Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03916-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03916-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03916-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03916 01
Demandante: María Claudia Niño Hernández
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
trabajo. Medio de control de controversias contractuales. No se configuran
los defectos alegados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación
que formula la parte demandante contra la sentencia del 19 de septiembre de 2024,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Agencia
Nacional de Minería e improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
La señora María Claudia Niño Hernández promueve acción de tutela contra la
providencia del 24 de abril de 2024, que dictó la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocando el fallo del 31 de mayo de 2017, proferido por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del medio de control de
controversias contractuales con radicación 54001 23 31 000 2010 00018 01, por medio
del cual se denegaron las súplicas de la demanda.
2.1. Pretensiones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03916 01
Demandante: María Claudia Niño Hernández
PRIMERO: Amparar al [t]ercero [a]fectado, los derechos fundamentales al debido
proceso judicial art 29 y el derecho al trabajo art 25 de la Constitución Política de
Colombia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de los ordinales Tercero y Quinto en [f]allo proferido
el 24 de abril de 2024, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del proceso de controversias contractuales con Rad.
54001233100020100001801.
TERCERO: Ordenar a la Sala de origen, en el término de 48 horas, emitir sentencia
complementaria sobre lo anulado, que resuelva lo que en derecho corresponde.
2.2. Hechos
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 24 de abril de 2024
emitió sentencia dentro del proceso 54001 23 31 000 2010 00018 01, en la que decidió
revocar la providencia del 31 de mayo de 2017 del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y, en su lugar, declaró nulas las resoluciones DSM 979 del 29 de noviembre
de 2017 y 50 del 13 de febrero de 2008, expedidas por el Instituto Colombiano de
Geología y Minería (INGEOMINAS); en consecuencia ordenó restablecer el plazo de
ejecución del Contrato de Pequeña Explotación Carbonífera 1882T celebrado entre el
señor Pedro Antonio Niño Becerra y la Empresa Nacional Minera (MINERCOL Ltda), por
el término que restaba al momento en que cobró ejecutoria la sanción de caducidad,
denegó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
Esa decisión violó sus derechos al debido proceso y al trabajo, por cuanto representó
los intereses del señor Niño Becerra en el medio de control de controversias
contractuales; en consecuencia, al denegarse la indemnización que incluía las
agencias en derecho a favor del apoderado de la parte actora y la no imposición de
costas, la privó de recibir lo que le pertenecía.
Lo anterior, porque la autoridad demandada al examinar el dictamen pericial aplicó una
regla de valoración de la eficacia probatoria que no corresponde a la vigente para la
fecha en que fue rendido, esto es, el 15 de noviembre de 2011, pues para analizarlo
empleó los criterios fijados por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en auto del 14 de diciembre de 2022 y no lo establecido en los artículos 8.º,
9.º, 176, 183, 187, 177, 191, 236, 237, 238 y 241 del Código de Procedimiento Civil,
con lo que desbordó las exigencias tanto del informe como la acreditación e idoneidad
del perito designado por el a quo de la lista de auxiliares, cuya competencia le permitía
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
cumplir la labor encomendada, emitiendo su concepto sobre los puntos ordenados por
el despacho, centrados en el Contrato 1882T, lo que causó que se despojara al
accionante del medio probatorio de defensa de las pretensiones indemnizatorias del
lucro cesante, base de cálculo de la condena en agencias en derecho.
Igualmente, cercenó el petitum de condenas deprecado por la parte actora, que
contenía las agencias en derecho, justificando que, con el restablecimiento del contrato
se estaría generando un doble pago, lo que no es de recibo, debido a que según lo
previsto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, procede el
resarcimiento, entonces, el daño antijurídico se configuró por la declaración de
caducidad con violación al debido proceso y la consecuente privación al accionante de
su derecho contractual, que no tenía la obligación de soportar desde el 29 de
noviembre de 2007.
La autoridad accionada excluyó la condena en costas, sin prueba que la respaldara
para eximir de su pago, ya que obra prueba sobre el ataque al dictamen pericial, toda
vez que la entidad demandada lo objetó por error grave, pero incumplió la carga
procesal de aportar prueba que lo desvirtuara, según los artículos 238, numeral 5 y 71,
numeral 2, del Código de Procedimiento Civil; por consiguiente, debió darse
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 392, numeral 4, ibidem.
2.3. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la providencia acusada se vulneraron sus derechos al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, así mismo, se
configuró un defecto material o sustantivo.
