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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04041-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04041-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales – UGPP. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 23 de agosto de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 15 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. (…)». 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Miller Ortiz Peña Demandado: Consejo de Estado - Sala 14 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01 CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04041-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de noviembre de 2024

Demandante: José Miller Ortiz Peña
Demandado: Consejo de Estado - Sala 14 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiocho [28] de noviembre de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01
Demandante: JOSÉ MILLER ORTIZ PEÑA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SALA 14 ESPECIAL DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma decisión que
declaró la improcedencia por falta de agotamiento de todos los
recursos ordinarios de defensa judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 23
de agosto de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C que declaró improcedente la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor José Miller Ortiz Peña solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad jurídica en conexidad con la igualdad, a la garantía
de publicidad de las autoridades, de acceso a la administración de justicia y a la
salud en conexidad con la vida.

Dichas garantías fundamentales las consideró vulneradas por el Consejo de Estado
– Sala 14 Especial de Decisión con ocasión del trámite del recurso extraordinario
de revisión identificado con el Rad.11001-03-15-000- 2015-01659-00 y de la
sentencia del 15 de abril de 2024 allí proferida, a través de la cual infirmó la
providencia del 12 de octubre de 2011 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y en su lugar, confirmó la decisión de 29 de octubre de 2008 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dictada en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el Rad.
25000-23-25-000- 2007-01114-00.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Con Resolución 25232 de 1998 la extinta Cajanal E.I.C.E. le reconoció al actor
pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley de 1993.

1
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Demandante: José Miller Ortiz Peña
Demandado: Consejo de Estado - Sala 14 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01

El último cargo desempeñado fue el de asesor del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte. El estatus pensional lo consolidó el 19 de diciembre de 1996. El monto
de la pensión se liquidó en $922.351, efectiva a partir del 22 de enero de 1997, a
cargo del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional.

Posteriormente, el accionante tomó posesión como representante a la cámara del
22 de enero de 2001 al 19 de julio de 2002.

Mediante Resolución 818 de 2002, el reconocimiento pensional fue reajustado por
el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon)1, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 19 de 19872, que modificó el
artículo 23 de la Ley 33 de 1985.

Sin embargo, Fonprecon después instauró demanda de lesividad en la que solicitó
la nulidad de la Resolución 818 de 2002. Sostuvo que: i) la situación particular del
actor no se encontraba bajo el régimen de transición de congresistas previsto en el
Decreto 1293 de 1994, que permitía aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
19 de 1987; ii) para el 1º de abril de 1994 estaba vinculado al Ministerio de Obras
Públicas, por lo que era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33
de 1985, y no del régimen especial de los congresistas.

Del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, autoridad judicial que, en sentencia del 29 de octubre de 2008
accedió a la pretensión y ordenó a dicho fondo adoptar las medidas necesarias para
que Cajanal E.I.C.E. reasumiera el pago de la obligación pensional. Para llegar a
dicha conclusión explicó que no era aplicable para el caso del señor Ortiz Peña lo
dispuesto en la Ley 19 de 1987, dado que obtuvo la calidad de congresista en el
año 2001, fecha para la cual dicha norma no estaba en vigencia puesto que, con la
Ley 100 de 1993 se unificaron los distintos regímenes pensionales incluido el de los
congresistas.

Inconforme con la anterior decisión, el tutelante interpuso recurso de apelación el
cual fue desatado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en
providencia del 12 de octubre de 2011, en el sentido de revocar para en su lugar
negar las pretensiones. Al efecto argumentó que era viable la conmutación y
reliquidación de la pensión de quien para tomar el cargo de congresista renunciara

1
La mesada pensional fue liquidada en $11.072.853,49, efectiva a partir del 1 de febrero de 2002,
con cargo al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional ($6.583.561,06) y Fonprecon
($4.489.292,43). Incluyó los factores percibidos en calidad de congresista entre el 1 de febrero de
2001 y el 30 de enero de 2002, en cuantía equivalente al 75% del ingreso mensual promedio de lo
devengado en el último año, de conformidad con la Ley 4 de 1992 y la sentencia T- 608 de 1999.
2
ARTÍCULO 1º. El artículo 23 de la Ley 33 de 1985, quedará así: Tienen derecho a gozar de todas
las prestaciones y servicios del Fondo de Previsión Social del Congreso, aquellas personas que
están legalmente obligadas a contribuir para su funcionamiento. Los Congresistas que para tomar
posesión de sus cargos hayan de renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación que les
había sido reconocida con anterioridad, la podrán seguir percibiendo del Fondo de Previsión Social
del Congreso con derecho al respectivo reajuste, una vez suspendan o cesen en el ejercicio de sus
funciones, pero el nuevo lapso de vinculación al Congreso y de aporte al Fondo no podrá ser inferior
a un (1) año, en forma continua o discontinua. Los expedientes de jubilación y cesantía de la Caja
Nacional de Previsión que reconocen dichas prestaciones a congresistas y empleados del Congreso
así como las correspondientes relaciones de pagos, serán solicitadas por escrito por el Director del
Fondo de Previsión Social del Congreso para que sirvan de base a la liquidación de las nuevas
solicitudes que le hayan sido formuladas, y deberán serle remitidas en el plazo de quince días.

