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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05276-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05276-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor José Miller Ortiz Peña, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión y la Secretaría General, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por las razones aquí expuestas. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00 Demandante: José Miller Ortiz Peña Segundo.- Reconocer personería jurídica al abogado Luis Alberto López Suaza como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en los términos del poder allegado y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05276-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

2 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: JOSÉ MILLER ORTIZ PEÑA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SALA CATORCE ESPECIAL DE
DECISIÓN Y SECRETARÍA GENERAL, FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
MINISTERIO DEL TRABAJO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-

Temas: Tutela contra providencia judicial. Recurso extraordinario de revisión.
Defecto procedimental absoluto por indebida notificación personal.
Configuración de la cosa juzgada constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Miller Ortiz Peña, quien actúa a través de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión y la
Secretaría General, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el
Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de agosto de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la integridad personal, a la seguridad social, a la vida y a la salud, así
como el principio de seguridad jurídica, supuestamente vulnerados por las
autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se CONCEDA el AMPARO CONSTITUCIONAL de los Derechos Fundamentales que
le han sido VIOLENTADOS de manera flagrante al señor José Miller Ortiz Peña,
ORDENANDO al Fondo de previsión social del Congreso de la Republica –
FONPRECON, y/o a la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP, que se realicen los
APORTES en salud correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2024, ya
que, por encontrarse en mora, el accionante tiene inconvenientes para la atención y
entrega de medicamentos.

2. Se CONCEDA el AMPARO CONSTITUCIONAL de los Derechos Fundamentales que
le han sido VIOLENTADOS de manera flagrante al señor José Miller Ortiz Peña, con las
decisiones adoptadas por la Sala del Consejo de Estado accionada, en el marco y/o
desarrollo del trámite del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-
000-2015-01659-00, ORDENANDO al Fondo de previsión social del Congreso de la
Republica – FONPRECON, y/o a la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP, que
se realice el pago de las mesadas pensionales correspondientes a los meses de
septiembre y octubre de 2024 en favor del accionante, toda vez que, al NO haber

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

recibido sus mesadas pensionales en los periodos referidos, el accionante se ha visto
afectado en el MÍNIMO VITAL y NO cuenta con los recursos para atender sus
obligaciones económicas.

3. Se DEJE SIN VALOR, NI EFECTO JURÍDICO ALGUNO, por ser CONTRARIA a la
Constitución Política, al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y a la Ley,
la sentencia proferida el 15 de abril del 2014 por Sala 14 de decisión de lo contencioso
administrativo del Consejo de Estado, Autoridad judicial que, con ponencia del H.M.
Alberto Montaña Plata, por medio de la cual se resolvió “recurso extraordinario de
revisión” formulado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con
radicado 11001-03-15-000-2015-01659-00 (terminado en “01” en esa instancia), el que
se declaró fundado ese medio extraordinario, y se emitió sentencia de reemplazo
mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de la
Resolución 818 del 28 de agosto de 2022 del Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, y todas las actuaciones surtidas durante el trámite.

4. Como consecuencia de lo anterior, se NOTIFIQUE al señor José Miller Ortiz Peña en
legal y debida forma, de la providencia por medio de la cual se admitió el recurso
extraordinario de revisión, así como de aquella con la que se ordenó vincularle en el
proceso, y, a partir de su notificación, se le corra el término de traslado para el ejercicio
de su Derecho fundamental a la defensa y de acceso efectivo a la administración de
justicia, a efectos que el accionante pueda pronunciarse, formular los reparos y aportar
las pruebas para que sea desestimado el recurso extraordinario de revisión formulado y
tramitado bajo radicado 11001-03-15-000-2015-01659-00.

5. Se ORDENE la SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS de la sentencia proferida el 15 de
abril del 2024 por Sala 14 de decisión de lo contencioso administrativo del Consejo de
Estado por NO habérsele permitido defensa técnica, y, en consecuencia, se ordene al
FONPRECON que continué pagando la mesada pensional 11001-03-15-000-2015-
01659-00 conforme a la Resolución 818 de 2002 y lo resuelto por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, en Sentencia proferida el 12 de octubre de 2011.

