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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00156-02

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00156-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 10 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Ana Eleuteria Oliveros Carpio contra el municipio de Santa Ana (Magdalena), conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad del oficio expedido por el alcalde del municipio de Santa Ana (Magdalena) en cuanto le negó a la demandante el reconocimiento de la existencia de una relación laboral. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Santa Ana (Magdalena) tomar (durante el tiempo comprendido 1° de febrero de 1990 y el 30 de noviembre de 2002, salvo sus interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma correspondiente por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Ana Eleuteria Oliveros Carpio deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, en armonía con lo expuesto en la parte motiva. Cuarto. Ordenar al municipio de Santa Ana (Magdalena) que realice la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Quinto. Ordenar al municipio de Santa Ana (Magdalena) que dé cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. 28 Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017) Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda por haber operado el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2014-00156-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio
Demandado: Municipio de Santa Ana

Tema: Relación laboral encubierta. Prueba de la prestación personal del
servicio

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 10 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Ana Eleuteria Oliveros Carpio presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1, en
orden a que se declarara la nulidad del oficio sin fecha, pero recibido por correo
electrónico el 13 de enero de 20142, por medio del cual el alcalde de Santa Ana
(Magdalena) le negó el reconocimiento de unas prestaciones sociales producto de
su vinculación como docente a través de contratos y órdenes de prestación de
servicios.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se ordenara a la demandada pagar un valor equivalente que por prestaciones
sociales hubiere tenido derecho como docente vinculada a la entidad, liquidado con
base en los honorarios pactados; ii) se le regresaran los dineros cotizados por salud
y pensión y que estos últimos fueran trasladados a su fondo de pensiones; iii) se
pagaran los dineros equivalentes al valor de los subsidios que entregan las cajas de

1 En adelante CPACA.
2 Tal y como se advierte a folio 45.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

compensación a que hubiese tenido derecho como empleada o docente vinculada;
iv) se ajustaran las sumas reconocidas con base en el índice de precios al
consumidor; y v) se diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Ana Eleuteria Oliveros Carpio se desempeñó como docente nombrada por la
Alcaldía de Santa Ana a través de órdenes de prestación de servicios en diferentes
establecimientos educativos desde 1976 hasta 1985 y de 1990 a 2002, en particular,
prestó sus servicios en las escuelas rurales mixtas de Barro Blanco, Nueva Esparta,
Las Flores, Germania y de Boston. En desarrollo del objeto contractual cumplió con
todas las funciones que le fueron encomendadas, en el horario establecido y bajo
subordinación del correspondiente rector; además, atendió el proyecto educativo
institucional, igual que un docente vinculado a la planta de la entidad, pero con una
remuneración disfrazada de honorarios.

• El municipio de Santa Ana no le pagó las prestaciones sociales que hubiere podido
recibir, por los tiempos laborados como docente al servicio educativo bajo la
modalidad de órdenes de prestación de servicios. Por lo anterior, solicitó al ente
territorial el pago de las sumas de dinero adeudadas; empero, este negó tal solicitud
a través del acto demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el artículo 53 de la Constitución Política; y las leyes 23 de
1991, 60 de 1993, 115 de 1994, 446 de 1998, 640 de 2001, 715 de 2001, 1285 de
2009, 1437 de 2011 y 1564 de 2012.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

• La subordinación y la dependencia se encuentran insertas en la labor que
desarrollan las personas vinculadas como docentes a través de órdenes de
prestación de servicios. Estas situaciones se contraponen con la naturaleza del
contrato de prestación de servicio, pues ejercen la labor bajo iguales condiciones
que los educadores oficiales, es decir, que son consustanciales al ejercicio de la
docencia.

3 Folios 3 a 12.

2

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Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

• Se vulneró su derecho a la igualdad frente a los demás docentes, razón por la cual
se le debe reconocer el conjunto de prestaciones generadas con ocasión del
servicio y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales.

• No aplica el fenómeno de la prescripción que dispone el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, pues es a partir de la decisión judicial que se desestiman los
elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios y, en consecuencia,
es en tal momento en que se exige la reclamación de los derechos laborales, todo
en vigencia del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Santa Ana se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento los siguientes argumentos4:

• La demandante fue contratada para ejecutar actividades específicas, las cuales no
realizó en igualdad de condiciones que una docente nombrada por disposición legal,
pues el tiempo de servicios fue inferior (no fue contratada durante todo el año lectivo)
y la responsabilidad del contratista era sustancialmente diferente, pues se limitó al
cumplimiento del objeto (horas clase) mientras que los docentes de planta tienen
más horas e inclusive compromiso con la mejora de la institución.

