Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03976-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03976-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03976-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de agosto de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Consejo de Estado y, otros
Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición e igualdad. Se declara cosa juzgada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali, el Juzgado 9o
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali y la Fiscalía General de la
Nación.
ANTECEDENTES
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, instauró acción de
tutela, en aras de que se ampare sus derechos fundamentales de petición y a la
igualdad, los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales antes
referenciadas.
HECHOS
El accionante relató hechos relacionados con el “escándalo en EMCALI” 1 por la
suscripción de millonarios contratos para asumir la representación judicial de la
compañía en los procesos penales en contra de “los consorcios Clarificación
1 Opinión en la raya suscrita por Elmer Montaña. 26 de octubre de 2022 y otros.
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Puerto Mallarino y renovación Puerto Mallarino, al igual que la asesoría en
asuntos penales que requieren entidad (sic)”.
Por otro lado, señaló que “Por el secuestro de Primera línea, Gustavo Petro
Urrego, Francia Márquez y las acciones ineficientes de protección por parte de
Iván Duque, el expresidente y los robos del cartel de las Monas, Dilián Francisca
Toro, Clara Luz Roldán y las denuncias de Duvalier, de los constantes robos de
las funcionarias del Cartel de las Monas, que no han sido arrestadas y destituidas
por la doble nómina del Hospital Departamental, por la vinculación de Dilián
Francisca Toro con narcotraficantes y ha sido acusada de testaferrato al igual
que el alcalde de Cali Jorge Iván. Todos delincuentes con antecedentes, de
hecho el alcalde Jorge Iván, ha robado tanto dinero que pretende comprar la
iglesia de la Ermita como lo indican los medios”.
Trajo a colación la sentencia del 12 de marzo de 2020 con radicado 11001-03-
15-000-2019-05310-00, donde fungió como accionado el Tribunal Administrativo
de Boyacá y como accionante el señor Arley Parra Gil.
Alegó que radicó solicitud ante Porvenir, donde “debía tener en cuenta la historia
laboral acumulada, que venía de Colpensiones y que me hicieron
obligatoriamente afiliar a ese fondo teniendo derecho a ser pensionado desde
1970 por la Epilepsia Generalizada como lo indica la sentencia donde en 48 horas
debía ser pensionado por la sustitución pensional de Padre, que muere en 1979,
con reconocimiento desde su primer empleo, de acuerdo a su historia laboral.
Número de documento cc 1.199824 de Manizales. Ultimo empleo empresa Singer
(Manizales)”.
Asimismo, argumentó que presentó petición ante la AFP Horizonte Pensiones y
Cesantías, en aras de que, se le realizara calificación de pérdida de la capacidad
laboral.
Adjuntó copia de una denuncia que realizó el 17 de junio de 2019.
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PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos ya invocados y se “dé respuesta
satisfactoria a la petición hecha por mí, a, el día 12 de mayo de 2014”.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 1.° de agosto de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación
de las autoridades judiciales accionadas.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
El Juzgado 9.° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali allegó
informe donde señaló que asumió el conocimiento de la acción de tutela con
radicado 76001-43-03-009-2024-00231 instaurada por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa en contra de “Hernando Morales Plaza y otros”, la cual fue
declarada improcedente mediante el fallo núm. 236 de 31 de julio de 2024.
Agregó que no ha transgredido derecho fundamental alguno al accionante, por el
contrario, se le han respetado las garantías dentro del mecanismo constitucional
antes citado.
La fiscal 10.° Delegada ante el Tribunal Superior de Cali rindió informe donde
expuso que tuvo conocimiento de la noticia criminal con radicado
760016000199201903152, que presentó el actor en contra de la juez 7.° de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, “frente a un fallo de tutela, que negó
el amparo constitucional deprecado por considerar que el hecho estaba
superado”; la cual se encuentra inactiva por orden de archivo del 31 de julio de
2020.
Además, indicó que el escrito de tutela es bastante confuso y que, si bien señala
una presunta transgresión del derecho de petición, lo cierto es que la Fiscalía y
la suscrita no han vulnerado derecho alguno, por lo que solicita su desvinculación.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho núm. 6 envió informe donde
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expuso, en primer lugar, que no se logra establecer cuáles son los hechos que
sustentan la acción de tutela y, qué relación tienen los mismos con el despacho
y, en segundo lugar, que en el sistema de información no se encontró ningún
medio de control en el que haga parte el aquí accionante.