6. Se ADOPTEN las demás medidas y decisiones que considere necesarias el Consejo
investido como Juez Constitucional, para lograr la PROTECCIÓN efectiva de los
derechos fundamentales afectados a mi prohijado, y se les garantice su actuar legítimo
y de buena fe, así como para que se SANCIONE a la accionada y a los sujetos
procesales que VIOLENTARON los derechos fundamentales de la persona de la tercera
edad aquí accionante”.

2. Hechos

El accionante relató que el Ministerio del Trabajo interpuso recurso extraordinario
de revisión, con el fin de que revocara la sentencia de 12 de octubre de 2011,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-
25-000-2007-01114-01, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda tendientes a anulación de la Resolución núm. 818 de 2002, mediante la
cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República asumió el pago y
reliquidó la pensión de jubilación del señor José Miller Ortiz Peña, toda vez que esa
entidad no estaba facultada legalmente para asumir el pago de esa pensión ni para
efectuar su reliquidación.

Afirmó que el Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, en sentencia
de 15 de abril de 2024 declaró fundado el recurso extraordinario, por lo que infirmó
la sentencia de 12 de octubre de 2011 y, en su lugar, confirmó “la sentencia del 29
de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual declaró la nulidad de la
Resolución 818 de 28 de agosto de 2002”1.

1
Como medida para garantizar el derecho a la seguridad social en pensiones, el Tribunal ordenó a Fonprecon “que adopte
las medidas necesarias para que la Caja Nacional de Previsión Social reasuma su obligación pensional”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

Indicó que presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala Catorce
Especial de Decisión, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 15 de
abril de 2024, toda vez que no se le notificó la mencionada decisión y que el curador
ad-litem que lo representó no contaba con los medios probatorios que le permitiera
evidenciar la indebida notificación2.

Sostuvo que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo
de 23 de agosto de 2024 declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor pudo solicitar la nulidad
y, adicionalmente, pedir a la UGPP que determinara el valor de su mesada
pensional. Esa decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado mediante sentencia de 28 de noviembre de 2024.

Adujo que, con el fin de conocer el trámite de notificación dentro del recurso
extraordinario de revisión, solicitó a la Secretaría General del Consejo de Estado
que le autorizara el acceso al expediente del mencionado recurso.

Finalmente, aseguró que el 24 de abril de 2025, la Secretaría General del Consejo
de Estado autorizó el acceso parcial al expediente del recurso extraordinario de
revisión en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, toda vez que en dicho
sistema no se encuentran cargados todos los archivos, sobre todo los cuadernos
núm. 1 y 2, en los que aparecen el trámite de las notificaciones al señor José Miller
Ortiz Peña y que solo conoció todas las actuaciones cuando el curador ad-litem le
compartió el expediente.

3. Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora, la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, en tanto i) el asunto goza de relevancia constitucional, ii) no cuenta
con un mecanismo diferente a la solicitud de amparo para la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que “la nulidad por la indebida notificación NO
es un mecanismo aplicable en el caso que nos ocupa pues, tal y como se expuso
en el escrito de tutela y al parecer lo OMITIÓ el Juez Constitucional, que fue sólo
cuando recibió una mesada pensional INFERIOR a la que percibe legalmente, que
mi prohijado se acercó al FONPRECON y fue informado por dicha entidad de que,
a partir de una sentencia EJECUTORIADA y obtenida por vías de hecho, se emitió
una resolución mediante la cual se le DISMINUYÓ arbitrariamente su mesada
pensional” iii) se interpuso en un término razonable que no supera los 6 meses,
contados desde el momento en que la Secretaría General del Consejo de Estado
otorgó el acceso parcial al expediente, iv) identificó razonablemente los hechos y
las irregularidades procesales y v) no se reprocha una providencia dictada en
proceso de la misma naturaleza, sino sobre el suministro de todas las piezas
procesales del recurso extraordinario de revisión.

Afirmó que la Secretaría General del Consejo de Estado incurrió en defecto
procedimental absoluto, toda vez que adelantó el trámite de la notificación
personal sin haber validado la información suministrada por Fonprecon, omitió en
sus informes secretariales que la dirección física en la que se intentó estaba
“errada” y por no intentar el envío de mensaje de datos.

