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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03984-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03984-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la acción de tutela interpuesta por la señora María Ascensión Morales Daza, al no superar el requisito de la subsidiariedad dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03984-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03984-01
Demandante: María Ascensión Morales Daza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03984-01
Demandante: MARÍA ASCENSIÓN MORALES DAZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales de procedencia: relevancia constitucional. Proceso
ejecutivo, cumplimiento sentencia. Pago de horas extras
diurnas, nocturnas, festivos bomberos. Auto que negó el
mandamiento de pago.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 5 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora María
Ascensión Morales Daza, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. […]” 1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 31 de julio de 20242, la señora María Ascensión Morales Daza, actuando a través
de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a su vez
consideró que no se estaba respetando la cosa juzgada, la favorabilidad laboral, ni
la inmutabilidad de las sentencias.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera: se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, principios
constitucionales del artículo 53 de la Constitución Política, en especial la igualdad de
oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; así como el derecho al acceso a la administración de justicia conforme
al artículo 229 de la Constitución Política, ante la existencia de defecto fáctico y sustantivo.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la providencia de
segunda instancia proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del H. Consejo de

1 Samai, índice 14. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
2 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
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Demandante: María Ascensión Morales Daza

Estado, de fecha 9 de noviembre de 2023, notificada electrónicamente el 20 de noviembre de
2023, en el expediente 25000 23 42 000 2022 00 755 01, Proceso ejecutivo laboral siendo
demandante MARIA ASCENSION MORALES DAZA demandado DISTRITO CAPITAL -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ,
respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y corrección el 23 de
noviembre de 2024 (sic), la cual fue negada mediante providencia proferida 9 de mayo de
2024 y notificada electrónicamente el 9 de julio de 2024, por tanto se solicita se ordene a la H.
Sala accionada proferir nueva providencia conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39
del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a los porcentajes reales y valores favorables a
reconocer por concepto de reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y recargos
festivos nocturnos del 235% con el factor de 190 horas mensuales (jornada máxima legal
empleados públicos), toda vez que la H. Sala accionada confirmó la decisión errónea del H.
Tribunal al desconocer lo dispuesto en las sentencias de recaudo de primera y segunda
instancia, tanto así que en la solicitud de adición, aclaración y corrección de la providencia de
segunda instancia en el proceso ejecutivo en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 del memorial,
concretamente a folios 2 a 7 se transcribieron apartes pertinentes de las sentencias del
proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de primera y segunda instancia,
pero desafortunadamente la H. Sala accionada NO ANALIZO DE FONDO QUE EL
PROBLEMA OBJETO DE RECLAMO ES LA MODIFICACION DE LAS SENTENCIAS DE
RECAUDO POR PARTE DEL H. TRIBUNAL AL DISPONER RELIQUIDAR LOS RECARGOS
CONTRARIO AL CLARO PRONUNCIAMIENTO DEL H. TRIBUNAL EN PRIMERA
INSTANCIA EN LA SENTENCIA DE RECAUDO Y DEL H. CONSEJO DE ESTADO EN LA
PROVIDENCIA DE RECAUDO DE SEGUNDA INSTANCIA, desconociendo el cuadro visible
a folios 18 y 19 de la misma donde aparece la interpretación clara y precisa QUE LOS
RECARGOS FESTIVOS SON DEL DOBLE DE LA REMUNERACIÓN o sea el 200% y 235%
respectivamente, conforme con el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 o SEA SIN
PERJUICIO DE LA REMUNERACIÓN percibida en la asignación básica por haber laborado
el mes, actuando contraria a la tesis garantista de la sentencia de recaudo, al pretender que
solo es el 100% y 135% conculcando la favorabilidad laboral, desconociendo los principios de
cosa juzgada, inmutabilidad de las sentencias y el debido proceso al modificar en contra de la
ejecutante lo concedido en las sentencias de recaudo, al liquidar el 100% y 135% sobre 190
horas mensuales y descontar lo pagado por la entidad con el 200% y 235% sobre 240 horas
mensuales, generando por ello SALDOS NEGATIVOS, cuando lo que ordenan las sentencias
de recaudo es RECONOCER Y PAGAR LAS DIFERENCIAS entre lo liquidado erróneamente
sobre 240 horas mensualmente que debe ser cancelado sobre 190 horas mensuales, o sea el
reconocimiento y pago de las diferencias positivas y no resultados negativos. […]” (Sic a toda
la cita).

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 25000-23-25-000-2010-00217-00/01

2.1. La señora María Ascensión Morales Daza laboró al servicio de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y solicitó el
reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales y festivos a los que
consideró tener derecho, lo que le fue negado.

Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho demandó al Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que, en sentencia del 6 de
agosto de 2015 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para
lo cual ordenó el pago de 50 horas diurnas al mes, el reajuste de los recargos
nocturnos, de los días festivos y dominicales laborados y la reliquidación del

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Demandante: María Ascensión Morales Daza

valor de las cesantías reconocidas pagadas. Como punto de partida para la
liquidación ordenó tener en cuenta la jornada máxima laboral de 190 horas
mensuales, desde el 14 de abril de 2006 hasta el cumplimiento de la sentencia.
Se indicó que debe pagarse la diferencia entre lo ya reconocido a la
demandada y lo que resultara del reajuste que se dictaminó. Y se apartó de la
posición que ordenaba limitar la condena hasta el 20 de febrero de 2013 en
virtud de la entrada en vigor del Decreto 256 de 2013, lo anterior en los
siguientes términos:
“[…] SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho conformidad con el marco normativo
de los (sic) consideraciones de la presente providencia, CONDENSE al DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA, a
que reconozca y pague a la señora MARIA ASCENSION MORALES DAZA, a lo siguiente:
a) El valor correspondiente a cincuenta horas 850) extras diurnas al mes, desde el 14 de
abril de 2006 hasta cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia, con fundamento
en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, liquidadas con base en el factor hora
que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número de horas mensuales
de la jornada ordinaria laboral, esto es, 190 y no 240.
b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos laborados por el
actor desde el 14 de abril de 2006 hasta cuando se dé cumplimiento a la presente
sentencia, empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas mensuales,
que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar las diferencias que
resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse
por tales conceptos como resultado del reajuste.
c) Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas al actor a partir del 14 de abril
de 2006hasta cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia con el valor que surja
por concepto de las horas extras cuyo reconocimiento se ordena.
d) Las sumas que resulten adeudadas al demandante actualizadas, aplicando para ello la
siguiente formula […] En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (RH) que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la
fecha en la cual se causó el derecho. […]” (Sic a toda la cita)

2.3. En segunda instancia, mediante sentencia del 8 de marzo de 2018 la
Subsección A de la Sección segunda del Consejo de Estado confirmó la
decisión apelada, bajo el entendido de que la orden de pagar el reajuste
ordenado debía hacerse una vez efectuado el descuento respectivo de lo que
ya había cancelado la entidad y por las sumas que resultaran en favor de la
accionante.
Hechos relativos al proceso ejecutivo Nro. 25000-23-42-000-2022-00755-00/01
2.4. La señora María Ascensión Morales Daza presentó demanda ejecutiva en
contra del Distrito Capital de Bogotá, Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos, con el fin de que se librara a su favor mandamiento
ejecutivo de pago como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia
del 6 de agosto de 2015 y del 8 de marzo de 2018, dictadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
respectivamente, en las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de las
horas extras diurnas, reajuste de los recargos nocturnos, trabajo dominical,
festivos y la reliquidación de las cesantías.
Para ello planteó como una de las pretensiones del ejecutivo la siguiente:
“[…] Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra del DISTRITO CAPITAL – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, y a favor

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Demandante: María Ascensión Morales Daza

de la señora MARIA ASCENCION (sic) MORALES DAZA la suma de TREINTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS ($35.799.279) MODEDA CORRIENTE, por concepto de capital pendiente de cancelar
por el distrito capital – unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá
toda vez que la entidad notificó el 05 de diciembre de 2018 una liquidación administrativa
generando un resultado de $73.115.416 por capital entre abril de 2006 hasta diciembre de
2017 incluyendo reliquidación de cesantías por la suma de $6.044.501, cuando la liquidación
conforme con los parámetros de la sentencia de segunda instancia, entre abril de 2006 hasta
diciembre de 2017 es de $108.914.695 capital indexado, conforme con la sentencia de
segunda instancia de nulidad y restablecimiento proferida por por (sic) el Consejo de Estado
Sección Segunda Subsección “A” dentro del proceso dentro del proceso de Acción de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho con radicado 25000232500020100021701, Demandante:
MARIA ASCENSION MORALES DAZA demandado DISTRITO CAPITAL – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, donde se
confirmó la providencia de primera instancia proferida el 6 de agosto de 2015 por el h. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, liquidación realizada
conforme con la sentencia, capital correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril
de 2006 al 31 de diciembre de 2017.
Horas extras diurnas $56.750.224
Reliquidación recargos 35% $6.261.605
Reliquidación recargos 200% $8.671.170
Reliquidación recargos 235% $12.261.385
Reliquidación cesantías $5.636.479
Gran total sin indexar $89.580.863
Indexación $19.333.832
Gran total indexado $108.914.695
[…]

2.5. Por reparto, el proceso ejecutivo le correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que por auto del 18 de abril
de 2023, negó el mandamiento ejecutivo a favor de la actora y en contra del
Distrito Capital de Bogotá, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos, determinó el valor de la hora según la jornada reconocida en el
título ejecutivo y el periodo a liquidar, y consideró que frente a este último
aspecto solamente debía incluirse el capital anterior teniendo en cuenta que la
decisión quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2018 y la demandante se había
retirado del servicio el 15 de diciembre de 2017.

