Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03994-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03994-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03994-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001 03 15 000 2024 03994 01
Accionante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Medio de control de reparación directa para
reclamar el daño causado por la inmovilización y retención de un vehículo
y las mercancías que transportaba. Ausencia del defecto fáctico alegado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación
formulada por la parte accionante contra la providencia del 6 de septiembre de 2024,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró
improcedente la solicitud de tutela.
II. ANTECEDENTES
La sociedad José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS, a través de su representante legal,
promueve acción de tutela contra la providencia del 5 de diciembre de 2023, que dictó
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de la cual revocó el
fallo del 17 de febrero de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander dentro del medio de control de reparación directa con radicado 54001 23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03994 01
Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
33 000 2016 01460 01, que había accedido a las súplicas de la demanda.
2.1. Pretensiones
La accionante solicita lo siguiente:
PRIMERO: Revocar la decisión proferida el 5 de diciembre de 2023 por la Sección
Tercera – Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado con ponencia del Dr. Fredy Ibarra Martínez, dentro del proceso con
radicado […] 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, confirmar la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 17 de febrero de 2022.
TERCERO: Ordenar el pago de las sumas indicadas en la sentencia de primera
instancia.
2.2. Hechos
La tractomula con placas STZ-505, mientras realizaba un desplazamiento de
Cartagena (Bolívar) hacía el municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander)
cargada con canela, ajo y cincuenta bultos de bicarbonato fue retenida entre los
municipios de Sardinata y El Zulia por la Policía Nacional y puesta a disposición de la
Unidad de Reacción Inmediata, Fiscalía Octava Especializada.
La autoridad competente legalizó la retención del vehículo y de la mercancía y dejó en
libertad al conductor, en atención a que no se aportó el certificado de carencia o
autorización del Departamento de Estupefacientes para el transporte de dicha
sustancia. Se refirió en su momento que el vehículo era arrendado por el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, según Contrato Financiero Leasing 0498-1000-000002291 y que
la sociedad demandante tenía la condición de poseedora.
Debido a los hallazgos, se formalizó la noticia criminal 547206106106-2013-80112,
que le correspondió a la Fiscalía Octava Especializada ante los Jueces Penales del
Circuito de conocimiento, sin que se dictara medida cautelar sobre el automotor
inmovilizado, por lo que desde esa época se generó una falla en el servicio por parte
de la autoridad.
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Mediante comunicación del 20 de agosto de 2013, radicada ante el Centro de Servicios
del Sistema Penal Acusatorio, el BBVA pidió la entrega del vehículo con fundamento en
lo previsto en los artículos 88 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, teniendo
en cuenta que era un tercero de buena fe y que podría llevarse a cabo con sustento
en acta de compromiso mientras se adelantaba la investigación, pedimento que no fue
despachado favorablemente por la fiscalía de conocimiento.
El 10 de diciembre de 2013, se insistió en la devolución del tractocamión indicando
que de no accederse a ello se ocasionaría a la empresa solicitante una serie de
perjuicios en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, tales como el pago de
salarios y prestaciones al conductor, petición frente a la cual la autoridad guardó
silencio.
El 27 de enero de 2014, por tercera vez, solicitó a la fiscalía ordenara la entrega del
vehículo en cuestión y anexó documentación sobre un caso similar resuelto por la
Fiscalía Primera Especializada que dispuso precluir la investigación y restituir el
vehículo y la mercancía —bicarbonato de sodio—, respecto de la cual la entidad
accionada tampoco se pronunció.
En comunicación del 5 de febrero de 2014 dirigida al Centro de Servicios insistió a
través del juez de control de garantías en la devolución de la tractomula, autoridad que
señaló como competente para resolver el asunto a la fiscalía, autoridad que como ya
se dijo, guardó silencio frente a sus peticiones.
En atención a las reiteradas omisiones en dar respuesta a sus requerimientos,
interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía Octava Especializada, la cual fue
fallada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. Ante la
renuencia del servidor en cumplir las órdenes del juez constitucional inició incidente de
desacato el 7 de julio de 2014 y el 14 de julio de 2014 pidió al comandante de la Policía
de Norte de Santander la designación de un investigador a efectos de agilizar el trámite
de entrega del automotor.
