Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2010-00018-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2010-00018-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2010-00018-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01 (60039)
Demandantes: Pedro Antonio Niño Becerra
Demandados: INGEOMINAS (hoy Agencia Nacional de Minería)
Referencia: Acción contractual
Tema 1: Celebración y perfeccionamiento del contrato. Tema 2: Nulidad de actos que
declararon la caducidad del contrato de pequeña explotación carbonífera. Subtema 2.1:
Obligación contractual de comunicación de acto que inició procedimiento de caducidad, no
acreditada. Subtema 2.2: Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como
causal de nulidad. Violación del debido proceso administrativo por influir en el sentido de
la decisión final de manera grave y determinante. Subtema 2.3: Reparación in natura.
Restablecimiento del término de duración del contrato como consecuencia de la nulidad
(pretensión principal). Subtema 2.4: Perjuicios materiales. Dictamen pericial carente de
requisitos formales y sustanciales. Tema 3: Criterios de valoración del dictamen pericial:
reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección procede a resolver el recurso de apelación formulado por la parte
actora contra la sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de
la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución DSM 979 del
29 de noviembre de 2007, dictada por el Director del Servicio Minero de
INGEOMINAS, que declaró la caducidad del contrato de pequeña minería 1882T
del 24 de julio de 2001, para la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en
el municipio de Zulia, Norte de Santander, así como de la Resolución DSM 050 del
13 de febrero de 2008, que confirmó la anterior decisión; y que, en consecuencia,
se ordene el restablecimiento del derecho por los perjuicios económicos que
―afirma― le fueron causados. Aduce que los actos demandados desconocieron el
derecho de defensa y audiencia, debido a que no se le comunicó el inicio del
proceso sancionatorio; que este proceso se adelantó de manera irregular, porque
se le ocultó al demandado; y que el acto inicial fue proferido por funcionario u
organismo incompetente, debido a que no estaba facultado para sancionar al
demandado con inhabilidad para contratar con el Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. El señor Pedro Antonio Niño Becerra formuló demanda contra la Resolución
DSM 979 del 29 de noviembre de 2007, proferida por el Director del Servicio Minero
del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), que declaró la
caducidad del contrato de pequeña explotación carbonífera 1882T, celebrado entre
el demandante y la Empresa Nacional Minera Ltda. (MINERCOL LTDA.), para la
1 La demanda fue presentada el 1 de julio de 2008 (folios 1 a 22, cuaderno 1). Se presentó inicialmente ante el
Consejo de Estado; sin embargo, fue remitida por competencia al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
que ordenó adecuarla al medio de control de controversias contractuales (adecuación realizada el 24 de marzo
de 2010 (folios 108 a 119, cuaderno 1).
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
exploración de un yacimiento ubicado en la vereda Las Piedras del municipio de
Zulia, departamento de Norte de Santander. De igual manera, demandó la
Resolución DSM 050 del 13 de febrero de 2008, que confirmó la anterior resolución,
dictada por el mismo funcionario; y pretende que “[s]e le restituya
consecuencialmente […] sus derechos dentro del contrato de pequeña explotación
carbonífera No. 1882T”.
Como pretensiones adicionales, deprecó el pago del daño emergente, por el
“deterioro de las obras realizadas para el desarrollo de la actividad minera”2 y el
lucro cesante causado, “por la producción que se ha dejado de percibir en la
explotación carbonífera […] desde la fecha de declaración de ejecutoria de la
declaración de caducidad, esto es, el 19 de marzo de 2008, hasta la fecha en que
se profiera sentencia definitiva”3. Para calcular el lucro cesante, sostuvo que debía
tenerse en cuenta una producción anual de 12.000 toneladas y el valor promedio de
cotización por tonelada en el mercado.
1.2. Como fundamentos fácticos, relató los hechos siguientes hechos:
1.2.1. Que el 24 de julio de 2001, el demandante y la Empresa Nacional de
Minería (MINERCOL Ltda.) celebraron el contrato de pequeña explotación
carbonífera 1882T (en adelante, “Contrato 1882T de 2001”) para el “área
comprendida por la siguiente alinderación definida por puntos, rumbos,
distancias y coordenadas: plancha I. G.A.C. No. 87-4-C-, […] área ubicada
en la vereda Las Piedras, jurisdicción del municipio El Zulia, departamento
de Norte de Santander, que comprende una extensión superficiaria total de
130 hectáreas y 1.362.500 metros cuadrados”4. El plazo del contrato se
estipuló en 10 años, desde la fecha de inscripción en el Registro Minero
Nacional, que ocurrió el 1 de febrero 2002.
1.2.2. Que, desde el segundo semestre del año 2006, no ha podido realizar
labores de explotación minera debido a una falla geológica, según afirma en
la corrección de la demanda. Aduce el actor que esta circunstancia originó la
suspensión temporal de las obligaciones contractuales durante un periodo de
seis meses, con el fin de demoler dicha falla geológica. No obstante, debido
a condiciones climáticas, tales obras de demolición tuvieron que aplazarse.
1.2.3. Que, de acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de los actos
demandados, “el 2 de Agosto de 2.007 de conformidad con lo anunciado por
el Grupo de Trabajo Regional Cúcuta, la Universidad Francisco de Paula
Santander practicó la visita técnica que fue autorizada por el señor PEDRO
ANTONIO NIÑO BECERRA quién no asistió por motivos de salud, de lo cual
en el Acta de Visita Técnica y Seguridad se deja constancia, haciendo
anotación sobre la inactividad de la mina, y con conocimiento de la misma se
registraron observaciones de carácter técnico apropiadas en el caso de que
la mina estuviera activa”.
1.2.4. Que en los actos demandados también se afirmó “que el 10 de agosto
de 2.007 el Grupo de Trabajo Regional Cúcuta del INGEOMINAS mediante
Oficio radicado bajo el No. GTCR-761, le informa al concesionario señor
PEDRO ANTONIO NIÑO BECERRA, que se encuentra incurso en causal de
caducidad de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima Quinta,
numeral 25.2.7 del referido contrato, por incumplimiento contractual respecto
a la presentación de las pólizas de garantía reajustadas para la vigencia del
2 Folio 117, cuaderno 1.
3 Ibídem.
4 Folio 109, cuaderno 1.
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Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
año 2.007, al igual que la presentación de las declaraciones de producción
de III y IV trimestre de 2.006, y I y II trimestre de 2.007; para lo cual le otorga
el término de un mes calendario contados a partir del recibo del oficio, para
rectificar subsanar la falta que se le atribuye o para formular su defensa”.
1.2.5. Que la Resolución DSM 979 del 29 de noviembre de 2007, confirmada
en reposición mediante la Resolución DSM 050 del 13 de febrero de 2008,
declaró la caducidad del contrato e inhabilitó al señor Pedro Antonio Niño
Becerra para contratar con el Estado, por un plazo de cinco años, contados
a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
1.3. Como cargos de ilegalidad, la parte actora alegó:
1.3.1. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, pues en
las actuaciones administrativas del procedimiento sancionatorio en el que
fue declarada la caducidad contractual, el ente demandado desconoció la
cláusula decimosexta del Contrato 1882T de 2001, al no comunicarle a los
interesados el inicio del proceso sancionatorio, con lo cual violó, por contera,
el debido proceso.
1.3.2. Procedimiento sancionatorio irregular, porque el concesionario no
pudo ejercer sus derechos constitucionales y legales, en razón a que
INGEOMINAS ocultó la actuación administrativa al interesado.
1.3.3. Acto administrativo proferido por funcionario u organismo
incompetente, debido a que la autoridad minera no era competente para
imponer la sanción de inhabilidad, pues, en su criterio, esta le correspondía
a la Contraloría General de la República; actuación con la cual se invadió “la
órbita de competencia de este otro organismo”5.
1.4. Como normas violadas fueron invocados los artículos 1, 2, 4, 29, 121, 123,
209 y 267 de la Constitución Política, así como los artículos 2, 3, 4, 28, 34, 44 del
Decreto 01 de 1984, antiguo Código Contencioso Administrativo.
2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante auto del 29 de julio de 20106, notificado en debida forma a la parte actora7.
2.2. El INGEOMINAS contestó la demanda, con escrito en el que se opuso a las
pretensiones. Afirmó que el Contrato 1882T de 2001 fue suscrito en vigencia del
Decreto 2655 de 1998, que es así el régimen jurídico del negocio jurídico. Para
defender la legalidad de los actos acusados, argumentó que, en este asunto,
concurrieron los elementos fácticos requeridos para decretar la caducidad del
contrato por la no renovación, reajuste o reposición de las garantías, cuyo fin es
amparar todos los riesgos que pudieran surgir en desarrollo de la actividad
contractual8.
5 Folio 116, cuaderno 1.
6 Folio 122, cuaderno 1.
7 Recuérdese que la demanda fue presentada inicialmente ante el Consejo de Estado y remitida por
competencia al Tribunal Administrativo de Norte de Santander (auto de 22 de mayo de 2009, fls. 77 a 84
cuaderno 1). Este último, mediante auto del 24 de marzo de 2010, solicitó adecuar la demanda (fls. 108 a 109
cuaderno 1).
8 Folios 129 a 142, cuaderno 1.
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Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
2.3. El 14 de abril de 20119, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander abrió
a pruebas el proceso y, mediante auto del 3 de julio de 201310, corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión. No obstante, este último auto fue dejado sin
efectos, habida consideración de que no se corrió traslado de la aclaración del
dictamen pericial rendido en el proceso11. Surtida la anterior actuación, con auto del
10 de junio de 2014, se corrió nuevamente traslado para alegar de conclusión y al
representante del Ministerio Público, para que rindiera concepto.
2.3.1. La parte actora reiteró que el procedimiento sancionatorio tuvo
irregularidades, pues los requerimientos GTRC071 del 10 de agosto de 2007 y
GTRC879 del 28 de septiembre de 2007 no tienen constancia de recibo del
concesionario. Agregó que, a diferencia de lo sostenido por la parte demandada, el
Contrato 1882T de 2001 se rige por la Ley 685 de 2001, teniendo en cuenta que se
perfeccionó el 1º de febrero de 2002 y que, según su artículo 46, el “contrato de
concesión se regirá por las leyes mineras vigentes al tiempo de SU
PERFECCIONAMIENTO”12.
2.3.2. La parte demandada y el representante del Ministerio Público guardaron
silencio en esta oportunidad13.
2.4. El 25 de enero de 2017, la parte actora solicitó la suspensión provisional de
los actos demandados; petición que, en auto del 16 de marzo de 2017, fue
denegada por improcedente, al ser solicitada con posterioridad a la admisión de la
demanda14.
3. Sentencia apelada
En sentencia del 31 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no había lugar
a declarar la nulidad de las resoluciones acusadas, dado que: (i) el concesionario
incumplió la obligación de reajustar las pólizas de garantía del contrato para la
vigencia del año 2007; (ii) los requerimientos fueron dirigidos a la dirección
reportada ante el INGEOMINAS para recibir correspondencia en lo concerniente a
la mina “Madroños”; (iii) no fue violado el derecho de defensa y contradicción del
extremo demandante, toda vez que, mediante el oficio GTRC-761 del 10 de agosto
de 2007, al actor se le otorgó un plazo de un mes para subsanar el incumplimiento
y para que aportara la póliza de garantía correspondiente, pero el concesionario
omitió la atención a tal requerimiento, razón suficiente para declarar la caducidad
del Contrato 1882T de 2001; y (iv) la inhabilidad impuesta al señor Pedro Antonio
Niño Becerra se ajustada a la legalidad, pues la misma Ley 685 de 2001 (artículo
21) previó que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los contratos
de concesión mineras es el previsto en la Ley 80 de 1993 (literal c, numeral 1,
artículo 8). Por consiguiente, la declaración de caducidad tiene como consecuencia
la inhabilidad para contratar con el Estado. Por último, se abstuvo de condenar en
costas15.
4. Recurso de apelación
9 Folio 207, cuaderno 1.
10 Folios 261, cuaderno 1.
11 Folio 308, cuaderno 1.
12 Folio 314, cuaderno 1.
13 Folio 326, cuaderno 1.
14 Folios 377 a 378, cuaderno 1.
15 Folios 380 a 392, cuaderno principal.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
La parte demandante formuló recurso de apelación en el que solicitó la revocación
de la sentencia anterior y, en cambio, que se acceda a las súplicas de la demanda,
toda vez que:
4.1. Se hizo una interpretación errónea del régimen jurídico aplicable al
contrato sub examine, pues “la normatividad [sic] aplicable es el decreto ley
2655 de 1998 y en consecuencia es la norma que controlaba la ejecución de
las cláusulas contractuales”16.
