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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2016-01460-01

Fecha
5 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2016-01460-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia del 17 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, deniéganse las pretensiones de la demanda. 2º) Condénase en costas de ambas instancias a la demandante y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a nueve (9) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Fiscalía General de la Nación. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2016-01460-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de diciembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: SOCIEDAD JOSÉ A Y GERARDO ZULUAGA SAS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA - DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Síntesis del caso: el 18 de mayo de 2013, el tractocamión marca International, modelo 2011,
identificado con placas STZ 505 y cuyo tenedor era la sociedad José A y Gerardo Zuluaga
SAS fue inmovilizado por agentes de la Policía Nacional, luego de encontrar que en el vehículo
se transportaban mil doscientos cincuenta (1.250) kilogramos de bicarbonato de sodio sin que
se diera una explicación razonable sobre el destino de la sustancia ni se exhibiera la
autorización requerida para el transporte por parte del distribuidor minorista, por tratarse de
una sustancia controlada por la Dirección Nacional de Estupefacientes; el vehículo fue puesto
a disposición de la Fiscalía General de la Nación quien lo devolvió a su propietario el 22 de
octubre de 2014. La demandante reclama la indemnización de perjuicios por el tiempo en el
que el automotor estuvo inmovilizado. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación
(archivo 15 índice 2 SAMAI) en contra de la sentencia proferida el 17 de febrero de
2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander (archivo 14 índice 2 SAMAI)
que dispuso:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones denominadas ausencia
de las razones señaladas por el legislador para endilgarle responsabilidad a
dicha entidad, ausencia de nexo de causalidad, ausencia de falla en la
prestación del servicio, actuación legal exenta de daño antijurídico y culpa
exclusiva de la víctima propuestas por la apoderada de la Fiscalía General
de la Nación, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación,
administrativamente responsable por la prolongada inmovilización del
vehículo Tractocamión de Placas TSZ-505 que se encontraba bajo la
tenencia de la sociedad demandante, en virtud del Contrato de

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
Apelación sentencia

Arrendamiento Financiero Leasing No. 0498-1000-000002291 suscrito con
el Banco BBVA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la Nación –
Fiscalía General de la Nación en abstracto al pago de los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, en favor de la sociedad JOSÉ
A. GERARDO E. ZULUAGA S.A.S, los cuales se liquidarán mediante
incidente bajo los parámetros señalados en la parte motiva de la presente
providencia.

CUARTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda, de conformidad con
lo anteriormente expuesto.

QUINTO: La entidad condenada dará cumplimiento a la presente providencia
en los términos y condiciones establecidos en los artículos 189, 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

SEXTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en esta instancia,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como gastos
ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.

OCTAVO: Una vez en firme la presente, ARCHÍVESE el expediente, previas
las anotaciones secretariales de rigor.” (fls. 24 a 26 archivo 14 índice 2
SAMAI – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2016 (archivo 1 índice 2 SAMAI),
la sociedad José A y Gerardo E Zuluaga SAS, por intermedio de apoderado judicial,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado
en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación (archivo
1 índice 2 SAMAI) con las siguientes súplicas:

“Que con fundamento a los hechos y al acerbo probatorio arrimadas con la
demanda como las que se presentare en la etapa del proceso, solicito al
Honorable Magistrado de lo contencioso administrativo se CONDENE a la
Fiscalía General de la Nación (…) al pago del Lucro Cesante y Daño
Emergente, como consecuencia de la Retención injustificada de la
Tractomula de Placas STZ-505, como el pago de dichos perjuicios causados

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
Apelación sentencia

a la Empresa demandante JOSE A Y GERARDO ZULUAGA Ltda., teniendo
en cuenta las siguientes determinaciones:

PRIMERA: Se declare que existió una omisión por parte del funcionario
señor Fiscal Octavo (8) Especializado Dr. Javier Alberto Rodríguez Rosales
funcionario de la fiscalía en mantener retenida el vehículo tractomula de
placas STZ-505 sin JUSTA CAUSA además fue llevada a EXTINCIÓN DE
DOMINIO sin existir causa para tal determinación a pesar que se demostró
que el vehículo es de un tercero de buena fe, tal como lo prevé el Código de
Procedimiento Penal y la ley 793 del año 2002 modificada por la ley 1708
del año 2014.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la Retención indebida por parte de
la fiscalía se condene al pago de los perjuicios materiales en la suma de
$787.508.800,oo por los perjuicios en la retención indebida de la tractomula
STZ-505. Así:

a).- LUCRO CESANTE: Del 18 de mayo del año 2013 al 14 de octubre del
año 2014, corresponde a la suma de $349.000.000.oo millones de pesos,
que corresponde a lo producido mensualmente por la tractomula de placas
STZ-505 mensualmente por el término de 18 meses que permaneció
retenida a órdenes de la fiscalía.

b).- DAÑO EMERGENTE: Es la ganancia del producido de los 18 meses que
permaneció la mula en el parqueadero de la Fiscalía, QUE LO ESTIMO en
un 30% por ciento sobre el lucro cesante, que corresponde al valor de
$104.000.000.oo millones de pesos.

TERCERA: Que se condene en costas del proceso y agencias en derecho
a la entidad demandada, por haber dado lugar a la intervención del aparato
judicial.” (archivo 1 índice 2 SAMAI - mayúsculas sostenidas del texto
original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante invocó, en síntesis, lo siguiente:

1) El 18 de mayo de 2013 fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional el
tractocamión de placa STZ505 “marca International, color rojo, modelo 2011,
referencia 9400”, procedente de Cartagena (Bolívar), cuando transitaba por la vía que
conduce del municipio de Sardinata (Norte de Santander) hacía Zulia (Norte de
Santander), porque transportaba en su interior una carga con 50 bultos de bicarbonato
y el conductor del vehículo no exhibió la correspondiente autorización expedida por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, exigida para el transporte de esta clase de
sustancias.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
Apelación sentencia

2) El conductor y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Octava
Especializada de Cúcuta, quien adelantó la investigación identificada con número de
radicación 547206106106201380112, autoridad que dispuso dejar en libertad al
conductor y mantener retenido el vehículo porque en el momento de la aprehensión
no se exhibió la autorización correspondiente para el transporte de bicarbonato. El ente
investigador no ordenó ninguna medida cautelar sobre el tractocamión.

