Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04037-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04037-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04037-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de agosto de 2024
Demandantes: Nubia Luceye Galindo López y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04037-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04037-00
Demandantes: NUBIA LUCEYE GALINDO LÓPEZ Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia – declara improcedente – falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Nubia Luceye Galindo López, Karine Veloza Bautista y Ágela
Patricia Hernández Echeverría, actuando mediante apoderada judicial,
presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y el Tribunal Administrativo de Boyacá. Con la solicitud de amparo
pretenden que se les protejan sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, «a la justicia material, y a la tutela
judicial efectiva».
2. La parte actora adjudicó la vulneración de sus garantías constitucionales
a la providencia del 24 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C y a la providencia del 26 de enero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No.3. Las
decisiones controvertidas fueron emitidas en el proceso de reparación de
perjuicios causados a un grupo2, promovido por señora la señora Galindo López
contra el Departamento de Boyacá.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
Proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado 15001-
23-33-000-2022-00540-00/01
1
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Demandantes: Nubia Luceye Galindo López y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
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1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y, en consecuencia, pidió lo siguiente:
Pretensión Principal
1. Se ampare el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, deje
sin valor ni efecto la providencia proferida el (24) de abril de dos mil veinticuatro,
por parte del CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN TERCERA- SUBSECCION
C, dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
bajo el radicado 15001-23-33-000-2022-00540-01, por considerarse que no era
el competente para adoptar dicha determinación con fundamento en lo
dispuesto por la SALA PLENA - SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente:
RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá D. C., once (11) de octubre de dos mil
diecisiete (2017) Radicado: 66001-23-33-000-2015-00431 01 (AG), y en
consecuencia se remita el medio de control a la Sección Cuarta que resuelva lo
correspondiente frente el recurso de apelación interpuesto en contra de la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No. 3 mediante auto del 26 de enero de 2023
Pretensión Subsidiaria
2. Se ampare los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los miembros del grupo y, en consecuencia, deje
sin valor ni efecto la providencia proferida el (24) de abril de dos mil veinticuatro,
por parte del CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA- SUBSECCION
C, dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
bajo el radicado 15001- 23-33-000-2022-00540-01, por considerar que se
incurrió en un defecto sustantivo, violación a la constitución y al precedente
judicial, toda vez que sí existe una causa común, y en consecuencia se ordene
a esta última que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación
de la providencia, dicte decisión de reemplazo, en la que se tenga en cuenta lo
previsto en el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 y en su lugar, se profiera auto
que revoca auto del 26 de enero de 2023, emitido por el Tribunal Contencioso
administrativo de Boyacá admitiéndose el medio de control de reparación de
perjuicios a un grupo y ordenándose dar trámite al proceso No
1500123330002022005400 en sede de primera instancia.
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
4. La señora Galindo López promovió el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo contra el Departamento de Boyacá. La demanda
tenía como finalidad que se declarara la nulidad de la Resolución No. 00000188
de 01 de octubre de 2020 que negó la devolución del pago de lo no debido por
concepto de la estampilla Pro-Seguridad Social y la Resolución No. 00000125 de
17 de mayo de 2022 que confirmó la anterior decisión. Lo anterior con fin de que
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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
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el Departamento de Boyacá reintegre o restituya a las personas jurídicas y
naturales las sumas que se pagaron por concepto de Estampilla Pro-Seguridad
Social, desde el 31 de agosto del año 20153 en adelante.
5. El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 3. Dicha autoridad judicial, mediante providencia
del 26 de enero de 2023, rechazó la demanda al considerar que el medio de
control invocado no era el idóneo para reclamar los perjuicios causados por un
acto administrativo de carácter individual.
6. Contra la anterior decisión la señora Galindo López interpuso recurso de
apelación, mecanismo que se tramitó en la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado. Sin embargo, a juicio de la actora, el expediente fue repartido
a la sección equivocada, razón por la cual solicitó que el proceso fuera remitido
a la Sección Cuarta de esta corporación. Lo anterior, con fundamento en un auto
de unificación proferido por la sección accionada4.
