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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03984-00

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03984-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora María Ascensión Morales Daza, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 03984 00 Accionante: María Ascensión Morales Daza

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03984-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de septiembre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 03984 00
Accionante: María Ascensión Morales Daza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03984 00
Accionante: MARÍA ASCENSIÓN MORALES DAZA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María
Ascensión Morales Daza en contra del auto proferido el 9 de noviembre
de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2022
00755 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Ascensión Morales Daza, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada
providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03984 00
Accionante: María Ascensión Morales Daza

“[…] Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de
proteger los derechos constitucionales fundamentales,
denominados: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO
PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS,
principios constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; así como el
derecho al acceso a la administración de justicia conforme al artículo
229 de la Constitución Política, ante la existencia de defecto fáctico
y sustantivo.

Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN
EFECTOS la providencia de segunda instancia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado de
fecha 9 de noviembre de 2023, notificada electrónicamente el 20 de
noviembre de 2023, en el expediente 25000 23 42 000 2022 00755
01, proceso ejecutivo laboral siendo demandante MARÍA
ASCENSIÓN MORALES DAZA demandado DISTRITO CAPITAL –
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó
solicitud de adición, aclaración y corrección el 23 de noviembre de
2024 (sic), la cual fue negada mediante providencia proferida el 9
de julio de 2024, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala
accionada proferir nueva providencia conforme a lo consagrado en
los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a los
porcentajes reales y valores favorables a reconocer por concepto de
reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y recargos
festivos nocturnos del 235% con el factor de 190 horas mensuales
(jornada máxima legal empleados públicos), toda vez que la H. Sala
accionada confirmó la decisión errónea del H. Tribunal al desconocer
lo dispuesto en las sentencias de recaudo de primera y segunda
instancia, tanto así que en la solicitud de adición, aclaración y
corrección de la providencia de segunda instancia en el proceso
ejecutivo en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 del memorial, concretamente
a folios 2 a 7 se transcribieron apartes pertinentes de las sentencias
del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de
primera y segunda instancia, pero desafortunadamente la H. Sala
accionada NO ANALIZO DE FONDO QUE EL PROBLEMA OBJETO DE
RECLAMO ES LA MODIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE RECAUDO,
POR PARTE DEL H. TRIBUNAL AL DISPONER RELIQUIDAR LOS
RECARGOS CONTRARIO AL CLARO PRONUNCIAMIENTO DEL H.
TRIBUNAL EN PRIMERA INSTANCIA EN LA SENTENCIA DE RECAUDO
Y DEL H. CONSEJO DE ESTADO EN LA PROVIDENCIA DE RECAUDO
DE SEGUNDA INSTANCIA, desconociendo el cuadro visible a folios
18 y 19 de la misma donde aparece la interpretación clara y precisa
QUE LOS RECARGOS FESTIVOS SON DE DOBLE REMUNERACIÓN o
sea el 200% y 235%, respectivamente, conforme con el artículo 39
del Decreto 1042 de 1978 o sea SIN PERJUICIO DE LA
REMUNERACIÓN percibida en la asignación básica por haber
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laborado el mes, actuando contraria a la tesis garantista de la
sentencia de recaudo, al pretender que solo es el 100% y 135%
conculcando la favorabilidad laboral, desconociendo los principios de
cosa juzgada, inmutabilidad de las sentencias y el debido proceso,
al modificar en contra de la ejecutante lo concedido en las sentencias
de recaudo, al liquidar el 100% y 135% sobre 190 horas mensuales
y descontar lo pagado por la entidad con el 200% y 235% sobre 140
horas mensuales, generando por ello SALDOS NEGATIVOS, cuando
lo que ordenan las sentencias de recaudo es RECONOCER Y PAGAR
LAS DIFERENCIAS entre lo liquidado erróneamente sobre 240 horas
mensuales que debe ser cancelado sobre 190 horas mensuales, o
sea el reconocimiento y pago de las diferencias positivas y no
resultados negativos […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que laboró para el Distrito Capital – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, desde
abril de 2006 hasta diciembre de 2017, cumpliendo mensualmente 15
turnos de 24 horas para un total de 360 horas al mes.

