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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03976-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03976-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la fiscal 10.° Delegada ante el Tribunal Superior de Cali. SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 29 de agosto de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, con la que se declaró la configuración de la cosa juzgada. TERCERO: Adviértesele al señor Óscar Fernando Quintero Mesa que se abstenga de manifestar expresiones irrespetuosas en sus escritos, so pena de que deban ejercerse los poderes correccionales del juez establecidos en el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa Demandados: Consejo de Estado y Otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-01 artículo 44 del Código General del Proceso. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03976-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de marzo de 2025

Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandados: Consejo de Estado y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03976-01
Demandante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de agosto de 2024, dictada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado que declaró la configuración de la cosa
juzgada.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, instauró acción de
tutela, con la finalidad de que se amparen sus derechos fundamentales de
petición y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por parte del Consejo
de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Diecinueve Civil
del Circuito de Cali, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión
de la falta de respuesta “satisfactoria” a la solicitud que formuló el 12 de mayo
de 2014 y porque no se ha resuelto una petición que radicó el 24 de abril de
2020, ante la presidencia del Consejo de Estado. A su vez, por una sentencia
dictada el 12 de marzo de 2020 dictada en el proceso con radicado 11001-03-
15-000-2019-05310-00, así como por una denuncia presentada ante la Fiscalía
General de la Nación que radicó el 17 de junio de 2019.

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandados: Consejo de Estado y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-01

1.2. Pretensiones

La parte demandante solicitó que se amparen los derechos ya invocados y se
“dé respuesta satisfactoria a la petición hecha por mí, a, el día 12 de mayo de
2014”1.

1.3. Hechos

Los siguientes hechos se extraen del escrito de tutela presentado por el actor:

El accionante hizo referencia a hechos relacionados con el “escándalo en
EMCALI” por la suscripción de millonarios contratos para asumir la
representación judicial de la compañía en los procesos penales en contra de
“los consorcios Clarificación Puerto Mallarino y renovación Puerto Mallarino, al
igual que la asesoría en asuntos penales que requieren entidad (sic)”.

Afirmó que, “[p]or el secuestro de Primera línea, Gustavo Petro Urrego, Francia
Márquez y las acciones ineficientes de protección por parte de Iván Duque, el
expresidente y los robos del cartel de las Monas, Dilián Francisca Toro, Clara
Luz Roldán y las denuncias de Duvalier, de los constantes robos de las
funcionarias del Cartel de las Monas, que no han sido arrestadas y destituidas
por la doble nómina del Hospital Departamental, por la vinculación de Dilián
Francisca Toro con narcotraficantes y ha sido acusada de testaferrato al igual
que el alcalde de Cali Jorge Iván. Todos delincuentes con antecedentes, de
hecho el alcalde Jorge Iván, ha robado tanto dinero que pretende comprar la
iglesia de la Ermita como lo indican los medios (sic)”.

Mencionó la sentencia del 12 de marzo de 2020 dictada en el proceso con
radicado 11001-03-15-000-2019-05310-00, donde fungió como accionado el
Tribunal Administrativo de Boyacá y como accionante el señor Arley Parra Gil.

Afirmó que, radicó solicitud ante el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir,
en la que indicó que se “debía tener en cuenta la historia laboral acumulada,
que venía de Colpensiones y que me hicieron obligatoriamente afiliar a ese
fondo teniendo derecho a ser pensionado desde 1970 por la Epilepsia
Generalizada como lo indica la sentencia donde en 48 horas debía ser
pensionado por la sustitución pensional de Padre, que muere en 1979, con
reconocimiento desde su primer empleo, de acuerdo a su historia laboral.
Número de documento cc 1.199824 de Manizales. Ultimo empleo empresa
Singer (Manizales)” (sic).

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Cita del texto original.

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Agregó que, presentó petición ante la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías, en
aras de que se le realizara calificación de pérdida de la capacidad laboral.
Adjuntó copia de una denuncia que realizó el 17 de junio de 2019.

