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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07051-00

Requisito general de inmediatez: criterio unificado de seis meses contado, por

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07051-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila en contra del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07051-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
PITALITO – HUILA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia /
REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ – Criterio unificado de seis meses contado, por
regla general, a partir de la notificación de la providencia cuestionada mediante la acción
de tutela / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No procede el mecanismo constitucional
cuando el tutelante busca instaurar una instancia judicial adicional a las ya previstas por el
ordenamiento jurídico / VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES – El accionante
debe plantear la vulneración dentro del proceso judicial siempre que le sea posible

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, Huila (en adelante, el
Hospital, la accionante, la tutelante, la parte actora o la demandante), de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 19 de diciembre de 2024, la accionante presentó acción de tutela2 en
contra del Tribunal Administrativo del Huila (en adelante, el Tribunal, el accionado o
el demandado), con el fin de que le sean amparados sus derechos al debido proceso
y al acceso a la Administración de Justicia, presuntamente vulnerados por el
demandado.

Hechos relevantes

2. El Hospital presentó demanda de repetición en contra de la señora María
Margarita Reyes Valdez, al considerar que era responsable por la falla del servicio

1 Ingresada para fallo el 27 de enero de 2025.
2 Índice SAMAI tutela, núm. 2. Archivo:
“1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAPODERYANEXOS(.pdf)

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

médico que condujo a la condena judicial y al pago de la suma de noventa y cuatro
millones ciento cuarenta y cuatro mil setenta y tres pesos ($94.144.073,oo).

3. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Séptimo Administrativo de
Neiva (en adelante, el Juzgado 7). Mediante auto del 29 de enero de 2024, este
despacho judicial declaró la caducidad de la acción y rechazó la demanda.

4. En segunda instancia, el Tribunal confirmó la decisión de su inferior
jerárquico, por medio de providencia judicial del 2 de mayo de 2024. La apoderada
de la tutelante formuló solicitud de aclaración, que fue negada mediante decisión
del 14 de mayo del mismo año.

Pretensiones

5. El demandante solicita, por vía del amparo constitucional, lo siguiente
[transcripción textual]:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO y a la ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
vulnerados a la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
PITALITO, HUILA identificada con NIT. 891.180.134-2, por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA proveído que resuelve el
recurso de apelación de fecha 2 de mayo de 2024 dentro del proceso medio
de control de acción de repetición, en condición de demandante, expediente
con radicación N° 41001 3333 007 2023 00347 01

SEGUNDA: Que, al proteger los derechos antes invocados, se ORDENE al
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, DEJAR SIN
EFECTOS la providencia judicial de fecha 2 de mayo de 2024 proferida
dentro del proceso medio de control de acción de repetición, con radicación
N° 41001 3333 007 2023 00347 01, por medio de la cual se confirmó el auto
que rechazó la demanda del medio de control de acción de repetición
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva el 29 de enero de
2024 radicación N° 41 001 33 33 007 2023 00347 00 por haber operado el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, PARA QUE EN SU LUGAR,
se pronuncie de fondo, teniendo en cuenta que se encuentra plenamente
acreditado que no se configura la caducidad para incoar la acción del medio
de control de repetición”.

Fundamentos de la demanda de tutela

6. Según el accionante, la providencia del Tribunal se apartó del precedente
establecido por el Consejo de Estado3 para contabilizar el término de presentación
de la demanda con pretensiones de repetición a partir del pago bajo la modalidad
de depósito judicial. Por ende, en su criterio:

3 Invoca la siguiente providencia: “CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARTA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO. Sentencia del cuatro (4) de junio dos mil veintiuno (2021). Radicación número:
11001-03-26-000-2018-00051-00(61320)”.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