2
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temporalmente a la pensión de jubilación que venía percibiendo, siempre y cuando
cumpliera con la condición de vinculación al congreso y que los aportes para la
pensión a Fonprecon no fueran inferiores a 1 año en forma continua o discontinua,
sin que fuese necesario ostentar la calidad de congresista para el 1 de abril de 1994,
pues el Decreto 1293 de 1994 solo exige acreditar para dicha fecha 15 años de
cotización o 40 años de edad para los hombres.

El Ministerio del Trabajo presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 12 de octubre de 20113. Invocó la causal prevista en el artículo 20
literal b) de la Ley 797 de 20034, y sostuvo que en la providencia aplicó en forma
errada el régimen de transición de los congresistas (Decreto 1293 de 1994). En
dicho trámite se nombró curador ad-litem.

Con sentencia de 15 de abril de 2014 se declaró fundado el recurso extraordinario
de revisión y, en consecuencia, infirmó la sentencia del 12 de octubre de 2011 y se
confirmó la sentencia del 29 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad de la Resolución No 818
de 2002.

En el mes de julio de 2024, el actor tras advertir una disminución en el valor de su
mesada pensional radicó ante Fonprecon petición de información acerca de la
reducción en un 75% de su beneficio pensional.

En respuesta a lo anterior se le indicó que esa variación fue producto del
cumplimiento de una orden judicial emitida por el Consejo de Estado y le fue remitida
copia de la sentencia del 15 de abril de 2024 con la que se resolvió el recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-2015-
01659-00, que había sido promovido por la Nación – Ministerio del Trabajo.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

1. Se CONCEDA el AMPARO CONSTITUCIONAL de los Derechos Fundamentales al
debido proceso, la seguridad jurídica en conexidad con la igualdad, la garantía de
publicidad de los actos públicos y el acceso efectivo a la administración de justicia, el
mínimo vital y la salud en conexión con la vida, que le han sido VIOLENTADOS de
manera flagrante al señor José Miller Ortiz Peña, con las decisiones adoptadas por la
Sala del Consejo de Estado accionada, en el marco y/o desarrollo del trámite del recurso
extraordinario de revisión formulado por FONPRECON dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho con radicado 11001- 03-15-000-2015-01659-00 (terminado
en “01” en esa instancia).

2. En consecuencia, se DEJE SIN VALOR, NI EFECTO JURÍDICO ALGUNO, por ser
CONTRARIA a la Constitución Política, al precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional y a la Ley, la sentencia proferida el 15 de abril del 2024 por Sala 14 de
decisión de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, Autoridad judicial que,
con ponencia del H.M. Alberto Montaña Plata, por medio de la cual se resolvió “recurso
extraordinario de revisión” formulado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho con radicado 11001-03-15-000-2015-01659-00 (terminado en “01” en esa
instancia), el que se declaró fundado ese medio extraordinario, y se emitió sentencia de

3 Trámite al que se le asignó el radicado 110010315000-2015-01659-00.

4 Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

3
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reemplazo mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad
de la Resolución 818 del 28 de agosto de 2022 del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, y todas las actuaciones surtidas durante el trámite.

3. Como consecuencia de lo anterior, se NOTIFIQUE al señor José Miller Ortiz Peña en
legal y debida forma, de la providencia por medio de la cual se admitió el recurso
extraordinario de revisión, así como de aquella con la que se ordenó vincularle en el
proceso, y, a partir de su notificación, se le corra el término de traslado para el ejercicio
de su Derecho fundamental a la defensa y de acceso efectivo a la administración de
justicia, a efectos que el accionante pueda pronunciarse, formular los reparos y aportar
las pruebas para que sea desestimado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el FONPRECON.