Mediante comunicación 47 del 17 de octubre de 2014 solicitó al apoderado del BBVA
comparecer ante la Fiscalía para la notificación de la entrega de la tractomula, la que
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
fue materializada a través del Oficio FGN-F2-E.D.053 de 20 de octubre de 2014, en el
que se reconoció que tenía permiso para transportar 2083 toneladas de bicarbonato
de sodio, según informe que el Departamento de Estupefacientes allegó a la Fiscalía
Primera Especializada para resolver un asunto análogo.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en providencia del 17 de febrero de
2022, declaró responsable patrimonial y extracontractualmente a la Fiscalía General
de la Nación por la inmovilización y la prolongación en la retención del vehículo
tractocamión de placas TSZ-505 que se encontraba en tenencia de la sociedad
demandante; en consecuencia, condenó en abstracto a la entidad por concepto de
lucro cesante y se abstuvo de imponer el pago de costas.
Contra esa decisión la Fiscalía General de la Nación formuló recurso de apelación, que
fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocando el
fallo de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda y la
condenó en costas procesales.
2.3. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la sentencia acusada se vulneraron sus derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así mismo, se incurrió en
defecto fáctico, porque se efectuó una indebida apreciación de las pruebas aportadas
e igualmente al considerar que su no comparecencia al proceso penal era un hecho
constitutivo de culpa exclusiva de la víctima.
2.4. Actuación procesal
Mediante auto del 2 de agosto de 2024, el magistrado Nicolás Yepes Corrales de la
Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, admitió la acción de tutela,
que ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al magistrado
Hernando Ayala Peñaranda del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, quien
fue ponente de la sentencia de primera instancia y a la Nación (Fiscalía General de la
Nación), demandada dentro del proceso de reparación directa con radicado 54001 33
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
23 33 000 2016 01460 00 [01] como terceros interesados en las resultas de esta
acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.
2.5. Intervenciones
2.5.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. El doctor Fredy
Ibarra Martínez solicita se desestimen las súplicas de la demanda por falta de mérito
de la petición.
La presente acción tutela no es procedente porque las supuestas irregularidades
advertidas por la accionante no cumplen con la exigencia jurisprudencial de relevancia
constitucional debido a que pretenden crear, indebida e injustificadamente, una tercera
instancia frente a una sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico,
probatorio y jurídico ya que la providencia fue sustentada en derecho y con base en
los medios de prueba valorados de manera razonada e integral.
En la sentencia objeto de censura, se expuso, claramente, el motivo por el cual,
correspondía revocar el fallo de primera instancia para negar las pretensiones de la
demanda porque se demostró que la sociedad demandante en reparación directa,
pretendió obtener un provecho de la conducta pasiva que asumió en el proceso penal
y en el trámite posterior de extinción de dominio a pesar de que tenía un interés
legítimo para aclarar el origen y destino de la carga que fue transportada en el vehículo
y, en consecuencia, solicitar la devolución del vehículo inmovilizado como tenedora de
aquel.
Según se estableció en el proceso ordinario, la sociedad José A. y Gerardo E. Zuluaga
SAS era la poseedora del tractocamión de placas STZ 505, el cual fue inmovilizado el
18 de mayo de 2003, por agentes de la Policía Nacional y puesto a disposición del
ente investigador luego de encontrar varios kilos de bicarbonato de sodio, que
correspondían a una sustancia controlada y de la cual no se exhibió el respectivo y
necesario certificado de autorización de transporte en la que constara el origen y el
destino del aludido químico.
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
En consecuencia, por virtud de lo previsto en la Resolución 9 del 6 de marzo de 2009
expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes citada en la sentencia acusada,
le correspondía a la accionante como propietaria de la sustancia sometida a control
especial y tenedora del vehículo que la transportaba, esclarecer el origen y destino de
aquella de conformidad con el deber de colaboración con la administración de justicia
previsto en el artículo 95 de la Constitución.
Igualmente, la demandante en su condición de tenedora del bien afectado tenía interés
legítimo y estaba facultada de acuerdo con los artículos 88 y 89 de la Ley 906 de 2004,
para solicitar la devolución del automotor, por esa razón no es de recibo el argumento
expuesto en la solicitud de amparo, en el sentido de que no era necesario ni
procedente que acudiera al proceso penal o al trámite de extinción de dominio.
Finalmente, la parte accionante considera que la providencia atacada valoró
indebidamente las pruebas allegadas, pero omitió referir o hacer alusión a los medios
de convicción que fueron apreciados de manera errada.
Por las anteriores razones, es manifiestamente infundada la acción de tutela mediante
la cual se pretende, caprichosa e indebidamente, revivir un debate procesal ya
concluido como si se tratara de una tercera instancia, sin perjuicio de lo cual se advierte
que la sentencia materia de análisis se encuentra debidamente sustentada en los
elementos fácticos, demostrativos y jurídicos aplicables al caso sobre la base de una
debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de la autonomía funcional, para
cuya constatación basta una lectura desprevenida de la providencia.
