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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04064-00

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04064-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de la señora Ana María Tovar Motta, quien actúa en nombre propio. En consecuencia, Segundo.- ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que tenga en cuenta el certificado de funciones expedido el 1 de agosto de 2024, por el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, como válido para efectos de demostrar que la señora Ana María Tovar Motta desempeñó la judicatura como auxiliar judicial ad honorem, para optar por el título de abogada. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04064-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04064-00
Demandante: Ana María Tovar Motta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04064-00
Demandante: ANA MARÍA TOVAR MOTTA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA Y JUZGADO NOVENTA Y CUATRO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Acreditación de la práctica
jurídica de la judicatura como requisito para acceder al título de
abogada

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Ana María Tovar Motta1, contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y
el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
de petición, debido proceso, educación y libre escogencia de profesión u oficio, los
cuales considera vulnerados por el no reconocimiento de la judicatura realizada en
el precitado despacho judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La accionante manifestó que el 17 de julio de 2023, fue nombrada como auxiliar
judicial ad honorem en el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá.

Informó que el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá se transformó en el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con

1 La acción de tutela se presentó el 5 de agosto de 2024.

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Demandante: Ana María Tovar Motta

Función de Conocimiento de Bogotá, en virtud de la Resolución No. UDAER23-74
de 28 de abril de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura.

Sostuvo que prestó sus servicios hasta el 17 de abril de 2024, cumpliendo así los
nueve (9) meses de práctica jurídica, por lo que el 21 de mayo del mismo año
presentó la documentación exigida ante el CSJ-SIRNA para iniciar el trámite de
acreditación de la judicatura.

Señaló que el 23 de julio de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la requirió para que
adjuntara el “Certificado de tiempo y funciones, teniendo en cuenta que es
necesaria una ampliación de funciones de contenido jurídico y la inclusión del
horario de labores en el certificado”, con el fin de continuar con el trámite de
acreditación de la práctica jurídica.

Expresó que el 30 de julio de 2024, remitió el nuevo certificado expedido por el
juzgado con el fin de subsanar lo solicitado por la entidad.

Adujo que en la precitada fecha la entidad contestó solicitando de nuevo un
certificado en el que se amplíen las funciones de contenido jurídico junto con los
horarios de labores, teniendo en cuenta que son requisitos establecidos en los
Acuerdos PSAA10-7543 y PSAA12-9338 del Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó que el 1 de agosto de 2024, remitió el nuevo certificado atendiendo los
requerimientos realizados por la entidad; sin embargo, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
volvió a contestar negativamente la solicitud, al considerar que “las funciones
consignadas en el certificado son netamente asistenciales propias del
funcionamiento del despacho judicial, razón por la cual no pueden ser tenidas en
cuenta”.

Finalmente, aseveró que a la fecha la mencionada entidad no ha expedido ningún
acto administrativo que acredite la práctica jurídica realizada.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y
el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido
proceso, educación y libre escogencia de profesión u oficio, con la negativa de
acreditar la práctica jurídica realizada en el despacho precitado judicial, por
desempeñar funciones netamente asistenciales.

En primer lugar, sostuvo que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia vulneró sus derechos fundamentales de petición y al
debido proceso, al continuar negando su solicitud de acreditación de la práctica
jurídica e incumplir con los términos establecidos en el Acuerdo PSAA10-7543 de
2010.

De igual manera, citó las sentencias T-347 de 2011 y T-149 de 2014 de la Corte
Constitucional, las cuales establecen el derecho fundamental de petición como
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una garantía de aplicación inmediata, cuya efectividad resulta indispensable para
la consecución de los fines esenciales del Estado.

En ese sentido, señaló que su petición se presentó cumpliendo a cabalidad los
requisitos formales exigidos para acreditar la práctica jurídica, de modo que al
negarse a expedir su certificado por realizar funciones propias del funcionamiento
del despacho judicial, ignora los deberes de colaboración en torno al buen
funcionamiento de la administración de justicia.

