Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07567-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07567-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07567-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de febrero de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07567-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07567-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Consejo de Estado y, otros
Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición e igualdad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali.
ANTECEDENTES
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, instauró acción de
tutela, en aras de que se le amparen sus derechos fundamentales de petición e
igualdad, los cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali.
HECHOS
Manifestó el actor que “Por el secuestro de Primera línea, Gustavo Petro Urrego,
Francia Márquez y las acciones ineficientes de protección por parte de Iván
Duque, el expresidente y los robos del cartel de las Monas, Dilián Francisca Toro,
Clara Luz Roldán y las denuncias de Duvalier, de los constantes robos de las
funcionarias del Cartel de las Monas, que no han sido arrestadas y destituidas
por la doble nómina del Hospital Departamental, por la vinculación de Dilián
Francisca Toro con narcotraficantes y ha sido acusada de testaferrato al igual
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que el alcalde de Cali Jorge Iván. Todos delincuentes con antecedentes, de
hecho el alcalde Jorge Iván, ha robado tanto dinero que pretende comprar la
iglesia de la Ermita como lo indican los medios”.
Trajo a colación la sentencia del 12 de marzo de 2020 con radicado 11001-03-
15-000-2019-05310-00, donde fungió como accionado el Tribunal Administrativo
de Boyacá y como accionante el señor Arley Parra Gil.
Alegó que radicó solicitud ante Porvenir, donde “debía tener en cuenta la historia
laboral acumulada, que venía de Colpensiones y que me hicieron
obligatoriamente afiliar a ese fondo teniendo derecho a ser pensionado desde
1970 por la Epilepsia Generalizada como lo indica la sentencia donde en 48 horas
debía ser pensionado por la sustitución pensional de Padre, que muere en 1979,
con reconocimiento desde su primer empleo, de acuerdo a su historia laboral.
Número de documento cc 1.199824 de Manizales. Ultimo empleo empresa Singer
(Manizales)”.
Asimismo, argumentó que presentó petición ante la AFP Horizonte Pensiones y
Cesantías, en aras de que, se le realizara calificación de la pérdida de la
capacidad laboral.
PRETENSIONES
Solicita que se le ampare su derecho fundamental de petición y que se “dé
respuesta satisfactoria a la petición hecha por mí, a, el díadede (sic) Y SE
OTORGUE EN MORA JUDICIAL LA PENSIÓN DE PADRE, MADRE (PRIMER
ESPOSO, SEGUNDO Y) Y HERMANA”. (Sic)
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 22 de enero de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de las autoridades judiciales accionadas y se vinculó a Porvenir Pensiones y
Cesantías. Previo a ello, se dispuso requerir al accionante para que aclarara la
solicitud de tutela por cuanto del escrito primigenio no se tiene claridad sobre los
hechos que generan su petición, ni de qué manera las entidades accionadas le
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vulneran sus derechos; requerimiento que no fue atendido en tiempo por el actor.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
El Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali allegó informe donde solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela, considerando que las pretensiones están
encaminadas a obtener información sobre el reconocimiento de una pensión,
situación que no le corresponde definirla a este.
Adicionalmente, indicó que, si bien el accionante hizo referencia a la tutela con
radicado 76001-31-03-019-2021-00119-00, lo cierto es que, esta fue resuelta por
el Juzgado mediante la Sentencia núm. 062 de 16 de julio de 2021, donde se
amparó el derecho a la salud del mismo y se le ordenó “a la NUEVA EPS la
realización de las pruebas para detectar el COVID19 y el tratamiento integral de
las patologías derivadas o agravadas por el virus y según el criterio de los
médicos tratantes. De otra parte, se negó la solicitud de condenar a la accionada
en el pago de los perjuicios, por cuanto el accionante tenía a su disposición los
mecanismos ordinarios para reclamar su pretensión económica, sin haber
demostrado que en su caso particular dichos mecanismos fuesen ineficaces”.
Se pronunció el consejero ponente de la sentencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado fechada 20 de marzo de 2020, señalando que
el señor Óscar Quintero carece de legitimación en la causa por activa puesto
que la acción constitucional fue instaurada por el señor Arley Parra Gil, mediante
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la
providencia de 10 de julio de 2019 en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 15001-33-33-015-2016-00304-01.
El Tribunal Administrativo de Boyacá rindió informe donde expuso, en primer
lugar, que no se logra establecer cuáles son los hechos que sustentan la acción
de tutela y, qué relación tienen los mismos con el despacho y, en segundo lugar,
que en el sistema de información no se encontró ningún medio de control en el
que haga parte el aquí accionante.
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POSICIÓN DEL VINCULADO
El 25 de enero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó la
acción de tutela a Porvenir Pensiones y Cesantías; sin embargo, este guardó
silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
CUESTIÓN PREVIA
Sobre el particular sea del caso aclarar que, la presente acción de tutela fue
presentada el 15 de diciembre de 2023 y el 11 de enero de 20241 se requirió al
accionante para que, dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la
providencia, aclarara la solicitud, pues no se lograban entender los hechos y la
relación que estos tenían con las accionadas.