2
Radicado No. 11001-03-15-000-2024-04041-00.
3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

Sostuvo que Fonprecon indujo a error a la sala de decisión porque informó datos
incompletos y errados para que la Secretaría General del Consejo de Estado
remitiera los citatorios y, de este modo, se tornara fallida la comparecencia efectiva
del señor Ortiz Peña y terminara representado por curadora ad-litem, quien, pese
a su diligencia, no tuvo como advertir la indebida notificación.

Resaltó que el Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, no realizó
control de legalidad al proceso, en tanto solo limitó el traslado de la carga de aportar
las direcciones a Fonprecon y al Ministerio del Trabajo.

Finalmente, refirió que se configuró un perjuicio irremediable al no permitirle ejercer
su derecho a la defensa y contradicción por una incorrecta notificación personal.

4. Trámite procesal

Por auto de 29 de agosto de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a las autoridades accionadas. Asimismo, al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios no. 123625 a 123634 de
1 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión

El consejero ponente de la decisión objetada informó que en el fallo de 15 de abril
de 2024 contiene los argumentos necesarios para que el juez de tutela adopte la
decisión que en derecho corresponda.

5.2. Respuesta de la Secretaría General del Consejo de Estado

La secretaria general solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela, pues no había vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante en la solicitud de amparo.

Indicó que actuó de manera diligente y conforme a la ley en el trámite del recurso
extraordinario de revisión, más aún cuando adelantó en debida forma las diligencias
de notificación y garantizó el acceso al expediente.

Sostuvo que se enviaron oficios citatorios al actor a la dirección proporcionada por
el Ministerio del Trabajo y Fonprecon, pero fueron devueltos con la anotación de
“dirección errada”. Ante esto, procedió a realizar el emplazamiento del señor José
Miller Ortiz Peña, en cumplimiento de los artículos 291 y 293 del Código General
del Proceso.

Finalmente, aseguró que el expediente es “híbrido” (físico y digital), y que las piezas
procesales que el apoderado del accionante alegó que no existían en el sistema
SAMAI, están digitalizadas y disponibles para su consulta de manera “íntegra y sin
restricciones” en el índice 73 del mencionado sistema, en el que se encuentran las
actuaciones adelantadas en las primeras etapas del proceso.

5.3. Respuesta del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
Fonprecon
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

El director general solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente o,
en su defecto, se niegue el amparo solicitado, pues no se vulneraron los derechos
fundamentales al demandante.

Afirmó que se incurrió en temeridad, además que se ha configuró la cosa juzgada
constitucional, toda vez que el demandante había radicado otra acción de tutela por
los mismos hechos que se tramitó en el Consejo de Estado bajo el radicado núm.
11001-03-15-000-2024-04041-00 y que no fue seleccionada por la Corte
Constitucional para su revisión.

Señaló que no es cierto lo relacionado con la afirmación referente a la errada
notificación, pues el accionante “acudió en el mes de julio de 2024, al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, cambió la dirección reportada, y
luego inició una acción constitucional de amparo, indicando que no lo notificaron a
la dirección que reportó hasta el 4 de julio de 2024 y que ello es una violación de
su derecho”.

Por último, manifestó que la tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que
el accionante busca cuestionar una decisión judicial con el fin de insistir en un
debate de índole económica y procesal, aunado al hecho de que el actor no agotó
los mecanismos ordinarios como el incidente de nulidad al interior del proceso, lo
que convierte la acción de tutela en una instancia adicional para reabrir un debate
ya finalizado.

5.4. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

El apoderado de la entidad solicitó que la acción de tutela se declare improcedente
o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo.

Sostuvo que el accionante no demostró la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia de la solicitud de amparo, más aún cuando
no se cumple con el requisito de la subsidiariedad.

Para terminar, alegó que existe cosa juzgada, pues el juez natural del asunto se
pronunció sobre los reparos del accionante, por lo que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultaría improcedencia un nuevo pronunciamiento.