2.5.2. La Nación (Fiscalía General de la Nación), por medio de apoderada, pide
declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la sociedad José A.
Gerardo Zuluaga SAS, ya que la sentencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B respetó cada una de las garantías
de la accionante; en consecuencia, en el caso examinado no hay violación del derecho
fundamental al debido proceso. Así mismo, no cumple las causales generales de
procedencia contra providencias judiciales, concretamente el requisito de
subsidiariedad y no se sustenta de manera suficiente la configuración del defecto
fáctico.
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
2.6. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante fallo del 6 de
septiembre de 2024, declaró improcedente el amparo constitucional, por los siguientes
motivos:
En el presente caso, es evidente que los cargos formulados por la parte actora no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, porque además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si la tutela fuera una instancia adicional al
proceso ordinario.
La autoridad censurada tuvo en cuenta que la ausencia de la accionante en el juicio
penal dificultó la investigación y la posibilidad de aclarar las circunstancias de la
retención. También admitió que hubo demora en la devolución del vehículo; no
obstante, no consideró que ello corroborara una falla en el servicio, en tanto se
observaron elementos materiales probatorios que impidieron determinar el destino
lícito de la sustancia incautada, lo que ocasionó la tardanza frente a la entrega del
automotor.
Resulta, entonces, que la accionante pretende utilizar el mecanismo constitucional
como si se tratara de una instancia adicional, pues, los aspectos sustanciales y
probatorios del asunto sub iudice fueron examinados por el juez natural de la causa,
por tanto, los cargos elevados buscan reabrir un debate resuelto en el trámite
jurisdiccional ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la prohijada
por la Subsección accionada.
En ese orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se agrega que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de cuestionamiento o
alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa
forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden
al plano constitucional.
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Al respecto, se insiste en que la procedencia de la tutela en contra de providencias
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e
independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón
a lo cual es concebida como un juicio de validez y no de corrección de la decisión
atacada, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para
el debate de asuntos de índole probatorio o de interpretación del derecho que se
resolvieron en el curso del juicio ordinario.
2.7. Impugnación
La accionante impugna la providencia anterior, reitera todas y cada una de las
pretensiones presentadas en el escrito inicial de tutela y las que, en el fallo atacado
fueron despachadas desfavorablemente.
Los argumentos expuestos en la decisión impugnada no constituyen un análisis de
fondo a las argumentaciones presentadas en la demanda de tutela, pues se basaron
únicamente en las motivaciones expuestas en el fallo atacado, sin verificar, con las
pruebas aportadas, si efectivamente la mora en la entrega se debió a la falla en el
servicio atribuida a la Fiscalía General de la Nación.
De ninguna manera, se trató de utilizar el mecanismo constitucional como una tercera
instancia, la fuerza de la acción se centró en evidenciar los errores que se cometieron
al resolver la alzada, lo que en modo alguno puede considerarse como la intención de
reabrir el debate, análisis que no surge del capricho, por el contrario, tiene sustento en
la misma sentencia que en su momento fue apelada por la Fiscalía General de la
Nación.
Tampoco se pretende imponer una interpretación, se trata de mostrar unos elementos
que en primera instancia fueron tenidos en cuenta, y en concepto propio, mal
interpretados en segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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3.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Tercera, Subsección C, de esta corporación.
3.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la
sociedad José A y Gerardo E. Zuluaga SAS contra la sentencia del 5 de diciembre de
2023, que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
proceso de reparación directa con radicación 54001 33 33 000 2016 01460 00 [01].
3.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382
de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter
de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo cuando desborda los límites que la Constitución
le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el
cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de aquellos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte
Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por ello
deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, estos son los siguientes:
(i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de
evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate
de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante
que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la
vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso
judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
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Igualmente, como causales específicas de procedibilidad, señaló las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; destacando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,2 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe abordarse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de decisiones que resulten violatorias de derechos fundamentales
relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el
derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y
la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,3 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
3.4. Hechos probados
3.4.1. El 17 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó
fallo dentro del proceso de reparación directa con radicación 54001 23 33 000 2016
01460 00, promovido por la sociedad José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS contra la
Nación (Fiscalía General de la Nación), en el que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas ausencia de las
razones señaladas por el legislador para endilgarle responsabilidad a dicha
entidad, ausencia de nexo de causalidad ausencia de falla en la prestación del
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
servicio, actuación legal exenta de daño antijurídico y culpa exclusiva de la víctima
propuestas por la apoderada de la Fiscalía General de la Nación, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación,
administrativamente responsable por la prolongada inmovilización del vehículo
Tractocamión de Placas TSZ-505 que se encontraba bajo la tenencia de la
sociedad demandante, en virtud del Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing
No. 0498-1000-000002291 suscrito con el Banco BBVA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía
General de la Nación en abstracto al pago de los perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, en favor de la sociedad JOSÉ A. GERARDO E. ZULUAGA
S.A.S., los cuales se liquidarán mediante incidente bajo los parámetros señalados
en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda, de conformidad con lo
anteriormente expuesto.