3) La sociedad demandante era tenedora del vehículo por razón de un contrato de
arrendamiento financiero celebrado con el Banco BBVA Colombia y, mediante
memoriales presentados el 20 de agosto de 2013, 10 de diciembre de 2013 y 27 de
enero de 2014 solicitó la entrega del tractocamión, sin embargo, estas peticiones no
fueron atendidas por el fiscal investigador y, por el contrario, sin ninguna justificación
dispuso el inicio del trámite de extinción de dominio.

4) La sociedad demandante presentó acción de tutela en contra de la Fiscalía Octava
Especializada de Cúcuta, pues, esta no brindó ninguna respuesta en relación con las
solicitudes de entrega del vehículo.

5) Solo fue después de la sentencia de tutela y el incidente de desacato de la misma
que la Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta brindó respuesta a las peticiones
presentadas.

6) Finalmente, el 20 de octubre de 2014, la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta
se inhibió de iniciar la acción de extinción del derecho de dominio y accedió a la entrega
del tractocamión por el hecho de haberse demostrado que la sociedad aquí
demandante contaba con permiso para transportar “hasta 2.083 toneladas de
bicarbonato de sodio” (fl. 11 archivo 1 índice 2 SAMAI).

7) La entidad demandada incurrió en una falla del servicio por la retención prolongada
del vehículo sin que existiera una razón justificada para ello, lo cual generó perjuicios
económicos que deben ser resarcidos en esta oportunidad.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
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3. Contestación de la demanda

En escrito radicado el 12 de diciembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación se
opuso a las pretensiones de la demanda (archivo 6 índice 2 SAMAI) con sustento en
los siguientes argumentos:

1) No existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque la
actuación de la Fiscalía General de la Nación fue oportuna, diligente y eficaz, por
cuanto se dirigió a establecer la legalidad del transporte de la sustancia incautada.

2) Se acredita la culpa exclusiva de la víctima toda vez que i) la sociedad demandante
realizó el transporte de una sustancia que -para la época de los hechos-, era controlada
según lo dispuesto por la Resolución número 9 de 2009 proferida por el Consejo
Nacional de Estupefacientes y, ii) en el momento de la inmovilización no se exhibió el
certificado expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes ni se explicó a qué
distribuidor se dirigía la carga, por ende, no puede endilgarse ningún tipo
responsabilidad patrimonial.

3) Las solicitudes de entrega del vehículo fueron presentadas por la entidad financiera
propietaria del vehículo y no por la sociedad aquí demandante, por ello resulta extraño
que esta última traiga como propias solicitudes que no se presentaron en su nombre,
por el contrario, de las pruebas allegadas se tiene que la intervención en el proceso
penal de la sociedad José A y Gerardo E Zuluaga SAS fue precaria, por no decir
inexistente.

4) El 5 de mayo de 2015, la fiscalía investigadora ordenó el archivo de la actuación
por atipicidad sobreviniente en aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal
“por cuanto la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante Resolución No. 0001
del 8 de enero de 2015 en su artículo 4 no hizo referencia a la sustancia de bicarbonato
de sodio como sustancia controlada” (fl. 12 archivo 6 índice 2 SAMAI), no obstante,
este hecho no convierte a las decisiones adoptadas por la fiscalía, durante la vigencia
de la Resolución 9 de 2009, en arbitrarias o contrarias al ordenamiento jurídico.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
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5) Los perjuicios materiales reclamados por la parte actora no se encuentran
acreditados.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en providencia del 17 de febrero de
2022 declaró responsable patrimonial y extracontractualmente a la Fiscalía General de
la Nación por la inmovilización y prolongación de la retención1 del vehículo
tractocamión de placas TSZ-505 que se encontraba en tenencia de la sociedad
demandante (archivo 14 índice 18 primera instancia), en consecuencia, condenó en
abstracto a la entidad por concepto de lucro cesante y se abstuvo de condenar en
costas, por estimar lo siguiente:

1) De conformidad con la fijación del litigio, debe determinarse si la Fiscalía General
de la Nación es patrimonialmente responsable por los perjuicios reclamados por la
parte demandante por la retención y posterior inicio del trámite de extinción del dominio
del vehículo de placas STZ-505 dentro de la investigación penal iniciada por el
transporte de 50 bultos de bicarbonato de sodio, sustancia que para la época de los
hechos (18 de mayo de 2013) era controlada por la Dirección Nacional de
Estupefacientes.

2) La parte demandante pretende la indemnización por la merma generada en su
patrimonio debido a la imposibilidad de transportar mercancías durante el lapso de 18
meses, los cuales comprenden el periodo en el cual el mencionado vehículo
tractocamión de placas STZ-505 del que era tenedora, fue retenido.

3) El artículo 52 de la Resolución número 009 de 2009 expedida por el Consejo
Nacional de Estupefacientes, vigente para la fecha de los hechos, establecía que
quienes pretendieran desarrollar actividades de compra, venta, consumo, distribución,
almacenamiento y transporte de bicarbonato de sodio, en una zona controlada, debían

1 Se pone de presente que, si bien en la parte resolutiva de la sentencia el tribunal adujó que la condena

era por la prolongada inmovilización del vehículo, en la parte considerativa analizó dos hechos
diferentes entre sí: i) la inmovilización del vehículo y, ii) la prolongación de dicha inmovilización y declaró
responsable patrimonial y extracontractualmente a la Fiscalía por ambas circunstancias.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
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contar con el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y,
mientras este era expedido, se podían desarrollar dichas actividades siempre que se
exhibiera la copia de radicación de la solicitud de trámite de dicho certificado.

