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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03877-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03877-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR el fallo del 20 de septiembre de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Anna Luisa Better Amador Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-03877-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03877-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

7 de noviembre de 2024

Demandante: Anna Luisa Better Amador
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03877-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03877-01
Demandante: ANNA LUISA BETTER AMADOR
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, DESPACHO
003, SALA DE DECISIÓN ORAL, SECCIÓN B Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la señora Anna Luisa Better
Amador contra la sentencia del 20 de septiembre de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 25 de julio de 20241, la señora Anna Luisa Better Amador, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B y el Juzgado Octavo Administrativo

1
Acción de tutela presentada en el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anna Luisa Better Amador
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03877-01

Oral del Circuito Judicial de Barranquilla con la que pretende el amparo de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la contradicción y defensa, en
conjunto con el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 19 de enero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B que
confirmó la sentencia del 24 de julio de 2023, dictada por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, ejercido por la actora contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, identificado con el radicado
08001-33-33-008-2019-00311-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte demandante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDO: Que se deje sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 19 de enero
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral
• Sección “B”, a través de la cual se negó las pretensiones de la demandada de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08-001-3333-008-2019-00311-
00.

TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión
Oral - Sección “B” a proferir una providencia de reemplazo en la que se aplique y de
una valoración adecuada al precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado
contenido en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 con radicado 23-
001-2333-000-2013-00260-01 (0088-2015) con ponencia del consejero CARMELO
PERDOMO CUETER, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021 proferida dentro del proceso con radicado 05-001-2333-000-
2013-01143-01 (1317-2016) y la sentencia del 27 de agosto de 2020 proferida
dentro del proceso con radicación 17-001-2333-000-2017-00243-02 (1845-19) con
ponencia de la consejera SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, de acuerdo con las
reglas jurisprudenciales vigentes a la fecha de presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2

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Demandante: Anna Luisa Better Amador
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B y otro
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CUARTO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión
Oral - Sección “B” a realizar un estudio de fondo de las pruebas remitidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido por la señora ANNA
LUISA BETTER AMADOR contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, tendiendo en consideración las pruebas
documentales y testimoniales allegadas y decretadas2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Anna Luisa Better Amador prestó sus servicios3 en las instalaciones del
Batallón Paraíso de la ciudad de Barranquilla en el área de sanidad del Ejército
Nacional, como médico general desde el 24 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2018.

La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
004552 de agosto de 2019, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales correspondientes.

En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barranquilla en providencia del 24 de julio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda, al expresar que no existía certeza probatoria de que la demandante
hubiese desempeñado su labor en las mismas condiciones que cualquier otro
servidor público del establecimiento, pues por el contrario, solo se dio una mera
coordinación entre la contratista y la institución para poder ejecutar el objeto

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
Las fechas de ejecución se dividieron de la siguiente forma: 1). 060-HOSRMIRB-2014 del 24 de
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014; 2). 047-ESM-1015-2015 del 15 de enero de 2015 al 16
de junio de 2015; 3). 025 DGSM-ESM-1015 del 16 de enero de 2017 al 15 de julio de 2017; 3). 255
DGSM-ES-1015 del 19 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2017, y 4). 18 DGSM-ESM 1015 del
16 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

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contractual.

Ante la apelación de la parte demandante, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B resolvió en sentencia del 19 de
enero de 2024 confirmar la decisión del a quo, tras considerar no fueron aportadas
suficientes pruebas para demostrar la prestación del servicio de forma subordinada.

Dicha providencia fue notificada personalmente el 26 de febrero de 2024.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003,
Sala de Decisión Oral, Sección B4 incurrió en un defecto fáctico en el fallo del 19 de
enero de 2024. Sobre el punto, indicó que no se realizó un estudio de fondo y bajo
las reglas de la sana crítica de las pruebas documentales y testimoniales allegadas
al proceso, pues solamente se limitó a exponer que no se demostraba el elemento
de la subordinación.

