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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00236-02

Fecha
5 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00236-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda así: “PRIMERO: Declárase patrimonial y administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Bernardo Maya Arango. SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales las siguientes sumas: a) En favor del señor Bernardo Maya Arango la suma de ochenta y uno punto sesenta y seis (81.66) salarios mínimos legales mensuales vigentes. b) En favor de los señores Benjamín Maya Vélez y Esteban Maya Mejía la suma de veintiocho punto cincuenta y ocho (28.58) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno. Para el efecto se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de ejecutoria de la presente providencia. TERCERO: Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, como indemnización por perjuicios materiales en el concepto de daño emergente la suma de dos millones setecientos noventa mil setecientos ochenta pesos con sesenta y cuatro centavos ($2.790.780,64), en favor del señor Bernardo Maya Arango. CUARTO: Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, como indemnización por perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante la suma de diecinueve millones setecientos dieciséis mil doscientos ochenta y un pesos con setenta y tres centavos ($19.716.281,73), en favor del señor Bernardo Maya Arango. QUINTO: La Nación- Fiscalía General de la Nación en el término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, deberá remitir con destino al señor Bernardo Maya Arango una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y reconozca que no era responsable de los delitos por los que fue privado de su libertad, conforme a los términos señalados en esta providencia. SEXTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. 29 Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641) Demandante: Bernardo Maya Arango y otros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00236-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de diciembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
Actor: BERNARDO MAYA ARANGO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA -
POLICÍA NACIONAL
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN INJUSTA
DE LA LIBERTAD - LEY 600 DE 2000

Síntesis del caso: el señor Bernardo Maya Arango fue privado de la libertad en un proceso
penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de
estupefacientes y concierto para delinquir. En la etapa de instrucción se dispuso la
preclusión de la investigación en aplicación del principio in dubio pro reo. La Sala revoca la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (disco
compacto fl. 851 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 19 de
noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: FÍJENSE por concepto de agencias en derecho a cargo de
la parte demandante la suma de ochocientos setenta y siete mil
ochocientos tres pesos ($877.803) a cargo de la parte demandante y a
favor de cada una de las demandadas en partes iguales.

TERCERO.NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente decisión,
mediante el envío de mensaje de datos a los correos electrónicos:
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;jur.novedades@fiscalia.gov.c
o;abogadoreparacion1@cajar.org;notificaciones.armenia@mindefensa.g
ov.co;segen.tac@policia.gov.co;decun.notificacion@policia.gov.co;decu
n.ardej@policia.gov.co;deaj.ramajudicial.gov.co y a la agente del
Ministerio Público al buzón de correo electrónico institucional; bajo la
advertencia que las manifestaciones de las partes deberán efectuarse de
manera preferente a través del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación. Los términos procesales se computarán conforme lo
indicado en el inciso 3º del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

CUARTO: La presente decisión fue discutida y aprobada en Sala de
Decisión virtual de la fecha, y en constancia de aceptación de su

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Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

contenido se suscribe por los Magistrados que la conforman con la
imposición de firma autógrafa escaneada.” (disco compacto fl. 851 cdno.
apelación – negrillas, subrayado y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

Mediante escrito radicado el 27 de enero de 2014 (fl. 589 cdno. 1), los señores
Bernardo Maya Arango, Benjamín Maya Vélez, Esteban Maya Mejía, Francisco
Alejandro Maya Botero, María Helena Giraldo de Maya y Agnelo Arcila, por
intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra
de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial (fls. 8 a 41 cdno. 1) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se declare que la Nación Colombiana - Rama Judicial -
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Defensa - Policía
Nacional - SIJIN; son responsables administrativa solidaria y
extracontractualmente, consistente en la Privación Injusta de la Libertad,
Error judicial y/o Defectuoso Funcionamiento de la Administración de
Justicia, en la causación de todos los daños y perjuicios tanto
patrimoniales (materiales e inmateriales) como extrapatrimoniales
(vulneración a los derechos patrimoniales (materiales e inmateriales)
como extrapatrimoniales (vulneración a los derechos fundamentales) en
la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los
Derechos Fundamentales a la libertad, a la integridad personal, a la honra
y el buen nombre, la familia, al trabajo, a la igualdad y el debido proceso,
que han venido padeciendo las personas: BERNARDO MAYA ARANGO,
obrando en calidad de víctima directa y actuando en nombre propio;
BENJAMÍN MAYA VELEZ, obrando en calidad de hijo de la víctima y
actuando en nombre propio; ESTEBAN MAYA MEJIA, obrando en calidad
de hijo de la víctima y actuando en nombre propio; FRANCISCO
ALEJANDRO MAYA BOTERO, obrando en calidad de primo de la víctima;
MARIA HELENA GIRALDO DE MAYA, obrando en calidad de prima de la
víctima directa, y de AGNELO ARCILA, en condición de tío de la víctima;
con ocasión de la detención injusta de la que fue víctima el señor
BERNARDO MAYA ARANGO y su familia, desde el 08 de noviembre de
2005 hasta el 12 de marzo de 2012; como consecuencia de la privación
injusta de la libertad, el error jurisdiccional y los tratos crueles,
degradantes e inhumanos realizados en la vida del señor BERNARDO
MAYA ARANGO según hechos ocurridos el día 8 de noviembre de 2005
hasta el 12 de marzo de 2012 en la ciudad de Armenia, Departamento del
Quindío; el municipio de Cómbita, Departamento de Boyacá y la ciudad
de Bogotá, DC.; Dentro del proceso, de manera infundada e injustificada,
que se le inició por la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción
Marítima, UNAIM, por los delitos de “CONCIERTO PARA DELINQUIR
AGRAVADO” ante el Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito
de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal, absolviéndolo
de toda responsabilidad penal; actuación de los organismos del Estado lo
cual generó un sinnúmero de afectaciones en su vida personal, familiar y
laboral por las acusaciones falsas e infundadas que ejercieron sobre la
vida y dignidad del señor BERNARDO MAYA ARANGO.

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Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a
la Nación Colombiana - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Fiscalía General de la
Nación; Ministerio de Defensa - Policía Nacional - SIJIN; a pagarle a todos
y cada uno de los demandantes por concepto de daños o perjuicios
morales subjetivos por la privación Injusta de la Libertad, Error Judicial y/o
Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia de
BERNARDO MAYA ARANGO y su familia, lo siguiente: (…) la suma de
cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV) para
cada uno de los demandantes.

TERCERA: (…) se condene a pagarle a los solicitantes por concepto de
perjuicios materiales y/o patrimoniales los que se demuestren en el curso
del proceso, padecidos y futuros por los demandantes (…).

Los perjuicios materiales son:

Para la víctima directa BERNARDO MAYA ARANGO:
Como indemnización debida: $586.173.337.oo
Como indemnización futura: $493.954.765.oo
Como daño emergente y lucro cesante $350.000.000.oo

CUARTO: (…) se condene a pagar a los demandantes por concepto de
perjuicios extrapatrimoniales, por la violación de varios Derechos
Fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad, a la integridad
personal, a la honra y el buen nombre, la familia, al trabajo, a la igualdad
y el debido proceso, a razón de 100 SMMLV por cada derecho conculcado
(…).

QUINTO: Se condene (…) como consecuencia de la declaración de
responsabilidad, por concepto de Daño a la vida de relación (…) a pagar
la suma de cuatrocientos ochenta y un salarios mínimos mensuales
legales vigentes (481 SMMLV) para cada uno de los demandantes.

SEXTO: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
(…) se obligue por concepto de Medidas de Satisfacción respecto a los
daños fisiológicos y psíquicos padecidos por la víctima y sus familiares, a
otorgar tratamiento médico y psicológico por parte del Estado (…).

SÉPTIMO: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
(…) se obligue por concepto de Medidas de Satisfacción respecto al daño
al proyecto de vida de la víctima y sus familiares, a coordinar con los
solicitantes de ésta BERNARDO MAYA ARANGO y familiares, un
conjunto de medidas, materiales e inmateriales (de asesoría y apoyo),
tendientes al restablecimiento del proyecto de vida truncado o afectado
con ocasión de la violación a sus derechos humanos.

OCTAVO: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
(…) se obligue por concepto de Garantías de no Repetición a hacer un
acto de reconocimiento y perdón público de responsabilidad y desagravio
a la honra y buen nombre del señor BERNARDO MAYA ARANGO por su
detención injusta, de lo cual se hará un acto conmemorativo el 8 de
noviembre de siguiente a la ejecutoria de la sentencia, o en la fecha en
que se acuerde entre las partes.