Adicionalmente, manifestó que ejerció “las tareas asignadas y que como egresada
no graduada no podía realizar más funciones aparte de las designadas por el
despacho que me permitió adquirir experiencia y competencia para mi futura
actividad profesional y contribuyó en este requisito alternativo para obtener el título
de abogada”.

En segundo lugar, expresó que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia vulneró sus derechos fundamentales a la educación y a la
libre escogencia de profesión u oficio, pues al desconocer las funciones y el
tiempo laborado como judicante Ad Honorem defraudó su confianza legítima.

De igual manera, hizo referencia a la sentencia T-230 de 2022 de la Corte
Constitucional, sobre el punto de encuentro entre el derecho a la educación y a la
libre escogencia de profesión u oficio, cuando se requiere de un título académico
como habilitación para el ejercicio de una actividad productiva que la persona ha
elegido desarrollar.

Precisó que la entidad está extralimitándose en sus competencias al establecer
que las funciones certificadas son de carácter netamente asistencial, toda vez que
“no existe un manual de funciones o lineamiento jurídico que indique
específicamente a los despachos judiciales que funciones son de carácter jurídico
y cuáles son de carácter asistencial aprobadas por el Consejo Superior de la
Judicatura, para la práctica de la judicatura de los estudiantes”.

Así mismo, adujo que la negativa de acreditar las funciones certificadas por el
Juzgado Noventa y Cuatro Penal con Función de Conocimiento de Bogotá y
asignarles un carácter asistencial, desconoce que las actividades desarrolladas
requieren de conocimiento jurídico y del desarrollo que se lleva a cabo en los
procesos penales “con acceso a expedientes de procesos en cuestión y
relacionándome con las partes”.

Consideró que, la actuación desplegada por la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia “ha vulnerado el derecho a la educación en
virtud de que tengo un plazo académico fijado por la Universidad Libre de
Colombia de graduarme hasta el año 2025 y si no culmino con mis estudios para
este momento todo mi tiempo, esfuerzo y dinero invertido en mi carrera académica
se vería frustrado dado a que he cumplido con todos los requerimientos recibiendo
respuesta negativa por parte de la funcionaria a cargo de mi revisión y por lo tanto
le solicito a su digno despacho considerar la mencionada vulneración a mi derecho
a la educación”.

Refirió que necesita la expedición de la resolución que acredita la práctica jurídica
con el fin de obtener su título de abogada, dado que sus padres se encuentran
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desempleados y tiene la urgencia de obtener un trabajo para poder contribuir
económicamente con su hogar.

Por último, indicó que “he culminado a cabalidad todos mis estudios eximiéndome
incluso de la práctica de preparatorios y de segundo idioma sintiéndome muy
orgullosa de mí misma y esperando como único requisito restante dicha
certificación para mi grado como abogada”.

3. Pretensiones

La parte demandante en el escrito de tutela formuló las siguientes:

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales alegados en la presente acción de
tutela.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS emitir el respectivo acto
administrativo que reconozca el cumplimiento de la práctica de mi judicatura AD
HONOREM en el Juzgado 94 Penal Municipal antes Juzgado 13 Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento, cambio en virtud de la resolución UDAER23-74 del 28 De
Abril de 2023”.

4. Pruebas relevantes

La accionante aportó los siguientes documentos:

• Resolución Nro. 005 de 17 de julio de 2023, “Por medio de la cual se efectúa un
nombramiento de auxiliar judicial de este despacho judicial”, expedida por el
Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y el acta
de posesión.
• Copia de la solicitud para múltiples trámites de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.
• Copia del certificado de funciones y horario laboral de la práctica jurídica expedido
por el Juzgado Noventa y Cuatro Penal con Función de Conocimiento de Bogotá.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de agosto de 20242, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda y ordenó notificar a la accionante, a la parte accionada -Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia-, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De otra parte, en relación con la solicitud de medida provisional, consistente en
que se “ordene a la accionada emitir dicho documento con el fin de que me pueda
graduar en las fechas establecidas para el mes de octubre de 2024 ya que hasta
el 23 de agosto de 2024 a mi universidad la resolución a través de la cual se
reconoce mi judicatura”, no se accedió a la misma por cuanto, de lo manifestado
en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al proceso, no se encontró

2 La accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo

electrónico: amtm99@hotmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co; agencia@defensajuridica.gov.co y
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.

