Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04040-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04040-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04040-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
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En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
principio de favorabilidad, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA al haber proferido la providencia de 8 de
febrero de 2024, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 47001-23-33-000-2014-00156-02.
I.2.- Hechos
Afirmó que laboró al servicio del MUNICIPIO DE SANTA ANA
(MAGDALENA)2 como docente durante los años 1976 a 1985 y 1990
a 2002, vinculada mediante órdenes de prestación de servicios.
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En adelante el Municipio.
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
Adujo que mientras trabajó al servicio del MUNICIPIO prestó sus
servicios en escuelas rurales mixtas de los sectores denominados
“Barro Blanco, Nueva Esparta, Las Flores, Germania y Boston”,
desempeñando las funciones recomendadas, cumpliendo el horario
establecido bajo la subordinación del rector y recibiendo una
contraprestación.
Sostuvo que presentó solicitud de reconocimiento de la relación
laboral y el pago de las respectivas prestaciones sociales ante el
MUNICIPIO que, a través de oficio -sin número- notificado a su
correo electrónico el 13 de enero de 2021, denegó la solicitud.
Manifestó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra del MUNICIPIO, proceso que fue identificado con el
número único de radicación 47001-23-33-000-2014-00156-02 y le
correspondió en primera instancia al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA3 que, mediante sentencia de
10 de mayo de 2017, denegó las pretensiones de la demanda.
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En adelante el Tribunal.
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
Refirió que interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 8 de febrero de
2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la nulidad
del acto administrativo que negó el reconocimiento de la existencia
de la relación laboral y, en consecuencia, ordenó al MUNICIPIO
tomar durante el tiempo comprendido entre el 1o. de febrero de 1990
y el 30 de noviembre de 2002, salvo sus interrupciones, el ingreso
base de cotización (IBC) pensional y cotizar al respectivo fondo de
pensiones, la suma correspondiente por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Asimismo, denegó las pretensiones relacionadas con el pago de las
prestaciones derivadas de la relación laboral al considerar que había
operado la prescripción extintiva del derecho.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución.
Manifestó que la autoridad judicial profirió la decisión sin motivación,
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
por cuanto no tuvo en cuenta que el precedente jurisprudencial que
aplicó en la resolución del problema jurídico, es posterior a la
reclamación administrativa y judicial de sus derechos, además, infirió
que “[…] no entra en gracia de discusión que, en el procedimiento
administrativo se permita la declaración oficiosa de la prescripción
referente a cualquier tipo de pretensiones, pero al ser las
pretensiones de índole laboral, el juez administrativo debe ir más allá
y motivar el por qué no se vulneran estos principios y derechos de
rango constitucional […]”.
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial y sus derechos
fundamentales fueron vulnerados en la medida en que, la sentencia
de unificación de 25 de agosto de 2016 es posterior a la reclamación
administrativa de las acreencias laborales, razón por la que, a su
juicio, se debió observar el precedente jurisprudencial relacionado
con la imprescriptibilidad del contrato realidad, vigente al momento
en que presentó la demanda ante la juez administrativo.
Adujo que la providencia judicial cuestionada, también incurrió en
violación directa de la Constitución, toda vez que se aplicó la norma
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menos favorable a sus pretensiones laborales, vulnerándose así sus
garantías constitucionales a la igualdad y al principio de favorabilidad
en materia laboral.
Finalmente, sostuvo que “[…] mi única esperanza para una
protección efectiva de mis derechos laborales fundamentales es que,
se me reconozca el pago de mis prestaciones sociales que pretenden
declarar prescritas de oficio, sin justificación constitucional, legal y
jurisprudencial, entendiendo que por tener más de 70 años, se me
hace imposible seguir laborando para completar el tiempo requerido
para pensionarme y mi única esperanza son estos periodos que se
me reconocen en la sentencia de segunda instancia […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia:
“[…] 1.1. TUTELAR; los derechos fundamentales al PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD EN MATERIA
LABORAL E IGUALDAD por decisión sin motivación o
motivación deficiente, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la constitución.
1.2. DECLARAR; que la sentencia dictada por el SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, SALA DE LO CONTENCIOSO-
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ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, el ocho (8) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024), violó los artículos 53 y
13 de la Constitución Política de Colombia.
