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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06167-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06167-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06167-00 (9745)
Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: acción de tutela contra actuaciones de autoridad judicial. Subtema 1:
subsidiariedad. Subtema 2: presupuesto lógico-jurídico de la acción de tutela.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela promovida por Yaki Manuel Hortua Silva
contra la Sección Primera de esta corporación, con ocasión de las actuaciones
surtidas dentro del expediente 11001-03-15-000-2026-05055-00.

1. Síntesis del caso

El señor Yaki Manuel Hortua Silva interpuso acción de tutela contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, entre otros, con ocasión del trámite de la acción de tutela radicada con el
núm. 11001-03-15-000-2026-05055-00. En particular, sostuvo que la solicitud de
medida provisional formulada dentro de ese expediente había sido retirada del
trámite y que, al haber transcurrido más de 24 horas sin que se resolviera, debía
entenderse aceptada.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala reconstruyó los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06167-00 (9745)
Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

2. El 1º de julio de 2026, el señor Yaki Manuel Hortua Silva presentó ante el
Consejo de Estado una acción de tutela, radicada con el número 11001-03-15-000-
2026-05055-00, contra distintas autoridades y particulares. En ese trámite cuestionó
diversas actuaciones relacionadas con el proceso electoral presidencial de 2026 y
solicitó el amparo de varios derechos fundamentales. Asimismo, formuló una
solicitud de medida provisional, circunstancia que quedó registrada en Samai desde
el reparto del expediente1.

3. El conocimiento de esa acción correspondió inicialmente al magistrado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, quien el 6 de julio de 2026 manifestó su impedimento. El
expediente fue remitido para resolver esa manifestación y, mediante providencia
fechada el 16 de julio siguiente, la Sección Primera decidió el impedimento. La
actuación fue notificada el 29 de julio de 2026 y, como consecuencia de lo resuelto,
se registró el cambio de ponente a la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón.

4. El 5 de agosto de 2026, el señor Hortua Silva interpuso la presente acción de
tutela. Sostuvo que, al consultar en Samai el expediente 11001-03-15-000-2026-
05055-00, advirtió que la solicitud de medida provisional había sido retirada del
trámite, lo que calificó como una actuación fraudulenta y un abuso de poder. Agregó
que habían transcurrido más de 24 horas sin que se resolviera dicha petición y, por
esa razón, consideró que las medidas solicitadas debían entenderse aceptadas.
Afirmó que esas circunstancias evidenciaban un conflicto de intereses por parte del
Consejo de Estado y la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, entre otros.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. El señor Yaki Manuel Hortua Silva alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida, de petición, al debido proceso, a la información, de acceso
a la administración de justicia, a la participación, a la igualdad, a la no discriminación
y a elegir y ser elegido. El reproche se relaciona con el trámite de la acción de tutela
radicada con el número 11001-03-15-000-2026-05055-00, que cursa ante la
Sección Primera del Consejo de Estado.

6. El accionante afirmó que, al consultar dicho expediente en Samai, advirtió que
la solicitud de medida provisional con la que había presentado aquella tutela ya no
aparecía registrada, circunstancia que atribuyó a una actuación fraudulenta y a un
abuso de poder. También sostuvo que habían transcurrido más de 24 horas sin que
se resolviera esa solicitud y que, por ello, las medidas provisionales debían
entenderse aceptadas. A partir de esas circunstancias, alegó la existencia de un
conflicto de intereses y un trato discriminatorio por parte del Consejo de Estado.

7. Con fundamento en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06167-00, índice 2, certificado 4FF38E72E9F598AA
C14C9DEB23D0DD5C D5519B34311CA809 C6BB72F567C12834.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06167-00 (9745)
Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

1. Dado que el Consejo de Estado es al mismo tiempo Juez y Parte del mismo
proceso el accionante es sobre quien recae la competencia únicamente del
accionante cuya decisión es inapelable.

2. Dado el conflicto de intereses del Consejo de Estado, así como la enemistad
contra el accionante como se evidencia en el hecho 3 y el trato discriminatorio y
desigual sea recusados y declarados impedidos inmediatamente a los magistrados
del Consejo de Estado y a cualquier otro u otros que asuman sus funciones así sea
de forma temporal y/o parcial en este u cualquier otro proceso en que el accionante
tenga algún interés.