5.4. El Ministerio del Trabajo, a pesar de que se le notificó en debida forma el auto
admisorio, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
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Demandante: José Miller Ortiz Peña

y, en caso afirmativo, si el Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión
y la Secretaría General, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
el Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la integridad personal, a la seguridad social, a la vida y a la salud, así
como el principio de seguridad jurídica del demandante.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la
acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor José Miller Ortiz Peña, quien actúa en mediante apoderado judicial,
promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de
Decisión y la Secretaría General, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, el Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la integridad personal, a la seguridad social, a la vida
y a la salud, así como el principio de seguridad jurídica, al considerar que en el
recurso extraordinario de revisión se profirió la sentencia de 15 de abril de 2024, la
cual no se le notificó por un error en el trámite adelantado por la Secretaría General
del Consejo de Estado.

De conformidad con el escrito de tutela y el informe rendido por Fonprecon, se
advierte que lo pretendido con la solicitud de tutela ya fue objeto de estudio y
pronunciamiento por la Subsección C de la Sección Tercera y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en los fallos de 23 de agosto de 2024 y de 28 de noviembre de
2024, dentro del expediente con radicado no.11001-03-15-000-2024-04041-00/01,
por lo que en el asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en diferentes decisiones ha sostenido
que los fallos que profiera en ejercicio de su control jurisdiccional hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional, por lo que la acción de tutela se encuentra sometida a
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los parámetros de la cosa juzgada. Asimismo, ha explicado que “una vez un proceso
de tutela es seleccionado para revisión y fallado por la Corte, hace tránsito a cosa juzgada
constitucional; a su vez, también hace tránsito a cosa juzgada aquel proceso de tutela que
ha surtido el trámite para revisión, ha precluido el plazo para insistir en su selección, y no
ha sido seleccionado para revisión por esta corporación3”.

En esos términos, en sentencia T-146 de 2023, la Corte señaló que el objeto de la
cosa juzgada se concentra en evitar que se reabran discusiones que ya han sido
resueltas por la autoridad competente por medio de sentencia ejecutoriada, que
permita garantizar la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, por lo que
precisó “la figura de la cosa juzgada dota a las providencias judiciales de un valor
inmutable, vinculante y definitivo, por lo cual “le está vedado tanto a los funcionarios
judiciales como a las partes y eventualmente a la comunidad volver a entablar el mismo
pleito”4. Y en relación con los requisitos fijados jurisprudencialmente para la
configuración de la cosa juzgada constitucional, reiteró que se circunscriben en los
siguientes: (i) cuando se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia; y (ii) que en el nuevo proceso exista identidad de partes, objeto y causa respecto
del anterior”.

En todo caso, dispuso que las variaciones entre las partes, objeto y causa no
descartan la configuración de la cosa juzgada constitucional y explicó que “(i) algunas
alteraciones parciales a la identidad no necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que,
accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo caso, identidad de
sujetos; (ii) agregar un nuevo hecho que no tenga incidencia en la decisión no puede
justificar reabrir una controversia que cumplió su trámite; y (iii) tener un mismo objetivo o
pretensión no requiere una redacción idéntica de las pretensiones, mientras el juez pueda
verificar que existe una pretensión equivalente”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia
de la acción de tutela, por configurarse la cosa juzgada constitucional, como pasa
a exponerse.

En las sentencias de tutela de 23 de agosto de 2024 y de 28 de noviembre de 2024,
las Subsección C de la Sección Tercera y Sección Quinta del Consejo de Estado,
respectivamente, dentro del expediente con radicado no. 11001-03-15-000-2024-
04041-00/01, se analizó la procedencia de la pretensión tendiente a dejar sin efectos
la sentencia de 15 de abril de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sala
Catorce Especial de Decisión infirmó la sentencia de 12 de octubre de 2011 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, confirmó la decisión de 29
de octubre de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no. 25000-23-25-000-2007-01114-00.

La acción de tutela fue enviada a la Corte Constitucional y mediante auto de 31 de
enero de 20255 fue excluida de revisión.

