Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2015-01659-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2015-01659-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2015-01659-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 14 ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de abril de 2024
Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 / caducidad / procedencia / régimen
general de pensiones / ausencia de requisitos para acceder al régimen de transición para
congresistas
Síntesis del caso: el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento con el fin de que se anulara el acto por medio del
cual reliquidó una pensión de jubilación en aplicación del régimen de transición para
congresistas sin que el beneficiario cumpliera los requisitos para ello. En primera instancia se
anuló el acto administrativo; la segunda instancia revocó la decisión y negó las
pretensiones. Contra esta última decisión, la Nación – Ministerio del Trabajo interpuso recurso
extraordinario de revisión.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación
– Ministerio del Trabajo contra la Sentencia proferida el 12 de octubre de
2011 por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000232500020070111401, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
virtud del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante, de conformidad con lo establecido en los artículos 249 y 107
del CPACA.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Antecedente en nulidad y restablecimiento del derecho; 1.2. Recurso
extraordinario de revisión y trámite relevante.
1.1. Antecedente en nulidad y restablecimiento del derecho
1. El 21 de septiembre de 2007, el Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Resolución 818 de 2002, mediante la cual, esa misma
entidad ordenó asumir el pago y reliquidar la pensión de jubilación de José
Miller Ortiz Peña. Manifestó que la entidad no estaba facultada legalmente
para asumir el pago de esa pensión ni para efectuar su reliquidación. Pidió,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
además, que se ordenara al beneficiario el reintegro de los dineros pagados
en exceso desde el año 2002 y, como medida transitoria, solicitó la
suspensión provisional del acto acusado1.
2. Como sustento de sus pretensiones expuso que, José Miller Ortiz Peña
fue pensionado por la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL,
mediante Resolución 25232 de 1998, con efectividad a partir del 22 de enero
de 1997 y cuantía de $922.351.72. Ya como beneficiario de la prestación,
ocupó el cargo de representante a la Cámara entre el 22 de enero de 2001
y el 19 de julio de 2002.
3. Mencionó que, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, mediante Resolución 818 de 2002, reliquidó la pensión de José
Miller Ortiz Peña en un 75% del ingreso promedio de un congresista, a partir
del 1 de febrero de 2002, en cuantía de $11.072.853.
4. Por Auto de 8 de noviembre de 2007, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B admitió la demanda y
negó la medida cautelar de suspensión provisional2. Ordenó notificar al
señor José Miller Ortiz Peña, como beneficiario de la prestación cuya
reliquidación se demandó, y al Ministerio Público.
5. El 10 de marzo de 2008, José Miller Ortiz Peña contestó la demanda, se
opuso a las pretensiones3 y presentó, como excepción previa, la ineptitud
de la demanda por indebida acumulación de pretensiones4. Expuso que, al
posesionarse como congresista renunció temporalmente a la pensión
reconocida por CAJANAL y cubrió las cuotas de afiliación al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, con lo cual cumplió con los
requisitos exigidos por las normas especiales5 para el reconocimiento de la
pensión. Adujo que, si se presentara un conflicto normativo entre esas
normas especiales y el artículo 4 de la Ley 171 de 1961, debía resolverse a la
luz del principio de favorabilidad, lo cual llevaría a mantener en su integridad
el reconocimiento del reajuste pensional.
6. Mediante Sentencia de primera instancia de 29 de octubre de 2008,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B declaró la nulidad de la Resolución demandada y ordenó al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República adoptar las medidas
necesarias para que CAJANAL reasumiera su obligación pensional6. Señaló
que, durante la vigencia de la Ley 19 de 1987 y el Decreto 1359 de 1993, el
beneficiario no ostentaba la calidad de congresista y, tampoco cumplía las
condiciones para que le aplicara el régimen de transición para los
congresistas. Como no había lugar a la reliquidación, quien debía continuar
1 Folios 84 a 91 del cuaderno 3.
2 Folios 94 a 97 del cuaderno 3.
3 Folios 101 a 107 del cuaderno 3.
4 Folios 108 a 110 del cuaderno 3. Expuso que no se podía pedir en la misma demanda, la nulidad del acto
administrativo y la condena a devolver dineros pagados a un particular de buena fe, de acuerdo con el artículo
136 del CCA.