“… no solo basta con la consignación del depósito judicial, sino que debe
establecerse el momento en que se materializa el pago y que, a efectos de verificar
que el pago se ha realizado a través del depósito judicial aquel haya sido puesto a
disposición del apoderado de la parte actora del medio de control impetrado –
reparación directa – es decir, que ese título judicial se haya pagado de forma efectiva
y que se haya materializado, razón por la cual, una vez más, se tiene que incurre en
un defecto sustantivo el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en afirmar
que a partir del 4 de diciembre de 2021 se inició el término de caducidad del
medio de control de repetición; el cual, expiró el 4 de diciembre de 2023, y en
la medida en que la demanda se radicó el 12 de diciembre siguiente, aquella se
hizo de manera extemporánea”, por las razones arriba descritas, además que
contabilizó dicho plazo sin tener en cuenta los pormenores establecidos en la
providencia del Consejo de Estado”. (Negrillas originales del recurso)

Trámite en primera instancia

7. El 14 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
4
tutela ; ordenó la notificación al demandado y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; y vinculó, como terceros interesados en el asunto, al Juzgado
7 y a la señora María Margarita Reyes Valdés.

Intervenciones

8. El accionado contestó a la tutela5, solicitando que se declare su
improcedencia porque el accionante no “esgrime un argumento o un hecho adicional
que permita arribar a una conclusión distinta” a la de su providencia, por ende, el
amparo está siendo utilizado como una tercera instancia. Agrega que, en todo caso,
la decisión cuestionada no violó ningún derecho fundamental en tanto fue fundada
en las pruebas, las normas y el precedente jurisprudencial aplicable.

9. A través de apoderada, la señora María Margarita Reyes Valdés pidió que la
acción constitucional debía declararse improcedente porque no se reúnen los
requisitos generales definidos para que opere la tutela contra providencias judiciales
o, en su defecto, pide su denegación porque no fueron vulneradas las garantías
invocadas por el accionante.

10. El Juzgado 7 guardó silencio, pese a ser notificado de la admisión de la
6
tutela .

II. C O N S I D E R A C I O N E S

11. La Subsección declarará la improcedencia del amparo constitucional al
constatar que no se satisfacen dos de los requisitos generales de procedibilidad del
mecanismo cuando este se ejerce respecto de providencias judiciales, a saber, la

4 Índice SAMAI tutela, núm. 4.
5 Índice SAMAI tutela, núm. 9.
6 Índice SAMAI tutela, núm. 8.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

inmediatez y la relevancia constitucional. Además, la parte actora no acreditó haber
planteado el defecto imputado a la decisión judicial dentro del proceso de repetición.

El requisito de procedibilidad de inmediatez no se satisface en el sub judice

12. La Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-590 del 8 de junio de
7
2005 , explicó los presupuestos que debe cumplir la acción de tutela cuando la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales son atribuidos a una
providencia judicial, distinguiendo entre los requisitos generales de procedencia y
las causales específicas de procedibilidad.

13. Dentro de los primeros, el pronunciamiento en mención resaltó que entre el
hecho generador de la vulneración y la formulación de la solicitud de amparo debe
existir un término razonable y proporcionado para determinar su inmediatez ya que,
de permitir su interposición en cualquier tiempo, se estarían desconociendo los
principios y atributos que cobijan a las decisiones de los jueces, como la cosa
juzgada y la seguridad jurídica; y sería desvirtuado el propósito característico del
mecanismo como forma de protección inmediata y urgente de los derechos
fundamentales. Por estas razones, su cumplimiento debe ser examinado de forma
estricta8.

14. Como criterios orientadores para verificar el cumplimiento de este requisito
de inmediatez, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado9 que deben
considerarse: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se
produce la vulneración; (iii) la naturaleza de dicha violación; (iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela.

15. A lo anterior, cabe agregar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación en fallo de unificación10 acogió como “plazo
razonable” para la presentación de tutelas contra providencias judiciales el período
de “seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”.