Ahora bien, en esta ocasión el señor José Miller Ortiz Peña aduce que en la
sentencia de 15 de abril de 2024, proferida por la Sala Catorce Especial de Decisión
del Consejo de Estado se configuró un defecto procedimental absoluto, porque se
omitió la ritualidad que se debía observar para la notificación personal de la
providencia que dispuso su vinculación, lo que, a su juicio, fue desconocido por la
Secretaría General del Consejo de Estado al no remitir los comunicaciones u oficios
a su dirección de residencia, aunado al hecho de que no se le permitió acceder por
completo al expediente del recurso extraordinario de revisión.
3
Corte Constitucional, sentencia T-427 de 2017.
4
Corte Constitucional, sentencia T-497 de 2020.
5
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10807514&lista=datosExpedientes_
1758569480704.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

Al respecto, esta sección considera que en el presente asunto se configuró la cosa
juzgada constitucional, pues estamos en un escenario de igualdad de pretensiones,
las cuales ya fueron motivo de estudio por parte del juez de tutela, como se observa
a continuación:

Radicado 11001-03-15-000-2025-05276-00 11001-03-15-000-2024-04041-00
Accionante y Accionante: José Miller Ortiz Peña. Accionante: José Miller Ortiz Peña.
accionados
Accionado: Consejo de Estado, Sala Accionado: Consejo de Estado, Sala
Catorce Especial de Decisión y la Catorce Especial de Decisión. Secretaría General, el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República, el
Ministerio del Trabajo y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-
Pretensiones 1. Se CONCEDA el AMPARO 1. Se CONCEDA el AMPARO
CONSTITUCIONAL de los Derechos CONSTITUCIONAL de los Derechos
Fundamentales que le han sido Fundamentales al
VIOLENTADOS de manera flagrante al debido proceso, la seguridad jurídica en
señor José Miller Ortiz Peña, conexidad con la igualdad, la garantía de
ORDENANDO al Fondo de previsión publicidad de los actos públicos y el
social del Congreso de la Republica – acceso efectivo a la administración de
FONPRECON, y/o a la Unidad de justicia, el mínimo vital y la salud en
Pensiones y Parafiscales – UGPP, que se conexión con la vida, que le han sido
realicen los APORTES en salud VIOLENTADOS de
correspondientes a los meses de manera flagrante al señor José Miller Ortiz
septiembre y octubre de 2024, ya que, por Peña, con las decisiones adoptadas por la
encontrarse en mora, el accionante tiene Sala del Consejo de Estado accionada, en
inconvenientes para la atención y entrega el marco y/o desarrollo del trámite del
de medicamentos. recurso extraordinario de revisión
formulado por FONPRECON dentro del
2. Se CONCEDA el AMPARO proceso de nulidad y restablecimiento de
CONSTITUCIONAL de los Derechos derecho con radicado 11001- 03-15-000-
Fundamentales que le han sido 2015-01659-00 (terminado
VIOLENTADOS de manera flagrante al en “01” en esa instancia).
señor José Miller Ortiz Peña, con las
decisiones adoptadas por la Sala del 2. En consecuencia, se DEJE SIN VALOR,
Consejo de Estado accionada, en el NI EFECTO JURÍDICO ALGUNO, por ser
marco y/o desarrollo del trámite del CONTRARIA a la Constitución Política, al
recurso extraordinario de revisión con precedente jurisprudencial de la Corte
radicado 11001-03-15-000-2015-01659- Constitucional y a la Ley, la sentencia
00, ORDENANDO al Fondo de previsión proferida el 15 de abril del 2024 por Sala
social del Congreso de la Republica – 14 de decisión de lo contencioso
FONPRECON, y/o a la Unidad de administrativo del Consejo de Estado,
Pensiones y Parafiscales – UGPP, que se Autoridad judicial que, con ponencia del
realice el pago de las mesadas H.M. Alberto Montaña Plata, por medio de
pensionales correspondientes a los la cual se resolvió “recurso extraordinario
meses de septiembre y octubre de 2024 de revisión” formulado dentro del proceso
en favor del accionante, toda vez que, al de nulidad y restablecimiento de derecho
NO haber recibido sus mesadas con radicado 11001-03-15-000-2015-
pensionales en los periodos referidos, el 01659-00 (terminado en “01” en esa
accionante se ha visto afectado en el instancia), el que se declaró fundado ese
MÍNIMO VITAL y NO cuenta con los medio extraordinario, y se emitió sentencia
recursos para atender sus obligaciones de reemplazo mediante la cual confirmó el
económicas. fallo de primera instancia que declaró la
nulidad de la Resolución 818 del 28 de
3. Se DEJE SIN VALOR, NI EFECTO agosto de 2022 del Fondo de Previsión
JURÍDICO ALGUNO, por ser Social del Congreso de la República, y
CONTRARIA a la Constitución Política, al todas las actuaciones surtidas durante el
precedente jurisprudencial de la Corte trámite. Constitucional y a la Ley, la sentencia
proferida el 15 de abril del 2014 por Sala 3. Como consecuencia de lo anterior, se
14 de decisión de lo contencioso NOTIFIQUE al señor José Miller Ortiz
administrativo del Consejo de Estado, Peña en
Autoridad judicial que, con ponencia del legal y debida forma, de la providencia por
H.M.