5 Artículo 1 de la Ley 19 de 1987 y Decreto especial 1359 de 1993.
6 Folios 124 a 142 del cuaderno 3.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
pagando la prestación era CAJANAL. Finalmente, expuso que, como no
hubo mala fe del beneficiario, no había lugar al reintegro de los dineros
pagados.
7. En segunda instancia7, la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado, mediante Sentencia proferida el 12 de octubre de 2011,
revocó la decisión y negó las pretensiones8. Adujo que, según las normas
especiales en la materia, era viable reliquidar la pensión de quien renuncia
temporalmente a ella para posesionarse como congresista, siempre que el
lapso de vinculación y los aportes al Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República no fueran inferiores a 1 año, como sucedió con el señor Ortiz
Peña, sin que fuera exigible tener la calidad de congresista antes de 1 de
abril de 1994.
8. Expuso que el señor Ortiz Peña era beneficiario del régimen de
transición porque, para el 1 de abril de 1994 tenía más de 18 años de servicio
y 52 años de edad, que, pensionado por CAJANAL desde 1997, se
desempeñó como representante a la Cámara y efectuó aportes al Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República por lapso superior a un año,
por ende, tenía derecho a la conmutación y reliquidación de su pensión, en
los términos del régimen especial para congresistas.
1.2. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante
9. Por medio de escrito radicado el 18 de junio de 2015, la Nación –
Ministerio del Trabajo presentó recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 12 de octubre de 2011, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
con radicación No. 25000-23-25-000-2007-01114-019. Pretendió que se
declarara la nulidad de esa Sentencia por configurarse la causal prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200310, esto es, b) Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
7 En virtud de recurso de apelación interpuesto por el señor José Miller Ortiz Peña (Folios 143 a 149 del cuaderno 3).
8 Folios 204 a 239 del cuaderno 3.
9 Folios 155 a 165 del cuaderno 1.
10 Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
Artículo 20. “REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS
DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial
o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
10. Aseguró que se configuró esa causal de revisión porque, en la
sentencia frente a la cual se interpuso el recurso, se aplicó de forma errada
el Decreto 1293 de 1994 pues se aplicó el régimen de transición para
congresistas del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 a quien nunca tuvo derecho,
pues no fue congresista en vigencia de esa normatividad. Que, en los
términos de la Sentencia de Constitucionalidad C-258 de 2013, para ser
beneficiario de un régimen de transición, era imprescindible estar afiliado al
mismo al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
11. Por medio de Auto de 10 de febrero de 2016, se admitió el recurso con
base en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y se ordenó notificar personalmente al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República y al Ministerio Público11.
12. El 4 de marzo de 2016, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República descorrió el traslado del recurso de revisión12. Apoyó las
pretensiones del Ministerio del Trabajo por considerar que el régimen de
transición buscaba proteger los derechos de quien tenía la expectativa de
ser acogido a un régimen y podría verse afectado con la entrada de uno
nuevo. El señor Ortiz Peña no tenía tal expectativa y, por ende, no había
lugar a la reliquidación ni a que FONPRECON asumiera el pago de la
pensión.
13. El Ministerio Público rindió su concepto. Sostuvo que, para ser
beneficiario del régimen de transición para los congresistas, el beneficiario
debía ostentar la calidad se senador o representante a la cámara a 1 de
abril de 1994, lo cual no sucedió porque, el señor Ortiz Peña solo fue
congresista en los años 2001 y 2002, razón por la cual debía accederse al
recurso extraordinario de revisión y decretar la nulidad de la Resolución 818
de 2002. Sin embargo, no había lugar al reintegro de dineros recibidos de
buena fe por el beneficiario13.