Asimismo, adujo que el señor Oscar Fernando Quintero Mesa transcribió en uno
de los apartes del escrito de tutela el radicado 15001333301520160030401,
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor
Arley Parra Gil, el cual fue tramitado y decidido por esa corporación en sentencia
de segunda instancia del 10 de julio de 2019, y que contra éste se interpuso tutela
con radicado 1001-03-15-000-2019-05310-00, la cual conoció el Consejo de
Estado; no obstante, el accionante solo mencionó el número del proceso, pero
no argumentó en qué consistió la supuesta vulneración.
Se pronunció el magistrado auxiliar de la Presidencia del Consejo de Estado
indicando que el 27 de abril de 2020 el accionante presentó petición donde
manifestó su presunta condición de víctima de delitos de lesa humanidad y de
acoso laboral; y solicitó intervención de la corporación para que lo indemnizaran
a él y a su grupo familiar como víctimas del conflicto armado.
Mediante el OFI-INT-2020-1398 del 30 de abril de 2020 se le informó al
accionante que la solicitud se remitiría a las secciones Segunda y Tercera del
Consejo de Estado, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Nueva EPS, a
la Policía Nacional, a la Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them,
al Grupo EMI, al Hospital de Caldas y a la Defensoría del Pueblo, para que
atendieran lo requerido.
Además, señaló que los hechos y las pretensiones de la presente acción
constitucional son reiterativas, “no solo en ejercicio del derecho de petición, sino
que han sido expuestas en otras acciones de tutela, las más recientes
identificadas con los radicados núm. 11001-31-87-027-2024-00021-00, 11001-
03-15-000-2023-02550-00, 11001-31-09-043-2022-00236-00 y 11001-03-15-
000-2020-02500-00/01, que fueron decididas por el Juzgado 27 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, el Juzgado 43 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
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Bogotá, D. C., y las secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado,
respectivamente”.
El consejero de la Sección Tercera, Subsección B de la Corporación indicó
que ha conocido de las siguientes acciones de tutela presentadas por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa con radicados 2022-03508-00, 2022-04710-00,
2023-00669-00, 2023-03926-00, 2024-03555-00 y 2023-06274-01 y señaló las
actuaciones que se llevaron a cabo en cada una de ellas.
El consejero de la Sección Segunda, Subsección B de la Corporación, por un
lado, señaló que de los hechos de la tutela no es posible identificar argumento
que se endilgue al despacho del cual es titular y, por otro lado, expuso que fue
ponente en tres expedientes de tutela presentados por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa identificados con los radicados 11001-03-15-000-2023-04895-00,
11001-03-15-000-2023-05967-00 y 11001-03-15-000-2024-06274-00, pero que
ninguno de ellos se relaciona con los hechos objeto de tutela.
Se pronunció el consejero ponente de la sentencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado fechada 12 de marzo de 2020, señalando que
el señor Óscar Quintero carece de legitimación en la causa por activa puesto que
la acción constitucional fue instaurada por el señor Arley Parra Gil, mediante
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la
providencia de 10 de julio de 2019 en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 15001-33-33-015-2016-00304-01.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
CUESTIÓN PREVIA
El 3 de agosto de 2024 el accionante remitió solicitud de vincular a “la Fiscal en
Calidad de Demandada a y Luz Adriana Camargo Garzón, Fiscal General de la
Nación y a los fiscales que han comprado los demandados y Hernando Morales
Plaza, como mi abogado representado”; además, mencionó varios radicados de
procesos en los cuales éste fungió como demandante.
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Al respecto, la Sala evidencia que la Fiscalía General de la Nación hace parte
de los accionados en la presente acción de tutela, motivo por el cual, no hay
lugar a acceder a dicha solicitud frente a ésta.
Ahora, en relación con la solicitud de vincular al abogado Hernando Morales
Plaza y a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón a la acción constitucional
bajo estudio, observa la Sala que a) estas personas no tienen una relación con
los hechos que expone el accionante en su escrito de tutela; b) en la solicitud el
actor no expone cómo estas personas están comprometidas con la presunta
afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y de petición que se
alegan y c) no se aprecia que puedan resultar afectadas por el fallo que se
profiera, por lo cual, no se accede a dicha petición.