Alberto Montaña Plata, por medio de medio de la cual se admitió el recurso
la cual se resolvió “recurso extraordinario extraordinario de revisión, así como de
de revisión” formulado dentro del proceso aquella con la que se ordenó vincularle en
de nulidad y restablecimiento de derecho el proceso, y, a partir de su notificación, se
con radicado 11001-03-15-000-2015- le corra el término de traslado para el
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

01659-00 (terminado en “01” en esa ejercicio de su Derecho fundamental a la
instancia), el que se declaró fundado ese defensa y de acceso efectivo a la
medio extraordinario, y se emitió administración de justicia, a efectos que el
sentencia de reemplazo mediante la cual accionante pueda pronunciarse, formular
confirmó el fallo de primera instancia que los reparos y aportar las pruebas para que
declaró la nulidad de la Resolución 818 sea desestimado el recurso extraordinario
del 28 de agosto de 2022 del Fondo de de revisión formulado
Previsión Social del Congreso de la por el FONPRECON.
República, y todas las actuaciones
surtidas durante el trámite. 4. Se ORDENE la SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS de la sentencia proferida el 15
4. Como consecuencia de lo anterior, se de abril del 2024 por Sala 14 de decisión
NOTIFIQUE al señor José Miller Ortiz de lo contencioso administrativo del
Peña en legal y debida forma, de la Consejo de Estado por NO habérsele
providencia por medio de la cual se permitido defensa, y, en consecuencia, se
admitió el recurso extraordinario de ordene al FONPRECON que continuar
revisión, así como de aquella con la que pagando la mesada conforme a la
se ordenó vincularle en el proceso, y, a Resolución 818 de 2002 y lo resuelto por
partir de su notificación, se le corra el la Sección Segunda – Subsección A del
término de traslado para el ejercicio de su Consejo de Estado, en Sentencia proferida
Derecho fundamental a la defensa y de el 12 de octubre de 2011.
acceso efectivo a la administración de
justicia, a efectos que el accionante pueda 5. A partir del fallo de tutela que
pronunciarse, formular los reparos y restablezca los derechos fundamentales
aportar las pruebas para que sea violentados al accionante, se PAGUE la
desestimado el recurso extraordinario de mesada pensional y mesadas adicionales
revisión formulado y tramitado bajo en cuantía de veintinueve millones de
radicado 11001-03-15-000-2015-01659- pesos colombianos ($29.000.000 COP)
00. menos los descuentos de Ley y los
autorizados por el aquí accionante, y hasta
5. Se ORDENE la SUSPENSIÓN DE LOS que se profiera el fallo que resuelva el
EFECTOS de la sentencia proferida el 15 recurso extraordinario de revisión
de abril del 2024 por Sala 14 de decisión formulado por el FONPRECON,
de lo contencioso administrativo del agotándose todas las garantías y
Consejo de Estado por NO habérsele presupuestos de notificación al señor José
permitido defensa técnica, y, en Miller Ortiz
consecuencia, se ordene al Peña.
FONPRECON que continué pagando la
mesada pensional 11001-03-15-000- 6. Se ADOPTEN las demás medidas y
2015-01659-00 conforme a la Resolución decisiones que considere necesarias el
818 de 2002 y lo resuelto por la Sección Consejo investido como Juez
Segunda – Subsección A del Consejo de Constitucional, para lograr la
Estado, en Sentencia proferida el 12 de PROTECCIÓN efectiva de los derechos
octubre de 2011. fundamentales afectados a mi prohijado, y
se les garantice su actuar legítimo y de
6. Se ADOPTEN las demás medidas y buena fe, así como para que se
decisiones que considere necesarias el SANCIONE a la accionada y a los sujetos
Consejo investido como Juez procesales que VIOLENTARON los
Constitucional, para lograr la derechos fundamentales de la persona de
PROTECCIÓN efectiva de los derechos la tercera edad aquí accionante
fundamentales afectados a mi prohijado,
y se les garantice su actuar legítimo y de
buena fe, así como para que se
SANCIONE a la accionada y a los sujetos
procesales que VIOLENTARON los
derechos fundamentales de la persona de
la tercera edad aquí accionante
Fundamentos Defecto procedimental absoluto por Defecto procedimental absoluto por
indebida notificación de la providencia indebida notificación de la providencia que
que lo vincula al recurso extraordinario de lo vincula al recurso extraordinario de
revisión. revisión.