NOVENO: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
(…) se obligue por concepto de Garantías de no Repetición a establecer
un mecanismo para apoyar la estabilización socio – económica de la
personas que han sido víctimas de detención arbitraria y/o privación
injusta de la libertad, teniendo en cuenta los perjuicios morales, como los
materiales causados, durante la detención; mediante un programa y/o
proyecto que brinde acompañamiento inmediato a la persona puesta en
libertad, con ocasión de su absolución y/o la revocatoria de la medida de

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Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
Reparación directa
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aseguramiento, para evitar así el menor perjuicio como consecuencia de
la privación de su libertad.

DÉCIMO: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
(…) se obligue por concepto de Garantías de no repetición a investigar y
sancionar, penal y disciplinariamente a los miembros de la Fuerza Pública,
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y demás estamentos del
Estado que son responsables por acción u omisión de la privación injusta
de la libertad, de la que fue víctima el señor BERNARDO MAYA ARANGO
(…). Junto con la responsabilidad del INPEC, de forma ejemplificante,
debido a las malas condiciones que viven los reclusos hoy en día en
Colombia (…).” (fls. 8 a 12 cdno. ppal.- mayúsculas sostenidas, subrayado
y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) La Fiscalía Cuarta Especializada de Bogotá Adscrita a la Unidad Nacional
Antinarcóticos y de Interdicción Marítima vinculó al señor Bernardo Maya Arango a
una investigación penal por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para
delinquir y, en consecuencia, ordenó su captura la cual se materializó el 8 de
noviembre de 2005.

2) El 14 de noviembre de 2005, se resolvió su situación jurídica con medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y el 25 de
mayo de 2007 se le otorgó la libertad provisional debido a su estado de salud.

3) El 29 de febrero de 2012 se calificó el mérito del sumario con preclusión de la
investigación.

4) La privación injusta de la libertad a la que estuvo sometido por los delitos de
tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir les ocasionó a todos los
demandantes perjuicios materiales e inmateriales los cuales deben ser
indemnizados (fls. 12 a 18 cdno. ppal. 2) por la Policía Nacional, la Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial.

5) De igual manera, se debe responder patrimonialmente por los tratos crueles que
recibió el señor Maya durante la captura pese a la condición de salud que fue puesta
de presente en aquel momento (fls. 12 vlto. y 14 cdno. ppal. 1).

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Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
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Apelación sentencia

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 3 de junio de 2014, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda1 (fls. 624 a 625 cdno. ppal. 2)
y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las entidades
accionadas.

1) Mediante escrito radicado el 28 de julio de 2014, la Nación - Ministerio de Defensa
• Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda e invocó la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva por considerar que en relación con
la captura del señor Bernardo Maya Arango actuó en cumplimiento de un deber
legal y por virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, a su vez, el
daño alegado por la parte actora, consistente en la privación de la libertad, no
provino de una actuación de sus agentes sino de una autoridad con funciones
jurisdiccionales (fls. 646 a 653 cdno. ppal. 2).

2) El 13 de agosto de 2014, la Nación - Rama Judicial manifestó oposición a las
súplicas de la demanda e invocó las excepciones de “ausencia de responsabilidad”
y “falta de legitimación en la causa” por estimar que el proceso penal adelantado en
contra del señor Bernardo Mayo Arango se agotó en la etapa instructiva cuyo
conocimiento siempre estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación (fls. 654 a
660 cdno. ppal.2).

3) A través de memorial presentado el 2 de septiembre de 2014, la Fiscalía General
de la Nación se opuso igualmente a las pretensiones de los actores y sostuvo que
no le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual, toda vez que la medida de
aseguramiento decretada en contra del señor Bernardo Maya Arango se ajustó a la
Ley 600 de 2000 y tuvo como fundamento unos indicios graves que pesaban en su
contra, igualmente manifestó su oposición con los perjuicios reclamados por
considerar que no fueron acreditados (fls. 665 a 681 cdno. ppal. 2).

4. Trámite relevante de primera instancia

1) En la audiencia inicial realizada el 31 de agosto de 2015 el tribunal de primera
instancia declaró i) la caducidad “de la pretensión de declaratoria de responsabilidad

1 Luego de que la parte demandante presentara escrito de subsanación (fls. 598 a 604 cdno. ppal.2)

en el cual corrigió los defectos anotados por el tribunal de primera instancia mediante auto de 26 de
marzo de 2014 (fl. 596 cdno. ppal. 2) respecto de la estimación razonada de la cuantía de las
pretensiones y la justificación de cada uno de los valores enunciados en la demanda.

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Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
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administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los tratos
crueles, degradantes e inhumanos -calificados así por el demandante - de que
presuntamente fue víctima Bernardo Maya” (fl. 713 cdno. ppal. 3) y, ii) la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama Judicial y del “Ministerio de
Defensa – Policía Nacional” (fl. 713 cdno. ppal. 3).

2) El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación en contra
de la decisión de caducidad del medio de control y de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Ministerio de Defensa - Policía Nacional (Fl. 714 cdno. ppal.
3).

3) En providencia del 1º de agosto de 2018, la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación revocó la decisión que declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa frente a los supuestos tratos crueles ocurridos desde
el momento de la captura del señor Bernardo Maya Arango por considerar que las
actuaciones y hechos ocurridos durante el lapso comprendido entre el 10 y el 13 de
noviembre de 2005 “son conexas e inherentes a la investigación penal adelantada
por la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto, su caducidad debe ser analizada
de manera global y no de forma independiente como lo consideró el a quo, pues se
trata de la misma fuente generadora de los presuntos daños que invoca la parte
actora”, en consecuencia, “en tanto quedó dicho por el a quo que no había operado
el fenómeno de la caducidad para las pretensiones que tienen que ver con el
desarrollo de la investigación penal, lo mismo ha de predicarse de las pretensiones
atinentes a los presuntos tratos crueles e inhumanos ocurridos desde el momento
de la captura” (fl. 785 cdno. ppal. 3).

4) En la misma providencia esta Corporación confirmó la decisión que declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa - Policía
Nacional porque “las presuntas irregularidades señaladas por el apelante se
desprenden de las labores de investigación encomendadas a la policía judicial; por
tanto (…) aquellas se enmarcan dentro del contexto de la acción penal confiada
constitucional y legalmente a la Fiscalía General de la Nación y, por lo mismo,
ninguna legitimación le asiste respecto a la Policía Nacional” (fl. 785 cdno. ppal. 3).

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 19 de noviembre de 2020 negó las pretensiones de la demanda (fl.
851 disco compacto cdno. ppal. 3 archivo “2014-00236 Fallo RD 1a Instancia”) por

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los argumentos que, en síntesis, se citan a continuación:

a) La imposición de la medida de aseguramiento “se fundamentó en los audios de
las interceptaciones realizadas por los investigadores, en los cuales se escuchaba
al señor Bernardo Maya Arango hablando de manera cifrada sobre negocios con
personas que se encontraban directamente involucradas con los hechos objeto de
investigación” (fl. 851 disco compacto cdno. ppal. 3 archivo “2014-00236 Fallo RD
1a Instancia”).

b) Con antelación a resolver la situación jurídica del hoy demandante, la fiscalía
instructora adelantó diligencia de indagatoria “en la cual le fueron puestos de
presente los audios en los cuales se encontraba involucrado”, momento propicio
para explicar o justificar el contenido de las conversaciones, sin embargo, el
“sindicado prefirió abstenerse de colaborar con la justicia y guardar silencio” (fl. 851
disco compacto cdno. ppal. 3 archivo “2014-00236 Fallo RD 1a Instancia”).

c) La detención preventiva se basó en las pruebas recaudadas durante la
investigación preliminar por el ente instructor, con razones jurídicas válidas, en
consecuencia, no se acreditó la falla del servicio atribuida a la entidad demandada.

d) La preclusión de la investigación en favor del señor Maya Arango se produjo en
aplicación del principio in dubio pro reo porque la fiscalía instructora consideró que
los medios probatorios recaudados no eran suficientes para desvirtuar la presunción
de inocencia por el hecho de que los audios daban cuenta de negocios legales.

6. Recurso de apelación

La parte actora (fl. 851 disco compacto cdno. ppal. 3 archivo “Recurso de apelación
2014-00236”) solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con apoyo
en el siguiente razonamiento:

1) No es procedente catalogar la conducta de guardar silencio como la causante del
tiempo de privación de la libertad de la víctima directa, por el hecho de constituir
una garantía fundamental de toda persona vinculada a un proceso penal.