[…]
SEXTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en esta instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SÉPTIMO: DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios
del proceso o su remanente, si lo hubiere.
[…]
3.4.2. el 5 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia anterior, decidió lo siguiente:
1º) Revócase la sentencia del 17 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, deniéganse las pretensiones
de la demanda.
2º) Condénase en costas de ambas instancias a la demandante y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a nueve (9) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Fiscalía General
de la Nación.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
3.5. Análisis de la Sala
3.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el caso en
estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que
plantea la parte actora gira en torno a la presunta vulneración de su derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto se
censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta dentro
del proceso de reparación directa con radicación 54001 23 33 000 2016 01460 00 [01].
Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de reproche
constitucional data del 5 de diciembre de 2023, se notificó electrónicamente a las
partes el 2 de febrero de 2024, quedó ejecutoriada el 9 de febrero de 2024, y la
presente acción de tutela se radicó ante la Secretaría General de esta corporación el
31 de julio de 2024,4 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló el
Consejo de Estado como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial.
En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos frente a los que se alega vulneración».
El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de reparación directa.
En tales condiciones, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
formuló inicialmente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
permiten el uso de la acción de tutela para discutir la sentencia del 5 de diciembre de
2023, que emitió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
3.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
4 Índice 1, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03994 01
Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».5
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.6 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
3.5.3. El caso concreto
La sociedad José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS alega que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, al proferir la sentencia del 5 de diciembre de 2023 dentro
del medio de control de reparación directa que interpuso para que se declarara a la
5 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Nación (Fiscalía General de la Nación) responsable por los perjuicios que le ocasionó
la inmovilización y prolongada retención del tractocamión con placas STZ-505, marca
Internacional, modelo 2011, color rojo, el que tenía a título de tenedora por contrato de
arrendamiento financiero o leasing celebrado con el Banco BBVA Colombia; así mismo,
incurrió en defecto fáctico, toda vez que efectuó una indebida valoración probatoria,
pues las pruebas allegadas demostraban el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y la violación del debido proceso, porque no podía
considerarse como constitutiva de culpa de la víctima su no comparecencia al proceso
penal y al trámite de extinción de dominio.
La autoridad accionada con fundamento en el acervo probatorio arrimado al proceso
consideró que debía revocar el fallo del a quo porque no se acreditó una falla del
servicio ni la configuración del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia. Al respecto, tuvo como hechos probados relevantes para la adopción de la
decisión los siguientes:
1) El 5 de abril de 2011, entre el representante legal de la sociedad José A y
Gerardo E Zuluaga Ltda y el Banco BBVA Colombia se suscribió el contrato de
arrendamiento financiero o leasing, mediante el cual la entidad financiera
entregaba a la sociedad, mediante leasing el tractocamión de placa STZ-505,
marca International, color rojo, modelo 2011; en consecuencia, para el 18 de mayo
de 2013, la sociedad José A y Gerardo E Zuluaga Ltda era la tenedora del
mencionado vehículo (fls. 42 a 58 archivo 3 índice 18 SAMAI primera instancia).
2) El 18 de mayo de 2013, agentes del grupo UNIR 18-2 de la Policía Nacional en
el Departamento de Norte de Santander dejaron a disposición de funcionarios de
policía judicial el vehículo tractocamión de placas STZ-505, marca International,
color rojo, modelo 2011, el cual fue inmovilizado por transportar cincuenta (50)
bultos de bicarbonato de sodio que fueron aprehendidos en un procedimiento
realizado en actividades de control en el kilómetro 18 de la vía Sardinata a Cúcuta
(Norte de Santander); los uniformados informaron que en el momento en que fue
requerido el conductor del vehículo este no suministró el certificado de carencia e
informe de tráfico de estupefacientes respecto al lugar de destino, exigido para el
transporte de este clase de sustancias (fls. 7 a 8 archivo 20 índice 19 SAMAI primera
instancia).