Manifestó que, mediante sentencia proferida el 6 de agosto de 2015 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, se condenó al Distrito Capital – Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a reconocerle y pagarle
lo siguiente:

(i) El valor correspondiente a 50 horas extras diurnas al mes, desde el 14
de abril de 2006 hasta cuando se diera cumplimiento a la sentencia, con
fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, liquidadas
con base en el factor hora que resultara de dividir la asignación básica
mensual sobre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria
laboral, esto es 190 y no 240.

(ii) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
laborados por la actora desde el 14 de abril de 2006 hasta cuando se diera
cumplimiento a la sentencia, empleando para el cálculo de los mismos el
factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria
laboral, y no 240, y pagar las diferencias que resultaran a favor de la
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demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse por
tales conceptos como resultado del reajuste.

(iii) Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas a partir del
14 de abril de 2006 hasta cuando se diera cumplimiento a la orden, con
el valor que surgiera por concepto de las horas extras cuyo
reconocimiento se ordenó.

Señaló que la anterior decisión fue confirmada por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia dictada el 8 de
marzo de 2018, “bajo el entendido de que la orden de pagar el reajuste
ordenado debe hacerse una vez efectuado el descuento respectivo de lo
que ya había cancelado la entidad y por las sumas que resulten en favor
de la accionante”2.

Precisó que, “(…) analizando puntualmente el tema de reliquidación de
recargos ordinarios nocturnos del 35%, recargos festivos diurnos del
200% y recargos festivos nocturnos del 235%, fueron claramente
concedidos por el H. Tribunal y confirmados por el H. Consejo de Estado,
dando alcance a la sentencia de unificación jurisprudencial expediente
25000 23 25 000 2010 00725 01 (…), por ende se deben reliquidar tal
como está reconocido en el numeral 2 literal b) de la sentencia de primera
instancia, o sea tomando la asignación básica mensual y dividiéndola en
190 horas y multiplicar dicho factor por las horas laboradas
respectivamente por 35%, 200% y 235% (…)”3.

Anotó que, promovió demanda ejecutiva en contra del Distrito Capital –
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma
de $35.799.279, “por concepto de capital pendiente de cancelar por el
distrito capital – unidad administrativa especial cuerpo oficial de
bomberos de Bogotá toda vez que la entidad notificó el 5 de diciembre de

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
3
Ibidem.
4

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2018 una liquidación administrativa generando un resultado de
$73.115.416 por capital entre abril de 2006 hasta diciembre de 2017
incluyendo reliquidación de cesantías por la suma de $6.044.501, cuando
la liquidación conforme con los parámetros de la sentencia de segunda
instancia, entre abril de 2006 hasta diciembre de 2017 es de
$108.914.695 capital indexado”.

La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, que en auto del 18 de abril de 2023
resolvió no librar mandamiento de pago, decisión que fue confirmada por
la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado en auto proferido
el 9 de noviembre de 2023.

Adujo que “(…) en la providencia de primera instancia del proceso
ejecutivo laboral desconociendo el debido proceso, la cosa juzgada y el
principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que no son
reformables ni modificables por el operador judicial que las profirió en su
debida oportunidad, se desconoce de plano la orden contenida en la
sentencia de recaudo, toda vez que en primera instancia el H. Tribunal y
confirmada por el H. Consejo de Estado se dispuso reliquidar los recargos
del 35%, 200% y 225% tomando como base 190 horas y no 240 horas
mensuales como fueron liquidados y pagados por la entidad ejecutada,
conforme con la sentencia de recaudo (…)”4.

Agregó que, “(…) de igual manera la negativa del reconocimiento de los
intereses moratorios, decretados en la sentencia de recaudo por parte del
H. Tribunal, es una clara modificación a lo ordenado en el proceso
declarativo debidamente ejecutoriado (…)”5.

