaldía municipal de Galapa y Prosperidad Social.
2.1.2. Prosperidad Social8 indicó que la alcaldía de Galapa informó sobre un posible
conflicto respecto a la autoridad indígena que representa al resguardo, entre el
señor Jorge Gómez Franco reconocido como autoridad indígena por el Ministerio
del Interior y presuntamente removido por la Asamblea Unificada de Autoridades, y
la señora Edith Cera Padilla presuntamente nombrada por las autoridades
tradicionales como la nueva gobernadora indígena de la comunidad indígena
Mokaná, lo que afecta la materialización de transferencias monetarias del programa
Renta Ciudadana. En tal sentido, afirmó que corresponde al Ministerio del Interior
lograr la resolución del conflicto interétnico.
2.1.3. La alcaldía de Galapa9 explicó que el señor Jorge Isaac Gómez Franco y la
señora Edith Cera Padilla presentaron solicitudes similares respecto de la
contratación del enlace indígena, lo que muestra un conflicto interétnico entre los
dos autoproclamados representantes del resguardo indígena Mokaná
5
Folio 28 del certificado A67BF88654CAF715 528D3B763C0C4F73 548CEAD5CADC8951 65ECDEB7A7AFEB91, índice 2,
expediente de tutela digital de primera instancia.
6
Obra en el certificado FEE895FAA9E2CA51 17953CC4A368E0F1 C3E6F96C28B25F58 3C0C2F49D631DFF5, índice 9,
expediente de tutela digital de primera instancia.
7
Obra en el archivo OFI24-00171391 _ GFPU, certificado 1A3AFD1AD5A4ECB5 8FEE2F893E5B57E2 181BFEC56F8FA6E8
7A6C52005157D3EB, índice 16, expediente de tutela digital de primera instancia.
8
Obra en el certificado 4F116E4DDA64C1A2 F1D30CE76D76D1CF 554BD7959E44A918 21B1C022EBA37FB2, índice 19,
expediente de tutela digital de primera instancia.
9
Obra en el certificado 014FB5C84FD24727 98EEEC3EE08326D9 86B82AFCE076985A 9332841812A05753, índice 20,
expediente de tutela digital de primera instancia.
4
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Accionante: Jorge Isaac Gómez Franco
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2.1.4. El Ministerio del Interior10 manifestó que el 13 de agosto de 2024 asistió a un
espacio de dialogo por solicitud expresa de la alcaldía de Galapa, ante el aparente
conflicto interno de la comunidad indígena Mokaná, en compañía del Ministerio
Público (Defensoría del Pueblo), asesores de la alcaldía de Galapa, veedurías y
representantes de la comunidad, sin llegar a un acuerdo y se está a la espera de
una solicitud de las partes para realizar un nuevo espacio de diálogo.
3. Fallo de tutela de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo del 13 de
septiembre de 202411, negó el amparo deprecado por el interesado, al considerar
que no existe por parte de las autoridades accionadas vulneración alguna de los
derechos fundamentales alegados, toda vez que, al pertenecer a una jurisdicción
especial, de acuerdo con sus costumbres y normas propias, les corresponde definir
qué persona es su representante y con posterioridad a ello, solicitar la firma del
enlace indígena y así acceder a los beneficios que reclama.
4. Razones de la impugnación
4.1. Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera
instancia, el señor Gómez Franco presentó escrito de impugnación12, en el que
advirtió que la alcaldía de Galapa desconoció la autonomía indígena al abstenerse
de continuar con el trámite para acceder a los beneficios del programa Rentas
Ciudadanas.
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
5.1. Mediante auto del 26 de noviembre de 202413 el a quo concedió la impugnación.
10
Obra en el certificado 887753D86E48849D 2BC7DD4987CBEB10 D7A8A10A72198DEF C0012080022FA966, índice 25,
expediente de tutela digital de primera instancia.
11
Obra en el certificado 49A5F51E7C8DE6B4 885166CFDF9AA91D 0262A9C2977DEF13 0F05A7C877E1482A, índice 27,
expediente de tutela digital de primera instancia.
12
Obra en el certificado 40346E761C626783 15BC1F09D72D08A2 A10385A671F35994 4D8232AFDBE8A1DD, índice 31,
expediente de tutela digital de primera instancia. La providencia de primera instancia fue notificada el 19 de noviembre de
2024 y el escrito de impugnación se presentó el 21 de noviembre de 2024, esto es, dentro del término de ejecutoria que se
cumplía el 26 de noviembre de 2024.
13
Obra en el certificado 6690EC52F0C38D34 7D885B280F60236A D66B8E7E974906CE 1A6D02DEC1933172, índice 35,
expediente de tutela digital de primera instancia.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 13 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante. Para ello, en primera medida
se analizará la procedibilidad del mecanismo de amparo.
3. Improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de una conducta
respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos
fundamentales en el caso concreto
3.1. El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y
subsidiaria de los derechos fundamentales, “cuando quiera que [e]stos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares” de conformidad con lo establecido en el artículo 86 superior y
el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.
En consecuencia, este mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente,
entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado
a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías
fundamentales en cuestión14.
Al respecto, en las sentencias SU-975 de 2003 y T-883 de 2008, la Corte
Constitucional afirmó: “[P]ara que la acción de tutela sea procedente requiere como
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
14
El Artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 expresó aquello de la siguiente manera: “La acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que
trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III de este decreto (…)”.
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Sentencia de segunda instancia
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amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan”15, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado”16.
En el mismo sentido en la sentencia T-130 de 2014 se explicó:
“[S]i se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la
base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se
hayan concretado en el mundo material y jurídico, ello resultaría violatorio del debido
proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad
jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela”.
Entonces, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al
accionado respecto a la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación
de un derecho fundamental, se debe declarar la improcedencia de la acción de
tutela.
3.2. En el presente asunto, la parte accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que la alcaldía de Galapa se abstuvo de continuar con el trámite
para que el resguardo indígena de Mokaná pudiera ser beneficiario del programa
Renta Ciudadana, con fundamento en que existe un conflicto interno de
gobernabilidad en la comunidad.
De acuerdo con lo expuesto por la alcaldía de Galapa, el Ministerio del Interior y
Prosperidad Social, no ha sido posible acceder al programa Renta Ciudadana,
debido a que dos autoridades autoproclamadas como gobernadoras de la
comunidad indígena Mokaná, han efectuado la solicitud para continuar con el
trámite respectivo, por lo que les corresponde a los miembros del resguardo dirimir
esta situación conforme a su autonomía y reglamento interno.
Lo anterior encuentra respaldo en que, en ejercicio de su autonomía y autogobierno
propios de las comunidades indígenas, están obligados a resolver internamente las
controversias relacionadas con los procesos de elección, a partir del reconocimiento
de sus prácticas territoriales ancestrales, usos y costumbres, sin que, en principio,
las entidades del Estado puedan intervenir.
Cabe recordar que la Corte Constitucional17 ha explicado que el juez de tutela no es
competente para pronunciarse sobre la validez o invalidez de la elección de las
autoridades tradicionales, por lo que corresponde únicamente a la misma
15
T-883 de 2008.
16
SU-975 de 2003.
17
Ver Corte Constitucional, sentencia T-979 de 2006, reiterada en la sentencia de unificación SU-429 de 2024.
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comunidad, dar solución a este tipo de conflictos, ya que cualquier pronunciamiento
del juez constitucional en este sentido supondría una intromisión, violatoria del
artículo 330 de la Constitución Política. Aunado a lo expuesto, la Corte
Constitucional precisó que, con el propósito de garantizar el derecho a la autonomía
indígena, los jueces de tutela solamente pueden intervenir en una divergencia
dentro de una comunidad étnica diversa si sus miembros prueban que agotaron
todos los mecanismos internos para solucionar el conflicto18.
Entonces, la decisión de la alcaldía municipal de Galapa de abstenerse de dar
trámite a las solicitudes elevadas en simultáneo por dos personas que se
autoreconocen como gobernadores del resguardo, obedeció a la necesidad de
garantizar los derechos de la comunidad indígena, por lo que activó una fase de
verificación previa, para lo cual convocó al Ministerio del Interior, el que en respeto
de la autonomía indígena propició un espacio de solución del conflicto presentado,
sin que en esa primera oportunidad se hubiera logrado un acuerdo, aspecto que
denota la existencia de una diferencia al interior de la comunidad, la que debe ser
resuelta en primera medida por las autoridades internas y solo en caso en que se
acredite que la comunidad ha agotado todos los mecanismos existentes para la
resolución del conflicto, se pueda adelantar una intervención de las autoridades de
la sociedad mayoritaria.
Con todo lo expuesto, resulta claro que en este caso se configura una ausencia del
requisito lógico-jurídico esencial para que la acción de tutela resulte procedente,
como lo es la existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda
efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales que se imputa a las
tuteladas, en tanto la omisión que se censura no se les puede endilgar, ya que
primero debe resolverse el conflicto existente al interior de la comunidad para que
se ejecute lo pedido por el acá interesado.
4. Así las cosas, se concluye que el amparo deprecado debe ser declarado
improcedente, según se expuso.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
18
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-419 de 2024.
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Accionante: Jorge Isaac Gómez Franco
Accionado: Presidencia de la República y otros
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 13 de septiembre de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para, en su
lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por Jorge
Isaac Gómez Franco de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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