2) La privación de la libertad que soportó el señor Bernardo Maya Arango provino
de una prueba respecto de la cual la fiscalía instructora concluyó que únicamente
daba cuenta de negocios lícitos, por lo tanto, no puede catalogarse como una
medida de detención ajustada a derecho, tampoco respetó los principios de

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Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
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proporcionalidad y razonabilidad.

3) El a quo impuso la condena en costas en contra de la parte actora a partir de un
criterio objetivo en clara contradicción con el aspecto valorativo según el cual solo
habrá lugar a imponer costas procesales cuando se encuentre acreditada su
causación y se hallen probadas, de conformidad con el numeral 8 del artículo 365
del CGP.

7. Actuación surtida en segunda instancia

En providencia del 29 de octubre de 2021 (índice 3 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación formulado por la parte actora y el 23 de marzo de 2023 se corrió traslado
a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran los
alegatos de conclusión y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera
concepto (índice 9 SAMAI).

En el término previsto la Fiscalía General de la Nación solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia (índice 18 SAMAI); la parte actora reiteró los argumentos
expuestos en la demanda y en el recurso de apelación (índice 17 SAMAI); por su
parte, el Ministerio Público guardó silencio (índice 19 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto de
la apelación, competencia del ad quem y anuncio de la decisión, 3) análisis de la
impugnación, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia

La controversia planteada propone determinar si la restricción de la libertad personal
que soportó el señor Bernardo Maya Arango constituyó una privación injusta pasible
de comprometer la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía
General de la Nación y, si como consecuencia de ello hay lugar a reparar los
perjuicios reclamados por los actores; asimismo, se debe establecer si existieron
tratos crueles en contra del señor Maya Arango y si los mismos son responsabilidad
de la Fiscalía General de la Nación.

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2. Objeto de la apelación, competencia del ad quem y anuncio de la decisión

Sobre este punto, cabe advertir que i) en el trámite de primera instancia se declaró
la falta de legitimación en la causa de la Nación - Rama Judicial, decisión contra la
cual no se formuló reparo y, ii) se declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, decisión contra la cual se
instauró recurso de apelación y en segunda instancia fue confirmada por esta
Corporación, a su vez, la fijación del litigio se limitó al análisis de la responsabilidad
patrimonial por la privación de la libertad dispuesta por la Fiscalía General de la
Nación y los supuestos tratos degradantes en contra del demandante (fl. 822 cdno.
ppal. 3).

Por lo anterior, la Sala en esta providencia adoptará las siguientes determinaciones:

1) Decidirá el fondo del asunto, porque se encuentran reunidos los presupuestos
para fallar, entre ellos la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto,
la resolución mediante la cual se calificó el mérito del sumario con preclusión de la
investigación en favor del señor Bernardo Maya Arango se profirió el 29 de febrero
de 2012 por la Fiscalía Novena Especializada de Bogotá adscrita a la Unidad
Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima y adquirió ejecutoria el 12 de
marzo de 2012 (constancia, fl. 584 cdno. ppal. 2), mientras que la solicitud de
conciliación prejudicial se presentó el 24 de junio de 2013 y el 5 de septiembre de
2013 se expidió la constancia de agotamiento del referido trámite por ausencia de
ánimo conciliatorio (fl. 44 cdno. ppal. 1), la demanda se interpuso el 27 de enero de
2014 (fl. 589 cdno. ppal. 1) y, por ende, se concluye que fue radicada dentro del
término previsto por el literal i) del artículo 164 del CPACA2.

2) Revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por
la privación injusta de la libertad del señor Bernardo Maya Arango, de manera que
se reconocerá indemnización por perjuicios morales, lucro cesante y una medida de
reparación no pecuniaria en favor de los demandantes que acreditaron los referidos
perjuicios. En relación con los tratos crueles que en la demanda se afirma el actor
recibió, se negarán las pretensiones por que estos no fueron demostrados.

2 El presente asunto tiene prelación de conformidad con lo acordado por la Sala Plena de la Sección

Tercera de esta Corporación en el acta número 10 del 25 de abril de 2013, que decidió que los
expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la
libertad pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.

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3. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia, la sentencia apelada será
revocada por las razones que se exponen a continuación.

3.1 La privación injusta de la libertad

En atención a lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de
1996 y SU-072 de 20183, la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los casos de privación
injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar, se
identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la
libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores;
ii) en segundo término, se analiza la legalidad de la medida de privación de la
libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no a los
parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la
restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en
tercer orden, y solo en el caso de no probarse la existencia de una responsabilidad
por el régimen subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo (daño especial);
iv) en cuarto lugar, en el evento de que se considere que hay sustento para declarar
la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo o uno objetivo, se
procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte
de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima
como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se
procede a liquidar los perjuicios.

3.1.1 Existencia del daño

La Sala encuentra que el señor Bernardo Maya Arango fue capturado el 10 de
noviembre de 20054 y permaneció privado de su libertad personal hasta el 18 de
mayo de 20075 por cuenta del proceso adelantado en su contra por la supuesta

3 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
4 Aunque los demandantes alegaron que la aprehensión se produjo el 8 de noviembre de 2005, dicha

circunstancia no se encuentra demostrada y, por el contrario, del informe de captura (fls. 188 a 192
cdno. 9 expediente penal) y el acta de derechos del capturado (fl. 9 cdno. 10 expediente penal) se
tiene que el demandante fue aprehendido el 10 de noviembre de 2005 (fls. 161 a 169 cdno. 9
expediente penal).
5 Según resolución de 11 de noviembre de 2005, por la cual se solicitó a la Sala de Retenidos de la

Seccional de Policía Judicial de Armenia mantener en custodia al señor Bernardo Maya (fls. 19 a 20
y fls. 23 a 25 cdno. 10 expediente penal) y el certificado expedido el 13 de enero de 2014 por el
asesor jurídico del Establecimiento Carcelario de Bogotá, donde se reportó que el señor Bernardo
Maya Arango ingresó al Establecimiento Penitenciario de Cómbita el 25 de noviembre de 2005, el 1º
de junio de 2006 fue trasladado al Establecimiento Carcelario de Bogotá y el 18 de mayo de 2007
fue dejado en libertad por orden emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá (fls. 583 cdno. ppal. 2).

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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Apelación sentencia

comisión de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto
para delinquir6.

3.1.2 Examen del caso concreto

1) Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad, la
Sala encuentra que en el expediente se acreditan los siguientes hechos relevantes
para la definición de la controversia objeto de estudio:

a) El 21 de mayo de 2004, la Fiscalía Primera Especializada de Bogotá adscrita a
la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima dispuso el inicio de
investigación previa por solicitud de la Dirección Central de Policía Judicial para
lograr la individualización o identificación de los integrantes de una supuesta
organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes que
operaba en Colombia y tenía vínculos con Ecuador y Estados Unidos de
Norteamérica que, a su vez, sería “propietaria de 2.441 kilos de clorhidrato de
cocaína que fueron incautados el 14 de noviembre de 2022 en la ciudad de
Quito”(Ecuador) (fl.63 cdno. 3 expediente penal); para cuyo efecto, la fiscalía
instructora dispuso la interceptación de varios abonados telefónicos (fls. 63 a 65
cdno. 3 expediente penal).

b) El 9 de noviembre de 2005, la Fiscalía Cuarta Especializada de Bogotá asignada
a la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima decretó la apertura
de instrucción (expediente 59.397) y dispuso vincular mediante diligencia de
indagatoria al señor Bernardo Maya Arango por el hecho de haber cometido,
supuestamente, los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir
y, en consecuencia, ordenó su captura (fls. 161 a 169 cdno. 9 expediente penal).

c) El 10 de noviembre de 2005, la Dirección Central de Policía Judicial de la Policía
Nacional aprehendió al señor Bernardo Maya Arango en aplicación de la respectiva
orden judicial (fls. 9 a 11 cdno. 10 expediente penal).

d) El 16 de noviembre de 2005, el señor Bernardo Maya Arango rindió diligencia de
indagatoria ante la fiscalía instructora en la cual se le pusieron de presente varios
audios con comunicaciones telefónicas; el interrogado manifestó que se acogía al
derecho a guardar silencio. En la mencionada diligencia el fiscal le imputó cargos

6 Proceso identificado con número de radicación 59.397 en etapa de instrucción y número
11001310700120070003301 en etapa de juzgamiento, como lo corrobora la consulta realizada el 12
de noviembre de 2023 en el aplicativo de consulta de procesos de la página electrónica institucional
de la Rama Judicial.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
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Apelación sentencia

en condición de “coautor a título de dolo” por los delitos de concierto para delinquir
con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (fls. 249 a
252 cdno. 10 expediente penal).

e) El 30 de noviembre de 2005, se resolvió la situación jurídica del señor Bernardo
Maya Arango con medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado y
tráfico de estupefacientes agravado.