14. El 9 de septiembre de 2019, se ordenó la vinculación del señor José
Miller Ortiz Peña, se ordenó su notificación y se le dio traslado para que se
pronunciara sobre el recurso interpuesto14. Ante la imposibilidad de la
notificación personal y luego de realizar las gestiones necesarias para su
localización15, se designó a la abogada Laura Torrado Barriga como curador
ad litem de José Miller Ortiz Peña16 y se le notificó del recurso17.
15. El 28 de septiembre de 2021, la curadora ad litem de José Miller Ortiz
Peña solicitó desestimar las pretensiones del recurso extraordinario de
revisión porque su representado sí estaba cobijado por el régimen de
transición y acreditó los requisitos de permanencia por reincorporación en
11 Folios 178 y 179 del cuaderno 1.
12 Folios 194 a 196 del cuaderno 1.
13 Folios 186 a 193 del cuaderno 1.
14 Folio 216 del cuaderno 2.
15 Se requirió a FONPRECON para que suministrara la dirección de notificaciones (Folios 228 y 229 del cuaderno 2),
se requirió la información al Ministerio del Trabajo (Folios 243, 244 y 251 del cuaderno 2/Índice 60 de Samai), el 4 de
diciembre de 2020 se ordenó el emplazamiento de José Miller Ortiz Peña (Índice 69 de Samai).
16 Índice 77 de Samai.
17 Índice 85 de Samai. Se fijó en lista el recurso por 10 días el 20 de septiembre de 2021 (Índice 92 de Samai).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
los términos exigidos por la ley. Subsidiariamente, solicitó que, en caso de
proceder las pretensiones del recurso, no se accediera a la petición de
reintegro de dineros porque no se demostró la mala fe18.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. Oportunidad del recurso
extraordinario de revisión; 2.3. Análisis de la causal del recurso extraordinario de revisión
invocada; 2.4. El Caso concreto; 2.5. Sentencia de reemplazo; 2.6. Costas.
2.1 Exposición del caso y decisión de la Sala
16. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 del CPACA19.
Se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión, se infirmará la
Sentencia proferida el 12 de octubre de 2011 por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso con radicación
No. 25000-23-25-000-2007-01114-01 y, en su lugar, se confirmará la sentencia
de primera instancia, dictada el 29 de octubre de 2008 por la Sección
Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo
anterior porque se configuró la causal invocada, esto es, la cuantía del
derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con las normas
aplicables. No se condenará en costas por ser improcedente de la condena
para el caso.
2.2. Oportunidad del recurso extraordinario de revisión
17. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados20, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador21 o por el constituyente.
18. En el presente asunto, la Nación – Ministerio del Trabajo invocó la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque,
al señor José Miller Ortiz Peña, se le reliquidó la pensión en aplicación del
régimen de transición para congresistas sin que este hubiera ostentado la
calidad de senador o representante a la Cámara con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
19. De acuerdo con el citado artículo 251 del CPACA, en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso debe presentarse
dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En el presente
18 Índice 95 de Samai.
19 CPACA. Art. 251. “TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado
11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de
2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00(REV).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
asunto, la providencia objeto de recurso fue proferida el 12 de octubre de
2011 por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación y
cobró ejecutoria el 2 de marzo de 201222, por lo que, en principio, desde esa
fecha debía contarse el término de 5 años. No obstante, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la Corte Constitucional
señaló que “los términos de caducidad de posibles acciones contenciosas
contra estos actos de reconocimiento pensional, se reanudarán y
empezarán nuevamente a contarse a partir de la fecha de la comunicación
de esta providencia”23, razón por la cual, el término de 5 años para la
interposición del recurso se debe contabilizar a partir de la comunicación
de la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013.
20. Como en el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se
radicó el 18 de junio de 2015, es claro que fue presentado oportunamente
y, por ende, esta Sala debe emitir pronunciamiento de fondo.