7 M.P. Jaime Córdoba Triviño
8 “La posibilidad de recurrir en forma excepcional contra una providencia judicial, solamente debe
hacerse entonces, dentro de un término razonable frente a los actos que eventualmente ocasionan
la vulneración o la amenaza de derechos constitucionales fundamentales y no meses después de
adoptarse las decisiones materia de tutela, todo a fin de evitar que se sacrifiquen los principios de
cosa juzgada y de seguridad jurídica. // De manera especial la Corte Constitucional ha indicado que
el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias
judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros
casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente.”: Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-594 del 19 de junio
de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

16. También, es de resaltar que, para esta Subsección, el cómputo de dicho
término debe iniciar desde la notificación ya que ese momento marca el
conocimiento de la vulneración de derechos fundamentales, criterio que puede
flexibilizarse cuando se advierta: (i) un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) que la violación o amenaza de los derechos conculcados es actual
y permanente a pesar del paso del tiempo; (iii) la desproporcionalidad en la
exigencia por situaciones especialísimas, por ejemplo, la debilidad manifiesta del
tutelante11. Además, esta Sala ha expresado que:

“… solo procede contabilizar el término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión
en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo,
como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia
o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los pronunciamientos que se dicten
con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se
cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto
de cuestionamiento”12. (Subraya la Sala)

17. Trayendo lo expuesto hasta este punto al caso bajo análisis, en el sistema
de información digital de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (SAMAI)
se observa que el auto proferido por el Tribunal con fecha del 2 de mayo de 2024,
que confirmó el rechazó de la demanda por caducidad de la acción con pretensión
de repetición en contra de la señora María Margarita Reyes Valdez, fue notificado
al demandante el 9 de mayo de 202413.

18. Así mismo, la solicitud de aclaración propuesta por el aquí accionante fue
denegada en providencia del 30 de julio de 202414, cuya notificación se surtió el 13
de agosto de la misma anualidad15, al considerar “que más que solicitar precisión o
aclaración de frases que ofrezcan alguna duda o que impidan asimilar el
fundamento de la decisión”, el Hospital cuestionó “el aparente cambio de posición
frente al cómputo del término de caducidad”.

19. De suerte que, para efectos de la contabilización del plazo razonable
establecido de forma unificada por esta Corporación, no viene relevante la fecha de
ejecutoria del auto cuestionado (20 de agosto de 2024) toda vez que la negación de
la solicitud de la aclaración no complementó ni impactó en la decisión de rechazo
de la demanda que suscita la reclamación constitucional. De esta manera, se
advierte que la petición de amparo fue radicada después de los seis meses
contabilizados a partir de la notificación del proveído que declaró la caducidad de la
acción. Así las cosas, la acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez.

11 Cfr. Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-1028 del 10 de diciembre de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 25 de octubre de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2024-03881-01. C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.
13 Índice SAMAI proceso repetición segunda instancia, núm. 9.
14 Ibid. núm. 5.
15 Ibid. núm. 17.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

El asunto planteado en tutela carece de relevancia constitucional

20. Con todo, si el amparo constitucional hubiera sido presentado dentro del
“plazo razonable” anteriormente reseñado, observa esta Subsección que el caso no
posee relevancia constitucional. Esta exigencia busca que el juez de amparo no
defina “cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”16, e
“impide que el mecanismo […] sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”17.

21. En el sub judice se observa que en la decisión interlocutoria del 29 de enero
de 202418, el Juzgado 7 decidió aplicar el artículo 164, numeral 2, literal l) del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que
dispone el término de dos (2) años contados a partir de la fecha del pago de la
condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto por la norma
procesal para que la Administración satisfaga la obligación, sin las modificaciones
introducidas por la Ley 2195 de 2022 (que incrementó el plazo perentorio a cinco -
5- años), en razón a que la sentencia condenatoria quedó en firme antes de la
entrada en vigencia de esta última norma. Acto seguido, la providencia razonó lo
siguiente:

“… la consignación al Juzgado se realizó el 3 de diciembre de 2021, teniendo esta
fecha como la real del pago, la caducidad se inicia a contabilizar desde el día
siguiente, esto es, desde el 4 de diciembre de 2021, de tal forma que el término para
la presentación de la demanda, corría hasta el 4 de diciembre de 2023, venciendo
la oportunidad para presentarla.