Puntualmente, señaló que no se habían verificado los testimonios rendidos por los
señores Joaquín Fernando Vélez García y Nelly del Carmen Miguel Porras, de los
cuales se resaltaron los siguientes apartes:

TESTIMONIO DEL SEÑOR JOAQUÍN FERNANDO VÉLEZ GARCÍA:

CONTESTÓ: Manifestó que las horas de entrada siempre se estipulaban, como el
caso de la doctora que entraba a la 01:00 de la tarde hasta el cumplimiento del
número de pacientes que debían cumplir por horas. Agregó que normalmente eran
20 minutos por pacientes. Si eran 6 horas eran 18 pacientes, si eran 4 horas eran
12 pacientes y que los pacientes debían estar media hora antes del horario de
consulta. y debían registrarse y ellos tenían la obligación de cumplirlo porque les
pasaban revista permanentemente de que estuvieran cumpliendo su horario y les
daban unas hojas de RIP y que esas hojas es donde está el número de pacientes

4
Si bien el actor también dirigió sus reproches frente a las providencias de primera y segunda
instancia del proceso ordinario, esta Sala solo estudia lo referente al fallo del 19 de enero de 2024,
por ser este el que da por finalizado el medio de control.

4

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inscritos y toda la jornada laboral que tenían que cumplir ahí, señaló que si no lo
cumplían, era orden de llamado de atención y si por alguna razón se tenía que
aplazar la consulta, esa consulta se represaba y tenían que darle cumplimiento
estrictamente en los días siguientes a la consulta y atender a los paciente a la
Sanidad Militar acá en Barranquilla. PREGUNTADO: ¿Para la cancelación del
salario que gestión tenían que hacer ustedes ante el superior? CONTESTÓ:
Manifestó que ellos tenían que hacer una lista de honorarios y esa lista tenía que
llevar el visto bueno de quien estuviera a cargo de revisar que ellos cumplieran con
el horario y el número de pacientes. Señala que ellos debían tener cancelado salud
y pensión estrictamente y una vez que ellos le daban el visto bueno, les pagaban el
dinero establecido en cada mes por el servicio que debían cumplir.

TESTIMONIO DE LA SEÑORA NELLY DEL CARMEN MAIGUEL PORRAS:

PREGUNTADO: ¿Tiene conocimiento o le consta cuales eran las funciones que
desarrollaba la señora ANNA LUISA en el Batallón? CONTESTÓ: Manifestó que ella
era médico general en el Batallón Paraíso. PREGUNTADO: ¿Explique esa
situación? CONTESTÓ: Respondió que ellos tenían un horario de entrada y de
salida y que ANNA trabajaba en su consultorio y ella en el de ella. PREGUNTADO:
¿Qué horario cumplía la doctora ANNA LUISA en el Batallón? CONTESTÓ: Ella
entraba en los horarios de la tarde de 1 a 7 de la noche. PREGUNTADO: ¿Dentro
del Ejército, ¿quién era el encargado de supervisar que esos contratos se
cumplieran cabalmente? CONTESTÓ: Manifestó que ellas tenían un jefe y ese jefe
era el que daba el visto bueno para que les pagaran. ¿Ese horario de trabajo estaba
contemplado dentro del contrato o no? CONTESTÓ: Manifestó que a ellos no les
dijeron que era ocho horas, sino simplemente prestación de servicio, pero que de
igual forma a ellos les colocaban agendas y horarios. PREGUNTADO: ¿Tiene
conocimiento dentro de ese contrato de prestación de servicio, ¿cuál era la labor
para desempeñar por la doctora ANA LUISA BETTER? CONTESTÓ: Ella era
médico en consulta externa.

PREGUNTADO: ¿Aparte de sus funciones de horario y de su cargo profesional y
demás, tenían que asistir a reuniones, tenían grupos de whatsapp o algo así?
CONTESTÓ: Manifestó que si las citaban a reuniones. PREGUNTADO: ¿Esas
reuniones las precedía el director del Dispensario? CONTESTÓ: Manifestó que sí.
PREGUNTADO: ¿Esas órdenes venían del Director del Dispensario? CONTESTÓ:
Sí”.

La actora advirtió que, de dichos testimonios, se podía evidenciar que: a). cumplía
un horario impuesto por el director de la Dirección de Sanidad Militar; b). las
funciones ejercidas como médico general tenían naturaleza de permanencia por ser

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propias del giro ordinario de los negocios desarrollados por la Dirección de Sanidad;
c). pasaba revista al interior del Ejército Nacional y, d). la relación contractual
subsistió por alrededor de 4 años.