4.2. El proceso administrativo sancionatorio se adelantó de manera oculta al
demandante, porque “fueron emitidos, pero no obra constancia de su
comunicación o notificación. […] La Sala afirma que sí fueron notificados
pero no cita las fechas; y no podría hacerlo ya que no existen registros,
de conformidad con la certificación de la copia del expediente del contrato No
1882-T expedida al actor, por la Secretaria General de INGEOMINAS”.
Con relación al concepto jurídico GTRC-162 del 13 de noviembre de 2007,
“en el cual se emite una opinión acerca del incumplimiento de obligaciones
técnicas y jurídicas del actor”, afirmó que no fue notificado al concesionario
para que ejerciera su derecho de defensa, al controvertir y presentar pruebas.
“Sin el cumplimiento de este requisito, el concepto jurídico se cae y carece
de validez probatoria para sustentar la sanción de caducidad”.
4.3. El Tribunal desconoció el hecho de que la suspensión de las actividades
mineras se produjo debido a la existencia de una falla geológica, que no es
un hecho imputable al concesionario. Por consiguiente, procedía la
“suspensión de labores”, según la cláusula 24 del Contrato 1882T de 2001.
Al respecto, expresó:
“a.- La suspensión de la explotación minera, [sic] se hizo debido a la existencia de
una falla geológica […]. La Sala excluyó de su análisis este cargo, no obstante que
en el expediente del contrato 1882-T, obra constancia de la inactividad de la
explotación minera, de conformidad con el informe de la visita técnica realizada el 2
de agosto de 2007 con Ingeominas; y que en el expediente de la demanda obra
constancia de las causas de la inactividad en la explotación minera, según dictamen
pericial rendido por el auxiliar de la justicia, que designó el despacho. Era pertinente
examinar este cargo en razón a que la inactividad en la explotación minera, fue un
hecho conocido por la autoridad minera desde antes de iniciar el proceso
sancionatorio, no se trataba de un hecho imputable al concesionario; y para
resolver dicha contingencia, existía estipulación contractual que controlaba dicha
eventualidad, como quiera que es la cláusula vigésima cuarta del contrato de
pequeña explotación minera 1882-T:
Cláusula Vigésima Cuarta: SUSPENSIÓN DE LABORES, en la que se
establece: ‘Si MINERCOL determina que en desarrollo de las actividades
mineras se presentan riesgos a la seguridad personal y a los equipos, o que la
explotación se está adelantando de manera antitécnica de tal forma que
ocasiona el prematuro agotamiento del yacimiento, el desperdicio del material
extraído o la no restauración de los recursos, de oficio o a petición de parte
interesada y sin perjuicio de la facultad de imponer multas, ordenar la
suspensión temporal o definitiva de labores, hasta que a juicio de MINERCOL,
EL CONTRATISTA haya adoptado las medidas correctivas de acuerdo con las
instrucciones de MINERCOL’”17.
Al respecto, adujo que en el informe de la visita técnica realizada por la
Universidad Francisco de Paula Santander, el 2 de agosto de 2007, en virtud
16 Folio 396, cuaderno principal.
17 Folio 398, cuaderno principal.
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Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
de convenio con INGEOMINAS, No 012 de 2007, consta la inactividad de la
mima para la época en que inició el proceso sancionatorio y que, en el
dictamen pericial rendido conforme al decreto de pruebas, consta que la
causa de la inactividad fue la falla geológica existente en la zona de
explotación.
5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
5.1. El recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
a través de auto del 14 de agosto de 2017, y admitido por esta Corporación con
providencia del 14 de febrero de 201818. En auto del 6 de septiembre de 2018 corrió
el traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al agente del Ministerio
Público para que rindiera concepto19.
5.1.1. La parte demandante presentó alegatos de conclusión, en escrito en el que
solicitó acceder a las súplicas de la demanda, pues, en su criterio, “el régimen legal
fue erróneamente aplicado, el análisis de los hechos alegados en la demanda fue
sesgado, las piezas procesales tomadas del expediente del contrato 1882T […]
carecen de validez probatoria y la exclusión en la valoración probatoria del dictamen
pericial: materializan la ilegalidad que impidió restablecer el derecho particular al
actor”20.
5.1.2. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, doctor Nicolás
Yepes Corrales —quien actualmente funge como integrante de esta Sala de
Subsección—, solicitó confirmar la sentencia apelada y negar las súplicas de la
demanda, dado que, a su juicio, “lo afirmado por el demandante no cuenta con
respaldo probatorio”21.
5.1.3. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad22.
5.2. El 12 de enero de 2018, la parte actora reiteró la solicitud de medida cautelar
formulada durante la primera instancia; petición que fue negada en proveído del 17
de julio de 2019, por las mismas razones expuestas en aquella instancia [ver,
numeral 2.4 supra].
6. Manifestación de impedimento
El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento, por haber rendido
concepto en este asunto en condición de agente del Ministerio Público, Procurador
Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Los magistrados William Barrera
Muñoz y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la intervención del magistrado
Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala cuando este punto fue
debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por el
Magistrado Nicolás Yepes Corrales, porque la situación descrita está enmarcada en
la causal descrita en el artículo 141.12 del Código General del Proceso23.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Presupuestos de la sentencia de mérito
18 Folio 411, cuaderno principal. Previa admisión del recurso el expediente fue devuelto al Tribunal, mediante
auto del 4 de octubre de 2017, pues presentaba inconsistencias en la foliatura (fl. 409, cuaderno principal).
19 Folio 413, cuaderno principal.
20 Folio 427, cuaderno principal.
21 Folio 435 Vto., cuaderno principal.
22 Informe secretarial obrante a folio 437, cuaderno principal.
23 Código General del Proceso, artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes: […] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones del
proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. […].”
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Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
2.1.1. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda
vez que el artículo 293 de la Ley 685 de 200124, vigente para la época en que fue
presentada la demanda25, le asigna la competencia a los tribunales administrativos
para conocer en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de
concesión minera. Lo anterior debe leerse en concordancia con el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 201926, que asigna —en materia de reparto, que no de
competencia— el conocimiento de los asuntos de naturaleza contractual a la
Sección Tercera de esta Corporación
2.1.2. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se encuentra acreditado
que el señor Pedro Antonio Niño Becerra, en su condición de titular del contrato de
concesión carbonífera 1882T del 24 de julio de 2001, es el destinatario de las
Resoluciones DSM 979 del 29 de noviembre de 2007 y DSM 050 del 13 de febrero
de 2008, por medio de las cuales se declaró la caducidad y se confirmó tal decisión,
respectivamente27.
La Agencia Nacional de Minería tiene interés en controvertir las pretensiones de la
demanda y, por tanto, está legitimada en la causa por pasiva, en atención a que
asumió las funciones en materia minera que, por competencia, se encontraban
asignadas a INGEOMINAS28. Así, se encuentra acreditada la legitimación en la
causa para proferir sentencia de fondo, por cuanto ambos extremos procesales
guardan conexión con los hechos que motivaron el litigio y, por tanto, son titulares
del interés jurídico sustancial debatido en este asunto29.
2.1.3. En cuanto al término de caducidad, se observa que la demanda fue
presentada en tiempo, pues se tramitó acertadamente como acción de controversias
contractuales, y de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la fuente de
derecho aplicable al asunto para determinar el ejercicio oportuno del medio de
control judicial es el artículo 136.10 del CCA —modificado por el artículo 44 de la
Ley 446 de 1998— por ser la norma vigente para el momento en que el plazo
legalmente previsto para el efecto comenzó a correr.
En el presente asunto fue demandada la nulidad de las Resoluciones DSM 979 del
29 de noviembre de 2007 y DSM 050 del 13 de febrero de 2008, mediante las cuales
fue declarada la caducidad del contrato de concesión 1882T del 24 de julio de 2001.
El término para demandar fenecía así el veinte (20) de marzo de dos mil diez (2010),
en atención a que el acto confirmatorio —Resolución DSM 050— fue notificado el
diecinueve (19) de marzo de dos mil ocho (2008) (fl. 480, c. 3). En ese orden, como
24 La disposición en mención prescribe: “De las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan
por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en primera instancia, los tribunales administrativos
con jurisdicción en el lugar de su celebración”.
25 Ley 153 de 1887. “Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de
su celebración. || Exceptúanse de esta disposición: || 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio
los derechos que resultaren del contrato, […]” (subrayado añadido).
26 Reglamento Interno del Consejo de Estado en el que se asignó a la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento de los procesos adelantados en ejercicio de
las pretensiones de “naturaleza contractual”.
27 Mediante el Decreto 254 del 28 de enero de 2004 se ordenó la supresión, disolución y liquidación de la
Empresa Nacional Minera -MINERCOL LTDA.-, empresa industrial y comercial del Estado, y sus funciones
fueron asignadas al INGEOMINAS, entre ellas, la gestión del expediente minero de la referencia (fl. 331,
cuaderno pruebas 2).
28 La Agencia Nacional de Minería fue creada mediante el Decreto-Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 como
una agencia estatal de naturaleza especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía -con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera-, encargada de ejercer todas las funciones
que, en materia minera, se encontraban asignadas al INGEOMINAS [cfr. artículos 1, 19 y 22 del Decreto-Ley
4134 de 2011].
29 “[…] la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede
el juez adoptar una decisión de mérito y debe, entonces, simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo” (Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997).
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
la demanda fue presentada inicialmente ante el Consejo de Estado el primero (1°)
de julio de dos mil ocho (2008)30, la acción fue incoada oportunamente.
2.2. Planteamiento del problema jurídico:
De acuerdo con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), “el
recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en
la providencia de primer grado y la revoque o la reforme”. Este recurso puede ser
interpuesto por la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia (ejusdem),
a quien le asiste la carga de sustentarlo (parágrafo 1°, artículo 325, CPC), con
argumentos que rebatan las consideraciones del juzgador a quo, los cuales definen
la competencia del de segundo grado (artículo 357, CPC), como lo ha determinado
la jurisprudencia unificada de esta Sección31.
2.2.1. El régimen jurídico aplicable al contrato de pequeña explotación carbonífera
1882T, celebrado entre la entonces Empresa Nacional de Minería (MINERCOL
LTDA.) y el señor Pedro Antonio Niño Becerra el 24 de julio de 2001 e inscrito en el
Registro Minero Nacional el 1° de febrero de 2002, será definido por la Sala en forma
preliminar al estudio de fondo del asunto. Para esto tomará en consideración que el
Código de Minas adoptado con la Ley 685 de 2001 fue publicado en el Diario Oficial
núm. 44545 del 8 de septiembre de 2001.
2.2.2. Una vez se haya establecido el régimen jurídico aplicable, la Sala analizará
el segundo cargo de apelación teniendo en cuenta que la competencia en esta
instancia está determinada por las razones argumentativas y conceptuales
expuestas en el recurso de apelación, conforme al siguiente problema jurídico:
¿La actuación administrativa que antecedió a la expedición del acto con el
que fue declarada la caducidad del contrato de pequeña explotación
carbonífera suscrito por el demandante fue adelantada irregularmente,
porque el INGEOMINAS ocultó el trámite al interesado?
2.2.3. Frente al tercer cargo de la alzada32, concerniente a la presunta suspensión
de las actividades de explotación por causa de una falla geológica en la época
inmediatamente anterior al inicio el procedimiento sancionatorio, esto es, por hechos
no atribuibles al contratista, la Sala observa que el argumento no encaja en los
cargos de ilegalidad esgrimidos en la corrección de la demanda en los que se
circunscribieron los cargos de violación, esto es: (i) el desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa, (ii) irregularidades procesales administrativas y, (iii) falta de
competencia para la declaración de la inhabilidad del contratista33. En
consecuencia, el último cargo de la alzada representa una variación de la causa
petendi, que de ser atendido lesionaría el derecho de audiencia y defensa de la
demandada, pues el demandante no cuestionó, en el escrito introductorio del
proceso, los fundamentos de los actos demandados que declararon la caducidad
del contrato por el incumplimiento de la obligación de presentar las pólizas
preceptivas vigentes34, causal de caducidad diferente a la que se funda en la no
realización de trabajos o la suspensión no autorizada, tal como consta en los hechos
probados que se expondrán en el acápite siguiente 35.