Para la Sala, el argumento que plantea el actor en esta acción de tutela relacionado
con que la Secretaría General del Consejo de Estado no le permitió acceder a la
totalidad de las piezas procesales del expediente y que ello solo tuvo lugar hasta
que el curador ad-litem le facilitó todas las actuaciones, de las que pudo constatar
el hecho de que no se le notificara personalmente el proveído que ordenó su
vinculación al recurso extraordinario de revisión, no es de recibo, pues se trata del
mismo argumento relacionado con el acto de notificación y que se planteó a partir
del defecto procedimental absoluto en la otra acción de tutela. Además, que esa
situación no constituye un hecho nuevo.
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Demandante: José Miller Ortiz Peña

Igualmente, la situación relatada por el demandante no habilita la reapertura del
estudio del asunto, toda vez que el relato que hace es para demostrar que, en su
sentir, el trámite de notificación no se realizó en debida forma, lo que ya fue
planteado en la anterior acción de tutela.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que la pretensión de la acción de
tutela está encaminada a dejar sin efectos la sentencia de 15 de abril de 2024,
proferida por la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, lo que
ya fue resuelto mediante fallo de 28 de noviembre de 2024, en el que la Sección
Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo, por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, en tanto la parte actora no
agotó el incidente de nulidad en el marco del recurso extraordinario de revisión.

Ahora bien, la Sala considera necesario precisar que si bien en la otra acción de
tutela no se realizó un estudio de fondo, lo cierto es que esto no desconoce el hecho
de que el juez de tutela realizó un análisis a partir de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y que, en consecuencia, el hecho de que no
cumpliera con el presupuesto de la subsidiariedad conllevaba que se declarara la
improcedencia, situación que no varía con la nueva solicitud. Por consiguiente, la
ausencia de un estudio de fondo en el anterior trámite constitucional no habilita, en
este caso en particular al actor para presentar otra solicitud de amparo con las
mismas partes, objeto y causa.

Finalmente, se pone de presente que, la decisión que fue confirmada en la sentencia
objetada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B ordenó a Fonprecon adoptar las medidas necesarias para que
Cajanal reasumiera su obligación pensional, pues durante la vigencia de la Ley 19
de 1987 y el Decreto 1359 de 1993, el beneficiario no ostentaba la calidad de
congresista y tampoco cumplía las condiciones para que le aplicara el régimen de
transición para los congresistas, sin que se observe alguna orden que pusiera en
riesgo el derecho fundamental de la seguridad social en pensiones del accionante,
pues no se ordenó la suspensión del pago de la prestación. De hecho, se ordenó a
la extinta Cajanal asumir la pensión del actor y, además, se consideró que los
dineros devengados durante el tiempo que estuvo en Fonprecon fueron recibidos
de buena fe, por consiguiente, no había lugar a la devolución de los recursos.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, en tanto se
configuró la cosa juzgada constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor José
Miller Ortiz Peña, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Consejo de
Estado, Sala Catorce Especial de Decisión y la Secretaría General, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, el Ministerio del Trabajo y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, por las razones aquí expuestas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05276-00
Demandante: José Miller Ortiz Peña

Segundo.- Reconocer personería jurídica al abogado Luis Alberto López Suaza
como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en los términos del
poder allegado y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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