2.3. Análisis de la causal del recurso extraordinario de revisión invocada
21. En los términos del artículo 248 del CPACA, “El recurso extraordinario
de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”. No se trata de una oportunidad procesal para reabrir un
debate propio de las instancias24, ni para suplir las deficiencias probatorias,
argumentativas, de ataque o de defensa que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una rigurosa carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez25, ni para corregir los errores
por la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación
del derecho.
22. Dentro de las causales de procedencia del recurso extraordinario de
revisión se encuentra la prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
cual señaló:
“REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES>
Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
22 Folio 244 del cuaderno 3.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
25 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-
2008-00480-00 (REV).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y, además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” (Destaca la
Sala)
23. Se trata de una causal de revisión atípica pues, abiertamente busca
cuestionar las decisiones de instancia por medio del estudio del fondo del
asunto. No obstante, en los términos de la norma y, por haber sido
establecida su constitucionalidad26, la Sala entrará a estudiar si se configuró
tal causal en el presente asunto.
24. El principal propósito de esta norma es el de reducir el déficit fiscal y
hacer viable y sostenible en el tiempo el sistema pensional27. La causal
prevista en el literal b) del citado artículo exige que solo puedan invocarla
determinadas entidades, entre ellas, la Nación – Ministerio del Trabajo,
además, que se trate de una providencia proferida por esta jurisdicción, en
la que haya ordenado el pago de prestaciones periódicas y que, la cuantía
del derecho reconocido hubiera excedido lo que legalmente correspondía.
25. En el presente caso, la Nación – Ministerio del Trabajo interpuso el
recurso extraordinario de revisión porque, desde su punto de vista, la
Sentencia de 12 de octubre de 2011, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, reliquidó la pensión de jubilación al
señor José Miller Ortiz Peña, en aplicación del régimen de transición para
congresistas y, este no cumplía los requisitos para acceder a ese régimen de
transición, lo cual conllevó a que se le reconociera una mesada pensional
que excedía el monto al que por ley tenía derecho. En tales términos, se
cumplen los requisitos de procedencia del recurso interpuesto.
2.4. El caso concreto
26. En lo atinente al derecho pensional del beneficiario, está probado
que:
27. 1) José Miller Ortiz Peña nació el 19 de diciembre de 194128 y prestó sus
servicios en el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte desde el 1
de abril de 1971 hasta el 17 de enero de 1997, durante ese tiempo efectuó
sus aportes para pensión a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL29.
26 La Corte Constitucionalidad estudió la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, mediante
sentencias C-835 de 2003 y C-157 de 2004.
27 Así se consignó en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003.
28 Folio 15 del cuaderno 3.
29 Folio 17 del cuaderno 3.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
28. 2) Mediante Resolución 25213 de 6 de octubre de 1998, la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL reconoció y ordenó el pago de una
pensión por vejez en favor de José Miller Ortiz Peña, en cuantía mensual de
$922.351,72, efectiva a partir del 22 de enero de 1997. Para ese
reconocimiento tuvo en cuenta los servicios prestados entre el 1 de abril de
1971 y el 17 de enero de 1997 en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte,
por un total de 8147 días. La liquidación se efectuó sobre el 75% del salario
promedio devengado entre el 1 de abril de 1994 y el 17 de enero de 1997
“conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93 y Sentencia 168
del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional” 30.
29. 3) José Miller Ortiz Peña se posesionó como Representante a la
Cámara por el departamento de Caquetá el 22 de enero de 2001 y
permaneció en ese cargo hasta el 19 de julio de 200231.
30. 4) Por Resolución 818 de 28 de agosto de 2002, el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República reliquidó la pensión de jubilación
reconocida al señor José Miller Ortiz Peña, dispuso que la cuantía sería de
$11.072.853,49, que se pagaría a partir del 20 de julio de 200232 y, el fondo
asumiría el pago33. El fondo consideró que, de acuerdo con el artículo 17 de
la Ley 4 de 1992 y la Sentencia T-608 de 1999, el beneficiario tenía derecho
a la reliquidación.
