Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05055-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05055-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL
PROCESO DENTRO DEL CUAL SE PROFIRIERON LAS PROVIDENCIAS DE LAS
QUE SE ALEGA LA SUPUESTA AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS
FUNDAMENTALES DEL ACTOR AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, VIDA, INFORMACIÓN, ELEGIR Y
SER ELEGIDO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el “CONSTITUYENTE PRIMARIO”, el PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA1, la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2, el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL3, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA4, la CORTE
CONSTITUCIONAL5, la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL6, la PROCURADURÍA7 y la FISCALÍA GENERAL
1
En adelante PRESIDENTE.
2
En adelante DIRECCIÓN.
3
En adelante CONSEJO.
4
En adelante CORTE SUPREMA.
5
En adelante CORTE CONSTITUCIONAL.
6
En adelante REGISTRADURÍA.
7
En adelante PROCURADURÍA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
DE LA NACIÓN8, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO9, la CÁMARA DE
REPRESENTANTES - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ACUSACIÓN10, el SENADO DE LA REPÚBLICA11, la MISIÓN DE
OBSERVACIÓN ELECTORAL12, la FUNDACIÓN PARA LA
LIBERTAD DE PRENSA13 y los señores GONZALO GUILLÉN,
MARÍA JIMENA DUSSÁN, DANIEL CORONELL y JULIÁN
MARTÍNEZ y esta SECCIÓN14.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor YAKI MANUEL HORTUA SILVA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la vida, a la información,
a elegir y ser elegido y a la participación política, los cuales estima
vulnerados por el PRESIDENTE, la DIRECCIÓN, el CONSEJO, la
CORTE SUPREMA, la CORTE CONSTITUCIONAL, la
REGISTRADURÍA, la PROCURADURÍA y la FISCALÍA, la
8
En adelante FISCALÍA.
9
En adelante DEFENSORÍA.
10
En adelante COMISIÓN.
11
En adelante SENADO.
12
En adelante MOE.
13
En adelante FUNDACIÓN.
14
En adelante SECCIÓN.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
DEFENSORÍA, la COMISIÓN, el SENADO, la MOE, la
FUNDACIÓN y los señores GONZALO GUILLÉN, MARÍA JIMENA
DUSSÁN, DANIEL CORONELL y JULIÁN MARTÍNEZ y esta
SECCIÓN, al haber proferido esta última autoridad, con ponencia del
magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, las
providencias de 29 de mayo y 16 de junio de 2026, dentro de la
acción constitucional identificada con el número único de radicación
2026-04133-01.
I.2. Hechos
Pese a que no se plantearon de manera expresa los hechos de la
demanda, del expediente digital disponible en el aplicativo de
consulta SAMAI15 la Sala pudo inferir como hechos principales los
siguientes:
• Que el señor YAKI MANUEL HORTUA SILVA promovió acción
de tutela contra: “[…] El Constituyente primario que son todos
los ciudadanos colombianos • Rama Judicial • Magistrados CNE
• Magistrados Corte Suprema de Justicia • Magistrados Corte
Constitucional • Magistrados Consejo de Estado […] •
Procurador General de la Nación Gregorio Eljach • Defensora
del Pueblo • Comisión de Acusaciones • Presidente de Colombia
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202604
15
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
Gustavo Petro • Fiscal General de la Nación Luz Adriana
Camargo • FLIP • Periodista Gonzalo Guillén • Periodista María
Jimena Duzan • Periodista Daniel Coronell • Periodista Julián F.
Martínez • Presidente Gustavo Petro • Rama Judicial • Misiones
de observación electoral moe , moe europea y demás • Estado
Colombiano • Senado de la Republica • Congreso de la
Republica […]” (Sic en toda la cita).
• Que el actor alegó la vulneración de los derechos a elegir y ser
elegido y a la igualdad, por presuntas irregularidades dentro
del trámite de una recusación formulada contra el registrador
nacional y en supuestos actos de fraude electoral, tras estimar
que no se resolvieron favorablemente sus requerimientos
orientados a obtener el código fuente del software que la
REGISTRADURÍA utilizaría en la jornada electoral para elegir
al presidente de la república, para el período constitucional
2026-2030.
