Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03881-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: GILBERTO LAVADO SARRIA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL- no
cumple el requisito de la inmediatez- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA- no fue
acreditada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta1 por la parte accionante
contra la sentencia del 29 de agosto de 2024, mediante la cual la Sección Segunda
Subsección A del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia2.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 26 de julio de 20243, el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento, actuando
en su condición de abogado de los señores Gilberto Lavado Sarria, Angela Oriana
Quesada Martínez, Nidia Aguirre Gómez, María Amparo Vélez Rojas, Martha Elosia
1“Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2 Sentencia de tutela de primera instancia. Ver Índice SAMAI 012. Documento 001.
3 Fue admitida a través de auto interlocutorio del primero (1) de agosto de 2024, en el que se ordenó
notificar al Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca como parte accionada. Ver SAMAI. índice 006. Documento 001.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Riascos Velásquez, presentaron acción de tutela en contra de la providencia del 7
de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
que confirmó la decisión emanada por el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito
de Cali, al rechazar la demanda de reparación directa4. Le atribuyó a dicho auto la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Hechos relevantes
2. Los accionantes acudieron a la jurisdicción el 8 de febrero de 2023 con el fin
que se reconociera el pago de la prima vacacional establecida en el artículo 36 del
Decreto Municipal 0216 de 1991, a través de la pretensión de reparación directa. El
conocimiento correspondió, por reparto, al Juzgado 15 Administrativo Oral del
Circuito de Cali.
3. A través de auto interlocutorio del 3 de agosto de 2023 se inadmitió la
demanda por la indebida escogencia del medio de control, como también se
constató la falta de una estimación razonada de la cuantía y, por último, se omitió el
suministro de la dirección electrónica y física de los demandantes para efectos de
notificaciones.
4. El 10 de agosto del mismo año, el apoderado de los accionantes presentó en
término escrito de subsanación. Sin embargo, el juzgado de conocimiento rechazó
la demanda a través de un auto del 29 de septiembre de la misma anualidad.
5. La decisión de rechazo fue apelada el 5 de octubre de 2023; recurso que fue
concedido a través de auto del 13 del mismo año ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
6. El ad quem expidió la providencia del 7 de diciembre de 2023, en la que
confirmó la decisión apelada. Finalmente, mediante providencia del 24 de enero de
2024, el juez de primer grado dictó la providencia de obedecer y cumplir.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante amparar lo siguiente,
“1.- Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º.,
fines sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los
principios y derechos constitucionales; 228 acceso a la administración de
justicia, prevalencia del derecho sustancial y 230 amparar el
sometimiento a la ley contenidos en la Carta Política; vulnerados en el
trámite contencioso por el JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI Y/O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
4 Proceso de reparación directa cuyo radicado correspondió a 76001-33-33-015-2023-00026-00.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
DEL VALLE DEL CAUCA – M.P. OSCAR ALONSO VALERO
NISIMBLAT, al emitir el Auto de fecha 03 de Agosto de 2023 que
inadmitió la demanda, Auto de fecha 29 de Septiembre de 2023 que
rechazó la demanda, Auto de fecha 07 de Diciembre de 2023 que resolvió
recurso de apelación confirmando decisión, y Auto de fecha 24 de Enero
de 2024 que ordenó obedecer y cumplir respectivamente, al interior del
proceso con radicado No. 76001-33-33-015-2023-00026-00.
2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE al
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI Y/O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA –
M.P. OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT, DEJAR SIN EFECTOS el
Auto de fecha 03 de Agosto de 2023 que inadmitió la demanda, Auto de
fecha 29 de Septiembre de 2023 que rechazó la demanda, Auto de fecha
07 de Diciembre de 2023 que resolvió recurso de apelación confirmando
decisión, y Auto de fecha 24 de Enero de 2024, que ordenó obedecer y
cumplir respectivamente, al interior del proceso con radicado No. 76001-
33-33-015-2023-00026-00, en razón a que debe darse pleno
cumplimiento a los principios constitucionales y legales del DEBIDO
PROCESO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A
LA APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL, consagrados en la Constitución Política Nacional, que
han sido vulnerados por el ente accionado.
