Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03989-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03989-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tema: Acción de tutela contra la providencia judicial que accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación
directa por la privación injusta de la libertad del señor Bernardo
Maya Arango. Análisis de la causal específica de procedibilidad de
defecto fáctico.
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia que negó el amparo de
tutela porque no se demostró el defecto endilgado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 27 de
agosto de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
Los señores Bernardo Maya Arango, Benjamín Maya Vélez, Esteban Maya Mejía,
Francisco Alejandro Maya Botero, Agnelo García y María Helena Giraldo,
actuando por intermedio de apoderado, interpusieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación, la Rama Judicial,
el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
con la finalidad de que se les declarara patrimonialmente responsables por los
perjuicios causados con motivo de la privación de la libertad del señor Bernardo
Maya Arango desde el 8 de noviembre de 2005 hasta el 25 de mayo de 2007.
El proceso correspondió por reparto a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, despacho judicial que, mediante
providencia del 19 de noviembre de 2020 negó las pretensiones de la demanda.
En sede de apelación, el proceso correspondió a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que mediante sentencia del 5 de diciembre de
2023 revocó la decisión anterior. En su lugar, dispuso declarar patrimonial y
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la
privación injusta de la libertad del señor Bernardo Maya Arango y, en
consecuencia, la condenó al pago de una indemnización por perjuicios materiales
y morales. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.
2.2. Fundamentos jurídicos
La parte accionante sostuvo que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico en dimensión negativa, en virtud
de una indebida valoración probatoria. Señaló, además, que la decisión judicial
revelaba una intención caprichosa y arbitraria de ignorar las pruebas aportadas
por una de las partes del proceso.
Este razonamiento se fundamentó en la negativa de la autoridad judicial de
reconocer los honorarios del profesional en derecho, los gastos derivados del
transporte del señor Bernardo Maya Arango, las consignaciones efectuadas a su
favor en los establecimientos carcelarios, frente a los cuales advirtió un error de
digitación en su denominación, corregido posteriormente en la acción de tutela,
así como el impacto en su salud producto de la privación injusta de la libertad y,
por último, la inconformidad con la presunción del salario mínimo mensual legal
vigente sobre el cual se basó la liquidación de la indemnización reconocida por
concepto de lucro cesante.
Lo anterior, por considerar que los soportes allegados en el proceso de
reparación directa eran suficientes para demostrar las cargas financieras
asumidas por la declaración infundada de responsabilidad penal en contra del
señor Bernardo Maya Arango.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la reparación
integral, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
BERNARDO MAYA ARANGO, BENJAMÍN MAYA VÉLEZ y ESTEBAN
MAYA MEJÍA.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los puntos TERCERO y CUARTO del
NUMERAL PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por
el Consejo de Estado el 5 de diciembre de 2023, mediante la cual se
declaró la responsabilidad patrimonial y administrativa de la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través del medio de control de
Reparación Directa de Radicado N° 25000-23-36-000-2014-00236-02
(67.641).
TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección B que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida
una nueva decisión en reemplazo en la que se MODIFIQUEN los puntos
TERCERO y CUARTO del NUMERAL PRIMERO de la parte resolutiva
de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 5 de diciembre de
2023, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este escrito
de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales
2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
alegados, resolviendo de fondo la controversia respectiva.» (sic en toda
la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante auto del 5 de agosto de 2024, a través del cual se
ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
como accionado y a la Nación, la Rama Judicial, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional como terceros
con interés en el resultado del proceso.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B expuso que las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento de una indemnización de
perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante e inmateriales por el
daño a la salud no fueron concedidas, debido a la deficiencia probatoria de la
parte accionante.
Lo anterior, por la carente demostración del pago efectivo de los honorarios del
señor John Villamil, la remuneración recibida por el afectado directo por la
administración de una finca, la conexidad entre los costos de transporte y la
privación de la libertad. Adicionalmente, consideró que los padecimientos de
salud del señor Bernardo Maya Arango preexistían antes de la declaración de
responsabilidad penal en su contra.