• Que a la acción constitucional objeto de controversia le fue
asignado el número único de radicación 2026-04133-00 y le
correspondió por reparto en primera instancia a esta SECCIÓN
que, mediante providencia de 29 de mayo de 202616, requirió
al actor para que precisara: “[…] los accionados de la solicitud
16
Ver índice núm. 005.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
de tutela, cuál es la actuación o actuaciones de cada uno de
estos que considera vulneradora(s) de sus derechos
fundamentales y las pretensiones a obtener frente a cada uno
de estos a través del mecanismo de amparo de la referencia,
por cuanto el contenido de la acción de tutela no es preciso y
claro […]”.
• Que el actor, mediante escrito de 3 de junio de 202617 atendió
el requerimiento del despacho.
• Que esta SECCIÓN mediante providencia de 16 de junio de
202618, rechazó la solicitud de amparo al advertir que el actor
“[…] no indicó de forma precisa y clara cuál es la actuación o
actuaciones de cada uno de estos que considera vulneradora(s)
de sus derechos fundamentales y las pretensiones a obtener
frente a cada uno de estos a través del mecanismo de amparo
de la referencia, razón por la cual se rechazará respecto de
estos […]”.
• Que inconforme con lo anterior, el actor interpuso impugnación
la cual le correspondió por reparto a la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO19 que,
17
Ver índice núm. 010.
18
Ver índice núm. 012.
19
En adelante SECCIÓN TERCERA, M.P. Alberto Montaña Plata.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
mediante providencia de 4 de septiembre de 202620, se ordenó
la remisión del expediente al magistrado siguiente en turno,
habida cuenta que el proyecto de auto fue derrotado en la Sala
de decisión de 24 de agosto de 2026.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las providencias judiciales incurrieron en
vulneración de sus garantías constitucionales al rechazar
arbitrariamente la acción de tutela objeto de controversia, al
imponerle condiciones no establecidas en la ley y exigirle
formalidades cronológicas y de responsabilidad que no correspondían
a la normativa que rige la materia.
Asimismo, adujo que incurrieron en una flagrante violación de sus
garantías fundamentales al inadmitir la acción bajo fundamentos
ajenos al derecho, obstruyendo el acceso a la administración de
justicia e infringiendo sus derechos políticos de elegir y ser elegido.
I.4.- Pretensiones
Pese a que el actor no planteó de manera expresa y clara las
pretensiones de la demanda, la Sala advierte que el señor YAKI
MANUEL HORTUA SILVA solicita la protección de sus derechos
20
Ver índice núm. 007
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026041
33011100103
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05055-00
Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, vida, información, elegir y ser
elegido y a la participación política, los cuales estima vulnerados por
esta SECCIÓN al haber proferido las providencias de 29 de mayo y
16 de junio de 2026, dentro de la acción constitucional identificada
con el número único de radicación 2026-04133-01.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA informó que el proyecto de auto que
resolvía el recurso de impugnación contra el proveído que rechazó la
acción de tutela objeto de controversia, fue derrotado en la Sala de
decisión de 24 de agosto de 2026, por lo que se ordenó remitir el
expediente al despacho del magistrado siguiente en turno para lo de
su competencia.
I.5.2.- La DEFENSORÍA solicitó ser desvinculada de la acción de
tutela de la referencia, por cuanto carece de legitimación en la causa
por pasiva para atender las pretensiones invocadas por el actor.
I.5.3.- La FISCALÍA manifestó que de los hechos que originaron la
presunta vulneración no se advierte afectación alguna que le sea
atribuible, razón por la que solicitó ser desvinculada del trámite
constitucional.
I.5.4.- La DIRECCIÓN señaló que carece de legitimación en la
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causa por pasiva, toda vez que no está acreditada alguna acción u
omisión que le sea atribuible respecto de los hechos que sustentaron
la presente solicitud de amparo.
I.5.5.- La CORTE CONSTITUCIONAL manifestó que no está
legitimada por pasiva para actuar dentro de la acción constitucional
de la referencia, por cuanto el actor no identificó alguna actuación u
omisión concreta que le sea atribuible y que pueda comprometer los
derechos presuntamente vulnerados.