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Demandante: Ana María Tovar Motta

acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida
provisional, ya que no se observaba de manera preliminar un riesgo inminente de
afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante que
ameritara la intervención necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

Finalmente, por auto de 18 de septiembre de 20243, la magistrada sustanciadora
ordenó vincular en calidad de demandado al Juzgado Noventa y Cuatro Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, dado que la accionante
realizó la práctica jurídica en dicho despacho judicial.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

A través de memorial de 15 de agosto de 2024, el director de la Unidad solicitó
que se nieguen las pretensiones formuladas por la demanda de tutela, bajo el
argumento de que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la
accionante.

Señaló que el 21 de mayo de 2024, la señora Ana María Tovar Motta realizó la
preinscripción del trámite de expedición de acreditación de la práctica jurídica a
través del sistema SIRNA y que una vez revisada la documentación aportada
estableció que no allegó los documentos completos, por lo que el 25 de junio de la
misma anualidad la requirió para continuar con la gestión.

Indicó que una vez recibida la documentación solicitada consideró necesario
requerir nuevamente a la accionante el 23 de julio de 2024, para que adjuntara la
corrección del certificado de cumplimiento de la judicatura en los siguientes
términos: “Certificado de tiempo y funciones, teniendo en cuenta que es necesaria
una ampliación de funciones de contenido jurídico y la inclusión del horario de
labores en el certificado”.

Manifestó que el 30 de julio de 2024, la accionante remitió una nueva certificación
expedida por el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá; sin embargo, esta no incluía la ampliación de las
funciones de contenido jurídico solicitadas previamente.

Adujo que el 1 agosto del presente año, la accionante compartió otra certificación
y solicitó que fuese aceptada, toda vez que el juzgado no podía acreditar
funciones distintas a las asignadas.

En consecuencia, constató que las funciones desarrolladas por la accionante
durante su judicatura eran de carácter asistencial y no jurídico, por lo que en la
misma fecha le indicó que dicho documento no podía ser tenido en cuenta, puesto

3 La accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo

electrónico: amtm99@hotmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co; agencia@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y j94pmpalconbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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que era necesario acreditar funciones jurídicas de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura.

Sostuvo que a la fecha la accionante no ha aportado la totalidad de los
documentos necesarios para culminar con el trámite de la práctica jurídica, en
consecuencia, “una vez allegue la documentación faltante, esta Unidad procederá
de conformidad con la normatividad vigente aplicable”.

Para terminar, refirió que no ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la
parte actora, dado que al presentar una petición incompleta le ha requerido a la
peticionaria en varias ocasiones la documentación completa con el fin de resolver
su solicitud.

6.2. El Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Bogotá, aun cuando fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción
de tutela, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Juzgado Noventa y
Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, vulneraron los
derechos fundamentales de petición, debido proceso, educación y libre
escogencia de profesión u oficio de la accionante, por el no reconocimiento de la
judicatura realizada en el mencionado despacho judicial, por cuanto considera, la
primera autoridad, que la accionante desempeñó funciones netamente
asistenciales.

3. Sobre la exigibilidad de la práctica jurídica como requisito para acceder al
título de abogado

Conforme al artículo 67 de la Constitución Política, la educación reviste una doble
dimensión: como derecho fundamental y servicio público. En su faceta de derecho,
la educación se erige como una garantía esencial para el desarrollo integral de los
individuos, permitiendo a cada persona forjar su proyecto de vida y concretar los
principios y valores inherentes a la condición humana. En su carácter de servicio
público, la educación se transforma en una obligación estatal, vinculada a la
función social del Estado, que debe asegurar su provisión y acceso a todos los
ciudadanos4.