4) En el proceso se demostró que i) el 18 de mayo de 2013, el tractocamión de placas
STZ-505 fue inmovilizado, este vehículo se encontraba en tenencia de la sociedad
demandante por virtud de un contrato de arrendamiento financiero suscrito con el
Banco BBVA; ii) la inmovilización se prolongó hasta el 22 de octubre de 2014, fecha
en la cual se realizó la entrega real y material del bien en cumplimiento de la decisión
proferida por la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta de la Unidad de Extinción
del Derecho de Dominio; iii) el automotor fue inmovilizado por agentes de la Policía
Nacional, quienes echaron de menos el certificado de carencia e informe de tráfico de
estupefacientes para el destino de la sustancia bicarbonato de sodio, pese a que el
conductor exhibió, entre otros documentos, una reiteración de solicitud de expedición
del certificado exigido y presentada el 21 de agosto de 2012 por el gerente de la
sociedad demandante al Subdirector de Sustancias Químicas Controladas de la
Dirección Nacional de Estupefacientes, igualmente se acreditó que dentro de la
investigación preliminar el apoderado del Banco BBVA aportó el oficio (no. 50400-271-
2012) con el cual pretendió acreditar que el certificado se encontraba en trámite.

5) La decisión de mantener inmovilizado el tractocamión por 18 meses resultó
desproporcionada pues, se basó en simples sospechas y no en verdaderos motivos
que dieran cuenta de la comisión del delito de tráfico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos, a su vez, se contaba con el soporte necesario para el
transporte de la sustancia controlada, incluso se acredita que el certificado referido es
exigido al propietario de la sustancia o al distribuidor y no al transportador.

6) Igualmente, no existió prueba sumaria que vinculara el bien incautado con el delito
endilgado y se “declaró la inhibición para dar inicio a la acción de extinción del derecho
de dominio respecto del automotor, al no haberse logrado establecer la tipicidad de la
conducta investigada y que, por el contrario, el transporte del bicarbonato de sodio se
realizó a través de la modalidad de flete por la empresa dedicada al transporte de
carga” (fl. 21 archivo 15 índice 18 SAMAI primera instancia).

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Reparación directa
Apelación sentencia

7) El hecho de que el bien se retenga sin que se hubiera podido comprobar por las
autoridades competentes la comisión de una conducta punible genera la
responsabilidad patrimonial del Estado, en la medida que es una carga que los
ciudadanos no están en la obligación de soportar.

8) No es procedente el reconocimiento de indemnización del perjuicio material por
concepto de daño emergente porque, si bien en el proceso de la referencia se aportó
el inventario que daba cuenta de las condiciones del automotor en el momento de su
retención, en el acta de entrega se indicó que el vehículo fue recibido a satisfacción
según el inventario realizado y no se anotó ninguna observación de que este carecía
de piezas o se encontraba en condiciones diferentes a las de su inmovilización.

9) Respecto de la indemnización reclamada por lucro cesante, si bien se aportó una
certificación de ingresos del tractocamión suscrita por quien dice actuar como
representante legal de la empresa transportadora, no se aportaron los soportes que
respalden los valores referidos ni los documentos que acrediten el pago de los cánones
de arrendamiento del automotor al Banco BBVA durante el tiempo que estuvo retenido;
en ese sentido, dado que se desconoce el monto de lo dejado de percibir por la
sociedad demandante durante el periodo que permaneció inmovilizado el
tractocamión, se impone la condena en abstracto para que mediante trámite incidental
la parte actora “acredite el lucro cesante pretendido en la demanda” (fl. 23 archivo 14
índice 18 primera instancia).

5. Recurso de apelación

El 7 de marzo de 2022, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación
(archivo 15 índice 18 SAMAI), las razones de inconformidad con el fallo de primera
instancia se resumen así:

1) La Resolución número 009 de 2009 expedida por la Dirección Nacional de
Estupefaciente y vigente para el mes de mayo de 2003, dispuso que el bicarbonato de
sodio era una sustancia controlada, de manera que se debían inmovilizar los vehículos
que transportaran dicha sustancia sin el certificado de autorización correspondiente.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
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2) En el vehículo tractocamión de placas STZ-505 se transportaban 50 bultos de
bicarbonato de sodio y debido a la falta de claridad frente al destino de la sustancia,
además de no exhibirse un certificado vigente de autorización, el automotor debió ser
inmovilizado por disposición legal, pues, de resultar ilegal la comercialización de la
sustancia se imponía declarar la extinción del derecho de dominio de dicho automotor,
de conformidad con lo previsto por los artículos 2 y 4 de la Ley 793 de 2002.

3) La Fiscalía General de la Nación estaba obligada a desplegar su facultad
investigativa para establecer la posible responsabilidad penal de las personas
involucradas en el transporte de la sustancia, así como también el origen y destino de
la misma, por ello fue necesario entrevistar al conductor del camión, a la propietaria
del negocio a quien iba dirigido el citado bicarbonato de sodio y en relación con las
versiones ofrecidas debía establecerse el verdadero destino de la sustancia
controlada.

4) Las decisiones de la Fiscalía General de la Nación adoptadas dentro de la
investigación penal no fueron caprichosas, se ajustaron a la ley penal y a las
disposiciones expedidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes2.

5) Se configura la culpa exclusiva de la víctima, porque i) “el representante de la
sociedad demandante ordenó al conductor del tractocamión el transporte de una
sustancia controlada con la copia de la solicitud de trámite del certificado exigido para
tal efecto, con el conocimiento de que el distribuidor a donde debía entregarse el
bicarbonato de sodio tampoco contaba con el certificado y no era el destino real de la
sustancia, circunstancia que conllevó a la investigación penal” (fl. 5 archivo 15 índice