En el presente caso, se despojó a la parte actora en el proceso de controversias
contractuales del medio de prueba de su reclamación, esto es, el dictamen pericial, del
que emerge el quantum del resarcimiento por lucro cesante, base sobre la que se
solicitó condenar a la parte vencida a pagar las costas y agencias en derecho.
Señaló que actuó ante la jurisdicción contencioso-administrativa como abogada del
demandante en acción contractual, señor Pedro Antonio Niño Becerra y, en el petitum
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
de la demanda deprecó el resarcimiento de perjuicios y la condena en costas con
inclusión de las agencias en derecho a su favor, como consecuencia de la declaración
de nulidad de los actos demandados, como se dispuso en el ordinal primero de la
sentencia acusada.
Se configuró en los ordinales tercero y quinto de la providencia atacada un defecto
material o sustantivo, porque el juez efectuó una interpretación y aplicación de las
disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que lesionó sus derechos
fundamentales al debido proceso judicial y al trabajo.
2.4. Actuación procesal
Mediante providencia del 5 de agosto de 2024, el magistrado Oswaldo Giraldo López
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, como demandados, Así mismo, se dispuso la
notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, al señor Pedro
Antonio Niño Becerra, a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en las resultas de esta acción,
para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran
el respectivo informe.
Por auto del 23 de agosto de 2024, se resolvió comunicar a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander la existencia del presente trámite, dado
que les asiste interés, teniendo en cuenta que fueron estos los que conocieron en
primera instancia del expediente 54001 23 31 000 2010 00018 00, del que se
desprende el motivo de la controversia propuesta por la accionante.
2.5. Intervenciones
2.5.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. El doctor Jaime
Enrique Rodríguez Navas alega que no es procedente la acción de tutela interpuesta
por la señora María Claudia Niño Hernández, con fundamento en los siguientes
argumentos:
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
La accionante debía demostrar que, contrario a lo concluido en la sentencia, en el
expediente había medios probatorios que demostraran que su conducta cumplía con
las características descritas en la normativa y que no habían sido tenidos en cuenta al
momento de analizar la procedencia de la condena en costas y de la fijación de
agencias en derecho.
En lo atinente a la aplicación de un criterio jurisprudencial de valoración del dictamen
posterior a su práctica, se recuerda que, como lo ha precisado la Corte Constitucional,
la jurisprudencia de los órganos de cierre tiene un carácter vinculante general e
inmediato, en sentido vertical y horizontal.
Lo anterior, porque la abogada Niño Hernández adujo que en la sentencia acusada se
atendió lo dispuesto por la Sección Tercera, Subsección C en el auto del 14 de
diciembre de 2022, para efectuar la valoración de un dictamen pericial rendido el 15
de noviembre de 2011, lo que trajo como consecuencia la negación de las
pretensiones, entre ellas, la fijación de las agencias en derecho, lo que llevó a que se
desestimara el mencionado medio de prueba y a que se dejara a la parte demandante
sin el sustento requerido para la prosperidad de la pretensión de indemnización del
lucro cesante que, a su vez, era la «base de cálculo de la condena de agencias en
derecho».
Pese a lo expuesto, la apreciación del informe pericial con base en las reglas fijadas
en una providencia posterior a su práctica no supone la violación alegada, pues, no
solo la jurisprudencia de los órganos de cierre debe aplicarse de forma general e
inmediata, sino que, además, el juez debe respetar sus propias decisiones, y esto
implica que tiene la obligación de sujetarse a las pautas establecidas en materia de
valoración probatoria.
Al margen de lo anterior, cabe precisar que los criterios definidos en el auto del 14 de
diciembre de 2022 recogieron, entre otras, las reglas establecidas en los artículos 187
y 241 del Código de Procedimiento Civil, relacionadas con la apreciación de las
pruebas y de los dictámenes periciales, normas que, según la solicitud de amparo,
debían utilizarse al valorar el mencionado medio de prueba.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
Además, la accionante no explicó por qué los razonamientos aplicados en la aludida
providencia no podían ser utilizados en el caso concreto ni la forma en que ello
determinaría una condena en costas favorable a sus intereses ni adujo circunstancias
especiales que habrían de ser tenidas en cuenta para evitar el desconocimiento de sus
garantías fundamentales.