• La vinculación laboral con el Estado se encuentra regulada en la Ley 909 de 2004,
y solo se adquiere la calidad de empleado público en los términos allí descritos; por
ello, mal haría el ente territorial en reconocer tal condición a una contratista que
prestó sus servicios con autonomía y libertad, pese a la coordinación en el desarrollo
del objeto contractual y la asistencia necesaria dentro del horario en que los niños
pueden asistir a clase.

Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la causa incoada; e ii)
ilegalidad de la pretensión.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01, Sala de Oralidad, mediante
sentencia proferida el 10 de mayo de 2017, denegó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto se pronunció en estos términos5:

• El Consejo de Estado ha insistido en que para que se declare la existencia de una
relación laboral es imprescindible que se demuestren los tres elementos señalados

4 Folios 71 a 782
5 Folios 204 a 209.

3

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Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

en la norma: la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador; los cuales se
oponen a la coordinación de actividades entre el contratante y el contratista, que
implica el cumplimiento de horarios, recibir instrucciones y reportar informes sobre
resultados, sin que ello signifique necesariamente la configuración del elemento de
subordinación.

• La prosperidad de las pretensiones en esta clase de controversias se funda en la
actividad probatoria de la parte actora, la cual se encamina a desvirtuar la presunta
relación contractual y a demostrar la real existencia de una relación de orden laboral,
bajo la comprobación de los tres elementos esenciales.

• La labor docente no es independiente, pues el servicio se presta de forma personal
y subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de
educación. El ejercicio de la docencia, ya sea de forma temporal o permanente, se
desarrolla bajo los mismos parámetros de aquellos que se vinculan a la planta de
personal de la entidad, sin que se establezca una diferencia sustancial mas allá del
instrumento jurídico utilizado para vincular al docente con la institución educativa.

• En el plenario no obran órdenes o contratos de prestación de servicios que
acrediten el vínculo que presuntamente existió entre las partes, así como tampoco
testimonios o cualquier otro medio probatorio que permita acreditar su existencia,
motivo por el cual no se puede afirmar que se encuentra probada la prestación
personal del servicio de la demandante en el municipio de Santa Ana (Magdalena),
pues solo existe una certificación laboral que no especifica las labores que realizó,
el horario de ejecución o la remuneración.

• En tal sentido, tampoco se advierte prueba alguna que evidencie el pago de sumas
de dinero en contraprestación por «los hipotéticos servicios prestados como docente en
el municipio de Santa Ana».

• Aunque en materia de docentes el Consejo de Estado ha reiterado que la
subordinación es un elemento que se presume no se puede perder de vista que la
prosperidad de las pretensiones en esta clase de controversias se funda en la
actividad probatoria de la parte demandante, la cual debe ir encaminada a
demostrar la verdadera relación laboral, situación que no se consolidó en el caso
concreto.

1.4. El recurso de apelación

4

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

Ana Eleuteria Oliveros Carpio interpuso recurso de apelación y solicitó que se
revocara la decisión anterior, con fundamento en lo siguiente6:

• El tribunal desestimó una prueba idónea como lo es la certificación de tiempos de
servicio suscrita por el alcalde y por el director de núcleo de las instituciones
educativas en las que se prestó el servicio, y pretendió que con la demanda se
aportaran todos y cada uno de los contratos desde el 1° de enero de 1976 al 30 de
noviembre de 2002.

• No puede pasarse por alto que por tratarse de tantos años la administración no
conserva estos archivos; empero el nominador (alcalde) y el servidor a quien le
correspondía verificar la prestación del servicio (director de núcleo) expidieron la
certificación de los tiempos de servicios, documento que tiene el mismo valor en
temas probatorios que el que pueda tener un testimonio.

• El tribunal vulneró los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad,
al no dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, pues la administración
encubrió durante más de quince años de prestación de servicios una verdadera
relación laboral.

• El municipio en ninguna de las etapas tachó de falsa la certificación, por lo que mal
hace el tribunal al restarle valor probatorio, y lo cierto es que normalmente se utiliza
la figura testimonial para dar valor a la documental cuando se persigue el
reconocimiento de una relación laboral. Además, no se puede negar que la
certificación laboral sí especificó las labores realizadas al señalar que Ana Eleuteria
Oliveros Carpio «prestó sus servicios al municipio de Santa Ana (Magdalena) en el ramo
de la educación pública como DOCENTE». Ahora, si bien no señala nada sobre el
horario, la demostración de la subordinación para quien ejerce la docencia en el
ramo de la educación pública, no necesita prueba testimonial ni documental, por lo
que se estaría desconociendo la sentencia del Consejo de Estado que señala que
«tales exigencias deben observarse en forma mas flexible, como quiera que la
subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas en la labor que desarrollan, es decir,
como ya señalamos, son consustanciales al ejercicio docente»7.