2
El apelante consideró que (i) el 30 de mayo de 2014, la Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta no
encontró justificación frente al destino final de la sustancia incautada y luego de considerar que el
tractocamión era utilizado para la comisión de un delito dispuso la remisión de las copias de las piezas
procesales de la investigación penal para iniciar el trámite de extinción de dominio del rodante, dejándolo
a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (fl. 3 archivo 15); ii) en resolución de 5 de
mayo de 2015 archivó la investigación penal por atipicidad sobreviniente porque la Dirección Nacional
de Estupefacientes expidió la Resolución número 1 de 8 de enero de 2015 que no incluyó al bicarbonato
de sodio como sustancia controlada, razón por la cual aplicó esta reglamentación por favorabilidad, pero
esta circunstancia no permite concluir las decisiones adoptadas en vigencia de la Resolución 009 de
2009 fueran arbitrarias y, iii) la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta de la Unidad de Extinción del
Derecho de Dominio dispuso la apertura de la fase inicial el 3 de junio de 2014, ordenó la práctica de
pruebas y mediante resolución de 15 de octubre de 2014 se inhibió de dar inicio a la acción de extinción
de dominio y ordenó la entrega del tractocamión al Banco BBVA.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
Apelación sentencia

18 SAMAI) y, ii) la sociedad demandante hace ver como actuaciones suyas aquellas
desplegadas únicamente por el Banco BBVA Colombia quien, en condición de
propietario, obtuvo la entrega del tractocamión objeto de controversia, mientras que la
demandante, como tenedora del bien no intervino en el proceso penal.

6) De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa, todo daño o perjuicio
solicitado por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo
acredite, de lo contrario no podrá ser reconocido. El perjuicio por lucro cesante
reconocido en primera instancia no se encuentra demostrado.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 13 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación (índice 4
SAMAI) y el 25 de octubre de 2022 (índice 11 SAMAI) el expediente ingresó al
despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) hechos probados, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusión y, 5)
condena en costas.

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Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna3, el objeto de la controversia se contrae
a verificar si la entidad demandada es patrimonial y extracontractualmente responsable
de los perjuicios reclamados por la demandante debido a la inmovilización y
prolongación de la retención del tractocamión de placas STZ-505, marca International,
modelo 2011, color rojo, del cual era tenedora o locataria la sociedad aquí
demandante, en hechos que iniciaron el 18 de mayo de 2013 y culminaron con la
entrega del vehículo a su propietario en cumplimiento de una orden expedida por la
Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta de la Unidad de Extinción del Derecho de
Dominio.

La sociedad demandante acude al proceso en condición de tenedora del vehículo
inmovilizado, la cual acredita con el contrato de arrendamiento financiero o leasing
celebrado entre el representante legal de la sociedad José A y Gerardo E Zuluaga Ltda
y el Banco BBVA Colombia (fls. 42 a 58 archivo 3 índice 18 SAMAI primera instancia)
e invoca la afectación sufrida por la inmovilización del vehículo y la prolongación de
esta detención de manera injustificada, lo cual afirma, le produjo la imposibilidad de
explotación económica del bien que destinaba al transporte de carga, por esta razón
la Sala encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa, a su vez porque
la Ley 906 de 2004, normativa que rigió la actuación penal a cuya disposición se
mantuvo el vehículo reconoce que el tenedor del bien puede tener derecho a recibir
los bienes afectados con alguna medida impuesta en la investigación penal (artículos
88, 89 y 89 A).

3
Para la demandante el daño consistió en la inmovilización y retención prolongada del tractocamión de
placas STZ-505 sin razón justificada, por tanto, existen dos momentos para el inicio del término de
caducidad, i) frente a la inmovilización se advierte que hasta la orden de entrega dispuesta en resolución
del 15 de octubre de 2014 proferida por la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta podía evidenciarse
la posible antijuridicidad del daño (fls.108 a 112 archivo 19 índice 19 SAMAI primera instancia), entre
tanto, ii) respecto a la retención prolongada debe tenerse en cuenta el momento en que se materializó
la entrega definitiva al propietario, esto es, a partir del 22 de octubre de 2014 (fls. 128 a 129 archivo 19
índice 19 SAMAI primera instancia). En consecuencia, la demanda instaurada el 14 de diciembre de
2016 (archivo 1 índice 2 SAMAI), luego de haberse agotado el requisito de conciliación prejudicial
(trámite que inició el 27 de septiembre de 2016 y culminó el 12 de diciembre de 2016 -fls. 124 a 125
archivo 1 índice 2 SAMAI), satisfizo el ejercicio del medio de control de reparación directa dentro del
plazo de dos (2) años previsto por el literal i) del artículo 164 del CPACA.

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Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
Apelación sentencia

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las
pretensiones de la demanda, porque i) no se acreditó una falla en servicio en la
inmovilización del vehículo y, ii) tampoco se acreditó la configuración del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y, por el contrario, se demuestra que la
sociedad demandante omitió su deber de colaboración consagrado en el numeral 7
del artículo 95 de la Constitución Política pues, no intervino en la investigación ni el
trámite de extinción de dominio en su condición de tenedora del bien para esclarecer
los hechos materia de investigación.

En atención a los argumentos de la apelación, la Sala abordará el análisis de
responsabilidad patrimonial atribuida a la Fiscalía General de la Nación a partir de la
configuración de los presupuestos contemplados por la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración de Justicia para el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia4.

2. Hechos probados

La Sala destaca que al proceso se aportó copia de la investigación realizada por la
Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta (Norte de Santander) con número de
radicación 547206106201380112 (archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia) y el
proceso de extinción de dominio identificado con el número de radicación 170.949 que
fue conocido por la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta (archivo 19 índice 19
SAMAI primera instancia), cuyas pruebas documentales pueden ser valoradas, por
razón de que, de un lado, fueron solicitadas por la parte demandante en el escrito de
demanda (fl. 31 cdno. ppal.) y, de otro, fueron decretadas e incorporadas al proceso
en audiencia de pruebas realizada en primera instancia (archivo 12 índice 2 SAMAI)5.

A partir del análisis de las pruebas debidamente recaudadas, se destacan como
hechos probados relevantes para la adopción de la decisión en el presente asunto los
siguientes:

4
“Artículo 69. Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia. Fuera de los casos
previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia
de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
5
Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013,
expediente no. 20601, MP Danilo Rojas Betancourth.