4. Se ORDENE la SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS de la sentencia proferida el 15 de
abril del 2024 por Sala 14 de decisión de lo contencioso administrativo del Consejo de
Estado por NO habérsele permitido defensa, y, en consecuencia, se ordene al
FONPRECON que continuar pagando la mesada conforme a la Resolución 818 de 2002
y lo resuelto por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, en
Sentencia proferida el 12 de octubre de 2011.

5. A partir del fallo de tutela que restablezca los derechos fundamentales violentados al
accionante, se PAGUE la mesada pensional y mesadas adicionales en cuantía de
veintinueve millones de pesos colombianos ($29.000.000 COP) menos los descuentos
de Ley y los autorizados por el aquí accionante, y hasta que se profiera el fallo que
resuelva el recurso extraordinario de revisión formulado por el FONPRECON,
agotándose todas las garantías y presupuestos de notificación al señor José Miller Ortiz
Peña.

6. Se ADOPTEN las demás medidas y decisiones que considere necesarias el Consejo
investido como Juez Constitucional, para lograr la PROTECCIÓN efectiva de los
derechos fundamentales afectados a mi prohijado, y se les garantice su actuar legítimo
y de buena fe, así como para que se SANCIONE a la accionada y a los sujetos
procesales que VIOLENTARON los derechos fundamentales de la persona de la tercera
5
edad aquí accionante. .

1.4. Fundamentos de la solicitud

El actor luego de relatar la actuación procesal que consideró relevante sostuvo que
no tuvo conocimiento del trámite del recurso extraordinario de revisión, y que no le
fue notificada en debida forma alguna decisión que lo vinculara, ni la sentencia,
motivo por el cual no pudo ejercer su derecho de defensa, lo cual configuró el
defecto procedimental absoluto, dado que, en el aludido recurso el Consejo de
Estado omitió la ritualidad que debe observar la notificación personal de la
providencia que dispuso la vinculación del actor.

Para sustentar su dicho afirmó que reside desde hace más de 12 años en la calle
155 No 9 – 45, club residencial Ítaca, apartamento 303 de la torre 6, y que en esa
dirección nunca recibió algún tipo de requerimiento, citación o aviso de notificación,
y solo tuvo conocimiento del trámite del recurso extraordinario de revisión al
momento en que materialmente fue disminuido el valor de la mesada pensional.

Con base en lo anterior adujo que, no se surtió respecto de él la notificación personal
y que consultó el expediente en el aplicativo web de la Rama Judicial y encontró
que solo con el auto del 9 de septiembre de 2019 el Consejo de Estado ordenó la
vinculación del accionante al trámite del recurso extraordinario de revisión, además,
que a través de la Secretaría General se envió el oficio JSGA 6092 en el que se le
solicitó comparecer para efectos de notificación personal, sin embargo, el mismo
fue devuelto con la anotación de «dirección errada» y que pese a esto, ni el

5
Transcrito con posibles errores ortográficos.

4
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Ministerio del Trabajo ni Fonprecon, adelantaron gestiones para verificar la dirección
a la que fue enviado el oficio.

Por otro lado, indicó que es una persona de 82 años y no cuenta con correo
electrónico aunado a que presenta un cuadro clínico de hipertensión arterial,
enfermedad coronaria revascularizada e hiperplasia prostática y su cónyuge se
encuentra en tratamiento luego de superar cáncer de mama izquierdo.

Finalmente, aseveró que el único ingreso en su hogar es la mesada pensional.

1.5. Trámite procesal de la acción

El 6 de agosto de 2024, el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
presente acción de tutela y ordenó la notificación de la parte tutelante y de la
autoridad judicial accionada y vinculó como terceros con interés a la Nación –
Ministerio del Trabajo, al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B. Además, negó la medida cautelar solicitada por el
actor.

El despacho sustanciador del presente fallo de segundo grado, al percatarse de una
nulidad saneable, esto es, la falta de vinculación al trámite de la referencia a la
señora Laura Torrado quien agenció en calidad de defensor de oficio al ahora
tutelante dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión con radicado
11001-03-15-000- 2015-01659-00 que es objeto de reproche procedió a vincularla
por medio de auto de 7 de noviembre de 2024. En el mismo proveído negó la
solicitud de vinculación de la Delegatura para Asuntos Civiles de la Procuraduría
General de la Nación y a la Personería de Bogotá, pero vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP,
para que si lo consideraba de su interés interviniera en la presente acción
constitucional.