Finalmente, la tutela no procede en este caso, porque no hay legitimación en la causa
por activa, ya que si bien, María Claudia Niño Hernández acudió al mecanismo
constitucional con el fin de que se proteja un interés propio, lo cierto es que el titular
del derecho de acción y quien podría verse afectado con la sentencia censurada es su
representado en el proceso contencioso, el señor Pedro Antonio Niño Becerra.
2.5.2. La Agencia Nacional de Minería, por medio de apoderado solicitó se
desestimaran las peticiones formuladas en la acción de tutela; en consecuencia, se
eximiera a la entidad de toda responsabilidad que por acción u omisión pretendiera
endilgarle la demandante.
2.6. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 19 de septiembre de 2024,
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por la Agencia Nacional de Minería e improcedente la acción de tutela, por los
siguientes motivos:
En primer lugar, advirtió que la señora María Claudia Niño Hernández, se encuentra
legitimada para controvertir los numerales tercero y quinto de la sentencia del 24 de
abril de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado,
en virtud de lo previsto en el escrito de subsanación de la demanda, radicado al interior
del proceso de controversias contractuales y que reposa en el Sistema de Gestión
Judicial en el índice 32 del expediente 54001 23 31 000 2010 00018 01, en el que se
fijó como súplica el «pago de las costas del proceso, y de las agencias en derecho del
apoderado de la parte actora que me permito estimar en un valor porcentual del 30 %
sobre la liquidación que arroje la indemnización por los perjuicios causados a mi
poderdante», dado que la vulneración invocada tiene relación directa con dicha
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pretensión.
Así las cosas, como se demostró que la accionante era la encargada de representar
al señor Niño Becerra en la acción de controversias contractuales, de acuerdo con el
memorial de sustitución de poder que reposa en el índice 2 de Samai y debido a que
la autoridad judicial demandada negó la condena en costas y la solicitud relacionada
con las agencias en derecho, existe legitimación en la causa por activa.
Así mismo, estimó que no era procedente declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Agencia Nacional de Minería, pues actuó como entidad
demandada en el proceso contractual en el que se profirió la providencia debatida,
razón por la cual, la decisión que resulte del trámite constitucional puede incidir en sus
intereses.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que la controversia propuesta por la actora gira
en torno a la falta de condena en costas y agencias en derecho a su favor, pues
considera que al no haber sido analizado el dictamen pericial del 15 de noviembre de
2011, a la luz de los artículos 8.º, 9.º, 176, 183, 187, 191, 236, 237, 238 y 241 del
Código de Procedimiento Civil, normas vigentes para el momento en que se practicó
la experticia, ya que se aplicó el criterio del auto del 14 de diciembre de 2022, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, se negó la pretensión relacionada con la
indemnización de perjuicios, base para el pago de las mencionadas figuras y, no
obstante, depreca la protección de los derechos al debido proceso y al trabajo, lo cierto
es que la discusión que propone en el presente proceso, por un lado, se relaciona con
aspectos de mera legalidad, concretamente, con la aplicación de las normas que rigen
la valoración de los dictámenes periciales y, por otro, tiene alcance económico, pues
lo que pretende es que se le conceda el pago por el concepto de agencias en derecho
y costas procesales, tal discusión escapa de la órbita de la competencia del juez
constitucional.
Por lo anotado, la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto no cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que el segundo elemento
que la compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional para evitar que el recurso de amparo
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se emplee como medio judicial para discutir asuntos de mera legalidad y/o
económicos, no fue superado.
2.7. Impugnación
La accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
ordene lo siguiente:
PRIMERO: Revocar el Ordinal Segundo del Fallo de Tutela de 1ra instancia,
proferido por la Sala contencioso-administrativa de la Sección Primera del Consejo
de Estado.
SEGUNDO: Amparar al Tercero Afectado, los derechos fundamentales al debido
proceso judicial art 29 en conexidad con el derecho al trabajo art 25 y acceso a la
administración de justicia art 229 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO: Declarar la nulidad de los ordinales Tercero y Quinto en Fallo proferido
el 24 de abril de 2024, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del proceso de controversias contractuales con Rad.
54001233100020100001801.
CUARTO: Ordenar a la Sala de origen, en el término de 48 horas, emitir sentencia
complementaria sobre lo anulado, que resuelva lo que en derecho corresponda.