30 Folios 1 a 22 cuaderno 1
31 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, exp. 46005.
32 Aptado. 4.3.
33 Aptados. 1.3.1 a 1.3.3.
34 Aptados. 2.13 y 2.3.14.
35 Ley 685 de 2001. “Artículo 112. “El contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad,
exclusivamente por las siguientes causas: […] c) La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos
establecidos en este Código o su suspensión no autorizada por más de seis (6) meses continuos; […]”.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
2.3. Hechos probados
Los documentos aportados a este contencioso en copia simple serán valorados bajo
consideración de que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen
y no fueron tachados de falsos36, se reputan auténticos porque existe certeza sobre
la persona que los expidió, y porque algunos de ellos clasifican como documentos
públicos, pues fueron expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones37
y, consecuentemente, hacen fe de las declaraciones que en ellos se haga 38. Así,
con los elementos probatorios que obran en el expediente se encuentra acreditado
lo siguiente:
2.3.1. La Empresa Nacional Minera Ltda. (MINERCOL) y el señor Pedro Antonio
Niño Becerra suscribieron el contrato de pequeña explotación carbonífera núm.
1882T del veinticuatro (24) de julio de dos mil uno (2001) (“Contrato 1882T de
2001”), para la explotación de la mina denominada “Madroños”, ubicada en la
vereda Las Piedras del municipio de El Zulia, Norte de Santander39. El plazo del
contrato se estipuló en diez (10) años, contados a partir de su perfeccionamiento,
que tuvo lugar el primero (1°) de febrero de dos mil dos (2002), cuando el contrato
fue inscrito en el Registro Minero Nacional (código HCBG-37)40.
En dicho contrato se pactó que el contratista designaría un representante técnico
con las siguientes funciones:
“DÉCIMA SEXTA: REPRESENTANTES TÉCNICOS. 16.1 Representante Técnico
MINERCOL […] 16.2. Representante Técnico de EL CONTRATISTA: 16.2.1. EL
CONTRATISTA designará un Representante Técnico, con facultades para
comprometerlo y con capacidad técnica para la dirección de los trabajos objeto del
contrato, quien será el encargado de recibir todos los avisos, notificaciones,
decisiones, instrucciones y demás comunicaciones dirigidas por MINERCOL, como
también de firmar con el Representante Técnico de MINERCOL las actas que se
requieran en desarrollo del contrato. 16.2.2. Todos los avisos, notificaciones y
demás comunicaciones dirigidas por MINERCOL al representante técnico de EL
CONTRATISTA, se entenderán oficialmente recibidas por EL CONTRATISTA”.41
(negritas del texto original).
De igual manera, en la cláusula 22 del mismo contrato se acordaron las garantías
que debía constituir el concesionario, así:
“[…] VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS. A la firma del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberá constituir a favor de MINERCOL y en una compañía de
seguros legalmente establecida en Colombia, renovándolas anualmente y
reajustándolas a partir del primero (1°) de enero de cada año, de acuerdo con el
salario mínimo legal mensual vigente decretado por el Gobierno Nacional, las
siguientes pólizas: 22.1. Una póliza de cumplimiento equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para garantizar el cumplimiento oportuno de
36 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25022,
unificó la jurisprudencia en el sentido de entender como válidas las copias simples allegadas al proceso frente
a las que “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron
tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.
37 artículo 251. “[…] Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con
su intervención.”.
Artículo 252. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo
ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo
contrario mediante tacha de falsedad.
38 Código de Procedimiento Civil, articulo 264, “Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su
fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. […]”.
39 Contrato obrante a folios 54 a 73 del cuaderno 1. También obra a folios 193 a 211 del cuaderno 1 “pruebas”.
40 Folio 73, cuaderno 1. La inscripción se hizo por recomendación del Gerente Operativo Regional N° 4, en
virtud de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, cuya vigencia expiraba el 31 de
enero de 2012 (folio 1 y 82 del cuaderno de pruebas No. 2).
41 Folio 63, cuaderno 1.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
las obligaciones contraídas. Esta póliza deberá estar vigente durante el término de
duración del presente contrato y seis (6) meses más. 22.2. Una póliza que respalde
el cumplimiento de sus obligaciones laborales referentes al pago de salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales [...]. Esta
póliza deberá estar vigente durante todo el término de duración del presente
contrato y tres (3) años más. 22.3. Una póliza de responsabilidad civil
extracontractual […], con el objeto de protegerse y proteger a MINERCOL de
eventuales reclamaciones derivadas de daños y perjuicios […], que deberá estar
vigente por el término del mismo y cuatro (4) años más”42.
También se convino que, en caso de incumplimiento, procederían las siguientes
medidas:
“[…] VIGÉSIMA TERCERA […] En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de EL CONTRATISTA, en especial, la no presentación de los informes
y programas descritos en el contrato o de las modificaciones, adiciones o
correcciones a los mismos, MINERCOL podrá imponer administrativamente multas
sucesivas por un valor correspondiente hasta de diez (10) veces salario mínimo legal
mensual vigente, de acuerdo con la magnitud del incumplimiento, cada vez y para
cada caso, sin perjuicio de que se ordene la suspensión de labores o se declare la
caducidad del contrato si hubiere mérito para ellos. […]
“VIGÉSIMA QUINTA: CADUCIDAD. 25.1. Procedimiento: Durante la vigencia del
presente contrato, MINERCOL podrá declarar la caducidad del mismo, mediante
resolución motivada contra la cual procederán los recursos establecidos en la ley,
sin perjuicio de aplicar lo previsto en las cláusulas vigésima tercera y vigésima
cuarta, una vez se cumpla el siguiente procedimiento: 25.1.1. Cuando EL
CONTRATISTA incurra en alguna de las causales señaladas en el numeral 25.2.
así lo informará MINERCOL a EL CONTRATISTA, poniéndole en conocimiento la
causal correspondiente. MINERCOL le otorgará a EL CONTRATISTA, el término de
un (1) mes calendario para rectificar o subsanar la falta que se le atribuye o para
formular su defensa. El acto administrativo con el cual se pone en conocimiento la
causal de caducidad es de trámite y, en consecuencia, contra él no procederá
recurso alguno. 25.1.2. Vencido el plazo señalado, MINERCOL se pronunciará
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, mediante providencia motivada
proferida por el respectivo Representante Legal de MINERCOL, en la cual se
expresen las causas que dan lugar a la caducidad y se ordene hacer efectivas las
multas si es hubiere decretado antes y el valor del siniestro por incumplimiento.
25.1.3. La declaración que declara la caducidad se notificará personalmente a El
CONTRATISTA y a la aseguradora […] 25.1.4. Contra la resolución que declara la
caducidad, cabe el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación. 25.2. Causales de caducidad. EL CONTRATISTA
estará incurso en causal de caducidad, cuando se produzca alguno de los siguientes
eventos: […] 25.2.6. El no pago oportuno de las multas. 25.2.7. La no renovación,
reajuste o reposición de las garantías en caso de disminución. 25.2.8. El
incumplimiento reiterado de las normas de carácter técnico y operativo, relativas a
la explotación racional o a la seguridad minera.”.43 (negritas del texto original).
2.3.2. En cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décimo sexta, el contratista
Pedro Antonio Niño Becerra, con domicilio en la calle 8 # 1E -41 Urbanización
Rosetal, remitió a INGEOMINAS el contrato de asistencia técnica por medio del cual
designó como representante técnico al señor Jair Sarria Soto, con domicilio en la
calle 15ª # 7B-68, urbanización Tierra Linda etapa 9, del municipio de Los Patios44.
El representante técnico, por medio de oficio de “actualización dirección envío
correspondencia”, fechado el 28 de marzo de 2005, informó45:
42 Folios 66, cuaderno 1.
43 Folio 69, cuaderno 1.
44 El contrato de asistencia técnica se celebró el 18 de agosto de 2001, según consta a folio 222 del cuaderno
de pruebas 2.
45 Folio 345 del cuaderno de pruebas 2.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
“[…] mi nueva dirección para el envío de la correspondencia de la Mina Madroños
ubicada en la vereda Las Piedras Municipio de Zulia según contrato 1882T es la
siguiente: Avenida 3 calle 11 Edificio Arcada Berti, Oficina L-08 Centro, Teléfonos
[…], Celular […], CÚCUTA (N de S) Colombia”.
2.3.3. Según el oficio 0344, suscrito por el coordinador del Grupo de Trabajo
Regional Cúcuta del INGEOMINAS el 20 de mayo de 2005, dirigido al “señor Pedro
Antonio Niño Becerra Av. 3 Calle 11 Edif. Arcada Berti Of. L-08”, la cesión del
contrato No. 1882T, solicitada por oficio radicado el 5 de febrero de 2005 en la sede
principal, “es viable, por lo tanto le solicito presentar el respectivo contrato de cesión
con el fin de proseguir el trámite correspondiente”46.
“De otra parte, es del caso comunicarle que revisado el expediente que contiene
[sic] el contrato que nos ocupa, se encontró que a la fecha está en mora de cumplir
con las obligaciones contractuales contenidas en el oficio No. GTRC 0179 del 28 de
febrero de 2005, por tal razón se encuentra incurso en las causales de caducidad
prescritas en la cláusula vigésima quinta, numerales 25.2.6; 25.2.7 y 25.2.8 del
pacto; por lo tanto, se le concede un plazo improrrogable de diez (10) días contados
a partir del recibo de esta comunicación, para dar cumplimiento a las obligaciones
en mora, de lo contrario se iniciarán los trámites administrativos correspondientes
para la imposición de multa o la declaratoria de caducidad del contrato, según el
caso.
Igualmente se le manifiesta que para inscribir la cesión del Registro Minero Nacional
el cedente deberá demostrar haber cumplido todas las obligaciones emanadas del
contrato conforme lo exige el artículo 22 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)”.
El oficio referido no tiene constancia de envío ni de recibo y, en él no fueron
enunciadas, de manera expresa, las causales de caducidad del contrato imputadas;
tan sólo se mencionaron los numerales de la cláusula 25 que hacen referencia al
incumplimiento (i) del pago de multas, (ii) de renovación de las garantías y (iii) de
normas de carácter técnico y operativo.
2.3.4. El representante técnico del contratista, por medio de oficio dirigido al
coordinador del grupo de trabajo de INGEOMINAS, con sello de radicación del 27
de mayo de 2005, informó que remitía los documentos por medio de los cuales
afirmó cumplir los requerimientos relacionados con: (i) las “pólizas de cumplimiento,
obligaciones laborales y responsabilidad civil”, (ii) los soportes de pago de salarios,
(iii) “FBM anual 2003 y 2004”, (iii) “FMB trimestral (1er. Trimestre del 2005)”, (iv)
declaración de producción 2004-2005 y (v) acto administrativo de viabilidad
ambiental47.
2.3.5. El coordinador del grupo de trabajo de INGEOMINAS, regional Cúcuta, en
oficio 0395 de 10 de junio de 2005, dirigido a Jair Sarria Soto, representante técnico
del contratista, afirmó que los documentos por medio de los cuales dio cumplimiento
a los requerimientos, “se ajustan a lo establecido en el pacto contractual y, en
consecuencia, se aprueban para la vigencia 2005” . Adicionalmente, le concedió un
término para aportar los soportes de la declaración de producción correspondiente
al primer trimestre de 2005 y para allegar la licencia ambiental48.
2.3.6. Jair Sarria Soto, representante técnico del contratista, por medio de oficios
con sello de radicado ante INGEOMINAS el 22 y 27 de junio de 2005, allegó el
46 Folio 346, cuaderno 2.
47 Folio 348, cuaderno pruebas 2.
48 Folio 363, cuaderno pruebas 2.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
contrato de cesión de derechos mineros considerado “viable” a través del oficio 0344
y afirmó aportar los documentos requeridos en el oficio 039549.