• Al exigirle a la demandante demostrar documental o testimonialmente el
cumplimiento de horarios, le impone una carga adicional que no fue solicitada a
otros docentes que también reclamaron el reconocimiento de una relación laboral y
que dio lugar al precedente del Consejo de Estado.

6 Folios 218 y 225.
7 Se refirió, entre otras, a la sentencia del 6 de marzo de 2008, dentro del proceso con radicado

23001-23-31-000-2002-00244-01 (2152-06).

5

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

• En los contratos aportados al expediente se evidencia un monto pactado como
retribución por el servicio prestado. Incluso no es necesario especificar el valor de
cada contrato, pues en caso tal debe ordenarse su pago tomando como base el
salario mínimo.

• Si bien se ordenó al municipio de Santa Ana remitir con destino a este proceso las
copias de los antecedentes administrativos, el ente territorial no los aportó con el
argumento de que «no se encontró información física ni magnética que soportara la
vinculación laboral de la demandante» justificación que evidencia la intención de
desfavorecer a la actora; por ello, con el recurso se aporta copia de la respuesta
otorgada a la reclamación administrativa y de los contratos que la administración
admitió reconocer, pues no quisieron hacer la búsqueda en sus archivos.

• Toda vez que el tribunal no se pronunció sobre la prescripción y comoquiera que
el municipio no la alegó como excepción en ninguna etapa del proceso, en caso de
que el ad quem decida declarar la existencia una relación laboral, no debe
declararse oficiosamente esta excepción.

1.5. Alegatos en segunda instancia

1.5.1. Ana Eleuteria Oliveros Carpio reiteró los argumentos expuestos en el escrito
de apelación8.

1.5.2. El municipio de Santa Ana guardó silencio según se desprende del informe
secretarial del 23 de febrero de 20189.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara
la decisión apelada, con fundamento en las siguientes consideraciones10:

• En el documento suscrito por el director de núcleo de desarrollo educativo de la
alcaldía de Santa Ana se certificó que Ana Eleuteria Oliveros Carpio prestó sus
servicios al municipio en el ramo de la educación pública como docente; allí se
relacionaron las fechas de cada contrato y el establecimiento educativo al cual
prestaría sus servicios, pero no se identificaron los números de los contratos, los
objetos contractuales, ni alguna otra información distinta que la antes descrita. De
esta manera, es imposible identificar en cada uno de los contratos la fecha de

8 Folios 266 a 268.
9 Folio 277.
10 Folios 269 a 276

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

iniciación, el plazo, el objeto, el tiempo de interrupción para determinar si existió
solución de continuidad o no, el horario de trabajo, ni las actividades a realizar.

• Dentro del expediente no obra prueba alguna que demuestre la subordinación,
pues si bien la certificación evidencia la prestación del servicio por parte de la
demandante, con ese solo documento es imposible determinar la existencia de una
relación laboral.

• Comoquiera que el último contrato suscrito finalizó el 30 de noviembre de 2002 y
que la demandante realizó la reclamación el 17 de diciembre de 2013, operó el
fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los derechos laborales anteriores
al 17 de diciembre de 2010.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar lo siguiente: ¿existió una relación laboral entre Ana
Eleuteria Oliveros Carpio y el municipio de Santa Ana (Magdalena)? y ¿si tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa
relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales16». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

10

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

11

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

2.3.1.1. En torno a la relación contractual entre las partes

El 23 de enero de 2006, el alcalde y el director de núcleo de desarrollo educativo
del municipio de Santa Ana (Magdalena) certificaron que Ana Eleuteria Oliveros
Carpio prestó sus servicios a esa entidad territorial «en el ramo de la educación pública
como docente», a través de contratos y órdenes de prestación de servicios. De
acuerdo con el documento se extrae la siguiente información18:

Institución Interrupción en
Desde Hasta
Educativa días hábiles
Escuela Rural Mixta 1 de febrero de 1976 30 de noviembre de 1976 -
del corregimiento de 1 de febrero de 1977 30 de noviembre de 1977 44
Barro Blanco 1 de febrero de 1978 30 de noviembre de 1978 44

18 Folios 28 y 29.

12

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

1 de febrero de 1979 30 de noviembre de 1979 44
1 de febrero de 1980 30 de noviembre de 1980 44
1 de febrero de 1981 30 de noviembre de 1981 44
Escuela Rural Mixta
de la vereda Nueva 1 de febrero de 1982 30 de noviembre de 1982 44
Esparta