Como razones de inconformidad con la decisión del a quo, señala que tanto la falta
como la indebida aplicación normativa, no es una simple discusión de tipo legal, que
tiene consecuencias de índole económico, que se sustentan en el petitum de la
demanda, ya que el demandante deprecó el pago de resarcimiento indemnizatorio y
agencias en derecho en la acción de controversias contractuales; entonces, aquí se
trata de que el juzgador se pronunció por fuera de la normativa que controlaba su
actuación, con lo cual violó el debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo
y acceso a la administración de justicia; por tanto, la acción de tutela tiene que ver con
un juicio de validez sobre lo resuelto en los ordinales tercero y quinto del fallo proferido
el 24 de abril de 2024, por la Subsección C de la Sección Tercera dentro del proceso
con radicación 54001 23 31 000 2010 00018 01.
Así las cosas, dado que se transgredieron garantías de raigambre constitucional, tales
como el debido proceso contemplado en el artículo 29 en conexidad con lo dispuesto
en los artículos 25 y 229 de la Constitución Política, la acción instaurada tiene
relevancia constitucional, ya que expone vulneraciones comprometedoras de
contenidos protegidos por la norma superior, que deben ser examinados por el juez de
tutela.
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Con relación a la afirmación de la primera instancia, en el sentido de que pretende que
se conceda el pago por concepto de agencias en derecho y costas procesales; se
constata en el escrito de demanda, que no se plantea como una pretensión; ya que se
trata de la solicitud de amparo de derechos inmersos dentro de las garantías
constitucionales que le asisten a quien fue demandante en el proceso contencioso-
administrativo.
Por tanto, se disiente de las consideraciones del a quo para declarar improcedente la
acción de tutela, ya que no se trata solamente de una discusión de tipo legal o
económico, que esté invadiendo la independencia judicial del juez en el proceso
ordinario, sino del actuar del juzgador que, al no sujetarse a las reglas procesales,
afectó sus garantías iusfundamentales, las cuales se hallan contenidas dentro de las
que tiene quien demandó en la acción de controversias contractuales.
En virtud de lo anterior, se solicita dejar sin efecto los ordinales tercero y quinto del
fallo dictado dentro del proceso contencioso-administrativo, a los que se les ha
endilgado el defecto material o sustantivo como causal específica.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.
3.2. Problema jurídico
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» la demanda que plantea la señora María
Claudia Niño Hernández contra la sentencia del 24 de abril de 2024, que profirió la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de
controversias contractuales con radicación 54001 23 31 000 2010 00018 01.
3.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
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consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
3.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
El 1.º de julio de 2008, el señor Pedro Antonio Niño Becerra, por medio de apoderada,6
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda
para que se declararan nulas las resoluciones DSM 979 del 29 de noviembre de 2007
y DSM 50 del 13 de febrero de 2008 expedidas por la Dirección del Servicio del Instituto
Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), a través de las cuales se declaró la
caducidad del Contrato 1882 T.7
El 22 de mayo de 2009, la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió no darle
trámite a la demanda presentada por el señor Pedro Antonio Niño Becerra en contra
de la Nación (Ministerio de Minas, Instituto Colombiano de Geología y Minería) y
dispuso su envío por competencia al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en cuanto según el artículo 128, numeral 6, del Decreto 1 de 1984, los asuntos mineros
y petroleros se debían ventilar a través de la acción de controversias contractuales.8
El 12 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó al
accionante adecuar la demanda inicialmente impetrada como acción de nulidad y
restablecimiento del derecho a la acción contractual prevista en el artículo 87 del
Código Contencioso Administrativo, en cumplimiento de lo exigido en los artículos 137
y siguientes ibidem.9
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 La abogada María Claudia Niño Hernández.
7 Índice 32, del expediente electrónico 54001 23 31 000 2010 00018 01.
8 Índices 32, del expediente electrónico 54001 23 31 000 2010 00018 01.
9 Índices 32, del expediente electrónico 54001 23 31 000 2010 00018 01.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
El 24 de marzo de 2010, el accionante radicó ante el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander memorial de corrección, en el que solicitó lo siguiente:10
i.- Se declare la nulidad de los actos administrativos definitivos Resoluciones DSM
No. 979 del 29 de noviembre de 2.007, y DSM No. 050 del 13 de febrero de 2.008
que confirma la declaración de caducidad del Contrato de Pequeña Explotación
Carbonífera No. 1882-T.
ii.- Se le restituyan consecuencialmente a mi poderdante sus derechos dentro del
Contrato de Pequeña Explotación Carbonífera No. 1882-T.
iii.- Se ordene a la Dirección de Servicio Minero del Instituto Colombiano de
Geología y Minería INGEOMINAS:
Adelantar nuevamente el procedimiento administrativo para proveer al
concesionario el ejercicio de sus derechos constitucionales, legales y
contractuales.