3.- Ordenar por consiguiente, que en garantía al derecho fundamental de
acceso a la justicia, y prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, se tengan en cuenta las razones de hecho y de derecho
argumentadas en el escrito de subsanación de demanda y el recurso de
apelación presentado contra el Auto de fecha 29 de Septiembre de 2023,
que rechazó la demanda, y en consecuencia de ello, se permita que el
asunto con radicado No. 76001-33-33-015-2023-00026-00 curse sus
etapas procesales como proceso de reparación directa, y no de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho, conforme ya se ha realizado en otros
asuntos similares como se mencionará más adelante, y no se exijan
formalismos procesales como la estimación razonada de la cuantía y la
dirección electrónica y física de los demandantes, que lo único que hacen
es denegar el acceso a la justicia, e impedir que prevalezca el derecho
sustancial”5
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte actora afirmó que las providencias proferidas por las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivos, procedimental y en la
5 Escrito de tutela primera instancia. Ver Índice SAMAI N 002. Documento 002. Página 3 a 4.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
violación directa a la Constitución. Lo que a su juicio vulneró el derecho al debido
proceso, y derecho al acceso a la administración de justicia. 6
9. Además, realizó hincapié en que los demandados, debieron tener en cuenta
y valorar las razones de hecho y de derecho manifestadas en la subsanación de la
demanda y en el recurso de apelación incoado, sin haber agravado la situación
jurídica de los accionantes. En el mismo sentido, discurren en que los falladores
omitieron la Jurisprudencia del Consejo de Estado7, que, por garantía constitucional
y seguridad jurídica, debió aplicarse al caso ordinario contencioso relacionado en la
presente acción constitucional.
10. En relación con la procedencia de la reparación directa, indicó que la fuente
del daño alegado dentro del proceso con radicado No. 76001-33-33-015- 2023-
00026-00, comportaba la omisión en que incurrieron las entidades demandadas8, al
no haber realizado la liquidación, la validación, certificación y aprobación para el
reconocimiento y pago de la prima semestral, prima vacacional y prima de
antigüedad establecidas en los artículos 35, 36 y 37 del Decreto 0216 de 1991,
durante el tiempo que estuvo vigente. Lo que reitera se manifestó en el escrito de
demanda. Por ello, el medio idóneo resultaba ser la reparación directa y no la
nulidad y restablecimiento del derecho, como lo consideraron los despachos
judiciales accionados.
11. Por último, respecto a los requisitos exigidos por parte de los despachos
judiciales accionados, concretamente frente a la estimación razonada de la cuantía
y la dirección electrónica y física de los demandantes, señaló que constituyen
formalismos procesales, los cuales no debieron convertirse en una denegación del
acceso a la justicia, pues se debió procurar la garantía de los principios
constitucionales como lo es la prevalencia del derecho sustancial, mas aún, si se
tenían en cuenta o se valoraban los argumentos manifestados al respecto, tanto en
la subsanación de demanda como en el respectivo recurso de apelación.
6 La parte actora realizó un análisis de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales haciendo hincapié en los requisitos de procedencia de forma o generales, de acuerdo a lo
establecido en las sentencias T-483 de 1997, SU-563 de 1999, SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002,
por lo que indicó que, la cuestión a decidir en el amparo constitucional contó con relevancia
constitucional, además, hizo referencia al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial
y al cumplimiento de la inmediatez o plazo razonable al entratarse de una vulneración permanente
en el tiempo.
7 Hizo énfasis en los pronunciamientos del Consejo de Estado, con radicado No. 7600133-33-007-
2023-00047-0, y adicional a ello referenció que, en otros asuntos similares, en primera instancia se
aceptó la procedencia del medio de control de Reparación directa, como en los procesos con
radicados No. 76001-33-33-012-2023-00041-00, 76001-33-33-020-202300046-00, 76001-33-33-
019-2023-00027-00, 76001-33-33-014-2023-00039-00, 25000-23-26-000- 2011-01447-01(51334)
entre otros.
8 Las partes demandantes en dicho proceso, correspondieron a la nación – Ministerio de Educación
Nacional y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación. Ver SAMAI. Índice 003.
Documento 004.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Trámite en primera instancia
12. Mediante auto del 1° de agosto de 20249, el despacho del magistrado
sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela. En este auto, se
dispuso notificar al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Así mismo, se requirió al Juzgado para que
remitiera copia digital o link del proceso de reparación directa con radicado 76001-
33-33-015-2023- 00026-01.10
Intervenciones
13. El juzgado 15 Administrativo Oral del circuito de Cali 11 se pronunció e
hizo énfasis en que el despacho tramitó el proceso de reparación directa promovido
por el señor Gilberto Lavado Sierra y otros en contra de la Nación- Ministerio de
Educación y el Municipio de Santiago de Cali, encaminado al reconocimiento y pago
de la prima vacacional establecida en el artículo 36 del Decreto Municipal 0216 de
1991, a pesar de ello la demanda fue inadmitida y posteriormente rechazada
atendiendo a que no se corrigieron los yerros por parte del actor. Lo que fue
confirmado por el juez de segunda instancia, por lo que resultaba dable concluir que
el despacho no vulneró derecho alguno y cada una de las actuaciones se ajustaron
a derecho. 12
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, guardó silencio.