El 26 de noviembre de 2024, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó
estar impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la
causal 6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

El 28 de noviembre de 2024, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado
por la consejera Gloria María Gómez Montoya porque en efecto participó dentro del
trámite del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15- 000- 2015-
01659-00 y suscribió el fallo del 15 de abril de 2024 dictado por la Sala 14 Especial
de Decisión de esta Corporación, luego se configuró el supuesto de hecho que
consagra la causal alegada.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

5
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01

1.6.1. El Consejo de Estado, Sala 14 Especial de Decisión, a través del ponente
de la sentencia del 15 de abril de 2024, indicó que estará presto a atender lo que
decida la Subsección sobre la solicitud de amparo.

1.6.2. La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales - UGPP afirmó que
ante la entidad no existe ninguna situación pendiente de ser decidida por lo cual
considera que respecto de la unidad se debe declarar falta de legitimación en la
causa por pasiva.

En el mismo sentido afirmó que las pretensiones de la acción de tutela se dirigieron
únicamente contra la Sala 14 Especial de Decisión del Consejo de Estado.

1.6.3. El Fonprecon puso de presente una actuación contraria a la buena fe, por
parte del tutelante, dado que antes de radicar la acción de tutela el señor Ortiz Peña
modificó su dirección en la que recibe notificaciones personales.

Al respecto, explicó que el actor en 2021 reportó ante Fonrprecon que su dirección
de notificaciones era la calle 155 No 9 – 45 torre 5 apartamento 503 y que su correo
electrónico era millorp41@gmail.com.

Y luego, el 4 de julio de 2024 realizó un nuevo reporte en el que informó dos
direcciones de notificación:

i) calle 155 No 9 – 45 torre 6 apartamento 303, club residencial Ítaca y
ii) transversal 20 No 94 – 25 apartamento 901 torre 2.
iii) correo electrónico Liliana_ortiz21@hotmail.com.

Destacó igualmente que en el trámite del recurso extraordinario de revisión se
remitieron las comunicaciones a la dirección que había sido informada en su
momento por el pensionado «y si dicha dirección es diferente de su efectiva
residencia, es por decisión del pensionado y debe asumir la consecuencia legal».

Por otro lado, aseveró que:

i) el presente asunto no tiene relevancia constitucional, dado que la sentencia
censurada encontró fundamento en la sentencia C-258 de 2013;
ii) no se superó al requisito de inmediatez dado que el inicio del recurso extraordinario
de revisión data del año 2016;
iii) no se agotaron todos los recursos ordinarios, dado que el actor pudo interponer un
incidente de nulidad, sin embargo, no lo ha hecho;
iv) la situación fáctica en la que se basó la vulneración de los derechos, fue causada
por el mismo pensionado al tener registrada una dirección diferente de la que hoy
pretende se le reconozca.

1.6.4. La curadora ad litem Laura Torrado Barriga precisó que en virtud del
numeral 7 del artículo 48 del Codigo General del Proceso, su nombramiento como
curador ad litem es de forzosa aceptación. Luego resumió las actuaciones que
realizó con posterioridad a su designación, así refirió:

Que, en cumplimiento a mis deberes y como fue reconocido en sentencia de primera
instancia, una vez me fue notificada mi designación como defensora en el referido

6
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proceso y del recurso extraordinario de revision, presente el 29 de septiembre de
2021 la correspondiente contestación a las pretensiones de la recurrente del recurso
extraordinario de revisión.

Al descorrer dicho traslado, se argumento que el ahora accionante, sí estaba cubierto
por el regimen de transición de los congresistas y que no debían acogerse los
argumentos del recurso extraordinario de revisión interpuesto. Igualmente, se
argumento que, en ninguna circunstancia, podría solicitarse el reintegro de dinero
alguno.

Que la sentencia proferida por Consejo de Estado – Sala 14 Especial de Decisión,
me fue notificada el 15 de abril de 2024.

Finalmente precisó «mis funciones como curadora ad litem culminaron con la
terminación del proceso para el que fui designada».

1.7. Fallo impugnado6

El 23 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
declaró la improcedencia de presente mecanismo al considerar que no se superó el
requisito de agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa debido a la
omisión de promover el incidente de nulidad por indebida notificación y de acudir
directamente ante la UGPP para para solicitar que se determine el valor de la
mesada pensional para el año 2024.