4 Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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La Corte Constitucional ha declarado que el derecho a la educación debe ser
considerado un derecho fundamental no solo en relación con la infancia, como lo
estipula el artículo 44 de la Constitución, sino también en lo que concierne a la
formación de los adultos. Este derecho es intrínseco y esencial para el ser
humano, representando una actividad que dignifica a la persona y actúa como un
mecanismo para asegurar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, así
como a los demás bienes y valores culturales.

De acuerdo con el artículo 26 de la Carta Política, el legislador tiene la facultad de
establecer requisitos para la obtención de un título de idoneidad que permita el
ejercicio de una profesión específica. No obstante, dichas exigencias deben
cumplir con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con el objetivo de
evitar que se conviertan en obstáculos que puedan perjudicar no solo el derecho a
la educación, sino también derechos como la libertad de elegir una profesión,
oficio o empleo.

En ese contexto, para el programa de derecho, el legislador ha establecido que los
estudiantes aspirantes a ese título deben acreditar el cumplimiento de la
culminación de materias, la participación en un consultorio jurídico, la presentación
de exámenes preparatorios y la elaboración y sustentación de una monografía
jurídica o la realización de la judicatura, de conformidad con el artículo 2 de la Ley
552 de 1999.

La Corte Constitucional en sentencia T-433 de 20125 estableció que la práctica
jurídica constituye una función social que contribuye con los fines esenciales del
Estado, toda vez que resulta de la vocación por el servicio a la comunidad
inherente de la profesión de abogado. Así mismo, sostuvo que la exigencia de la
judicatura para los que deseen obtener el título de abogado se debe a que “(…) el
Estado, por medio del Legislador, regule la libertad de profesión u oficio; que las
instituciones del Estado sirvan como plataforma a los egresados de las facultades
de derecho adquirir una mayor experiencia laboral; y adicionalmente, da la
posibilidad al estudiante de conocer a fondo el ordenamiento jurídico inherente a la
función social que entraña la profesión”.

La Sala debe resaltar que dentro del ordenamiento jurídico se encuentren
establecidas las instituciones, la modalidad y el tiempo en que debe desarrollarse
la judicatura. En ese sentido, la sentencia C-749 de 2009, dispuso:

“Con base en esta decisión del legislativo, el ordenamiento ofrece diversas alternativas
para el desarrollo de la práctica de judicatura. Así, el artículo 23 del Decreto 3200/79,
indica que estas prácticas pueden desarrollarse, de forma remunerada, continua y por
el término de un año, en diversas instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del
sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como
monitor de los consultorios jurídicos a cargo de las facultades de Derecho. Dentro de
esta categoría, igualmente se inscribe el ejercicio del litigio con buen crédito y
reputación moral, y durante dos años, según lo dispone el artículo 31 del Decreto
196/71. Del mismo modo, distintas normas permiten ejercer la judicatura ad honorem
por el término de nueve meses, como son (i) auxiliar judicial en organismos de la Rama
Judicial, las Fiscalías Delegadas y la justicia penal militar, según lo regula el Decreto
1862 de 1989; (ii) auxiliar del Defensor de Familia, adscrito al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, conforme lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley 23

5 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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de 1991; (iii) defensor público de la Defensoría del Pueblo, práctica regulada en los
artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992; (iv) auxiliar jurídico ad honorem en la
Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República, cargos
autorizados por la Ley 878 de 2004; y (v) el ejercicio de la judicatura ad honorem en las
ligas y asociaciones de consumidores y usuarios; al igual que como abogado o asesor
jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las
Superintendencias establecidas en el país, según lo regula la Ley 1086/06 objeto de
análisis en esta sentencia”.