13

Expediente 54001-23-33-000-2016-01460-01 (68.297)
Demandante: Sociedad José A y Gerardo Zuluaga SAS
Reparación directa
Apelación sentencia

1) El 5 de abril de 2011, entre el representante legal de la sociedad José A y Gerardo
E Zuluaga Ltda y el Banco BBVA Colombia se suscribió el contrato de arrendamiento
financiero o leasing, mediante el cual la entidad financiera entregaba a la sociedad,
mediante leasing el tractocamión de placa STZ-505, marca International, color rojo,
modelo 2011; en consecuencia, para el 18 de mayo de 2013, la sociedad José A y
Gerardo E Zuluaga Ltda era la tenedora del mencionado vehículo (fls. 42 a 58 archivo
3 índice 18 SAMAI primera instancia).

2) El 18 de mayo de 2013, agentes del grupo UNIR 18-2 de la Policía Nacional en el
Departamento de Norte de Santander dejaron a disposición de funcionarios de policía
judicial el vehículo tractocamión de placas STZ-505, marca International, color rojo,
modelo 2011, el cual fue inmovilizado por transportar cincuenta (50) bultos de
bicarbonato de sodio que fueron aprehendidos en un procedimiento realizado en
actividades de control en el kilómetro 18 de la vía Sardinata a Cúcuta (Norte de
Santander); los uniformados informaron que en el momento en que fue requerido el
conductor del vehículo este no suministró el certificado de carencia e informe de tráfico
de estupefacientes respecto al lugar de destino, exigido para el transporte de este
clase de sustancias (fls. 7 a 8 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

3) El 19 de mayo de 2013, los funcionarios de policía judicial encargados de adelantar
las labores de investigación rindieron informe sobre las actividades realizadas para
establecer la posible comisión del delito de tráfico para el procesamiento de
estupefacientes, entre ellas i) la entrevista al conductor del vehículo, quien manifestó
que no le fue suministrado el certificado respectivo del lugar de destino del bicarbonato
de sodio; ii) la entrevista a la propietaria del establecimiento de comercio destinatario
de la carga “Especias y Variedades EMI” quien, señaló que no contaba con el
certificado correspondiente; iii) el requerimiento a la Dirección Nacional de
Estupefacientes para verificar si la distribuidora “Especias y Variedades EMI” contaba
con el certificado de carencia e informe de tráfico de estupefacientes; iv) la realización
de la prueba de PIPH para la sustancia incautada y, v) el estudio técnico del
tractocamión (fls. 1 a 5 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

Finalmente, en el informe referido se solicitó al fiscal designado tener en cuenta la
información obtenida en las entrevistas realizadas y la información de los documentos

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hallados “para inferir que, en el procedimiento de distribución y transporte de la
sustancia del bicarbonato de sodio, sustancia sometida a control según el artículo 4
Resolución 009/2009 [se] debía haber presentado el certificado de carencia y tráfico
de estupefacientes el cual no se presentó ni al momento ni después por lo cual no fue
posible corroborar con exactitud los permisos para el transporte de esta sustancia con
relación a su destino, asimismo la sustancia en cantidad de 50 bultos y el vehículo que
la transportaba queda en custodia de esta unidad hasta que se disponga de la decisión
del señor fiscal o la Dirección Nacional de Estupefacientes (…) autoridades facultadas
para la entrega de esta mercancía” (fl.5 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

4) El 20 de mayo de 2013, la investigación fue asignada a la Fiscalía Octava
Especializada de Cúcuta con el número de radicación 547206106106201380112 por
la posible comisión del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de
narcóticos (archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

5) El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Colombia, mediante apoderado judicial
dirigió, en condición de propietario del tractocamión de placas STZ-505, varias
peticiones ante el Fiscal Octavo Penal Especializado de Cúcuta en las cuales solicitó
la entrega definitiva del vehículo6.

6) El 23 de septiembre de 2013, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta ordenó a
los servidores con funciones de policía judicial designados en la investigación: i)
ampliar la entrevista a la señora Emilce Villabona Jaimes propietaria del
establecimiento de comercio “Especias y Variedades EMI” con el propósito de obtener
información acerca de la empresa a la cual le hizo el pedido de bicarbonato de sodio,
cada cuándo realiza este pedido, cuál es el destino de la sustancia en la ciudad de
Cúcuta y las condiciones pactadas en el contrato de transporte de la mencionada
sustancia y, ii) llevar a cabo diligencia de inspección judicial en el establecimiento de
comercio (fl. 83 archivo 20 índice 19 SAMAI).

6
Peticiones radicadas el 20 de agosto de 2013 (fls. 44 a 59 archivo 20 índice 19 SAMAI primera
instancia), 10 de diciembre de 2013 (fls. 89 a 90 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia), 27 de
enero de 2014 (fls. 117 a 118 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia), 31 de marzo de 2014 (fls.
137 a 138 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia) y, 26 de abril de 2014 (fl. 183 archivo 20 índice
19 SAMAI primera instancia).

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7) El 10 de diciembre de 2013, el funcionario de policía judicial designado para realizar
las labores de investigación rindió informe en el cual precisó que el 12 de noviembre
de 2013 entrevistó a la señora Emilce Villabona Jaimes, quien manifestó “tener un
amigo que trabaja con la empresa transportadora de mercancía de razón social
GLOBAL GARNER él me dijo que sí quería que él hacía un pedido de ajo y bicarbonato
a esta empresa para comercializarlo acá y yo sé lo guardará acá en mi bodega y que
ello me vendían unos bultos para yo venderlos detallados, pero esa mercancía la traían
para guardarla en mi bodega al igual yo no tenía conocimiento que eso era ilegal por
eso tenía que llegar a esta dirección y un día estando en mi negocio recibí una llamada
por parte de la Policía de Carreteras del Zulia manifestándome que si ese bicarbonato
venía para mi bodega entonces yo les conteste que sí y ellos me dijeron que la
mercancía quedaba incautada”(fl. 91 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia),
en la entrevista agregó, a su vez, que no le hizo pedido a ninguna empresa y “fue por
medio de una amistad que hizo el pedido a nombre mío”, mencionó a Pedro Hernández
Rodríguez como la persona que la contactó con la empresa transportadora y afirmó
que no conocía cuál era el destino de la sustancia una vez llegara a Cúcuta (fls. 93 y
94 archivo 20 índice 19 SAMAI).