3) El 19 de mayo de 2013, los funcionarios de policía judicial encargados de
adelantar las labores de investigación rindieron informe sobre las actividades
realizadas para establecer la posible comisión del delito de tráfico para el
procesamiento de estupefacientes, entre ellas i) la entrevista al conductor del
vehículo, quien manifestó que no le fue suministrado el certificado respectivo del
lugar de destino del bicarbonato de sodio; ii) la entrevista a la propietaria del
establecimiento de comercio destinatario de la carga “Especias y Variedades EMI”
quien, señaló que no contaba con el certificado correspondiente; iii) el
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
requerimiento a la Dirección Nacional de Estupefacientes para verificar si la
distribuidora “Especias y Variedades EMI” contaba con el certificado de carencia e
informe de tráfico de estupefacientes; iv) la realización de la prueba de PIPH para
la sustancia incautada y, v) el estudio técnico del tractocamión (fls. 1 a 5 archivo
20 índice 19 SAMAI primera instancia).
Finalmente, en el informe referido se solicitó al fiscal designado tener en cuenta la
información obtenida en las entrevistas realizadas y la información de los
documentos hallados “para inferir que, en el procedimiento de distribución y
transporte de la sustancia del bicarbonato de sodio, sustancia sometida a control
según el artículo 4 Resolución 009/2009 [se] debía haber presentado el certificado
de carencia y tráfico de estupefacientes el cual no se presentó ni al momento ni
después por lo cual no fue posible corroborar con exactitud los permisos para el
transporte de esta sustancia con relación a su destino, asimismo la sustancia en
cantidad de 50 bultos y el vehículo que la transportaba queda en custodia de esta
unidad hasta que se disponga de la decisión del señor fiscal o la Dirección Nacional
de Estupefacientes (…) autoridades facultadas para la entrega de esta mercancía”
(fl.5 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
4) El 20 de mayo de 2013, la investigación fue asignada a la Fiscalía Octava
Especializada de Cúcuta con el número de radicación 547206106106201380112
por la posible comisión del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de
narcóticos (archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
5) El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Colombia, mediante apoderado judicial
dirigió, en condición de propietario del tractocamión de placas STZ-505, varias
peticiones ante el Fiscal Octavo Penal Especializado de Cúcuta en las cuales
solicitó la entrega definitiva del vehículo.7
6) El 23 de septiembre de 2013, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta ordenó
a los servidores con funciones de policía judicial designados en la investigación: i)
ampliar la entrevista a la señora Emilce Villabona Jaimes propietaria del
establecimiento de comercio “Especias y Variedades EMI” con el propósito de
obtener información acerca de la empresa a la cual le hizo el pedido de bicarbonato
de sodio, cada cuándo realiza este pedido, cuál es el destino de la sustancia en la
ciudad de Cúcuta y las condiciones pactadas en el contrato de transporte de la
mencionada sustancia y, ii) llevar a cabo diligencia de inspección judicial en el
establecimiento de comercio (fl. 83 archivo 20 índice 19 SAMAI).
7) El 10 de diciembre de 2013, el funcionario de policía judicial designado para
realizar las labores de investigación rindió informe en el cual precisó que el 12 de
noviembre de 2013 entrevistó a la señora Emilce Villabona Jaimes, quien
manifestó “tener un amigo que trabaja con la empresa transportadora de
mercancía de razón social GLOBAL GARNER él me dijo que sí quería que él hacía un
pedido de ajo y bicarbonato a esta empresa para comercializarlo acá y yo sé lo
guardará acá en mi bodega y que ello (sic) me vendían unos bultos para yo
venderlos detallados, pero esa mercancía la traían para guardarla en mi bodega al
igual yo no tenía conocimiento que eso era ilegal por eso tenía que llegar a esta
dirección y un día estando en mi negocio recibí una llamada por parte de la Policía
7 «Peticiones radicadas el 20 de agosto de 2013 (fls. 44 a 59 archivo 20 índice 19 SAMAI primera
instancia), 10 de diciembre de 2013 (fls. 89 a 90 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia), 27 de
enero de 2014 (fls. 117 a 118 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia), 31 de marzo de 2014 (fls.
137 a 138 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia) y, 26 de abril de 2014 (fl. 183 archivo 20 índice
19 SAMAI primera instancia)».
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
de Carreteras del Zulia manifestándome que si ese bicarbonato venía para mi
bodega entonces yo les conteste que sí y ellos me dijeron que la mercancía
quedaba incautada”(fl. 91 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia), en la
entrevista agregó, a su vez, que no le hizo pedido a ninguna empresa y “fue por
medio de una amistad que hizo el pedido a nombre mío”, mencionó a Pedro
Hernández Rodríguez como la persona que la contactó con la empresa
transportadora y afirmó que no conocía cuál era el destino de la sustancia una vez
llegara a Cúcuta (fls. 93 y 94 archivo 20 índice 19 SAMAI).