Para ello, el a quo constitucional en primer lugar resumió las actuaciones surtidas
en el trámite del recurso extraordinario de revisión al que se le asignó el radicado
110010315000-2015-01659-00 y destacó que:

(i) Con proveído del 9 de septiembre de 2019, se ordenó la vinculación de José
Miller Ortiz Peña, así como su notificación personal, y se le corrió traslado del
recurso por el término de 10 días y, ante su imposibilidad, se surtió el
correspondiente emplazamiento y la designación de Laura Torrado como
defensora de oficio.

(ii) Con auto de 9 de septiembre de 2019, a la curadora ad litem, se le corrió
traslado por el término de 10 días quien presentó contestación el 29 de
septiembre de 2021, con oposición a las pretensiones al sostener que el
vinculado sí estaba cubierto por el régimen de transición de los congresistas.

(iii) La Sala 14 Especial de Decisión del Consejo de Estado profirió sentencia el
15 de abril de 2024.

Luego, adujo que el tutelante debió promover incidente de nulidad por la indebida
notificación que atribuyó al auto del 9 de septiembre de 2019 con el que dispuso su
vinculación al trámite del recurso extraordinario de revisión, así lo refiró:

Por ende, una vez tuvo conocimiento de la irregularidad procesal que acorde a
los fundamentos de la solicitud de amparo asoció a la falta de notificación del
auto de vinculación con incidencia en la sentencia del 15 de abril de 2024
(censurada), el actor contaba con la posibilidad de acudir ante el Consejo de
Estado – Sala 14 Especial de Decisión, como juez natural, para exponer los

6 Notificado por correo electrónico el 13 de septiembre de 2024.

7
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argumentos con los que se estructuraba la irregularidad, y proponer el incidente
de nulidad para que se estudiara el asunto y se profiriese la decisión respectiva.
No obstante, acudió directamente en ejercicio de la acción de tutela.

Sumado a lo anterior, explicó que el actor cuenta con un mecanismo adicional a la
nulidad para logar la protección de sus derechos fundamentales, que corresponde
a acudir ante la UGPP para solicitar que se determine el valor de la mesada
pensional para el año 2024 a partir del que fue reconocido por Cajanal, sin embargo,
no se acreditó ninguna actuación en tal sentido, pese a que la Resolución 309 de
2024, a través de la cual se acató lo decidido en la sentencia del 15 de abril de 2024
lo indicó con claridad.

Con base en todo lo anterior, el a quo constitucional aplicó la preceptiva del numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y declaró improcedente la solicitud de
amparo.

1.8. Impugnación7

El apoderado de la parte actora adujo que revisados los documentos aportados por
el Fonprecon8, se puede adviertir que el actor relacionó unos números telefónicos a
los que pudo haber sido contactado, sin embargo, nunca recibió llamada alguna con
la que se le enterase del proceso o se le solicitara la actualización de sus datos para
los fines de notificación judicial, es decir, «NO existió un mínimo de respeto a las
garantías que tiene todo ciudadano y más, un adulto mayor como el señor José
Miller, para habérsele permitido intervenir en el proceso con el apoderado de su
confianza».

Igualmente indicó que el señor Ortiz Peña actualizó sus datos de notificación
personal, incluyendo una nueva dirección física, así como un correo electrónico, sin
embargo, allí no se efectúo trámite alguno para efectos de notificación.

Afirmó que para la etapa de emplazamiento y hasta la designación de curadora ad-
litem y traslado de la demanda a aquella, nos encontrábamos en el aislamiento
preventivo por salubridad pública mundial derivada de la aparición del Covid-19,
época en la que el Gobierno Nacional expidió una serie de decretos legislativos,
entre ellos, el 806 de 2020 mediante el cual se facultó a las autoridades judiciales
para notificar por mensaje de datos.

Manifestó: «La Sala de Decisión accionada siendo su deber legal, NO SOLICITÓ a
las partes que le remitieran los datos de contacto por correo electrónico de mi
mandante, y, por ende, NO ADELANTÓ EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN POR
MENSAJE DE DATOS».

Indicó que «se vulnera el principio de inescindibilidad de la norma» porque el artículo
134 del C.G.P. advierte que las nulidades podrán alegarse con posteridad a la
sentencia, pero sólo sí ocurrieren en ella y en su caso la nulidad devenía inoportuna
porque ocurrió en el trámite al momento de vincularlo.

7
Presentada mediante correo electrónico el 19 de septiembre de 2024.
8
Conocidos en el trámite de tutela por la imposibiidad de conocer el expediente del trámite
extraordinario a cargo de la autoridad accionada.