3. En virtud del principio de igualdad ante la ley, así como del acceso a la justicia y
dado que ya se venció el termino para adoptar la medida cautelar esta se da por
aceptada por lo cual de manera inmediata se tomen las medidas cautelares
estipuladas en la acción de tutela 110010315000202605055002.

2.3. Trámite procesal

2.3.1. Auto admisorio de la acción de tutela

8. Mediante auto del 11 de agosto de 20263, el despacho admitió la acción de
tutela únicamente contra la Sección Primera del Consejo de Estado, al considerar
que los reproches del accionante se dirigían a actuaciones surtidas dentro del
expediente 11001-03-15-000-2026-05055-00. Asimismo, negó la medida
provisional solicitada, pues no encontró elementos que acreditaran un perjuicio
irremediable y advirtió que las medidas pretendidas correspondían a otro trámite
constitucional. También precisó que no existe fundamento para entender concedida
una medida provisional por el transcurso de 24 horas, rechazó por improcedente la
recusación formulada contra los magistrados del Consejo de Estado y requirió a la
Sección Primera para que remitiera el expediente cuestionado.

2.3.2. Intervención de la Sección Primera del Consejo de Estado

9. La Sección Primera del Consejo de Estado informó, mediante memorial
radicado el 25 de agosto de 20264, que esa Sección conoce de la tutela 11001-03-
15-000-2026-05055-00, promovida por el mismo accionante con ocasión del
proceso electoral presidencial de 2026. Explicó que, por medio del auto del 11 de
agosto de 2026, dicha demanda fue inadmitida para que el actor precisara las
autoridades accionadas, la conducta vulneradora y sus pretensiones, y que este
presentó un escrito de subsanación el 19 de agosto siguiente. Añadió que, una vez
el expediente regresara al despacho, se continuaría con el trámite y se resolvería
sobre la admisión de la tutela y la medida provisional solicitada.

2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06167-00, índice 5, certificado FFB04F21390C11DF
A9CFF4B387AA1B0B 75AD253AE87CB327 4AA3D9AAAC8F92A0.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-06167-00, índice 11, certificado 92260A4ABE6BC909
01086199E4630D8D B390F6617562B527 C2CBB9E46C6F8022.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06167-00 (9745)
Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

10. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no se configuró irregularidad alguna
en el trámite cuestionado, pues la acción constitucional permanecía en curso y
pendiente de decisión sobre su admisibilidad. En consecuencia, solicitó que se
declarara improcedente la presente acción de tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala tiene competencia para
conocer, en primera instancia, de la acción de tutela promovida por el señor Yaki
Manuel Hortua Silva contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

12. La legitimación en la causa por activa del señor Yaki Manuel Hortua Silva se
encuentra acreditada, por cuanto actúa en nombre propio y es quien promovió la
acción constitucional en defensa de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con ocasión del trámite de la acción de tutela radicada con el número
11001-03-15-000-2026-05055-00.

13. Igualmente, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Primera del Consejo de Estado, debido a que es la autoridad judicial que
conoce del referido trámite constitucional y a la que el accionante atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

3.3. Problema jurídico

14. ¿Es procedente la acción de tutela promovida por el señor Yaki Manuel Hortua
Silva para cuestionar actuaciones surtidas dentro de otra acción constitucional
radicada con el número 11001-03-15-000-2026-05055-00, que aún se encuentra en
trámite ante la Sección Primera del Consejo de Estado? En caso afirmativo ¿dicha
autoridad vulneró los derechos fundamentales del accionante al presuntamente
retirar la solicitud de medida provisional y no resolverla dentro de las 24 horas
siguientes a su presentación?

3.4. Estudio de la procedencia de la presente acción de tutela

15. El asunto tiene relevancia constitucional, pues el accionante atribuye a la
autoridad judicial encargada de tramitar la acción de tutela con radicación 11001-
03-15-000-2026-05055-00 actuaciones que, en su criterio, afectan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia. Por tanto, los reparos planteados trascienden, al menos en su formulación,
una controversia exclusivamente legal o procesal.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06167-00 (9745)
Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

16. También se satisface el requisito de inmediatez. La acción de tutela con
radicación 11001-03-15-000-2026-05055-00 fue presentada el 1º de julio de 2026 y
la presente solicitud de amparo se radicó el 5 de agosto siguiente, cuando aquel
trámite aún se encontraba en curso. De este modo, entre las actuaciones a las que
el demandante atribuye la vulneración y la presentación de esta tutela transcurrió
un lapso razonable.