Inscribir en el Registro Minero Nacional el Contrato de Pequeña Explotación
Carbonífera No. 1882-T.
Informar la vigencia del Contrato No. 1882-T, en lo que compete a las siguientes
entidades: Corponor, la Alcaldía de El Zulia, la Dirección de Minas del Ministerio
de Minas y Energía, la Contraloría General de la República, la Procuraduría
General de la República, la Cámara de Comercio de Cúcuta; en reversión a lo
ordenado en el artículo cuarto de la Resolución DSM No. 979 del 29 de noviembre
de 2.007.
iiii.- Se condene al Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS-:
A indemnizar los perjuicios causados al señor PEDRO ANTONIO NIÑO BECERRA por
incurrir en vicios de ilegalidad al proferir las [r]esoluciones que declaran la
caducidad del Contrato de Pequeña Explotación Carbonífera No. 1882-T, y como
consecuencia de esta condena se liquiden los perjuicios: Del daño emergente por
el deterioro de las obras realizadas para el desarrollo de la actividad minera; y del
lucro cesante por la producción que se ha dejado de percibir en la explotación
carbonífera, tomando como base de producción: la estimación acordada por las
partes en la cláusula séptima del contrato No 1882-T esto es de 12.000 toneladas
anuales de carbón, teniendo en cuenta que el carbón que se extrae en la mina
Madroños por sus propiedades corresponde al coquizable; y como base de precio:
el valor promedio de cotización por tonelada en el mercado a la fecha que se
realice el peritaje que se solicita en esta demanda.
Lo anterior durante el tiempo transcurrido desde la fecha de declaración de
ejecutoria de la declaración de caducidad esto es el 19 de marzo de 2.008, hasta
la fecha en que profiera sentencia definitiva, y que por consiguiente incluya el I.P.C.
como factor de reajuste sobre los valores que representa la sanción monetaria.
Al pago de las costas del proceso, y de las agencias en derecho del
apoderado de la parte actora que me permito estimar en un valor porcentual
10 Índices 32, del expediente electrónico 54001 23 31 000 2010 00018 01.
14
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
del 30 % sobre la liquidación que arroje la indemnización por los perjuicios
causados a mi poderdante. (Negrilla de la Sala)
El 31 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió
providencia dentro del proceso contractual con radicación 54001 23 31 000 2010
00018 00, en la que dispuso lo siguiente:11
PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios
del proceso o su remanente, si lo hubiere.
TERCERO: Una vez en firme la presente providencia, archivar el expediente, previas
las anotaciones secretariales de rigor.
El 24 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al decidir
el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la providencia anterior,
resolvió lo siguiente:12
REVÓCASE la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete
(2017) por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con lo considerado
en esta providencia y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones DSM núm. 979 del 29 de
noviembre de 2007 y 050 del 13 de febrero de 2008, proferidas por el Instituto
Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
SEGUNDO: ORDENAR restablecer el plazo de ejecución del contrato de pequeña
explotación carbonífera núm. 1882T por el término que restaba al momento en que
cobró ejecutoria la sanción de caducidad.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el [m]agistrado Dr.
Nicolás Yepes Corrales para conocer del presente asunto.
QUINTO: sin condena en costas.
[…]
El 23 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación
dispuso la corrección de oficio de la sentencia del 24 de abril de 2024, en los siguientes
11 Índices 32, del expediente electrónico 54001 23 31 000 2010 00018 01.
12 Índices 10 y 12, del expediente electrónico.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
términos:13
PRIMERO: CORREGIR el primer inciso de la parte resolutiva de la sentencia dictada
el 24 de abril de 2024, por esta Subsección, que quedará así:
«REVÓCASE la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete
(2017) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de acuerdo con lo
considerado en esta providencia y, en su lugar, se dispone: […]».
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia por medio de la Secretaría de la
Sección Tercera.
3.5. Análisis de la Sala
3.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el caso en
estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que
plantea la parte actora gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto se
censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta dentro
de la acción contractual con radicación 54001 23 31 000 2010 00018 00 [01].
Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de reproche
constitucional data del 24 de abril de 2024, se notificó por edicto electrónico el 10 de
mayo de 2024 y, la presente acción de tutela se radicó ante la Secretaría General de
esta corporación el 29 de julio de 2024,14 es decir, dentro del término de los seis meses
que señaló el Consejo de Estado como prudencial para el ejercicio de la acción de
tutela contra providencia judicial. Mediante auto del 23 de agosto de 2024, se corrigió
de oficio la sentencia, notificado electrónicamente a las partes el 13 de septiembre de
2024.
En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
13 Índices 10 y 12, del expediente electrónico.
14 Índice 1, del expediente electrónico.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos frente a los que se alega vulneración».
El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de controversias contractuales.
En tales condiciones, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
formuló inicialmente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
permiten el uso de la acción de tutela para discutir la sentencia del 24 de abril de 2024,
que emitió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
3.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
3.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
17
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
proceso.15
3.5.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».16
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
evaluación probatoria del juez de conocimiento.17 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
3.5.3. El caso concreto
15 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
La señora María Claudia Niño Hernández somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria,
pues alega que, en el análisis efectuado por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, se aplicó una regla de valoración de la eficacia probatoria que
no corresponde a las vigentes para la fecha en que se rindió el dictamen pericial, toda
vez que para examinarlo empleó los criterios fijados por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en auto del 14 de diciembre de 2022, cuando este se
realizó el 15 de noviembre de 2011, época en la que imperaba lo establecido en los
artículos 8.º, 9.º, 176, 183, 187, 177, 191, 236, 237, 238 y 241 del Código de
Procedimiento Civil, circunstancia que llevó a que se desbordaron las exigencias tanto
al informe como de acreditación e idoneidad del perito designado por el a quo de la
lista de auxiliares, cuya competencia le permitía cumplir la labor encomendada,
rindiendo su concepto sobre los puntos ordenados por el despacho, centrados en el
Contrato 1882T.
Así mismo, porque excluyó la condena en costas, sin prueba que respaldara su
decisión, ya que en el expediente se acreditó el ataque al dictamen pericial, toda vez
que la entidad accionada lo objetó por error grave; no obstante, incumplió la carga
procesal de aportar medio que lo desvirtuara, según lo previsto en los artículos 238,
numeral 5 y 71, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil; por consiguiente, debió
dar cumplimiento a la regla fijada en el artículo 392, numeral 4, ibidem.
La Sección Tercera, Subsección C, analizó lo concerniente a la indemnización de
perjuicios materiales reclamada por el señor Pedro Antonio Niño Becerra a título de
daño emergente por el deterioro de las obras realizadas para el desarrollo de la
actividad minera y del lucro cesante por la producción que dejó de percibir tomando
como base la estimación acordada por las partes en la cláusula séptima del Contrato
1828-T en 12.000 toneladas anuales de carbón y el precio el valor promedio de
cotización a la fecha en que se realizara el peritaje, con fundamento en el dictamen
que se solicitó en el escrito inicial y que se practicó el 15 de noviembre de 2011. Al
efecto indicó lo siguiente:
El dictamen pericial fechado el 15 de noviembre de 2011, fue rendido por quien se
identificó como “auxiliar de la Justicia con licencia”, condición en virtud de la cual
(i) expuso la localización de la mina, (ii) describió la infraestructura desarrollada
(vía de acceso, campamento y mina), (iii) analizó la existencia de una falla
geológica, (iv) estableció la inexistencia de daño emergente y (v) calculó el monto
19
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
del lucro cesante[…]
En lo referente al daño emergente por el deterioro de la infraestructura instalada para
el desarrollo de la actividad minera destacó lo siguiente del informe presentado por el
perito lo siguiente:
(i) que los dos salones para dormitorios con cimentación en concreto y pisos en
cemento rustico, se encontraban en regular estado de conservación, (ii) que los
baños dotados con cinco cubículos, dos duchas, sin puertas ni aparatos sanitarios,
se encontraban en mal estado de conservación, (iii) que el quiosco construido en
madera rolliza, piso de cemento y ladrillo tenía un mal estado de conservación y,
(iv) la cocina, alcoba y comedor construidos en concreto en un área de 200 m, se
encontraban en buen estado de conservación.