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Demandado: Consejo de Estado - Sala 14 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por la parte actora, de conformidad con lo establecido en los Decretos
1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Cuestión previa

En su intervención la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales - UGPP pidió
su desvinculación del presente proceso, frente a lo cual se dispondrá su negativa,
comoquiera que su llamado a este asunto lo fue en calidad de tercero con interés y
no como parte accionada, luego, se debe garantizar su derecho de defensa.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 23 de agosto de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la
procedencia y requisitos de la acción de tutela contra providencia judicial y de ser
superados; (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la tutela como un mecanismo
judicial, encaminado a la protección de los derechos fundamentales
constitucionales, cuando éstos se vulneren o amenacen por la acción o la omisión
de las autoridades públicas o por particulares en algunos casos especiales,
instrumento de defensa que se caracteriza por su trámite preferente residual y
subsidiario.

Lo anterior por cuanto, de conformidad con el precepto superior que la consagra y
lo que se reitera en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que la reglamenta, el
ejercicio de la tutela no es absoluto. Está limitado por las causales de
improcedencia, en especial la que establece que no es viable cuando existan otros
mecanismos judiciales de defensa.

2.5. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de

9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.

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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Del requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial

Ahora bien, en lo que se refiere al agotamiento de todos los mecanismos de defensa
judicial, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra este requisito
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
tutela.

Al respecto, resulta pertinente destacar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional
cuando la parte accionante no espera la resolución de la controversia por parte del
juez natural de la causa13:

112. En síntesis, para la Sala Quinta de Revisión, le asistió razón al juez
constitucional de primera instancia cuando declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por la señora Gloria Patricia Montoya Arbeláez, por lo menos,
en lo que corresponde al vicio alegado de violación del derecho de defensa,
puesto que aquella tenía la carga de esperar la resolución del recurso
interpuesto antes de acudir al amparo constitucional (recurso de reposición), en
la medida en que era idóneo y eficaz para resolver las pretensiones relativas a

10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
Ver al respecto T-140 de 2023.

10
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(i) la indebida notificación del pliego de cargos en el marco del proceso
disciplinario y (ii) a la pretermisión de una instancia procesal, carga que no se
advierte como injusta o desproporcionada, ya que no se encontró acreditada la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en tanto que no fueron justificadas las
condiciones de urgencia, inminencia, gravedad e impostergabilidad dispuestas
en la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia.

[…]

(i) La acción de tutela contra una providencia judicial exige que, con anterioridad
a su interposición, se acredite el debido agotamiento de los mecanismos
judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento
jurídico, salvo que la misma se active como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales, cuando existe riesgo certero de configuración
de un perjuicio irremediable.

[…]

Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos
judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.

Al respecto, esta Colegiatura concuerda con el a quo constitucional en la medida
que la acción constitucional es improcedente frente a este presupuesto, por cuanto
los fundamentos de la solicitud de tutela debieron ser alegados a través del incidente
de nulidad de conformidad con lo preceptuado en el artículo 133 numeral 8 del
Código General del Proceso que prevé que se presenta nulidad «Cuando no se
practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no
se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado».

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo expuesto, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces del alto tribunal constitucional «[…]
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto
de medidas impostergables que lo neutralicen […]»14.

14
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.

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De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables15.

No obstante, no se evidencia tal circunstancia en este asunto, porque del análisis
del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta o de perjuicio irremediable que implique
adoptar medidas inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
Nótese que el problema jurídico abordado en los trámites tanto ordinario como del
recurso extraordinario finalmente conllevaron a un reajuste pensional más no
impactaron en el reconocimiento del beneficio pensional el cual en la actualidad es
percibido por el tutelante, luego para la Sala de Decisión dicho hecho impide per se
acreditar la violación del derecho a un mínimo vital.

Finalmente, como lo afirmó el juez de primer grado, Fonprecon en la Resolución
309 del 7 de junio de 2024 a través de la cual acató transitoriamente lo decidido en
la sentencia del 15 de abril de 2024 y reajustó la mesada pensional entre tanto la
UGPP asume el pago de la prestación que había sido reconocida mediante la
Resolución 252 de 1998 expedida por Cajanal refirió que el actor puede acudir ante
la UGPP para solicitar que se determine el valor de la mesada pensional para el año
2024.

2.7. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por la Unidad de
Gestión de Pensiones y Parafiscales – UGPP.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 23 de agosto de 2024, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de
tutela.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

15
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. (…)».

12
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Demandante: José Miller Ortiz Peña
Demandado: Consejo de Estado - Sala 14 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04041-01

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
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