Expuso que “[a] Álvaro Namén, se le vencieron términos y por derecho de
Petición, del 24/04/2020 los términos de los 10 días al no ser resueltos por
Álvaro Namén y la el empleador, generaron la obligación del empleador de
pagar lo solicitado, al igual que Consejo de Estado, el director de Consejo de
Estado y las comisiones a las que delegó.” (sic)

1.4. Sustento de la petición

La parte actora indicó que sus derechos fundamentales se vulneraron por la
falta de respuesta “satisfactoria” a la petición que formuló el “12 de mayo de
2014 (sic)” (incluyó imagen de respuesta de dicha fecha).

Hizo referencia a una sentencia dictada el 12 de marzo de 2020 dictada en el
proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-05310-00 de la Sección primera
del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hernando Sánchez
Sánchez, así como por una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que
radicó el 17 de junio de 2019.

Señaló que, no se ha resuelto la petición que radicó el 24 de abril de 2020, ante
la presidencia del Consejo de Estado.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 1.° de agosto de 2024, el a quo admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación de las autoridades judiciales accionadas, así:

Por reunir los requisitos legales, SE ADMITE la presente acción de tutela que
instaura el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, en
contra del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali, el Juzgado 9.° Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Cali y la Fiscalía General de la Nación;
advirtiéndoles que pueden ejercer su derecho de defensa, dentro de los dos
(2) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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1.6.1. Juzgado 9.° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali

Informó que asumió el conocimiento de la acción de tutela con radicado 76001-
43-03-009-2024-00231 instaurada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa
en contra de “Hernando Morales Plaza y otros”, la cual fue declarada
improcedente mediante el fallo núm. 236 de 31 de julio de 2024.

Agregó que no ha transgredido derecho fundamental alguno al accionante, por
el contrario, se le han respetado las garantías dentro del mecanismo
constitucional antes citado.

1.6.2. Fiscal 10.° Delegada ante el Tribunal Superior de Cali

Mencionó que tuvo conocimiento de la noticia criminal con radicado
“760016000199201903152”, que presentó el actor en contra de la juez 7.° de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, “frente a un fallo de tutela, que
negó el amparo constitucional deprecado por considerar que el hecho estaba
superado”; la cual se encuentra inactiva por orden de archivo del 31 de julio de
2020.

Agregó que el escrito de tutela es bastante confuso y que, si bien señala una
presunta transgresión del derecho de petición, lo cierto es que no se ha
vulnerado derecho alguno, por lo que solicitó su desvinculación.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho núm. 6

Señaló que no se logra establecer cuáles son los hechos que sustentan la
acción de tutela y, qué relación tienen los mismos con el despacho en mención.
Adujo que, además en el sistema de información no se encontró ningún medio
de control en el que haga parte el aquí accionante.

Refirió que el señor Óscar Fernando Quintero Mesa transcribió en uno de los
apartes del escrito de tutela el radicado “15001333301520160030401”, medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor
Arley Parra Gil, el cual fue tramitado y decidido por esa corporación en
sentencia de segunda instancia del 10 de julio de 2019, y que contra este se
interpuso tutela con radicado 1001-03-15-000-2019-05310-00, la cual conoció el
Consejo de Estado; no obstante, el accionante solo mencionó el número del
proceso, pero no argumentó en qué consistió la supuesta vulneración.

1.6.4. Presidencia del Consejo de Estado

Indicó que, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa formuló acción de tutela
contra el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado
19 Civil del Circuito de Cali, el Juzgado 9 Civil Municipal de Ejecución de
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Sentencias de Cali y la Fiscalía General de la Nación, por la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición.

Expuso que, aunque la redacción de la situación fáctica y las pretensiones no
son lo suficientemente claras, en lo que concierne a esta Corporación, se logró
identificar que el actor hace alusión a una solicitud del 24 de abril de 2020
dirigida al “HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Álvaro Namén Vargas,
PRESIDENTE”, de la cual refiere que “los términos de respuesta […] se
vencieron y no fueron resueltos ni como derecho de petición, ni como tutela”.