1.3. ORDENAR; a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, SALA
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE
ESTADO, que expida la sentencia que en derecho corresponda,
respetando los principios y derechos fundamentales de índole
laboral y de rango constitucional, conforme al precedente
jurisprudencial aplicable al caso en concreto […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó denegar el amparo
deprecado, en razón a que en la providencia cuestionada no se
incurrió en vulneración de algún derecho fundamental de la parte
actora, pues el problema jurídico fue resuelto de conformidad a la
regla de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016, que
determinó la aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, pues “[…] la exigibilidad de los derechos que
de su declaratoria se derivan depende necesariamente de la
definición que en la sentencia se haga sobre la relación laboral y por
ende, es en ese momento y no antes, pues obedece a la prosperidad
o no de las pretensiones, que se estudia el fenómeno extintivo de los
derechos reclamados […]”.
Afirmó que no hay lugar a considerar la vulneración de derecho
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fundamental alguno y, por el contrario, que las pretensiones
formuladas en la solicitud de amparo ya fueron consideradas y
controvertidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho aquí cuestionado.
En esa medida, recalcó que la acción de tutela resulta improcedente,
ya que está encaminada a promover un nuevo debate jurídico como
si se tratara de una tercera instancia.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL desarrolló un resumen de las actuaciones
adelantadas en primera instancia y, posteriormente, precisó que los
argumentos presentados en la solicitud de amparo constituyen una
inconformidad de la actora con la decisión proferida en segunda
instancia.
Aseveró que dicha Corporación no ha sido identificada como la
autoridad que vulneró los derechos fundamentales sobre los que
versa la acción, por lo que solicitó su desvinculación del presente
mecanismo constitucional.
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I.6.2.- El MUNICIPIO vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida
forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
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La Sala advierte que el TRIBUNAL formuló petición de
desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el TRIBUNAL fue la autoridad judicial que conoció
en primera instancia el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 47001-23-33-000-2014-00156-02, objeto del presente
estudio, la Sala concluye que a dicha a Corporación, en calidad de
tercera, le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de
la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de
desvinculación como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
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derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
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que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efectos la sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por
la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2014-00156-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al principio de
favorabilidad, habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad
judicial incurrió en decisión sin motivación y desconocimiento del
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precedente jurisprudencial, en la medida en que no debió aplicarse
la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, por cuanto dicho
criterio jurisprudencial es posterior a la reclamación administrativa
de las acreencias laborales, razón por la que se debió observar el
precedente jurisprudencial relacionado con la imprescriptibilidad del
contrato realidad, vigente al momento en que presentó la demanda
ante la juez administrativo.
Igualmente, adujo que la providencia judicial cuestionada, incurrió
en violación directa de la Constitución, ya que, a su juicio, con la
aplicación de la norma menos favorable a sus pretensiones laborales,
se le vulneraron las garantías constitucionales a la igualdad y el
principio de favorabilidad en materia laboral.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la actora respecto de los defectos alegados implica la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del
cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada realizó una defectuosa interpretación y aplicación
del precedente jurisprudencial relacionado con la imprescriptibilidad
de las acreencias laborales en asuntos relacionados con la
declaratoria de un contrato realidad.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la
SECCIÓN SEGUNDA, así:
“[…] 2.1. Los problemas jurídicos
Consisten en determinar lo siguiente: ¿existió una relación laboral
entre Ana Eleuteria Oliveros Carpio y el municipio de Santa Ana
(Magdalena)? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales
encubiertas
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector
público, así: […]
Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos
de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se
podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad
para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de
personas naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el
propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores
especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que
la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de
prestación social.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con
personal de planta o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral
ni prestaciones sociales», contenidas en el citado numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio de tal
potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación
laboral personal subordinada y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la
Constitución Política que dispone, frente a los principios mínimos
fundamentales en materia laboral, entre otros, el de la primacía de la
realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma: […]
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios
internacionales debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)12
que previó una garantía al derecho a la igualdad a través del principio
de «salario igual por un trabajo de igual valor». En igual sentido
el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este
Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una
política nacional que promueva los métodos adecuados a las
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condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades
y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto». […]
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el
ordenamiento colombiano. En particular, el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo señala los elementos esenciales del contrato
de trabajo de la siguiente manera: […]
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo,
se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón
del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se
le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que
se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando
se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la
carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre
cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través
de un contrato de prestación de servicios.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
de unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de
servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de
prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende
por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica
cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios
personales remunerados, propios de la actividad misional de la
entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo,
bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que
desbordan las necesidades de coordinación respecto de
verdaderos contratistas autónomos, para configurar
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales16». (Resalta la Sala).