El Tribunal concluyó que el capital de la condena correspondía a los siguientes
valores: capital $36.072.362,70 y valor de cesantías e intereses sobre las
cesantías: $6.171.580, 10, para un total de: $42.243.942,80. Mientras que la
demandante manifestó que la entidad realizó una liquidación de la condena
por valor de $73.115.416 (monto que fue pagado), y que sólo reclamaba un
presunto saldo insoluto, así:

Valor liquidado $ 42.243.942,80
Valor pagado $ 73.115.416,00
Saldo $ -30.871.473,20

Finalmente, dijo que: (i) por la forma como fue formulada la segunda
pretensión no es posible librar mandamiento de pago respecto de los
intereses, pues entre el 2 de abril de 2018 y el 25 de febrero de 2018, no se
causaron intereses dado que estos no se generan hacía el pasado; (ii) no es
procedente librar mandamiento de pago respecto de la tercera pretensión que
hace referencia a los intereses sobre el saldo insoluto, pues conforme al
anterior cuadro son inexistentes; y (iii) señaló que no era posible identificar

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hasta qué fecha se causaron los intereses, pues en el expediente obra la
liquidación del capital que realizó la entidad, pero no la fecha exacta del pago.

2.6. Contra la anterior decisión la parte ejecutante presentó recurso de apelación,
argumentando que se desconocía el debido proceso, la cosa juzgada, el
principio de inmutabilidad de las sentencias y que no se atendía lo dispuesto
frente a los recargos del 35%, 200% y 235% tomando como base 190 horas y
no 240 como fueron liquidadas. Que ese nuevo criterio desconoce las
sentencias de recaudo de primera y segunda instancia, pues en ellas se dio
alcance a la sentencia de unificación Nro. 25000-23-25-000-2010-00725-01
(demandante: Omar Bedoya), en donde se expresan los porcentajes del 35%
para los recargos nocturnos ordinarios, 200% para los recargos festivos
diurnos y el 235% para los recargos festivos nocturnos. Que no era posible
que se presentara un resultado negativo en contra de la ejecutante por
concepto de saldo insoluto.

2.7. Mediante providencia del 9 de noviembre de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió confirmar el auto del 18 de
abril de 2023, en el cual se negó el mandamiento ejecutivo solicitado por la
señora María Ascensión Morales Daza

2.8. La parte ejecutante presentó solicitud de aclaración, corrección y adición a la
providencia del 9 de noviembre de 2023; peticiones que fueron negadas por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia
del 9 de mayo de 2024. Al respecto esta Corporación sostuvo que no era
procedente ninguna de las figuras propuestas, ya que lo manifestado por la
parte actora no apuntaban a evidenciar: (i) conceptos o frases que generen
duda, (ii) situaciones que hubieran dejado de resolverse ni (iii) errores
puramente aritméticos o por alteración de palabras y, por el contrario, los
planteamientos de la parte demandante iban encaminados a rebatir el análisis
de fondo que ya había sido resuelto por esa instancia.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que el auto del 9 de noviembre de 2023 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó el
dictado el 18 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F en el proceso ejecutivo con radicación Nro. 25000-
23-42-000-2022-00755-00/01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a su vez, afirmó que
no se respetó la cosa juzgada, la favorabilidad laboral, ni la inmutabilidad de las
sentencias.

Mencionó que la acción cumple a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. resaltó que no
pretende convertir este mecanismo en una instancia adicional, y que la providencia
debatida incurrió en un defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, y en un defecto fáctico.

3.1. Defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Sostuvo que al definirse en la liquidación del crédito sobre
los porcentajes del 100% y el 135%, la autoridad judicial accionada modificó
en lo sustancial la sentencia de recaudo de segunda instancia cuya ejecución
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se pretendía, en lo referente a los recargos ordinarios nocturnos de 35%, los
recargos festivos diurnos del 200% y los recargos festivos nocturnos del 235%,
liquidados y pagados sobre 240 horas mensuales, cuando la jornada máxima
legal del ejecutante como empleado público territorial era de 190 horas
mensuales, es decir, se generó una diferencia en contra del patrimonio de la
demandante. Aseguró que esta inconformidad se demostró de manera clara y
precisa en la solicitud de adición, aclaración y corrección que se presentó el
23 de noviembre de 2023, la cual también fue negada.

Puso de presente que en un caso similar, en el proceso Nro. 25000-23-42-000-
2018-01477-01 el Consejo de Estado, Sección Segunda (C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez) revocó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en donde se había ordenado reliquidar los recargos festivos
diurnos con el 100%, los recargos festivos nocturnos con el 135% y dispuso
que la reliquidación se realizara conforme con los artículos 35 y 39 del Decreto
Ley 1042 de 1978 con el 200% y 235% respectivamente sobre las 190 horas
de la jornada máxima legal mensual. Invocó la sentencia de unificación Nro.
25000-23-25-000-2010-00725-01, demandante Omar Bedoya, que según afirma,
estableció la forma de reliquidar dichos recargos.