I.5.6.- El Magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
aseguró que la solicitud de amparo no es procedente por incumplir el
requisito de subsidiariedad, debido a que el asunto cuestionado se
encuentra actualmente en curso. Asimismo, indicó que también
incumple el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa, ya que el accionante omitió especificar los defectos
en los que incurrieron las providencias cuestionadas.
I.5.7.- La CORTE SUPREMA solicitó denegar la solicitud de amparo,
toda vez que no se advierte acción u omisión que le sea atribuible y
que permita establecer la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
I.5.8.- La PROCURADURÍA adujo que no goza de legitimación en
la causa por pasiva para actuar dentro del presente trámite
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constitucional, al no ser la responsable de los hechos que sustentan
la solicitud de amparo.
I.5.9.- El CONSEJO solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela ante la inexistencia de los derechos fundamentales
invocados por el actor.
I.5.10.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitó ser desvinculado del
presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
I.5.11.- La COMISIÓN mencionó que no goza de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que no cuenta con la competencia
funcional ni material frente a los hechos materia de estudio.
I.5.12.- El SENADO señaló que la acción de tutela resulta
improcedente, por cuanto el actor no demostró la vulneración de las
garantías fundamentales alegadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) la
manifestación de impedimento del magistrado GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES; ii) las solicitudes de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la
DEFENSORÍA, la FISCALÍA, la DIRECCIÓN, la CORTE
CONSTITUCIONAL, la PROCURADURÍA, el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la
COMISIÓN; y iii) la solicitud de aclaración presentada por el actor.
i) De la manifestación de impedimento
La Sala pone de presente que mediante auto de 16 de julio de 202621,
se declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES y lo separó del
conocimiento del presente asunto.
21
Obrante en el índice 13 del expediente digital que se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.
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ii) De las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva
La Sala advierte que la DEFENSORÍA, la FISCALÍA, la
DIRECCIÓN, la CORTE CONSTITUCIONAL, la PROCURADURÍA,
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA y la COMISIÓN, solicitaron ser desvinculadas de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 200622, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
22
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquella, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto”. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).
Ahora bien, comoquiera que dichas autoridades fueron vinculadas
como accionadas al presente trámite constitucional, en atención a
que el actor presentó reparos en su contra, la Sala denegará las
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
• De la solicitud de aclaración formulada por el actor
El señor YAKI MANUEL HORTUA SILVA allegó un escrito23 en el
que solicitó la aclaración frente a diferentes actuaciones surtidas
dentro del trámite de la presenta acción constitucional, entre estas:
23
Memorial radicado el 16 de septiembre, ver índice núm. 62 del aplicativo de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026050
55001100103
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Actor: YAKI MANUEL HORTUA SILVA
“[…] Atentamente me dirijo a usted para solicitarle
1) Informe ¿por qué se niega a notificar al constituyente primario
siendo uno de los demandados a través de los medios de
comunicación masivos para que ejerzan su derecho a la defensa y
contradicción?
Al respecto, frente a dicho reparo, la Sala advierte que la
Secretaría General mediante actuación de 16 de septiembre de
202624, notificó el contenido de la demanda y del auto admisorio
a través de aviso publicado en la página web de esta Corporación,
dirigido, inclusive, al “CONSTITUYENTE PRIMARIO”, en los
siguientes términos:
Por lo precedente, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento
respecto de cuestionamiento, en la medida que la actuación procesal
se surtió en debida forma.
24
Ver índice núm. 60 del aplicativo de consulta Samai.
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Ahora frente a los demás interrogantes, entre estos, los relacionados
con “la recusación de todos los funcionarios del Consejo de Estado”
y la medida cautelar, la Sala también se relevará de realizar
pronunciamiento alguno. Lo anterior, por cuanto, el actor no expuso
de manera clara contra quien dirigía tal recusación, sus motivos y
fundamentos, y la solicitud provisional deprecada ya fue objeto de
pronunciamiento en el auto admisorio de 3 de septiembre de 2026 y,
además, en este momento procesal se profiere el fallo que decide de
fondo la acción constitucional de la referencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efectos las providencias de 29 de mayo y 16 de junio de
2026, proferidas por esta SECCIÓN dentro de la acción
constitucional identificada con el número único de radicación 2026-
04133-01.