Escuela Rural Mixta
de la vereda Las 1 de febrero de 1983 30 de noviembre de 1983 44
Flores

Escuela Rural Mixta 1 de febrero de 1984 30 de noviembre de 1984 44
de la vereda
Germania 1 de febrero de 1985 30 de noviembre de 1985 44

Escuela Rural Mixta 1 de febrero de 1990 30 de noviembre de 1990 1020
de la vereda Boston 1 de febrero de 1991 30 de noviembre de 1991 44
Escuela Rural Mixta
de la vereda San 1 de febrero de 1992 30 de noviembre de 1992 44
Martín
1 de febrero de 1993 30 de noviembre de 1993 44
Escuela Rural Mixta 1 de febrero de 1994 30 de noviembre de 1994 44
de la vereda Boston 1 de febrero de 1995 30 de noviembre de 1995 44
1 de febrero de 1996 30 de noviembre de 1996 44

Escuela Rural Mixta 21 de febrero de 2000 30 de abril de 2000 789
de la vereda La
Batalla 1 de agosto de 2000 30 de noviembre de 2000 62

Escuela Rural Mixta
1 de febrero de 2002 30 de abril de 2002 286
de la vereda Verdún

Escuela Rural Mixta
de la vereda Nueva 1 de agosto de 2002 30 de noviembre de 2002 63
Esperanza

En cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 26 de agosto de 202019 el alcalde de
la entidad territorial demandada aportó los siguientes contratos y órdenes de
prestación de servicios20:

Instrumento
Institución Educativa Desde Hasta
jurídico
1 de marzo 30 de abril de
Orden 036 Escuela Rural Mixta de Boston
de 1991 1991
El documento aportado está
Contrato de
incompleto, de manera que no se logra 1 de mayo de 30 de noviembre
prestación de
establecer la institución educativa en la 1991 de 1991
servicios sin número
cual prestaría el servicio

19 Folios 287 y 288
20 Índice 36 del aplicativo Samai.

13

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

Orden de prestación
Dispone «iniciar labores a partir de
de servicios del 10 Escuela Rural Mixta de Boston
la fecha, hasta nueva orden»
de febrero de 1992
El documento aportado está
Contrato de
incompleto, de manera que no se logra 2 de mayo de 30 de noviembre
prestación de
establecer la institución educativa en la 1992 de 1992
servicios sin número
cual prestaría el servicio
Contrato de
Escuela Rural Mixta de la vereda 1 de febrero 30 de noviembre
prestación de
Boston de 1993 de 1993
servicios sin número

Asimismo, la demandante aportó los siguientes documentos21:

Institución
Instrumento jurídico Desde Hasta
Educativa
Orden de prestación de no se puede establecer
1 de agosto de 1990
servicios 045 del documento
Orden de prestación de
1 de marzo de 1991 30 de abril de 1991
servicios 036
Orden de prestación de Escuela Rural Mixta Dispone «iniciar labores a partir de la fecha, hasta
servicios sin número Vereda Boston nueva orden»
Contrato de prestación 1 de febrero de
30 de noviembre de 1993
de servicios sin número 1993
Orden de prestación de 1 de febrero de
31 de mayo de 1995
servicios sin número 1995
Orden de prestación de Escuela Rural Mixta 21 de febrero de
30 de abril de 2000
servicios 096 Nueva Esparta 2000
Orden de prestación de
No indica 1 de agosto de 2000 30 de octubre de 2000
servicios 284
Orden de prestación de 1 de noviembre de
No indica 30 de noviembre de 2000
servicios 505 2000
Escuela Rural Mixta
Resolución 405 del 31 de
de la vereda Nueva 1 de agosto de 2002 30 de noviembre de 2002
julio de 2002
Esperanza
Centro Educativo
Orden de prestación de Rural de Germania
1 de agosto de 2003 30 de noviembre de 2003
servicios 510 Asociada Escuela
La Esperanza

También aportó copia de los siguientes documentos:

• Certificación suscrita por el alcalde, el tesorero municipal y la supervisora de
primaria del municipio demandado, según la cual, para la fecha de expedición del
documento, esto es el 27 de octubre de 1980, Ana Eleuteria Oliveros Carpio se
encontraba prestando sus servicios como auxiliar de educación primaria en el
corregimiento Barroblanco desde el 2 de marzo de 1977, nombrada a través del

21 Índice 37 del aplicativo Samai.

14

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

Decreto 08 del 2 de marzo de ese año, y que acumulaba 3 años y 7 meses de
servicio.