Insistió en que el reconocimiento de los días dominicales, festivos diurnos y
los dominicales y festivos nocturnos, debían ser reliquidados y pagados sobre
el 200% y el 235% que era el doble del valor de un día de trabajo, conforme lo
establecía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y la citada sentencia, y no
del 100% y 135% como lo disponía la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado. Anunció como precedentes desconocidos, las siguientes
sentencias:

▪ Sentencia del 25 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, expediente Nro. 11001-03-15-000-
2023-04299-00, accionante: Luis Antonio Castellanos Rodríguez, con
ponencia del doctor Fredy Ibarra Martínez.
▪ Sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00, con
ponencia del doctor Luis Alberto Álvarez Parra, accionante: Jorge Carpintero
León.
▪ Sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-
05248-00, con ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández, accionante:
William Alberto Castillo Pinzón.
▪ Sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
expediente Nro. 25000-23-25-000-2010-00725-01, demandante: Omar
Bedoya.
▪ Sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, expediente Nro. 25000-23-42-000-2018-
01477-01, demandante: Andrés Felipe Galán Torres, con ponencia del doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez.

3.2. Defecto fáctico. Manifestó que se configuró en la providencia cuestionada
toda vez que los jueces del proceso ejecutivo no tuvieron en cuenta la parte
motiva de las sentencias del 6 de agosto de 2015 y del 8 de mayo de 2018, en
donde se indicaban los parámetros para la reliquidación de los recargos, así
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como tampoco se atendió “[…] la sentencia de unificación jurisprudencial expediente
25000 23 25000 2010 00 705 01 y lo consagrado de manera precisa en el artículo 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978, donde se establece que es el DOBLE de la asignación básica
SIN PERJUICIO de la remuneración por haber laborado el mes completo, donde se
cercenan los derechos laborales de la ejecutante al determinar que es el 100% y no el
200% […]”.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 6 de agosto de 20243, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por la señora María Ascensión Morales Daza, quien actúa a
través de su apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A; se vinculó en calidad de tercero con interés al Distrito
Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F; se ofició al Tribunal y al Consejo de Estado, para que remitieran
copia del expediente Nro. 25000-23-42-000-2022-00755-00/01; se reconoció
personería para actuar al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo; y se dispuso a
efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 y la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5, dieron cumplimiento al requerimiento del auto admisorio
allegando copia del expediente Nro. 25000-23-42-000-2022-00755-00/01 y
anexando el enlace de consulta en el Sistema de Gestión Samai, y respecto a
los hechos de esta acción guardaron silencio.

4.3. La U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá6, rindió informe en el que
manifestó que esta acción de tutela vulnera el principio de subsidiariedad, en
tanto la accionante podía acudir al recurso extraordinario de revisión,
consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, el cual permite controvertir decisiones
ejecutoriadas en circunstancias excepcionales.

Por lo que al no estar acreditado en el expediente que la accionante agotó
todos los mecanismos procesales y extraprocesales no se cumple con el
requisito de subsidiariedad. Añadió que lo pretendido acá es revivir términos
procesales para una acción ejecutiva.

De otro lado, tratándose de un asunto relacionado con el reconocimiento de
derechos laborales y cobro de dinero a través de un proceso ejecutivo, no se
evidencia que se justifique la procedencia de la acción de tutela para evitar un
perjuicio irremediable, más aún cuando el debate se centra en la mera
expectativa de recibir un pago. Tampoco se advirtió que la accionante no es
una persona de especial protección, pues no hace parte de la tercera edad, ni
padece una limitación física, psíquica o sensorial y tampoco se encuentra en
una penosa condición económica.

Señaló que si bien el apoderado de la parte actora indicó que no se atendieron
los criterios establecidos por parte de las sentencias del proceso de nulidad y

3 Samai, índice 5. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
4 Samai, índice 9 y 10. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
5 Samai, índice 11. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
6 Samai, índice 11. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00
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Demandante: María Ascensión Morales Daza

restablecimiento del derecho respecto a los porcentajes por los cuales se
deberían liquidar los recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos,
puesto que se utilizaron de manera errónea las fórmulas para el cálculo de los
emolumentos reconocidos en los fallos del proceso declarativo, lo cierto es que
ese aspecto ya fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
al negar el mandamiento de pago solicitado, y por el Consejo de Estado al
confirmar dicha decisión.

Adujo que las providencias atacadas se encuentran conformes a derecho,
puesto que se ajustan a lo realmente ordenado dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en cuyo fallo se ordenó reajustar los recargos
empleando el factor de 190 horas mensuales y no el de 240, sin impartir
instrucciones adicionales, es decir se refiere a una reliquidación de lo ya
cancelado por la entidad, más no al doble pago de dichos recargos, que es lo
pretendido por la accionante sin justificación alguna. Dado todo lo anterior,
solicitó que se declarara la improcedencia de esta acción de tutela.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 5 de septiembre de 20247, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora
María Ascensión Morales Daza, al no superarse el requisito de relevancia
constitucional.