Indicó que presentó solicitud de adición, aclaración y corrección en contra
del auto del 9 de noviembre de 2023, “(…) donde se demostró la
afectación al ejecutante en un 26% en promedio y la imposibilidad de
modificar la sentencia de recaudo de un proceso declarativo en el trámite

4
Ibidem.
5
Ibidem.
5

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de primera instancia de un proceso ejecutivo al momento de NEGAR DE
PLANO EL MANDAMIENTO DE PAGO por el H. Tribunal el 18 de abril de
2023 ante la liquidación errónea, aspectos que no fueron reconocidos en
la providencia del 9 de mayo de 2024, donde se negó de plano la adición,
aclaración y corrección respecto a la reliquidación de recargos festivos
diurnos al 200% y recargos festivos nocturnos al 235%, acorde con la
sentencia de recaudo y lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto
Ley 1042 de 1978 (…)”6.

Afirmó que la liquidación realizada por la Subsección F, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al negar el mandamiento
de pago, desconoció las sentencias del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, las cuales, según resaltó, tienen su base en
la sentencia de unificación proferida en el proceso identificado con el
radicado nro. 25000 23 42 000 2010 00725 00/01, y en las que se dispuso
de manera clara y concreta reliquidar los recargos del 35%, 200% y
235%, pagados de manera errónea por la entidad ejecutada al dividir la
asignación básica en 240 horas, cuando la jornada máxima legal es de
190 horas.

La accionante advirtió que “(…) no existe ningún argumento constitucional
legal o jurisprudencial que sustente la decisión adoptada por el H. Tribunal
en la providencia atacada, decisión confirmada por el H. Consejo de
Estado en las providencias objeto de la acción de tutela, toda vez que se
demuestra que afecta de manera irremediable el patrimonio de la
ejecutante al disponer la reliquidación de los recargos festivos diurnos con
el 100% sobre 190 horas mensuales, para luego realizar el descuento
total del 200% cancelados sobre 240 horas mensuales, y los recargos
festivos nocturnos con el 135% sobre 190 horas mensuales, para luego
realizar el descuento total del 235% sobre 240 horas, cuando al cambiar

6
Ibidem.
6

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el denominador 240 a 190 debe generar diferencias positivas y no
negativas a la ejecutante (…)”7.

Alegó que se encuentra en “(…) total indefensión ante el claro
desconocimiento de la H. Sala accionada, tanto de las normas legales
aplicables al caso concreto, Decreto Ley 1042 de 1978, en los artículos 35
y 39, respecto a la reliquidación de recargos festivos diurnos con el 200%
y recargos festivos nocturnos con el 235%, cuando en las providencias
atacadas se dispone reliquidar con el 100% y 135% pero descontar los
pagados con 200% y 235% afectando de manera grave al accionante,
desconociendo la cosa juzgada, cambiando de plano el título ejecutivo a
pesar que el mismo se encuentra ejecutoriado desde el año 2018, o sea
que en ese momento entró al patrimonio del actor como una obligación
clara, expresa y exigible que no puede ser modificada en su perjuicio
(…)"8.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, señaló que el asunto
objeto de estudio cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, comoquiera que no se pretende convertir la solicitud de
amparo en una tercera instancia.

Indicó que está claramente demostrada la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como la trasgresión de la cosa juzgada, la
inmutabilidad de las sentencias y la favorabilidad laboral, debido a que,
según estima, en la providencia cuestionada “(…) se desconoció de
manera abierta lo dispuesto en las sentencias de recaudo de primera y
segunda instancia respecto a la forma de liquidar los recargos festivos
diurnos del 200% y los recargos festivos nocturnos del 235%, que fueron
liquidados de manera errónea con el 100% y 135% por el H. Tribunal en
la providencia objeto del recurso de apelación, modificando las sentencias
de recaudo en su esencia (…)”9.