31. 5) En virtud de la demanda de nulidad presentada por el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República34, el 29 de octubre de 2008 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección B
declaró la nulidad de la Resolución 818 de 28 de agosto de 2002 y ordenó
al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República que adoptara las
medidas necesarias para que CAJANAL reasumiera la obligación
pensional35. El tribunal consideró que, con la unificación de regímenes
pensionales de la Ley 100 de 1993 quedaron derogadas las disposiciones
anteriores y, para que al beneficiario de la pensión le fuera aplicable el
régimen de transición para congresistas del Decreto 1293 de 1994 era
necesario que ostentara la calidad de congresista a 1 de abril de 1994.
Como no era beneficiario del régimen de transición, por disposición del
Decreto 816 de 2002, no tenía derecho a que se le reliquidara la pensión ni
a que esta fuera asumida por FONPRECON.
32. 6) Ante el recurso de apelación presentado por el señor José Miller
Ortiz Peña, el 12 de octubre de 2011, la Sección Segunda- Subsección A del
Consejo de Estado profirió la sentencia objeto de revisión, por medio de la
cual revocó la decisión y negó las pretensiones de la demanda36. Expuso
30 Folios 31 a 35 del cuaderno 3.
31 Folios 64 y 67 del cuaderno 3. Respecto de lo devengado y las deducciones efectuadas, aparece certificación
en los folios 68 a 76 del cuaderno 3.
32 Aunque en la Resolución 818 de 2002 se especificó que se reconocía a partir del 1 de febrero de 2002, el pago
se supeditó al retiro del servicio, el cual se hizo efectivo a partir del 20 de julio de 2002 (Folio 78 del cuaderno 3).
33 Folios 2 a 7 del cuaderno 3.
34 Folios 84 a 91 del cuaderno 3.
35 Folios 124 a 142 del cuaderno 3.
36 Folios 204 a 239 del cuaderno 3.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
que, en los términos del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 y el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, para acceder al régimen de transición del Congreso
de la República, el beneficiario de una pensión no necesitaba tener vínculo
como congresista el 1 de abril de 1994 sino que, la norma se refería a
servicios prestados o tiempos cotizados antes de la entrada en vigencia de
la ley 100, incluso, que podría vincularse con posterioridad a otro régimen
que le fuera más favorable, razón por la cual, en este caso era viable la
conmutación y reliquidación de la pensión pues, el beneficiario cumplía con
los requisitos para ello, en aplicación del citado régimen de transición, esto
es, estuvo vinculado al Congreso y aportó a pensiones en FONPRECON por
un lapso no inferior a un año.
33. Respecto de la normatividad aplicable, la Ley 4 de 1992 dispuso que
se debería establecer un régimen especial de pensiones para los
congresistas, las cuáles no podrían ser inferiores al 75% del ingreso mensual
promedio que percibieran37. Con fundamento en esa ley, el Presidente de
la República expidió el Decreto 1359 de 1993, mediante el cual estableció
el régimen especial de pensiones para Senadores y Representantes a la
Cámara, dispuso que dicho régimen sería aplicable a quienes a partir de la
vigencia de la Ley 4 de 1992 (18 de mayo de 1992), tuvieren la calidad de
Senador o Representante a la Cámara38.
34. El artículo 1 de la Ley 19 de 1987 y el 8 del Decreto 1359 de 199339
disponían que los congresistas que, para tomar posesión de su cargo,
tuvieran que renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación que
les había sido reconocida con anterioridad, al terminar el ejercicio de sus
funciones, podrían seguir percibiéndola, debidamente ajustada.
35. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se establecieron
nuevos requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder a la pensión,
sin embargo, se dispuso un régimen de transición para que, quienes
cumplieran las condiciones allí previstas accedieran a la pensión con la
edad y tiempo de servicio establecidos en el régimen anterior al que se
37 Ley 4 de 1992. Art. 17. “<Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, apartes tachados INEXEQUIBLES> El Gobierno
Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y
Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último
año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el
salario mínimo legal.
PARÁGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso
mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se
decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.”
38 Decreto 1359 de 1993. Art. 1. “Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece integralmente y de manera
especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes
a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara.”
39 Decreto 1359 de 1993. Art. 8. “Congresistas pensionados y vueltos a elegir. En armonía con lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 4° del presente Decreto, los Senadores y Representantes a la Cámara que al momento de
tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de
jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público, al terminar su gestión como Congresistas, la
seguirán percibiendo de la Entidad Pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente
régimen siempre que a la vigencia de este Decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el
artículo 1°, inciso 2° de la Ley 19 de 1987.
Para los efectos previstos en este artículo, la Entidad Pensional del Congreso de oficio, procederá a reliquidarlos
con base en el ingreso promedio que durante el último año y por todo concepto percibiere el congresista en
ejercicio, de conformidad con los mandatos previstos en los artículos 5° y 6° del presente Decreto.”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
encontraran afiliados40. Se expidió, además, el Decreto 1293 de 199441, allí
se dispuso que el régimen pensional de la Ley 100 de 1993 se aplicaría a los
senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del
Fondo de Previsión Social del Congreso que no se encontraran cubiertos por
el régimen de transición42.
36. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, solo podían
acceder a ese régimen de transición “Los senadores, los representantes, los
empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de
Previsión Social del Congreso” que a 1 de abril de 1994 hubieren cumplido
40 años de edad si eran hombres o 35 si eran mujeres o que hubieran
cotizado o prestado sus servicios durante 15 años o más43.
37. Teniendo en cuenta las normas que rigen el caso, al señor José Miller
Ortiz Peña no le era aplicable el régimen de transición previsto pues, al
momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994),
en los términos del artículo 4 del Decreto 1359 de 1993 44, no se encontraba
afiliado a la entidad pensional del congreso ni se había posesionado en
ningún cargo del Congreso de la República y, consecuentemente, no había
una expectativa de pensión por parte del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República que se debiera proteger45.
38. La posesión como congresista del señor José Miller Ortiz Peña, el 22 de
enero de 2001 y su permanencia hasta el 19 de julio de 2002 no cambian la
situación pues, por definición, un régimen de transición protege derechos
adquiridos y expectativas legítimas, no busca amparar situaciones
hipotéticas futuras. La consecuencia lógica es que, quienes no estuvieren
inmersos en el régimen de transición de los congresistas a 1 de abril de 1994,
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se regirían por esta o, como
40 Ley 100 de 1993. Artículo 36.
41 Decreto 1293 de 1994 “por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes,
empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre
prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.
42 Decreto 1293 de 1994. Artículo 1.
43 Decreto 1293 de 1994. Artículo 2. “Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del
Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso. Los senadores, los representantes, los
empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán
derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que
a 1 de abril de 1994 hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Haber cumplido (40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres;
b. Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.
PARÁGRAFO. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para aquellas personas
que hubieran sido senadores o representantes con anterioridad al 1 de abril de 1994, sean o no elegidos para
legislaturas posteriores, siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales a) o b)
de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable diferente, en cuyo caso este último
será el que conservarán.”
44 Decreto 1359 de 1993. Art. 4. “Requisitos para acceder a este régimen pensional. Para que un Congresista pueda
acceder a la aplicación de este régimen especial, deberá cumplir en debida forma con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse afiliado a la Entidad Pensional del Congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o
aportes respectivos a la misma.
b) Haber tomado posesión de su cargo.
PARÁGRAFO. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al momento de su
elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden
nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1°, inciso 2° de la Ley
19 de 1987.”