Aclarado lo anterior, a la Sala le corresponde decidir sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, para lo cual se
abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) la
temeridad y la cosa juzgada de la acción de tutela y III) caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) La temeridad y la cosa juzgada de la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la
temeridad en la acción de tutela:
“(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
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todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar (…)”.
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe
contemplado en la Constitución, que se ve perjudicado en el evento en que se
presentan varias acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente
probado y sin que medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la
administración de justicia.
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad
fáctica en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; iii) identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y,
además, comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que
constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la
capacidad judicial del Estado como también los principios de economía procesal,
eficiencia y eficacia2.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa3. Al efecto, un fallo de tutela queda
2 Ver, entre otras, las sentencias T-529 de 2014 y T-380 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez)
3 Mediante sentencia T-380 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) que citó la sentencia C-774 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte recordó los elementos a tener en cuenta para analizar la cosa
juzgada constitucional, los cuales coinciden con aquéllos que deben identificarse para estudiar la temeridad,
estos son:
Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
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amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los
que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Ahora, de acuerdo con el Alto Tribunal, la presentación simultánea o sucesiva de
acciones de tutela sobre un mismo asunto, puede tener las siguientes
situaciones:
“(…) i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en
que se interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en
otro proceso de la (sic) igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud;
ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico,
cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción
fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada,
acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa
de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello
acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de
tutela que presentan la tripe (sic) identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada (…)”4
III) Caso concreto
La Sala advierte que el señor Óscar Fernando Quintero Mesa anteriormente
presentó otra acción de tutela en contra del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali, la cual fue
tramitada con radicado 11001-03-15-000-2023-07567-00. Las pretensiones y
fundamentos de dicha acción fueron los mismos que los del caso bajo estudio,
tal como se cita a continuación:
11001-03-15-000-2023-07567-00 11001-03-15-000-2024-03976-00
Causa: Trajo a colación la sentencia del Causa: Trajo a colación la sentencia del
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos
hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se
presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica
4 Ibidem
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12 de marzo de 2020 con radicado 11001- 12 de marzo de 2020 con radicado 11001-
03- 15-000-2019-05310-00, donde fungió 03- 15-000-2019-05310-00, donde fungió
como accionado el Tribunal como accionado el Tribunal
Administrativo de Boyacá y como Administrativo de Boyacá y como
accionante el señor Arley Parra Gil. accionante el señor Arley Parra Gil.
Por otro lado, alegó que radicó solicitud Por otro lado, alegó que radicó solicitud
ante Porvenir, donde “debía tener en ante Porvenir, donde “debía tener en
cuenta la historia laboral acumulada, que cuenta la historia laboral acumulada, que
venía de Colpensiones y que me hicieron venía de Colpensiones y que me hicieron
obligatoriamente afiliar a ese fondo obligatoriamente afiliar a ese fondo
teniendo derecho a ser pensionado desde teniendo derecho a ser pensionado desde
1970 por la Epilepsia Generalizada como 1970 por la Epilepsia Generalizada como
lo indica la sentencia donde en 48 horas lo indica la sentencia donde en 48 horas
debía ser pensionado por la sustitución debía ser pensionado por la sustitución
pensional de Padre, que muere en 1979, pensional de Padre, que muere en 1979,
con reconocimiento desde su primer con reconocimiento desde su primer
empleo, de acuerdo a su historia laboral. empleo, de acuerdo a su historia laboral.
Número de documento cc 1.199824 de Número de documento cc 1.199824 de
Manizales. Ultimo empleo empresa Manizales. Ultimo empleo empresa
Singer (Manizales)” Singer (Manizales)”
Asimismo, argumentó que presentó Asimismo, argumentó que presentó
petición ante la AFP Horizonte Pensiones petición ante la AFP Horizonte Pensiones
y Cesantías, en aras de que, se le y Cesantías, en aras de que, se le
realizara calificación de la pérdida de la realizara calificación de la pérdida de la
capacidad laboral. capacidad laboral.