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que
se acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación
de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la
remuneración y, en especial, la subordinación y dependencia del
trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de
una relación laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la referida sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a
partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar
los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue
el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella,
pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede
soportar el Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados
por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y
otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos
habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia
del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá
al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual,
que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en
cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los
trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos
de prestación de servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera
respecto de los aportes para pensión, en consideración a la condición
periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal,
esto es, que solo es posible ejecutarlo por el término indispensable
para el cumplimiento de la labor contratada. […]
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. En torno a la acreditación de la prestación personal del
servicio
El a quo negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre Ana Eleuteria Oliveros Carpio y el municipio de Santa
Ana (Magdalena) con fundamento en que al plenario no se aportaron
órdenes o contratos de prestación de servicios que acrediten el vínculo
que presuntamente existió entre las partes; empero, la demandante
reprochó en el recurso de apelación que se restara valor a la
certificación aportada.
Sobre el particular, esta Sala encuentra que la consideración expuesta
por el tribunal es producto de una valoración probatoria basada en la
tarifa legal, a partir de la cual se señala a cada medio probatorio el
grado de convicción que representa y descarta aquellos que no
constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Con todo, esas
restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con
el cual se cuenta y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, han hecho uso las partes. […]
De manera que, para esta Subsección, el documento aludido tiene el
valor suficiente para demostrar la prestación del servicio; sin
embargo, la Sala analizará a continuación cuáles fueron los extremos
temporales de esa relación, en consideración a las pruebas que fueron
debidamente incorporadas en segunda instancia.
En el asunto que se analiza, la Sala encuentra que el certificado
expedido por el alcalde y el director de núcleo de desarrollo educativo
del municipio de Santa Ana (Magdalena), según el cual Ana Eleuteria
Oliveros Carpio prestó sus servicios como docente a través de
contratos y órdenes de prestación de servicios, goza de la presunción
de autenticidad a la que alude el artículo 244 del CGP29, por tratarse
de un documento emitido por un servidor público competente. En igual
sentido lo dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 201230 al
eliminar la exigencia de autenticar los documentos producidos por las
autoridades públicas. Además, no fue tachado de falso por la entidad
que contestó la demanda, esto es, no fue cuestionado en su contenido
ni autenticidad. Por el contrario, la entidad reconoció que la
demandante prestó sus servicios «en esos años» y solo señaló como
falso que hubiese laborado «todo el año lectivo» pues de esa
certificación se observaba que prestaba sus servicios de enero a
noviembre de cada año.
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
Si bien en la certificación aludida señala que Ana Eleuteria Oliveros
Carpio prestó sus servicios como docente «en la modalidad» de
contratos y órdenes de prestación de servicios desde el 1° de febrero
de 1976 hasta el 30 de noviembre de 2002 con algunas interrupciones,
a las que se aludirá más adelante, lo cierto es que, de acuerdo con los
documentos aportados por la demandante, ella se vinculó mediante
actos de nombramiento y posesión como docente entre los años 1977
y 1986.
En efecto, obran las actas de posesión de los años 1981, 1982 y 1986,
según las cuales la demandante juramentó cumplir bien y fielmente
los deberes del cargo de auxiliar de educación y respetar la
Constitución y las leyes; presentó los documentos a través de los
cuales acreditó el cumplimiento de los requisitos para el desempeño
del empleo; e hizo constar que recibiría un «sueldo mensual».