45 En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 4 de mayo de 2023.
Radicado: 25-000-23-42-000-2014-02251-03 (2082-2022).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
en el caso del señor Ortiz Peña, por el régimen anterior al que tenían
derecho46. De acuerdo con lo probado y, en relación con el marco jurídico
expuesto, es evidente que, a José Miller Ortiz Peña se le reconoció la pensión
de jubilación en cuantía muy superior a la que por ley le correspondía47, lo
que enmarca el asunto dentro del supuesto del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
39. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-258 de 2013 estudió la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, entre otras decisiones,
aclaró que, el régimen de transición allí previsto no se extendía a quienes
con anterioridad al 1 de abril de 1994 no se encontraren afiliados al mismo y
dispuso que los encargados del reconocimiento y pago de las pensiones
decretadas al amparo del citado artículo deberían adoptar las medidas
para hacer efectiva esa decisión, “aplicando en lo pertinente, los artículos
19 y 20 la Ley 797 de 2003”48.
40. Por todo lo expuesto, concluye la Sala que al señor José Miller Ortiz
Peña, al no ser beneficiario del régimen de transición de congresistas, no le
era aplicable el régimen especial de pensiones, establecido por el Decreto
1359 de 1993, por lo que no tenía derecho a la reliquidación de su pensión
con fundamento en la Ley 4 de 1992, el Decreto 1359 de 1993 y la Ley 19 de
46 En el mismo sentido, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del inciso 2 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, mediante Sentencia C-596 de 1997, señaló:
“De lo dicho se desprende que para ser beneficiario del régimen de transición es necesario estar en uno de los
siguientes supuestos : Primero : haber tenido 35 o más años, si se es mujer, o 40 o más, si se es hombre, en el
momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y haber estado, en ese momento, afiliado a un régimen
pensional ; Segundo : tener, en el momento de la entrada en vigencia de la Ley 100, 15 o más años de servicio
cotizados, y estar afiliado, también en ese momento, a un régimen pensional.
Esta y no otra interpretación, es la que se desprende literalmente de la norma parcialmente acusada, esto es, del
inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.”
47 La pensión reconocida por CAJANAL, mediante Resolución 25213 de 6 de octubre de 1998 fue por $922.351,72,
mientras que la reliquidación efectuada por FONPRECON subió esa cifra a $11.072.853,49 a partir de 20 de julio de
2002.
48 C-258 de 2013. Entre otras consideraciones, expuso:
“En este contexto, la regla sobre los beneficiarios del régimen especial bajo examen que se desprende del
derecho viviente, específicamente la posibilidad de que personas que no tenían una expectativa de pensionarse
a la luz del régimen especial porque no estaban vinculadas a éste, el 1º de abril de 1994, puedan beneficiarse de
sus elementos –salvo en el caso de la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994-
, constituye una violación del principio de igualdad, ya que, en primer lugar, significa la equiparación de dos
grupos de personas que no se encuentran en la misma situación: de un lado, el grupo de quienes sí estaban en el
régimen especial antes del 1° de abril de 1994, y de otro, el grupo de todos los que estaban fuera del régimen
especial a esa fecha; y en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, la regla representa la concesión de
un trato favorable carente de justificación objetiva razonable porque las normas vigentes después de 1994 ya
habían incorporado a los congresistas al régimen general de la Ley 100 de 1993, de tal forma que no existía base
normativa alguna para mantener una diferencia de trato en beneficio de quienes no cumplían a la fecha los
requisitos para ingresar al régimen de transición.
La Sala reitera que la razón por la cual el Constituyente permitió que un grupo de personas se siguieran
beneficiando de las ventajas de regímenes pensionales creados antes de la Ley 100, fue respetar expectativas
surgidas antes de la unificación de las reglas que operó en dicho cuerpo normativo. Por tanto, permitir que
personas que no tenían ese tipo de expectativa puedan beneficiarse de las ventajas que otorga el régimen
especial al que da lugar el precepto acusado, es avalar un tratamiento diferenciado –respecto de todos los demás
afiliados al sistema de pensiones- sin justificación. Recuérdese que a la luz del artículo 13 Superior, todo tratamiento
diferenciado debe tener una justificación válida desde el punto de vista constitucional.