8) Mediante memorial del 23 de mayo de 2014, el apoderado del Banco BBVA
Colombia solicitó la intervención del Director de Fiscalías Seccional Norte de
Santander ante la Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta para que se resolvieran
las solicitudes de entrega del vehículo o, en su defecto, se asignara a otro fiscal (fls.
163 a 164 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

9) El 28 de mayo de 2014, el Director Seccional de Norte de Santander de la Fiscalía
General de la Nación le comunicó al Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta que a
partir de esa fecha sería objeto de control y seguimiento la investigación penal no.
547206106201380112, en consecuencia solicitó rendir un informe ejecutivo sobre las
peticiones presentadas por el apoderado del Banco BBVA Colombia, al tiempo que
destacó “que en materia de bienes que no sean necesarios para la investigación, o no
se encuentren en una circunstancia en la cual proceda el comiso ni la extinción de
dominio, o no hayan sido objeto de medidas cautelares de que trata el artículo 83 del
C. de P.P., deben ser devueltos a quien tenga derecho a recibirlos (sujetos pasivos,

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víctimas o terceros) en un término que no puede exceder de seis meses según las
voces del artículo 88 Ibídem.” (fl. 162 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

10) El 1° de abril de 2014, el Fiscal Octavo Especializado ordenó al funcionario de
policía judicial designado i) ampliar la entrevista a la señora Emilce Villabona Jaimes
para que explicara “cuándo y en qué circunstancias conoció al señor Pedro Hernández
Rodríguez”, “la actividad laboral que desempeña esta persona, donde se puede ubicar
y su número telefónico”, “los productos que normalmente compra al por mayor en su
bodega, a que proveedores, en qué cantidades y a quien se los vende” y, ii) “identificar
e individualizar a Pedro Hernández Rodríguez” (fl. 168 archivo 20 índice 19 SAMAI
primera instancia).

11) El 23 de abril de 2014, el funcionario de policía judicial designado rindió informe
frente a las labores de investigación encomendadas, de un lado la entrevista realizada
a la señora Emilce Villabona Jaimes y, de otro frente, lo concerniente a la identificación
e individualización del señor Pedro Hernández Rodríguez (fls. 173 a 174 archivo 20
índice 19 SAMAI primera instancia).

12) El 30 de mayo de 2014, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta registró la
siguiente constancia en la investigación:

“Del estudio de las presentes diligencias se observa que para la comisión de
la conducta investigada se utilizó el vehículo de servicio particular, CLASE
TRACTOCAMIÓN, MARCA INTERNACIONAL, TIPO SRS, COLOR ROJO,
MODELO 2011, PLACAS STZ - 505 se ha establecido que su propietario no
es ajeno a la conducta y tenía conocimiento de la actividad en el momento
de los hechos que se estaban realizando, en consideración a que el inmueble
(sic) fue utilizado para la comisión de la conducta punible y no se vislumbra
ninguna justificación que lleve a pensar que desconocía el uso que le estaba
dando al mismo, se deberá iniciar el respectivo trámite de EXTINCIÓN DE
DOMINIO en contra del bien objeto de estudio.

Por lo anterior se compulsarán copias de las piezas procesales de la
investigación para que sean asignadas a la Fiscalía Octava Especializada,
despacho que por directrices de la Dirección Seccional de Fiscalías ha
dispuesto para adelantar este trámite especial.” (fl. 184 archivo 20 índice 19
SAMAI primera instancia).

13) El Banco BBVA Colombia instauró una acción de tutela en contra de la Fiscalía
Octava Especializada de Cúcuta, la cual fue decidida por la Sala Penal del Tribunal

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Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en providencia de 18 de junio de 2014 que
resolvió amparar el derecho fundamental de petición de la accionante y ordenó a la
accionada notificar la respuesta a las solicitudes de entrega del vehículo tractocamión
(fls. 252 a 257 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

14) Con ocasión del trámite de la citada acción de tutela, el Fiscal Octavo Penal
Especializado de Cúcuta, mediante oficio entregado el 13 de junio de 2014, dio
respuesta a las peticiones presentadas por el Banco BBVA relacionadas con la entrega
del tractocamión e informó lo siguiente:

“Debemos manifestarle, que de las actividades investigativas se ha
establecido una conexidad entre el conductor y el propietario, siendo estos,
los hermanos Zuluaga Gómez. Uno funge como conductor (Francisco Javier
Zuluaga Gómez), y el otro José Absalón Zuluaga Gómez, como
representante legal de tres (3) compañías “José A y Gerardo E Zuluaga
Limitada”, “Inversiones Giraldo Gómez Limitada”; y “Global Garlic SA” con
las cuales adquirió a través del Leasing con el Banco BBVA el tractocamión
en cuestión.

También se ha verificado que la señora Emilce Villabona al parecer fue
utilizada como destinataria del mencionado precursor químico,
desconociendo su verdadera y final destinación.

Por tal razón se ha ordenado compulsa de copias, para que de manera
separada y por parte de la Fiscalía de Extinción de Dominio, se investigue si
presuntamente el comportamiento desplegado por estas personas se
adecúa a lo señalado en el artículo segundo, numeral tercero de la ley 793
de 2002 (...).” (fl. 232 archivo 20 índice 19 SAMAI primera instancia).

15) El 21 de julio de 2014, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta dejó a disposición
de la Dirección Nacional de Estupefacientes el tractocamión de placas STZ-505 (fl. 267
archivo 20 índice 19 SAMAI).

16) El 30 de septiembre de 2014, la Fiscal Segunda Especializada de Cúcuta de
Extinción del Derecho de Dominio avocó el conocimiento del proceso identificado con
el número de radicación 170.949 y dispuso la práctica de pruebas necesarias para
esclarecer los hechos (fl. 293 archivo 20 índice 19 SAMAI).