Asimismo, expuso que se omitió que los contratos de prestación de servicios
suscritos entre los años 2014 a 2018, corroboraban la continuidad y no la
temporalidad contenida en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993.

Por otro lado, alegó la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente, señalando las siguientes sentencias:

• Corte Constitucional, M.P. Hernando Herrera Vergara, Sentencia C-154 de
19.03.97, Exp. D-1430.
• Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia T-388 de
03.09.20, Exp. T-7.745.031.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Sentencia 19.02.09, Rad.
73001-23-31-000-2000-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia 25.08.16, Rad. 23001-
23-33-000-2013-00260-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 09.09.21, Rad. 05001-23-33-
000-2013-01143-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 27.08.20, Rad.
17001-23-33-000-2017-00243-02.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

En auto del 30 de julio de 2024, la magistrada ponente del Consejo de Estado,
Sección Cuarta admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte

6

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Demandante: Anna Luisa Better Amador
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demandante5 y, como demandados, al Tribunal Administrativo del Atlántico6 y al
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla7.

Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional8.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión
Oral, Sección B

Mediante informe rendido el 5 de agosto de 2024, el magistrado ponente de la
decisión del 19 de enero de 2024, expuso que la acción de tutela no era el escenario
para el debate que pretendía la parte actora, ya que no se podía utilizar como una
tercera instancia en la que se dictara un pronunciamiento jurídico más no
constitucional, pues resultaba contrario a la naturaleza del mecanismo.

Adujo que el fallo enjuiciado no transgrede ningún precedente judicial, ni incurrió en
un defecto pues, por el contrario, se fundamentó en la línea jurisprudencial que
desarrolla lo atinente al principio de prevalencia de la realidad sobre las formas,
contenido en las siguientes sentencias: C-154 de 1997, C-614 de 2009, CE-SUJ2-

5
Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación fue enviada a los buzones web:
nilsonmiguel58@hotmail.com y analuisabetter@hotmail.com.
6
Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó a los siguientes correos
electrónicos: sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co;
ctrlsolexptadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
Ventanillad03tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7
Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo electrónico:
adm08bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8
Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se remitió a los correos:
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co; atencionciudadanoejc@ejercito.mil.co;
ceoju@buzonejercito.mil.co; notificacionesjuridi@ejercito.mil.co y peticiones@pqr.mil.co.

7

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005-16 y la proferida el 4 de febrero de 2016 por el Consejo de Estado dentro del
expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01.

En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción tutelar.

1.6.2. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla

Por medio de documento allegado el 6 de agosto del presente año, el juez de
primera instancia del proceso ordinario se refirió a otro proceso distinto al estudiado
en el presente mecanismo constitucional.

1.6.3. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional

En documento adjunto remitido el 6 de agosto del año en curso, la apoderada
judicial de la entidad explicó que, del material probatorio allegado al proceso
ordinario no se podía tener por acreditados los elementos que estructuran la relación
laboral, pues si bien se había demostrado la prestación del servicio y su pago, no
se acreditó la subordinación.

Así, manifestó que la accionante pretendía utilizar la tutela como una tercera
instancia.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 20 de septiembre de 2024,
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, tras considerar que no superaba
el requisito de relevancia constitucional.

Señaló que la intención de la señora Better Amador con la interposición del proceso
constitucional era dar continuidad al debate legal que ya había sido resuelto por las
dos instancias ordinarias. Además, indicó que en el recurso de apelación
presentado en el medio de control se habían propuesto los mismos argumentos que
fundamentaban el mecanismo constitucional.

8

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De igual forma, mencionó que el fallo objeto de tutela se encontraba de acuerdo con
la jurisprudencia aplicable y a los testimonios rendidos, pues no existía prueba de
que la prestación del servicio de la actora se efectuara de forma subordinada a un
empleador o que aquella estuviera en la obligación de acatar el horario de la entidad,
ya que solo se evidenciaba la coordinación de actividades entre contratante y
contratista, lo que no implicaba la configuración del mencionado elemento.