De conformidad con lo expuesto, manifestó que los argumentos de la parte
accionante no tenían relación con los supuestos fácticos y las pretensiones de la
demanda de reparación directa, por el contrario, pretendían subsanar falencias
probatorias del proceso. Por consiguiente, solicitó que se declare infundada la
acción de tutela, al considerar que, únicamente se pretendía de forma caprichosa
e indebida, revivir un debate procesal concluido como si se tratara de una tercera
instancia, y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
2.4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó ser
desvinculada del presente proceso por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
2.4.2. La Fiscalía General de la Nación esgrimió que la parte accionante no
sustentó la configuración del defecto fáctico en el que habría incurrido la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a pesar de que tenía
la carga de la prueba. Por lo tanto, no encontró vulnerados los derechos
fundamentales invocados. Sin embargo, solicitó ser desvinculada del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4.3. La Policía Nacional solicitó ser desvinculada del presente proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
2.4.4. No se rindieron más informes.
2.4. Sentencia impugnada
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
providencia del 27 de agosto de 2024 negó el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, para lo cual argumentó que la autoridad
judicial accionada efectuó una valoración coherente y razonable del acervo
probatorio que obra en el proceso de reparación directa, de conformidad con la
normativa y los criterios jurisprudenciales que regulan la materia.
Por las razones anotadas, enfatizó en que el juez de tutela debe respetar la
interpretación jurídica del juez natural cuando no se observe la vulneración de
derecho fundamental alguno, situación que no encontró probada. Por ese motivo,
recalcó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para tramitar simples
inconformidades generadas por las decisiones judiciales, máxime cuando
aquellas se encuentran debidamente razonadas y justificadas.
2.5. Impugnación
Los señores Bernardo Maya Arango, Benjamín Maya Vélez y Esteban Maya
Mejía tras insistir en los argumentos expuestos en la acción de tutela, afirmaron
que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado «omitió
considerar la falta de valoración probatoria de las pruebas documentales (…) , lo
cual, es fundamental a la hora de analizar la causal de defecto fáctico negativo
invocada bajo parámetros interpretativos que brinden garantías realmente
eficaces respecto a la protección de los derechos fundamentales afectados por
la decisión judicial».
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
defecto fáctico en dimensión negativa por indebida valoración probatoria en la
providencia proferida el 5 de diciembre de 2023, al desconocer perjuicios
materiales e inmateriales supuestamente padecidos por el señor Bernardo Mara
Arango, como resultado de la privación injusta de la libertad.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de seis meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del defecto fáctico.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
1
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-
456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
2
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
3
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»4.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto
La parte accionante afirma que se desconocieron las pruebas aportadas en el
proceso de reparación directa, particularmente, (i) el cheque otorgado al abogado
defensor del señor Bernardo Maya Arango como pago de sus honorarios en el
proceso penal, (ii) las facturas cambiarias de transporte, (iii) la declaración de
impuestos, el estado de ingresos y egresos del afectado, y los registros únicos
de vacunación contra aftosa o brucelosis de las cabezas de ganado que poseía,
para demostrar el salario percibido antes de la privación de la libertad, así como
también, (iv) las consignaciones efectuadas a su favor en el establecimiento
carcelario, y (v) su historia clínica con la finalidad de acreditar el deterioro de
salud.
Al respecto, en la providencia objeto de la presente acción de tutela se afirmó:
3.5. Determinación de los perjuicios y su reparación
Satisfechos los elementos requeridos para la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual en cabeza de la Fiscalía General de la Nación
en relación con la privación injusta de la libertad del señor Bernardo Maya
Arango, la Sala procede a verificar la acreditación de los perjuicios cuya
reparación reclaman los demandantes.
3.5.1 Perjuicios morales
1) El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del
29 de noviembre de 2021 manifestó que en los casos de privación injusta
de la libertad los perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su
cónyuge, compañero o compañera permanente y sus parientes en primer
grado de consanguinidad siempre y cuando acrediten la calidad con la cual
concurren al proceso; la sentencia de igual forma señaló que para los demás
parientes de la persona que fue objeto de privación debe acreditarse el
padecimiento sufrido, pues, la prueba del parentesco no es un indicio
suficiente.