17) El 5 de mayo de 2015, el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta dispuso el archivo
de la investigación no. 547206106201380112 porque sobrevino una atipicidad en el
comportamiento “presuntamente de Francisco Javier Zuluaga Gómez y Pedro

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Hernández Rodríguez por transportar y por comprar, respectivamente sin tener los
permisos que por ley corresponde, pues el comportamiento descrito en el Art. 382, es
un tipo penal en blanco el cual nos remite a la resolución que expida el Consejo
Nacional de Estupefacientes, y para el caso en concreto la resolución no. 001 del 8 de
enero de 2015, en su artículo 4 no hace referencia al bicarbonato de sodio, es decir
dejó de ser controlada”, circunstancia por la cual, encontró procedente aplicar la norma
más favorable (fls. 299 a 303 archivo 20 índice 19 SAMAI).

18) El 15 de octubre de 2014, la Fiscal Segunda Especializada de Cúcuta de Extinción
del Derecho de Dominio se inhibió de dar inicio a la acción de extinción del derecho de
dominio respecto del vehículo tractocamión y, en consecuencia, ordenó su entrega al
Banco BBVA, en condición de propietario, a través de su representante (fls.108 a 112
archivo 19 índice 19 SAMAI primera instancia), por las consideraciones que se citan a
continuación:

“Sea lo primero advertir que de la revisión de la noticia criminal que da origen
al presente diligenciamiento se establece que la misma aún se encuentra en
fase preliminar en donde no se ha realizado imputación alguna en contra de
persona determinada, así como tampoco se ha logrado establecer la tipicidad
de la conducta investigada en razón de los EMP aportados.

Surge entonces que la retención del vehículo se da con fundamento en la
labor que se encontraba desempeñando, al transportar el BICARBONATO
DE SODIO, pero resulta probado en estas diligencias que lo mismo se realizó
a través de la modalidad de FLETE, por empresa dedicada al transporte de
carga, destino que se dió a los vehículos dados en la modalidad de LEASING
o arrendamiento por el BBVA a la empresa TRANSPORTES AVANCES
SAS.

La documentación allegada permite establecer que el tractocamión objeto de
retención es de propiedad del BBVA, no existiendo evidencia sobre
procedencia ilícita o que hasta ese momento se pueda demostrar que fue
utilizado como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas,
pues insistimos la investigación penal a este momento no lo establece.

Las probanzas allegadas evidencian que el BBVA como propietario del bien
es un tercero de buena fe que actuó de manera lícita al suscribir un contrato
de arrendamiento o leasing, figura legalmente reconocida como forma de
contrato de arrendamiento financiero y bajo esas circunstancias no podemos
predicar del propietario del bien, causal que genere extinción de dominio,
pues no existe evidencia que indique que de manera voluntaria el vehículo
se dio en arrendamiento para traficar sustancias prohibidas, por el contrario
a través del contrato de arrendamiento se suscribieron las respectivas
cláusulas las cuales encierran y guardan un fin lícito.” (fls. 110 a 111 archivo
19 índice 19 SAMAI primera instancia).

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19) El 22 de octubre de 2014, se efectuó la entrega material del vehículo al apoderado
del Banco BBVA Colombia quien, en el acta respectiva, manifestó recibirlo a
satisfacción total (fls. 128 a 129 archivo 19 índice 19 SAMAI primera instancia).

3. Análisis de la impugnación

1) La entidad demandada, en la apelación estima que no le asiste responsabilidad
patrimonial y extracontractual por la inmovilización ni por la prolongación de la misma
respecto del vehículo del cual la sociedad aquí demandante era tenedora, por cuanto,
de un lado, estuvo justificada la retención al amparo de la exigencia prevista por la
Resolución no. 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes,
que no fue satisfecha en el curso de la investigación penal e implicó que la Fiscalía
General de la Nación desplegara sus facultades para establecer la posible
responsabilidad penal de las personas involucradas y, de otro, porque la entidad
demandante no intervino como interesada en la actuación penal ni coadyuvó las
solicitudes de entrega presentadas por el propietario del tractocamión, pese a que se
trataba de la sociedad que transportaba la sustancia controlada; además, la
demandante a través del medio de control de reparación directa hace ver como
gestiones suyas las realizadas por el propietario.

2) De cara a establecer los elementos para predicar la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación, según los hechos probados descritos anteriormente, la Sala por
razones metodológicas primero analizará lo relacionado con la inmovilización y, luego,
lo atinente a la prolongación de la misma.

3.1 Inmovilización del vehículo

1) En relación con el daño alegado por los demandantes, se encuentra acreditado que
la sociedad aquí demandante era la tenedora (arrendataria mediante contrato de
leasing financiero) del tractocamión de placas STZ 505, el cual fue inmovilizado el 18
de mayo de 2003.

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2) La demandante alega que con la inmovilización del vehículo se vió privada de la
tenencia del automotor y que, en consecuencia, se le deben indemnizar por los
perjuicios ocasionados.

3) Sobre el particular, aunque en el expediente se encuentra demostrado que la
tenedora del vehículo se vio privada de la tenencia del automotor, lo cierto es que dicho
daño no es imputable a la Fiscalía General de la Nación en la medida que i) existieron
razones para inmovilizar el vehículo y, ii) la parte demandante no acudió al proceso
penal para aclarar los hechos motivo de investigación.

3) Si bien en el expediente de la referencia no hay constancia de un pronunciamiento
expreso de la fiscalía en relación con la inmovilización del vehículo, se sabe que este
fue inmovilizado por integrantes de la Policía Nacional y puesto a disposición del ente
investigador luego de encontrar varios kilos de bicarbonato de sodio, que
correspondían a una sustancia controlada y de la cual no se exhibió el respectivo y
necesario certificado de autorización de transporte en la que constara el origen y el
destino de la sustancia.

4) Las autoridades encargadas de ejercer el control frente al transporte de sustancias
restringidas estaban facultadas para requerir “la exhibición de los documentos o la
información que permitieran corroborar el origen y el destino lícitos de las sustancias
sometidas a control especial” y en este caso particular de la carga de bicarbonato de
sodio, toda vez que las versiones ofrecidas por el conductor del automotor fueron
confusas y por el hecho de que se contactó con la supuesta destinataria de la carga,
quien señaló que la misma no le pertenecía, se procedió a la inmovilización del
vehículo de placas STZ-505, en la medida que no se pudo corroborar el destino lícito
de la sustancia.