Así las cosas, se puede concluir que el egresado del programa de derecho,
además de cumplir con los requisitos del plan de estudios y los exámenes
preparatorios, puede optar entre la elaboración de una monografía o la realización
de la judicatura para obtener el título de abogado. En el caso de elegir la práctica
jurídica, el estudiante tiene la libertad de determinar las condiciones en las que se
llevará a cabo, incluyendo aspectos como el tiempo, la remuneración y la entidad
en la que se realizará. Esto permite que la judicatura se adapte a las necesidades,
objetivos y proyecto de vida del futuro abogado. Por lo tanto, la judicatura es una
oportunidad para que el egresado adquiera experiencia laboral y conocimientos
jurídicos que serán valiosos para su futura carrera profesional6.

4. El principio de confianza legítima

La jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de confianza
legítima es un elemento fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, el cual se
encarga de orientar las relaciones entre particulares y la administración,
preponderado por la estabilidad y durabilidad entre éstos7.

En esa medida, la Corte Constitucional ha sostenido que el principio de confianza
legítima es conforme al cual, “las autoridades y los particulares deben entonces
ser coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos en sus
acuerdos y convenios, y garantizar la estabilidad y durabilidad de las situaciones
generadas, de tal suerte que así como la administración pública no puede ejercer
sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan,
tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas”8.

Bajo ese orden, se desprende que el principio regula todas las actuaciones y
procedimientos de las entidades públicas, dado que uno de sus objetivos es
garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular se concreten
de manera efectiva y adecuada9.

En conclusión, la confianza legítima resguarda las razones objetivas que tiene un
ciudadano para suponer la consolidación de un derecho que aún no ha adquirido,
por lo que no es constitucionalmente aceptable que la administración rompa de
manera repentina esta confianza generada con su conducta, especialmente,
cuando ello puede impactar derechos fundamentales10.

6 Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7 Ver sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido ver las

sentencias T-248 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T- 141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-458 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La señora Ana María Tovar Motta, quien actúa en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Juzgado Noventa y Cuatro
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, con el fin de que se
acceda al amparo constitucional de sus derechos fundamentales de petición,
debido proceso, educación y a la libre escogencia de profesión u oficio, los cuales
considera vulnerados por el rechazo del reconocimiento de la práctica jurídica
realizada en el mencionado despacho judicial, bajo el argumento de que
desempeñó funciones netamente asistenciales.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en el
escrito de la contestación de la demanda de tutela solicitó negar las pretensiones
de la accionante, luego de considerar que no existió vulneración alguna, toda vez
que su negativa en la expedición de la resolución de acreditación de la práctica
jurídica se debe a que la señora Tovar Motta no ha logrado acreditar que durante
su práctica desarrolló funciones jurídicas.

El despacho judicial accionado, aun cuando fue debidamente notificado del auto
admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.

5.2. En primer lugar, la Sala debe precisar que la presente acción de tutela cumple
con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia no ha expedido un acto
administrativo, que pueda ser impugnado ante la jurisdicción contencioso
administrativa. En efecto, la urgencia en la intervención del juez de tutela se
justifica en que de no decidirse de manera definitiva si tiene o no derecho a la
expedición del acto administrativo que reconoce la práctica jurídica, compromete
el goce de los derechos fundamentales a la educación y la libertad de escogencia
de profesión u oficio.

De esta manera, la Sala considera que al no existir ningún otro medio de defensa
judicial y al tratarse de una discusión de rasgo ius fundamental que compete por
su esencia a la jurisdicción constitucional, el mecanismo judicial idóneo para
resolver el problema jurídico planteado por la demandante es la acción de tutela.

5.3. Ahora bien, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se observa
que la señora Ana María Tovar Motta es egresada de la facultad de derecho de la
Universidad Libre de Colombia, en la que cursó y aprobó el plan de estudios
durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 y junio de 2021.