8) Mediante memorial del 23 de mayo de 2014, el apoderado del Banco BBVA
Colombia solicitó la intervención del Director de Fiscalías Seccional Norte de
Santander ante la Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta para que se resolvieran
las solicitudes de entrega del vehículo o, en su defecto, se asignara a otro fiscal
(fls. 163 a 164 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
9) El 28 de mayo de 2014, el Director Seccional de Norte de Santander de la
Fiscalía General de la Nación le comunicó al Fiscal Octavo Especializado de
Cúcuta que a partir de esa fecha sería objeto de control y seguimiento la
investigación penal no. 547206106201380112, en consecuencia solicitó rendir un
informe ejecutivo sobre las peticiones presentadas por el apoderado del Banco
BBVA Colombia, al tiempo que destacó “que en materia de bienes que no sean
necesarios para la investigación, o no se encuentren en una circunstancia en la
cual proceda el comiso ni la extinción de dominio, o no hayan sido objeto de
medidas cautelares de que trata el artículo 83 del C. de P.P., deben ser devueltos
a quien tenga derecho a recibirlos (sujetos pasivos, víctimas o terceros) en un
término que no puede exceder de seis meses según las voces del artículo 88
Ibídem.” (fl. 162 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
10) El 1° de abril de 2014, el Fiscal Octavo Especializado ordenó al funcionario de
policía judicial designado i) ampliar la entrevista a la señora Emilce Villabona
Jaimes para que explicara “cuándo y en qué circunstancias conoció al señor Pedro
Hernández Rodríguez”, “la actividad laboral que desempeña esta persona, donde
se puede ubicar y su número telefónico”, “los productos que normalmente compra
al por mayor en su bodega, a que proveedores, en qué cantidades y a quien se los
vende” y, ii) “identificar e individualizar a Pedro Hernández Rodríguez” (fl. 168
archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
11) El 23 de abril de 2014, el funcionario de policía judicial designado rindió informe
frente a las labores de investigación encomendadas, de un lado la entrevista
realizada a la señora Emilce Villabona Jaimes y, de otro frente, lo concerniente a
la identificación e individualización del señor Pedro Hernández Rodríguez (fls. 173
a 174 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
12) El 30 de mayo de 2014, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta registró la
siguiente constancia en la investigación:
13) El Banco BBVA Colombia instauró una acción de tutela en contra de la Fiscalía
Octava Especializada de Cúcuta, la cual fue decidida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en providencia de 18 de junio de 2014 que
resolvió amparar el derecho fundamental de petición de la accionante y ordenó a
la accionada notificar la respuesta a las solicitudes de entrega del vehículo
tractocamión (fls. 252 a 257 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).
14) Con ocasión del trámite de la citada acción de tutela, el Fiscal Octavo Penal
Especializado de Cúcuta, mediante oficio entregado el 13 de junio de 2014, dio
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respuesta a las peticiones presentadas por el Banco BBVA relacionadas con la
entrega del tractocamión e informó lo siguiente:
15) El 21 de julio de 2014, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta dejó a
disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el tractocamión de placas
STZ-505 (fl. 267 archivo 20 índice 19 SAMAI).
16) El 30 de septiembre de 2014, la Fiscal Segunda Especializada de Cúcuta de
Extinción del Derecho de Dominio avocó el conocimiento del proceso identificado
con el número de radicación 170.949 y dispuso la práctica de pruebas necesarias
para esclarecer los hechos (fl. 293 archivo 20 índice 19 SAMAI).
17) El 5 de mayo de 2015, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta dispuso el
archivo de la investigación no. 547206106201380112 porque sobrevino una
atipicidad en el comportamiento “presuntamente de Francisco Javier Zuluaga
Gómez y Pedro Hernández Rodríguez por transportar y por comprar,
respectivamente sin tener los permisos que por ley corresponde, pues el
comportamiento descrito en el Art. 382, es un tipo penal en blanco el cual nos
remite a la resolución que expida el Consejo Nacional de Estupefacientes, y para
el caso en concreto la resolución no. 001 del 8 de enero de 2015, en su artículo 4
no hace referencia al bicarbonato de sodio, es decir dejó de ser controlada”,
circunstancia por la cual, encontró procedente aplicar la norma más favorable (fls.
299 a 303 archivo 20 índice 19 SAMAI).