Al respecto el juez de primera instancia señaló que se debía estudiar si la acción
de tutela de la referencia superaba el mencionado requisito, específicamente si se
estaba utilizando este mecanismo como una tercera instancia o un recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Para ello estudió la solicitud de amparo, en donde se determinó que la accionante
cuestiona la providencia del 9 de noviembre de 2023, que confirmó la decisión de
no librar el mandamiento ejecutivo a su favor, y del análisis de los argumentos
señaló que la finalidad era reabrir el debate resuelto por el juez natural de la causa
en tanto que se discutió: (i) que dichas decisiones no sólo se fundamentan en una
errónea interpretación de lo ordenado en las sentencias de recaudo, sino que
también se interpreta de indebida forma el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978,
que establece que los recargos festivos diurnos y festivos nocturnos son del 200%
y 235%; (ii) no hay fundamento legal ni jurisprudencial que sustente las decisiones
del proceso ejecutivo pues se afecta de manera irremediable el patrimonio de la
ejecutante al disponer la reliquidación de los recargos festivos diurnos con el 100%
sobre 190 horas mensuales, para luego realizar el descuento total del 200%
cancelados sobre 240 horas mensuales; y (iii) la negativa del reconocimiento de
los intereses moratorios modificó lo ordenado en el proceso declarativo.

Por las anteriores razones, se concluyó que los reparos de la parte actora tenían
que ver con que las autoridades judiciales accionadas desconocieron la orden
contenida en la sentencia que constituía título ejecutivo, debate que ya había sido
objeto de pronunciamiento en el auto del 9 de noviembre de 2023, y para
demostrarlo la Sección Primera citó varios apartes de esa providencia, como los
siguientes:

7 Samai, índice 14. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
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Demandante: María Ascensión Morales Daza

“[…] La Subsección considera que no le asiste razón a la ejecutante cuando sostiene que el
a quo desconoció la orden contenida en el título, teniendo en cuenta que de la lectura y
revisión de las sentencias se observa lo siguiente:
En la sentencia del 6 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho se lee en su parte
considerativa con respecto a los recargos dominicales y festivos:
En relación con el reconocimiento de trabajo suplementario (horas extras), así como de los
recargos nocturnos, dominicales y festivos para quienes ejercen la actividad propia del
Cuerpo Oficial de Bomberos, se les deberá efectuar tales beneficios salariales, mientras su
jornada máxima de trabajo no esté reglamentada y demuestren que su horario laboral excede
lo normado en el Decreto No. 1042 de 1978, art. 33, esto es 44 horas semanales y 190 horas
mensuales, más no sobre 240 como lo pretende la parte demandada.
De conformidad con lo anterior, la parte resolutiva ordenó reajustar los recargos dominicales
y festivos empleando el factor de 190 horas mensuales y no 240 sin impartir instrucción
adicional alguna. […]
[…] Repárese que en este aparte se hace relación a los porcentajes que tuvo en cuenta la
entidad aquí ejecutada para liquidar esos conceptos, pero no se trata de una orden que se
haya impartido en la sentencia frente a este punto.
Así, no se encuentra entonces que el tribunal esté modificando la obligación contenida en el
título, sino que procedió a realizar la liquidación con fundamento en los materiales probatorios
que reposan en el expediente y en atención a los criterios que consideró legales, bajo la
previsión consagrada en el artículo 430 del CGP, por lo que no se advierte el desconocimiento
del derecho de debido proceso, cosa juzgada y de inmutabilidad de las decisiones judiciales.
[…]
[…] Tal como se advierte del escrito de apelación, la recurrente se limitó a considerar que por
concepto de recargo dominical y festivo y recargos festivos nocturnos los porcentajes que
debían aplicarse eran del 200% y 235%, respectivamente, sin plantear argumentos de reparo
específicos para controvertir lo concluido por el tribunal con fundamento en los artículos 34 y
39 del Decreto 1042 de 1978, únicamente bajo la consigna de que así fue liquidado por la
entidad aquí ejecutada.
En efecto, no se encuentran elementos que permitan arribar a una conclusión diferente a la
expuesta en el auto, pues lo propuesto por la señora Morales Daza en el sentido de que deben
tenerse en cuenta diferentes porcentajes, fue un asunto que el tribunal abordó bajo otros
presupuestos, según se transcribió líneas atrás, pero que ahora la recurrente no logra
desvirtuar con lo alegado en el escrito de alzada. […]
[…] Finalmente, con respecto al tema de los intereses que reprochó la señora María
Ascensión en el escrito de apelación y que el a quo despachó al observar que en el periodo
pedido en las pretensiones de la demanda no se causaron, se encuentra que si bien la
recurrente considera que frente a este aspecto el tribunal debió requerir a la entidad para
tener la prueba sobre la fecha del pago, es relevante recordar que el proceso ejecutivo es el
medio judicial para hacer efectivas, por la vía coercitiva, las obligaciones incumplidas por el
deudor. Es decir, es el instrumento para que el acreedor haga valer el derecho (que consta
en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada,1 por lo que las
circunstancias que rodean la obligación incumplida deberán ser alegadas por el deudor y
resueltas por el despacho sustanciador cuando así se presente. […]

Por lo anterior, esa Sección determinó que se estaba utilizando la acción de tutela
como una instancia o recurso adicional para controvertir lo resuelto por el juez
natural, por lo que concluyó que no se cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional.