De igual modo, fue nombrada y posesionada el 17 de julio de 2023 como auxiliar
judicial ad honorem del Juzgado Trece Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá -en la actualidad Juzgado Noventa y Cuatro Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá-, con el fin de realizar su
judicatura, tal y como se observa en las siguientes imágenes:

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Una vez finalizada la judicatura el 17 de abril de 2024, la accionante procedió a
radicar la documentación exigida por el Consejo Superior de la Judicatura el 21 de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04064-00
Demandante: Ana María Tovar Motta

mayo del mismo año en el portal SIRNA, con el fin de que se expidiera la
resolución a través de la cual se acredita el cumplimiento de la judicatura.

El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, requirió a la accionante para que adjuntara un certificado
de funciones en el que se amplíen las de contenido jurídico y la inclusión del
horario de labores.

Luego de varios intercambios de correos electrónicos en los que nuevamente se
solicitaba la certificación con funciones de carácter jurídico, el 1 de agosto de
2024 la accionante remitió un certificado expedido por el Juzgado Noventa y
Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en el que
consta:

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la misma fecha le contestó a la accionante
que de conformidad con el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010 las funciones se
entenderán válidas únicamente si son de carácter jurídico, de modo que determinó
que las certificadas eran “netamente asistenciales propias del funcionamiento del
despacho judicial, razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta”.

Ahora bien, en virtud del artículo 2° de la Ley 552 de 1999 “el estudiante que haya
terminado las materias del pénsum académico antes de la entrada en vigencia de
la presente ley, elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía

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jurídica o la realización de la judicatura”. (subrayas y negrillas por fuera del texto
original)

En ese sentido, el literal a) del artículo 4º del Acuerdo PSAA10-7543 de 201011,
emanado de la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, reglamentó que la judicatura ad honorem podría realizarse como
auxiliar judicial en los despachos judiciales del país.

Adicionalmente, las funciones desempeñadas por un auxiliar judicial ad honorem
son aquellas labores generales encomendadas por el juez o magistrado
encargado del despacho judicial, las cuales en ningún caso excederán a las
atribuidas por la ley para los oficiales mayores12, de conformidad con el artículo 3
del Decreto 1862 de 198913, es decir, se trata de funciones de naturaleza jurídica
para acreditar el requisito de la judicatura.

Así mismo, el artículo 6º del Decreto 1082 de 1989 dispone que para reconocer la
judicatura es necesario “adjuntar certificación del juez, magistrado o director
seccional donde se haya prestado el servicio, en la cual se indique el tiempo
trabajado y las funciones desarrolladas”. (negrilla por fuera del texto original)

En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que, i) la señora Ana María Tovar
Motta cursó y aprobó todas las materias del programa de derecho de la
Universidad Libre de Colombia; ii) eligió realizar la judicatura como opción válida
para cumplir con el requisito de grado; iii) realizó la práctica durante nueve (9)
meses como auxiliar judicial ad honorem, sin recibir remuneración económica
alguna en el Juzgado Noventa y Cuatro Penal con Función de Conocimiento de
Bogotá, autoridad que está legalmente instituida para realizar la judicatura de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura.

5.4. Descendiendo al asunto bajo examen, para la Sala es claro que el Juzgado
Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá le
generó la confianza a la accionante de que las funciones que desempeñaría como
auxiliar judicial ad honorem, servirían de sustento para acreditar el requisito de la
judicatura y, en consecuencia, el tiempo de servicio en ese despacho judicial le
permitiría cumplir con uno de los requisitos necesarios para obtener el título de
abogada. Esto generó en ella una confianza legítima respecto a la naturaleza de
su vinculación como judicante, en tanto fue nombrada y posesionada para esos
efectos, confianza que posteriormente fue defraudada.