17. De igual forma, el accionante identificó suficientemente las circunstancias que,
en su criterio, originaron la afectación de sus derechos fundamentales. En particular,
sostuvo que la solicitud de medida provisional formulada en el referido expediente
había sido retirada del trámite y que habían transcurrido más de 24 horas sin que
se adoptara una decisión al respecto. Estos señalamientos permiten delimitar el
objeto de su inconformidad.

18. Sin embargo, la Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el
requisito de subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política establece que
la tutela procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En este caso, las cuestiones que suscitan la inconformidad del actor
se encuentran pendientes de definición dentro del mismo trámite constitucional en
el que, según afirma, se produjo la afectación de sus derechos.

19. En efecto, la historia del expediente 11001-03-15-000-2026-05055-00 muestra
que la acción fue presentada y repartida el 1º de julio de 2026 y que, desde ese
momento, se dejó constancia de que contenía una solicitud de medida provisional.
El 6 de julio siguiente, el magistrado a quien correspondió el reparto manifestó su
impedimento para conocer del asunto, el cual fue resuelto mediante providencia del
16 de julio de 2026.

20. La decisión sobre el impedimento fue notificada el 29 de julio siguiente y en esa
fecha se registró el cambio de ponente. El expediente ingresó al despacho el 6 de
agosto de 2026. Por tanto, cuando el señor Hortua Silva promovió la presente
acción, el 5 de agosto anterior, el trámite constitucional cuestionado permanecía en
curso y acababa de surtirse la actuación necesaria para definir el impedimento del
magistrado inicialmente designado.

21. Posteriormente, mediante auto del 11 de agosto de 2026, la magistrada ponente
inadmitió la tutela y requirió al actor para que precisara las autoridades accionadas,
la actuación que consideraba vulneradora de sus derechos fundamentales y sus
pretensiones. La providencia fue notificada el 13 de agosto y el accionante presentó
dos escritos en respuesta al requerimiento el 19 de agosto de 2026. Finalmente, el
expediente volvió al despacho el 24 de agosto, donde permanece pendiente de
decisión.

22. De lo anterior se desprende que el señor Hortua Silva todavía puede obtener,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2026-05055-00, un pronunciamiento sobre
la medida provisional que formuló y sobre la solicitud de amparo. Además, frente a
la sentencia que se profiera contará con la posibilidad de interponer el recurso de
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06167-00 (9745)
Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
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impugnación, después de lo cual el expediente deberá remitirse a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

23. En consecuencia, como el accionante dispone dentro de aquella actuación de
los mecanismos para obtener un pronunciamiento sobre los hechos y los derechos
que considera vulnerados, no se satisface el requisito de subsidiariedad y, por tanto,
la presente acción de tutela se declarará improcedente.

3.5. Sobre la ausencia del presupuesto lógico-jurídico en este caso

24. Como argumento adicional, la Sala advierte que la solicitud de amparo tampoco
satisface el presupuesto lógico-jurídico necesario para que pueda efectuarse un
juicio de vulneración de derechos fundamentales.

25. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción
de tutela tiene por objeto brindar protección inmediata frente a una acción u omisión
que amenace o vulnere derechos fundamentales. De ahí que, como presupuesto
necesario de orden lógico-jurídico, deba existir una conducta concreta atribuible al
accionado respecto de la cual sea posible efectuar ese juicio. En ausencia de tal
actuación u omisión, el mecanismo constitucional resulta improcedente5.

26. En este caso, el primero de los reproches del señor Hortua Silva se sustenta en
que la Sección Primera habría «retirado» de la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2026-05055-00 la solicitud de medida provisional que formuló con la
demanda. Sin embargo, esa conducta no solo no se encuentra acreditada, sino que,
por el contrario, la historia de actuaciones del expediente registra desde su reparto
que la solicitud de tutela contenía una medida provisional y la magistrada encargada
del trámite informó que esa solicitud se encontraba pendiente de pronunciamiento.