La sentencia de primera instancia
15. El 29 de agosto de 2024, la Sección Segunda Subsección A del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo constitucional invocado13. Indicó que, una
vez analizados los requisitos de procedencia contra decisiones judiciales, tanto
generales como particulares, en criterio de la Sala de Decisión, la controversia en
cuestión careció del requisito de inmediatez. 14
9 Dicho auto se notificó el doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Ver SAMAI. Índice 008.
Documento 001.
10 De igual manera se concedió personería jurídica al abogado de la parte demandante. Ver SAMAI.
Índice 005. Documento 001. En auto interlocutorio del 01 de agosto de 2024.
11 Ver Índice SAMAI 009. Documento 002- 003. PP. 1 a 3
12 En igual medida, en cumplimiento del auto del doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro, allegó
el expediente Digital. Ver SAMAI. Índice 009. Documento 001.
13 Sentencia de tutela de primera instancia. Ver SAMAI. índice 012. Documento 01, notificada el
09/09/2024. Ver SAMAI. índice 016. Documento 01.
14 Puso de presente la Sala que, en el escrito de tutela no se realizó ningún reproche respecto del
auto dictado por el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito de Cali el 24 de enero de 2024,
motivo por el cual el estudio se limitó a las providencias dictadas por el referido juzgado los días 3
de agosto, 29 de septiembre de 2023, así como del auto expedido el 7 de diciembre de 2023, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sentencia de tutela de primera instancia. Ver índice 012.
Documento 01. PP 05.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
16. Al respecto, constató que en el caso sub judice la última de las providencias
cuestionadas, esto es, el auto del 7 de diciembre de 2023, quedó ejecutoriada el 18
de diciembre de 2023, mientras que la acción de tutela fue radicada el día 26 de
julio de 2024, cuando habían transcurrido más de 7 meses desde aquel momento.
Y al respecto, con base en la jurisprudencia constitucional, se advierte que la carga
de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional
entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró
vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo
reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la
sentencia. Y, en el caso en concreto, no se indicó razón alguna referente a la
tardanza de la solicitud del amparo.
La impugnación
17. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación, 15
reprochando que el juez a quo debió analizar de fondo el mecanismo tutelar; pues
dicha acción tiene como finalidad exigir a las autoridades públicas o particulares
que se cumpla con la Constitución y se garanticen los derechos fundamentales
vulnerados.
18. Indicó que el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, al establecer la viabilidad
de la acción de tutela precisó que “procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los
derechos de que trata el artículo 2o de esta ley” sin que esté sujeta a un término de
caducidad.
19. Afirmó que la procedencia de la acción de tutela no debe supeditarse a la
exigencia de formalidades procesales (como la inmediatez), como en efecto lo hizo
la providencia objeto de impugnación, sino que el juez constitucional debe analizar
las acciones u omisiones de las autoridades accionadas, que vulneran los derechos
fundamentales, como en efecto ocurrió en este caso bajo su consideración.
20. Manifestó que la última providencia emitida dentro del proceso fue la de
obedecer y cumplir, fue el día 24 de enero de 2024, notificada el 26 de enero de
2024, y por ello, la radicación de tutela se hizo dentro de los seis meses.
21. Por medio de auto del 20 de septiembre de 202416 se concedió impugnación
y se remitió el expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.17
15 Se presentó impugnación el día 13 de septiembre de 2024. Ver índice SAMAI 017 Documento 01.
PP. 1 a 6.
16 Auto que concede el recurso de impugnación. Ver índice SAMAI No. 019. Documento 01. PP 1.
17 Se notificó el 26 de septiembre de 2024. Ver índice SAMAI No. 47.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
22. La Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, toda vez que no se
satisface el requisito de inmediatez. Pero además constata que se presenta una
falta de legitimación en la causa por activa por parte del abogado Osman Hipólito
Roa Sarmiento, quien manifestó actuar en calidad de apoderado de los tutelantes.
Este aspecto se desarrollará más adelante.