Al respecto, se precisa que, desde el año 2020, el actor ha presentado
numerosos escritos ante la Presidencia del Consejo de Estado que, a pesar de
la falta de claridad, de la considerable extensión, de que son reiterativos y de
que versan sobre asuntos respecto de los cuales la Corporación y, en especial,
esta dependencia no tiene competencia para actuar, se les ha impartido el
trámite correspondiente y las respuestas han sido notificadas oportunamente.

Indicó que el 27 de abril de 2020 el accionante presentó petición donde
manifestó su presunta condición de víctima de delitos de lesa humanidad y de
acoso laboral; y solicitó intervención de la corporación para que lo indemnizaran
a él y a su grupo familiar como víctimas del conflicto armado.

Manifestó que, mediante el OFI-INT-2020-1398 del 30 de abril de 2020 se le
informó al accionante que la solicitud se remitiría a las Secciones Segunda y
Tercera del Consejo de Estado, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la
Nueva EPS, a la Policía Nacional, a la Corporación de Servicios Médicos
Internacionales Them, al Grupo EMI, al Hospital de Caldas y a la Defensoría del
Pueblo, para que atendieran lo requerido.

Además, señaló que los hechos y las pretensiones de la presente acción
constitucional son reiterativas, “no solo en ejercicio del derecho de petición, sino
que han sido expuestas en otras acciones de tutela, las más recientes
identificadas con los radicados núm. 11001-31-87-027-2024-00021-00, 11001-
03-15-000-2023-02550-00, 11001-31-09-043-2022-00236-00 y 11001-03-15-
000-2020-02500-00/01, que fueron decididas por el Juzgado 27 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, el Juzgado 43 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Bogotá, D. C., y las secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado,
respectivamente”.

1.6.5. Sección Tercera, Subsección B de la Corporación

Indicó que ha conocido de las siguientes acciones de tutela presentadas por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa con radicados 2022-03508-00, 2022-
04710-00, 2023-00669-00, 2023-03926-00, 2024-03555-00 y 2023-06274-01.
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Adicionalmente, señaló las actuaciones que se llevaron a cabo en cada una de
ellas.

1.6.6. Sección Segunda, Subsección B de la Corporación

Por un lado, señaló que de los hechos de la tutela no es posible identificar
argumento que se endilgue al despacho del cual es titular y, por otro lado,
expuso que fue ponente en tres expedientes de tutela presentados por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa identificados con los radicados 11001-03-15-
000-2023-04895-00, 11001-03-15-000-2023-05967-00 y 11001-03-15-000-
2024-06274-00, pero que ninguno de ellos se relaciona con los hechos objeto
de tutela.

1.6.7. Sección Primera del Consejo de Estado

Señaló que el señor Óscar Quintero carece de legitimación en la causa por
activa, puesto que la acción constitucional a la que hizo referencia en su escrito
introductorio fue instaurada por el señor Arley Parra Gil, mediante apoderado,
en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la providencia
de 10 de julio de 2019 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15001-33-33-015-2016-00304-01.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado declaró la configuración de la cosa juzgada.

Como cuestión previa, aclaró lo siguiente:

El 3 de agosto de 2024 el accionante remitió solicitud de vincular a “la Fiscal
en Calidad de Demandada a y Luz Adriana Camargo Garzón, Fiscal General
de la Nación y a los fiscales que han comprado los demandados y Hernando
Morales Plaza, como mi abogado representado”; además, mencionó varios
radicados de procesos en los cuales éste fungió como demandante.

Al respecto, la Sala evidencia que la Fiscalía General de la Nación hace parte
de los accionados en la presente acción de tutela, motivo por el cual, no hay
lugar a acceder a dicha solicitud frente a ésta.

Ahora, en relación con la solicitud de vincular al abogado Hernando Morales
Plaza y a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón a la acción constitucional
bajo estudio, observa la Sala que a) estas personas no tienen una relación
con los hechos que expone el accionante en su escrito de tutela; b) en la
solicitud el actor no expone cómo estas personas están comprometidas con la
presunta afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y de petición
que se alegan y c) no se aprecia que puedan resultar afectadas por el fallo
que se profiera, por lo cual, no se accede a dicha petición.
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Advirtió que el actor anteriormente presentó otra acción de tutela en contra del
Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil
del Circuito de Cali, la cual fue tramitada con radicado 11001-03-15-000-2023-
07567-00. Las pretensiones y fundamentos de dicha acción fueron los mismos
que los del caso bajo estudio. Para tal efecto, incluyó un cuadro comparativo
entre dicho proceso y el de la referencia.