7. No obstante, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
mediante providencia de 24 de abril de 2024, revocó la decisión de primera
instancia para que el tribual «evalúe la procedencia de adecuar el medio de
control al que resulte procedente y adopte la decisión correspondiente».
1.4. Sustento de la vulneración
8. A juicio de la parte actora, la Sección Tercera, Subsección C de esta
corporación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al proferir
una decisión que no está dentro de la materia de su competencia. Indicó que
desconoció lo dispuesto en «auto de unificación emitido por el Consejo de Estado
Sala De Lo Contencioso Administrativo Sala Plena - Sección Tercera Consejero
Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá D. C., once (11) de octubre de
dos mil diecisiete (2017) Radicado: 66001-23-33-000-2015-00431 01».
9. Insistió en que el proceso debe ser tramitado por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en razón a que la controversia es de carácter tributario. En
ese sentido, sostuvo que:
i) La Sección Tercera de esta corporación no tiene competencia para decidir
de fondo el proceso, en razón al criterio de especialidad con el que están
dotadas las Salas, Secciones y Subsecciones del máximo tribunal de lo
contencioso administrativo. Resaltó que la Sección Cuarta es quien debe
conocer del asunto en cuestión.
3 Mediante solicitud radicada bajo el No E-2020-0053240-VU de fecha 31 de agosto de 2020,
presentada ante la Gobernación de Boyacá, por la señora NUBIA LUCEYE GALINDO LÓPEZ,
identificada con C.C No 39´779.780 de Usaquén, reclama ante la entidad la devolución de la
estampilla pro seguridad social, alegando la causal “pago de lo no debido”.
4 Auto de unificación del Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sala Plena -
Sección Tercera, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero Bogotá D. C., once (11) de octubre
de dos mil diecisiete (2017) Radicado: 66001-23-33-000-2015-00431 01.)
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ii) Las autoridades accionadas incurrieron en un defecto sustantivo al omitir
la aplicación del inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011
que autoriza el ejercicio del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo contra actos administrativos de carácter
particular, mixtos o generales. Además, indicó que no existe una norma
que prohíba hacer uso de ese medio de control, por los perjuicios
ocasionados a un grupo en materia tributaria.
iii) La providencia reprochada violó de manera directa la constitución por
desconocer el artículo 53 de la carta política que determino que, en caso
de duda interpretativa sobre la procedencia del medio de control, debe
resolverse a favor del demandante. Asimismo, transgredió el principio de
confianza legítima por desconocer las normas que habilitan ejercer la
acción de grupo en casos como el suyo.
iv) La decisión cuestionada desconoció el precedente judicial. Lo anterior
razón a que no tomó en consideración que la sentencia C-407 de 2021
proferida por la Corte Constitucional, precisó que es posible ejercer el
medio de control de perjuicios causados a un grupo cuando se requiera la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, con la
finalidad de declarar la responsabilidad de quien los profirió.
1.5. Trámite de la acción
10. Por auto de 6 de agosto de 2024, se admitió la acción constitucional de la
referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Asimismo, se vincularon como terceros al Departamento de Boyacá y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
11. De otro lado, se le ordenó a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado y al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar constancia de la admisión
de la presente acción de tutela, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 15001-23-33-000-2022-
00540-00/01.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá
12. El magistrado ponente informó que, en atención a lo pretendido por la parte
actora, no encuentra razón alguna para pronunciarse dentro del trámite de
referencia.
1.6.2. Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado
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13. El consejero de Estado ponente informó que mediante providencia de 24
de abril de 2024 la Sala revocó el auto de 26 de enero de 2023, proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que rechazó la demanda y, en su lugar,
devolvió el expediente a la primera instancia para que evaluara si procedía
adecuar el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
14. En relación al reparo por defecto orgánico expuesto por las accionantes al
afirmar que el recurso de apelación debió conocerlo la Sección Cuarta del
Consejo de Estado por tratarse de un asunto tributario. Advirtió que por
disposición del artículo 150 CPACA, reformado por la Ley 2080 de 2021, el
Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones contra los
autos de los Tribunales Administrativos, de modo que no se configuró
irregularidad alguna. En este sentido, el recurso de alzada contra la decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá proferida el 26 de enero de 2023 lo conoció el
superior jerárquico, es decir, el Consejo de Estado.