Dicha providencia fue notificada el 12 de enero de 2024 y el expediente ingresó
nuevamente al despacho el 22 del mismo mes y año, sin ninguna observación
por parte del accionante, de ahí que, ese mismo día se admitió la tutela, se
ordenó notificar como accionadas al Consejo de Estado, al Tribunal
Administrativo de Boyacá y al Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali y se vinculó
a Porvenir.
No obstante, el 25 de enero de 2024, fecha en la cual se notificó el auto
admisorio y se corrió traslado a las accionadas, el señor Óscar allegó escrito,
diciendo subsanar; sin embargo, no aclara de manera alguna el escrito anterior,
sino que contiene hechos nuevos y entidades diferentes a las inicialmente
accionadas; de donde resulta improcedente cualquier pronunciamiento, so pena
de incurrir en vulneración de los derechos de las autoridades relacionadas.
Aclarado lo anterior, se tiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede
1 “(…) no precisa cual es la solicitud; asimismo, no es clara la relación que guardan las autoridades
judiciales accionadas con el proceso 76001-31-03-019-2021-00119-00 y tampoco se comprende qué
busca con la siguiente pretensión “Que se dé respuesta satisfactoria a la petición hecha por mí, a , el
díadede Y SE OTORGUE EN MORA JUDICIAL LA PENSIÓN DE PADRE, MADRE( PRIMER ESPOSO,
SEGUNDO Y LABORAL) Y HERMANA (…)”
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ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
El señor Óscar Fernando Quintero solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición e igualdad, los cuales considera vulnerados por el
Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil
del Circuito de Cali.
Al respecto, la Sala advierte que el señor Óscar señaló como accionadas a las
autoridades judiciales antes mencionadas, no obstante, no es claro en exponer
de qué manera estas le han vulnerado los derechos fundamentales invocados;
pese a que, previo a admitir la acción se le requirió por el despacho ponente a fin
de que se aclarara la solicitud.
Del estudio del expediente se observa que, la solicitud de tutela se basa en
múltiples transcripciones de providencias judiciales, relaciona hechos de
procesos ajenos en los que no se observa relación con lo aquí pretendido y que,
en suma, su solicitud parece estar encaminada a que, en sede de tutela, le sea
reconocida una pensión de invalidez a la que considera tener derecho; sin allegar
elementos que permitan realizar un estudio ni emitir pronunciamiento de fondo
sobre lo pedido.
Por otro lado, la Sala observa que el accionante dice que presentó una petición
ante Porvenir, donde solicitó que se le realizara la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral; no obstante, la copia del escrito que allega no tiene constancia
de radicación ante la entidad referida.
Con todo, advierte la Subsección que en el expediente obra el Oficio
0200001108548800 del 12 de mayo de 2014, por medio del cual, Porvenir le
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informó al accionante lo siguiente:
“(…) una vez validada nuestra Base de Datos, de manera atenta informamos que
usted, no ha radicado documentos para iniciar trámite de Fondo de
Pensiones, por lo anterior es necesario que nos remita el Concepto de
Rehabilitación Integral Vigente de la EPS especificando si es Favorable o
Desfavorable.
(…)
De acuerdo con lo anterior es importante aclarar que si el concepto expedido por
la EPS es de origen Favorable debe adjuntar los Documentos Básicos para la
solicitud de pago de incapacidades (se adjunta formato), si de lo contrario su origen
es Desfavorable debe adjuntar Documentos Básicos para el proceso el Proceso
de Valoración de Invalidez (se adjunta formato), a fin de que Seguros de Vida
Alfa proceda a calificar su perdida (sic) de capacidad laboral. Así las cosas es
importante mencionar que de acuerdo a su situación particular debe radicar en esta
Administración los Documentos originales según los formatos mencionados
anteriormente (…)”. (negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, esta Subsección no evidencia vulneración alguna del derecho
fundamental de petición por parte de Porvenir, pues, si bien el requerimiento al
que alude el accionante en el escrito no tiene soporte de radicación, lo cierto es
que, se evidencia que esta entidad dio respuesta a una solicitud relacionada con
la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.
Por otra parte, no es posible realizar un análisis respecto a la presunta
vulneración del derecho a la igualdad por parte del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali, dado que el
señor Óscar no señaló cuál fue la actuación o circunstancia que le causó el
agravio.
En consecuencia, la Sala negará el amparo del derecho fundamental de petición,
en relación con Porvenir y, declarará improcedente la acción de tutela respecto
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil
del Circuito de Cali.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
Primero: Negar el amparo del derecho fundamental de petición, en relación con
Porvenir.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela respecto del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de
Cali, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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