• Oficio 021 del 2 de febrero de 1981, por medio del cual el alcalde del municipio de
Santa Ana (Magdalena) le comunicó a la demandante que mediante Decreto 07 de
esa fecha «fue nombrada auxiliar de educación para el corregimiento Barroblanco» y le
informó que, de aceptar la designación, debía tomar posesión del cargo.

• Acta de posesión 220 del 1° de febrero de 1982 como auxiliar de educación en el
corregimiento de Barroblanco, nombrada mediante Decreto 020 del 12 de junio de
1986 expedido por el alcalde municipal, tal y como consta en la respectiva acta.

• Oficio 162 del 8 de septiembre de 1982 a través del cual el alcalde del municipio
le comunicó a la demandante que mediante Decreto 063 de esa fecha, había sido
declarado insubsistente el nombramiento como auxiliar de educación, a partir del 10
de ese mes y año.

• Acta de posesión del 16 de junio de 1986 como maestra municipal de la vereda
San Rafael, nombrada mediante Decreto 020 del 12 de junio de 1986 expedido por
el alcalde municipal, tal y como consta en la respectiva acta.

• Certificado del 6 de enero de 1998 expedido por el alcalde del municipio de Santa
Ana (Magdalena), según el cual Ana Eleuteria Oliveros Carpio prestó sus servicios
en el municipio así:

«[…] en el ramo de la educación pública con el siguiente detalle:

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Barro Blanco del primero (1°) de febrero al
treinta (30) de noviembre de 1.976.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Barro Blanco del primero (1°) de febrero al
treinta (30) de noviembre de 1.977.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Barro Blanco del primero (1°) de febrero al
treinta (30) de noviembre de 1.978.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Barro Blanco del primero (1°) de febrero al
treinta (30) de noviembre de 1.979.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Barro Blanco del primero (1°) de febrero al
treinta (30) de noviembre de 1.980.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Barro Blanco del primero (1°) de febrero al
treinta (30) de noviembre de 1.981.-

15

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

Contratada en la Escuela Rural Mixta Nueva Esparta del primero (1°) de febrero al treinta
(30) de noviembre de 1.982.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta Las Flores del primero (1°) de febrero al treinta
(30) de noviembre de 1.983.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Germania del primero (1°) de febrero al treinta
(30) de noviembre de 1.984.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Germania del primero (1°) de febrero al treinta
(30) de noviembre de 1.985.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Boston del primero (1°) de febrero al treinta (30)
de noviembre de 1.990.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta del primero (1°) de febrero al treinta (30) de
noviembre de 1.992, Escuela Rural Mixta de San Martin.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Boston del primero (1°) de febrero al treinta (30)
de noviembre de 1.993.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Boston del primero (1°) de febrero al treinta (30)
de noviembre de 1.994.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Boston del primero (1°) de febrero al treinta (30)
de noviembre de 1.995.-

Contratada en la Escuela Rural Mixta de Boston del primero (1°) de febrero al treinta (30)
de marzo de 1.996.-»

De los anteriores documentos se corrió traslado a las partes22 tal y como se dispuso
en el auto del 23 de agosto de 202323, quienes guardaron silencio.

2.3.1.2. El acto demandado

A través de un oficio sin fecha ni número de identificación, el alcalde del municipio
de Santa Ana (Magdalena) negó la solicitud de «reconocimiento de prestaciones
sociales, subsidio de transporte, devolución del porcentaje de cotización correspondiente a
salud [y] pensión, subsidios que entregan las cajas de compensación e indexación de
dichos valores», presentada por Ana Eleuteria Oliveros Carpio, toda vez que la
información que aportó la interesada no coincide con la que reposa en los archivos

22 Índice 58 del aplicativo Samai.
23 Índice 48 del aplicativo Samai.

16

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

de la entidad y «aunque se hallaron cuatro contratos de prestación de servicios […]
correspondientes a dos periodos en 1991, un contrato en 1992 y un contrato en 1993 […]
de ninguna manera prueban estos la existencia de una relación laboral» que implique el
reconocimiento de las prestaciones reclamadas24. Esta decisión fue notificada por
correo electrónico el 13 de enero de 201425.

2.3.2. Análisis sustancial

2.3.2.1. En torno a la acreditación de la prestación personal del servicio

El a quo negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre Ana
Eleuteria Oliveros Carpio y el municipio de Santa Ana (Magdalena) con fundamento
en que al plenario no se aportaron órdenes o contratos de prestación de servicios
que acrediten el vínculo que presuntamente existió entre las partes; empero, la
demandante reprochó en el recurso de apelación que se restara valor a la
certificación aportada.