En la referida resolución la fiscalía instructora citó las transliteraciones de varias
conversaciones telefónicas en las que participaba el señor Bernardo Maya Arango
y resaltó, a partir de los informes ratificados por funcionarios de policía judicial, la
conformación de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes
con una estructura jerárquica, funcional y logística de la cual supuestamente hacía
parte el señor Maya Arango como “facilitador de rutas internacionales” y encargado
del envío de droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica y Europa en
cantidades no inferiores a los 500 kilos, precisó a su vez que “los rastreos
telefónicos son indicativos que las rutas utilizadas por los infractores son
habitualmente Ecuador, Guatemala, México, Estados Unidos y Europa” (fl. 117
cdno. 14 expediente penal”.

Como argumentos de la decisión expuso lo siguiente:

“Obra en consecuencia prueba conteste que afirma por lo menos en esta
fase embrionaria de la investigación los reatos por los que fueron llamados
en diligencia de inquirir a cada uno de los mencionados, y en sentir de
ésta delegada es congruente, serio y creíble el testimonio de la Jefe de la
Unidad Especializada SIU cuando afirma que durante el proceso de
seguimiento y los juiciosos rastreos de los abonados, así como de la
fijación de las escenas que ratifican los encuentros delictivos, no es uno
sino muchos los eventos o episodios relativos a éstos cometidos
criminales.

En verdad abrumadora es la evidencia documental hasta ahora compilada
(giros al exterior, consignaciones, innumerable cantidad de cédulas, etc)
y física (droga, armas, voces grabadas) paulatinamente recaudada y que
paso a paso, claramente ilustran la actividad recurrente relativa a la
comercialización de sustancia alcaloide en el país y fuera de él, en todas
las fases de la narcoactividad -cultivos, laboratorios para el
procesamiento, rutas, intermediarios o enlaces en los medios lícitos para
lograr su paso al exterior, empresas fachadas y oficinas de cobro, noticias
de decomisos en el exterior, retenciones, etc, interlocuciones que
reafirman la manifiesta interrelación de los asociados, los sucesos
alusivos a ‘caídas’ y cobros en las que los responsables son constreñidos
a construir títulos traslaticios de dominio de bienes inmuebles o rodantes,
de los pagos u ofrecimientos de y a funcionarios venales que facilitan su
gestión, todo lo anterior es indiciativo (sic) de una compleja estructura de
crimen organizado y reafirma como el precedente histórico en Ecuador,

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
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Apelación sentencia

es apenas el eslabón de una empresa criminal que como quedó
expresado se expande y afianza en otras latitudes internacionales.
Tal cadena funcional emerge claramente develada con los elementos de
juicio traídos a propósito y para mejor entendimiento traído casi en su
contexto, se demuestra como dicha organización con carácter de
permanencia diversifica sus roles y acrecienta así a los intervinientes y
caudales avenidos por el tráfico de droga. Cierto que en mucho habrá de
ahondarse, pero por ahora puntualícese que se superan en grado
superlativo los requisitos mínimos sustanciales de que trata el ar. 356 del
C.P.P. para proferir medida precautelativa contra todos los procesados.

De igual modo recábese, que por obvias razones de política criminal,
siendo el interés jurídico tutelado el de la seguridad y la salubridad
públicas, así como el orden económico y social, no resulta viable hacer
concesión en cuanto alude a una pretensión sustitutiva domiciliaria, pues
mal podría pronosticarse un adecuado y asertivo comportamiento social,
cuando es la misma colectividad la afectada.” (fl. 119 cdno. 14 expediente
penal -mayúsculas sostenidas propias del texto original).

f) El defensor del señor Bernardo Maya Arango interpuso recurso de apelación en
contra de la resolución que impuso la medida de aseguramiento (fls. 92 a 102 cdno.
17 expediente penal) e igualmente solicitó el control de legalidad de la referida
medida ante el juez penal de conocimiento (fls. 1 a 239 cdno. 19 expediente penal),
sin embargo, a la presente actuación no fueron aportadas las providencias que
resolvieron esas peticiones.

g) El 3 de noviembre de 2006 se calificó el mérito del sumario con resolución de
acusación y se remitió el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá7, quien luego le otorgó la libertad al aquí actor, la cual
recuperó el 18 de mayo de 2007.

h) El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá en autos del 30
de agosto y 27 de octubre de 2007 decretó la nulidad de lo actuado a partir del cierre
de la investigación respecto del señor Bernardo Maya Arango, decisiones que
fueron confirmadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en providencia del 30 de abril de 2008 debido a que no se practicó de forma
adecuada la notificación del procesado y su defensor, por ello se devolvió el
expediente penal a la fiscalía instructora para rehacer la actuación (fls. 6 a 7 cdno.
24).

i) El 29 de febrero de 2012, la Fiscalía Novena Especializada de Bogotá
perteneciente a la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima
precluyó la investigación en favor de Bernardo Maya Arango por las razones que se
citan a continuación:

7 En el expediente no obra dicha decisión, sin embargo, se tiene conocimiento de la misma a partir

de las consideraciones expuestas en la resolución del 29 de febrero de 2012.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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“Con la captura de los señores FERNARDO MONTENEGRO REYRE,
MODESTO ANTONIO POLO PÉREZ LEONEL ROBINSON GUEVARA,
JORGE ALEIBER LÓPEZ LONDOÑO, JEYLER ANTONIO ÁVILA
LONDOÑO y la incautación de 2.441 kilos de clorhidrato de cocaína en la
ciudad de Quito (Ecuador) y con la información recibida de la existencia
de una organización integrada entre otras por colombianos, dedicadas no
solo a la producción, sino también al almacenamiento y finalmente a la
comercialización de sustancia estupefaciente a diferentes partes del
mundo entre los países se señaló a la ciudad de Amsterdam, Miami,
Ecuador entre otros.

Con base en esta información, mi antecesor se dio en la tarea de
averiguar que sujetos eran parte de la organización delincuencial,
ordenando así la interceptación de varias líneas de teléfono, en las que
se logró establecer por intermedio de la diferentes conversaciones
legalmente obtenidas una relación de alías, entre los que se conocieron:
Alias ‘EL FLACO’, Alias ‘EL GORDO’, Alias ‘JORGE’, Alias ‘EL VIEJO’,
Alias ‘EL GATO’, Alias ‘El PRIMO’, Alias ‘MI SANGRE’, Alias ‘EL
FAMILIAR’, entre otros.

Además también a través de las líneas legalmente interceptadas se
obtuvo conocimiento de algunos nombres e identidades de supuestos
miembros de esta organización criminal, en las que según se informa por
los funcionarios de Policía Judicial en sus análisis corresponden al hoy
sindicado BERNARDO MAYA ARANGO donde indicó su nombre. Una
vez se obtuvo esta información se continuó con el recaudo de material
probatorio e información de esta persona, actividades en las que se logró
establecer la ubicación del lugar de residencia del hoy cuestionado
estableciéndose que se ubicaba en el predio rural, La Pilarica, vereda
Buenos Aires, del Municipio de Montenegro de la ciudad de Armenia
Quindío.

Al revisar las presentes diligencias se logró establecer que el único
material de prueba con el que cuenta la Fiscalía General de la Nación,
son los informes rendidos por los funcionarios judiciales en los que se
allegan únicamente las transliteraciones efectuadas a las conversaciones
de las líneas legalmente interceptadas. Al revisarlas se muestra
claramente que los temas de estas conversaciones, si bien son en
lenguajes cifrado, sus temas refieren negocios, semovientes, dinero y
otros temas. Tal y como se ve reflejado en el análisis realizado a las
conversaciones relacionadas anteriormente y en las que no se logra
identificar evidencia alguna de actos ilícitos o la comisión de alguna
conducta punible realizada por el señor Bernardo Maya Arango.

Así las cosas, se hace necesario por parte de esta delegada optar por
estudiar la presunción de inocencia para el investigado, el cual lo
encontramos en nuestro ordenamiento jurídico y adquiere el rango de
derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a
presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario
ordena las autoridades judiciales competentes la demostración de la
culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el
inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo
o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada
la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el
material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión
del mismo con el acusado (…).