2.3.7. El coordinador del grupo de trabajo de INGEOMINAS, regional Cúcuta, en
oficio 598 del 11 de julio de 2005, dirigido al contratista Pedro Antonio Niño a la
“Avenida 3 calle 11 Edificio Arcada Berti, Oficina L-08 Centro, dijo que el
“diligenciamiento” del formato básico minero era exigible desde el primer trimestre
de 2003 y se debía presentar dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes
al vencimiento de cada trimestre. Por lo anterior, consideró oportuno recordarles lo
siguiente: “(…) que el incumplimiento reiterado por parte del beneficiario de un título
minero lo podrá hacer acreedor desde la imposición de multas hasta la caducidad
del título minero respectivo, por tanto y para evitar los inconvenientes ya planteados,
lo invitamos a ponerse al día con dicha obligación”50. No obra en el plenario
constancia de envío ni de recibo de este oficio.
2.3.8. El 8 de agosto de 2005, la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento
Minero del INGEOMINAS, rindió concepto técnico del contrato T1882, en el que
concluyó que “se debe requerir al titular para que allegue”: (i) los certificados de
pago de regalías del primer trimestres de 2005, (ii) la licencia ambiental para el
desarrollo del contrato, (iii) los formatos básicos mineros correspondientes al año
2003 y cuarto y segundo trimestre de los años 2004 y 2005, respectivamente, y (iv)
constancia de pago de regalías del segundo trimestre de 200551.
2.3.9. Por auto SFOM-599 del 12 de agosto de 2005, la Subdirección de
Fiscalización y Ordenamiento Minero del INGEOMINAS requirió el cumplimiento de
las obligaciones reportadas en el informe técnico descrito en el apartado anterior,
para lo cual concedió el término de 30 días. El oficio fue puesto en conocimiento de
Pedro Antonio Niño Becerra el 5 de octubre de 2005, de acuerdo con la constancia
de notificación personal suscrita por el mencionado contratista52-53.
2.3.10. El 13 de septiembre del mismo año (2005), se realizó visita técnica y de
seguridad a la mina Madroños, oportunidad en la que el INGEOMINAS recomendó:
“[…] Señalizar la mina adecuadamente, en especial el nivel 2 en donde se
encuentran tambores que se comunican en el piso del nivel en referencia.
Mantener activos los equipos de ventilación auxiliar para el avance de frentes
ciegos.
Continuar implementando y adecuando el sistema de ventilación y sostenimiento”54.
Frente a lo anterior, no obra en el expediente respuesta alguna por parte del hoy
demandante.
2.3.11. El coordinador del Grupo de Trabajo Regional de Cúcuta (INGEOMINAS),
en oficio de GTRC 178 de 26 de enero de 2006, dirigido al contratista Pedro Antonio
Niño a la “Avenida 3 calle 11 – Edificio Arcada”, requirió al contratista para que en
el término de diez (10) días allegara: (i) póliza única de cumplimiento reajustada
49 Folio 364, cuaderno pruebas 2.
50 Folio 368, cuaderno 2.
51 Folio 371, cuaderno pruebas 2.
52 Folios 373 y 379, cuaderno pruebas 2.
53 Adicionalmente, ante la posible cesión del contrato por parte del señor Pedro Antonio Niño Becerra, la misma
entidad indicó: “[…] En cuanto a su solicitud de cesión le informó que la misma no se perfeccionará hasta tanto
el titular no se encuentre al día en las obligaciones y allegue el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad a favor de la cual se va a realizar la cesión, para efectos de verificar la capacidad legal de la
misma”.
54 Folio 387, cuaderno pruebas 2.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
conforme al salario mínimo del año 2006, “se permite recordarle que a partir del 1
de enero de cada año el contratista debe reajustarlas”, (ii) pólizas de cumplimiento
“por el término de duración del contrato y seis meses más”, de obligaciones
laborales, que debe “renovarse anualmente por el término de duración del contrato
y tres años más”, y de responsabilidad civil extracontractual, que debe “renovarse
anualmente por el término de duración del contrato y cuatro años más” y, (iii)
soportes del pago mensual de salarios y obligaciones laborales55. No fue allegada
constancia de envío de este oficio.
2.3.12. El representante técnico del contratista, por medio de oficio dirigido a
INGEOMINAS con sello de radicación fechado el 20 de febrero de 2006, manifestó
estar dando cumplimiento al requerimiento descrito en el aparte anterior, para lo
cual afirmó aportar el FBM 2003-2005, el reporte de producción trimestral, los
soportes de pago de regalías, el estudio de impacto ambiental, el certificado de
trámite de licencia ambiental y los planos de labores. Sin embargo, no enunció el
aporte de las pólizas en los términos solicitados56.
2.3.13. El 21 de febrero de 2006, la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento
Minero del INGEOMINAS, al rendir concepto de revisión del “expediente contrato
1882T”, concluyó que se encontraban pendientes de “allegar las pólizas únicas de
garantías del contrato 1882T, debidamente reajustadas de acuerdo a [sic] lo
solicitado en oficio GTRC178 con fecha 26 de enero de 2006, para la vigencia del
año en curso”57, así como la “viabilidad ambiental” del mismo proyecto minero58. Tal
requerimiento fue atendido personalmente por Pedro Antonio Niño Becerra, quien
—el 14 de marzo de 2006— aportó al INGEOMINAS la “viabilidad ambiental”
solicitada, según consta a folio 398 del cuaderno de pruebas 2.
2.3.14. El 20 de abril del 2006, el coordinador del Grupo de Trabajo de
INGEOMINAS —regional Cúcuta— le informó al titular minero lo siguiente: “se le
recuerda que ya se encuentra vencido el plazo para presentar los FBM [formatos
básicos mineros] correspondientes a IV trimestre de 2005 y I trimestre de 2006 y los
formularios de liquidación de regalías del IV trimestre de 2005 y I trimestre de
2006”59.
En cuanto a las pólizas del contrato, manifestó:
“[…] mediante oficio GTEC-178 del 26 de enero de 2006, se les requirió la
presentación de las pólizas únicas de garantía debidamente renovadas para la
vigencia 2006, otorgándose un plazo de diez (10) días para dar cumplimiento con
esta obligación, el [sic] cual ya se encuentra vencido [sic] sin que se haya dado
cumplimiento con esta obligación”60.
El anterior requerimiento fue atendido por el señor Pedro Antonio Niño Becerra,
quien radicó ante el INGEOMINAS, el 21 de abril de 2006, los formatos básicos
mineros, los formatos básicos de regalías y las pólizas de seguro
correspondientes61.
2.3.15. INGEOMINAS, por oficio de 31 de mayo de 2006 dirigido a Pedro Antonio
Niño, dijo que “las pólizas únicas de garantía, de cumplimiento, salarios y
prestaciones sociales […] se ajustan a lo estipulado contractualmente, sin embargo,
para su aprobación definitiva, se requiere que el beneficiario – asegurado” fuera ese
55 Folio 390, cuaderno pruebas 2.
56 Folio 391, cuaderno pruebas 2.
57 Folio 396, cuaderno pruebas 2.
58 Folio 395, cuaderno pruebas 2.
59 Folios 421, cuaderno pruebas 2.
60 Folio 421, ibídem.
61 Folio 423, cuaderno pruebas 2.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
instituto. Adicionalmente, solicitó la presentación de los formularios de liquidación
de regalías con las correcciones solicitadas y los formularios de liquidación del
primer trimestre de 200662.
2.3.16. El contratista Pedro Antonio Niño, mediante oficio del 23 de junio de 2006,
informó a INGEOMINAS la remisión: (i) del formulario de liquidación de regalías del
primer trimestre de 2006, (ii) del FMB del mismo periodo y, (iii) de las “pólizas únicas
de garantía debidamente modificadas, de acuerdo con lo requerido en el oficio
GTRC-0688”63.
2.3.17. El coordinador del Grupo de Trabajo Regional de Cúcuta (INGEOMINAS),
en oficio GTRCT 0159 de 9 de febrero de 2007, dirigido al contratista Pedro Antonio
Niño Becerra a la “Avenida 3 Calle 11 Edificio Arcada Berti L-08, Cúcuta”, requirió
al contratista para que en el término de diez (10) días, “contados a partir del recibo
del presente oficio”, allegara: (i) póliza única de cumplimiento reajustada conforme
al salario mínimo del año 2007, (ii) pólizas de obligaciones laborales, que debe
“renovarse anualmente por el término de duración del contrato y tres años más”, de
responsabilidad civil extracontractual, que debe “renovarse anualmente por el
término de duración del contrato y cuatro años más”; y (iii) soportes del pago
mensual de salarios y obligaciones laborales64.
2.3.18. INGEOMINAS, a través de oficio de 17 de julio de 2007, dirigido a Pedro
Antonio Niño Becerra, informó del convenio interinstitucional 012 de 2007 celebrado
con la Universidad Francisco de Paula Santander, con miras a “aunar esfuerzos
para adelantar visitas de seguimiento y control a la minería subterránea de carbón”.
Seguidamente, dijo65:
“[…] la Universidad FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, como ejecutora del
convenio en mención, programar[á] visita técnica al área de su contrato con personal
profesional contratado por la dicha entidad, para lo cual, muy comedidamente
solicito su colaboración en el sentido de prestar la ayuda que se requiera para
cumplir con el objetivo trazado”.
2.3.19. El 2 de agosto de 2007 se realizó visita técnica al área objeto del Contrato
1882T de 2021, con la asistencia del INGEOMINAS y la Universidad Francisco de
Paula Santander, y a manera de formalización de esa actuación se levantó acta en
la que se consignó lo siguiente:
“[…] 3. RESULTADOS DE LA VISITA
La visita fue autorizada por el titular, el señor Pedro Antonio Niño, el cual no
asistió al área del contrato por motivos de salud, inicialmente se procedió a
informarle del objeto de la visita y se le solicitó tanto los planos actualizados de las
labores de las minas (el titular presentó un plano actualizado donde se ubican las
minas y con proyecciones de las labores).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MINA MADROÑOS
1. La bocamina correspondiente a la mina MADROÑOS, explotada por el
titular del contrato en referencia Sr. PEDRO ANTONIO NIÑO BECERRA
se localiza dentro del área concentrada.
62 Folio 426, cuaderno pruebas 2.
63 Folios 431 a 436, cuaderno pruebas 2.
64 Folio 440 del cuaderno pruebas 2.
65 Folio 441, cuaderno pruebas 2.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
2. Debido a que la mina se encuentra inactiva desde el mes de diciembre de 2006,
se recomienda al titular del contrato informar ante la autoridad minera las causas de
dicha inactividad.
2. [sic] Requerir al titular para que realice las recomendaciones establecidas en el
Acta de Visita Técnica y de Seguridad, la cual fue notificada el día de la visita;
esto es:
• Mejorar el sistema de ventilación, ya sea mecanizada o natural para reiniciar
las labores mineras.
• Mejorar el manejo de estériles en superficie.
• Se debe reactivar la mina”66 (negritas de la Sala).
2.3.20. El coordinador del Grupo de Trabajo de INGEOMINAS regional de Cúcuta,
por oficio GTRC 761 de 10 de agosto de 2007 dirigido al contratista Pedro Antonio
Niño a la “Avenida 3 calle 11 Edificio Arcada Berto L-08”, lo requirió bajo el apremio
de multa para que presentara las “pólizas de garantía debidamente reajustadas”67
para el año 2007. En el mismo escrito se concedió el plazo de un mes para corregir
el incumplimiento y presentar las pólizas de garantía reajustadas para el año 2007
—plazo máximo que permite el artículo 288 del Código de Minas— e informó que el
incumplimiento configuraría la causal de caducidad prescrita en la cláusula vigésima
quinta del contrato, esto es, “[…] la no renovación y reajuste o reposición de las
garantías en caso de disminución’”68. No aparece planilla de envío, ni constancia de
envío o recibo.
2.3.21. La Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero del INGEOMINAS,
mediante concepto jurídico GTRC-162 de 13 de noviembre de 2007, concluyó que
el contratista “ha demostrado desinterés en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales” relacionadas con la actualización anual y ajuste de la póliza de
cumplimiento “para la vigencia de 2007, de conformidad con el pacto contractual.
Igualmente, teniendo en cuenta que se encuentra vencido el término concedido al
Titular para rectificar o subsanar la falta que se le atribuyó […] se hace necesario
iniciar con el proceso sancionatorio respectivo, esto es, que se declare la caducidad
al contrato”. Para sustentar lo anterior expuso lo siguiente69:
“[…] OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MORA:
1. OBLIGACIONES TÉCNICAS
• Pendiente presentar los Formularios de Declaración de Producción
correspondientes al III y IV trimestre de 2006 y I, II y III trimestre de 2007.