Sobre el particular, esta Sala encuentra que la consideración expuesta por el
tribunal es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a partir
de la cual se señala a cada medio probatorio el grado de convicción que representa
y descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho.
Con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la
sana crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual
se cuenta y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo
del proceso, han hecho uso las partes.

Bajo tal perspectiva, debe advertirse que si bien el contrato estatal de prestación de
servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer
las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado26, y que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el
estatuto general de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico,
a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento
se exige la solemnidad del escrito; lo cierto es que esto no justifica que se imponga
como requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio27 que se

24 Folio 27.
25 Folio 45.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
27 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás

modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

17

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

aporte al proceso judicial el aludido instrumento jurídico, pues, como se expuso,
imponer una tarifa legal probatoria implicaría abandonar la tutela judicial efectiva en
tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia a los derechos que surgen
luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros medios de prueba.

En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme su propio convencimiento
a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta de las partes respecto
de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y materializa los derechos de
quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá exponer razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba.

En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado
en un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no
es la existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino
i) la prestación efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que
esta se haya desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación
por los servicios haya recibido una remuneración28. Esto permite otorgarle vigencia
al principio de la primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53
de la Constitución Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un
valor previamente establecido. En otras palabras, no es el acto jurídico por medio
del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su relación
con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.

De manera que, para esta Subsección, el documento aludido tiene el valor suficiente
para demostrar la prestación del servicio; sin embargo, la Sala analizará a
continuación cuáles fueron los extremos temporales de esa relación, en
consideración a las pruebas que fueron debidamente incorporadas en segunda
instancia.

En el asunto que se analiza, la Sala encuentra que el certificado expedido por el
alcalde y el director de núcleo de desarrollo educativo del municipio de Santa Ana
(Magdalena), según el cual Ana Eleuteria Oliveros Carpio prestó sus servicios como
docente a través de contratos y órdenes de prestación de servicios, goza de la
presunción de autenticidad a la que alude el artículo 244 del CGP29, por tratarse de

28 Se insiste que estos requisitos se encuentran previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del

Trabajo.
29 «Artículo 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza

sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento.

18

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

un documento emitido por un servidor público competente. En igual sentido lo
dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 201230 al eliminar la exigencia de
autenticar los documentos producidos por las autoridades públicas. Además, no fue
tachado de falso por la entidad que contestó la demanda, esto es, no fue
cuestionado en su contenido ni autenticidad. Por el contrario, la entidad reconoció
que la demandante prestó sus servicios «en esos años» y solo señaló como falso
que hubiese laborado «todo el año lectivo» pues de esa certificación se observaba
que prestaba sus servicios de enero a noviembre de cada año.

Si bien en la certificación aludida señala que Ana Eleuteria Oliveros Carpio prestó
sus servicios como docente «en la modalidad» de contratos y órdenes de prestación
de servicios desde el 1° de febrero de 1976 hasta el 30 de noviembre de 2002 con
algunas interrupciones, a las que se aludirá más adelante, lo cierto es que, de
acuerdo con los documentos aportados por la demandante, ella se vinculó mediante
actos de nombramiento y posesión como docente entre los años 1977 y 1986.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.»
30 «Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>

Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se
requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos
producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en
sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o
reconocimiento.
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o
verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de
pensiones.
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de
las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas
que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas
personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara.
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos
protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.»

19

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

En efecto, obran las actas de posesión de los años 1981, 1982 y 1986, según las
cuales la demandante juramentó cumplir bien y fielmente los deberes del cargo de
auxiliar de educación y respetar la Constitución y las leyes; presentó los documentos
a través de los cuales acreditó el cumplimiento de los requisitos para el desempeño
del empleo; e hizo constar que recibiría un «sueldo mensual». Asimismo, el alcalde,
el tesorero municipal y la supervisora de primaria del municipio demandado, el 27
de octubre de 1980 certificaron que Ana Eleuteria Oliveros Carpio se encontraba
prestando sus servicios como auxiliar de educación primaria en el corregimiento
Barroblanco desde el 2 de marzo de 1977, nombrada a través del Decreto 08 del 2
de marzo de ese año, y que acumulaba 3 años y 7 meses de servicio.