De otro lado, frente a los precedentes invocados manifestó que no se identificó cuál
fue la regla de unificación desconocida que le era aplicable al caso en el proceso
Nro. 25000-23-25-000-2010-00725-00/01, frente a la providencia del expediente
Nro. 25000-23-42-000-2018-01477-00/01 dijo que se dictó dentro de un proceso
ejecutivo por lo que no constituía precedente, y frente al expediente Nro. 11001-03-

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Demandante: María Ascensión Morales Daza

15-000-2023-04299-00/01 se indicó que fue una decisión dictada con posterioridad a
la decisión debatida, y adicionalmente tiene efectos inter partes. Bajo estos
argumentos se declaró la improcedencia de esta acción.

6. Impugnación
La parte demandante impugnó8 el fallo de primera instancia, solicitando fuera
revocado.
Indicó que, la Sección Primera no llegó al fondo del asunto, que señalaba que se
modificó lo ordenado en la sentencia del proceso declarativo en el cual de manera
precisa se había determinado la forma de liquidar los recargos festivos diurnos del
200% y recargos festivos nocturnos del 235%, tomando la asignación básica sobre
190 horas mensuales, cuando fueron pagados sobre 240 horas mensuales
desconociendo así el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la
inmutabilidad de las sentencias, la cosa juzgada y la favorabilidad laboral de la
accionante.
De otro lado se señaló, en dos oportunidades, que no era cierto que nunca
especificó cuáles eran los aspectos de la sentencia de unificación que habían sido
desconocidos (exp. 25000-23-25-000-2010-00725-01), y mencionó que en varios
apartes del escrito de tutela explicó ese tema, como es posible revisar en los puntos
Nro. 4 y 21 de la misma.
A su vez, señaló que no se tuvo en cuenta que en la página 65 a 79 del escrito de
amparo reiteró los argumentos para demostrar que sí tenía relevancia
constitucional. Añadió que, esos “[…] mismos argumentos que fueron desconocidos por el
H. Consejo de Estado en la solicitud de adición, aclaración y corrección de la providencia objeto
de la solicitud de protección constitucional. […]”.

Señaló que se desconoció el defecto fáctico y sustantivo, a pesar de que en un caso
similar (exp. 11001-03-15-000-2023-04299-00) se concedió la protección en
primera instancia y se confirmó en segunda instancia, por parte del Consejo de
Estado, para ello copia algunos apartes de esas providencias.
Manifestó reiterar las pretensiones de la acción de tutela, pues en la sentencia de
primera instancia no se analizaron
De la página 23 a 35 del escrito de impugnación transcribió las pretensiones del
escrito de tutela y otros argumentos que había expuesto en el mismo escrito. A su
vez, citó como precedentes desconocidos los mismos que individualizó en el escrito
de tutela, para demostrar que no estaba de acuerdo que en un proceso ejecutivo se
modificara la sentencia de recaudo que se encontraba debidamente ejecutoriada.
Dijo que en la sentencia apelada dentro del proceso ejecutivo se dio una
contradicción pues en el folio 23 a 26 aparecen los cuadros donde se liquidan los
recargos del 200% y del 235% solamente con el 100%, pero al momento de
descontar los recargos pagados por la entidad ejecutada se genera una afectación
al patrimonio de la ejecutante de manera significativa, pues en lugar de quedarle un
saldo a favor este queda en negativo.

8 Samai, índice 18. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03984-00.
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Demandante: María Ascensión Morales Daza

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por una alta
corte (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es por tal razón
que la Corte Constitucional ha establecido como presupuesto adicional para admitir

9 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
11

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la procedencia de la acción de tutela, y es que la providencia judicial atacada
contenga un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con
la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados en el escrito de impugnación y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar
improcedente la acción por considerar que esta no superaba los requisitos
generales de procedencia, específicamente el de relevancia constitucional.
De superar dicho análisis, la Sala determinará si la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado al proferir el auto del 9 de noviembre de 2023, que
confirmó el dictado el 18 de abril de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en el proceso ejecutivo con
radicación Nro. 25000-23-42-000-2022-00755-00/01, incurrió en un defecto sustantivo,
por desconocimiento del precedente jurisprudencial, y en defecto fáctico.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra

12

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providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural13.

La relevancia constitucional también supone que la tutela no se emplee para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el
juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso
ordinario.

5. Análisis del caso concreto

5.1. De acuerdo con los argumentos presentados por la parte actora en el escrito
de impugnación, advierte la Sala que están dirigidos a insistir en la forma como
en su criterio, debían ser liquidados los valores a pagar por conceptos
reconocidos en una sentencia judicial cuyo cumplimiento pretendieron a través
del proceso ejecutivo y del cual se le negó el mandamiento de pago,
adicionalmente cuestionó el auto mediante el cual se resolvió la solicitud de
aclaración, corrección y adición de la providencia del 9 de noviembre de 2023.