18) El 15 de octubre de 2014, la Fiscal Segunda Especializada de Cúcuta de
Extinción del Derecho de Dominio se inhibió de dar inicio a la acción de extinción
del derecho de dominio respecto del vehículo tractocamión y, en consecuencia,
ordenó su entrega al Banco BBVA, en condición de propietario, a través de su
representante (fls.108 a 112 archivo 19 índice 19 SAMAI primera instancia), por las
consideraciones que se citan a continuación:
19) El 22 de octubre de 2014, se efectuó la entrega material del vehículo al
apoderado del Banco BBVA Colombia quien, en el acta respectiva, manifestó
recibirlo a satisfacción total (fls. 128 a 129 archivo 19 índice 19 SAMAI primera
instancia).
Con fundamento en lo anterior, advirtió la Sección Tercera, Subsección B, que aunque
se encontraba demostrado que la accionante fue privada de la tenencia del automotor,
el daño no era imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues existieron razones
para su inmovilización y porque no acudió al proceso penal para aclarar los hechos
que dieron lugar a la investigación, sobre el particular efectuó el siguiente análisis:
[…]
3) Si bien en el expediente de la referencia no hay constancia de un
pronunciamiento expreso de la fiscalía en relación con la inmovilización del
vehículo, se sabe que este fue inmovilizado por integrantes de la Policía Nacional
y puesto a disposición del ente investigador luego de encontrar varios kilos de
bicarbonato de sodio, que correspondían a una sustancia controlada y de la cual
no se exhibió el respectivo y necesario certificado de autorización de transporte en
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
la que constara el origen y el destino de la sustancia.
4) Las autoridades encargadas de ejercer el control frente al transporte de
sustancias restringidas estaban facultadas para requerir “la exhibición de los
documentos o la información que permitieran corroborar el origen y el destino
lícitos de las sustancias sometidas a control especial” y en este caso particular de
la carga de bicarbonato de sodio, toda vez que las versiones ofrecidas por el
conductor del automotor fueron confusas y por el hecho de que se contactó con la
supuesta destinataria de la carga, quien señaló que la misma no le pertenecía, se
procedió a la inmovilización del vehículo de placas STZ-505, en la medida que no
se pudo corroborar el destino lícito de la sustancia.
5) La Sala observa que para el momento de la aprehensión del tractocamión, el
bicarbonato de sodio era una sustancia controlada en todo el departamento de
Norte de Santander de conformidad con lo dispuesto en la Resolución no. 009 de
6 de marzo de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes[…], por
lo cual se exigía el certificado de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes para las actividades de compra, venta, distribución consumo o
almacenamiento de esta sustancia, en determinadas cantidades, realizadas en
esta zona.
6) De conformidad con el artículo 23 de la resolución ya citada, las personas que
desarrollaran actividades de compra, venta, distribución, consumo o
almacenamiento de bicarbonato de sodio en una cantidad superior de cinco (5)
kilos mensuales deberían tramitar este documento; igualmente, al tenor de lo
previsto por el artículo 33 de la misma resolución, para el traslado de las sustancias
sometidas a control especial, hacia, desde o en tránsito por las zonas
determinadas en la misma resolución se debía portar copia del certificado de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes, de acuerdo con cada caso, en
la unidad de transporte correspondiente.
7) A su vez se facultó a las autoridades encargadas de ejercer el control, para
requerir la exhibición de los documentos o la información que permitiera corroborar
el origen y el destino lícitos de las sustancias sometidas a control especial; en
consecuencia, las autoridades estaban facultadas para corroborar el destino de la
sustancia que se transportaba en el vehículo por tratarse de una sustancia
controlada.
8) La sociedad aquí demandante, pese a ostentar para aquella época la tenencia
del vehículo, no acudió a la investigación con el fin de clarificar la situación, aspecto
que era de vital importancia, máxime si se considera que alega ser la empresa
transportadora que se vi[o] afectada con la inmovilización del vehículo automotor.
9) La demandante, una vez se presentó la inmovilización, debió acudir al proceso
con el propósito de clarificar a las autoridades judiciales el origen y destino de la
carga que era transportada en el vehículo de la cual era propietaria, pues, esta
omisión dio lugar a desatender sus deberes de colaboración con la administración
de justicia según lo expresamente preceptuado en el numeral 7 del artículo 95 de
la Constitución Política.