27. En consecuencia, el supuesto fáctico del que el accionante deriva la vulneración
de sus derechos fundamentales no corresponde con las actuaciones surtidas en el
expediente. No existe evidencia de que la Sección Primera hubiera eliminado,
retirado o sustraído la solicitud de medida provisional y, por ello, respecto de este
reproche no se identifica una conducta concreta atribuible a la autoridad accionada
sobre la cual pueda efectuarse el juicio de vulneración constitucional.

28. La segunda inconformidad consiste en que, según el solicitante, al haber
transcurrido más de 24 horas sin que se resolviera la medida provisional, esta debía
entenderse aceptada y la Sección Primera estaba obligada a hacerla efectiva. Sin
embargo, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, que regula las medidas
provisionales en el trámite de tutela, no establece que estas se entiendan
concedidas por el transcurso de determinado término ni contempla una figura
equivalente al silencio positivo. Precisamente, el auto del 11 de agosto de 2026, que
admitió la presente acción constitucional, advirtió que no existe fundamento

5 Así lo recordó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero de 2025, exp.

11001-03-15-000-2024-03862-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Esta sentencia se fundamenta, entre otras, en
las sentencias SU-975 de 2003, T-883 de 2008 y T-130 de 2014 de la Corte Constitucional.
6

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normativo o jurisprudencial para sostener que la medida se entienda aceptada por
el transcurso de 24 horas.

29. Por tanto, tampoco puede atribuirse a la Sección Primera una omisión
consistente en no reconocer esa supuesta consecuencia jurídica, pues no existe un
deber de tener por concedida automáticamente la medida provisional por el solo
transcurso del tiempo. Una cuestión distinta es el pronunciamiento que corresponda
efectuar sobre su procedencia, asunto que, como se explicó al analizar el requisito
de subsidiariedad, permanece pendiente de decisión dentro del trámite
constitucional respectivo.

30. En esas condiciones, además de no satisfacerse el requisito de subsidiariedad,
la presente solicitud de amparo carece del presupuesto lógico-jurídico necesario
para adelantar un juicio de vulneración respecto de los dos reproches planteados:
no se acreditó que la medida provisional hubiera sido retirada del expediente y
tampoco existe la obligación jurídica de tenerla por concedida automáticamente una
vez transcurridas 24 horas. Por esta razón adicional, la acción de tutela resulta
improcedente.

4. Conclusiones

31. La Sala considera que la acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, pues los reproches formulados por el señor Yaki Manuel Hortua
Silva recaen sobre actuaciones surtidas dentro de la acción de tutela con radicación
11001-03-15-000-2026-05055-00, trámite que todavía se encuentra en curso ante
la Sección Primera del Consejo de Estado. En consecuencia, corresponde a esa
autoridad pronunciarse sobre la solicitud de medida provisional y resolver el amparo
sometido a su conocimiento; además, frente a la sentencia que se profiera el
accionante contará con la posibilidad de impugnarla. Por tanto, no resulta
procedente que otro juez constitucional intervenga mientras aquel proceso
permanece pendiente de decisión.

32. Adicionalmente, la solicitud de amparo tampoco satisface el presupuesto lógico-
jurídico necesario para efectuar un juicio de vulneración de derechos
fundamentales. De una parte, no se acreditó que la Sección Primera hubiera retirado
o eliminado la solicitud de medida provisional, pues la historia del expediente
registra su existencia desde el reparto y la magistrada accionada informó que
aquella se encuentra pendiente de pronunciamiento. De otra, no existe disposición
que establezca que una medida provisional de tutela se entienda concedida por el
transcurso de 24 horas. En consecuencia, tampoco se identifica una acción u
omisión concreta atribuible a la autoridad accionada en los términos planteados por
el demandante.

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Accionante: Yaki Manuel Hortua Silva
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Yaki
Manuel Hortua Silva contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad y por ausencia del presupuesto
lógico-jurídico necesario para efectuar un juicio de vulneración de derechos
fundamentales, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días
siguientes a su ejecutoria, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace.

8

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