En este orden de ideas vemos que en la presente investigación no
obstante los esfuerzos realizados por la Fiscalía en aras a establecer la
materialidad de la conducta investigada, esta no se logró determinar y
mucho menos la responsabilidad del aquí investigado; de tal suerte y
cómo se encuentra la realidad fáctica procesal, las dudas que se originan

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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en esta y que no son susceptibles de entrar a despejar debido al estadio
procesal en que nos encontramos, vienen a impedir la concurrencia de la
totalidad de los requisitos sustanciales de las normas inicialmente
enunciadas para proferir en contra de BERNARDO MAYA ARANGO,
resolución de acusación, no quedando otra alternativa a este Despacho
Judicial que dar cabida el derecho de presunción de inocencia previsto en
nuestra carta fundamental artículo 29 y código adjetivo penal en su
artículo 2º (…) y por ello lo procedente y jurídico es entrar a precluir la
instrucción en su favor y por ende se debe entrar a extinguir la acción
penal seguida en su contra” (fls. 48 a 51 cdno. 24 – mayúsculas
sostenidas del original).

2) Es necesario recordar que el artículo 28 de la Constitución Política preceptúa que
el derecho a la libertad solo puede restringirse en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con cumplimiento de las formalidades legales y por
motivos previamente definidos en la ley.

3) Por su parte, el artículo 355 de la Ley 600 del 2000, vigente para la época de los
hechos, autoriza como medida cautelar la imposición de medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva con la finalidad de garantizar la comparecencia
del sindicado al proceso, impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual
o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios
importantes para la instrucción o entorpecer la actividad probatoria.

4) En consonancia con lo anterior, los artículos 356 y 357 ibidem establecen que la
detención preventiva es procedente cuando contra el sindicado resulten por lo
menos dos (2) indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas
legalmente producidas en el proceso y cuando la Fiscalía General de la Nación
impute un delito cuya pena mínima exceda de cuatro (4) años, que sea alguno de
los delitos previstos en el mismo artículo 357, o que el sindicado ya estuviese
condenado mediante sentencia ejecutoriada por otro delito que tuviera pena de
prisión.

5) De conformidad con lo expuesto en la resolución del 30 de noviembre de 2005,
se tiene que la Fiscalía General de la Nación encontró mérito para disponer la
detención preventiva del señor Bernardo Maya Arango a partir de los informes
ratificados por funcionarios de policía judicial que presentaron las transliteraciones
obtenidas a partir de las interceptaciones de varias conversaciones telefónicas en
las cuales participaba el señor Maya Arango y de allí dedujo su intervención en una
organización criminal dedicada al narcotráfico, sin embargo, la fiscalía instructora
omitió precisar los dos indicios graves de responsabilidad que se edificaban en su
contra, asimismo, no revisó la situación particular del señor Bernardo Maya Arango
frente a la necesidad de la medida de aseguramiento a la luz de lo previsto en el

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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artículo 3 del Código de Procedimiento Penal8, pues, únicamente estuvo soportada
en el bien jurídico que el Código Penal pretendió proteger con los delitos imputados.

6) La misma fiscalía, en el momento de precluir la investigación, advirtió que el único
material de prueba con el que se contaba eran los informes rendidos por los
funcionarios judiciales en los cuales se allegaban las transliteraciones efectuadas a
las conversaciones de las líneas legalmente interceptadas, no obstante, del análisis
realizado a estas conversaciones no se logró identificar “evidencia alguna de actos
ilícitos o la comisión de alguna conducta punible realizada por el señor Bernardo
Maya Arango” (fl. 49 cdno. 24).

7) En ese contexto fáctico y probatorio está demostrado que no se cumplieron los
requisitos legales exigidos para proferir medida de aseguramiento en contra del
señor Bernardo Maya Arango toda vez que no se precisaron los indicios graves de
responsabilidad en su contra y, por el contrario, se advierte que los únicos
elementos de convicción recaudados no daban cuenta de algún acto ilícito o de la
comisión de alguna conducta punible realizada por el señor Maya Arango, de igual
manera, no se justificó, en su caso particular, la necesidad de la medida,
circunstancias que hicieron injusta la privación de la libertad.

8) Finalmente, la parte actora reclama la responsabilidad extracontractual del
Estado por los supuestos tratos crueles que dice, recibió durante la captura, pues a
pesar de haber comunicado en aquel momento una condición de salud especial no
se le brindó un tratamiento acorde con esa situación particular.

Al respecto, la Sala evidencia que a partir de los elementos de convicción aportados
al expediente que dan cuenta del procedimiento de captura del señor Bernardo
Maya Arango9 no es posible tener por acreditada una falla del servicio de la Fiscalía
General de la Nación y, la parte demandante no demostró a través de otros medios
de prueba adicionales los supuestos de hecho invocados en la demanda,
circunstancia por la cual se impone negar las pretensiones en relación con este
cargo de responsabilidad endilgado.

8 El artículo 3 de la Ley 600 de 2000 establecía: “(…) La detención preventiva, en los términos

regulados en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del
sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad”.

9 Informe de captura (fls. 188 a 192 cdno. 9 expediente penal) y acta de derechos del capturado (fl.

9 cdno. 10 expediente penal).

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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3.3 Entidad a quien se le imputa el daño

Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada durante la vigencia del Código
de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 del 2000, el daño causado por la
privación de la libertad le sería imputable en principio tanto a la Fiscalía General de
la Nación como a la Nación - Rama Judicial, por razón de que el demandante estuvo
a cargo de ambas entidades.

A la Fiscalía General de la Nación le es imputable desde el momento de la captura
hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, pues, de conformidad
con el artículo 400 ibidem, es solo a partir de ese momento que asume competencia
sobre el asunto el juez encargado del juzgamiento y el procesado deja de estar a
cargo de la fiscalía10; a su turno, a la Nación - Rama Judicial le es imputable desde
el día siguiente de la ejecutoria de la resolución de acusación instante en el que
adquiere competencia11 para examinar y, si es del caso, revocar la medida de
aseguramiento si no se reúnen los requisitos de necesidad para mantenerla vigente,
y hasta el momento en que el detenido recuperó su libertad.

En este caso concreto, comoquiera que en primera instancia durante la audiencia
inicial se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama
Judicial y dicha decisión no fue impugnada por la parte interesada, esta Corporación
no puede atribuirle responsabilidad a dicha autoridad debido a que esa
determinación no fue objeto de reparo por la parte interesada y cobró ejecutoria.
Lo anterior cobra relevancia, pues, tal como se observó en los hechos probados, el
aquí demandante estuvo privado de la libertad con cargo tanto a la Fiscalía General
de la Nación como a la Rama Judicial12, sin embargo, únicamente se condenará a

10 El artículo 400 de la Ley 600 del 2000 preveía: “Con la ejecutoria de la resolución de acusación

comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el
Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido
el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a
disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar
las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación
y las pruebas que sean procedentes”.
11 En efecto, el artículo 363 de la Ley 600 de 2000 establece que “durante la instrucción, de oficio o

a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento
cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”. Se advierte que la Corte Constitucional declaró
exequible dicha normatividad, a través de la sentencia C-774 de 2001, bajo el argumento que
procede la revocatoria cuando no subsista la necesidad de mantener vigente la medida de
aseguramiento.
12 El caso impone precisar que el mérito del sumario se calificó por primera vez con resolución de

acusación del 3 de noviembre de 2006, razón por lo cual la investigación fue remitida al Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, autoridad que concedió la libertad al señor
Bernardo Maya Arango en providencia de 18 de mayo de 2007, de manera que el aquí actor estuvo
a disposición de dicho juzgado desde la ejecutoria de dicha resolución de acusación hasta la fecha
en que obtuvo su libertad. Se pone de presente que luego de obtener la libertad, en virtud de una
decisión de nulidad procesal, el expediente penal fue devuelto a la fiscalía para rehacer la instrucción
y para aquel momento el señor Maya Arango ya gozaba del beneficio de la libertad.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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la Fiscalía General de la Nación en proporción al tiempo en que el demandante
estuvo a su disposición, esto es, del 10 de noviembre de 200513 al 20 de marzo de
200714.

3.4 Culpa exclusiva de la víctima

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021,
en el presente asunto no se demostró conducta alguna del señor Bernardo Maya
Arango digna de reproche y que además tuviera incidencia necesaria y exclusiva en
la decisión de la fiscalía de capturarlo y mantenerlo privado de su libertad.