Así las cosas, la valoración probatoria lleva a la Sala a establecer que el tiempo de
servicios prestado a través de la modalidad contractual fue desde el 1° de febrero
de 1990 hasta el 30 de noviembre de 2002, pues considerar lo contrario implicaría
desconocer la realidad que las pruebas aportadas evidenciaron, esto es, que la
demandante se vinculó a través de una relación legal y reglamentaria con la entidad
hasta el año 1986, de manera que considerar lapsos anteriores para efectos del
reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones
adeudadas llevaría a vulnerar la prohibición prevista en el artículo 128
Constitucional sobre recibir más de una asignación que provenga del tesoro público,
pues se advierte que como servidora de la planta de personal de la entidad, recibió
los emolumentos que ahora reclama.

2.3.2.2. Remuneración

Este requisito se encuentra acreditado, toda vez que Ana Eleuteria Oliveros Carpio
y el municipio de Santa Ana (Magdalena) pactaron unas sumas de dinero como
contraprestación por los servicios prestados, esto es en las cláusulas contractuales
se señaló un valor y una forma de pago, lo que permite inferir (pues no se alegó lo
contrario) que aquella percibió unas sumas de dinero por el trabajo cumplido. Lo
anterior, ha sido entendido por la jurisprudencia como la remuneración pactada por
el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación
(honorarios o salario).

2.3.2.3. Continuada subordinación o dependencia

En este punto, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por la
demandante como docente o auxiliar de educación no se realizaron de forma
autónoma e independiente, sino que esta estuvo sujeta a horarios y órdenes,
propias de la naturaleza de una relación subordinada pues atienden al control de un
superior para llevar a cabo la ejecución de los contratos. Esto es que existe una
sujeción de aquella hacia la entidad accionada y, en tal sentido, esta contaba en

20

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, quien a su vez tenía la
obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi
por parte del municipio.

La Sala llega a la anterior conclusión pues advierte que en efecto el empleador
impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que la trabajadora desarrollara sus labores, sin que
le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

Esto, luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se establecieron en los
contratos de prestación de servicios suscritos entre los extremos procesales, en los
que se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y
subordinación, pues debía, entre otros, «prestar sus servicios acorde a la jornada que
le correspondía en forma semanal e interrumpidamente (sic), por periodos mensuales».

Ahora bien, sobre la labor que ejercen los docentes, esta Corporación en sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201631 señaló que quienes ejercen esta actividad,
deben cumplir el horario y los parámetros fijados por los reglamentos del servicio
público de educación, de manera que esta labor «no se desarrolla en virtud de la
coordinación imperante en los contratos de prestación de servicios32, comoquiera que se
cumple conforme a las instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en el
centro escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional,
es decir, no bajo su propia dirección y gobierno33, de lo cual se infiere que la subordinación
y la dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al ejercicio
docente sujeto a los reglamentos propios del magisterio». Al respecto, en aquella
oportunidad, la Sala concluyó lo siguiente:

«A manera de conclusión y de acuerdo con los derroteros trazados por ambas

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
32La sala plena de la Corporación, en providencia de 18 de noviembre de 2003, expediente IJ-0039,

consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez Orozco, indicó que era
inaceptable reconocer la existencia de una relación laboral en circunstancias en las cuales el
contratista coordina con su contratante la prestación del servicio y precisó: “Es inaceptable, además,
porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta,
no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la
aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la
entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como
en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas
encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de
los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede
afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se
encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad
coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales”.
33 Esta posición se sostuvo en decisión de la subsección B de esta sección de 4 de noviembre de

2004, expediente 150012331000199902561-01 (3661-2003), con ponencia del entonces consejero
Alejandro Ordóñez Maldonado, demandante: Marlén Fúquene Ramos.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

subsecciones, dirá la Sala que la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho
menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de
educación, en razón a que al igual que los docentes – empleados públicos (i) se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan
sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de
los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud
de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los
docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del Estado». [Resalta
la Sala].

Lo expuesto, pone en evidencia que la relación entre Ana Eleuteria Oliveros Carpio
y el municipio de Santa Ana (Magdalena) fue subordinada, pues las obligaciones
pactadas tenían relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante
por parte del empleador y el ejercicio del ius variandi, en tanto la asignación de
funciones dependía de las indicaciones establecidas por los superiores de las
instituciones educativas en las que prestó el servicio, la secretaría de educación del
municipio y el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto a las condiciones de
modo, tiempo y lugar, lo cual desdibuja la figura de la coordinación y por lo tanto
desvirtúa el carácter autónomo propio de un contratista.

Además, se hace incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de
modo permanente y continuo los servicios de la demandante, pues la labor de
docente se desarrolló por espacio de 11 años.