2) De igual manera, en dicha providencia se establecieron unos criterios
para el cálculo de la indemnización según el tiempo de privación del afectado
directo y se dispuso lo siguiente:
4
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle
Correa.
7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes (5 SMLMV).
45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:
a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que
tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).
b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se
obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV) por 30 días.
c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto de
mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia
antes indicada.”
En esa misma sentencia se determinó que la indemnización no es igual para
todos los demandantes y, por tal motivo, se dispuso que para los parientes
en el primer grado de consanguinidad, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente se les podría otorgar hasta el cincuenta por ciento
(50%) de lo reconocido a la víctima directa; para los demás demandantes,
cuando acrediten los perjuicios morales, el tope máximo sería el treinta por
ciento (30%) de lo reconocido al privado de la libertad.
3) Las citadas reglas de la sentencia de unificación son de aplicación
inmediata, de manera que, por todo el periodo de privación de la libertad en
principio el señor Bernardo Maya Arango tendría derecho a percibir una
indemnización hasta por noventa y cinco (95) salarios mínimos mensuales
legales vigentes debido a que estuvo detenido durante el periodo
comprendido entre el 10 de noviembre de 2005 al 18 de mayo de 2007, sin
embargo, debido a que solo se atribuye responsabilidad patrimonial de la
Fiscalía General de la Nación, esta responde en proporción por el periodo
durante el cual el demandante estuvo a su cargo, es decir, desde el 10 de
noviembre de 2005 al 20 de marzo de 2007, en consecuencia la
indemnización del actor asciende a ochenta y uno punto sesenta y seis
(81.66) smlmv.
4) En cuanto concierne a los demandantes Benjamín Maya Vélez y
Esteban Maya Mejía, quienes acreditaron ser los hijos del señor Bernardo
Maya Arango pero no demostraron la intensidad del perjuicio moral, la Sala
les reconocerá el 35% de lo reconocido a la víctima directa equivalente a la
suma de veintiocho punto cincuenta y ocho (28.58) smlmv.
5) Por su parte, en relación con los demandantes Francisco Alejandro
Maya Botero, María Helena Giraldo de Maya y Agnelo Arcila Ramírez,
quienes acudieron al proceso respectivamente en la condición de primo,
prima y tío de la víctima directa, respectivamente, no hay lugar a reconocer
una indemnización en su favor en la porque no acreditaron el parentesco
con el señor Bernardo Maya Arango; de igual manera, las declaraciones
rendidas en este proceso no dan cuenta de alguna relación de afecto con la
8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
víctima directa ni que sufrieron como consecuencia de la privación de la
libertad para que puedan ser tenidos en cuenta como terceros damnificados
(récord 00:23:22 audiencia de pruebas).
6) Finalmente, aunque la demanda que dio origen al presente proceso se
instauró el 27 de enero de 2014, es decir durante el periodo en que la
presunción de perjuicio moral por eventos de privación injusta de la libertad,
incorporada por la jurisprudencia de la Corporación estuvo vigente, la Sala
no hará uso de las facultades probatorias en los términos previstos por la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 (expediente 46.681)
debido a que la parte actora solicitó en la demanda la práctica de prueba
testimonial para acreditar la afectación que padecieron los familiares del
afectado directo con la privación de la libertad, la prueba fue decretada en
audiencia inicial y se procuró su práctica en la audiencia de pruebas.
3.5.2 Perjuicios materiales
3.5.2.1 Daño emergente
1) La parte demandante solicitó el reconocimiento de indemnización por
motivo de i) las erogaciones en que tuvo que incurrir en el proceso penal
para procurar la defensa del señor Bernardo Maya Arango; ii) los gastos de
transporte en los que incurrió el demandante Benjamín Maya Vélez desde
Armenia (Quindío) hasta Cómbita (Boyacá) y Bogotá; iii) los gastos de “giros
realizados al señor Bernardo Maya Arango” por medio del sistema
implementado por Establecimiento Carcelario “La Picaleña” (fl. 28 vlto. cdno.
ppal. 1) y, iv) otros “gastos que resulten probados dentro del proceso” (fl. 28
vlto. cdno. ppal. 1).