Consideró la Sección Tercera, Subsección C, que no era clara la existencia de una
relación directa entre la declaración de caducidad del contrato y el menoscabo de la
infraestructura, además, al cuantificarlo, el perito tomó como base de liquidación el
ingreso no devengado, así:
(i) El precio del carbón en boca de mina durante el segundo semestre de 2006 y el
primero de 2007, el cual determinó a partir de la información recaudada con
productores del mismo mineral como las fincas Conminas, Carbón de Darío Flores
y Frontier Coal Ltda.; “dicha indagación dio como resultado que en el primer
semestre del año 2006 se vendió carbón a sesenta mil pesos ($60.000,00)
tonelada y para el primer semestre del año 2007 a cincuenta y dos mil pesos
($52.000,00) tonelada”.
(ii) El precio del carbón en boca de mina desde el segundo semestre del 2007
hasta septiembre de 2011, para lo cual tomó como base la “liquidación de Regalías
sobre productos en la zona de Santanderes en Carbón Térmico, de conformidad
con las Resoluciones emitidas por La Unidad de Planeación [Minero-Energética]
(UPME)”.
(iii) “La cantidad de toneladas dejadas de producir en cada período de vigencia de
la correspondiente resolución”.
Con la información referida y la indexación aplicada, presentó un “cuadro de
ajustes lucro cesante” por cuatro mil ochocientos cincuenta y un millones
cuatrocientos sesenta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con veintiséis
centavos ($4.851.460.754.23).
Así mismo, resaltó que en el escrito de aclaración del dictamen que se presentó por la
objeción presentada por la entidad demandada en lo atinente a la falla geológica y la
estimación del lucro cesante, se consignó lo siguiente:
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
(i) “con relación al lucro cesante, se tomó como base el contrato de Pequeña
Explotación carbonífera N’ 1882-T suscrito entre la Empresa Minera Limitada-
Minercol Ltda y el señor Pedro Antonio Niño Becerra, con el fin de proyectar la
utilidad económica dejada de percibir durante la cesación de actividades hasta la
fecha de visita al predio, lucro cesante expuesto en el ‘Cuadro de Ajuste Lucro
Cesante’ anexo al dictamen”; y (ii) “[r]especto al cálculo del Daño Emergente me
ratificó en todo su contexto, como bien referencié en el informe pericial rendido”,
en el que se abstuvo de determinar dicho perjuicio.
Concluyó la Sección Tercera, Subsección C, que el dictamen pericial además de no
dar cuenta del daño emergente no partió de fuentes contrastables ni precisas para
definir el precio del carbón que usó para determinar el lucro cesante. Sobre el particular
hizo el siguiente pronunciamiento:
No existe constancia alguna de los precios que el perito refirió en su informe, ni de
las visitas a minas vecinas que dijo haber realizado para definir el precio del carbón
entre 2006 y 2007, además de partir de una referencia excesivamente general para
cuantificar este precio entre 2007 y 2011, como lo es la liquidación de regalías
sobre productos en la zona de Santanderes, de conformidad con unas
resoluciones emitidas por UPME, que ni tan siquiera citó concretamente. Las
fuentes directas sobre el precio del carbón que empleó son, de esta forma, exiguas
e imprecisas; mientras que las fuentes indirectas son indefinidas, circunstancia que
impide contrastar su calidad. El dictamen carece así del fundamento empírico
requerido en un juicio científico o técnico riguroso.
La ausencia de un fundamento empírico imposibilita, a su vez, la determinación de
la solidez de los juicios deductivos realizados a partir de las fuentes empleadas;
análisis en el que, además de la insuficiencia de su fundamentación, no resulta
posible de establecer el margen de error que pueda acusar la estimación, lo cual
le resta rigor científico. Y pese a que se le pidió aclaración, el perito se ratificó en
sus conclusiones, con una simple alusión al contrato suscrito, en el cual no se
especifica el precio de carbón ni la producción real de la mina.
Tampoco expone las relaciones explicativas que pudieran existir entre los datos
empleados y las conclusiones alcanzadas. Se echa de menos, particularmente,
una fundamentación clara de la manera en la que fueron cuantificadas las
toneladas de carbón dejadas de producir por la inactividad de la mina 120, pues
en el contrato fue únicamente estimada una producción anual, bajo la condición de
que “la producción definitiva será la que resulte del programa de trabajos e
inversiones (PTI)”; documento que ni siquiera fue mencionado en el dictamen
pericial.