• Así mismo está pendiente los Formatos Básicos Mineros correspondientes al anual
de 2006 y I semestre de 2007, solicitado bajo apremio de multa mediante oficio de
fecha 10 de agosto de 2007 radicado bajo el Nº GTRC-761.
2. OBLIGACIONES JURÍDICAS
Pólizas Únicas de Garantía renovadas, reajustadas y modificadas para la vigencia
de 2007 de conformidad con lo pactado en la Cláusula Vigésima Segunda Garantías
del contrato N° 1882T, esto es, ‘una póliza de cumplimiento equivalente a cinco (5)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, esta póliza deberá estar vigente
durante el término de duración del presente contrato y seis (6) meses más, una
póliza que respalde el cumplimiento de las labores referentes al pago de salarios,
prestaciones sociales indemnizaciones y demás obligaciones laborales, equivalente
66 Folio 48, cuaderno 1. Esta prueba también obra a folios 445 a 458 del cuaderno de pruebas 3.
67 Folio 51, cuaderno 1.
68 Ibídem.
69 Ibidem.
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Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
al diez (10) por ciento del valor mensual de su nómina, está [sic] póliza deberá estar
vigente durante todo el término de duración del contrato y tres (3) años más y por
último la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantía
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes deberá estar
vigente por el término del mismo y cuatro (4) años más”70.
2.3.22. El director del Servicio Minero del INGEOMINAS expidió la Resolución DSM
979 del 29 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró la caducidad del
contrato de pequeña explotación carbonífera 1882T, celebrado entre la Empresa
Nacional Minera (MINERCOL LTDA.) y el señor Pedro Antonio Niño Becerra. En el
mismo acto declaró al actor inhabilitado para contratar con el Estado por el término
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la misma resolución. Al punto,
el acto fue motivado así:
“[…] Que mediante oficio de fecha 10 de agosto de 2007 radicado bajo el N° GTRC-
761, el Grupo de Trabajo Regional Cúcuta, del INGEOMINAS, le informó al
Concesionario del contrato N° 1882-T, que se encontraba incurso en la causal de
caducidad de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Quinta,
numeral 25.2.7 del referido contrato, teniendo en cuenta el incumplimiento
contractual respecto a las Pólizas de Garantía debidamente reajustadas para la
vigencia de 2007. Para rectificar o subsanar la falta que se le atribuye o para
formular su defensa, se le otorgó el término de un (1) mes calendario contados a
partir del recibo de dicho oficio.
[...] Que dentro del término concedido, el beneficiario del contrato minero N° 1882T,
no subsanó la causal de caducidad puesta en conocimiento mediante oficio de fecha
10 de agosto de 2007 radicado bajo el N° GTRC-761, esto es, presentación de las
Pólizas de Garantía debidamente reajustadas para la vigencia 2007 de conformidad
con el pacto contractual.
Igualmente, mediante Concepto Jurídico de fecha 13 de noviembre de 2007
radicado bajo el N° GTRC-162, el Grupo de Trabajo Regional Cúcuta, conceptúa
que el Concesionario del contrato N° 1882T, durante la vigencia del citado contrato
ha demostrado desinterés en el cumplimiento de la obligación contractual esta es:
Presentación de las Pólizas únicas de garantías reajustadas, renovadas y
modificadas para la vigencia 2007 de conformidad al pacto contractual y teniendo
en cuenta que se encuentra vencido el término concedido al Concesionario para
rectificar o subsanar la falta que se le atribuyeron o para formular su defensa, en la
causal de caducidad señalada en el oficio de fecha 10 de agosto de 2007 radicado
el N° GTRC - 761, se hace necesario iniciar el proceso sancionatorio respectivo,
esto es, que se declare la caducidad del contrato de pequeña explotación
carbonífera N° 1882T”71.
El anterior acto fue notificado personalmente al señor Pedro Antonio Niño Becerra
el 8 de enero de 2008, según constancia de notificación personal que obra folio 466
vuelto del cuaderno de pruebas núm. 3.
2.3.23. Contra el acto anterior, Pedro Antonio Niño formuló recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación72. Mediante Resolución DMS 050 del 13 de febrero de
2008 fue confirmada la decisión inicial, que declaró la caducidad del Contrato 1882T
de 2001, porque el recurso de reposición no fue sustentado y el recurso de alzada
no era procedente73. Dicha resolución fue notificada el 19 de marzo de 200874.
70 Folios 461 y 462, cuaderno pruebas 3.
71 Folio 464 y 465, cuaderno pruebas 3.
72 Folio 469, cuaderno pruebas 3.
73 Folios 473 a 475, cuaderno pruebas 3.
74 Folio 480, cuaderno pruebas 3.
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Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
2.3.24. El 4 de abril de 2008, el representante técnico del contratista —Jair Sarria
Soto— designado por Pedro Antonio Niño Becerra, solicitó copias del expediente
de la mina Madroños con número 1882T75. El contrato fue liquidado de manera
unilateral por el Instituto Colombiano de Geología y Minería —INGEOMINAS—,
mediante Resolución GTRCT-149 del 24 de noviembre de 2008, acto que quedó
ejecutoriada y en firme el 2 de enero de 200976.
2.3.25. Finalmente, obra en el expediente el dictamen pericial77 rendido en este
proceso, el 15 de noviembre de 2011, cuyo objeto era establecer la existencia o no
de una falla geológica en el área comprendida en el Contrato 1882T de 2001 y
cuantificar los perjuicios que el demandante pretende en este asunto, el cual, sin
embargo, no es relevante para dar respuesta al problema jurídico cuyo análisis
compete a esta judicatura78.
2.4. Sobre el régimen jurídico aplicable al contrato 1882T del 24 de julio de
2001
2.4.1. El contrato de pequeña explotación carbonífera suscrito entre Minercol y el
hoy demandante Pedro Antonio Niño Becerra el 24 de julio de 2001, fue celebrado
atendiendo a lo establecido en el Decreto 2655 de 1988; Código de Minas que ―a
diferencia de la Ley 685 de 2001― definía la pequeña, mediana y gran minería, con
unas determinadas obligaciones, prestaciones, facultades y requisitos79. De
acuerdo con los artículos 16 y 17 del Decreto 2655 de 1988, el derecho a explorar
y explotar el subsuelo minero de propiedad de la Nación era otorgado por medio de
un título minero ―dentro de los que se encuentra el contrato de concesión― con el
lleno de los requisitos señalados en ese código. A su vez, el artículo 56 del Decreto
2655 de 1988 establecía que “[s]on contratos mineros [los] que crean derechos y
obligaciones cuyo objeto principal es la exploración, montaje de minas, explotación,
y beneficio de minerales”; mientras el artículo 62 ejusdem preveía que “[l]os
contratos de concesión, una vez suscritos, quedarán perfeccionados y podrán
ejecutarse después de su inscripción en el Registro Minero” (subrayado añadido).
De igual forma, la Ley 685 de 2001, que derogó el Decreto 2655 de 1988, prevé que
el contrato de concesión se perfecciona con su inscripción en el registro minero
(artículo 50). Así pues, tanto en el Código de Minas vigente como en su antecesor,
el contrato minero de concesión ―como el suscrito por el ahora demandante―
genera efectos desde el momento de su registro, con el cual se perfecciona el
negocio jurídico.
Este contrato (Contrato 1882T de 2001), de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 153
de 1887, aunque fue celebrado, mediante documento escrito, el 24 de julio de 2001,
75 Folio 486, cuaderno pruebas 3.
76 Constancia visible a folio 520, cuaderno pruebas 3.
77 Folio 214 a 218, cuaderno 1.
78 En tal experticia, se consignó: “[…] Visitada el área de extracción y patios para acumulación de carbón térmico,
se pudo evidenciar que las bocas de acceso a los túneles de la mina se encuentran obstruidos o taponadas
debido al derrumbamiento de taludes por causas de la lluvia, obstruyendo el acceso hacia la profundidad
horizontal de los mismos sin poder formalmente observar la falla geológica que allí se presenta, los patios para
deposito [sic] de carbón se encuentran en rastrojados de difícil accesibilidad a la cercanía de los taludes de
donde se encuentran las bocas de la mina”. En cuanto a la determinación de los perjuicios, en la misma
experticia se indicó: “[…] 4. DETERMINACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE || Considero no determinar este daño
ya que el deterioro de las obras existentes (campamento) es mínimo y se encuentran construido en terrenos
propios del demandante […]. || 5. DETERMINACIÓN LUCRO CESANTE || Es el daño por la no explotación o
producción de carbón térmico, utilidad económica que se ha dejado de percibir durante el tiempo de cese de
actividades, contados a partir de la detección de las fallas geológicas manifiestas a partir del segundo semestre
del año 2006 […] se ha elaborado el CUADRO DE AJUSTES LUCRO CESANTE DEJADOS DE PERCIVIR [sic]
POR LA EXPLOTACIÓN DE CARBON [sic] años 2006- 2011 en el cual se detalla pormenorizado todo lo
atinente, por la suma de CUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 26 CENTAVOS MCTE
(4.851.460.754,26)”.
79 Decreto 2655 de 1988, artículos 15, 28, 38, 39 inciso final, 40, 41, 44, 45, 90, 110, 111, 148, 194, 217, 234 y
250.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
cuando aún estaba vigente el Decreto 2655 de 1988, sólo vino a ser perfeccionado
con su inscripción el 1º de enero de 2002, en vigor la Ley 685 de 2001. Por tanto,
se rige por el Decreto 2655 de 1988, al cual, por demás, se ajustó su clausulado, de
acuerdo con los modelos para ello diseñados80.
2.4.2. Sin embargo, en lo relativo a la caducidad del contrato, dado que configura
una sanción para el contratista, este se rige por la normativa vigente al
momento en el que ocurrió la falta, como lo prescribe la artículo 38.2 de la Ley
153 de 1887, conforme a la cual “en todo contrato se entenderán incorporadas las
leyes vigentes al tiempo de su celebración”, salvo “las que señalan penas para el
caso de infracción de lo estipulado; la cual será castigada con arreglo a la ley bajo
la cual se hubiere cometido”.
En este escenario, el Código de Minas actual (Ley 685 de 2001) es el que rige
el procedimiento para la declaración de la caducidad del Contrato 1882T de
2001, normativa que, vale decir, establece causales de caducidad del contrato de
concesión similares a las previstas en el régimen anterior81, entre estas, “el
incumplimiento grave y reiterado de cualquiera otra de las obligaciones derivadas
del contrato de concesión” 82. Asimismo, la Ley 685 de 2001 establece un
procedimiento semejante al que regía con anterioridad para la declaración de la
sanción, pues también prescribe que la autoridad, por “resolución de trámite”, debe
señalar de manera “concreta y específica”, la causal o causales en las que incurrió
el al contratista, y fijar un término de treinta (30) días para subsanar sus faltas83.
2.5. Consideraciones en torno al problema jurídico
2.5.1. El recurrente sostiene que el procedimiento administrativo sancionatorio de
caducidad se adelantó de manera oculta y que el concepto GTRC-162 del 13 de
noviembre de 2007 no le era oponible, comoquiera que jamás lo conoció ni pudo
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Para establecer lo acaecido durante la ejecución del contrato, y develar el
fundamento que pudiere haber en ese acontecer para la legal y válida declaración
de caducidad de aquel, la Sala encuentra pertinente diferenciar dos periodos en esa
ejecución: antes y después de 2007.
2.5.1.1. Como pasa a mostrar la Sala, las pruebas traídas a este proceso permiten
apreciar cómo INGEOMINAS requirió en varias oportunidades al contratista durante
los años 2005 y 2006, en ocasiones mensualmente, demandando de él, la honra de
diversas obligaciones contractuales, entre las que se revelaba recurrente el
incumplimiento en la actualización de las pólizas. Veamos:
80 Decreto 2655 de 1988, artículo 73. “El contrato de concesión se suscribirá sobre modelos diseñados y
divulgados por el Ministerio y si fuere necesario, será acompañado de los documentos anexos complementarios
que se requieran en cada caso”.