2) Respecto de los honorarios del profesional que asumió la defensa
técnica en el proceso penal y en consideración a los parámetros
establecidos en sentencia de unificación de la Sección Tercera, la Sala
encuentra que la parte demandante no acreditó en debida forma el perjuicio
material que reclama por concepto de daño emergente, por cuanto no aportó
i) la prueba de la prestación de los servicios del abogado y, ii) la respectiva
factura o documento equivalente en la cual se registre el valor de los
honorarios correspondientes a la gestión del abogado y la prueba de su
pago.
3) Tampoco se reconocerá la indemnización por los supuestos gastos de
transporte en los que incurrió el demandante Benjamín Maya Vélez, pues,
estos no se probaron.
4) De igual forma, no se accederá a reconocer la indemnización por los
supuestos “giros realizados al señor Bernardo Maya Arango” por medio del
sistema implementado por el Establecimiento Carcelario “La Picaleña”, por
cuanto no se encuentra acreditada la reclusión en el establecimiento
carcelario referido en la demanda y, si bien se aportaron comprobantes de
depósito a nombre del señor Bernardo Maya Arango durante el periodo de
privación de la libertad (fls. 49 a 79 cdno. ppal. 1), de conformidad con lo
previsto en el Código Penitenciario y Carcelario únicamente están
autorizados en los establecimientos de reclusión aquellos gastos
relacionados con la adquisición de productos de primera necesidad, que
incluso corresponden a gastos que lo (sic) propia víctima asumiría estando
en libertad
9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
5) En relación con los gastos asumidos por comunicaciones telefónicas, la
Sala reconocerá el valor que se registra en las tarjetas allegadas con la
demanda y respecto de las cuales se evidencia que fueron utilizadas en el
establecimiento carcelario, en ese orden, se advierte que el monto total por
este concepto corresponde a un millón trescientos diez mil pesos
($1.310.000) y debidamente actualizado arroja la suma equivalente a dos
millones setecientos noventa mil setecientos ochenta pesos con sesenta y
cuatro centavos ($ 2.790.780,64), cuyo pago se ordenará a la Fiscalía
General de la Nación, en favor del demandante Bernardo Maya Arango.
3.5.2.2 Lucro cesante
1) En la demanda se solicitó por concepto de lucro cesante la suma
correspondiente a los ingresos dejados de percibir por el señor Bernardo
Maya Arango los cuales se derivaban de su labor como “administrador de la
finca de su propiedad ‘La Pilarica’ ubicada en el municipio de Caicedonia,
Valle del Cauca” (fl. 27 cdno. ppal. 1), actividad que no pudo realizar
mientras estuvo privado de su libertad.
2) La Sala encuentra que el demandante para el momento de la privación
de su libertad ejercía una actividad productiva lícita; empero, no se acreditó
que se tratara de una actividad laboral formal, así como tampoco se probó
la remuneración que percibía como salario o ingresos por su labor.
3) Por lo anterior, resulta procedente la indemnización por concepto de
lucro cesante consolidado sin incluir el reconocimiento de prestaciones
sociales, toda vez que no se probó que el demandante estuviera vinculado
en una relación laboral subordinada como lo exige el criterio de unificación
del Consejo de Estado. 4) Ahora bien, en atención a que no se acreditó la
suma que el demandante percibía, de conformidad con la sentencia de
unificación del Consejo de Estado se presume que el demandante
devengaba por lo menos un (1) salario mínimo mensual vigente, el que será
tomado para el cálculo del lucro cesante consolidado sin incluir prestaciones
sociales, de acuerdo con el tiempo de privación de la libertad a órdenes de
la Fiscalía General de la Nación.
La liquidación del perjuicio por el tiempo de privación a cargo de la Fiscalía
General de la Nación es la siguiente:
S = Ra (1+ i) n – 1 S = $ 1.160.000 (1+ 0.004867)16,37 – 1 S=
19.716.281,73 i 0.004867
Por consiguiente, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar en
favor del señor Bernardo Maya Arango la suma de diecinueve millones
setecientos dieciséis mil doscientos ochenta y un pesos con setenta y tres
centavos ($ 19.716.281,73).