7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
7

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Sostuvo que la providencia cuestionada “(…) no solo se fundamenta en
una errónea interpretación de lo ordenado en las sentencias de recaudo,
sino que a su vez obedece a una interpretación equivocada de lo
estipulado en el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, que establece
de manera clara y precisa que los recargos festivos diurnos y festivos
nocturnos son del 200% y 235%, adicionales a la asignación básica
mensual, “sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho
el funcionario por haber laborado el mes completo”, interpretación que la
accionada en la práctica anula, el reconocimiento realizado en la sentencia
de recaudo; afectado (sic) de manera negativa los derechos reconocidos
a la accionante en el citado fallo (…)”10.

Finalmente, expuso que la autoridad judicial accionada desconoció las
siguientes providencias:

(i) Sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con
el radicado nro. 25000 23 25 000 2010 00725 00/01.

(ii) Sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 25000 23
42 000 2018 01477 00/01.

(iii) Sentencia de tutela proferida el 27 de noviembre de 2023 por la
subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, radicado nro. 11001
03 15 000 2023 04299 00/01.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

10
Ibidem.
8

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3.1. La tutela fue radicada el 31 de julio de 2024 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación11 y correspondió por reparto a esta Sección
que por auto del 6 de agosto de 202412 la admitió y dispuso notificar13 a
los magistrados que integran la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, como parte accionada, así como vincular14 al Distrito
Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y/o al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, para que allegaran copia digital o el hipervínculo
de consulta del proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 25000
23 42 000 2022 00755 00/01, el cual fue remitido15.

3.2. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá allegó escrito16 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo.

Aseveró que la accionante pretende controvertir una decisión en firme
proferida por el Consejo de Estado a través de la acción de tutela,
mecanismo que no resulta idóneo para solicitar el reconocimiento de
aspectos que ya fueron negados por el juez natural de la causa.

Arguyó que “(…) la parte actora realiza afirmaciones alejadas de la
realidad al expresar que los autos que negaron el mandamiento de pago
“modifican la obligación contenida en el título ejecutivo”, puesto que estos

11
Conforme anotación secretarial. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
12
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
13
Esta orden se cumplió el 9 de agosto de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
03984 00.
14
Ibidem.
15
Visto en los índices 9, 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
16
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
9

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solo procedieron a la liquidación ordenada en las sentencias conforme los
parámetros allí establecidos y a los criterios legales correspondientes. De
tal liquidación resultó evidente no solo que la Entidad, de buena fe, había
cumplido con la orden del proceso declarativo, sino que además tenía un
saldo a su favor. Fueron tales argumentos los que llevaron al Consejo de
Estado a confirmar la acertada decisión de negar el mandamiento de pago
a favor de la señora Morales (…)”.

3.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección F,
guardaron silencio.

3.4. El expediente ingresó al despacho para fallo el 20 de agosto de
202417.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199118 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,19 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202120, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

17
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
18
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
19
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
20
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10

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Accionante: María Ascensión Morales Daza

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:

4.2.1. La señora María Ascensión Morales Daza, actuando por conducto
de apoderado, promovió demanda ejecutiva en contra del Distrito Capital
– Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra
del Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, y a favor de la señora María Ascensión
Morales Daza la suma de treinta y cinco millones setecientos noventa
y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos ($35.799.279)
moneda corriente, por concepto de capital pendiente de cancelar por
el distrito capital – unidad administrativa especial cuerpo oficial de
bomberos de Bogotá toda vez que la entidad notificó el 5 de
diciembre de 2018 una liquidación administrativa generando un
resultado de $73.115.416 por capital entre abril de 2006 hasta
diciembre de 2017 incluyendo reliquidación de cesantías por la suma
de $6.044.501, cuando la liquidación conforme con los parámetros
de la sentencia de segunda instancia, entre abril de 2006 hasta
diciembre de 2017 es de $108.914.695 capital indexado, conforme
con la sentencia de segunda instancia de nulidad y restablecimiento
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 250002325000201000217-01 (…), donde se
confirmó la providencia de primera instancia proferida el 6 de agosto
de 2015 por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda Subsección F, liquidación realizada conforme con la
sentencia, capital correspondiente al periodo comprendido entre el
1 de abril de 2006 al 31 de diciembre de 2017.