El término de los dos (2) años para la caducidad feneció al iniciar el día cinco (5) de
diciembre de 2023, y dado que la presentación de la demanda se realizó solo hasta
el 13 de diciembre de 2023, según acta reparto [sic] No.2136, se evidencia que, a
falta de su procedencia, ha caducado”.

22. En la apelación presentada por la apoderada del Hospital19, se argumentó
que los dos años debían computarse a partir del momento en que se declaró el pago
o desde la fecha en que la beneficiaria de la condena expresó su conformidad con

16 Sent. C-590/05, antes referenciada.
17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. Consideración 4.1.
18 Archivo comprimido “13_RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_2012025zi_0_20250120091532811”,
carpeta “01PrimeraInstancia” > “C01PrimeraInstancia”, archivo pdf “006AutoRechaza”. En: índice
SAMAI tutela, núm. 13.
19 Archivo comprimido “13_RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_2012025zi_0_20250120091532811”,
carpeta “01PrimeraInstancia” > “C01PrimeraInstancia”, archivo pdf “010SAMAI-
RecursoApelaciónHospitalPitalito”. En: índice SAMAI tutela, núm. 13.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la solución de la obligación20, considerando además la suspensión de términos
provocada por una falla los servicios tecnológicos de la Rama Judicial21.

23. En el auto del 2 de mayo de 202422 el Tribunal, además de reiterar que la
norma aplicable al asunto era la redacción original del CPACA23, presentó los
siguientes argumentos para confirmar la decisión de su inferior jerárquico:

“… el Hospital cumplió la obligación el día en que puso a disposición del juzgado el
valor de la condena (3 de diciembre de 2021); a partir del día siguiente se iniciaron
los dos años para que instaurara la respectiva demanda, y no es de recibo aceptar
que es a partir de la fecha en que la parte actora cobró el respectivo título judicial
(23 de marzo de 2022); porque es un trámite que se surtió ante el a quo tres meses
y medio después, y solo dependía de la voluntad del beneficiario.

De otro lado, no obstante que el Acuerdo PCSJA 23-12089 suspendió los términos
judiciales del 14 al 20 de septiembre de 2023 (cinco días); dicho lapso no adiciona
los términos de caducidad de los diferentes medios de control; a menos que el
mismo venciera en uno de esos días. Evento en el cual, se prorrogaría hasta el
primer día hábil siguiente (es decir, el 21 de septiembre), pero ello no equivale a que
los plazos para acudir a la instancia judicial se amplíen cinco días más.

[…] En ese orden de ideas, considera la sala que a partir del 4 de diciembre de 2021
se inició el término de caducidad del medio de control de repetición; el cual, expiró
el 4 de diciembre de 2023, y en la medida en que la demanda se radicó el 12 de
diciembre siguiente; es menester colegir, que se hizo de manera extemporánea.”