Mencionó que, el señor Quintero Mesa en una acción de tutela similar a esta
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y de petición,
ante la negativa del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir de dar respuesta
a la petición del 12 de mayo de 2014, relacionada con la calificación de pérdida
de la capacidad laboral.

Informó que, esta subsección en primera instancia negó el amparo invocado en
relación con Porvenir Pensiones y Cesantías y declaró improcedente la tutela
respecto del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali, lo cual fue confirmado parcialmente por la
Sección Quinta de la corporación en decisión del 21 de marzo de 2024. Precisó
que la tutela fue excluida de revisión en la Corte Constitucional mediante auto
del 24 de mayo del mismo año.

Destacó que, los reproches elevados en contra del Consejo de Estado, el
Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali
fueron objeto de estudio en otra acción de tutela previa, por lo que se trata de
un asunto que ya fue definido en un escenario constitucional de la misma
naturaleza que el sub examine, lo que impedía emitir un nuevo pronunciamiento
al respecto.

Aclaró que, si bien, en el caso concreto aparecen como accionados el Juzgado
9.° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali y la Fiscalía General de
la Nación, autoridades judiciales que en la acción anterior no fueron
accionadas, lo cierto es que, el actor solo las mencionó en el escrito de tutela,
pero no señaló de qué manera éstas le transgreden los derechos invocados ni
presentó pretensiones en relación con ellas.

Mencionó que, de igual forma, se observa que los presuntos hechos de
corrupción que involucran a EMCALI no son hechos nuevos, ni justifican la
interposición de la presente acción, dado que se trata de noticias que no tienen
relación con los supuestos fácticos que ya fueron estudiados en la anterior
tutela, no brindan claridad a los hechos narrados y analizados previamente y
tampoco sucedieron con posterioridad a la interposición de la primera acción
constitucional.

Precisó que, la acción constitucional de la referencia tiene identidad de partes,
de objeto y de causa con la tutela 11001-03-15-000-2023-07567-00, por lo que,
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se materializa la cosa juzgada y se podría configurar un actuar temerario por
parte del accionante. Para tal efecto, hizo referencia a los eventos en los cuales
no se considera temeraria la acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto
en la sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional.

Resaltó que el demandante ha actuado, con el convencimiento de la necesidad
extrema de defender un derecho fundamental y, en este sentido, no le se
sancionaría por temeridad en esta ocasión.

Refirió que, resultaba necesario advertir al señor Quintero Mesa que, de seguir
haciendo uso de acciones constitucionales con identidad de partes, hechos y
pretensiones sobre esta causa, se impondría la sanción que contempla el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

1.8. Impugnación

Mediante correo remitido el 9 de septiembre de 2024, el accionante impugnó
el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 6 del
mismo mes y año.

Indicó que, impugnaba el “…prevaricato por acción, que ustedes han
mantenido desde que conoció la acción Constitucional Álvaro Namén hasta
el día de hoy. A ustedes los manda la Corte Suprema de Justicia y es
imperante que acaten lo que les ordena se [j]efe, deben dejar su temeridad
en las acciones, la sentencia que notifican es un fraude sumario que ustedes
están haciendo más grave y costoso.”

Hizo referencia a lo siguiente: “desconocimiento del precedente, lo
desconocen (sic)”, sin precisar algún pronunciamiento en particular. También
mencionó las generalidades de los defectos específicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.