4.3.5.5.2. Adicionalmente, la Sala observa que la regla en comento desconoce el principio de solidaridad y
contribuye a la existencia de obstáculos desproporcionados para el cumplimiento de los fines de la seguridad
social en pensiones. En efecto, al extender los beneficios del régimen a personas que no tenían una expectativa
protegible al 1° de abril de 1994, el artículo demandado de la forma en que viene siendo interpretado en el
derecho viviente permite la entrega de subsidios públicos a personas que no reunían las condiciones para ello
desde el punto de vista de las reglas de la seguridad social y los principios del Estado Social de Derecho, y que a
su vez hacen parte de un sector en mejores condiciones socio-económicas respecto de la población, y
específicamente de la mayor parte de los pensionados, lo que a su vez sacrifica el cumplimiento de metas de
cobertura y universalidad, como ya fue explicado.”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
1987, ni a que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
asumiera el pago de su prestación, tal como se ordenó por medio del acto
acusado, razón por la cual se declarará fundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto.
2.5. Sentencia de reemplazo
41. Ante la prosperidad de la causal de revisión invocada por la Nación –
Ministerio del Trabajo contra la Sentencia proferida el 12 de octubre de 2011
por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación y, en los
términos del inciso primero del artículo 255 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo49, la Sala proferirá la
correspondiente sentencia de reemplazo.
42. De acuerdo con las consideraciones expuestas en el acápite anterior,
la Sala revocará la sentencia de 12 de octubre de 2011 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual revocó la Sentencia dictada por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección B, el 29 de octubre de 2008
y, negó las pretensiones. En su lugar, se confirmará la sentencia de primera
instancia que había declarado la nulidad de la Resolución 818 de 28 de
agosto de 2002, del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
y había ordenado a ese fondo adoptar las medidas necesarias para que
CAJANAL reasumiera la obligación pensional de José Miller Ortiz Peña.
43. La Sala negará la pretensión encaminada al reintegro de los valores
pagados en exceso al beneficiario por parte de FONPRECON pues dichas
sumas fueron recibidas de buena fe y bajo el amparo de una decisión
judicial.
2.6. Costas
44. La Ley 1437 de 2011, vigente para el momento de la interposición del
recurso, no estableció una disposición en materia de costas en el marco del
recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, para resolver este
asunto, la Sala debe remitirse al artículo 188 de la Ley 1437 de 201150; según
el cual, salvo aquellos procesos en los que ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código Procedimiento Civil, que fue
derogado por el Código General del Proceso.
45. El numeral 3 del artículo 365 del CGP, norma vigente para la época
en que se interpuso el recurso de revisión, ordena condenar en costas a la
parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de revisión. No obstante, en el presente asunto, se declarará
49 CPACA. Art. 255“SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este
código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en
derecho corresponde.”.
50 Antes de la adición que se efectuó a ese artículo con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2015-01659-00
Actor: Nación – Ministerio del Trabajo
Demandado: José Miller Ortiz Peña
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara fundado recurso – sentencia de reemplazo
fundado el recurso y, la norma no prevé la condena en costas en este
supuesto, por ende, no se condenará al pago de las mismas.
3. DECISIÓN
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala 14 Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la Nación – Ministerio del Trabajo contra la Sentencia
proferida el 12 de octubre de 2011 por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000232500020070111401.
SEGUNDO: INFORMAR la Sentencia recurrida. En su lugar:
“Confirmar la sentencia del 29 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual
declaró la nulidad de la Resolución 818 de 28 de agosto de 2002”.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones del recurso extraordinario de
revisión.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con aclaración de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
MILTON CHAVES GARCÍA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
13 de 13
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