Además, hizo mención de presuntos
hechos de corrupción que involucran a
EMCALI.
Objeto: amparar su derecho fundamental Objeto: amparar su derecho fundamental
de petición y que se “dé respuesta de petición y que se “dé respuesta
satisfactoria a la petición hecha por mí, a, satisfactoria a la petición hecha por mí, a,
el díadede (sic) Y SE OTORGUE EN el día 12 de mayo de 2014”.
MORA JUDICIAL LA PENSIÓN DE
PADRE, MADRE (PRIMER ESPOSO,
SEGUNDO Y) Y HERMANA”. (Sic)
solicitud del 12 de mayo de 2014.
De lo expuesto es claro que, el señor Quintero en una acción de tutela similar a
esta solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y de
petición, ante la negativa de Porvenir Pensiones y Cesantías de dar respuesta a
la petición del 12 de mayo de 2014, relacionada con la calificación de pérdida de
la capacidad laboral.
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Esta Subsección en primera instancia negó el amparo invocado en relación con
Porvenir Pensiones y Cesantías y declaró improcedente la tutela respecto del
Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil
del Circuito de Cali5, lo cual fue confirmado parcialmente por la Sección Quinta
de la corporación en decisión del 21 de marzo de 20246. Por último, se observa
que la tutela fue excluida de revisión en la Corte Constitucional mediante auto del
24 de mayo del mismo año7.
En esa medida, es claro que los reproches elevados en contra del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de
Cali fueron objeto de estudio en otra acción de tutela previa, por lo que se trata
de un asunto que ya fue definido en un escenario constitucional de la misma
naturaleza que el sub examine, lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento al
respecto.
Ahora, si bien, en el caso concreto aparecen como accionados el Juzgado 9.°
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali y la Fiscalía General de la
Nación, autoridades judiciales que en la acción anterior no fueron accionadas, lo
cierto es que, el señor Quintero solo las mencionó en el escrito de tutela, pero no
señaló de qué manera éstas le transgreden los derechos invocados ni presentó
pretensiones en relación con ellas.
De igual forma, se observa que los presuntos hechos de corrupción que
involucran a EMCALI no son hechos nuevos, ni justifican la interposición de la
presente acción, dado que se trata de noticias que no tienen relación con los
supuestos fácticos que ya fueron estudiados en la anterior tutela, no brindan
claridad a los hechos narrados y analizados previamente y tampoco sucedieron
con posterioridad a la interposición de la primera acción constitucional.
Así las cosas, para la Subsección es claro que la presente acción constitucional
tiene identidad de partes, de objeto y de causa con la tutela 11001-03-15-000-
5 “no es posible realizar un análisis respecto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad por parte
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali, dado
que el señor Óscar no señaló cuál fue la actuación o circunstancia que le causó el agravio”.
6 Modificó el numeral 2.° del fallo del 15 de febrero de 2024, que declaró improcedente la acción de tutela y,
en su lugar, negó “la solicitud de amparo por derecho fundamental a la igualdad respecto del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali”.
7 Proceso T 10181804
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2023-07567-00, por lo que, se materializa la cosa juzgada y se podría configurar
un actuar temerario por parte del accionante.
Al respecto, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria si
la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento
del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron
en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger
los derechos fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión8.
Como se ve, entre las acciones de tutelas núm. 11001-03-15-000-2023-07567-
00 y 11001-03-15-000-2024-03976-00 hay identidad de partes, de hechos y de
pretensiones; sin embargo, esta Sala nota prima facie, que el demandante ha
actuado, con el convencimiento de la necesidad extrema de defender un derecho
fundamental y, en este sentido, no le sancionará por temeridad en esta ocasión,
sin embargo, se advertirá al señor Quintero que, de seguir haciendo uso de
acciones constitucionales con identidad de partes, hechos y pretensiones sobre
esta causa, se impondrá la sanción que contempla el artículo 38 del Decreto 2591
de 1991. En consecuencia, la Sala declarará la cosa juzgada respecto de la
presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
8 Corte Constitucional, sentencia SU 027 de 2021
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FALLA:
Primero: Declarar cosa juzgada en la acción de tutela interpuesta por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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