20 Se trascribe del texto del recurso de apelación con posibles errores e imprecisiones, y negrillas
originales: “… es menester indicar al a quen, que tan solo, el 23 de marzo de 2022¸fue declarado
el pago total de las sentencias de fecha 14/10/2016 (primera instancia) y 12/10/2021 (segunda
instancia), es decir, no desde la consignación del 3/12/2023, como pretende el a quo, sino de la
fecha real, en que se declaró el pago total de las sentencias repetidas, es decir, el 23/03/2022
y se ordenó el pago a la parte demandante. Además, el apoderado de la parte demandante,
mediante memorial del 28 de enero de 2022, manifestó y estuvo de acuerdo con la consignación
realizada por la institución y solicito la terminación del proceso, el archivo de este y la
consignación de títulos judiciales. Situación que da lugar, que, a partir del día siguiente de la
declaración, se podría iniciar a correr el termino de que trata el articulo 164 del CPACA, arrojando
como fecha límite para la interposición de la acción de repetición el día 01 de abril de 2024 (por la
declaración del pago total del a quo) y/o 5 de febrero de 2024 (Por la aceptación de los dineros por
el apoderado de la parte demandante) teniéndose en cuenta, el termino de suspensión de este, en
el mes de septiembre de 2023”.
21 Se transcribe textualmente del recurso de apelación, con posibles errores e imprecisiones y
negrillas originales: “… dentro de los argumentos expuestos por el despacho judicial, se desconoce
la suspensión de términos judiciales, ordenado mediante el Acuerdo PCSJA23-12089 de 13/09/2023
emitido por el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, por fallas en los servicios
tecnológicos alojados en la infraestructura de nube privada por IFX NETWORKS COLOMBIAS SAS,
quien es que provee dichos servicios a la Rama Judicial, provocando la suspensión de los mismos
en los días 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, siete (7) días en total de suspensión, el cual, da como término
real para la presentación de dicha acción estaba para el día 11/12/2023 hasta las 5:00 pm.
22 Índice SAMAI proceso repetición segunda instancia, núm. 5.
23 Según el accionado: “… en razón a que la referida preceptiva entró en vigencia el 18 de enero de
2022; dicho lapso no se puede aplicar al sub lite, porque la ejecutoria de la sentencia condenatoria
de segunda instancia fue anterior (11 de noviembre de 2021). En tal virtud, la caducidad se regula
por el artículo original; es decir, 2 años; también contados “… a partir del día siguiente de la fecha
del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el
pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

24. Con el escenario descrito, nota la Sala que, por vía de la acción de tutela, la
parte actora plantea nuevamente su discrepancia con la decisión adoptada por los
jueces naturales del conflicto, tanto en primera como en segunda instancia, para
obtener un pronunciamiento con resultado favorable a sus propósitos, es decir, que
emplea el mecanismo de protección constitucional como un escenario judicial
adicional a los ordinariamente previstos por el ordenamiento jurídico destinado a
analizar fáctica y jurídicamente su caso con miras a la habilitación de su acción con
pretensiones de repetición. De allí que esta súplica no cuente con el requisito de
relevancia constitucional, anteriormente expuesto, y resulte improcedente.

La demandante no formuló los reparos que expone en tutela dentro del
proceso contencioso de repetición

25. Otro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales señalado por la jurisprudencia constitucional en la sentencia
C-590 de 2005 consiste en:

“Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.” (Subraya la Sala).

26. Tomando esto en cuenta, advierte la Sala que, en contraste con la petición
de amparo, el recurso de apelación propuesto por el Hospital dentro del trámite
procesal de repetición24 no censuró la decisión de caducidad de la acción por
alejarse de un precedente judicial aplicable a su caso. Este planteamiento podía ser
formulado porque, pese a las tenues diferencias entre las providencias del Juzgado
7 y la del Tribunal, la decisión judicial fue invariable en expresar que el término de
presentación oportuna de la demanda debía contabilizarse a partir del momento en
que fue puesta a disposición del juez de la reparación directa la suma
correspondiente a la condena. Así, la tutelante nunca expresó que la alternativa
correcta a la solución del problema jurídico atinente al conteo del plazo consistiera
en la “materialización” del pago por consignación, como aquí lo propone.

27. Con ello, entiende esta Subsección que la accionante tampoco satisfizo el
requisito general de la acción de tutela que le asignaba el deber de exponer, dentro
del proceso judicial ordinario, la vulneración de derechos fundamentales por las
razones expuestas en esta sede. Por este motivo, también, será declarada la
improcedencia del mecanismo constitucional.

24 Supra. Párr. 22.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07051-00
Accionante: E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito - Huila en contra del Tribunal
Administrativo del Huila, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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