Si bien se advierte que durante la diligencia de indagatoria el señor Bernardo Maya
Arango hizo uso del derecho a guardar silencio, no puede catalogarse su conducta
como constitutiva de culpa grave en la medida en que ejerció legítimamente la
garantía que le asistía consagrada por el artículo 33 de la Constitución Política, por
el contrario, como lo ha sostenido la Corte Constitucional15, a partir de esta garantía
“el silencio voluntario del individuo llamado a indagatoria se constituye en una forma
de defensa y por tanto en un verdadero derecho de carácter fundamental que hace
parte del debido proceso”, por esta razón resulta contradictorio apreciar este silencio
como una conducta gravemente culposa para exonerar de responsabilidad
patrimonial a la entidad demandada.

3.5. Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual en cabeza de la Fiscalía General de la Nación en
relación con la privación injusta de la libertad del señor Bernardo Maya Arango, la
Sala procede a verificar la acreditación de los perjuicios cuya reparación reclaman
los demandantes.

13 Fecha en que el señor Bernardo Maya Arango fue capturado.
14 Aunque en eventos similares, cuando no obra constancia de ejecutoria de la resolución de
acusación, la Sala determina la fecha de ejecutoria a partir de su expedición y las normas procesales
pertinentes, en este caso particular no es posible estimar una fecha de ejecutoria porque no se aportó
la aludida decisión, ni las constancias de notificación, por el contrario se establece, a partir de la
consulta en la página electrónica la Rama Judicial que una vez fue remitido el asunto al juzgado, fue
devuelto para que se realizara la notificación al Ministerio Público, posteriormente solo se registró la
fecha en que el juzgado avocó conocimiento, lo cual ocurrió el 20 de marzo de 2007 luego de que
se corrigiera la falta de notificación al Ministerio Público para obtener la firmeza de la referida
resolución (consulta realizada el 12 de noviembre de 2023 en el aplicativo de consulta de procesos
de la página web institucional de la Rama Judicial).
15 Corte Constitucional, sentencia C-537 de 12 de julio de 2006, MP Humberto Antonio Sierra Porto,

expediente D-6007.

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3.5.1 Perjuicios morales

1) El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 202116 manifestó que en los casos de privación injusta de la libertad
los perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su cónyuge, compañero o
compañera permanente y sus parientes en primer grado de consanguinidad siempre
y cuando acrediten la calidad con la cual concurren al proceso; la sentencia de igual
forma señaló que para los demás parientes de la persona que fue objeto de
privación debe acreditarse el padecimiento sufrido, pues, la prueba del parentesco
no es un indicio suficiente17.

2) De igual manera, en dicha providencia se establecieron unos criterios para el
cálculo de la indemnización según el tiempo de privación del afectado directo y se
dispuso lo siguiente:

“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual
se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada.”

En esa misma sentencia se determinó que la indemnización no es igual para todos
los demandantes y, por tal motivo, se dispuso que para los parientes en el primer
grado de consanguinidad, su cónyuge o su compañero o compañera permanente
se les podría otorgar hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo reconocido a la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz.
17 El magistrado ponente participó en la decisión y se apartó parcialmente de la misma por

considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima
directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad, sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden
sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartió las criterios
de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo,
con todo ello se debe seguir la sentencia de unificación jurisprudencial en cumplimiento del artículo
10 de la Ley 1437 de 2011.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

víctima directa; para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios
morales, el tope máximo sería el treinta por ciento (30%) de lo reconocido al privado
de la libertad18.

3) Las citadas reglas de la sentencia de unificación son de aplicación inmediata, de
manera que, por todo el periodo de privación de la libertad en principio el señor
Bernardo Maya Arango tendría derecho a percibir una indemnización hasta por
noventa y cinco (95) salarios mínimos mensuales legales vigentes debido a que
estuvo detenido durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2005
al 18 de mayo de 2007, sin embargo, debido a que solo se atribuye responsabilidad
patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, esta responde en proporción por el
periodo durante el cual el demandante estuvo a su cargo, es decir, desde el 10 de
noviembre de 2005 al 20 de marzo de 2007, en consecuencia la indemnización del
actor asciende a ochenta y uno punto sesenta y seis (81.66) smlmv.

4) En cuanto concierne a los demandantes Benjamín Maya Vélez y Esteban Maya
Mejía, quienes acreditaron ser los hijos del señor Bernardo Maya Arango19 pero no
demostraron la intensidad del perjuicio moral20, la Sala les reconocerá el 35% de lo
reconocido a la víctima directa equivalente a la suma de veintiocho punto cincuenta
y ocho (28.58) smlmv.

5) Por su parte, en relación con los demandantes Francisco Alejandro Maya Botero,
María Helena Giraldo de Maya y Agnelo Arcila Ramírez, quienes acudieron al
proceso respectivamente en la condición de primo, prima y tío de la víctima directa,
respectivamente, no hay lugar a reconocer una indemnización en su favor en la
porque no acreditaron el parentesco con el señor Bernardo Maya Arango21; de igual
manera, las declaraciones rendidas en este proceso no dan cuenta de alguna

18 Se destaca que en la sentencia se estableció que las reglas allí contenidas deben aplicarse en

forma inmediata y sin reservas, lo que también incluye a las demandas presentadas antes del 28 de
agosto de 2013. Para las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de la sentencia, si las partes no solicitaron pruebas para acreditar el perjuicio moral con
fundamento en que bastaba la prueba del parentesco para presumir el perjuicio moral, el juez puede
hacer uso de sus facultades oficiosas para que la prueba del perjuicio se allegue con el fin de
garantizar el debido proceso.
19 Registros civiles de nacimiento (fls. 46 cdno. ppal. 1 y 611 cdno. ppal. 2).
20 Los declarantes Carmela Esther Navas Vega (récord 00:23:22 audiencia de pruebas), Orlando

Cifuentes Torres (récord 00:51:56) y Jaime Alberto Giraldo Salazar (récord 00:39:49) conocieron al
señor Bernardo Maya Arango antes de que fuera privado de la libertad por su relación de amistad,
los dos primeros como prestadores del servicio de transporte escolar a su hijo Benjamín Maya Vélez
y, el tercer testigo, lo conoció cuando le prestaba el servicio de asistencia técnica como médico
veterinario en la finca que administraba el señor Maya Arango en el municipio de Caicedonia (Valle
del Cauca), sin embargo, afirmaron que no tuvieron conocimiento de las afectaciones sufridas por él
y su familia con ocasión del proceso iniciado en su contra por la Fiscalía General de la Nación porque
perdieron contacto con ellos.
21 Al expediente se aportaron el registro civil de nacimiento de Francisco Alejandro Maya (fl. 47 cdno.

ppal. 1), el registro civil de nacimiento de María Elena Giraldo Castaño (fl.48 cdno. ppal. 1) y la partida
de bautismo de Agnelo Arcila Ramírez (fl. 612 cdno. ppal. 2), documentos a partir de los cuales no
es posible concluir el parentesco entre estos demandantes y el señor Bernardo Maya Arango.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
Demandante: Bernardo Maya Arango y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

relación de afecto con la víctima directa ni que sufrieron como consecuencia de la
privación de la libertad para que puedan ser tenidos en cuenta como terceros
damnificados (récord 00:23:22 audiencia de pruebas).

6) Finalmente, aunque la demanda que dio origen al presente proceso se instauró
el 27 de enero de 2014, es decir durante el periodo en que la presunción de perjuicio
moral por eventos de privación injusta de la libertad, incorporada por la
jurisprudencia de la Corporación estuvo vigente, la Sala no hará uso de las
facultades probatorias en los términos previstos por la sentencia de unificación del
29 de noviembre de 2021 (expediente 46.681) debido a que la parte actora solicitó
en la demanda la práctica de prueba testimonial para acreditar la afectación que
padecieron los familiares del afectado directo con la privación de la libertad, la
prueba fue decretada en audiencia inicial y se procuró su práctica en la audiencia
de pruebas22.

3.5.2 Perjuicios materiales

3.5.2.1 Daño emergente

1) La parte demandante solicitó el reconocimiento de indemnización por motivo de
i) las erogaciones en que tuvo que incurrir en el proceso penal para procurar la
defensa del señor Bernardo Maya Arango; ii) los gastos de transporte en los que
incurrió el demandante Benjamín Maya Vélez desde Armenia (Quindío) hasta
Cómbita (Boyacá) y Bogotá; iii) los gastos de “giros realizados al señor Bernardo
Maya Arango” por medio del sistema implementado por Establecimiento Carcelario
“La Picaleña” (fl. 28 vlto. cdno. ppal. 1) y, iv) otros “gastos que resulten probados
dentro del proceso” (fl. 28 vlto. cdno. ppal. 1).