Afirmó “ustedes pertenecen al Cartel de la Toga” y que ratificaron la condena
contra exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt y lo “capturaron”, frente al que citó
apartes de una decisión relacionada con ese asunto. Además, sostuvo lo
siguiente:

-) consejo superior de la judicatura, trabaja para la delincuencia
-) La comisión de Disciplina igual
-) La vicepresidente Marta Lucía Ramírez le exigió a la procuraduría, la
investigación y destitución de los jueces y Magistrados que han actuado de
manera contraria a la ley y ella, Margarita, es una Militante de Gustavo Petro,
la figura de la Procuraduría, desapareció porque no sirve para nada, ni como
Ministra de Justicia, ni como procuradora. Trabaja ella y su hijo para la
delincuencia de los CHAR

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Representante del Pacto Histórico denunció a la procuradora Margarita
Cabello: la acusa de abuso de poder

La denuncia se fundamenta en tres casos en los que las decisiones del ente
disciplinario han sido contrarios a los intereses del Gobierno [N]acional
…
El representante Alejandro Ocampo radicó una denuncia en contra de la
procuradora Margarita Cabello ante la Fiscalía, para pedir que se le investigue
por lo que considera extralimitaciones en las que habría incurrido en la
elección del recto[r] de la Universidad Nacional, la sanción del
superintendente de Servicios Públicos y suspensión del director de la
Sociedad de Activos Especiales.
…
En la denuncia, el representante del Pacto Histórico describe tres hechos en
los que considera que se evidencia la presunta intromisión de Cabello en
asuntos fuera de su competencia, por los que pide que se realice una
investigación. “Los colombianos no podemos permitir que sigan sucediendo
las cosas que han venido sucediendo”, señaló.

cuantos delitos, tiene que cometer para ser destituida, lo mismo ocurre con la
Fiscal nueva Luz [A]driana Camargo y los anteriores Fiscales y en plenario
Consejo de Estado

Refirió una decisión judicial (sin identificar) relativa al prevaricato por acción,
así como la sentencia SU-069 de 2018 de la Corte Constitucional.

1.9. Trámite posterior

El expediente de tutela fue repartido inicialmente al despacho del magistrado
Pedro Pablo Vanegas Gil, quien mediante escrito del 27 de septiembre de
2024 manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia con
fundamento en la causal 11 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal. Al respecto, indicó:

Lo anterior, por cuanto el 4 de junio de 2024, la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes profirió auto por medio del
cual se avocó conocimiento de la denuncia de carácter penal formulada
por el señor Oscar Fernando Quintero Mesa en mi contra, al interior del
proceso con radicado 6526. Tal providencia me fue notificada vía correo
electrónico el 19 de junio de 2024.
…

Posteriormente, el 9 de octubre de 2024, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez consideró que podía estar incurso en la causal 1 del mismo
artículo, por cuanto su cónyuge para esa fecha se desempeñaba como fiscal
adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad
que figura como demandada en la acción de tutela de la referencia.

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Mediante auto del 31 de octubre de 2024, con ponencia del magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra, se declaró fundando el impedimento manifestado por
el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil e infundado el del magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez.

Esta Sala se integró además por la magistrada Gloria María Gómez Montoya
quien salvó su voto y los conjueces Humberto Antonio Sierra Porto y Juan
Carlos Galindo Vácha2.

Mediante escrito del 24 de enero de 2025, el doctor Luis Alberto Álvarez
Parra puso en conocimiento del magistrado ponente su impedimento para
conocer de la acción de tutela de la referencia, por estar incurso en la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

Lo anterior porque el ciudadano Óscar Fernando Quintero Mesa interpuso la
presente acción de tutela y, puntualmente, respecto de esta corporación, en
la cual, alegó que no se ha resuelto una petición que radicó el 24 de abril de
2020, ante la presidencia del Consejo de Estado.

El magistrado Álvarez Parra indicó que, en sesión de 21 de enero de 2025,
la Sala Plena del Consejo de Estado lo eligió presidente de esta
Corporación, por lo que, dicha circunstancia implica que desde ese momento
ostente la representación de esta alta corte. Para ello, aclaró que a pesar de
que al recibir el expediente no se encontraba incurso en alguna causal de
impedimento, actualmente, como representante de una de las entidades
accionadas, le asiste un interés directo en el resultado de la actuación. Y
refirió que, el interés que se alega en esta oportunidad tiene sustento en que
sería juez y parte o destinatario de las posibles determinaciones que se
adopten en este caso.