81 El Decreto 2655 de 1988 previó que una de las causales de caducidad del contrato de concesión era la “no
reposición de las garantías en caso de terminación o disminución” (art. 76.6). Para su declaración, previó un
procedimiento de acuerdo con el cual el Ministerio de Minas y Energía debía poner en conocimiento del
interesado la causal en que hubiera incurrido para que en el término de un (1) mes pudiera “rectificar o subsanar
las faltas” (art. 77).
82 Ley 685 de 2001, artículo 112.
83 Ley 685 de 2001, artículo 288. “Procedimiento para la caducidad. La caducidad del contrato, en los casos en
que hubiere lugar, será declarada previa resolución de trámite en la que, de manera concreta y específica, se
señalen la causal o causales en que hubiere incurrido el concesionario. En esta misma providencia se le fijará
un término, no mayor de treinta (30) días, para que subsane las faltas que se le imputan o formule su defensa,
respaldada con las pruebas correspondientes. Vencido este término se resolverá lo pertinente en un plazo
máximo de diez (10) días. Los funcionarios que dejaren vencer este plazo serán sancionados disciplinariamente
como responsables de falta grave.”.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
• Lo hizo con oficio del 27 de mayo de 2005 (aptado. 2.3.3), tras comunicarle
que se hallaba en mora de cumplir con las obligaciones contractuales
contenidas en el oficio No. GTRC 0179 del 28 de febrero de 2005, para que
en un plazo allí determinado honrara esos débitos so pena de aplicación de
las causales de caducidad prescritas en la cláusula vigésima quinta,
numerales 25.2.6; 25.2.7 y 25.2.8 del pacto. Aunque no vino a este proceso
constancia de la efectiva remisión o entrega de este oficio, lo cierto es que al
requerimiento contestó el contratista con escrito del 27 de mayo de 2005.
• INGEOMINAS dio recibo a la contestación y ofició de nuevo al contratista el
10 de junio de 2005, requiriéndole para que aportara soportes de la
declaración de producción correspondiente al primer trimestre de 2005 y para
allegar la licencia ambiental (2.3.5). Tampoco vino al proceso constancia de
remisión efectiva o entrega del oficio al contratista. Empero, este dio
respuesta a el con comunicaciones de fechas 22 y 27 de julio de 2005 (aptado
2.3.6).
• A la fecha en que el contratista dio respuesta al requerimiento del 10 de junio,
conforme a lo dicho al punto anterior, INGEOMINAAS le había extendido
nuevo requerimiento, de fecha 11 de julio de 2005, en el que le reclamaba el
“diligenciamiento” del formato básico minero, obligación que, al parecer
presentaba atraso desde el primer trimestre de 2003 y a la que se le
conminaba para que diera atención so pena de multas e incluso caducidad
del título minero respectivo (2.3.7). Tampoco hay constancia en el expediente
de este contencioso; ni consta que su destinatario lo haya conocido y
respondido.
• Pasado un mes, INGEOMINAS expidió un auto, de fecha 12 de agosto de
2005, en el que dispuso requerir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones reportadas en el informe técnico de 8 de agosto inmediatamente
precedente (2.3.8), y le concedió un término de 30 días para el efecto (2.3.9).
El oficio que se extendió en ejecución de ese requerimiento sí fue puesto en
conocimiento de Pedro Antonio Niño Becerra el 5 de octubre de 2005, de
acuerdo con la constancia de notificación personal que él suscribió 84-85.
Ninguna respuesta dio el contratista a este formal requerimiento.
• Pasados más de tres meses, el 26 de enero de 2006, INGEOMINAS extendió
nuevo oficio al contratista por el que le conminó para que en un plazo
perentorio presentara la póliza única de cumplimiento reajustada conforme al
salario mínimo del año 2006, las pólizas de cumplimiento de obligaciones
laborales, las que debía renovar anualmente, y los soportes del pago
mensual de salarios y obligaciones laborales86. No consta que este
requerimiento lo haya recibido formalmente el contratista.
• Hasta el 20 de febrero de 2006, el contratista dio respuesta al requerimiento
del 5 de octubre de 2005 con aporte del formato FBM 2003-2005, del reporte
de producción trimestral, de los soportes de pago de regalías, del estudio de
impacto ambiental, del certificado de trámite de licencia ambiental y de los
planos de labores. Nada dijo sobre las pólizas que le fueron solicitadas el 26
84 Folios 373 y 379, cuaderno pruebas 2.
85 Adicionalmente, ante la posible cesión del contrato por parte del señor Pedro Antonio Niño Becerra, la misma
entidad indicó: “[…] En cuanto a su solicitud de cesión le informó que la misma no se perfeccionará hasta tanto
el titular no se encuentre al día en las obligaciones y allegue el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad a favor de la cual se va a realizar la cesión, para efectos de verificar la capacidad legal de la
misma”.
86 Folio 390, cuaderno pruebas 2.
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de enero de 200687, circunstancia que denotó la Subdirección de
Fiscalización y Ordenamiento Minero del INGEOMINAS, en el concepto de
21 de febrero de 2006, circunstancia ésta que, sumada a otra relativa a la
viabilidad ambiental, motivó un nuevo requerimiento que, aunque no se probó
que hubiere sido formalmente dado a conocer a su destinatario, fue
parcialmente atendido por éste el 14 de marzo de 2006, sin alusión alguna a
las pólizas.
• El 20 de abril de 2006, INGEOMINAS le recordó al contratista varias
obligaciones por él desatendidas, y le rememoró el requerimiento del 26 de
enero de 2006 en relación con las pólizas88. A este recordatorio dio respuesta
el contratista el 21 de abril de 2006, con escrito al que allegó los documentos
atinentes al requerimiento, entre ellos las pólizas de seguro que le fueron
solicitadas89. Con todo, y aunque INGEOMINAS acusó recibo con relativa
conformidad de las pólizas, hubo de pedirle el 31 de mayo siguiente una
corrección respecto del beneficiario de aquellas, y requerirlo de nuevo para
que presentara los formularios de liquidación de regalías con las correcciones
solicitadas y los formularios de liquidación del primer trimestre de 200690. A
este nuevo requerimiento su destinatario dio respuesta el 23 de junio de
200691.
Lo actuado en ejecución del contrato, conforme al recuento que antecede,
permite apreciar, ciertamente, insoslayable negligencia del contratista en la
honra de sus obligaciones derivadas del contrato de pequeña minería 1882T del
24 de julio de 2001, tanto como ligereza de parte del INGEOMINAS, entidad que,
aunque hizo seguimiento a la ejecución de aquel, no fue diligente, bien en la
efectiva notificación de los requerimientos que formalmente constaban en oficios
elaborados, o bien en la derivación de las consecuencias a que había lugar en
los casos en los que sí atendió al principio de publicidad sin obtener la debida
respuesta del contratista. Esta situación quedó, al parecer, conjurada con la
respuesta que el contratista dio el 23 de junio de 2006.
2.5.1.2. Veamos los hechos y actuaciones acreditadas en el expediente en lo
que atañe a la ejecución del contrato en 2007:
• INGEOMINAS, mediante oficio GTRCT 0159 de 9 de febrero de 2007, se
propuso requerir al contratista para que en el término de diez (10) días,
hiciera presentación de la póliza única de cumplimiento reajustada conforme
al salario mínimo del año 2007, la póliza de obligaciones laborales renovada
a partir de ese periodo hasta finalización del contrato y por cuatro años más,
y los soportes del pago mensual de salarios y obligaciones laborales92.
• El 2 de agosto de 2007 INGEOMINAS, a través de ente autorizado para ello,
realizó visita técnica al área objeto del Contrato 1882T de 2021. Los
incidentes de esa visita que sólo atendió parcialmente el contratista, se
registraron en acta en la que, entre otras observaciones, se le requería para
que diera aviso motivado de la suspensión de labores en la misma y diera
reactivación a esos trabajos93.
87 Folio 391, cuaderno pruebas 2.
88 Folio 421, ibídem.
89 Folio 423, cuaderno pruebas 2.
90 Folio 426, cuaderno pruebas 2.
91 Folios 431 a 436, cuaderno pruebas 2.
92 Folio 440 del cuaderno pruebas 2.
93 Folio 48, cuaderno 1. Esta prueba también obra a folios 445 a 458 del cuaderno de pruebas 3.
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• El 10 de agosto de 2007, INGEOMINAS se propuso requerir al contratista,
para lo cual extendió el oficio GTRC 761 de 10 de agosto de 2007, en el que
se le conminaba bajo apremio de multa para que presentara las “pólizas de
garantía debidamente reajustadas”94 para el año 2007 en un plazo que
definió en la mayor extensión permitida por el artículo 288 del Código de
Minas, y en el que le informó que el incumplimiento de esa obligación
configuraba causal de caducidad a términos de la cláusula vigésima quinta
del contrato95. Empero, la prueba traída a este contencioso no da cuenta del
envío o recibo de este oficio por el contratista.
• Según concepto extendido el 13 de noviembre de 2007 por la Subdirección
de Fiscalización y Ordenamiento Minero del INGEOMINAS, se puso en
evidencia el demostrado desinterés del contratista “en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales” relacionadas con la actualización anual y con
el ajuste de la póliza de cumplimiento “para la vigencia de 2007, y se
encontró viable y necesario “iniciar con el proceso sancionatorio respectivo,
esto es, que se declare la caducidad al contrato” 96. La Sala encuentra
necesario denotar cómo este concepto, aunque enfatizó en el señalamiento
del incumplimiento de la obligación del contratista de presentar la renovación
de las pólizas para el año 2007, hizo recuento de otras infracciones, a saber:
la falta de presentación de los formularios de Declaración de Producción
correspondientes al III y IV trimestre de 2006 y I, II y III trimestre de 2007, de
los formatos básicos mineros del año 2006 y del primer semestre de 2007,
los que decía, habían sido objeto de requerimiento mediante oficio del 10 de
agosto de 2007.
• Y, finalmente, INGEOMINAS declaró caducado el contrato con el acto cuya
nulidad depreca el accionante, sea declarada por esta jurisdicción, acto que
claramente se fundamentó en la infracción de la obligación de renovar las
pólizas, aunque hizo extensa alusión al concepto del 13 de noviembre de
2007, aludido en el punto inmediatamente precedente.
Debe establecer la Sala, con base en los hechos y actos reseñados en relación con
la ejecución del contrato de pequeña minería 1882T del 24 de julio de 2001 durante
el año 2007, si aquellos revelan los vicios que le endilga la parte demandante a la
actuación administrativa que precedió y determinó la caducidad del contrato,
declarada por INGEOMINAS.
Al punto, encuentra necesario poner de presente que, ninguno de los
incumplimientos que se le endilgaron al contratista, en las resoluciones 979 del 29
de noviembre de 2007 y 050 del 13 de febrero de 2008 proferidas por INGEOMINAS,
le fueron puestos efectivamente en conocimiento a aquel con antelación a la
declaración de la caducidad del contrato. El contratista, en efecto, venía
incumpliendo las obligaciones relacionadas con la presentación de los formatos de
declaración de la producción y básicos de minería desde el 2003 hasta el 2006, y
fue requerido en varias oportunidades para que atendiera esas obligaciones,
requerimientos que atendió, finalmente, a destiempo, pero en términos que
purgaron sus faltas al punto que estas, en lo que atañe a esos años, fueron ajenas
a la motivación de la sanción.
En efecto, las pruebas traídas a este proceso no dan cuenta de requerimiento
alguno al contratista en el segundo y tercer semestre del 2006 por ese motivo. La
primera intención de conminación por ese motivo concreto, y por el incumplimiento
94 Folio 51, cuaderno 1.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
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de esas obligaciones en esos periodos y en el primer trimestre del 2007, se
documentó en el oficio GTRCT 0159 de 9 de febrero de 2007, oficio que no aparece
acreditado que hubiere sido entregado o remitido al contratista. Con el mismo
propósito, consta que INGEOMINAS expidió el oficio de 10 de agosto de 2007, por
medio del cual se proponía requerir al contratista, bajo el apremio de multa, para
que allegara los documentos solicitados desde febrero de ese año e informarle que
se encontraba incurso en la causal de caducidad estipulada en la cláusula vigésima
quinta del contrato, esto es, “[…] la no renovación y reajuste o reposición de las
garantías en caso de disminución”. En el encabezado del oficio se registró como
destinatario el nombre del contratista y la dirección de su representante técnico,
pero ninguna constancia se trajo, del envío de ese requerimiento al contratista, ni
de la más mínima diligencia para que este fuera informado de su existencia.