2) Respecto de los honorarios del profesional que asumió la defensa técnica en el
proceso penal y en consideración a los parámetros establecidos en sentencia de
unificación de la Sección Tercera23, la Sala encuentra que la parte demandante no

22 La parte demandante solicitó el decreto y práctica de tres testimonios para demostrar los perjuicios

reclamados, especialmente la afectación moral que padecieron sus familiares con la privación de la
libertad (fl. 40 cdno. ppal.), solicitud probatoria a la cual se accedió en audiencia inicial realizada el
13 de noviembre de 2019 (fls. 821 a 823 cdno. ppal. 2), y fueron practicados en audiencia de pruebas
el 11 de marzo de 2020 (fls. 843 a 845 cdno. ppal. 2), sin embargo, los testigos afirmaron que no
tuvieron conocimiento de las afectaciones sufridas por el señor Bernardo Maya Arango y su familia
con ocasión del proceso iniciado en su contra por la Fiscalía General de la Nación porque perdieron
contacto con ellos.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, MP Carlos Alberto

Zambrano Barrera, expediente 44.572. En la referida sentencia se unificaron los criterios en materia

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acreditó en debida forma el perjuicio material que reclama por concepto de daño
emergente, por cuanto no aportó i) la prueba de la prestación de los servicios del
abogado y, ii) la respectiva factura o documento equivalente en la cual se registre
el valor de los honorarios correspondientes a la gestión del abogado y la prueba de
su pago.

3) Tampoco se reconocerá la indemnización por los supuestos gastos de transporte
en los que incurrió el demandante Benjamín Maya Vélez, pues, estos no se
probaron.

4) De igual forma, no se accederá a reconocer la indemnización por los supuestos
“giros realizados al señor Bernardo Maya Arango” por medio del sistema
implementado por el Establecimiento Carcelario “La Picaleña”, por cuanto no se
encuentra acreditada la reclusión en el establecimiento carcelario referido en la
demanda y, si bien se aportaron comprobantes de depósito a nombre del señor
Bernardo Maya Arango durante el periodo de privación de la libertad (fls. 49 a 79
cdno. ppal. 1), de conformidad con lo previsto en el Código Penitenciario y
Carcelario24 únicamente están autorizados en los establecimientos de reclusión
aquellos gastos relacionados con la adquisición de productos de primera necesidad,
que incluso corresponden a gastos que lo propia víctima asumiría estando en
libertad

5) En relación con los gastos asumidos por comunicaciones telefónicas 25, la Sala
reconocerá el valor que se registra en las tarjetas allegadas con la demanda 26 y
respecto de las cuales se evidencia que fueron utilizadas en el establecimiento
carcelario27, en ese orden, se advierte que el monto total por este concepto
corresponde a un millón trescientos diez mil pesos ($1.310.000) y debidamente
actualizado arroja la suma equivalente a dos millones setecientos noventa mil

de reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los
casos de privación injusta de la libertad.
24 De conformidad con el artículo 89 de la Ley 65 de 1993 el uso de dinero al interior de los centros

de reclusión está prohibido, en consecuencia, asigna al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
la reglamentación de las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los centros de
reclusión, a su vez el artículo 69 establece únicamente el expendio de artículos de primera necesidad
y uso personal para los detenidos y condenados.
25 Soportados a través de los documentos obrantes en los folios 87 a 96 cdno. ppal. 1.
26 En similar sentido confrontar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4

de diciembre de 2020, MP Alberto Montaña Plata, expediente 42.013.
27 En el anverso de las tarjetas telefónicas obrantes en los folios 93 a 96, a excepción de las tarjetas

incorporadas en el folio 95 (operadores Comcel y Orbitel), se observa lo siguiente: “Instrucciones
para llamar con esta tarjeta: 1. Raspe suavemente el número de la clave de su tarjeta. 2. Descuelgue
el teléfono del centro penitenciario (…)”. Por tanto, se advierte que estas tarjetas efectivamente
fueron utilizadas en el respectivo establecimiento de reclusión.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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setecientos ochenta pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 2.790.780,64)28, cuyo
pago se ordenará a la Fiscalía General de la Nación, en favor del demandante
Bernardo Maya Arango.

3.5.2.2 Lucro cesante

1) En la demanda se solicitó por concepto de lucro cesante la suma correspondiente
a los ingresos dejados de percibir por el señor Bernardo Maya Arango los cuales se
derivaban de su labor como “administrador de la finca de su propiedad ‘La Pilarica’
ubicada en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca” (fl. 27 cdno. ppal. 1),
actividad que no pudo realizar mientras estuvo privado de su libertad.

2) La Sala encuentra que el demandante para el momento de la privación de su
libertad ejercía una actividad productiva lícita29; empero, no se acreditó que se
tratara de una actividad laboral formal, así como tampoco se probó la remuneración
que percibía como salario o ingresos por su labor.

3) Por lo anterior, resulta procedente la indemnización por concepto de lucro
cesante consolidado sin incluir el reconocimiento de prestaciones sociales, toda vez
que no se probó que el demandante estuviera vinculado en una relación laboral
subordinada como lo exige el criterio de unificación del Consejo de Estado30.
4) Ahora bien, en atención a que no se acreditó la suma que el demandante percibía,
de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado se presume
que el demandante devengaba por lo menos un (1) salario mínimo mensual
vigente31, el que será tomado para el cálculo del lucro cesante consolidado sin incluir
prestaciones sociales, de acuerdo con el tiempo de privación de la libertad a
órdenes de la Fiscalía General de la Nación.

28 De conformidad con la fórmula de actualización prevista por esta Corporación se obtiene
$1.310.000 x 136,45 (IPC final octubre de 2023) = $ 2.790.780,64
64,05 (IPC inicial mayo de 2007)
29 Las piezas del proceso penal aportadas a este expediente reportan que para el momento de la

privación de su libertad era administrador de la finca “La Pilarica” (diligencia de indagatoria (fl. 250
cdno. 10 expediente penal), a su vez el declarante Jaime Alberto Giraldo Salazar refirió que el señor
Bernardo Maya Arango a mediados de 2005 administraba la Finca la Pilarica y que este en su
condición de médico veterinario le había prestado asistencia técnica en diferentes oportunidades
(récord 00:39:49 audiencia de pruebas).
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 73001-23-31-

000-2009-00133-01 (44.572), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.
31 El salario mínimo mensual vigente al año de la detención -2005- era $381.500 y al actualizarlo

resulta inferior al salario mínimo legal vigente al momento de esta sentencia, razón por la cual debe
tomarse como base de cálculo el monto del salario mínimo legal mensual vigente para este momento.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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La liquidación del perjuicio por el tiempo de privación a cargo de la Fiscalía General
de la Nación es la siguiente:

S = Ra (1+ i) n – 1 S = $ 1.160.000 (1+ 0.004867)16,37 – 1 S= 19.716.281,73
i 0.004867

Por consiguiente, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar en favor del
señor Bernardo Maya Arango la suma de diecinueve millones setecientos dieciséis
mil doscientos ochenta y un pesos con setenta y tres centavos ($ 19.716.281,73).

3.5.3 Daño al buen nombre

1) El buen nombre hace referencia a la buena o estimada opinión que se forma de
una determinada persona, es decir, el concepto favorable que tienen los congéneres
o la comunidad de alguien en particular.

Con la privación de la libertad se envía un mensaje a la sociedad que existen
razones válidas para la detención de quien es objeto de una investigación penal,
esto significa que, según las reglas de la experiencia, una restricción al derecho
fundamental de libertad por la supuesta comisión de un hecho punible produce
necesariamente una afectación al derecho al buen nombre en el seno de la familia
y del círculo social o laboral del afectado, esto es, la sola medida tiene la
potencialidad suficiente para generar descrédito, señalamiento o estigmatización y
que por ser injusta la privación la víctima no tiene porqué soportar la vulneración a
su buen nombre; en este sentido no se podría exigir en general una prueba
específica porque dicha afectación se infiere de la privación de la libertad, de allí
que en estos casos la reparación del buen nombre puede ser muy relevante para la
víctima, incluso más que la indemnización pecuniaria.