Mediante providencia del 13 de febrero de 20253, se declaró fundado el
impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y, en
consecuencia, se le separó del conocimiento del presente asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra

2
Los cuales fueron designado por lo ordenado en auto del 11 de octubre de 2024, con acta de
sorteo del 16 del mismo mes y año.
3
Mediante sala integrada por la magistrada Gloria María Gómez Montoya y los magistrados
Omar Joaquín Barreto Suárez, Humberto Antonio Sierra Porto y Juan Carlos Galindo Vácha.

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Demandados: Consejo de Estado y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-01

la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19914, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Solicitud de desvinculación

La fiscal 10.° Delegada ante el Tribunal Superior de Cali solicitó su
desvinculación.

Por tanto, como el a quo no se pronunció sobre dicho asunto, en esta
oportunidad, se negará tal petición.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por el impugnante.

Por tanto, se analizará si se configura o no la cosa juzgada de la demanda
presentada por la parte actora respecto de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-07567-00 también promovida por el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa, pues sobre esta se sustentó el fallo impugnado.

2.4. Caso concreto

El señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, instauró acción de
tutela, con la finalidad de que se amparen sus derechos fundamentales de
petición y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por parte del Consejo
de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Diecinueve Civil
del Circuito de Cali, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Para el demandante se transgredieron sus garantías constitucionales por la
falta de respuesta “satisfactoria” que formuló el 12 de mayo de 2014 y porque
no se ha resuelto una petición que radicó el 24 de abril de 2020, ante la
presidencia del Consejo de Estado. A su vez, por una sentencia dictada el 12
de marzo de 2020 dictada en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-
05310-00, así como por una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que
radicó el 17 de junio de 2019.

4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-01

Mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado declaró la configuración de la cosa juzgada en relación
con la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-07567-00 también
promovida por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en la que, la misma
subsección en mención negó el amparo solicitado y, en segunda instancia la
Sección Quinta de la corporación en decisión del 21 de marzo de 2024 la se
confirmó parcialmente.

La parte actora impugnó, para lo cual incluyó afirmaciones relativas al
prevaricato por acción, al fraude sumario por dictar el fallo impugnado, al
desconocimiento del precedente, a que “ustedes pertenecen al Cartel de la
Toga”, que el “Consejo Superior de la Judicatura trabaja para la delincuencia”,
que la Comisión de Disciplina igual”, reproches contra la entonces procuradora
General de la Nación y de la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, entre otros
planteamientos aislados y citas de decisiones judiciales fuera del contexto
inicial.

Para resolver, se considera:

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre
que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley
2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado
(subsidiariedad).

Por otro lado, el artículo 23 de la Constitución Política, establece que “[t]oda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03976-01

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada5.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

En lo particular, se encuentra que, entre las razones esgrimidas por la parte
impugnante no se encuentra alguna con la cual, se desvirtúe lo decidido por el
juez constitucional de primera instancia sobre la declaratoria de la cosa juzgada,
sumado a que no hay claridad en sus señalamientos y reproches contra
funcionarios, además de ser ostensiblemente irrespetuosos; por lo que, esta
colegiatura no está facultada para extenderse a interpretarla teniendo claro que
es deber del interesado realizar una manifestación expresa, clara y coherente.

Con todo, debe indicarse que, se encuentra configurada la cosa juzgada ante la
identidad de partes, de objeto y de causa con la tutela 11001-03-15-000-2023-
07567-00, la cual se negó en primera instancia y confirmada por la Sección
Quinta de esta corporación en segunda instancia6.

En dicho proceso, el actor demandó al Consejo de Estado, al Tribunal
Administrativo de Boyacá y al Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali en procura de
la salvaguarda de su derecho fundamental de petición y a la igualdad, debido a
la “… omisión de la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías de dar trámite a su
solicitud relacionada con la calificación de su pérdida de capacidad laboral.
Además, el presunto desconocimiento de la jurisprudencia constitucional.”