5.2. Como primer punto se analizaran los siguientes argumentos que la accionante
planteó en su escrito de impugnación: (i) la Sección Primera no estudió el
fondo del asunto, el cual era que se modificó lo ordenado en la sentencia del
proceso declarativo en el cual se había determinado la forma de liquidar los

13 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%,
tomando la asignación básica sobre 190 horas mensuales, cuando fueron
pagados sobre 240 horas mensuales desconociendo así el debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la inmutabilidad de las sentencias, la
cosa juzgada y la favorabilidad laboral de la accionante; (ii) de la página 23 a
35 del escrito de impugnación transcribió las pretensiones del escrito de tutela
y mencionó nuevamente los argumentos relacionados con la manera en la
que se liquidaron los recargos; (iii) dijo que en la sentencia apelada dentro del
proceso ejecutivo se dio una contradicción pues en el folio 23 a 26 aparecen
los cuadros donde se reliquidan los recargos del 200% y del 235% solamente
con el 100%, pero al momento de descontar los recargos pagados por la
entidad ejecutada se genera una afectación al patrimonio de la ejecutante de
manera significativa, pues en lugar de quedarle un saldo a favor este queda
en negativo; y (iv) señaló que no se tuvo en cuenta que en la página 65 a 79
del escrito de amparo reiteró los argumentos para demostrar que esta acción
si tenía relevancia constitucional.

Ahora bien, una vez revisado el recurso de apelación interpuesto por la hoy
accionante contra el auto del 18 de abril de 2023, que negó el mandamiento
ejecutivo a su favor, se advierte que los argumentos estuvieron orientados a
manifestar la misma inconformidad en relación con la interpretación que le
dieron a la sentencia que sirvió de título ejecutivo en relación con la forma de
liquidar las horas de trabajo suplementario y extra, incluso con saldos en
negativo al final del ejercicio. Como se observa a continuación:
“[…] El artículo 39, del Decreto 1042 de 1978; sin lugar a dudas y de manera clara y precisa
establece que los empleados públicos en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar
habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una
remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo
laborado y no como lo asevera el fallador de primera instancia, en una errónea interpretación
de este artículo y de la jurisprudencia que cita, en el sentido de afirmar que el trabajo ordinario
en días dominicales y festivos, de los empleados públicos que en razón de la naturaleza de
su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales y festivos, tendrán
derecho a una remuneración equivalente al 100% y no al doble (que es el 200%) de lo (sic)
valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado […]

Una vez expuestos estos planteamientos al juez de la ejecución de segunda
instancia, estos fueron resueltos en la providencia objeto de censura, como en
efecto lo puso de presente la Sección Primera, veamos:
“[…] La Subsección considera que no le asiste razón a la ejecutante cuando sostiene que el a
quo desconoció la orden contenida en el título, teniendo en cuenta que de la lectura y revisión
de las sentencias se observa lo siguiente:
En la sentencia del 6 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho se lee en su parte
considerativa con respecto a los recargos dominicales y festivos:
En relación con el reconocimiento de trabajo suplementario (horas extras), así como de los recargos
nocturnos, dominicales y festivos para quienes ejercen la actividad propia del Cuerpo Oficial de
Bomberos, se les deberá efectuar tales beneficios salariales, mientras su jornada máxima de trabajo no
esté reglamentada y demuestren que su horario laboral excede lo normado en el Decreto No. 1042 de
1978, art. 33, esto es 44 horas semanales y 190 horas mensuales, más no sobre 240 como lo pretende
la parte demandada.
De conformidad con lo anterior, la parte resolutiva ordenó reajustar los recargos dominicales
y festivos empleando el factor de 190 horas mensuales y no 240 sin impartir instrucción
adicional alguna. […]

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Demandante: María Ascensión Morales Daza