Así mismo, señaló que no le asistía razón a la accionante en sus alegaciones referidas
a que el daño no solo se causó por la retención del tractocamión, sino por la
prolongación en el tiempo de la inmovilización, lo que le impidió ejercer su derecho de
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
tenencia sobre el bien. Al respecto hizo el siguiente pronunciamiento:
[…]
2) Sobre el particular, si bien se advierte que el Fiscal Octavo Especializado de
Cúcuta excedió el término de seis (6) meses previsto por el artículo 88 de la Ley
906 de 2004 para la devolución de los bienes y recursos incautados a quien tuviere
derecho a recibirlos cuando no fueren necesarios para la indagación o
investigación, esta circunstancia por sí misma no permite concluir un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, pues, se demostró que durante la
indagación surgieron elementos materiales de prueba que demostraron la falta de
certeza frente al destino lícito de la sustancia incautada, lo cual impedía adoptar
una decisión en relación con las solicitudes de entrega presentadas por el
propietario del camión, en especial si se consideraba que también estuvo en
entredicho la actuación del representante legal de la sociedad aquí demandante;
por el contrario se evidencia que en realidad quien asumió las gestiones
encaminadas a obtener la devolución del vehículo en el proceso penal fue el Banco
BBVA en condición de propietario.
3) El ente investigador realizó labores con el propósito de determinar el destino y
el destinatario de la sustancia controlada que se transportaba en el tractocamión
y, durante todo el proceso, la sociedad aquí demandante no se presentó ni al
proceso penal ni intervino en el trámite de extinción de dominio en su
condición de tenedora del bien para coadyuvar la solicitud de entrega y
esclarecer los hechos materia de investigación, tal como le correspondía por
tener interés patrimonial en consideración a la explotación económica que
esperaba obtener del bien incautado, por el contrario, se demuestra que
omitió su deber de colaboración consagrado en el numeral 7 del artículo 95
constitucional, pese a lo cual en esta oportunidad pretende obtener un
provecho de esa conducta pasiva. (Negrilla de la Sala).
Concluyó que ante la falta de demostración del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y la omisión de la sociedad demandante en el cumplimiento
del deber de colaboración establecido en el artículo 95 de la Constitución Política, se
imponía revocar el fallo mediante el cual se había condenado a la apelante, esto es, a
la Fiscalía General de la Nación y, en su lugar, negar las pretensiones planteadas en
el medio de control de reparación directa.
En ese orden de ideas, considera la Sala que la motivación expuesta por la autoridad
demandada para dar solución a la litis no es «indebida» como lo alega la parte actora,
por el contrario, trajo a colación el acervo encontrado en el plenario, procedió a su
efectiva valoración y explicó ampliamente las razones por las cuales estimaba que
había lugar a revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
que declaró la responsabilidad de la autoridad accionada, pues no se acreditó que el
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daño alegado le fuera imputable.
En tal sentido, no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el ámbito
valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una
mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
El no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el operador judicial, como
ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción
como si se tratara de una tercera instancia.
Lo que advierte la Sala, en el asunto, es la inconformidad de la sociedad José A. y
Gerardo E. Zuluaga SAS con la lógica y el análisis que efectuó la Sección Tercera,
Subsección B, de esta corporación, al resolver la apelación que interpuso la Fiscalía
General de la Nación contra la sentencia de primera instancia que la condenó como
responsable de los perjuicios reclamados por la aquí parte actora.
Así, utiliza la acción de tutela para plantear un examen de las probanzas, que, a su
juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional no
solo porque no es de su competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el
defecto fáctico está estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte
Constitucional y en ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de
estudiar la prueba bajo consideraciones propias del juez de tutela, so pretexto de
desconocimiento de las pautas de la sana crítica, como lo pretende la accionante.
Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto» o para cubrir las falencias
en que hayan incurrido las partes en un proceso, como lo plantea la accionante en esta
oportunidad.
En ese sentido, considera la Sala que la decisión proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, no comporta una actuación incursa en vía de hecho que vulnere el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, pues en ejercicio de su
autonomía funcional se encargó de presentar las razones fácticas y jurídicas con las
cuales sustentó porque se debía revocar el fallo que accedió a las pretensiones de la
demandante y, en consecuencia, había lugar a denegar las súplicas formuladas en el
medio de control de reparación directa.
IV. CONCLUSIÓN
La Sala concluye que en la providencia del 5 de diciembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que revocó el fallo del 17 de
febrero de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no se
incurrió en el defecto alegado por la parte actora.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la
acción interpuesta y, en lugar, se denegará el amparo deprecado por José A. y Gerardo
E. Zuluaga SAS.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 6 de septiembre de 2024, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que declaró la improcedencia de la
acción de tutela. En su lugar, negar el amparo solicitado por la sociedad José A.
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Demandante: José A. y Gerardo E. Zuluaga SAS
Gerardo E. Zuluaga SAS, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva
del presente proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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