Horas extras diurnas $56.750.224
Reliquidación recargos 35% $6.261.605
Reliquidación recargos 200% $8.671.170
Reliquidación recargos 235% $12.261.385
Reliquidación cesantías $5.636.479

Gran total sin indexar $89.580.863
Indexación $19.333.832
Gran total indexado $108.914.695

SEGUNDA: Disponer el reconocimiento y pago de intereses
moratorios liquidados a la tasa máxima autorizada por la
Superintendencia Financiera obrante en la certificación que se allega
con la demanda, desde 2 de abril del 2018 hasta la fecha del pago
parcial 25 de febrero de 2018 por la suma de $73.115.416.

22
Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con el radicado
nro. 25000 23 42 000 2022 00755 00/01. Visto en los índices 9, 10 y 11 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
03984 00.
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Accionante: María Ascensión Morales Daza

TERCERA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de
reconocer y pagar los intereses moratorios, liquidados a la tasa
máxima autorizada por la Superintendencia Financiera obrante en la
certificación original que se allega con la demanda, respecto a la
suma de $35.799.279 como saldo insoluto, entre 2 de abril de 2018
hasta cuando se realice el pago total de la obligación de la primera
pretensión […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de la
demanda).

4.2.2. Por auto del 18 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, subsección F, dispuso no librar
mandamiento de pago.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la hoy accionante interpuso
recurso de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en auto del 9 de noviembre de 2023, la confirmó.

4.2.4. Mediante escrito radicado el 23 de noviembre de 2023, la señora
María Ascensión Morales Daza radicó solicitud de adición, aclaración y
corrección del precitado auto del 9 de noviembre de 2023.

4.2.5. Por auto del 9 de mayo de 2024, la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado, negó la petición de adición, aclaración y corrección
frente al auto del 9 de noviembre de 2023.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional23

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”24.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional25.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades26:

23
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
24
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
25
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
26
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia27. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 28 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”.

27
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la accionante
cuestiona la providencia proferida el 9 de noviembre de 2023 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la
dictada el 18 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que dispuso no librar
mandamiento de pago a su favor, en el proceso ejecutivo identificado con
el radicado nro. 25000 23 42 000 2022 00755 00/01, promovido en contra

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del Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá.

Lo anterior, con el fin de controvertir los fundamentos invocados por las
autoridades judiciales accionadas en las precitadas providencias para
reabrir el debate resuelto por el juez natural de la causa, en tanto que
alega que dichas decisiones “(…) no solo se fundamenta[n] en una
errónea interpretación de lo ordenado en las sentencias de recaudo, sino
que a su vez obedece a una interpretación equivocada de lo estipulado en
el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, que establece de manera
clara y precisa que los recargos festivos diurnos y festivos nocturnos son
del 200% y 235%, adicionales a la asignación básica mensual (…)”29.

En igual sentido, argumentó que “(…) no existe ningún argumento
constitucional legal o jurisprudencial que sustente la decisión adoptada
por el H. Tribunal en la providencia atacada, decisión confirmada por el
H. Consejo de Estado en las providencias objeto de la acción de tutela,
toda vez que se demuestra que afecta de manera irremediable el
patrimonio de la ejecutante al disponer la reliquidación de los recargos
festivos diurnos con el 100% sobre 190 horas mensuales, para luego
realizar el descuento total del 200% cancelados sobre 240 horas
mensuales, y los recargos festivos nocturnos con el 135% sobre 190
horas mensuales, para luego realizar el descuento total del 235% sobre
240 horas, cuando al cambiar el denominador 240 a 190 debe generar
diferencias positivas y no negativas a la ejecutante (…)” 30.

Adicionalmente, expuso que “(…) de igual manera la negativa del
reconocimiento de los intereses moratorios, decretados en la sentencia
de recaudo por parte del H. Tribunal, es una clara modificación a lo
ordenado en el proceso declarativo debidamente ejecutoriado (…)”31.