23. Frente al ejercicio oportuno de la acción constitucional, prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, es preciso recordar que la inmediatez es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal
entre la solicitud de tutela y el hecho u omisión vulnerador de los derechos
fundamentales. Tratándose de la la acción de tutela contra actuaciones judiciales,
la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que cuando el paso del tiempo
es tan significativo, resulta irrazonable y desproporcionado que el juez constitucional
efectúe un control a una providencia judicial que goza del atributo de cosa juzgada
como elemento que garantiza el principio de seguridad jurídica.
24. Por tal razón, la tutela se debe interponer en un término razonable y si bien
es cierto que la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad sí debe
ser interpuesta en un plazo razonable y proporcionado a partir del hecho generador
de la vulneración, y en el caso de las providencias judiciales, desde que quedó en
firme18.
25. En ese sentido la Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios
orientadores con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con
el requisito de inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento
en el que se produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación
contra la que se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela.
26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia
judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la
inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según
sea el caso.
27. Esta Subsección ha precisado que, en principio, el mencionado lapso se
debe contabilizar desde la notificación de la providencia ejecutoriada que se
cuestiona, por cuanto es a partir de allí que se conoce la decisión en que se puede
advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de
uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra
providencia judicial.
18 Ver sentencia SU 573-17
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
28. Sin embargo, dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando
se acredite que (i) existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la
inactividad injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros
y (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados19.
29. En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos que se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto
los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
30. Descendiendo al caso en concreto, a través de auto interlocutorio del 3 de
agosto de 2023, el Juzgado 15 Oral Administrativo del Circuito de Cali inadmitió la
demanda de reparación directa incoada por los impugnantes. Posteriormente, el
Juzgado rechazó la demanda a través de un auto del 29 de septiembre de 2023.
Presentado el recurso de apelación por parte de los hoy recurrentes el 5 de octubre
de 2023, por medio de auto del 13 de octubre de dos mil 2023 se concedió el recurso
y se remitió al superior. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
expidió providencia del 7 de diciembre de 2023, que resolvió el recurso interpuesto
y confirmó la decisión, la cual fue notificada el 18 de diciembre de 2023.
31. Ahora bien, el impugnante hace referencia a que el conteo de los seis meses
por parte del juez constitucional debe efectuarse desde el auto del 24 de enero de
2024, notificado el 26 de enero de 2024, mediante el cual el Juzgado ordenó
obedecer y cumplir el mandato del juez de alzada.
32. Para la Sala es inadmisible tal argumento, en virtud a que el auto de
obedézcase y cúmplase no corresponde en sí a la notificación ni a la ejecutoria de
la providencia que se ataca en sede de tutela, que como se puede advertir la
providencia debatida cobró ejecutoria con anterioridad a la expedición y notificación
del auto que se invoca. Por lo que la decisión que se recurre quedó ejecutoriada y
en firme con la notificación de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 18 de diciembre de 2023. De ese modo, dado que la demanda
tutela se presentó hasta el 26 de julio de 2024, se evidencia que excedió el plazo
razonable de 6 meses para interponer la acción constitucional que se dirime.
33. En esta oportunidad, la Sala reitera que la formulación de la acción de tutela
contra providencias judiciales debe efectuarse tan pronto se produjo la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial o razonable,
porque de lo contrario la necesidad de la protección constitucional es apenas
aparente. Por lo que permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
19 Ver Sentencia T-546 de 2014
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el
principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez es un requisito
ineludible en la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.20
34. En suma, no se encuentra justificada en forma alguna la tardanza por parte
del actor en interponer la acción de tutela de la referencia. Como ya se dijo, el
término razonable para interponer la acción es a partir de la notificación o la
ejecutoria de la providencia que se ataca. Lo que el actor pretende, en este caso,
es transmutar ese conteo, para que empiece desde el momento en que notificó el
auto que ordenó cumplir la sentencia del juez de segunda instancia, con la que
pretende comparar la sentencia atacada. Aceptar tal planteamiento implicaría dar al
traste con la seguridad jurídica y con la institución de la cosa juzgada que envuelve
a las decisiones judiciales.
35. En ese sentido, se advierte que en este proceso no se alegaron
circunstancias posteriores a la notificación de la sentencia cuestionada que tengan
la idoneidad para incidir en el proceso de tutela que den lugar a flexibilizar la
exigencia del requisito de la inmediatez y que justifique su interposición por fuera
del término que la jurisprudencia ha considerado como razonable para ejercer la
acción de tutela contra una decisión judicial.