Asimismo, puso de presente que: «[…] respecto de la sentencia del Consejo de Estado
de 19 de febrero de 2009 con radicado 73-001-2331-000-2000-03449-0117, frente a la que
también se alegó un desconocimiento del precedente judicial, la Sala observa que se trata
de un caso con connotaciones fácticas que difieren radicalmente del presente asunto, pues
en aquel se revocó el fallo que había negado las pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho y se accedió a las pretensiones tras encontrar configurado el elemento de la
subordinación, en tanto, a diferencia del caso bajo análisis, se allegaron como prueba
“múltiples Oficios que requieren la intervención de la actora para gestionar procedimientos
propios de su cargo”, pruebas que, precisamente, se echaron de menos en el proceso
judicial en el que se dictaron las providencias objeto de reproche constitucional».

1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 2 de octubre de 20249, la señora Anna Luisa Better Amador
impugnó la sentencia de primera instancia.

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito tutelar, al indicar que
el juez constitucional de primera instancia omitió dar aplicación al principio de
primacía de la realidad sobre las formas, ya que no valoró los elementos probatorios
obrantes en el medio de control, específicamente los testimonios que denotaban su
temporalidad, el horario que debía cumplir, las órdenes que debía acatar y las
funciones que ejercía propias de la planta interna.

9
El fallo de primer grado fue notificado el 1º de octubre de 2024.

9

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer de la
impugnación presentada por la señora Anna Luisa Better Amador contra la
sentencia del 20 de septiembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del
Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la providencia del 20
de septiembre de 2024 del Consejo de Estado, Sección Cuarta. Para ello, se deberá
decidir sí:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión
Oral, Sección B vulneró los derechos fundamentales de la señora Anna Luisa
Better Amador en la sentencia del 19 de enero de 2024, al configurarse los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente?

Para ello, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente, (iii) el estudio del caso
concreto.

10

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia12.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

11

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natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión de primera
instancia, por cuanto el debate planteado por la accionante no goza de relevancia
constitucional puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202213.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su

13
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional16.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal17”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo

14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-103 de 2022.

13

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trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales18”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal20. (Resaltado de la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto

La señora Anna Luisa Better Amador adujo que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la contradicción y defensa, en conjunto con
el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, con ocasión de la

18
Sentencia SU-128 de 2021.
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Ibid.

14

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sentencia del 19 de enero de 2024, dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Su inconformidad se fundamentó en la configuración de los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente, pues a su juicio, el tribunal omitió realizar una
valoración de los testimonios rendidos por los señores Joaquín Fernando Vélez
García y Nelly del Carmen Miguel Porras, de los cuales se podía evidenciar que: a).
cumplía un horario impuesto por el directo de la Dirección de Sanidad Militar; b). las
funciones ejercidas como médico general tenían naturaleza de permanencia por ser
propias del giro ordinario de los negocios desarrollados por la Dirección de Sanidad;
c). pasaba revista al interior del Ejército Nacional y, d). la relación contractual
subsistió por alrededor de 4 años.

Asimismo, señaló sentencias21 de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
frente a las cuales advirtió que la autoridad judicial se apartó.

Se observa que en el fallo enjuiciado previo a resolver el caso concreto de la señora
Better Amador se refirió a la normativa vigente y aplicable en disputas por contrato
realidad, haciendo alusión al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al 53 de la Carta
Política, a los decretos 2400 de 1968, 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002,
así como a las sentencias C-154 de 1997, C-614 de 2009 de la Corte Constitucional
y las siguientes del Consejo de Estado:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia
04.02.16, Rad. 81001-23-33-000-2012-00020-01.

21
Corte Constitucional, M.P. Hernando Herrera Vergara, Sentencia C-154 de 19.03.97, Exp. D-1430;
Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia T-388 de 03.09.20, Exp. T-7.745.031;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, Sentencia 19.02.09, Rad. 73001-23-31-000-2000-03449-01; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia
25.08.16, Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 09.09.21, Rad. 05001-23-33-
000-2013-01143-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 27.08.20, Rad. 17001-23-33-000-2017-00243-02.

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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia 25.08.16, Rad. 23001-
23-33-000-2013-00260-01.

Todo lo anterior con el fin de explicar cómo se logra la prosperidad de la tesis de la
existencia de un contrato realidad, mencionando que depende de que la parte actora
pruebe dentro del proceso la continuada subordinación a la que estuvo sometida
durante el tiempo en que prestó sus servicios en la modalidad de contratista.