Finalmente, el perito no expuso ni acreditó su idoneidad, experiencia y
competencia para rendir el concepto técnico solicitado. Sólo mencionó que tenía
la condición de “auxiliar de la Justicia con licencia”. No existe así, siquiera, un
indicio de rigor científico o técnico del dictamen practicado en este proceso con el
objeto de determinar los perjuicios ocasionados, por lo cual este peritaje no tiene
eficacia para probar los hechos que tenía por objeto.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
Agregó la autoridad accionada que la pretensión dirigida a que se restituyeran los
derechos dentro del contrato de pequeña explotación carbonífera como consecuencia
de la nulidad de los actos que declararon su caducidad, resultaba incompatible con la
reclamación del lucro cesante, porque la habilitación del término de duración por lo que
restaba al momento en que cobró ejecutoria la sanción, permitiría al contratista obtener
la ganancia o provecho proyectados por ese lapso, circunstancia que, implícitamente,
excluía el reconocimiento de lo dejado de recibir por causa de la declaración de
caducidad del contrato, pues modificaba el plazo contractual al punto de generar un
doble pago por el mismo perjuicio. Además, negó la súplica pecuniaria consistente en
la indemnización de perjuicios materiales ante la inexistencia de prueba de su
causación.
Por otra parte, la Sección Tercera, Subsección C, estimó que no había lugar a la
condena en costas, toda vez que no se demostró en el proceso que alguna de las
partes hubiera incurrido en una actuación temeraria, condición exigida por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, para su imposición.
En ese orden de ideas, considera la Sala que la motivación expuesta por la autoridad
demandada para dar solución a la litis trajo a colación el acervo encontrado en el
plenario, especialmente, el dictamen pericial del 15 de noviembre de 2011 y su
aclaración, procedió a su efectiva valoración y explicó ampliamente las razones por las
cuales estimaba que no había lugar a la indemnización de perjuicios materiales, pues
no se demostró su causación ni a la condena en costas, porque no se probó una
actuación temeraria por ninguna de las partes condición necesaria para su imposición
según lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En tal sentido, no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el ámbito
valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una
mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
Lo que advierte la Sala, en el asunto, es la inconformidad de la parte actora con la
lógica y el análisis que efectuó la Sección Tercera, Subsección C, de esta corporación,
al resolver la apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia que
denegó las súplicas de la demanda y, propone un examen de las probanzas, que, a su
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
juicio, es el que debió darse, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional no
solo porque no es de su competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el
defecto fáctico está estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte
Constitucional y en ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de
estudiar la prueba bajo consideraciones propias del juez de tutela, como lo pretende
la señora Niño Hernández.
Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto» o para cubrir las falencias
en que hayan incurrido las partes en un proceso, como lo plantea el accionante en esta
oportunidad.
Ahora, en lo relativo a que se incurrió en defecto sustantivo porque no se apreció el
dictamen pericial conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento
Civil, sino con base en los parámetros fijados por la Sección Tercera, Subsección C
de esta corporación en el auto del 14 de diciembre de 2022, considera la Sala que en
modo alguno, constituye transgresión de las garantías fundamentales de la accionante,
sino que corresponde a las atribuciones de autonomía e independencia de las que está
investido el juez de la causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley
sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al caso concreto.
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
Bajo ese entendido debe señalarse que el respeto al principio de la autonomía impide
al juez de tutela inmiscuirse en asuntos de índole interpretativo, como el presente, pues
su competencia, como lo ha dicho la Corte Constitucional «se activa únicamente en
los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad», 18 lo que
no se observa en el asunto sub examine.
En ese sentido, considera la Sala que la decisión proferida por la Sección Tercera,
Subsección C, no comporta una actuación incursa en vía de hecho que vulnere el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, pues en ejercicio de su
autonomía funcional se encargó de presentar las razones fácticas y jurídicas con las
cuales sustentó porque no prosperaba la condena por perjuicios materiales y, en
consecuencia, había lugar a denegar las súplicas pecuniarias formuladas en el medio
de controversias contractuales.
IV. CONCLUSIÓN
La Sala concluye que en la providencia del 24 de abril de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó el fallo del 31de mayo de 2017,
dictado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no se incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción interpuesta
y, en lugar, se denegará el amparo deprecado por la señora María Claudia Niño
Hernández.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
18 Sentencia T-416 de 2016.
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Demandante: María Claudia Niño Hernández
FALLA
Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 19 de septiembre de 2024,
que dictó el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela. En su lugar, negar el amparo solicitado por la señora
María Claudia Niño Hernández, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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