15. A su vez, señaló que el Acuerdo 080 de 20195, en el artículo 13, numeral
12, asignó a dicha Sección el conocimiento de las acciones de grupo de
competencia de la Corporación. De modo que sobre este aspecto tampoco está
llamado a prosperar el reproche por defecto orgánico6.
16. Indicó que, en materia tributaria existen procedimientos previos para
recuperar tanto el pago de lo no debido como el pago en exceso, previstos en el
artículo 850 del Estatuto Tributario, en el Decreto 1000 de 1997 y su decreto
derogatorio 2277 de 2012 y demás normas concordantes, aplicables por la
Administración Tributaria Territorial según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley
788 de 20024.
17. En virtud de lo expuesto anteriormente, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela en lo referente al auto del 24 de abril de 2024.
1.6.3 Departamento de Boyacá
18. La apodera del departamento de Boyacá manifestó que esa entidad no
incurrió en acciones u omisión que dieran lugar a la vulneración de algún derecho
fundamental. Resalta que las pretensiones elevadas no guardan relación alguna
5
Reglamento interno del Consejo de Estado.
6
«La demandante sostiene que, con base en el auto rad. 66001-23-33-000-2015-00431 01 del
11 de octubre de 2017, proferido por el pleno de la Sección Tercera, se dispuso la remisión de
asuntos de acción de grupo a las secciones especializadas según la materia. Si bien en la referida
decisión se adoptó el criterio de remitir una controversia laboral a la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de tal determinación no es posible derivar las consecuencias que pretende
el escrito de tutela, porque: (i) como se advierte en la parte resolutiva del auto del 11 de octubre
de 2017, en esa decisión no se adoptó unificación alguna, de modo que esa providencia no tiene
el carácter de decisión de unificación en los términos del artículo 270 CPACA. (ii) La cuestión
decidida en el auto del 11 de octubre de 2017 no tiene relación alguna con la presente
controversia, pues allí se abordó la reclamación masiva contra actos administrativos que
resolvieron sobre el reconocimiento de prestaciones sociales a miembros del magisterio. (iii) El
auto del 11 de octubre de 2017 no supuso una modificación del reglamento interno del Consejo
de Estado, de hecho esa providencia fue anterior al Acuerdo 080 de 2019».
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con la Gobernación de Boyacá y, en consecuencia, considera que carece de
competencia para lograr los fines pretendidos en el caso de referencia.
19. Solicitó que se desvinculara al Departamento de Boyacá por existir una
falta de legitimación en la causa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de Boyacá. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
21. La Sala aclara que, si bien se cuestionan las providencias de 26 de enero
de 2023 y 24 de abril de 2024, en caso de que se superen los requisitos
especiales de procedibilidad, el estudio se centrará en la segunda de las
decisiones, por ser la que resolvió el recurso de apelación. En ese sentido,
corresponde a la que culminó el debate que se pretende cuestionar por esta vía.
2.3. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
23. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la señora Galindo
López conformó el extremo demandante en el medio de control de reparación de
perjuicios causado a un grupo en el que se profirió la providencia aquí
cuestionada. Por tanto, goza de legitimación en la causa por activa.
24. Asimismo, la Sala advierte que si bien la señora Karine Veloza Bautista y
Ángela Patricia Hernandez no conformaron el extremo demandante del medio de
control identificado con el radicado15001-23-33-000-2022-00540-00, si lo hacen
en el escrito de tutela presentando ante esta corporación, en este sentido también
gozan de legitimación en la causa por activa para el caso objeto de estudio en
esta providencia.
25. Por otro lado, la Sala estima que la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Boyacá están legitimados en
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la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las autoridades judiciales que dictaron
las providencias objeto de reproche mediante esta acción de tutela.
2.4. Problema jurídico
26. Teniendo en cuenta la naturaleza de acción ejercida y el acto jurídico sobre
el que recae, así como la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
27. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
parte actora al proferir el auto de 24 de abril de 2024, y en ese sentido, incurrió
en un defecto sustantivo, violación directa a la constitución y desconocimiento del
precedente judicial por presuntamente carecer de competencia para conocer del
proceso?