Asimismo, el alcalde, el tesorero municipal y la supervisora de
primaria del municipio demandado, el 27 de octubre de 1980
certificaron que Ana Eleuteria Oliveros Carpio se encontraba prestando
sus servicios como auxiliar de educación primaria en el corregimiento
Barroblanco desde el 2 de marzo de 1977, nombrada a través del
Decreto 08 del 2 de marzo de ese año, y que acumulaba 3 años y 7
meses de servicio.
Así las cosas, la valoración probatoria lleva a la Sala a establecer que
el tiempo de servicios prestado a través de la modalidad contractual
fue desde el 1° de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de
2002, pues considerar lo contrario implicaría desconocer la realidad
que las pruebas aportadas evidenciaron, esto es, que la demandante
se vinculó a través de una relación legal y reglamentaria con la entidad
hasta el año 1986, de manera que considerar lapsos anteriores para
efectos del reconocimiento de una relación laboral y el consecuente
pago de las prestaciones adeudadas llevaría a vulnerar la prohibición
prevista en el artículo 128 Constitucional sobre recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, pues se advierte que
como servidora de la planta de personal de la entidad, recibió los
emolumentos que ahora reclama.
2.3.2.2. Remuneración
Este requisito se encuentra acreditado, toda vez que Ana Eleuteria
Oliveros Carpio y el municipio de Santa Ana (Magdalena) pactaron
unas sumas de dinero como contraprestación por los servicios
prestados, esto es en las cláusulas contractuales se señaló un valor y
una forma de pago, lo que permite inferir (pues no se alegó lo
contrario) que aquella percibió unas sumas de dinero por el trabajo
cumplido. Lo anterior, ha sido entendido por la jurisprudencia como la
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).
2.3.2.3. Continuada subordinación o dependencia
En este punto, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por
la demandante como docente o auxiliar de educación no se realizaron
de forma autónoma e independiente, sino que esta estuvo sujeta a
horarios y órdenes, propias de la naturaleza de una relación
subordinada pues atienden al control de un superior para llevar a cabo
la ejecución de los contratos. Esto es que existe una sujeción de
aquella hacia la entidad accionada y, en tal sentido, esta contaba en
todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, quien a
su vez tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia
el ejercicio del ius variandi por parte del municipio.
La Sala llega a la anterior conclusión pues advierte que en efecto el
empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.
Esto, luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos
entre los extremos procesales, en los que se aprecian actividades que
exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, pues
debía, entre otros, «prestar sus servicios acordes a la jornada que le
correspondía en forma semanal e interrumpidamente (sic), por
periodos mensuales». […]
Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la
prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la
demandante, pues contrario a lo solicitado en la apelación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, el juez debe
pronunciarse sobre «todas las excepciones de fondo, propuestas o
no» y lo cierto es que la prescripción tiene la connotación de ser una
excepción previa y de mérito a la vez, toda vez que con ella «se busca
controvertir la existencia y el alcance del derecho reclamado por el
demandante, por lo que tiene la virtud de enervar la pretensión»36;
lo cual cobra mayor importancia cuando se pretende la aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, pues la
exigibilidad de los derechos que de su declaratoria se derivan depende
necesariamente de la definición que en la sentencia se haga sobre la
relación laboral y por ende, es en ese momento y no antes, pues
obedece a la prosperidad o no de las pretensiones, que se estudia el
fenómeno extintivo de los derechos reclamados. […]
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la
relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las
prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de
su vínculo contractual»39.
En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la
solicitud del reconocimiento fue presentada el 17 de diciembre de
2013, se establece que acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción, pues transcurrió un lapso superior a tres años para
solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral
y el consecuente pago de las prestaciones, toda vez que la relación
culminó el 30 de noviembre de 2002.