5) La Sala observa que para el momento de la aprehensión del tractocamión, el
bicarbonato de sodio era una sustancia controlada en todo el departamento de Norte
de Santander de conformidad con lo dispuesto en la Resolución no. 009 de 6 de marzo

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de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes7, por lo cual se exigía
el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para las
actividades de compra, venta, distribución consumo o almacenamiento de esta
sustancia, en determinadas cantidades, realizadas en esta zona.

6) De conformidad con el artículo 23 de la resolución ya citada, las personas que
desarrollaran actividades de compra, venta, distribución, consumo o almacenamiento
de bicarbonato de sodio en una cantidad superior de cinco (5) kilos mensuales
deberían tramitar este documento; igualmente, al tenor de lo previsto por el artículo 33
de la misma resolución, para el traslado de las sustancias sometidas a control especial,
hacia, desde o en tránsito por las zonas determinadas en la misma resolución se debía
portar copia del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, de
acuerdo con cada caso, en la unidad de transporte correspondiente.

7) A su vez se facultó a las autoridades encargadas de ejercer el control, para requerir
la exhibición de los documentos o la información que permitiera corroborar el origen y
el destino lícitos de las sustancias sometidas a control especial; en consecuencia, las
autoridades estaban facultadas para corroborar el destino de la sustancia que se
transportaba en el vehículo por tratarse de una sustancia controlada.

8) La sociedad aquí demandante, pese a ostentar para aquella época la tenencia del
vehículo, no acudió a la investigación con el fin de clarificar la situación, aspecto que
era de vital importancia, máxime si se considera que alega ser la empresa
transportadora que se vió afectada con la inmovilización del vehículo automotor.

9) La demandante, una vez se presentó la inmovilización, debió acudir al proceso con
el propósito de clarificar a las autoridades judiciales el origen y destino de la carga que
era transportada en el vehículo de la cual era propietaria, pues, esta omisión dio lugar

7
La Resolución número 009 del 6 de marzo de 2009 expedida por el Consejo Nacional de
Estupefacientes, “por medio de la cual se subroga la Resolución número 019 de 30 de octubre de 2008”
relacionó en el artículo 1º las actividades sometidas a control especial, entre ellas, compra, venta,
consumo, distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias químicas señaladas en la referida
resolución, en el artículo 4 las sustancias sometidas a control especial, entre ellas el bicarbonato de
sodio y en el artículo 6 enlistó al Departamento de Norte de Santander como uno de los territorios objeto
de control.

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a desatender sus deberes de colaboración con la administración de justicia según lo
expresamente preceptuado en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política.

3.2 Prolongación de la inmovilización

1) La demandante considera que, con independencia de la inmovilización del vehículo,
esta no debía haberse prolongado en el tiempo, aspecto que estima la afectó hasta la
devolución del bien.

2) Sobre el particular, si bien se advierte que el Fiscal Octavo Especializado de Cúcuta
excedió el término de seis (6) meses previsto por el artículo 88 de la Ley 906 de 2004
para la devolución de los bienes y recursos incautados a quien tuviere derecho a
recibirlos cuando no fueren necesarios para la indagación o investigación, esta
circunstancia por sí misma no permite concluir un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, pues, se demostró que durante la indagación surgieron
elementos materiales de prueba que demostraron la falta de certeza frente al destino
lícito de la sustancia incautada, lo cual impedía adoptar una decisión en relación con
las solicitudes de entrega presentadas por el propietario del camión, en especial si se
consideraba que también estuvo en entredicho la actuación del representante legal de
la sociedad aquí demandante; por el contrario se evidencia que en realidad quien
asumió las gestiones encaminadas a obtener la devolución del vehículo en el proceso
penal fue el Banco BBVA en condición de propietario.

3) El ente investigador realizó labores con el propósito de determinar el destino y el
destinatario de la sustancia controlada que se transportaba en el tractocamión y,
durante todo el proceso, la sociedad aquí demandante no se presentó ni al proceso
penal ni intervino en el trámite de extinción de dominio en su condición de tenedora
del bien para coadyuvar la solicitud de entrega y esclarecer los hechos materia de
investigación, tal como le correspondía por tener interés patrimonial en consideración
a la explotación económica que esperaba obtener del bien incautado, por el contrario,
se demuestra que omitió su deber de colaboración consagrado en el numeral 7 del
artículo 95 constitucional, pese a lo cual en esta oportunidad pretende obtener un
provecho de esa conducta pasiva.

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En ese orden, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para negar las
pretensiones de la demanda por carecer de fundamento real válido según lo acreditado
en el proceso y las pruebas legalmente allegadas a la actuación.

4. Conclusión

Ante la falta de demostración del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia y la omisión de la sociedad demandante frente al deber de colaboración
consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política se impone revocar el fallo
apelado, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA8 y el numeral 4 del artículo 365 del
CGP9 se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandante.

Sobre las agencias en derecho, en virtud del artículo 5 del Acuerdo no. PSAA16 10554
del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura10, la tarifa
para los procesos declarativos en segunda instancia oscila entre 1 y 6 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, se fija el valor de nueve (9) salarios mínimos legales
mensuales vigentes11 a la fecha de esta providencia por concepto de agencias en
derecho, a cargo de la parte demandante y en favor de la Fiscalía General de la Nación
debido a que el apoderado de la entidad demandada participó durante la primera
instancia y durante la segunda instancia la entidad estuvo representada por su
apoderado pero no intervino.

8 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
9 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código (…).”
10 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
11 De los cuales corresponden a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes por agencias en

derecho de primera instancia y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponden a
las agencias en derecho de segunda instancia.

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Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia del 17 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, deniéganse las pretensiones de
la demanda.

2º) Condénase en costas de ambas instancias a la demandante y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a nueve (9) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Fiscalía General de
la Nación.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Con aclaración de voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
Con salvamento de voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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