28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
30. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.
31. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
32. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
10. Valga señalar que allí se adoptó de manera expresa la postura de la Corte Constitucional
establecida en la sentencia C-590 de 2005 en relación con la procedencia de la acción en contra
providencia judicial, de manera que, por esa vía se asegure la interpretación y aplicación del
contenido de los derechos fundamentales por parte de todos los jueces de la república. Sobre el
punto, véase: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05
de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
33. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
34. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.
2.6. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
35. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional13.
36. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó
que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022,
los cuales fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos
presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandantes: Nubia Luceye Galindo López y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04037-00
37. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
38. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
39. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
40. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto
41. Como se expuso en precedencia, la vulneración alegada por la parte
actora se concretó con la providencia del 24 de abril de 2024, mediante la cual,
se revocó la decisión de primera instancia con el fin de que se evaluara si era
procedente la readecuación del medio de control.
42. La parte actora insistió en que la Sección Tercera no era la competente
para tramitar el asunto que se ventila al interior del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo con radicado 15001-23-33-000-2022-00540-
00, por tratarse de una controversia de carácter tributario. Explicó que se
desconoció lo dispuesto en el auto de unificación emitido por esta corporación
identificado en el número 66001-23-33-000-2015-00431 01 que dispuso la
remisión de asuntos de acción de grupo a las secciones especializadas según la
materia. En ese sentido, indicó que la Sección Cuarta de este organismo
colegiado era la competente para tramitar el asunto en cuestión.
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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04037-00
43. Para la Sala, el asunto que pretende someter a debate del juez
constitucional las accionantes carece de relevancia constitucional por las razones
que pasan a exponerse.
44. Se comienza por resaltar que la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado expuso ampliamente las razones por las que consideraba que
tenía competencia para tramitar el asunto de referencia. En este sentido, la
distribución de materias entre las diferentes secciones de esta corporación es un
asunto de distribución de tareas que no afecta la competencia de la corporación.
Por tanto, para la Sala lo alegado por la actora no tiene transcendencia
constitucional.
45. Ahora bien, en relación con el argumento de la parte actora relacionado
con el desconocimiento del inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de
2011, la Sala advierte que dicha discusión fue zanjada en el proceso ordinario de
la referencia. Lo anterior en razón a que el auto proferido por la Sección Tercera
el 24 de abril de 2024, revocó la decisión de primera instancia con el fin de que
la demanda interpuesta por la actora sea adecuada al medio de control
correspondiente. En este sentido, la adecuación del medio de control no impide
el acceso a la administración de justicia y es un asunto de mera legalidad pues
los diferentes tipos de procesos mediante los cuales se puede acceder a la
administración de justicia es un tema de mera legalidad.
46. Frente al reproche relacionado con el desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Sección Tercera precisó que no se
encuentra configurado, toda vez que el auto del 24 de abril de 2024 no se opone
a lo referido por el alto tribunal. Por el contrario, en dicha providencia se advierte
que la acción de grupo resulta improcedente a efectos de reclamar la devolución
de pagos tributarios. En este sentido, lo pretendido por la actora es más una
inconformidad con la interpretación realizada por la autoridad accionada de la
sentencia que se considera desconocida, que un argumento con la carga
argumentativa suficiente que permita estudiar de fondo el cargo de
desconocimiento del recedente judicial.
47. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de
garantías de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con
carga constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada.
48. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional dado que no
existe una carga mínima argumentativa que controvierta la providencia de 24 de
abril de 2024. Lo anterior, se reitera, porque los cargos de esta tutela se dirigen
a cuestionar por qué una Sección del Consejo de Estado está tramitando un
asunto cuya competencia tiene legalmente asignada otra sección, lo anterior por
confundir esta figura con las reglas de reparto fijadas en el reglamento interno del
cuerpo colegiado.
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49. Por lo expuesto anteriormente, la sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Departamento de Boyacá.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la
parte accionante contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo de Boyacá.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento Parcial de Voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclaración de Voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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