Es cierto que hubo referencia a estos incumplimientos en el concepto que rindió el
13 de noviembre de 2007 la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero
del INGEOMINAS; empero, este fue un acto que no trascendió la esfera
administrativa interna de ese instituto y que sólo vino a ser conocido por el
contratista al momento de ser notificada la resolución 979 del 29 de noviembre de
2007, que él pide, sea declarada nula. No huelga denotar que el subdirector asumió
en ese concepto -que sirvió de fundamento a la resolución antedicha-, que el oficio
GTRCT había sido entregado, remitido o dado a conocer al contratista, circunstancia
que, o bien no ocurrió en sede administrativa, o por lo menos, no se acreditó en este
proceso contencioso. Idéntica situación ocurre con la falta de renovación de las
pólizas para el año 2007.
Esta circunstancia ha de contrastarse con la preceptiva convenida en la cláusula 25
del Contrato 1882T de 2001 en cuanto preceptuaba que constituía causal de
caducidad, “la no renovación, reajuste o reposición de las garantías”, y prescribía,
para su declaración, que la autoridad minera debía “informar al contratista
sobre el proceso “poniéndole en conocimiento la causal correspondiente”, y
concederle el término de un mes, para “rectificar o subsanar la falta que se le
atribuye o para formular su defensa”. Este acto, se decía, era un acto administrativo
de trámite y, en consecuencia, contra él no procedía recurso alguno97. También con
el artículo 28 del CCA, aplicable por remisión del artículo 297 del actual Código de
Minas, en cuanto establecía que, cuando de la actuación iniciada de oficio
pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía
comunicar “la existencia de la actuación y el objeto de la misma”98.
No puede pasar por alto la Sala que en la sentencia apelada se consideró que los
oficios fueron “debidamente notificados, pues si bien es cierto fueron dirigidos al
actor y no al representante técnico, sí fueron enviados a la dirección en donde la
mina Madroños recibía correspondencia”. Empero, esta consideración no tuvo más
sustento que el registro que en el oficio allí aludido se hacía del contratista como su
destinatario, pues ninguna prueba hay en el plenario, a la manera de una planilla de
correo, tirilla de envío o documento semejante que efectivamente acredite la
realización de la comunicación ni, menos aún, su recepción por su destinatario.
Tampoco puede pasar inadvertido que INGEOMINAS haya desaprovechado las
oportunidades que tuvo en este contencioso de demostrar la observancia de su
parte, de la obligación pactada en la cláusula 25.1.1 del Contrato 1882T de 2001,
aun cuando se encontraba en posición para esclarecer el hecho que sustentó el
97 Apartado 2.3.1.
98 Esta codificación resulta aplicable al caso concreto, porque la causal de caducidad del contrato atribuida al
contratista, consistente en la “no renovación y reajuste o reposición de las garantías” (cláusula 25.2.7) ocurrió
en el año 2007, según consta en los actos demandados.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
cargo de nulidad concerniente a la comunicación del oficio que inició la actuación
administrativa sancionatoria99-100.
Lo cierto es que, al tenor de lo que dicen las pruebas que militan en el expediente,
no hubo un acto con el que se hubiere dado inicio al procedimiento que había de
terminar con la declaración de caducidad del contrato, como lo establecía la cláusula
25.1.1 del Contrato 1882T de 2001; no satisfizo el INGEOMINAS la obligación así
pactada, de “poner en conocimiento del contratista la causal correspondiente” y de
fijar el término para su subsanación, en concordancia con lo previsto en el artículo
28 del CCA, referido anteriormente, y con el artículo 288 del Código de Minas,
conforme al cual, la autoridad debía señalar al contratista, “de manera concreta y
específica”, la causal en la que incurrió y señalar el término para subsanarla.
2.5.2. Ahora bien, esa pretermisión de INGEOMINAS determina la invalidez de los
actos acusados? Para dar respuesta a esa cuestión, la Sala se apoyará en la
jurisprudencia de esta Corporación, en cuanto ha precisado que el acto
administrativo expedido en forma irregular y con desconocimiento de “la plenitud de
las formas propias de cada juicio” ―como garantía constitucional al debido
proceso101― configura una causal de nulidad “[…] cuando, de una parte, la
expedición irregular se relaciona con trámites substanciales o de fondo que inciden
en la formación o en el sentido de la decisión y cuando, de otra parte, el
desconocimiento de audiencia elude un paso necesario dirigido a garantizar el
debido proceso”102, esto es, cuando el vicio ocurrido durante el trámite
administrativo influya en el sentido de la decisión de manera grave y
determinante103. Al respecto, la Sala ha considerado:
«[…] con idéntico fundamento en el principio constitucional del debido proceso y en
la garantía del derecho de defensa, se tiene que advertir que el afectado que impugna
un acto administrativo invocando una irregularidad procedimental debe demostrar que
la misma se produjo aparejada de una decisión que afectó materialmente sus
derechos, para que esa irregularidad pueda ser considerada como constitutiva de la
vulneración al debido proceso.
En otras palabras, de la misma manera que el Estado debe observar el debido
proceso tanto en los aspectos formales con los materiales de la actuación
administrativa, el administrado que pretende la anulación del respectivo acto
administrativo debe desplegar la prueba, en dos sentidos: i) identificar la violación del
procedimiento y ii) demostrar la consecuencia de la irregularidad sobre la decisión
contenida en el acto administrativo»104.
99 CPC, artículo 177. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. […]”.
100 Corte Constitucional, sentencia C-086 de 24 de febrero de 2016. “De esta manera, para la Corte es claro
que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución de su carga probatoria dejan de ser una
potestad del juez y se erige en un verdadero deber funcional. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo
con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las
reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba.”.
101 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona
se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas de la Sala)
102 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de noviembre
de 2003, exp. 14431.
103 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ T. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 15ª edición,
Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, p. 672.
104 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
23 de noviembre de 2017. Rad. 25000-23-36-000-2013-02063-01(53861).
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
Conforme a esa hermenéutica del debido proceso sancionatorio en sede
administrativa, la Sala concluye que la irregularidad presentada en el caso bajo
estudio por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del
contrato -que bien podía haber residido en el oficio de 10 de agosto de 2007- tiene
el relieve suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo
con consecuencias determinantes en la decisión final que declaró configurada dicha
figura, porque el contratista no tuvo la oportunidad de subsanar la falencia
relacionada con la renovación y reajuste de las garantías ni de atender los
requerimientos hechos por INGEOMINAS, como sí lo pudo hacer en ocasiones
anteriores, y no pudo ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los
cargos por los que finalmente fue sancionado, por falta de conocimiento del
inicio del procedimiento sancionatorio que la autoridad debía comunicarle en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 288 del Código de Minas, que en
sentido semejante preveía la cláusula 25.1.1 del contrato de pequeña
explotación carbonífera.
Por tanto, los actos demandados serán declarados nulos por encontrarse acreditada
la causal de nulidad alegada por el accionante, esto es, el desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa.
2.5.3. Sobre las consecuencias de la nulidad, esta Corporación ha precisado que
ésta tiene efectos ex tunc, porque afecta la validez del acto desde su expedición,
“debiéndose tener como si éste no hubiera existido” o devolver en el tiempo sus
efectos, “en esa medida crea una ficción jurídica”105, porque retrotrae la situación al
estado en que se encontraba antes de su expedición106.
De esta forma, la nulidad de los actos que declararon la caducidad del contrato
habilita el restablecimiento del plazo de ejecución contractual por el tiempo que
restaba desde el momento en que cobró ejecutoria la sanción de caducidad,
conforme a la primera pretensión expuesta por el demandante en la corrección de
la demanda en el sentido de que “se le restituyan consecuencialmente […] sus
derechos dentro del Contrato de Pequeña Explotación Carbonífera No 1882-T”. De
esta forma, el demandante queda habilitado para efectuar las actividades de
explotación minera; habilitación que le otorga el contrato de cuya caducidad fue
declarada con el acto administrativo declarado nulo en este contencioso, con lo cual
se retorna al status quo ante, produciéndose así el restablecimiento in natura del
interés jurídico vulnerado con dicho acto107, que es la forma por excelencia de
reparación de daños108.
2.5.3.1. Por otra parte, en lo concerniente a la indemnización de perjuicios
materiales, el accionante deprecó el reconocimiento “del daño emergente por el
105 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 21 de mayo de 2009 y 22 de noviembre de 2012,
expedientes. 2003-00119-01 y 2004-00334-01. Sección Segunda, sentencias de 27 de marzo de 2008, 22 de
octubre de 2018 y 2 de diciembre de 2019, expedientes 2003-08975-01(8239-05), 2013-00240-00(0548-13) y
2013-01790-01(4188-17).
106 Cuando se trata de la nulidad de actos generales, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que
“no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales las creadas, modificadas o
extinguidas por un acto particular y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede administrativa ni
en sede judicial, ya sea porque fueron objeto de decisiones judiciales con efecto de cosa juzgada, o bien porque
ya vencieron los términos para el ejercicio de los recursos ordinarios o de los medios de control judicial”. Al
respecto ver las sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia AC-2019-00171-00 de 14 de
febrero de 2019. En Igual sentido, ver sentencias de 21 de mayo de 2009, expediente 2003-00119. M.P. Rafael
Ostau de Lafont P. y de 8 de julio de 2010, expediente 2002-00956, M.P. María Claudia Rojas L. Sección Cuarta,
sentencias de 5 de mayo de 2003, 22 de septiembre de 2004, 27 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de
2005, expedientes 12248, 13645, 14715 y 14979.
107 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 21 de junio de 2018, exp. 37327; y
sentencia de 9 de agosto de 2018, exp. 39376.
108 HENAO, Juan Carlos, “Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el Estado”, Revista de derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, núm. 28 pp. 277–366, 2015.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
deterioro de las obras realizadas para el desarrollo de la actividad minera y del lucro
cesante por la producción que se ha dejado de percibir tomando como base de
producción: la estimación acordada por las partes en la cláusula séptima del
contrato No. 1882-T, esto es, de 12.000 toneladas anuales de carbón, teniendo en
cuenta que el carbón que se extrae en la mina Madroños corresponde al cotizable;
y como base del precio el valor promedio de cotización por tonelada la fecha que se
realice el peritaje”.
Para ello, fue decretado, practicado y aclarado el dictamen pericial solicitado en la
demanda para determinar: (i) “el costo que demandaría la recuperación” de la
infraestructura con que cuenta la mina y (ii) el lucro cesante por la producción que
se ha dejado de percibir”.
El dictamen pericial fechado el 15 de noviembre de 2011, fue rendido por quien se
identificó como “auxiliar de la Justicia con licencia”, condición en virtud de la cual (i)
expuso la localización de la mina, (ii) describió la infraestructura desarrollada (vía
de acceso, campamento y mina), (iii) analizó la existencia de una falla geológica,
(iv) estableció la inexistencia de daño emergente y (v) calculó el monto del lucro
cesante109.
2.5.3.1.1. En lo que atañe al daño emergente, sustentado por el actor en el
deterioro que habría sufrido la infraestructura instalada para el desarrollo de la
actividad minera, el auxiliar de la justicia manifestó: (i) que los dos salones para
dormitorios con cimentación en concreto y pisos en cemento rustico, se encontraban
en regular estado de conservación, (ii) que los baños dotados con cinco cubículos,
dos duchas, sin puertas ni aparatos sanitarios, se encontraban en mal estado de
conservación, (iii) que el quiosco construido en madera rolliza, piso de cemento y
ladrillo tenía un mal estado de conservación y, (iv) la cocina, alcoba y comedor
construidos en concreto en un área de 200 m, se encontraban en buen estado de
conservación. Después de esta descripción, afirmó:
“DETERMINACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE
Considero no determinar este daño ya que el deterioro de las obras existentes
(Campamento) es mínimo y se encuentra construido en terrenos propios del
demandante, al igual que corresponde a una estructura necesaria para garantizar las
condiciones laborales de sus trabajadores y que el mantenimiento depende única y
exclusivamente de quien ejerce la explotación de la mina.