Asimismo, hizo mención al pronunciamiento del 12 de marzo de 2020 con
radicado 11001-03-15-000-2019-05310-00, donde fungió como accionado el
Tribunal Administrativo de Boyacá y como accionante el señor Arley Parra Gil.

Lo pretendido en dicho proceso consistió en lo siguiente:

1. Se reconozca mi derecho fundamental de petición al cual tengo derecho
en virtud del artículo 23 de la Constitución Política Nacional.

2. Que se dé respuesta satisfactoria a la petición hecha por mí, a, el día
dede (sic) Y SE OTORGUE EN MORA JUDICIAL LA PENSIÓN DE
PADRE, MADRE (PRIMER ESPOSO, SEGUNDO Y LABORAL) Y
HERMANA. (Sic a toda la cita)

5
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
6
Con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.

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En la referida demanda alegó que radicó solicitud ante Porvenir, donde “debía
tener en cuenta la historia laboral acumulada, que venía de Colpensiones y que
me hicieron obligatoriamente afiliar a ese fondo teniendo derecho a ser
pensionado desde 1970 por la Epilepsia Generalizada como lo indica la
sentencia donde en 48 horas debía ser pensionado por la sustitución pensional
de Padre, que muere en 1979, con reconocimiento desde su primer empleo, de
acuerdo a su historia laboral. Número de documento cc 1.199824 de Manizales.
Ultimo empleo empresa Singer (Manizales).”

A su vez, argumentó que presentó petición ante la AFP Horizonte Pensiones y
Cesantías, en aras de que, se le realizara calificación de la pérdida de la
capacidad laboral.

Por lo que, al cotejar tales planteamientos con los de la presente demanda, se
observa que, resultan coincidentes con los expuestos en la demanda de la
referencia, pues en el expediente de la referencia también mencionó el
pronunciamiento del 12 de marzo de 20207, que radicó una solicitud en Porvenir
para que se tuviera en cuenta la historia laboral acumulada, además, de que se
le realizara la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.

Por lo que, si bien en esta acción de tutela el actor solicitó el amparo de su
derecho fundamental de petición y a que se diera respuesta a una solicitud
efectuada por él (que en el fallo impugnado se señaló como del “12 de mayo de
2014”), lo cierto es que, su referencia fue a la siguiente respuesta:

7
Con radicado 11001-03-15-000-2019-05310-00, donde fungió como accionado el Tribunal
Administrativo de Boyacá y como accionante el señor Arley Parra Gil.

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Por lo que, no se observa que, lo anterior corresponda a la petición del actor a
la que hizo referencia el a quo del “12 de mayo de 2014”, sino a una respuesta
emitida en dicha fecha.

En tal sentido, en atención a que, se presenta una identidad de partes, de
objeto y de causa con la tutela 11001-03-15-000-2023-07567-00, debe
confirmarse la sentencia impugnada.

En relación con los hechos hechos de corrupción que involucran a EMCALI, se
considera que le asisten razón al a quo, en tanto que, corresponden a noticias
que no guardan una relación directa con las circunstancias fácticas que se
analizaron en la anterior acción constitucional.

Finalmente, debe indicarse que el numeral 6° del artículo 44 del Código General
del Proceso establece:

ARTÍCULO 44. PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ. Sin perjuicio de
la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes
correccionales:

…
6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los
funcionarios, las partes o terceros.

Por lo que, resulta necesario advertirle al actor que se abstenga de manifestar
expresiones irrespetuosas en sus escritos procesales, como lo es la
impugnación del fallo de tutela, so pena de que deban ejercerse los poderes
correccionales del juez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la fiscal 10.°
Delegada ante el Tribunal Superior de Cali.

SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 29 de agosto de 2024, dictada por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, con la que se declaró
la configuración de la cosa juzgada.

TERCERO: Adviértesele al señor Óscar Fernando Quintero Mesa que se
abstenga de manifestar expresiones irrespetuosas en sus escritos, so pena de
que deban ejercerse los poderes correccionales del juez establecidos en el
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artículo 44 del Código General del Proceso.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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