2) En ese contexto, por el hecho de haberse determinado que existió una
incriminación contenida en una providencia judicial por la cual se le endilgó al señor
Bernardo Maya Arango la participación en la comisión de un delito, que dio lugar a
la imposición de una medida restrictiva de la libertad, en un proceso que culminó
por preclusión de la investigación, la Sala evidencia la concreción de una afectación
al buen nombre de quien fue investigado, de suerte que se torna en una afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

3) En este asunto, la Sala estima que la privación de la libertad que sufrió el
demandante, que fue injusta, trajo como consecuencia necesaria la afectación del

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derecho al buen nombre en el seno de su familia y de su círculo social o laboral, por
esto la Sala encuentra que una forma válida y procedente de reparar este perjuicio
es a través de la rectificación como medida de reparación no pecuniaria y, en tal
sentido dispondrá que la Fiscalía General de la Nación exprese disculpas al señor
al señor Bernardo Maya Arango por la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto mediante una misiva dirigida al demandante.

4) Se ordenará en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el que se disculpe con el señor Bernardo Maya Arango por el
perjuicio causado y reconozca que no era responsable de los delitos endilgados. De
acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe
concertarse con la víctima, el demandante le informará a la demandada, dentro del
mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le
será entregado en físico o sí, además, desee que se publique en las plataformas de
comunicación y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea
comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante este lapso, se
entenderá que el actor opta porque las disculpas se expresen de manera privada,
de modo que así se cumplirá perentoriamente.

3.5.4 Daño a la vida de relación

La parte actora solicitó el reconocimiento de indemnización por daño a la vida de
relación debido a que la privación de la libertad alteró las condiciones normales de
los demandantes, en primer lugar, por la afectación psicológica que provocó la
detención de uno de los miembros de su familia y por los sentimientos de tristeza y
desolación que esta situación les generó.

La Sala recuerda que si bien en un principio la Corporación acogió el concepto de
“daño a la vida de relación” para indemnizar aquellos eventos en que el daño
generaba un cambio o variación en las condiciones particulares de
desenvolvimiento personal o en sociedad de la víctima32, en pronunciamiento de
unificación, la Sección Tercera luego de abordar el estudio del origen de las diversas
denominaciones de la tipología del perjuicio inmaterial, señaló que tratándose de
los perjuicios inmateriales estos se encontraban delimitados a tres categorías: el
daño moral, el daño a la salud y daños por afectaciones relevantes a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados33.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, expediente 11.842.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 32.988.

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En el presente caso, la Sala encuentra que en principio la mayoría de los daños que
se enuncian como “a la vida de relación” aparecen inmersos dentro de la
denominación genérica de daño moral, pues, tienden al resarcimiento del dolor o
afectación por la privación de la libertad de Bernardo Maya Arango y la modificación
de las condiciones de vida que genera en sus parientes cercanos, lo cual sin duda
ocasionó un padecimiento interno a las víctimas pero que están comprendidos
dentro de la primera de las referidas tipologías del perjuicio, de tal manera que no
resulta viable reconocer por separado una indemnización por la afectación a las
condiciones de vida familiar porque es evidente que la misma conlleva a un dolor
moral cuya indemnización se dispuso en la presente providencia.

La parte demandante solicita como medida de reparación que se brinde tratamiento
médico y psicológico por los daños fisiológicos y psíquicos padecidos por la víctima
directa y sus familiares, circunstancia que estaría enmarcada en un daño a la salud,
sin embargo a partir de las pruebas aportadas al expediente no se infiere una
afectación a la salud del señor Bernardo Maya Arango a consecuencia de la
privación de la libertad, pues por el contrario los reportes de la atención médica
recibida en el establecimiento carcelario (fls. 187 a 253 cdno. ppal. 1 y fls. 254 a 581
cdno. ppal. 2) evidencian que sus padecimientos de salud se originaron a raíz de
una lesión sufrida antes de la reclusión. De otro lado, tampoco se demostraron las
afecciones de salud que afrontaron sus familiares con ocasión de la privación de la
libertad del señor Maya Arango.

3.5.5 Afectación a bienes o derechos constitucional y convencionalmente
protegidos

La parte demandante solicitó indemnización por la afectación a los derechos de la
libertad, integridad personal, honra y buen nombre, a la familia, al trabajo, a la
propiedad privada, debido proceso e igualdad.

Frente a esta solicitud, como se explicó en precedencia, la Sala encuentra que la
privación de la libertad afrontada por el señor Bernardo Maya Arango comportó la
vulneración de los derechos a la libertad personal y al buen nombre, frente a la cual
se dispuso el reconocimiento de indemnización por los perjuicios acreditados por el
daño causado y una medida de reparación no pecuniaria para restablecer el buen
nombre del aquí demandante, en tal sentido el reconocimiento de indemnización
adicional en la forma planteada por la parte actora resulta improcedente porque no
hay ninguna prueba por la cual se pueda concluir que el demandante requiere de
una mayor indemnización.

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Asimismo, la parte demandante pidió como garantías de no repetición y de
satisfacción que i) se coordine un conjunto de medidas materiales e inmateriales
(de asesoría y apoyo), tendientes al restablecimiento del proyecto de vida truncado
o afectado con ocasión de la violación a sus derechos humanos; ii) se realice un
acto de reconocimiento y perdón público de responsabilidad y desagravio a la honra
y buen nombre del señor Bernardo Maya Arango por su detención injusta y, iii) se
obligue a investigar y sancionar penal y disciplinariamente a los miembros de la
Fuerza Pública, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y demás autoridades
responsables de la privación de la libertad del señor Maya Arango, peticiones que
serán negadas por cuanto se considera que la rectificación resulta suficiente como
forma para reparar el derecho al buen nombre y no existir prueba de otras
expresiones o manifestaciones del perjuicio cuya reparación se reclama con la
demanda.

4. Conclusión

En consecuencia, por estar demostrada la privación injusta de la libertad del señor
Bernardo Maya Arango hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia

5. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA34 y el numeral 4 del artículo 365 del
CGP35 se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada.
Sobre las agencias en derecho, en virtud del numeral 3.1.3 del artículo 6 del
Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura36, se fija el valor de
doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta
providencia por concepto de agencias en derecho37, a cargo de la Fiscalía General
de la Nación y en favor de la parte demandante debido a que la apoderada de los
actores participó durante la primera instancia y presentó alegatos de conclusión en
segunda instancia.

34 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
35 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”
36 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
37 Los cuales corresponden a 6 salarios mínimos legales mensuales por cada instancia.

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Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone
el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:

1°) Revócase la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda
así:
“PRIMERO: Declárase patrimonial y administrativamente responsable a
la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la
libertad de que fue víctima el señor Bernardo Maya Arango.

SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Nación – Fiscalía
General de la Nación a pagar por concepto de indemnización por
perjuicios morales las siguientes sumas:

a) En favor del señor Bernardo Maya Arango la suma de ochenta y uno
punto sesenta y seis (81.66) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

b) En favor de los señores Benjamín Maya Vélez y Esteban Maya Mejía
la suma de veintiocho punto cincuenta y ocho (28.58) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, para cada uno.

Para el efecto se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente
para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación a
pagar, como indemnización por perjuicios materiales en el concepto de
daño emergente la suma de dos millones setecientos noventa mil
setecientos ochenta pesos con sesenta y cuatro centavos
($2.790.780,64), en favor del señor Bernardo Maya Arango.

CUARTO: Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación a
pagar, como indemnización por perjuicios materiales en el concepto de
lucro cesante la suma de diecinueve millones setecientos dieciséis mil
doscientos ochenta y un pesos con setenta y tres centavos
($19.716.281,73), en favor del señor Bernardo Maya Arango.

QUINTO: La Nación- Fiscalía General de la Nación en el término de un
mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, deberá remitir con
destino al señor Bernardo Maya Arango una misiva en la que exprese
disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y
reconozca que no era responsable de los delitos por los que fue privado
de su libertad, conforme a los términos señalados en esta providencia.

SEXTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

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Expediente 25000-23-36-000-2014-00236-02 (67.641)
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Apelación sentencia

SÉPTIMO: La entidad condenada deberá dar cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA.”

2º) Condénase en costas de ambas instancias a la Fiscalía General de la Nación y
fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a doce (12) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la
parte demandante.

3º) Reconócese personería a la profesional del derecho María del Pilar Silva Garay
para actuar como apoderada sustituta de la parte actora, en los términos del poder
a ella conferido (índice 15 SAMAI).

4º) Reconócese personería a la profesional del derecho Sandra Patricia Lesmes
Cogollos para actuar como apoderada judicial de la Fiscalía General de la Nación,
en los términos del poder a ella conferido (índice 18 SAMAI).

5º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Con aclaración de voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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