29
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
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De lo anterior, se desprende que los reparos invocados por la parte actora
tienen que ver con que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron la orden contenida en la sentencia que constituía título
ejecutivo; sin embargo, dicha inconformidad ya fue objeto de
pronunciamiento en el auto del 9 de noviembre de 2023, en los siguientes
términos32:

“[…] La Subsección considera que no le asiste razón a la ejecutante
cuando sostiene que el a quo desconoció la orden contenida en el
título, teniendo en cuenta que de la lectura y revisión de las
sentencias se observa lo siguiente:

En la sentencia del 6 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el asunto de nulidad y
restablecimiento del derecho se lee en su parte considerativa con
respecto a los recargos dominicales y festivos:

En relación con el reconocimiento de trabajo suplementario
(horas extras), así como de los recargos nocturnos,
dominicales y festivos para quienes ejercen la actividad
propia del Cuerpo Oficial de Bomberos, se les deberá
efectuar tales beneficios salariales, mientras su jornada
máxima de trabajo no esté reglamentada y demuestren
que su horario laboral excede lo normado en el Decreto No.
1042 de 1978, art. 33, esto es 44 horas semanales y 190
horas mensuales, más no sobre 240 como lo pretende la
parte demandada.

De conformidad con lo anterior, la parte resolutiva ordenó reajustar
los recargos dominicales y festivos empleando el factor de 190 horas
mensuales y no 240 sin impartir instrucción adicional alguna.

De igual manera, en la providencia de segunda instancia del 8 de
marzo de 2018, se consideró:

c) Recargos por trabajo dominical y festivo.

De acuerdo con la liquidación allegada al proceso y
realizada por la Alcaldía de Bogotá (ff. 57) se puede
observar la forma en que se liquidaban estos conceptos.
Así, el cálculo del porcentaje del 200% (recargo festivo
diurno), 235% (por recargo festivo nocturno) y 275%
(recargo festivo nocturno) se efectuaba sobre 240 horas, lo
que implica que con tal actuación se desconoció la jornada
máxima laboral de 190 horas de que trata el artículo 33 del

32
Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03984 00.
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Decreto 1042 de 1978, y en consecuencia, los valores
reconocidos resultaron ser inferiores a los legalmente
señalados.

Repárese que en este aparte se hace relación a los porcentajes que
tuvo en cuenta la entidad aquí ejecutada para liquidar esos
conceptos, pero no se trata de una orden que se haya impartido en
la sentencia frente a este punto.

Así, no se encuentra entonces que el tribunal esté modificando la
obligación contendida en el título, sino que procedió a realizar la
liquidación con fundamento en los materiales probatorios que
reposan en el expediente y en atención a los criterios que consideró
legales, bajo la previsión consagrada en el artículo 430 del CGP, por
lo que no se advierte el desconocimiento del derecho de debido
proceso, cosa juzgada y de inmutabilidad de las decisiones
judiciales.

Por otro lado, si bien la parte recurrente pretende controvertir las
sumas consignadas en el auto apelado, sus alegatos no logran
desvirtuar los porcentajes tenidos en cuenta por el a quo, es decir,
únicamente propone su argumento, sin sustento alguno, lo que
impide efectuar el ejercicio para llegar a la conclusión de que la
cuantía de la obligación es la pedida en el escrito de demanda.

(…)

Tal como se advierte del escrito de apelación, la recurrente se limitó
a considerar que por concepto de recargo dominical y festivo y
recargos festivos nocturnos los porcentajes que debían aplicarse
eran del 200% y 235%, respectivamente, sin plantear argumentos
de reparo específicos para controvertir lo concluido por el tribunal
con fundamento en los artículos 34 y 39 del Decreto 1042 de 1978,
únicamente bajo la consigna de que así fue liquidado por la entidad
aquí ejecutada.