[…] Repárese que en este aparte se hace relación a los porcentajes que tuvo en cuenta la
entidad aquí ejecutada para liquidar esos conceptos, pero no se trata de una orden que se
haya impartido en la sentencia frente a este punto.
Así, no se encuentra entonces que el tribunal esté modificando la obligación contenida en el
título, sino que procedió a realizar la liquidación con fundamento en los materiales probatorios
que reposan en el expediente y en atención a los criterios que consideró legales, bajo la
previsión consagrada en el artículo 430 del CGP, por lo que no se advierte el desconocimiento
del derecho de debido proceso, cosa juzgada y de inmutabilidad de las decisiones judiciales.
Por otro lado, si bien la parte recurrente pretende controvertir las sumas consignadas en el
auto apelado, sus alegatos no logran desvirtuar los porcentajes tenidos en cuenta por el a quo,
es decir, únicamente propone su argumento, sin sustento alguno, lo que impide efectuar el
ejercicio para llegar a la conclusión de que la cuantía de la obligación es la pedida en el escrito
de demanda. […]
[…] Tal como se advierte del escrito de apelación, la recurrente se limitó a considerar que por
concepto de recargo dominical y festivo y recargos festivos nocturnos los porcentajes que
debían aplicarse eran del 200% y 235%, respectivamente, sin plantear argumentos de reparo
específicos para controvertir lo concluido por el tribunal con fundamento en los artículos 34 y
39 del Decreto 1042 de 1978, únicamente bajo la consigna de que así fue liquidado por la
entidad aquí ejecutada.
En efecto, no se encuentran elementos que permitan arribar a una conclusión diferente a la
expuesta en el auto, pues lo propuesto por la señora Morales Daza en el sentido de que deben
tenerse en cuenta diferentes porcentajes, fue un asunto que el tribunal abordó bajo otros
presupuestos, según se transcribió líneas atrás, pero que ahora la recurrente no logra
desvirtuar con lo alegado en el escrito de alzada.
[…]
[…] Finalmente, con respecto al tema de los intereses que reprochó la señora María Ascensión
en el escrito de apelación y que el a quo despachó al observar que en el periodo pedido en
las pretensiones de la demanda no se causaron, se encuentra que si bien la recurrente
considera que frente a este aspecto el tribunal debió requerir a la entidad para tener la prueba
sobre la fecha del pago, es relevante recordar que el proceso ejecutivo es el medio judicial
para hacer efectivas, por la vía coercitiva, las obligaciones incumplidas por el deudor. Es decir,
es el instrumento para que el acreedor haga valer el derecho (que consta en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada,1 por lo que las circunstancias que
rodean la obligación incumplida deberán ser alegadas por el deudor y resueltas por el
despacho sustanciador cuando así se presente. […]” (Sic a toda la cita)

5.3. Como puede verse, el asunto quedó resuelto en el curso del proceso ejecutivo
y, por tanto, esta acción de tutela es asumida como una nueva oportunidad
para exponer el desacuerdo de la parte actora con la forma como debían ser
liquidados los valores a pagar por conceptos reconocidos en la sentencia
judicial (título ejecutivo), pero que no giran en torno a la real vulneración de
derechos fundamentales por parte de la decisión del juez de la ejecución. Lo
que denota que la accionante no solo busca emplear la tutela para reiterar los
argumentos planteados ante el juez de la causa, sino que adicionalmente se
utiliza para discutir asuntos económicos, pues como se advirtió en el escrito
de tutela y se reiteró en la impugnación se cuestionó el monto presuntamente
adeudado por el demandado.
Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en
el proceso ordinario ni mucho menos adicionar o completar los argumentos
que debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la
causa defendida, como tampoco es discutir asuntos meramente económicos
que salen de la esfera de protección de los derechos fundamentales.

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Demandante: María Ascensión Morales Daza

En este caso, advierte la Sala que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional al utilizar este mecanismo, en primera medida, como una
instancia adicional para discutir sus inconformidades, precisando que si bien
en el escrito de tutela se dijo que no se utilizaba esta acción como una tercera
instancia, esa sola manifestación no hace cumplir el requisito, sino que se
requiere que en efecto no se le esté dando ese uso a este mecanismo
constitucional y, en segundo lugar, como en reiterados ocasiones lo ha
señalado esta Sección en similares casos, no se cumple con el requisito pues
se está discutiendo un asunto meramente económico.

Adicionalmente, se señala que algunos argumentos que se expusieron al juez
de la ejecución de segunda instancia y que se resolvieron en la providencia
objeto de censura, difieren de aquellos que ahora adiciona al juez de tutela y
que se orientan al desconocimiento de precedentes jurisprudenciales que, en
su sentir, indican la forma y porcentajes que debían tenerse en cuenta al
momento de calcular los valores por concepto de horas extras diurnas,
nocturnas, festivos y demás recargos, como si se tratara de la discusión en el
proceso declarativo y olvidando la naturaleza ejecutiva del proceso en el que
se profirió el auto del 9 de noviembre de 2023. Adicionalmente, esta Sala no
puede entrar a estudiar el defecto por desconocimiento del precedente, como
pretende la actora, cuando no se han superado los requisitos generales de
procedibilidad.

5.4. La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela contra
providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones
entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el
tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la
simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de
derechos fundamentales.

De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierte decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

5.5. Finalmente, la impugnante señaló que el juez de primera instancia
constitucional no estudió el defecto sustantivo, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, y el defecto fáctico en el caso concreto, al respecto
se debe indicar que, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

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Demandante: María Ascensión Morales Daza

Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
planteados por el tutelante.

En consecuencia, al no haberse superado el requisito de la relevancia
constitucional, como uno de los presupuestos generales, no hay lugar a
realizar un estudio de fondo.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión adoptada en el fallo del 5
de septiembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la acción de tutela interpuesta por la señora María Ascensión
Morales Daza, al no superar el requisito de la subsidiariedad dados los motivos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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