Así, después de señalar todas las pruebas aportadas al plenario, se observaron los
testimonios rendidos por los señores Joaquín Fernando Vélez García y Nelly del
Carmen Miguel Porras, de los cuales se advirtió que:

JOAQUIN FERNANDO VELEZ GARCÍA sostuvo que la actora cumplia la jornada
que se acordaban y que el control se ejercia imponieno un numero determinado de
pacientes por horas, es decir por 4 horas debía atender a 12 pacientes y por 6 horas
a 18 pacientes inscritos. De ahí que para proceder al pago se confirmaba el numero
de pacientes y el horario en el cual fueron atendidos.

Por su parte, la señora NELLY DEL CARMEN MAIGUEL PORRAS indicó que la
actora en los años del 2012 hasta el 2018, mantenía un horario de 1:00 a 7:00 p.m.,
aproximadamente, que si bien el contrato no establecia horario a ellos les colocaban
agendas y horarios; que para el pago se requeria el visto bueno del jefe, que era el
medico general de Batallon Paraiso.

En consecuencia, del material probatorio revisado, la autoridad judicial accionada
señaló que no fueron aportados al expediente suficientes pruebas de la prestación
del servicio de la demandante de forma subordinada a un empleador, pues si bien
se cumplían unas tareas asignadas en el contrato de trabajo, y atendía instrucciones
o cumplía con una carga de revisión de documentos de pacientes, ello no
necesariamente indicaba la existencia del elemento de subordinación.

Lo anterior lo justificó explicando que de acuerdo con la «[…] jurisprudencia del
máximo tribunal de lo contencioso administrativo la coordinación de actividades entre
contratante y contratista, no implica indefectiblemente la configuración del elemento
subordinación. No se puede perder de vista, que en el desarrollo del contrato de prestación

16

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de servicios el contratista se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la labor encomendada según el objeto del contrato, lo cual implica recibir
instrucciones y reportar informes de resultados, sin que esto necesariamente configure un
elemento de subordinación».

Específicamente, respecto de los testimonios mencionó que «[L]os dichos de los
declarantes no permiten tener plenamente demostrado que el actor estuviera en la
obligación de acatar el horario de la entidad, a pesar de que manifiesta que la entidad
accionada colocaban agendas y horarios para la realización de sus tareas teniendo en
cuenta el objeto del contrato; pues tal circunstancia no riñe con el objeto del contrato de
prestación de servicio, es mas dadas la naturaleza de la profesión de la actora era
imperativo el establecimiento y coordinación de una agenda para proceder a agotar el
objeto del contrato».

Por lo tanto, el tribunal adujo que, si bien se evidenciaba la prestación del servicio y
su pago, no se podía afirmar fehacientemente la existencia del elemento de
subordinación.

Así las cosas, se observa que la parte actora se encuentra insistiendo en los
argumentos que ya fueron estudiados en la instancia correspondiente, lo que
permite concluir que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia,
pues las pruebas mencionadas como no valoradas, sí fueron estudiadas, otra cosa
es que el criterio del tribunal resultó distinto a lo esperado por la accionante.

Aunado lo anterior, no se puede perder de vista que la valoración de los medios de
prueba es un ejercicio que se encuentra precedido de la aplicación de las reglas de
la sana crítica y las máximas de la experiencia, circunstancia que hace aún más
exigente el amparo constitucional, por lo que implicaría acoger una ponderación que
en criterio del accionante resulte mucho más acertada.

Lo anterior, en la medida que deben respetarse los principios de independencia y
autonomía judicial, con base en los cuales el juez constitucional solo le resulta
plausible invalidar una decisión judicial al encontrar demostrado un ejercicio
caprichoso, arbitrario, irracional o ilógico, calificativos que se echan de menos en el
presente caso.

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Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental, hecho que no sucedió, pues a pesar de que se indicaron
decisiones jurisprudenciales como desconocidas no se advirtió cómo estas debían
aplicarse.

Además, se evidenció que el mismo tribunal utilizó algunas de éstas para sustentar
su decisión. Por lo tanto, se recuerda que la competencia de este juez se restringe
a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación, toda
vez que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR el fallo del 20 de septiembre de 2024, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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