En efecto, no se encuentran elementos que permitan arribar a una
conclusión diferente a la expuesta en el auto, pues lo propuesto por
la señora Morales Daza en el sentido de que deben tenerse en cuenta
diferentes porcentajes, fue un asunto que el tribunal abordó bajo
otros presupuestos, según se transcribió líneas atrás, pero que
ahora la recurrente no logra desvirtuar con lo alegado en el escrito
de alzada.

En este contexto, la Subsección no advierte argumentos en el
recurso de apelación que desvirtúen o permitan desconocer los
valores consignados por el juez de primera instancia, por cuanto la
premisa central de la inconformidad se fundamentó en que debía
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librarse el mandamiento ejecutivo sí o sí por lo planteado en el
escrito de ejecución de la sentencia, máxime cuando en la
impugnación la parte ejecutante no desarrolló reproche preciso
frente a la liquidación efectuada por el a quo y, trasladó la carga a
esta Corporación en el entendido de que debían enmendarse los
aspectos erróneos de la providencia.

Nótese que el tribunal, bajo la facultad consagrada en el artículo 430
del CGP, explicó uno a uno los emolumentos que debían incluirse
con las correspondientes fórmulas, soportado en fundamentos
normativos e incluso jurisprudenciales, por lo que era del resorte de
la parte ejecutante especificar la equivocación en la que la primera
instancia habría incurrido al resolver sobre el mandamiento
ejecutivo y no proceder a replicar los mismos valores de la demanda,
sin efectuar reparos concretos sobre las fórmulas utilizadas en
primera instancia.

Finalmente, con respecto al tema de los intereses que reprochó la
señora María Ascensión en el escrito de apelación y que el a quo
despachó al observar que en el periodo pedido en las pretensiones
de la demanda no se causaron, se encuentra que si bien la
recurrente considera que frente a este aspecto el tribunal debió
requerir a la entidad para tener la prueba sobre la fecha del pago,
es relevante recordar que el proceso ejecutivo es el medio judicial
para hacer efectivas, por la vía coercitiva, las obligaciones
incumplidas por el deudor. Es decir, es el instrumento para que el
acreedor haga valer el derecho (que consta en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada,1 por lo
que las circunstancias que rodean la obligación incumplida deberán
ser alegadas por el deudor y resueltas por el despacho sustanciador
cuando así se presente.

En consecuencia, resulta claro que la carga la tenía la parte
interesada y no puede ser trasladada al tribunal. Adicionalmente,
tampoco se arribaron en esta instancia elementos de juicio para
adoptar una decisión diferente.

En conclusión: El tribunal con la decisión adoptada no desconoció la
orden impartida en el título base de recaudo y además la parte
ejecutante no esgrimió fundamentos de hecho o de derecho que
controvirtieran la liquidación de los valores realizada en la
providencia recurrida, así como las fórmulas utilizadas y no podía
pretender que aquí se efectuara una comparación entre lo planteado
en la solicitud de ejecución de la sentencia y lo resuelto por el a quo
[…]”.

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Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ejecutivo para controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa, por
lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia
constitucional.

Ahora bien, frente a las sentencias relacionas en el escrito de tutela que
la accionante alega como desconocidas, es preciso señalar que en cuanto
a la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con
el radicado nro. 25000 23 25 000 2010 00725 00/01 la accionante no
cumplió con la carga de identificar cual fue la regla de unificación
desconocida y que era aplicable a su caso.

Respecto a la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por la Subsección
A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 25000 23
42 000 2018 01477 00/01, la Sala advierte que se trata de una
providencia proferida en un medio de control distinto al controvertido en
esta sede constitucional, puesto que el auto censurado se profirió un
proceso ejecutivo, por lo que la providencia invocada no podría constituir
precedente para resolver el asunto.

Por último, en relación con la sentencia de tutela proferida el 27 de
noviembre de 2023 por la subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación, radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04299 00/01, es
preciso resaltar que esta fue proferida con posterioridad al auto
cuestionado, en todo caso, se trata de un fallo de tutela las cuales tienen
efectos inter partes, por lo que no constituye precedente para la autoridad
judicial accionada.

La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
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la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora María Ascensión Morales Daza, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
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