3.5.3 Daño al buen nombre
1) El buen nombre hace referencia a la buena o estimada opinión que se
forma de una determinada persona, es decir, el concepto favorable que
tienen los congéneres o la comunidad de alguien en particular.
Con la privación de la libertad se envía un mensaje a la sociedad que existen
razones válidas para la detención de quien es objeto de una investigación
10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
penal, esto significa que, según las reglas de la experiencia, una restricción
al derecho fundamental de libertad por la supuesta comisión de un hecho
punible produce necesariamente una afectación al derecho al buen nombre
en el seno de la familia y del círculo social o laboral del afectado, esto es, la
sola medida tiene la potencialidad suficiente para generar descrédito,
señalamiento o estigmatización y que por ser injusta la privación la víctima
no tiene porqué soportar la vulneración a su buen nombre; en este sentido
no se podría exigir en general una prueba específica porque dicha afectación
se infiere de la privación de la libertad, de allí que en estos casos la
reparación del buen nombre puede ser muy relevante para la víctima, incluso
más que la indemnización pecuniaria.
2) En ese contexto, por el hecho de haberse determinado que existió una
incriminación contenida en una providencia judicial por la cual se le endilgó
al señor Bernardo Maya Arango la participación en la comisión de un delito,
que dio lugar a la imposición de una medida restrictiva de la libertad, en un
proceso que culminó por preclusión de la investigación, la Sala evidencia la
concreción de una afectación al buen nombre de quien fue investigado, de
suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados.
3) En este asunto, la Sala estima que la privación de la libertad que sufrió
el demandante, que fue injusta, trajo como consecuencia necesaria la
afectación del derecho al buen nombre en el seno de su familia y de su
círculo social o laboral, por esto la Sala encuentra que una forma válida y
procedente de reparar este perjuicio es a través de la rectificación como
medida de reparación no pecuniaria y, en tal sentido dispondrá que la
Fiscalía General de la Nación exprese disculpas al señor al señor (sic)
Bernardo Maya Arango por la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto mediante una misiva dirigida al demandante.
4) Se ordenará en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación que
emita un comunicado en el que se disculpe con el señor Bernardo Maya
Arango por el perjuicio causado y reconozca que no era responsable de los
delitos endilgados. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, el demandante le
informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, si dicho documento solamente le será entregado en físico o sí,
además, desee que se publique en las plataformas de comunicación y
difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea comunicado.
De no hacerse ninguna manifestación durante este lapso, se entenderá que
el actor opta porque las disculpas se expresen de manera privada, de modo
que así se cumplirá perentoriamente.
3.5.4 Daño a la vida de relación
La parte actora solicitó el reconocimiento de indemnización por daño a la
vida de relación debido a que la privación de la libertad alteró las condiciones
normales de los demandantes, en primer lugar, por la afectación psicológica
que provocó la detención de uno de los miembros de su familia y por los
sentimientos de tristeza y desolación que esta situación les generó.
La Sala recuerda que si bien en un principio la Corporación acogió el
concepto de “daño a la vida de relación” para indemnizar aquellos eventos
en que el daño generaba un cambio o variación en las condiciones
particulares de desenvolvimiento personal o en sociedad de la víctima, en
11
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
pronunciamiento de unificación, la Sección Tercera luego de abordar el
estudio del origen de las diversas denominaciones de la tipología del
perjuicio inmaterial, señaló que tratándose de los perjuicios inmateriales
estos se encontraban delimitados a tres categorías: el daño moral, el daño
a la salud y daños por afectaciones relevantes a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados.
En el presente caso, la Sala encuentra que en principio la mayoría de los
daños que se enuncian como “a la vida de relación” aparecen inmersos
dentro de la denominación genérica de daño moral, pues, tienden al
resarcimiento del dolor o afectación por la privación de la libertad de
Bernardo Maya Arango y la modificación de las condiciones de vida que
genera en sus parientes cercanos, lo cual sin duda ocasionó un
padecimiento interno a las víctimas pero que están comprendidos dentro de
la primera de las referidas tipologías del perjuicio, de tal manera que no
resulta viable reconocer por separado una indemnización por la afectación
a las condiciones de vida familiar porque es evidente que la misma conlleva
a un dolor moral cuya indemnización se dispuso en la presente providencia.