Así las cosas, la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»34

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»35.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
35 Ibidem.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya creado plantas temporales que atiendan a la oferta y la
demanda en la prestación del servicio educativo. Por lo tanto, la ausencia de
personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratado el
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta
decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, pues contrario a lo
solicitado en la apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA,
el juez debe pronunciarse sobre «todas las excepciones de fondo, propuestas o no» y
lo cierto es que la prescripción tiene la connotación de ser una excepción previa y
de mérito a la vez, toda vez que con ella «se busca controvertir la existencia y el
alcance del derecho reclamado por el demandante, por lo que tiene la virtud de
enervar la pretensión»36; lo cual cobra mayor importancia cuando se pretende la
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, pues la
exigibilidad de los derechos que de su declaratoria se derivan depende
necesariamente de la definición que en la sentencia se haga sobre la relación
laboral y por ende, es en ese momento y no antes, pues obedece a la prosperidad
o no de las pretensiones, que se estudia el fenómeno extintivo de los derechos
reclamados.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación37 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 11 de marzo de 2016, proferido

dentro del trámite de este proceso.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para
inferir que no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo
para efectos de la prescripción de derechos laborales».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 38, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden

38 SUJ2-005-16.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral
con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la
terminación de su vínculo contractual»39.

En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada el 17 de diciembre de 2013, se establece que
acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues transcurrió un lapso superior
a tres años para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación
laboral y el consecuente pago de las prestaciones, toda vez que la relación culminó
el 30 de noviembre de 2002.

Pese a lo anotado, en atención a que los aportes al sistema de seguridad social
inciden en el derecho pensional, que es imprescriptible, el municipio deberá tomar
(durante el tiempo comprendido entre el 1° de febrero de 1990 y el 30 de noviembre
de 2002, salvo sus interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de
la demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y cotizar al respectivo fondo
de pensiones la suma por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que
le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá
la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajadora.

Valga precisar que si bien esta Sala ha sostenido que con estas decisiones se
otorga vigencia al principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales40 frente al

39 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
40 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00156-02 (3045-2017)
Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y
calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones41, y que
en virtud de ello corresponde reconocer que la labor desempeñada por los
contratistas debía ser remunerada conforme con lo devengado por un empleado de
planta que realizara iguales funciones; lo cierto es que en la sentencia de unificación
del 25 de agosto de 2016, se indicó que «el ingreso sobre el cual han de calcularse las
prestaciones dejadas de percibir por el maestro-contratista corresponderá a los
honorarios pactados» [se resalta], «ya que no es dable tener en cuenta, en este caso, el
empleo de planta, pues los docentes oficiales se encuentran inscritos en el escalafón
nacional docente que implica remuneraciones diferenciadas según el grado en el que
estén42», razón por la cual en esta oportunidad se ordenará que se efectúen las
cotizaciones al sistema pensional con base en los honorarios pactados.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
41 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
42 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:

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Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en los elementos de juicio expuestos, la Sala encuentra que las
pruebas aportadas al proceso tienen el valor suficiente para demostrar la existencia
de una relación laboral encubierta, razón por la cual se revocará la sentencia
apelada y, en su lugar, i) se declarará la nulidad del acto demandado; ii) se ordenará
al ente territorial accionado tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1° de
febrero de 1990 y el 30 de noviembre de 2002, salvo sus interrupciones) el ingreso
base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados),
mes a mes, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma correspondiente por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador; y iii) se negarán las demás pretensiones de la demanda por haber
operado el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho.

Las sumas que deberá pagar el municipio de Santa Ana (Magdalena) por concepto de
aportes para pensión se actualizarán de acuerdo con la fórmula según la cual el valor
presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la
siguiente:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la

43En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

causación de cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 10 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Ana Eleuteria Oliveros Carpio contra el municipio de Santa Ana (Magdalena),
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad del oficio expedido por el alcalde del municipio de
Santa Ana (Magdalena) en cuanto le negó a la demandante el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
condenar al municipio de Santa Ana (Magdalena) tomar (durante el tiempo
comprendido 1° de febrero de 1990 y el 30 de noviembre de 2002, salvo sus
interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los
honorarios pactados), mes a mes, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma correspondiente por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que
le correspondía como empleador.

Ana Eleuteria Oliveros Carpio deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que
no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar
o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, en
armonía con lo expuesto en la parte motiva.

Cuarto. Ordenar al municipio de Santa Ana (Magdalena) que realice la actualización
sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187
(inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por
el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo
de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Quinto. Ordenar al municipio de Santa Ana (Magdalena) que dé cumplimiento a lo
dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

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Demandante: Ana Eleuteria Oliveros Carpio

Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda por haber operado el
fenómeno de la prescripción extintiva del derecho.

Séptimo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SLVA

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