36. Así las cosas, la Sala estima que el plazo de 6 meses –considerado como
razonable para presentar la demanda de tutela– empezó a correr a partir de la fecha
en que se notificó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el 18 de diciembre de 2023. Por lo que era a partir de esa fecha que la
accionante contaba con seis meses para presentar la demanda de tutela, pero solo
lo hizo, se itera, hasta el 26 de julio de 2024.
37. Una vez analizado lo anterior, la Sala analizará la legitimación en la causa
por activa del abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento para formular la acción de
tutela21. Frente a este aspecto, cabe destacar que en el expediente no existe poder
especial por medio del cual se haya designado como apoderado al mencionado
profesional del derecho, pues a pesar que en el acápite de “PRUEBAS Y ANEXOS”
indica que allega “Copia de los Contratos de mandato con facultad de
apoderamiento para presentar esta acción de tutela”, lo cierto es que dichos actos
jurídicos no le permiten formular la acción constitucional.
20 Ver Sentencia T-879 de 2012. Corte Constitucional.
21 frente a la legitimación en la causa por activa para la presentación de la solicitud de tutela, el inciso
primero artículo 86 de la Constitución Política de 1991 prevé que toda persona podrá ejercer la
acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, en suma la acción de tutela puede ser interpuesta directamente por: i)
el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado donde se acredite el respectivo
poder y iii) por medio de la figura de la agencia oficiosa.
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Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
38. Se debe señalar que, el señor Roa Sarmiento, de conformidad con los
documentos obrantes en el expediente, aportó cinco (5) contratos de mandato, 22
otorgados por los accionantes a la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S.
39. De acuerdo con lo citado, la Sala advierte que dichos mandatos no facultan
directamente al abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento para que presente acción
de tutela en contra de las providencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas. En efecto, luego de revisar la totalidad de los contratos aportados por
las partes, se encuentra que todos fueron suscritos con anterioridad a la expedición
de la providencia enjuiciada del 7 de diciembre de 202323, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y en ninguno de ellos se faculta al profesional
del derecho para que presente acción de tutela en contra de las autoridades
judiciales, requerimiento que, según la jurisprudencia constitucional, es necesario
para actuar como apoderado judicial en trámite de tutelas.
40. La Corte Constitucional24 ha precisado que, en los eventos en los cuales la
acción de tutela se presente por intermedio de apoderado judicial y para que se
perfeccione la legitimación en la causa por activa, se requiere de un mandato
específico para adelantar este asunto, aun cuando tenga poder particular o general
en otros asuntos, pues no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional
a nombre de su mandante, toda vez que i) se trata de un acto jurídico formal, por lo
cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se
presume auténtico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto
de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.
41. En consonancia con lo precitado, la Sección Primera del Consejo de
Estado,25 en un caso de similares connotaciones al presente, también precisó que
la falta de poder especial26 para adelantar el proceso de tutela por parte de un
apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos,
no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su
mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente
ante la falta de legitimación por activa.
22 Ver SAMAI. Índice 003. Documento 001.
23 Los contratos de mandato fueron suscritos el 14 de agosto de 2015 por Gilberto Lavado Sarria,
20 de diciembre de 2019 por Quesada Martínez Angela Orania, 02 de diciembre de 2019 por Aguirre
Gómez Nidia, 02 de diciembre de 2019 por María Amparo Vélez Rojas, 10 de marzo de 2016 Martha
Eloisa Riasco Velásquez.
24 Corte Constitucional: Sentencia T-292-21, T-024-19, T-531-02, entre otros.
25 Consejo de Estado, Sección Primera, CP. Hernándo Sánchez Sánchez. Rad:
110010315000202404306-01.
26 Ver sentencias T-314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03881-01
Accionante: Gilberto Lavado Sarria y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
42. En síntesis, en el presente asunto se advierte que el contrato de mandato
suscrito entre los accionantes y la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S. no
cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para ser
considerado un poder válido para actuar dentro de una acción de tutela. Lo anterior,
por cuanto en dicho documento no se precisó el acto o la providencia cuestionada,
los derechos fundamentales cuya protección se persigue o la autoridad judicial ante
la cual se presentaría la demanda, lo que demostraría que no contiene la totalidad
de los parámetros mínimos requeridos para el apoderamiento en esta clase de
controversias. Por lo que no se satisface en el caso sub judice la legitimación en la
causa por activa del abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento.
43. Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró la
improcedencia del trámite constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024, por la
Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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