La parte demandante solicita como medida de reparación que se brinde
tratamiento médico y psicológico por los daños fisiológicos y psíquicos
padecidos por la víctima directa y sus familiares, circunstancia que estaría
enmarcada en un daño a la salud, sin embargo a partir de las pruebas
aportadas al expediente no se infiere una afectación a la salud del señor
Bernardo Maya Arango a consecuencia de la privación de la libertad, pues
por el contrario los reportes de la atención médica recibida en el
establecimiento carcelario (fls. 187 a 253 cdno. ppal. 1 y fls. 254 a 581 cdno.
ppal. 2) evidencian que sus padecimientos de salud se originaron a raíz de
una lesión sufrida antes de la reclusión. De otro lado, tampoco se
demostraron las afecciones de salud que afrontaron sus familiares con
ocasión de la privación de la libertad del señor Maya Arango.
3.5.5 Afectación a bienes o derechos constitucional y convencionalmente
protegidos
La parte demandante solicitó indemnización por la afectación a los derechos
de la libertad, integridad personal, honra y buen nombre, a la familia, al
trabajo, a la propiedad privada, debido proceso e igualdad.
Frente a esta solicitud, como se explicó en precedencia, la Sala encuentra
que la privación de la libertad afrontada por el señor Bernardo Maya Arango
comportó la vulneración de los derechos a la libertad personal y al buen
nombre, frente a la cual se dispuso el reconocimiento de indemnización por
los perjuicios acreditados por el daño causado y una medida de reparación
no pecuniaria para restablecer el buen nombre del aquí demandante, en tal
sentido el reconocimiento de indemnización adicional en la forma planteada
por la parte actora resulta improcedente porque no hay ninguna prueba por
la cual se pueda concluir que el demandante requiere de una mayor
indemnización.
Asimismo, la parte demandante pidió como garantías de no repetición y de
satisfacción que i) se coordine un conjunto de medidas materiales e
inmateriales (de asesoría y apoyo), tendientes al restablecimiento del
proyecto de vida truncado o afectado con ocasión de la violación a sus
derechos humanos; ii) se realice un acto de reconocimiento y perdón público
de responsabilidad y desagravio a la honra y buen nombre del señor
12
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
Bernardo Maya Arango por su detención injusta y, iii) se obligue a investigar
y sancionar penal y disciplinariamente a los miembros de la Fuerza Pública,
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y demás autoridades
responsables de la privación de la libertad del señor Maya Arango,
peticiones que serán negadas por cuanto se considera que la rectificación
resulta suficiente como forma para reparar el derecho al buen nombre y no
existir prueba de otras expresiones o manifestaciones del perjuicio cuya
reparación se reclama con la demanda. (sic en toda la cita)».
Como se puede apreciar, la autoridad judicial accionada consideró que en el
proceso de reparación directa, no se aportaron pruebas suficientes que de
conformidad con la Jurisprudencia5 de la Corporación, acrediten la conexidad
entre la prestación de servicios del abogado John Villamil en el proceso penal, el
documento que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago, toda
vez que, los comprobantes que obran en el expediente, no demuestran per se el
cumplimiento efectivo de la obligación.
En consecuencia, se evidencia que, contrario a lo expuesto por la parte
accionante, el despacho judicial no omitió la valoración del material probatorio.
Asimismo, por medio de la acción de tutela se pretendió demostrar un perjuicio
material derivado de los pagos de transporte del señor Bernardo Maya Arango
en relación con la privación injusta de su libertad. Sin embargo, las facturas
cambiarias aportadas en el proceso, no lograron acreditar la conexidad entre
estos eventos. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada no accedió
al reconocimiento de la indemnización material por el supuesto daño emergente
ocasionado, decisión apenas razonable que no se entiende que vulnere los
derechos fundamentales invocados.