De igual manera considero que el mantenimiento del carreteable (servidumbre) de
acceso al predio, corresponde a la necesidad de poder acceder al terreno de sus
propietarios, por lo tanto, dicho mantenimiento debe corresponder a todos los
propietarios involucrados en la servidumbre.
En cuanto al taponamiento por deslizamiento de talud en boca de mina y patios de
carbón, se debió a situaciones climatológicas por la intensidad de las lluvias en la
región y que en nada se puede atribuir a fallas geológicas establecidas en la mima”.
2.5.3.1.2. Respecto del lucro cesante, observa la Sala, en primer lugar, que no es
clara la existencia de una relación directa entre la declaración de caducidad del
contrato y el deterioro de la infraestructura instalada. Aparte, al cuantificarlo, el perito
tomó como base de liquidación del ingreso dejado de percibir:
(i) El precio del carbón en boca de mina durante el segundo semestre de
2006 y el primero de 2007, el cual determinó a partir de la información
recaudada con productores del mismo mineral como las fincas Conminas,
109 Expediente electrónico, índice 32, “ED-C02-05 Otros-dictamen pericial”.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
Carbón de Darío Flores y Frontier Coal Ltda.; “dicha indagación dio como
resultado que en el primer semestre del año 2006 se vendió carbón a sesenta
mil pesos ($60.000,00) tonelada y para el primer semestre del año 2007 a
cincuenta y dos mil pesos ($52.000,00) tonelada”.
(ii) El precio del carbón en boca de mina desde el segundo semestre del 2007
hasta septiembre de 2011, para lo cual tomó como base la “liquidación de
Regalías sobre productos en la zona de Santanderes en Carbón Térmico, de
conformidad con las Resoluciones emitidas por La Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME)”.
(iii) “La cantidad de toneladas dejadas de producir en cada periodo de
vigencia de la correspondiente resolución”.
Con la información referida y la indexación aplicada, presentó un “cuadro de ajustes
lucro cesante” por cuatro mil ochocientos cincuenta y un millones cuatrocientos
sesenta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con veintiséis centavos
($4.851.460.754.23).
En el escrito de aclaración del dictamen presentado con motivo de la objeción del
ente accionado sobre la falla geológica y la estimación del lucro cesante, el perito
manifestó: (i) “con relación al lucro cesante, se tomó como base el contrato de
Pequeña Explotación carbonífera N’ 1882-T suscrito entre la Empresa Minera
Limitada-Minercol Ltda y el señor Pedro Antonio Niño Becerra, con el fin de
proyectar la utilidad económica dejada de percibir durante la cesación de
actividades hasta la fecha de visita al predio, lucro cesante expuesto en el ‘Cuadro
de Ajuste Lucro Cesante’ anexo al dictamen”; y (ii) “[r]especto al cálculo del Daño
Emergente me ratifico en todo su contexto, como bien referencié en el informe
pericial rendido”, en el que se abstuvo de determinar dicho perjuicio.
2.5.3.2. En relación con la valoración de la eficacia probatoria del dictamen pericial,
esta Subsección, en auto de 14 de diciembre de 2022, ha precisado que110:
“[…] el dictamen pericial, como toda prueba, debe ser valorado en conjunto y de
forma razonada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica111, esto es, con arreglo
a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia112-113. Aparte, en la
valoración del peritaje debe tenerse en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de sus fundamentos, así como la idoneidad del perito y su
comportamiento en el proceso114.
[i] Valorar la solidez y claridad de los fundamentos de las inferencias científicas
implica, en primer lugar, verificar la existencia de un parámetro de comprobación
intersubjetiva de lo afirmado. La comprobación empírica es la base del método
110 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 68201.
«111 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. || El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 187. Las pruebas deberán
ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. || El Juez expondría siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”».
«112 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. núm. 11001-31-10-019-
2011-00622-02, SC3249-2020».
«113 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, tomo I, Víctor P. de Zavalía, Buenos
Aires, 1970 (reimpresión 2016), pp. 300-301».
«114 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 232. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas
de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos,
la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 241. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que
obren en el proceso. […]”».
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
experimental empleado en la ciencia moderna; comprobación que es también el
fundamento del principio de la falsabilidad, conforme al cual la validez cognitiva
depende de la posibilidad de refutar por la experiencia un sistema científico
empírico115.
Idealmente, este parámetro de comprobación debe fundarse en el producto de la
observación, o en los resultados de análisis de laboratorio, sin que ello, en todo
caso, impida partir de una fuente indirecta. Cuando lo afirmado se base en
constataciones empíricas directas, la solidez y calidad de la conclusión de este juicio
inductivo se determinará en función de la precisión, diversidad y cantidad de
muestras tomadas y pruebas realizadas. Mientras que la solidez de lo afirmado con
fundamento en fuentes indirectas dependerá de la calidad de la fuente.
[ii] De manera análoga, la calidad de los juicios deductivos (en los que la conclusión
se obtiene a partir de un principio general), se definirá en función de la solidez de tal
principio, que, a su vez, depende de su fundamentación empírica y de su aceptación
en la comunidad científica, la cual se determina indirectamente, como más adelante
se expone. Puede ocurrir, sin embargo, que los juicios inductivos impliquen un
razonamiento analógico, en cuyo caso la solidez de lo concluido dependerá de la
identidad que se muestre entre los fenómenos confrontados, además de la calidad
de la investigación cuyos resultados son extrapolados.
[iii] Otra cualidad de la que pende la fiabilidad del conocimiento científico es la
existencia de un margen de error. Como consecuencia de la contrastabilidad
empírica intersubjetiva y, particularmente, de la reconocida falsabilidad de las
teorías en la ciencia actual, se han abandonado las concepciones dogmáticas y
absolutistas, que no sean objeto de revisión científica, por lo que el margen de error
de la teoría o el método empleado evidencia la fundamentación científica del
conocimiento116.
[iv] Desde otra perspectiva, hay hechos indicadores de la cientificidad del
conocimiento, en cuanto reflejan la aparición de un patrón institucional, de la ciencia
normal, en la que el trabajo científico está determinado por un paradigma, que es
aplicado para la solución de problemas117. La publicación, previa revisión de pares,
la visibilidad de la publicación en la comunidad científica (a través de la indexación)
y la relevancia que una institución o las calidades del currículum del autor, entre
otros, forman parte del conjunto de reglas pacíficamente aceptadas por la
comunidad científica, para definir el rigor del conocimiento118 .
[iv] Finalmente, deben tomarse en consideración las relaciones explicativas que se
expongan entre las pruebas y las conclusiones alcanzadas a partir de ellas119. Para
determinar la solidez y calidad de la explicación, se debe tener en cuenta su
exhaustividad y claridad, así como la ausencia de contradicciones y de asunciones
insólitas, además de la aceptación de la teoría explicativa científica empleada,
develada a partir de los indicios referidos previamente”.
«115 POPPER, Karl, La Lógica de la Investigación Científica, traducción de Víctor Sánchez De Zavala, 2ª edición,
Tecnos, Madrid, 2008, pp. 50-53».
«116 “The methodology employed by creationists is another factor which is indicative that their work is not science.
A scientific theory must be tentative and always subject to revision or abandonment in light of facts that are
inconsistent with, o falsify, the theory, absolutist and never subject to revision is not a scientific theory”. “[Una]
teoría [como la de la creación] que por sus propios términos sea dogmática, absolutista y nunca sea objeto de
revisión no es científica” (traducción libre). UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT
OF ARKANSAS, McLean v. Arkansas Board of Education, F. Supp. 1255, 1258-1264 (ED Ark. 1982), aptdo.
IV(C)».
«117 KUHN, Thomas S., La Estructura de las Revoluciones Científicas, traducción de: Carlos Solís Santos,
Tercera Edición, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, pp. 81 – 82».
«118 KUHN, Thomas S., La Estructura…, pp. 72-80, y 144-145; y GODFREY-SMITH, Peter, Theory and Reality:
an introduction to the philosophy of science, The University of Chicago Press, Chicago & London, 2003, pp. 79-
82».
«119 PARDO, Michael S. “Estándares de la Prueba y Teoría de la Prueba”, en: Estándares de prueba y de Prueba
Científica, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 99-116».
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
Pues bien, el dictamen pericial referido en precedencia, además de no dar cuenta
sobre el daño emergente sobre el cual fue inquirido, no partió de unas fuentes
contrastables ni precisas para definir el precio del carbón, que empleó para
determinar el lucro cesante. No existe constancia alguna de los precios que el perito
refirió en su informe, ni de las visitas a minas vecinas que dijo haber realizado para
definir el precio del carbón entre 2006 y 2007, además de partir de una referencia
excesivamente general para cuantificar este precio entre 2007 y 2011, como lo es
la liquidación de regalías sobre productos en la zona de Santanderes, de
conformidad con unas resoluciones emitidas por UPME, que ni tan siquiera citó
concretamente. Las fuentes directas sobre el precio del carbón que empleó son, de
esta forma, exiguas e imprecisas; mientras que las fuentes indirectas son
indefinidas, circunstancia que impide contrastar su calidad. El dictamen carece así
del fundamento empírico requerido en un juicio científico o técnico riguroso.
La ausencia de un fundamento empírico imposibilita, a su vez, la determinación de
la solidez de los juicios deductivos realizados a partir de las fuentes empleadas;
análisis en el que, además de la insuficiencia de su fundamentación, no resulta
posible de establecer el margen de error que pueda acusar la estimación, lo cual le
resta rigor científico. Y pese a que se le pidió aclaración, el perito se ratificó en sus
conclusiones, con una simple alusión al contrato suscrito, en el cual no se especifica
el precio de carbón ni la producción real de la mina.
Tampoco expone las relaciones explicativas que pudieran existir entre los datos
empleados y las conclusiones alcanzadas. Se echa de menos, particularmente, una
fundamentación clara de la manera en la que fueron cuantificadas las toneladas de
carbón dejadas de producir por la inactividad de la mina120, pues en el contrato fue
únicamente estimada una producción anual, bajo la condición de que “la producción
definitiva será la que resulte del programa de trabajos e inversiones (PTI)”;
documento que ni siquiera fue mencionado en el dictamen pericial.
Finalmente, el perito no expuso ni acreditó su idoneidad, experiencia y competencia
para rendir el concepto técnico solicitado. Sólo mencionó que tenía la condición de
“auxiliar de la Justicia con licencia”. No existe así, siquiera, un indicio de rigor
científico o técnico del dictamen practicado en este proceso con el objeto de
determinar los perjuicios ocasionados, por lo cual este peritaje no tiene eficacia para
probar los hechos que tenía por objeto.
2.5.3.3. Adicionalmente, la Sala observa que la pretensión dirigida a que se
“restituyan” los derechos dentro del contrato de pequeña explotación carbonífera
como consecuencia de la nulidad del acto que declaró la caducidad, resulta
incompatible con la pretensión encaminada al pago del lucro cesante. Lo anterior,
porque la habilitación del término de duración del contrato por el tiempo que restaba
al momento en que cobró ejecutoria la sanción, permitirá al contratista obtener la
ganancia o provecho proyectados por ese lapso, circunstancia que, implícitamente,
excluye el reconocimiento de lo dejado de recibir por causa de la declaración de
caducidad del contrato, pues esto modificaría el plazo contractual al punto de
generar un doble pago por el mismo perjuicio.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala negará la pretensión pecuniaria consistente en
la indemnización de perjuicios materiales, por no existir prueba de su causación.
120 Cuaderno de pruebas, tomo I, página 106, calculada en “251.499 toneladas, lo que con una producción anual
proyectada de 24.000 toneladas daría a la mina una vida útil de 10 años”.
Radicado: 54001-23-31-000-2010-00018-01
Demandante: Pedro Antonio Niño Becerra
2.6. Costas
No hay prueba de actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998; por consiguiente, la Sala no condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
REVÓCASE la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete
(2017) por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con lo considerado
en esta providencia y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones DSM núm. 979 del 29
de noviembre de 2007 y 050 del 13 de febrero de 2008, proferidas por el Instituto
Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
SEGUNDO: ORDENAR restablecer el plazo de ejecución del contrato de pequeña
explotación carbonífera núm. 1882T por el término que restaba al momento en que
cobró ejecutoria la sanción de caducidad.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Dr.
Nicolás Yepes Corrales para conocer del presente asunto.
QUINTO: sin condena en costas
SEXTO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
VF
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