Pese a lo anotado, en atención a que los aportes al sistema de
seguridad social inciden en el derecho pensional, que es
imprescriptible, el municipio deberá tomar (durante el tiempo
comprendido entre el 1° de febrero de 1990 y el 30 de noviembre de
2002, salvo sus interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma por concepto de
aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. […]
3. Conclusión
Con fundamento en los elementos de juicio expuestos, la Sala
encuentra que las pruebas aportadas al proceso tienen el valor
suficiente para demostrar la existencia de una relación laboral
encubierta, razón por la cual se revocará la sentencia apelada y, en
su lugar, i) se declarará la nulidad del acto demandado; ii) se ordenará
al ente territorial accionado tomar (durante el tiempo comprendido
entre el 1° de febrero de 1990 y el 30 de noviembre de 2002, salvo
sus interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma correspondiente por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador; y iii) se negarán las demás pretensiones de la demanda
por haber operado el fenómeno de la prescripción extintiva del
derecho […]”. (Negrilla pertenece al texto).
En el caso bajo examen, la Sala observa que en la sentencia
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Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
cuestionada la SECCCIÓN SEGUNDA hizo una relación y análisis de
las pruebas que obraban en el expediente, para concluir que
efectivamente existió una relación laboral entre las partes durante el
período que la actora prestó personalmente sus servicios como
auxiliar de educación primaria, esto es, entre el 1o. de febrero de
1990 hasta el 30 de noviembre de 2002.
Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la sentencia cuestionada
la SECCIÓN SEGUNDA realizó un análisis de la situación fáctica y
jurídica dispuesta para el asunto, del que infirió: i) la existencia del
elemento de la subordinación, por cuanto las funciones
desempeñadas se ejecutaron en cumplimiento del horario y las
ordenes impartidas por el superior a cargo y, ii) la remuneración, por
cuanto entre la actora y el Municipio de Santa Ana, se pactaron unas
sumas de dinero como contraprestación de los servicios personales
prestados.
Asimismo, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA al estudiar
la prescripción de las prestaciones sociales evidenció que la actora
presentó la reclamación de las acreencias laborales hasta el 17 de
diciembre de 2013, por lo tanto, concluyó que había operado la
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prescripción extintiva, pues había trascurrido un lapso superior a tres
años para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la
relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones laborales
que de acuerdo a los hechos probados culminó el 30 de noviembre
de 2002.
Igualmente, la autoridad judicial accionada precisó que en atención
a que los aportes al sistema de Seguridad Social inciden en el derecho
pensional, que es de carácter imprescriptible, la entidad territorial
demandada debía efectuar las cotizaciones pensionales que
correspondieran tomando el período para el cual se declaró la
existencia del contrato realidad, esto es, entre el 1o. de febrero de
1990 y el 30 de noviembre de 2002, exceptuando las
interrupciones.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de
la referencia es improcedente por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, porque a través de esta la actora lo
que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso
ordinario, trayendo argumentos que ya fueron suficientemente
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debatidos por los jueces naturales del litigio, sin que en todo caso se
vislumbre que la autoridad judicial accionada hubiera actuado de
forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio
de la autonomía judicial.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga un nuevo análisis jurídico de las normas y reglas
jurisprudenciales aplicables al asunto, con la finalidad de que se haga
una corrección del análisis que hizo la autoridad judicial accionada y
se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de
amparo constitucional fuera una instancia o recurso adicional a los
previstos en el trámite ordinario.
De otra parte, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del precedente jurisprudencial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, porque la actora se
limitó a mencionar la indebida interpretación y aplicación de la
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, sin precisar el
precedente jurisprudencial que a su juicio le era aplicable a la
situación fáctica y jurídica propuesta y, la relación que pudiese existir
entre lo resuelto en otras oportunidades y la controversia del
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presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala14 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”.(Resaltado fuera del texto).
Asimismo, cabe resaltar que tampoco es de recibo el argumento de
la actora relativo a que no se debía aplicar en su caso la sentencia
de unificación de 25 de agosto de 2016 por ser posterior a la fecha
en la presentó la reclamación administrativa, habida cuenta que es
claro para esta Sala que el hecho de que la SECCIÓN SEGUNDA
haya aplicado el precedente aludido, al contener las reglas
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
jurisprudenciales del tema vigentes para el momento en que fue
proferida la decisión cuestionada, tampoco constituye defecto alguno
porque al no contener modulación de sus efectos, la providencia
mencionada era aplicable a los casos pendientes de resolver.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
36
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04040-00
Actora: ANA ELEUTERIA OLIVEROS CARPIO
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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