De otra parte, esta Sala evidenció que la autoridad judicial accionada efectuó la
valoración de las pruebas documentales presentadas a fin de demostrar la
remuneración percibida por el señor Bernardo Maya Arango, lo que permitió
establecer que, al momento de la privación de la libertad, ejercía una actividad
productiva lícita. Empero, no fue posible determinar la naturaleza de la relación
laboral y, por consiguiente, el monto salarial o los ingresos percibidos.
Por lo anterior, el despacho judicial presumió, atendiendo a la reiterada
jurisprudencia de la Corporación, que el afectado directo devengaba por lo menos
un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Al respecto, esta Sala no observa
de la actuación del accionado una conducta contraria a la ley, debido a que las
pruebas aportadas son insuficientes para demostrar la formalidad de la actividad
desempeñada y el salario o los ingresos percibidos por el señor Maya Arango.
Si bien la parte accionante acreditó que se efectuaron consignaciones a favor del
afectado directo en el momento de la privación de su libertad, lo cierto es que la
autoridad judicial accionada en el análisis probatorio determinó que, de
conformidad con la Ley 65 de 1993, en los establecimientos penitenciarios
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, MP Carlos Alberto
Zambrano Barrera, expediente 44.572.
13
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
únicamente está autorizado el expendio de artículos de primera necesidad, los
cuales, debieron ser asumidos por el señor Maya Arango aun estando en libertad.
En ese sentido, no es de recibo para este despacho que se alegue una omisión
de valoración probatoria pretendiendo que la inconformidad con la decisión objeto
de cuestionamiento prevalezca sobre la normatividad vigente, y aduciendo que
la negativa del reconocimiento de una indemnización por daño emergente se
debió específicamente a un leve error de digitación en la redacción de los
establecimientos penitenciarios, que no fue considerado por la autoridad judicial
accionada.
En relación con el deterioro de salud del señor Bernardo Maya Arango, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que, según
las pruebas presentadas en el proceso, y en particular, los folios 187-253 y 254-
581 del cuaderno principal 1 y 2, no existe una afectación de salud atribuible a la
privación de la libertad. Por el contrario, se estableció que los padecimientos se
originaron en una lesión previa a su reclusión en establecimientos penitenciarios.
En consecuencia, esta Sala no encuentra evidencia de la supuesta omisión en la
valoración probatoria, a pesar de que la providencia del 5 de diciembre de 2023
no mencione explícitamente dicho documento, pues del argumento expuesto se
denota un adecuado análisis de los antecedentes de salud del afectado directo,
que atienden a las pruebas que obran en el proceso.
En definitiva, las explicaciones otorgadas por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado demuestran que la providencia acusada se
encuentra debidamente motivada. Por ende, no se logró constatar la supuesta
omisión en la valoración del material documental aportado en el proceso, en la
medida en que dichas pruebas no son contundentes, ni evidentes en los
aspectos que se pretendían acreditar. De ahí que, más allá de la simple
desavenencia de la parte accionante con lo resuelto, no se advierte alguna
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela.
Por lo anterior, se deduce que la inconformidad de la parte accionante reside en
sus diferencias frente a la fuerza probatoria que se le otorgó a los medios
obrantes en el proceso, no así con la actuación de la autoridad judicial accionada
por una interpretación contraevidente, irrazonable, o caprichosa de las pruebas.
Por lo tanto, esta Sala concluye que la apreciación que motivó la acción de tutela
desborda la órbita de las facultades del juez de tutela, de modo que, es incapaz
de enervar la validez de la decisión adoptada.
En atención a lo anterior, es oportuno destacar que el juez natural goza de amplia
libertad para analizar y valorar las pruebas presentadas en el proceso. Por
consiguiente, no corresponde al juez de tutela reexaminar la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, especialmente cuando se
garantizaron las prerrogativas de la parte accionante, pues ello invadiría el ámbito
de sus competencias. En consecuencia, no se evidencia que la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado haya incurrido en un defecto fáctico
que justifique la procedencia del amparo solicitado.
14
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03989-01
Accionante: Bernardo Maya Arango y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la
cual, negó el amparo solicitado por los señores Bernardo Maya Arango, Benjamín
Maya Vélez y Esteban Maya Mejía, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
15
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.