11 “ARTICULO CUARTO: De la judicatura Ad-Honorem: La judicatura en calidad Ad – Honorem de

conformidad con las disposiciones pertinentes, se podrá prestar en los siguientes cargos: a.
Auxiliar Judicial de Despachos Judiciales: (Decreto Ley 1862 de 1.989, artículos 2 al 5). (…)”
12 El artículo 19 del Decreto 1768 de 1986, “Por el cual se establecen los requisitos mínimos para

el ejercicio de los cargos desempeñados por los empleados judiciales, y se describe la naturaleza
general de sus funciones”, dispone lo siguiente: “Artículo 19. DE LA DESCRIPCION DE LA
NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES. La descripción de la naturaleza general de las
funciones que corresponden a cada una de las denominaciones de los empleos a que se refiere el
presente Decreto, es la siguiente: (…) OFICIAL MAYOR. Colaborar con el Juez o Magistrado en la
proyección de providencias y actos interlocutorios, en la sustentación de las pruebas y diligencias
que deben practicarse”.
13 Artículo 3º. Las actividades de los egresados seleccionados y vinculados al cargo de Auxiliar

Judicial, en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley para los Oficiales Mayores.

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Lo anterior tiene como fundamento que la Resolución No. 05 de 17 de julio de
2023 del Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá
-en la actualidad Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá-, por medio de la cual se efectuó el nombramiento de la
accionante como auxiliar judicial ad honorem, señaló expresamente que se
encontraba ajustado a los términos dispuestos en el Decreto 1862 de 1989 y el
Acuerdo PSAA10-7543 de diciembre 14 de 2010, con el fin de optar por el título de
abogada.

En consecuencia, la Sala evidencia que la actuación inicial del juzgado accionado
creó una verdadera y legítima confianza en la señora Ana María Tovar Motta, de
que el tiempo y el esfuerzo invertido en poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante la Universidad, para el Juzgado Noventa y Cuatro Penal con
Función de Conocimiento de Bogotá, hacía parte de una judicatura que estaba
desempeñando con el fin de acreditar uno de los requisitos necesarios para
obtener el título de abogada. En efecto, existía una íntima convicción de que
estaba realizando una práctica jurídica, de ahí que hubiera permanecido durante
nueve meses prestando sus servicios sin recibir remuneración económica alguna.

En ese sentido, teniendo en cuenta las particularidades fácticas descritas
anteriormente, resulta desproporcionado que la Unidad de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura niegue la
acreditación de la práctica jurídica de la accionante, pasando por alto que realizó
la judicatura en un despacho judicial autorizado legalmente para vincular auxiliares
judiciales ad honorem y por el término de nueve (9) meses.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que debido a la situación en la
que la accionante desarrolló la judicatura, la Unidad de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia impuso una barrera que terminó por frustrar notablemente
sus expectativas legítimas para optar por el título de abogada, pues al no tener en
cuenta el tiempo en el que desempeñó las labores designadas por el Juzgado
Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, como
judicante ad honorem le impone una carga que no está en el deber jurídico de
soportar, en tanto ella desempeñó sus funciones de buena fe, se insiste, para
cumplir el requisito de la judicatura y acreditar dicho requisito.

De esta manera, la negativa de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en la expedición de
la resolución que reconoce la práctica jurídica realizada por la accionante, vulnera
sus derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de profesión u
oficio, los cuales terminan por afectar los derechos de petición y al debido proceso
de la accionante, dado que al hacer restrictivo el entendimiento de los requisitos
para acreditar la judicatura impiden que la solicitud se resuelva de fondo y se
garantice el debido proceso administrativo.

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta las circunstancias del caso
concreto, la Sala amparará los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de la señora
Ana María Tovar Motta. En consecuencia, ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
que tenga en cuenta el certificado de funciones expedido el 1 de agosto de 2024,
por el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento
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de Bogotá, como válido para efectos de demostrar que desempeñó la judicatura
como auxiliar judicial ad honorem, para optar por el título de abogada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de la señora
Ana María Tovar Motta, quien actúa en nombre propio. En consecuencia,

Segundo.- ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que tenga en cuenta el
certificado de funciones expedido el 1 de agosto de 2024, por el Juzgado Noventa
y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, como válido
para efectos de demostrar que la señora Ana María Tovar Motta desempeñó la
judicatura como auxiliar judicial ad honorem, para optar por el título de abogada.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
SALVA VOTO

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