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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, a la vida, a la información,
a elegir y ser elegido y a la participación política, habida cuenta que,
a juicio del actor, incurrieron en vulneración de sus garantías
constitucionales al rechazar arbitrariamente la acción de tutela, al
imponerle condiciones no establecidas en la ley y exigirle
formalidades cronológicas y de responsabilidad que no correspondían
a la normativa que rige la materia.
Asimismo, adujo que incurrieron en una flagrante violación de sus
derechos fundamentales al inadmitir la solicitud de amparo bajo
fundamentos ajenos al derecho, obstruyendo el acceso a la
administración de justicia y sus derechos políticos de elegir y ser
elegido.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
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En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial, el requisito general de
la subsidiariedad.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
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idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»25 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de
tutela es improcedente por carencia del requisito general de
subsidiariedad, en razón a que la acción constitucional en la que
fueron proferidas las providencias cuestionadas está en trámite, sin
que se advierta que dichas decisiones impidan el acceso a la
administración de justicia del actor o su derecho a la tutela judicial
efectiva, pues, como quedó visto, está pendiente de resolverse la
impugnación contra el auto que rechazó la demanda.
En efecto, esta Sección26 en otras oportunidades ha indicado que el
requisito de subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra
25
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 15 de
diciembre de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2017-03006-00
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en trámite el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela.
Al respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra
ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del
medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al
proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]” (Resaltado fuera del texto).
Al respecto, para la Sala es claro que la acción constitucional a la cual
el actor le atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales aún
se encuentra en trámite. Lo anterior, en consideración a que a la
fecha de expedición de la presente providencia la SECCIÓN
TERCERA no ha resuelto el recurso de impugnación que aquel
interpuso contra la providencia de 16 de junio de 2026, aquí
y de 12 de marzo de 2026, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2026-01351-
00.
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cuestionada, por ende, la intervención del juez constitucional se
encuentra vedada.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 27 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
27
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de subsidiariedad,
razón por la que se declarará improcedente la solicitud de amparo y
así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por último, respecto a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del actor endilgados a los demás accionados, es
menester precisar que, si bien la acción de tutela se caracteriza por
su informalidad, ello no exonera al demandante de la carga
argumentativa y probatoria mínima. En efecto, quien acude a este
mecanismo constitucional tiene el deber de indicar con claridad los
hechos u omisiones atribuibles a cada uno de los convocados, así
como de aportar los elementos de prueba que demuestren la
afectación alegada.
A tal conclusión arribó esta Sección en un asunto similar28, en el que
se denegó el amparo tras precisar que la informalidad propia de la
acción de tutela no exime al accionante de la carga procesal de
demostrar la afectación directa de sus garantías fundamentales.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de julio
de 2025, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2025-03544-00.
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Por consiguiente, la Sala advierte que el accionante se limitó a
enlistar una serie de acontecimientos, sin precisar cuáles de estas
circunstancias configuran la amenaza o conculcación de sus garantías
superiores, ni mucho menos allegó elementos de juicio que respalden
sus afirmaciones y/o reparos, -situación que precisamente dio lugar
al rechazo de la acción de tutela objeto de cuestionamiento, en la
que también demandó a las mismas entidades y particulares aquí
enunciados-, razón por la que frente a estos se denegará el amparo
solicitado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas
por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, la PROCURADURÍA y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la CORTE
CONSTITUCIONAL, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la CÁMARA DE
REPRESENTANTES - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
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ACUSACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
frente a las pretensiones relacionadas con las providencias proferidas
por esta SECCIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: DENEGAR las pretensiones de amparo invocadas por el
actor respecto del “CONSTITUYENTE PRIMARIO”, el
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la RAMA JUDICIAL -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, la CORTE CONSTITUCIONAL, la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, la PROCURADURÍA y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO, la CÁMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN, el SENADO DE LA REPÚBLICA,
la MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL, la FUNDACIÓN
PARA LA LIBERTAD DE PRENSA y los señores GONZALO
GUILLÉN, MARÍA JIMENA DUSSÁN, DANIEL CORONELL y
JULIÁN MARTÍNEZ, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva de esta sentencia.
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CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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